Hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho público un nuevo censo sobre locales comerciales en la ciudad, dando a conocer las cifras de 78.033 locales comerciales de planta baja, de los cuales el 77,2% (60.265) están en activo. De los 17.768 que están cerrados o que ya no están en servicio, al menos 3.106 se destinan a uso residencial. A pesar de estos números, el Ayuntamiento no sabe cuántas de estas antiguas tiendas se están utilizando como vivienda y cuántas a otras funciones, como garajes o instalaciones, que también estarían catalogadas como uso residencial.
De todas es conocida la emergencia habitacional que sufrimos en Barcelona, agravada por la actual burbuja del precio del alquiler y la carencia de un parque público de vivienda con capacidad para garantizar un techo a las familias más vulnerables.
Desde hace tiempo, en nuestras Asambleas, nos encontramos cada vez más con casos de familias que vienen con orden de desahucio y sin ningún tipo de solución por parte de la administración. Son familias que ante la carencia de alquileres asequibles, han alquilado locales comerciales adecuados como vivienda, muchos de ellos sin cédula de habitabilidad. Familias que ante la imposibilidad de seguir pagando el alquiler y verse con una orden de desahucio, tienen el problema añadido de no entrar en la mesa de emergencia, que les garantizaría un realojo, porque oficialmente no han perdido su hogar, han perdido un local comercial.
Desde la PAH no hablamos de cifras, hablamos de familias como la de la Karima y Antonio, que vivían con sus hijos en lo que había sido una frutería y una oficina respectivamente. Familias desahuciadas que ante esta problemática, que los ha dejado fuera del sistema, están viviendo en pisos recuperados por nuestra Obra Social, a la espera de poder regularizar su situación. Por historias como estas y tantas otras exigimos que se modifique el reglamento de acceso a la Mesa de Emergencia para que no deje a nadie en la calle y que se lleve a cabo el censo de vivienda vacía de la ciudad pues hace más de 2 años que lo estamos reclamando para poder conocer la situación de Barcelona y poner en marcha toda maquinaria para ampliar el parque público de alquiler.
La Administración no puede mirar hacía otro lado ante esta realidad que nosotros tenemos tanto presente, por eso uno de nuestros retos es cambiar las normas establecidas para garantizar un realojo digno y adecuado para todas las familias vulnerables y en riesgo de exclusión residencial.
