Archivo anual 2018

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Informe III. Una mirada en profundidad a la salud de las personas afectadas por el acceso a la vivienda y la pobreza energética

Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que asegure, para ella y su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios; también tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia independiente de su voluntad”

Hoy 29 de noviembre, presentamos el tercer y último informe enmarcado dentro de la serie de «Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona», elaborados conjuntamente entre la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ingeniería Sin Fronteras (ESF), el Observatorio de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (Observatorio DESC) y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), con la colaboración de la Agencia de salud Pública de Barcelona (ASPB). Este es el tercer informe que pretende profundizar en la salud de las personas afectadas por problemas relacionados con el acceso económico a una vivienda o a los suministros básicos.

La población del estudio son los miembros de la PAH y/o de la APE que han aceptado responder un cuestionario de unos 40 minutos de duración realizado, de manera presencial, por personas voluntarias, cada lunes en la sede de la PAH y cada dos miércoles en la sede de la APE. El cuestionario incluye 247 preguntas que cruzan datos de problemas conectados: la vivienda, los suministros y la salud, para extraer conclusiones sobre sus efectos en las personas afectadas, en este caso echando una mirada en profundidad a su salud y la de uno de los niños del hogar, entre 6 y 14 años, elegido aleatoriamente. El estudio empezó en junio de 2017 y los datos que se analizan, en el presente informe, incluyen información de las 167 personas encuestadas hasta la fecha del 28 de mayo de 2018.

Los problemas económicos y jurídicos para acceder a una vivienda digna y a los suministros básicos se asocian a un mal estado de salud física y mental, siendo la salud mental la que se ve más afectada en estos procesos. En general, son las mujeres las que presentan peor estado de salud que los hombres. Además, si se comparan con la población general de la ciudad de Barcelona, las personas afectadas por estas problemáticas presentan cifras mucho más elevadas de mala salud. Estos resultados van en línea con informes previos que comparaban el estado de salud de miembros de la PAH con la población general, es decir, que las personas afectadas por problemáticas habitacionales presentan peor salud que la población general. El informe sugiere que un adecuado apoyo social o el apoyo de la PAH/APE son clave para atenuar los efectos negativos de la vivienda sobre la salud. En el caso de los niños de 6 a 14 años, hay que destacar que su estado de salud general (referido por la persona adulta) resultó ser mucho peor en comparación con sus iguales en la ciudad de Barcelona y presentaron peores resultados en calidad de vida.

Este informe aporta a informes previos que las personas encuestadas incluyen, no solo personas afectadas por la hipoteca, sino también personas con problemas de alquiler, ocupación y pago de suministros básicos como son la luz, el gas y el agua. Los resultados muestran que las personas con estas problemáticas también presentan un mal estado de salud físico y mental.

Dada la magnitud del problema habitacional que existe en España y, en concreto, en la ciudad de Barcelona, y en base a los resultados observados en este informe se recomienda:

  • Trabajar para atenuar los efectos en la salud de las personas afectadas por estas problemáticas, asegurando un acompañamiento adecuado a estas personas desde Servicios Sociales y las Oficinas de Vivienda, y garantizar el acceso universal a los Servicios Sanitarios, y tratar la salud de forma integral, incorporando la visión de los determinantes sociales de la salud, e intentar no sobremedicalizar problemas sociales.
  • Fomentar el trabajo en red e intersectorial. Servicios Sociales, Vivienda, Justicia y Salud deben trabajar de forma conjunta y coordinada para abordar de la mejor manera posible esta problemática.
  • Crear o mejorar los sistemas de información relativos a estas problemáticas.
  • Poner en marcha políticas que reduzcan la magnitud del problema, que garanticen el acceso a los suministros y a una vivienda digna para todas.

Este estudio pone en evidencia la urgencia de cambios estructurales en políticas de vivienda y energía, que pongan a las personas por delante de los intereses financieros de la banca, de los fondos de inversión y del oligopolio energético. Solo con propuestas valientes para combatir la emergencia habitacional crónica que padecemos desde hace años, se podrá garantizar que las familias más vulnerables puedan llevar una vida digna gracias a un techo a temperatura adecuada garantizado.

Cambiar estas políticas no es solo una cuestión de salud sino de derechos.

Descarga aqui el informe y si estás interesada en organizar una charla sobre el tema no dudes en contactar con nosotras

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Seguimos vigilantes: Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona acercan posiciones para la aprobación definitiva del 30%

Hoy hace dos meses que el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó con el apoyo del 80% de los concejales ‒todos los grupos municipales menos el PP y Ciudadanos‒ la modificación del Plan General Metropolitano para situar vivienda asequible en las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones existentes en toda la ciudad. Así pues es la primera vez que se aplica este acuerdo histórico en Cataluña. Esta previsión de la Ley del derecho a la vivienda fue posible gracias a la lucha tenaz de las entidades sociales que en el mes de febrero llevaron la medida al Pleno en forma de moción, alcanzando los meses posteriores que la medida avanzara hasta que el Pleno le diera su apoyo.
Tras superar esta fase compleja y decisiva, tan solo falta su aprobación definitiva en la Subcomisión de Urbanismo Generalitat-Ayuntamiento, por lo que se llegaron a realizar hasta tres reuniones de trabajo previas, a fin de activar definitivamente esta medida innovadora. Las entidades impulsoras hemos exigido en todo momento que la Generalitat avale y apruebe inmediatamente el 30%, sin modificar lo que ya está aprobado por el Pleno de Barcelona. 
Ante los retrasos, el último la semana pasada, momento en que se tenía que aprobar, hemos exigido públicamente que se desbloqueara el 30% con urgencia y al más alto nivel, ya que el 30% es una prioridad clarísima en materia de vivienda en Barcelona y en toda Cataluña.
Respondiendo a la anterior demanda, hoy por la tarde ha tenido lugar una reunión entre el Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. De la reunión, a puerta cerrada, tan solo ha trascendido que ambas administraciones están trabajando una propuesta que permitiría superar el bloqueo de la semana pasada, que se comprometen a cerrar antes del próximo miércoles 5 de diciembre.
Estamos pues ante un avance positivo para la medida. Sin embargo, mantenemos la prudencia y exigimos que se concrete urgentemente este acuerdo, en favor del 30% y del derecho a la vivienda. Seguiremos por tanto vigilantes para garantizar que la Generalitat no posponga una vez más el 30% y lo apruebe definitivamente el próximo miércoles 5 de diciembre, en la subcomisión de Urbanismo de Barcelona.
Somos conscientes de que esta aprobación podía y debía haberse producido hace semanas, pero una vez más los ritmos de las administraciones no están a la altura de las necesidades sociales. Recordemos la gravedad de la situación porque durante este tiempo han continuado entrando peticiones de licencias de obras que eludirán el 30% del techo en VPO, y cada día que la Generalitat retrasa la aprobación definitiva del 30%, perdemos vivienda asequible que tanta falta hace.
Por último, reiteramos la importancia de que el Gobierno vaya más allá y cumpla lo que ya ha anunciado públicamente que está trabajando: la modificación de la ley para que las viviendas protegidas no se puedan descalificar y vender, así como permitiendo que las viviendas resultantes del 30 % sean de alquiler y no de venta.
¡Seguimos! ¡Por el derecho a la vivienda! #ExigimosEl30Ya
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NUEVO ASESINATO A MANOS DEL SISTEMA

Una nueva muerte ante una orden de desahucio pesa sobre la política continuista de las leyes criminales en materia de vivienda del PSOE

Ayer la sociedad española volvía a convulsionarse frente a la noticia de un nuevo suicidio ante una orden de desahucio. Alicia, una mujer de 65 años, del barrio de Chamberí, Madrid, se lanzaba al vacío desde un quinto piso, mientras la comitiva judicial llamaba a la puerta para desahuciarla por no poder hacer frente a la especulación de los precios del alquiler que viven las inquilinas. ¿Cuánto vamos a seguir permitiendo que las personas decidan quitarse la vida ante la desesperación y el horror de verse en la calle sin ninguna alternativa?

Desde la PAH llevamos años denunciando las leyes criminales de este país y poniendo sobre la mesa cambios legislativos para que sucesos como este no se produzcan. Cambios como los recogidos en la Ley de Vivienda que está siendo bloqueada de forma sistemática cada martes, por PP y Ciudadanos, para evitar su debate y acabar haciéndose realidad. Exigimos explicaciones y responsabilidades a todos los grupos parlamentarios, a quienes esta situación de bloqueo ya les va bien, como están demostrando al no haber trabajado las enmiendas que deberían estar debatiéndose hace un mes. Exigimos explicaciones y responsabilidades al gobierno de Pedro Sánchez, que se llena la boca con titulares de lavado de cara, pero en la práctica lo único que está llevando adelante es una reforma de la Ley Hipotecaria, para seguir protegiendo los intereses de la banca por encima del bienestar de las familias.

Hay que llamar a las cosas por su nombre: no son suicidios, son asesinatos a manos de un sistema que solo se preocupa de contar los billetes, sin importarle la vida de las personas, sentado en un ataúd. Ayer fue Alicia, en junio Jordi, no son casos aislados. Por mucho que se esfuercen en silenciar la realidad, esta es que se siguen produciendo 180 desahucios diarios, de los cuales el 80% ya es de alquiler. Un procedimiento mucho más rápido que las ejecuciones hipotecarias, que acentúa la angustia, que no suele dar tiempo a que la gente se empodere, y que la mayoría suceden en silencio. La causa es la alfombra roja que el PP puso a la especulación y que PSOE no está teniendo ninguna prisa en retirar, bien por falta de interés o por exceso de intereses.

Exigimos que de una vez por todas se apliquen las medidas estructurales para acabar con esta tragedia social.

  • Moratoria indefinida de los desahucios
  • Debate y aprobación urgente de la Ley Vivienda PAH, por ser la única que recoge todos los mecanismos para acabar de una vez por todas con la usura de los bancos y fondos buitre, la especulación de nuestros derechos más fundamentales y ganar una ley que garantice el derecho a la vivienda para todas sin excepción.

Son más que palabras, es una realidad, hay vidas en juego y no podemos permitir que se acabe con ninguna más.

Si estás de acuerdo con todo lo expuesto busca tu concentración más cercana y alza la voz.

#LaLeyEspañolaMata

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Se pospone la reunión de aprobación final del 30%: ¡exigimos a la Generalitat su aplicación inmediata!

Hoy debía tener lugar la reunión entre la Generalitat y el Ayuntamiento en la Subcomisión de Urbanismo, para dar el visto bueno final para que se active el 30% de vivienda protegida en nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones en Barcelona. Desde que el Pleno de la ciudad aprobó por amplia mayoría esta medida hace dos meses, ambas administraciones han realizado hasta tres reuniones de trabajo previas, a fin de activar esta medida innovadora.

Sin embargo, finalmente la reunión no ha tenido lugar y se ha pospuesto. Actualmente hay acuerdo en el 95% de la medida, pero no en el 100%, motivo que explica lo que hoy ha sucedido. Lo que todavía hay que cerrar es el sistema transitorio para introducir vivienda asequible en operaciones ya puestas en marcha, es decir, compraventas previas a la aprobación definitiva de la medida, para las que la Ley del derecho a la vivienda determina que hay que garantizar su viabilidad económica.

La modificación del Plan General Metropolitano aprobada en el Pleno que incluye el 30%, establece que las operaciones que han tenido lugar antes del 31 de julio de 2016 pueden asumir un 20% (periodo de enero a julio) y un 30% (antes de 2016 ). Esta concreción de la norma está avalada por los informes económicos y jurídicos de los servicios técnicos y del Secretario Municipal, una figura independiente. Pero la Generalitat plantea que hay que eliminar el 20% para las operaciones de los primeros siete meses de 2016, hecho insólito, en especial después de que no suspender las licencias haya liberado de esta obligación a numerosas promociones.

Es indiscutible y evidente que la ciudad necesita medidas estructurales para aumentar el parque de vivienda asequible. Hoy mismo, varias de las entidades promotoras estaban en la calle parando dos desahucios en Ciutat Vella, uno de los cuales se ha ejecutado. El 30% es imprescindible y urgente, lo queremos funcionando desde ya y no permitiremos que se retrase más.

Desde el Grupo Promotor estamos seguras de que la medida saldrá adelante. Por todo ello, exigimos:

1. Que se active inmediatamente el 30% sin modificar lo que ya está aprobado por el Pleno de Barcelona. Es urgente convocar la próxima semana una nueva reunión para hacer efectivo el 30%. No aceptaremos ir más allá de la próxima convocatoria oficial de reunión de la Subcomisión de Urbanismo, el miércoles 5 de diciembre. 

2. Que se resuelva con urgencia y al más alto nivel este último punto de desacuerdo. Estamos ante una prioridad clarísima en materia de vivienda en Barcelona y en toda Cataluña: muchos municipios quieren aprobar el 30% y están atentos.

3. Que la Generalitat vaya más allá y cumpla lo que ha anunciado públicamente y modifique la ley para que las viviendas protegidas no se puedan descalificar y vender, así como permitir que las viviendas resultado del 30% sean de alquiler y no de venta.

Si el Gobierno de la Generalitat defiende realmente el derecho a la vivienda, es urgente que apruebe de inmediato el 30%. Estamos hablando de un desacuerdo en torno a un elemento técnico sobradamente apoyado con informes: recordemos que la función de la Generalitat en la Subcomisión es procedimental (aprobación) y no valorativa. El Gobierno de Cataluña debe dejar bien claro ahora que como administración pública, se encuentra del lado del derecho a la vivienda y no de los especuladores que se oponen al 30%.

¡¡Por el derecho a la vivienda!! ¡¡Exigimos el 30%, ya!!

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A los responsables federales de vivienda, economía y justicia del PSOE

Gobierne quien gobierne la vivienda se defiende

Desde la PAH, nos dirigimos a las personas responsables de Vivienda, Economía y Justicia del PSOE, ante la situación de emergencia habitacional que sufre este país, y la falta de respuestas positivas por parte del Gobierno, en las siguientes materias:

1ª Economía.- Se está tramitando actualmente en el Congreso la ley de crédito inmobiliario, heredada del Gobierno anterior, y elaborada por el banquero De Guindos. Este hecho, imbuye al proyecto de ley la impronta del banquero, que, en contra de la reiterada jurisprudencia del TJUE, pretende dar cobertura legal a cláusulas abusivas, bajo pretexto de consentimiento, como las cláusulas suelo; en lugar de prohibirlas, establecer una cuantía fija de intereses de demora para impedir la anulación de esas cláusulas…, etc. Vuelve a ignorar el contenido y efecto disuasorio de la Directiva 93/13/CE, cuya mala trasposición a la legislación española, permite que, incluso 24 años después de su publicación, se pueda condenar a España por su incumplimiento, como en el caso de las cláusulas suelo en enero de 2017. Impide que la responsabilidad se limite al bien hipotecado, y niega la dación en pago como solución a una situación sobrevenida que impide al deudor hacer frente a sus compromisos, con lo que, de nuevo santifica el que el banco, que sin duda habrá recuperado vía titulización la totalidad de la deuda, se quede con la vivienda, y el deudor endeudado por el resto del préstamo, más intereses, intereses de demora, costas…

Además, blanquea la abusiva cláusula de vencimiento anticipado, moderando el número de cuotas impagadas para que el banco pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria (declarado ilegal por el TJUE), y por si fuera poco, en su disposición transitoria primera establece la retroactividad (a diferencia de lo aprobado por el Gobierno en relación al IAJD) de la citada e ilegal moderación, de forma que, a nuestro entender, y a pesar de las declaraciones de la ministra Calviño, podrían activarse cientos de miles de nuevos desahucios al aplicarse los nuevos vencimientos a todos los contratos firmados hasta ahora, y al reactivarse miles de procedimientos judiciales actualmente suspendidos. Impone también la vinculación obligatoria a esta ley para cualquier novación o subrogación del préstamo, otorgando a la banca la posibilidad de blanquear todas las Cláusulas Abusivas que contenga el contrato,  en lugar de permitir acogerse a las condiciones más beneficiosas para el consumidor. Esta ley, de aprobarse en sus actuales términos, perjudica gravemente a la Ley de Vivienda de la PAH en materia de protección al deudor hipotecario, ya que sus contenidos están incluidos en esta.

Supone en definitiva, un nuevo acto de superprotección a la banca, tras la sentencia del TS y el espejismo de la transferencia de la obligación futura del pago IAJD, que les libera de la retroactividad que sí se impone con la ley De Guindos.

En consecuencia, pedimos al PSOE: Que reconsidere su actitud frente a esta ley, y acepte las enmiendas que limitan la responsabilidad al bien hipotecado, establecen como solución normal la dación en pago, y protegen al deudor de buena fe, en consonancia con la directiva  93/13/CE, y la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas y sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria, así como que se elimine la retroactividad de la ley, salvo que sea condición más beneficiosa para el consumidor. Desde finales de septiembre, seguimos esperando respuesta a una solicitud de entrevista remitida al Ministerio de Economía para tratar estos temas.

2ª Vivienda.- Tras más de 33.000 desahucios en el primer semestre de este año, la burbuja galopante de los precios de alquiler, la subida de los de compra, cada vez más cerca de los incrementos de la época de la burbuja financiero/hipotecaria, el acaparamiento sistemático de centenares de miles de viviendas por fondos buitre y Socimis, unido a la carencia casi absoluta de Parque Público de Vivienda, aunque se han anunciado varias, no se ha adoptado medida alguna capaz, al menos, de paliar esta situación de evidente emergencia habitacional, y podríamos acabar el año con cifras de desahucios similares a las de los peores de la crisis.

Urge la aplicación inmediata de los acuerdos en materia de Vivienda, contenidos en el acuerdo para los PGE, que aunque insuficientes, pueden paliar, sobre todo en materia de alquileres, la burbuja especulativa que se sufre. Para la puesta en práctica de los mismos no se precisa aprobar dichos PGE, se debería hacer urgentemente por decreto. Urgen también medidas para movilizar al mercado, viviendas que actualmente están vacías (3,4 según el último censo del INE); es imprescindible definir legalmente el concepto de vivienda deshabitada o de gran tenedor de vivienda, para poder abordar medidas en esa dirección, para evitar la especulación. Las sentencias del TC sobre las leyes de vivienda de Andalucía, Comunidad Valenciana, Euskadi y Navarra, dejan claro que se puede establecer un cánon contra las viviendas injustificadamente deshabitadas, además de que se debe estudiar una reforma fiscal que las grave, y ello, a pesar de las competencias autonómicas en materia de vivienda, ya que el artículo 47 de la Constitución, establece como un Derecho Universal de la ciudadanía el acceso a la Vivienda, y además, insta a las Administraciones Públicas a combatir la especulación. Tampoco se conoce plan alguno para ir generando el imprescindible Parque Público de Vivienda, para que el derecho de acceso a la misma no dependa, como ahora, de forma exclusiva del nivel de renta. Hace falta adoptar medidas urgentes  para disponer de las viviendas de quienes ahora las tienen, algunas provenientes de ayudas públicas y en manos de bancos rescatados, especialmente de Bankia.

Tampoco se nos han facilitado las enmiendas a la Ley de Vivienda PAH, lo que nos impide conocer cuál es la posición real del PSOE al respecto, y sobre Vivienda en general, aunque lo visto hasta ahora en la ley de crédito inmobiliario nos da muy mala espina, y nos inclina a pensar que otra vez van a prevalecer los intereses de la banca sobre los de las personas, lo cual no tiene nada de socialista ni de progresista.

Aunque mantuvimos una entrevista con el ministro Ábalos en septiembre, y una más con la Secretaria General de Vivienda, y tenemos prevista otra, como ya hemos dicho, no vemos avances.

3. Justicia.- Desde que en julio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitiera un dictamen por el que condenaba a España por vulnerar el Derecho a la Vivienda, ninguno de los gobiernos habidos ha hecho nada para cumplir las recomendaciones contenidas en el mismo. Además, cerca de 70 familias afectadas han solicitado amparo al Comité, que ha pedido a España medidas cautelares concretas de suspensión temporal de desahucios. Estas peticiones son remitidas por el Comité al solicitante, y a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia que, no tenemos constancia alguna de que las remita a ningún órgano judicial. Esto supone una clara violación de, al menos 3 artículos de la Constitución: el 96, sobre Tratados Internacionales, el 9.3 sobre el principio de legalidad, y el 10.2 sobre Derechos Fundamentales y Tratados Internacionales, igualmente supone una vulneración de la Ley 25/2014 sobre Tratados Internacionales. También la sentencia 1263/2018 del Tribunal Supremo, nos recuerda la obligación de cumplir los dictámenes y recomendaciones emanados de Organismos Internacionales de Derechos Humanos y pactos suscritos por España, como el PIDESC.

Esta injustificable pasividad del Ministerio de Justicia provoca además más desigualdades, ya que hay jueces que las tienen en cuenta, y otros que las ignoran. Es urgente que el Ministerio de Justicia resuelva esta situación, para cumplir con los Derechos Humanos, los compromisos internacionales voluntariamente suscritos por España, y la Constitución, tan invocada para otras cosas mucho más superfluas para la vida de las personas.

Para tratar este tema, solicitamos también una entrevista al ministerio, el mismo día que a Economía, con el mismo resultado: seguimos esperando.

Mientras, los juzgados españoles se encuentran ya saturados por pleitos sobre Cláusulas Abusivas que en el 98% de los casos son favorables a los clientes. Siendo así, resulta indecente que, después de la Sentencia del TJUE sobre Cláusula Suelo, aún no hayan recuperado su dinero casi la mitad de las afectadas, con lo que a los bancos les salen rentables en España los abusos cometidos y la utilización fraudulenta de la Justicia para retrasar lo más posible las devoluciones, sin los intereses de demora que ellos mismos imponen a las afectadas si se retrasan mínimamente.

Los 3 ámbitos expuestos reflejan la pasividad del Gobierno en relación al Derecho a la Vivienda, sobre el que ha habido muchas declaraciones y ninguna actuación concreta, y en el que la situación de emergencia descrita en el primer párrafo del apartado de Vivienda, tendría que provocar actuaciones decididas y urgentes para poner freno a este caos especulativo; sin embargo, como hemos descrito, todo apunta a pasividad y connivencia con la banca. El PSOE está desperdiciando una oportunidad histórica para hacer justicia social, tras un rescate bancario de más de 60.000 millones sin contraprestaciones.

En España, los Derechos en materia hipotecaria o de defensa de los consumidores habidos en los últimos años, no han venido como consecuencia de cambios legislativos impulsados desde la política, sino como consecuencia de sentencias del TJUE, impulsadas en muchos casos por la lucha de la PAH. Esto genera más desigualdades, ya que los derechos disponibles para ejercer la defensa de un deudor hipotecario, dependen de las sentencias producidas hasta ese momento, y derechos que entonces se te han negado han sido reconocidos meses después por otra sentencia. Es por tanto imprescindible una legislación que recoja lo más avanzado para que no tenga que ser siempre el TJUE quien imparta justicia en España

Desde la PAH, estamos abiertas al diálogo, y así lo hemos demostrado, pidiendo reuniones y efectuando propuestas. Pero también exigimos medidas, algunas de las cuales se pueden aplicar ya, y sin embargo nada se mueve por la otra parte.

Estamos tan abiertas al diálogo, como dispuestas a la lucha. Acostumbradas a presionar a los bancos para conseguir paralizar desahucios, defender a las familias con daciones, recursos jurídicos, condonaciones de deudas, negociar alquileres sociales o a interponernos pacíficamente para tratar de impedir la injusticia de los desahucios. Así que, si no se deciden y aplican cambios reales, palpables y significativos, pues haremos lo que mejor sabemos hacer y mejores resultados reporta a las personas

#PSOEblanqueaLaBanca