El lunes 18 de junio la Comisión de ecología y urbanismo votará la modificación del Plan General Metropolitano que permitirá destinar un 30% de la vivienda de obra nueva o gran rehabilitación a vivienda protegida
El pasado 23 de febrero el Pleno de Barcelona aprobó con una mayoría casi unánime (todos los partidos, excepto el PP), la moción «Alquiler público Barcelona» impulsada por una amplia coalición de entidades con reconocida trayectoria en la defensa del derecho a la vivienda de la sociedad civil barcelonesa, como son la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectadas por la Hipoteca), el Observatorio DESC, la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona), la ABTS (Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible) y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos.
Para hacer realidad y activar las 4 medidas aprobadas, el Grupo Promotor de la moción y los partidos políticos representados en el Pleno hemos realizado tres reuniones de trabajo los días 11, 24 y 30 de mayo. Las entidades impulsoras hicimos aportaciones destacadas, elaborando una propuesta avanzada y técnicamente solvente de ejecución y calendario de ahora hasta finales de 2018. Los grupos políticos han hecho aportaciones, y también los técnicos de urbanismo y vivienda del propio Ayuntamiento, que han validado todas las propuestas. La hoja de ruta resultante de las reuniones no ha modificado las medidas aprobadas en el Pleno sino que concretó herramientas sólidas y calendario para hacer realidad las 4 medidas.
El lunes 18 de junio la Comisión de ecología y urbanismo votará la modificación del Plan General Metropolitano, que permitirá activar la primera medida y una de las más relevantes de la moción: destinar el 30% de las viviendas de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral a viviendas protegidas. Para que esta primera medida salga adelante, de nuevo, se necesita una mayoría cualificada de votos.
Barcelona en Comú (BeC), Grup Municipal Demòcrata, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (C’s) i la CUP Capgirem Barcelona.
Lo que nos jugamos es la posibilidad de aumentar la vivienda protegida en la ciudad construida y consolidada, ya que la Ley de urbanismo actual solo lo permite en zonas de gran transformación o nuevo suelo urbanizable (10 y 15% del suelo), en Barcelona una opción muy reducida. Desde el año 2007 la Ley del derecho a la vivienda permite hacerlo pero no ha sido utilizado aún en ninguna parte, aunque es perfectamente aplicable a toda Cataluña. En ciudades como Nueva York o París hace tiempo que se aplica con resultados muy positivos, por eso el parque de vivienda social es del 20% o incluso más elevado.
Aunque algunas voces del sector inmobiliario ya han puesto el grito en el cielo, esta es una técnica muy consolidada en el urbanismo en Cataluña desde hace años para asegurar la función social de la propiedad. Además, no obligaría a los privados a ceder suelo o aprovechamiento urbanístico como ocurre en nuevos crecimientos de la ciudad, sino que permitiría que parte de estas nuevas viviendas de la ciudad actual no sean a precio de mercado libre sino a precio de viviendas de protección oficial. Por lo tanto, los privados no dejarían de ganar dinero con su actividad económica, simplemente 1 de cada 5 viviendas lo cobrarían a precio social y colaborarían a que la vivienda sea un derecho y no una quimera en Barcelona.
Por ejemplo, en una gran rehabilitación o nueva construcción de edificio de más de 5 pisos, un 30% de las viviendas, es decir, 1 de las 5 viviendas, sería de protección oficial. Con esta medida cada año conseguiremos 500 viviendas a un precio social en Barcelona.
Existe un consenso social muy amplio en torno a la idea de que aumentar el parque de vivienda asequible es un elemento imprescindible para superar el actual modelo de acceso a la vivienda, lo que no garantiza un acceso asequible y estable para amplias capas de la población. ¿Quién puede estar en contra de tener más vivienda a precio asequible en Barcelona?
¡La ciudad y el derecho a la vivienda no pueden esperar más! Barcelona tiene menos del 2% de vivienda pública y 10 desahucios al día, un 85% es de alquiler, sin contar los «desahucios silenciosos de alquiler» y los de familias que al verse en la calle han accedido precariamente a viviendas vacías ocupándolas.
Por coherencia, y respecto al grave problema con la vivienda que está sufriendo la ciudad, a lo que se votó en el Pleno, y a las entidades que impulsamos la moción, pedimos una vez más la colaboración y compromiso de todos los grupos municipales para asegurar que las medidas sean implementadas lo más rápido posible, empezando por la primera, que debe aprobarse con urgencia el próximo lunes.
El lunes llega la hora de la verdad, todo depende ahora de la voluntad de los grupos políticos de Barcelona de aumentar o no la vivienda de alquiler social en la ciudad. La población, que es quien sufre vulneraciones diarias de su derecho a la vivienda, ¡estará bien atenta!
