Archivo mensual mayo 17, 2018

Levantamos la acampada frente las oficinas de UCI

Una vez más, demostramos que la presión y la fuerza colectiva funcionan frente a la estafa bancaria

Esta mañana hemos iniciado un acampada, con la intención de alargarla todo lo que fuera necesario, para conseguir que UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), financiera del Banco Santander, cediera a las demandas de María, estafada por la entidad en 2005, bajo riesgo de perder su hogar por no poder hacer frente a la cuota mensual de su hipoteca.

María compró su piso por 215.000 euros, con una cuota de 500 euros mensuales. Trece años después, explica que solo ha pagado 7.000 euros del piso porque todo el resto del dinero ha sido para intereses y cláusulas “abusivas”, mientras la deuda ha subido hasta 380.000 euros. Una situación que, ha asegurado, no puede asumir con su sueldo, ya que la cuota es actualmente de 1.300 euros.

Estafada y engañada, María lleva 18 meses intentando negociar con UCI la eliminación del IRPH y una quita de la deuda que le permita rebajar a una cuota asumible y mantener su vivienda. UCI le está negando toda solución para poder quedarse con su casa y especular con ella.

Hoy, tras 6 horas de acampada con el apoyo de las PAHs más cercanas que han acudido a reforzar, de presión en la calle, en medios, en redes sociales, difusión de octavillas y varias negociaciones, finalmente hemos retirado el campamento tras arrancar un firme compromiso por parte de UCI, que el martes cederá a sus demandas.

El martes por la mañana volveremos con toda la artillería cargada y dispuestas a lo que haga falta, dependiendo de lo que María se encuentre sobre la mesa.

Las demandas de María son de justicia y de sentido común. La PAH vamos a seguir a su lado hasta que logre la tranquilidad que se merece y la disfrute en ese hogar que tantos sacrificios le ha costado construir.

#AcamPAHdaUCI

Álbum de fotos en Flickr

#AcamPAHdaUCI

Iniciamos una acampada frente las oficinas de UCI en defensa de las familias estafadas

En los años de la burbuja inmobiliario, UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), financiera del Banco Santander,  derivaba a esta entidad aquellos préstamos de alto riesgo, bien por la precariedad de los hipotecantes ‒era conocida en estos ambientes como “La Unión de Créditos Imposibles”‒, aludiendo a que cuando un préstamo, refinanciación o reunificación de préstamos era inviable para la mayoría de las entidades, UCI aprobaba la operación.

Hoy, 17 de febrero de 2018, PAH Barcelona iniciamos una acampada frente a las oficinas de UCI de la Gran Vía de les Corts Catalanas, 16-20, en apoyo y defensa de María, estafada por UCI en 2005, y bajo riesgo de que la entidad se quede con su casa, tras años de sacrificios para pagarla y mantenerla.

María compró su vivienda en plena burbuja inmobiliaria y boom de la estafa hipotecaria. Una estafa que llevamos denunciando y visibilizando desde 2009. Durante estos años de denuncia y desobediencia pacífica, la PAH hemos arrancado miles de soluciones a los bancos, a pesar de que en un principio nos tachaban de locas y afirmaban, que las cosas eran así y que era imposible luchar contra ellas.

María fue estafada al firmar una hipoteca repleta de cláusulas abusivas, incluida el IRPH, índice hipotecario vendido sin transparencia y manipulable por los bancos, que la Unión Europea obligó a España a suprimirlo en 2011 pero el Gobierno ha mantenido. Como tantas otras personas, María fue engañada y mal informada sobre este índice, asegurándole, que en contra de lo que podría pasar con el Euribor, su cuota no aumentaría exageradamente y que cuando desapareciera el IRPH se le substituiría por Euribor. Algo que aún no ha pasado y María ha vivido cómo su cuota inicial de 500€ aumentaba hasta los 1.300€, una cuota que a pesar de tener trabajo fijo, no puede pagar.

María lleva año y medio intentando negociar la eliminación del IRPH y una quita que le permita reducir la cuota lo suficiente para poder pagarla y seguir manteniendo su casa. Pero UCI le está negando esas demandas, prefiriendo arrebatarle su hogar para poder especular con la vivienda.

Desde la PAH llevamos años denunciando estas prácticas mafiosas y antisociales de la banca, pensadas únicamente para beneficio de unos pocos, sin pensar en el bienestar de las familias. Unas prácticas avaladas por una ley hipotecaria criminal que ya suman hasta  8 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declarándola ilegal por vulnerar los Derechos Humanos, junto al Dictamen de las Naciones Unidas que estableció un plazo para aplicar medidas para resolver la situación de emergencia habitacional que se vive en España. Plazo que acabó el 5 de diciembre de 2017 sin que el Gobierno del PP pusiera soluciones, prefiriendo pagar una multa de miles de euros con dinero público. 

También denunciamos que el Banco Santander, fue uno de los beneficiarios por el rescate bancario de 2010. Un dinero público recibido sin ningún tipo de contraprestación social, que les sirvió para deshacerse del ladrillo tóxico, para que en lugar de servir para ampliar el parque público de vivienda siguiera siendo usado para su especulación. No solo eso sino que gracias a ese rescate, años después pudieron permitirse el lujo de adquirir el Banco Popular por un euro (¡1€!), para posteriormente vender su cartera inmobiliaria a un fondo de inversión  yanki por 5.100 millones de euros.

Por todo esto, hoy les volvemos a desenmascarar usando el caso de María como bandera de toda esta estafa hipotecaria, llevada a cabo por el Banco Santander, escudándose en su financiera inmobiliaria UCI.

Desde la PAH, sabedoras de que la única lucha que se pierde es la que se abandona, hoy iniciamos una acampada frente a UCI, que solo se levantará con una respuesta positiva a María, en la que acepten sus demandas y pueda seguir pagando su vivienda, frenando la intención de la entidad de arrebatársela.

Hacemos un llamamiento colectivo a todas las PAHs y movimientos por el derecho a la vivienda a venir a apoyar a María, así como a traer sus casos de otras familias estafadas en fase de negociación enquistada con UCI.

¡UCI  estafa, engaña y echa a la gente de sus casas! Y no vamos a tolerarlo más ni a dar un paso atrás en la defensa de las familias. ¡Basta de tratar como mercancía un derecho como la vivienda!

#AcamPAHpadaUCI

Primera reunión de trabajo del grupo promotor con los grupos municipales para implementar la moción para ampliar el parque público de vivienda de Barcelona

Hoy se ha constituido el grupo de trabajo para concretar de forma urgente la activación de las medidas que incluye la moción aprobada en el mes de febrero

El pasado 13 de febrero la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca), el Observatorio DESC, la FAVB (Federación de Asociaciones de vecinos y vecinas de Barcelona), la ABTS (Asamblea de barrios para un turismo sostenible) y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, presentamos públicamente una moción municipal para la ampliación del parque público de vivienda. Esta moción quiere activar nuevas herramientas para dar respuesta a la emergencia habitacional que sufrimos en Barcelona y que se ha visto agravada por la burbuja especulativa de los precios del alquiler, que ha provocado un incremento del precio medio del alquiler en un 24% durante los últimos tres años, llegando hasta el 66% en algunos barrios. A esto hay que añadir los efectos de la compra de edificios enteros por parte de fondo de inversión, que provocan desahucios y expulsión de vecinas: de los 12.322 desahucios que ha sufrido Barcelona en los últimos 3 años, el 84% son de alquiler. La moción también busca revertir la tendencia negativa histórica de no priorizar la vivienda de protección oficial de alquiler: la poca vivienda de protección oficial existente, la hemos perdido porque era de compra y no de alquiler.

Esta situación, provocada por la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y por una legislación y políticas que facilitan la especulación con la vivienda y nunca ha promovido la vivienda social, hace que Barcelona tenga grandes dificultades en realojar a las personas desahuciadas o para facilitar el acceso a la vivienda asequible a toda la población, al contar solo con un parque público de alquiler que ronda el 1%, muy lejos del 15% o 20% que acumulan otras ciudades europeas, y que es el objetivo al que hay que llegar, por sentido común y porque la Ley del derecho a la vivienda catalana así lo marca.

La moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona el 23 de febrero de 2018 ‒con los votos a favor de los grupos municipales de Barcelona en Comú, Grupo Municipal Demócrata, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido de los Socialistas de Cataluña, CUP Capgirem Barcelona, Regidor no adscrito, y con los votos en contra del Partido Popular de Cataluña‒, incluye medidas claras, valientes y efectivas para revertir esta situación. Nuestras demandas son perfectamente viables, ya que se basan en exprimir las leyes vigentes, como la Ley catalana del derecho a la vivienda, y en replicar los modelos de vivienda pública que ya están funcionando en otras capitales europeas, como París y otras grandes ciudades como Nueva York:

  • Destinar el 30% del techo de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral a viviendas de protección oficial de gestión pública y municipal.
  • Regulación de la implantación de establecimientos de alojamiento turístico (así como de albergues de juventud) y de viviendas de uso turístico (HUTs) y reserva del equivalente del 40% de su techo a vivienda pública en otro edificio dentro del mismo distrito.
  • Declaración de ciertas zonas de la ciudad como Áreas de Conservación y Rehabilitación a partir de un informe previo en el ámbito de todo el municipio.
  • Conversión de edificios de titularidad pública destinados a usos no residenciales en edificios de uso residencial
  • Implementación de un grupo de trabajo específico que asegure la ejecución, revisión y fiscalización de todas estas iniciativas, y que el citado grupo de trabajo esté integrado por las entidades promotoras de la moción y por los grupos municipales.

Hoy, viernes 11 de mayo, se ha constituido el grupo de trabajo para concretar de forma urgente la activación de las medidas que incluye la moción aprobada, donde han asistido todos los grupos municipales de la ciudad.

En la reunión hemos presentado a los grupos políticos municipales una propuesta técnica efectiva y solvente para activar ya las medidas de la moción. Para dar fundamento a nuestra propuesta, hemos hecho varias consultas a expertas en vivienda, arquitectura y urbanismo, por lo tanto, tenemos la seguridad de que la propuesta de implementación es rigurosa, viable y muy fundamentada jurídicamente.

Además, el documento que hemos aportado es un paso más de la sociedad civil y de los movimientos sociales, en la línea de aportar soluciones reales al problema de la vivienda. Tanto la moción, como la propuesta de implementación, contienen nuevas medidas no utilizadas de las leyes actuales u otras que se han utilizado de forma tímida y desfasada sobre las dinámicas de mercantilización de la vivienda que sufrimos actualmente.

Nuestra propuesta ha sido muy bien recibida por los grupos, a pesar de que no ha habido muchas aportaciones técnicas: por eso hemos emplazado a los grupos a una segunda y última reunión del grupo de trabajo el próximo 22 de mayo, que tiene que servir para cerrar la forma de aplicar las medidas de la moción.

Nos encontramos de nuevo ante un momento clave y hace falta que todos los grupos políticos representados en el Pleno demuestren responsabilidad para cumplir lo que votaron y fue aprobado, pues es lo que necesita la ciudad. Ahora hace falta que los grupos municipales hagan aportaciones a la propuesta que las entidades hemos puesto sobre la mesa, las cuales esperamos recibir en los próximos días.

Desde el Grupo Promotor de la moción trabajaremos decididamente para que la moción aprobada en el Pleno acabe siendo una realidad y que la población de Barcelona perciba sus resultados reales: más vivienda de protección oficial de alquiler y medidas decididas para proteger el derecho a la vivienda, contra la gentrificación y la exclusión.

#SenseExcuses queremos #LloguerPúblicBcn

 

La Ley del PDeCAT criminaliza familias vulnerables que necesitan soluciones

Ciudadanos, PP, PSOE, PNV y PDeCAT crean un frente común para seguir vulnerando los Derechos Humanos de la ciudadanía, algo que son incapaces de hacer cuando se trata de defenderlos

El martes 24 de abril, el Congreso de los diputados protagoniza un recorte de derechos fundamentales de las familias más vulnerables que se han visto forzadas a ocupar por necesidad. En relación con la proposición de modificación de la Ley 1/2000, propuesta por el PDeCAT, y que está prevista su aprobación a lo largo de la mañana en el Congreso, desde la PAH consideramos:

1) Que esta modificación que tiene como presunto objetivo facilitar los desahucios por ocupación, a velocidades de vértigo, no ofrece ninguna solución a las familias que se ven obligadas a ocupar para no quedarse en la calle. Este drama se está dando en nuestras ciudades y barrios ante la incapacidad de las familias de acceder a una vivienda. La compra no es una opción. El alquiler, con un aumento anual del 9% de los precios, tampoco es una alternativa. Y el parque público de vivienda no supera ni un 2%. Estos datos muestran una realidad a la que se enfrentan miles de familias: o vivir en la calle con sus hijos, u ocupar por necesidad.

2) El problema son los desahucios y la falta de políticas públicas que garanticen el Derecho a la Vivienda. El PDeCAT no ofrece ninguna solución, tan solo alienta a la persecución y criminalización de las familias. El mayor ejemplo es que esta modificación, eleva la anécdota a categoría, ya que siendo muy escasas las situaciones descritas en su preámbulo, se da a las mismas un tratamiento propio de situaciones multi-reiteradas. Permitiendo, además, la posibilidad de entrada por parte de la policía para la identificación de los ocupantes de una vivienda: lo que nos recuerda a la patada en la puerta que forzó la dimisión del exministro Corcuera, siendo esta práctica radicalmente contraria a la inviolabilidad del domicilio, recogida en la Constitución Española como derecho fundamental. Y que choca directamente con el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que España suscribió en 1976. Por lo que, desde la PAH, ya anunciamos que acudiremos al Comité DESC de la ONU para impedir su aplicación. Y recordemos que hablamos del mismo comité de la ONU que recientemente sentenció que los desahucios sin alternativa habitacional suponen una violación directa de los Derechos Humanos.

3) La PAH, en cambio, sí ofrece soluciones a las familias en emergencia. Durante 9 años, las familias que se han visto forzadas a ocupar se han encontrado desatendidas por los ayuntamientos e ignoradas por los gobiernos de todo color político. En ese contexto de aislamiento, han encontrado refugio en los movimientos sociales de vivienda. Es cada vez más corriente encontrarnos en la PAH a familias que acuden, explicando que la Administración Pública les ha cerrado las puertas e incluso incitado a ocupar viviendas, cuando las personas afectadas lo que buscan es regularizar su situación. En la PAH, mediante acciones de protesta, hemos forzado a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos a conceder alquileres sociales a las familias en pisos públicos. Lo que hemos aprendido todos estos años es que, para conseguir respuesta por parte de las instituciones, debemos movilizarnos en las calles.

4) La autotutela de derechos que realizamos ha demostrado, además, que se puede dar uso a los millones de pisos vacíos que acumula la banca. A través de nuestra campaña Obra Social La PAH, hemos recuperado viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público. Realojando así a familias vulnerables que conseguían regularizar su situación mediante alquileres sociales. Con esta campaña, hemos conseguido realojar a más de 4.000 personas. Hogares que quedan protegidos, desde la ciudadanía y para la ciudadanía. Una cifra récord en realojos que demuestra que es solo cuestión de voluntad política encontrar soluciones.

Nos resulta alarmante que PP, PSOE, Ciudadanos y PNV hagan frente común con el PDeCAT para perseguir policial y judicialmente a familias que necesitan soluciones. Estos partidos juegan a silenciar a las víctimas de un modelo de vivienda que ha resultado fallido a todas luces, tratando de ocultar que son responsables de la emergencia actual, y su falta de valentía para solventar la situación. Si estos partidos tuvieran altura democrática, irían a exigir a los bancos y a los grandes propietarios que cedan sus viviendas vacías y marquen alquileres asequibles. En vez de cumplir su papel, piden cuentas a las familias más vulnerables, incitando a una guerra entre pobres por los escasos recursos que se derivan a vivienda. Estos partidos, no tienen el valor necesario para gobernar. Son los cobardes que exigen «desahucio» para las vidas que hay en juego, mientras no tocan ni uno solo de los privilegios de la banca y los fondos buitre. Son los partidos que criminalizan los hogares.

En cambio, la PAH no solo ha demostrado desde abajo y sin recursos que es posible conseguir soluciones para las familias. Soluciones que las rescaten del ciclo de ocupación y desahucio en el que se ven involuntariamente inmersas. También hemos presentado en el Congreso una propuesta de ley, llamada la Ley Vivienda PAH, que en primer lugar regularía los precios del alquiler, permitiendo que muchas familias pudieran acceder de manera regular a una vivienda, pagando un precio asequible. Y en segundo lugar, obligaría a bancos, fondos buitre y grandes propietarios de vivienda a ceder sus pisos vacíos a las Administraciones Públicas, aumentando así los recursos necesarios para realojar a las familias más vulnerables que se encuentran sin ingresos. El debate democrático de esta ley tan necesaria fue vetado por el PP y Ciudadanos. Sin embargo, nosotras no nos rendiremos. Forzaremos con un recurso a que la Ley Vivienda PAH vuelva a ser considerada por el Congreso para su debate democrático. Porque nosotras somos las familias que protegen los hogares.

Existen soluciones para salvar a las familias que PDeCAT pretende perseguir, criminalizar y encarcelar. Existen soluciones para hacer valer la democracia y los Derechos Humanos. Existen soluciones para que las familias no se vean obligadas a ocupar por necesidad. Existen soluciones para que nuestros hogares estén protegidos. Estas soluciones las tienen las familias organizadas en la PAH. Las conseguimos cada día en las calles y están recogidas en la Ley Vivienda PAH. Y lucharemos por hacerlas realidad.

¡Sí Se Puede!
#HogaresCriminalizados

 

Agbar lleva a juicio a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE)

La compañía denuncia a tres activistas por una acción del pasado mes de febrero, intentando frenar así la lucha por el derecho a los suministros básicos

Barcelona, 7 de mayo de 2018

La Alianza contra la Pobreza Energética (APE), hemos trabajado desde nuestro nacimiento para detener los cortes de suministro en Cataluña, y hemos confrontado a las grandes multinacionales de agua, luz y gas para exigir la protección de derechos tan esenciales como el acceso al agua y la energía. Hemos conseguido, conjuntamente con la PAH y el Observatorio DESC, así como con el apoyo de muchas otras entidades y colectivos, impulsar una ley que ha parado más de 40.000 cortes de suministro en Cataluña, y hemos situado a las empresas suministradoras en el centro del problema, señalando a estas compañías, con beneficios multimillonarios, como responsables de una lacra que afecta a más del 10% de la población en Cataluña.

A día de hoy, Aguas de Barcelona (Grupo Agbar-Suez) ha decidido llevar a juicio a tres compañeras de la APE por una acción de denuncia que tuvo lugar en sus oficinas comerciales de Barcelona el pasado 27 de febrero. Con esta acción, Agbar demuestra ir en contra de quienes defienden los derechos de la ciudadanía y elige la vía de la represión contra la sociedad civil organizada

La compañía persigue a la APE por la vía judicial por una acción que se enmarcaba dentro de la campaña de condonaciones de deuda a familias en situación de vulnerabilidad. Esta se inició en julio de 2017 y reclamaba básicamente la condonación total de las deudas de facturas impagadas de agua contraídas en situaciones de vulnerabilidad, y a las que de ninguna manera las familias podían hacer frente. En algunos casos se trataba de cantidades que superaban los 1.000 € y Aguas de Barcelona, en lugar de responder a la solicitud de condonación de deuda presentada por las personas afectadas, se dedicaba a hacerles recordatorios periódicos sobre sus impagos. Este hecho llevó a la APE a realizar una acción pública de denuncia para buscar una solución a la angustia que estaba generando la acumulación de estas deudas a las familias. Ese día, las representantes de la compañía, entre ellas su Directora de Clientes, Núria Latorre, nos aseguraron que las demandas de la APE eran imposibles de cumplir..

Diez días más tarde, algunas de las afectadas que solicitaban la condonación, así como miles de familias de Barcelona y otros municipios del entorno, recibían en casa una carta de Aguas de Barcelona que les confirmaba la condonación de la mayor parte de su deuda. En este sentido, nos constan deudas de más de 1.000 € que se llegaron a reducir a 98 €.

Desde la APE tenemos muy claro que no se trata de una casualidad, y que la acción del 27 de febrero provocó la condonación de estas deudas, lo que refleja que nuestras demandas no solo eran legítimas sino que eran posibles y que era solo falta de voluntad de la empresa para buscar una verdadera solución para las familias. La APE ha demostrado una vez más la importancia de la organización ciudadana y la conquista de derechos fundamentales a través de acciones de denuncia y desobediencia pacífica. Como respuesta, a pesar de haber aceptado parte de nuestras demandas, Agbar ha elegido la vía de la represión judicial y el castigo para difundir el miedo entre las activistas y las afectadas que no pueden pagar los servicios más básicos.

La actitud criminalizadora de la compañía frente a la APE se demuestra en que no solo se persona como acusación particular sino que, aunque en el primer auto del Juzgado solo incluía una persona denunciada, Agbar ha presentado un recurso para pedir encausar a dos activistas más, entre ellas la portavoz del movimiento, Maria Campuzano, buscando un mayor impacto sobre el colectivo y queriendo demostrar su posición dominante. Es indignante ver cómo Agbar, que tiene el incomprensible privilegio de gestionar el agua en una ciudad como Barcelona, ha gastado en los últimos meses millones de euros en una campaña publicitaria de lavado de imagen y en procesos judiciales para intentar frenar a la sociedad civil que se organiza para defender sus derechos.

Desde la APE queremos hacer público que la deriva represiva de Agbar no hará cambiar nuestra manera de luchar en favor de los derechos de la ciudadanía y las familias en situación de vulnerabilidad para garantizar el acceso a los suministros básicos. Por eso, desde hoy y hasta el día del juicio, previsto para el día 16 de mayo, iniciamos una campaña de difusión pública del caso para que todo el mundo tenga claro en qué consiste realmente la «gestión responsable» de Aguas de Barcelona. Diversas entidades y colectivos, con las que la APE lleva colaborando desde sus inicios, comparten la indignación por la actitud beligerante de la compañía frente a la defensa de los derechos fundamentales firmando este comunicado y apoyando la campaña que hoy se pone en marcha.

La defensa de los derechos fundamentales y el derecho de la ciudadanía a luchar por lo que considera, no solo justo, sino de una necesidad imperante, no puede estar nunca a merced de lo que convenga a las grandes empresas para seguir ampliando su lucro. El derecho a los suministros básicos no se negocia, ni nuestra labor se para, ante la criminalización de la protesta. No tenemos miedo de la estrategia represiva de Agbar, y los derechos de todas no se llevan a juicio. Seguiremos luchando junto a las demás entidades y colectivos que nos acompañan, como siempre hemos hecho, para acabar con los abusos de las grandes compañías suministradoras y para lograr un país ¡SIN SED, NI FRÍO, NI OSCURIDAD!

#EncausadesPerAgbar.

Apoyos:

Assemblea Nacional Catalana
Associació Benestar i Desenvolupament – ABD
Bombers indignats
Catalunya Sense TCIs
CIEMEN
Coordinadora d’Aturats/es de Catalunya
Ecologistes en Acció
Ecoserveis
Energia Gara Nafarroa
Enginyeria sense Fronteres – ESF
Entrepobles
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona – FAVB
Front Civic
Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC
Iridia
Metromuster
Observatori de Drets Econòmics Socials i Culturals – ODESC
Observatori del Deute en la Globalització – ODG
Plataforma de Afectadas Por La Hipoteca (La PAH)
Plataforma d’Afectades per la Hipoteca Barcelona
Plataforma Aigua és vida
‏Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Red agua publica
Sindicat de Llogateres
Stop Mare Mortum
Tanquem els CIEs
UGT-Bombers
Xarxa per la sobirania energètica – Xse

Apoyos Internacionales
European Water Movement
Fuel Poverty Action – Reino Unido
Global Justice Now – Reino Unido
mke Meyer, Frankfurt am Main – Alemania
Romania Without Them Association – Rumanía
Transnational Institute – Bélgica
Switched On London- Reino Unido
Platform – Reino Unido
Movimiento Afectadas por las Represas – MAB