Los datos demuestran que la Generalitat y el Gobierno estatal no están aplicando medidas contundentes en plena crisis del coronavirus para proteger a las familias en riesgo de desahucio
Hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado un informe con los “Datos sobre el efecto de la crisis en órganos judiciales” hasta el Cuarto Trimestre de 2020.
Desde la PAH de Barcelona nos ha preocupado mucho ver que la cifra de los desahucios en nuestra ciudad sigue siendo muy elevada y no prácticamente cero. Respecto al año 2019, en el que se produjeron 2.125 desahucios, la cifra a lo largo de 2020 ha disminuido prácticamente a la mitad. Aun así, se han producido en Barcelona 1.028 desahucios en 2020.
Los motivos de este descenso de desahucios son varios. Recordemos que el 14 de marzo se suspendieron todos los plazos judiciales hasta el 4 de junio por el estado de alarma en plena pandemia del coronavirus. A partir del 4 de junio se volvieron a reanudar los desahucios y desde entidades sociales como la PAH alertamos al Gobierno de Pedro Sánchez para poner freno a esta incongruencia: por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez nos ha bombardeado con la responsabilidad individual de quedarnos en casa; por el otro, muchas familias nos preguntábamos: ¿En qué casa me quedo si me están echando de casa?
Los datos que hoy publica el CGPJ muestran, una vez más, lo que la PAH llevamos meses denunciando: que las medidas antidesahucios del Gobierno estatal y de la Generalitat no protegen a las familias vulnerables; 29.406 desahucios en todo el Estado y 5.737 en Catalunya, el 21% de hipoteca, ¡cuando tenemos una Ley que protege a las familias con impagos!
Gracias a la presión de la PAH, a día de hoy tenemos el RDL 37/2020 y el DL 37/2020 que dan más cobertura a las familias pero que finalizan el 9 de mayo, cuando está previsto que finalice el estado de alarma. Esta pandemia está generando más precariedad y son muchas las familias que están viendo que no pueden hacer frente a la vivienda. Es por ello que exigimos políticas valientes, leyes ambiciosas y más presupuesto en políticas sociales.
¡Porque sí se puede!
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