Después de que la PAH paralizara cuatro intentos de desahucio, esta madrugada se ha procedido al desalojo de la vivienda en la que residían Irene, sus tres hijos de 6, 11 y 12 años y su madre. La ejecución de la vivienda se ha producido sin notificación previa y mediante un dispositivo en el que han participado cuatro furgonetas de los mossos d’esquadra. Irene tenía una hipoteca con Catalunya Caixa que cambió por una hipoteca puente de UCI. Ante el riesgo de perder la vivienda debido a su situación económica solicitó un préstamo con la entidad Proyecto de Desarrollos Activos mediante una estafa urdida por María Navarro, en el que hicieron constar como avalista su madre. Por este último motivo, la economía familiar colapsó y al poco tiempo se inició el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria.
Hace apenas unas semanas se paralizó el cuarto intento de desahucio, que fue ordenado por el Juzgado de Instrucción número 43 de Barcelona y se realizó en abierto, es decir, sin día y hora establecida para dificultar la defensa de la vivienda. Después de paralizarlo, la PAH ocupó la sede de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge, la cual se vio forzada a solicitar la suspensión del desahucio al juzgado como medida cautelar para buscar realojo. Esta medida preventiva fue desoída por el Juzgado. Sin embargo, el alcalde de la ciudad Xavier Trias aseguró mediante su perfil de twitter que habría un realojo estable para la familia. En este mismo sentido, esta semana pasada en una audiencia pública del distrito y ante las preguntas de miembros de la asamblea del barrio, el concejal de distrito Jordi Martí se comprometió a un realojo estable de la familia de Irene. El colmo del cinismo se produce esta misma semana en las declaraciones del teniente Alcalde de Barcelona, Antoni Vives, que asegura que en Barcelona no se deja a nadie en la calle después de un desahucio. A pesar de esos compromisos, en el desahucio que se ha producido hoy la única solución que se le ha ofrecido a Irene y su familia es alojamiento en una pensión por cuatro días. Ante esta situación, la PAH ha ocupado durante todo el día la sede del distrito de Sants exigiendo un realojo estable y en el mismo barrio (Zona Franca) para que los hijos de Irene puedan continuar su escolarización en el mismo lugar.
La PAH exige el cumplimiento de aquellas medidas que el propio alcalde y concejal de distrito se comprometieron a llevar a cabo. Sabemos que eso es posible ya que en esta zona hay al menos tres bloques que suman 200 viviendas en manos del INCASOL y que llevan vacíos más de cinco años. Por lo tanto, no se trata de un problema de escasez vivienda sino de falta de voluntad política para solucionarlo. Instamos a que el Ayuntamiento dé respuesta a esta demanda de Irene y de su familia y no sea cómplice de esta vulneración de los derechos humanos.
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