Archivo anual octubre 30, 2018

¡Hemos vuelto a hacer posible lo imposible: recuperamos la Ley 24/2015 para parar desahucios y ampliar el parque de alquiler social!

Las medidas clave de vivienda impugnadas de la Ley 24/2015 volverán a ser vigentes en Cataluña

Martes 30 de octubre de 2018

Hoy martes 30 de octubre, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado firman el acuerdo para retirar el recurso de inconstitucionalidad contra parte de los artículos impugnados de la Ley 24/2015. Este importante hito que anunciamos, ha sido posible gracias a las familias que cada día están a pie de calle parando desahucios, a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero recordamos porque nos dan fuerza para seguir batallando, a las 150.000 personas que firmaron para parar los desahucios en Cataluña, y a todas las entidades que nos han apoyado en el camino de hacer posible lo imposible. 

Por fin podemos decir con orgullo que hemos recuperado la parte de vivienda de la Ley contra los desahucios y la pobreza energética que el PP, obedeciendo a la banca, impugnó en mayo de 2016. Después de recoger 150.000 firmas con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2015 y conseguir que el Parlamento de Cataluña la aprobara por unanimidad, el Partido Popular puso un recurso a la ley que paraba los desahucios y daba herramientas para ampliar el parque de vivienda social a los municipios.

Sabemos que la banca daba por sentenciada y enterrada la Ley. Pero la esperanza y la solidaridad han ganado de nuevo la partida. La fuerza que hizo posible su aprobación, con un apoyo social agobiante y por unanimidad en el Parlamento, y la defensa incansable en la calle que salvó la parte de pobreza energética del recurso del PP, ha funcionado de nuevo y ha posibilitado contra todo pronóstico recuperarla después de la caída del PP del Gobierno del Estado.

Después de luchar contra el ignominioso recurso del PP, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos valentía y coherencia a los nuevos gobiernos de la Generalitat de Cataluña y del Estado para recuperar una herramienta que funcionaba y daba soluciones a miles de familias en Cataluña. Lo hicimos desde la urgencia que pide frenar de una vez por todas la emergencia habitacional: la situación ingobernable de desahucios ejecutados en Cataluña ‒61 desahucios diarios, liderando el ranking de la vergüenza‒, y el colapso de las Mesas de emergencia, con unas 2.000 familias en lista de espera. No había excusas para no recuperar la ley y garantizar el derecho a la vivienda. Desde julio hemos estado trabajando para recuperar la ley más garantista en materia de vivienda: hubiera tenido que ser mucho más sencillo, al tratarse de un compromiso que asumió el PSOE cuando fue impugnada y al haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento. Pero ha sido la esperanza y la solidaridad quien ha ganado el pulso a los especuladores que viven de hacer negocio con los derechos fundamentales.

Los efectos concretos sobre la vida de las personas son muy importantes: hacemos público un resumen y en los próximos días difundiremos el detalle de las herramientas de que dispondrá la ciudadanía, entidades sociales y ayuntamientos para defender el derecho a la vivienda y a los suministros básicos:

  1. Después de que el viernes el Consejo de Ministros lo ratifique y comunique al Tribunal Constitucional para que cierre el procedimiento, recuperaremos dos herramientas fundamentales para acabar con los desahucios y aumentar las viviendas de alquiler social: 
  • Oferta de alquiler social obligatorio para garantizar una vivienda en desahucios de hipoteca y de alquiler de grandes propietarios (artículo 5, apartados 1-2-3-4 y 9): para los desahucios en curso y para los nuevos procedimientos; no hacer la oferta de alquiler o no respetar los precios sociales que marca la Ley comporta multas de 90.000 euros.
  • Cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a las administraciones para alquiler social (artículo 7): la Generalitat y los ayuntamientos pueden usar esta herramienta recuperada. Las listas de espera para las Mesas de emergencia se tienen que acabar con inmediatez.
  1. Las medidas contra el sobreendeudamiento: se recuperan con carácter extrajudicial y de mediación entre la banca y las deudoras, porque los dos gobiernos han acordado recuperar los artículos de la Ley 4/2016, que son menos vinculantes y efectivos. La PAH seguirá exigiendo dación en pago y cancelación de deudas a los bancos y en el Congreso con la #LeyViviendaPAH.
  2. La obligación de realojo por parte de las administraciones y ayudas para los desahucios de pequeños propietarios (artículo 5.6): no fue impugnada y sigue vigente, con la diferencia de que ahora tenemos la cesión obligatoria para obtener las viviendas sociales que se necesitan.
  3. Las medidas contra la pobreza energética y los cortes: las salvamos del recurso y nunca han dejado de estar vigentes (artículo 6): por eso toda familia vulnerable tiene garantizados los suministros básicos de agua, luz y gas. Es imprescindible que se firmen los convenios y que las empresas suministradoras asuman las deudas de las familias vulnerables, a cargo de sus ingentes beneficios.

Hoy podemos decir que hemos conseguido aquello que nos decían que era imposible. A partir de hoy seguiremos atentas para que se cumplan y se apliquen al 100% las leyes sociales nacidas en la calle. Hoy hemos subido definitivamente un escalón en la escalera de la conquista de los derechos sociales, que no bajaremos nunca más.

Ahora más que nunca exigiremos que se cumpla la Ley hasta la última coma. Avisamos a la banca, fondos buitre y eléctricas, que no toleraremos ningún intento más de eludir sus responsabilidades. Estaremos vigilantes y denunciaremos cualquier intento de hacerlo. También velaremos por que las Administraciones públicas apliquen con firmeza todas las medidas para proteger el derecho a la vivienda y a los suministros básicos de toda la población, en especial, de las personas más vulnerables. Quien no lo haga nos tendrá delante.

Una vez más hemos demostrado que sí, que se puede. Ahora toca pasar página a los desahucios y a los cortes de suministros en Cataluña, ¡sin excusas! ¡Seguiremos exigiendo todos los cambios que faltan (aumentar el parque público al 15%, modificar la Ley de arrendamientos, etc.) para conseguir recuperar nuestro derecho a la vivienda!

¡Gracias a todas! ¡Nos vemos en las calles y el domingo 11 de noviembre en Barcelona para celebrarlo juntas!

Hacemos un llamamiento para participar en la PAH Barcelona

🔁 ¿Para quién? Para todas (desde 0 a 99 años)
📍¿Cómo?
Hay muchos espacios donde ser muy útil: en la comisión de StopDesahucios, en la comisión de base de datos y entrevistas, en la comisión de comunicación, en la de asesoramiento colectivo, acciones… No es necesario que seas experta en nada, lo que necesitamos son muchas ganas de aprender y de compartir conocimientos.
Nosotras no éramos expertas ni en hipotecas, ni en políticas de vivienda, ni en asamblearismo…, pero sí teníamos claro que no queríamos vivir con leyes injustas que no garantizaran el derecho a la vivienda, y hemos aprendido de todo un poco y cada día aprendemos de todas las compañeras 💁‍♀️
Si tienes claro qué puedes aportar a la PAH, mucho mejor 🙋‍♀️ 
Si en algún momento has pensado en acercarte al local de la PAH y meter la cabeza para ver si puedes aportar o ayudar de alguna manera, o si nunca lo has pensado pero estás leyendo este post y se te ha despertado una cosita en la cabeza, ¡ven!, ¡te necesitamos! 🙂
El próximo lunes 29 a las 16:30 h haremos una sesión de bienvenida de voluntarias. La idea es explicar el funcionamiento y la organización de PAH Barcelona. Explicar las carencias que tenemos hoy en día y ver de qué manera ampliamos nuestra PAHfamilia 💚💚.
A las 18:00 h comienza el ADN de la PAH: la asamblea de asesoramiento colectivo y bienvenida. Es la mejor manera de entender qué es la PAH.
¡Os esperamos!
Si tenéis alguna duda o ese día no podéis venir pero sí que estáis interesadas en colaborar, podéis escribir a: 

Hafsa con sus cuatro hijos menores ha sido desahuciada sin ningún tipo de alternativa habitacional

El fondo buitre israelí Imedria Spain SL protagoniza una nueva vulneración de derechos humanos a favor de la especulación con la vivienda

 

Jueves 25 de octubre de 2018, 9:30 de la mañana, otra familia es desahuciada y dejada en la calle sin alternativa habitacional, ante la falta de escrúpulos de los fondos de inversión, y de políticas de vivienda efectivas y valientes que protejan a la ciudadanía y no a los intereses económicos de unos pocos.

Hafsa, su marido y 4 hijos menores llevan 18 años viviendo en su casa pagando el alquiler, hasta que hace 3 años, Imedria Spain SL, un fondo buitre israelí, compró el edificio. Cuando a Hafsa se le terminó el contrato de alquiler, se negaron a renovárselo con el único propósito de seguir alimentando la expulsión de vecinas para especular con el inmueble. La familia hizo todo lo posible para seguir pagando, sin resultados, debiendo enfrentarse por el camino a cuatro órdenes de desahucio, la última en abierto, que logró parar con la ayuda de la PAH, y tienen adjudicado desde hace 7 meses un piso de la Mesa de emergencia que nunca llegó.

Hace exactamente una semana, el jueves 18, logramos parar el desahucio abierto, y hoy nos preguntamos: ¿Cómo es posible que con la cantidad de desahucios que hay diariamente en Barcelona, haya sido tan rápida una nueva orden? La dura realidad es que hoy, sin ningún tipo de aviso previo, la comitiva judicial se ha presentado en el piso ubicado en la calle Nou de la Rambla, 99, y saltándose todos los tratados internacionales ha dejado en la calle a cuatro niños, sin ningún tipo de realojo garantizado.

Ahora mismo Hafsa está junto a PAH Barcelona, en las oficinas de Servicios Sociales de la calle Carme, 101-109, exigiendo una solución inmediata para que la familia hoy no duerma en la calle. Es indignante que siendo conocedoras de la situación desde hace meses, hayamos llegado a este punto, y lo único que se les esté ofreciendo ahora mismo desde el Ayuntamiento sea una habitación de pensión, para los 6 miembros de la familia, solo para esta noche, y que mañana ya veremos.

Son este tipo de actuaciones las que evitaríamos si la Ley 24/2015 estuviera vigente. Llevamos exigiendo su recuperación desde el mes de junio, pero una vez más queda latente que los tiempos institucionales no están a la altura de la emergencia habitacional. La Ley 24/2015 contiene medidas para garantizar el realojo en caso de desahucio, corresponsabilizando para ello a la banca y los grandes tenedores, siendo justo estos artículos los que el PP suspendió y los que debemos recuperar con urgencia. No podemos permitir que se sigan vulnerando impunemente los derechos más básicos de las familias. En Catalunya cada día hay 61 desahucios, las Mesas de emergencia están colapsadas con 5.000 solicitudes recibidas, y solo 2.689 solicitudes con vivienda adjudicada.

Necesitamos frenar la especulación, que la vivienda sea tratada de una vez por todas como un derecho y no como una mercancía, las familias no pueden esperar más y hoy tenemos un ejemplo claro de la urgencia con la que debemos recuperar íntegramente y lo antes posible una ley surgida desde y para la ciudadanía, que fue aprobada por unanimidad en el Parlament y es la herramienta más eficaz para garantizar el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna.

 

¡¡Exigimos la retirada urgente y total del recurso de inconstitucionalidad del PP contra la Ley 24/2015!!

La cesión de vivienda vacía y el alquiler social obligatorios para la banca y fundes buitres son medidas clave para parar desahucios y garantizar el derecho constitucional a una vivienda 

Ayer 23 de octubre, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 se reunió con el Secretario General de Política Territorial del Gobierno del Estado, José Ignacio Sánchez Amor, y con la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera i Mestres, para transmitirles y exigir la recuperación íntegra de la Ley este mismo viernes en el Consejo de Ministros. Tras el recurso interpuesto por Mariano Rajoy y la banca, el Tribunal Constitucional suspendió los artículos clave que permitían frenar la emergencia habitacional: los que obligaban a hacer un alquiler social por parte de los grandes tenedores a las familias que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca y se enfrentan a desahucios (artículo 5.1-2-3), y la cesión obligatoria de viviendas de la banca y fondos buitre para aumentar el parque de vivienda social (artículo 7).

Del Grupo Promotor asistieron a la reunión ocho representantes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAHs de Cataluña),  de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y del Observatorio DESC (ODESC). Por fin se han concretado las reuniones que hemos solicitado desde el mes de julio a los dos gobiernos. En caso de haber sido así, habríamos podido avanzar antes y posiblemente ya tendríamos la Ley vigente. 

El Grupo Promotor ha defendido el carácter plenamente constitucional de cada uno de los artículos de la Ley y ha pedido al Gobierno del Estado que no limite la potencialidad de sus medidas. El Gobierno del PSOE tiene una oportunidad única de mostrar su voluntad real de frenar la emergencia habitacional y hacer un gesto claro a favor de las personas y de los derechos humanos, y no a favor de la banca, como estamos viendo demasiadas veces.

Los representantes del Estado han reafirmado su compromiso de retirar totalmente la impugnación del artículo 5, referente al alquiler social obligatorio para parar desahucios. En cuanto al artículo 7, de la cesión obligatoria de vivienda vacía de banca y fondos buitre, también se han comprometido a desistir totalmente del recurso. Por este último artículo el Gobierno del Estado considera conveniente hacer una concreción normativa referente a su aplicación, que deberá tramitar posteriormente el Gobierno catalán, y que el Grupo Promotor seguiremos al detalle para que no se desvirtúe la medida.

Por lo tanto, si el Estado ejecuta con celeridad su compromiso, recuperaríamos dos herramientas clave que el PP impugnó en 2016: la cesión de vivienda vacía de banca y fondos buitre para el parque asequible, y el alquiler social antidesahucios de alquiler e hipoteca para los grandes tenedores. Recuperar esta parte de la Ley era uno de los objetivos básicos y línea roja del Grupo Promotor de la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética.

Posteriormente, asistimos a una reunión de urgencia convocada por la Generalitat, donde asistió el mismo Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, así como la Federación y la Asociación de Municipios de Cataluña, el Colegio de Abogadas de Barcelona (ICAB) y el mismo Grupo Promotor de la Ley 24/2015. En el encuentro la Generalitat explicó las negociaciones que mantienen con el Estado sobre las leyes 24/2015 y 4/2016. 

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, transmitimos las importantes novedades de última hora surgidas en la reunión con el Estado. La Generalitat se comprometió a contactar de nuevo con el Ministerio para avanzar definitivamente en la retirada de este recurso. También agradecimos que, por fin, se informara de las conversaciones de ambos gobiernos a los agentes implicados en el impulso de las dos leyes. 

Tal como expusimos en la carta dirigida a Pedro Sánchez, en la carta al President Torra, y en el manifiesto público que presentamos la semana pasada a las puertas del Parlament, con el apoyo transversal de Ayuntamiento y entidades sociales catalanas, desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para recuperar urgentemente una herramienta que paraba desahucios y ampliaba el parque de vivienda asequible, aprovechando la ventana de oportunidad que representa la caída del PP y con los dos nuevos gobiernos de Pedro Sánchez y Quim Torra constituidos. 

Por todo esto, es urgente que los dos gobiernos arreglen este compromiso y acuerdo hoy mismo, que lo formalicen en la Comisión Bilateral para que esta semana el Consejo de Ministros retire el recurso.

Ya no podemos esperar más. Cada día sufrimos 60 desahucios en Cataluña y el ínfimo parque de vivienda social deja a 4.000 familias vulnerables sin vivienda y a 115.000 personas en la lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial. Además, existe el riesgo de que llegue una sentencia y, por lo tanto, perderíamos la oportunidad de corregir el ataque del PP al derecho a la vivienda.

Ahora es la hora de que ambos gobiernos reaccionen para que el Gobierno del Estado retire el recurso, pasando de las palabras a los hechos. 

¡¡Es necesario que, de una vez por todas, consigamos revertir el ataque gravísimo al derecho a la vivienda que significó el recurso del PP, recuperando la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes de suministro!!

La legitimidad del Tribunal Supremo en entredicho una vez más

Suprema vergüenza tras la información del Tribunal Supremo de dar marcha atrás en la sentencia de los impuestos de las hipotecas

El Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ha tomado una decisión que provoca vergüenza suprema. Después de que la Sección Segunda de la Sala dictara e hiciera pública una sentencia declarando que la obligación del pago de los impuestos derivados de la firma de una hipoteca corresponde a los bancos y no a los consumidores, el Presidente de la Sala ha ordenado la paralización de su aplicación, así como de la tramitación de todos los recursos pendientes sobre este tema, hasta que el Pleno de la Sala (31 jueces) ratifique o no la decisión de sus compañeros.

No es la primera vez que este Tribunal opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen. Recordemos cuando la Sala de lo Civil en mayo de 2013 dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, limitando la devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, y tuvo que ser el TJUE en diciembre de 2016 el que dijera que la devolución tenía que ser desde el momento de la firma de la hipoteca.

También en materia de cláusula de vencimiento anticipado, tras la sentencia del TJUE en enero de 2017, y para no cancelar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, planteó otra cuestión prejudicial ante el TJUE, o cuando ha aceptado moderar cláusulas abusivas en lugar de anularlas, como viene reiterando el TJUE.

La Sala de lo Contencioso ha venido dictando últimamente sentencias progresistas, a diferencia de la de lo Civil, como la de diciembre de 2017 sobre protección de los menores en caso de desahucio, o la de julio de este mismo año sobre la obligación de cumplir los dictámenes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos; y los poderes económicos han debido de hartarse ya y han decidido presionarla para que hagan Justicia, e impedir que sigan haciendo su propia justicia.

Desde la PAH denunciamos esta decisión sin precedentes, y esperamos que los otros 30 jueces opten por mantener el criterio de los de la Sección Segunda, aunque para nosotras no es nuevo el tener que sufrir a una Administración de justicia servil y blanda con los poderosos y dura e inflexible con los vulnerables.

Ahora le toca al Tribunal Supremo defender el porqué de este cambio de rumbo. Es alarmante ver el poder que amasan los bancos y las entidades financieras, llegando al extremo de ser capaces de que el TS se desdiga en pocas horas tras haber pronunciado una sentencia. La sentencia inicial dicta que las consumidoras podrán recuperar, sin definir si con carácter retroactivo o no, los gastos de gestión de las hipotecas. Una sentencia que pone de manifiesto algo que desde la PAH llevamos 9 años denunciando y que por suerte ya no lo decimos solo nosotras, nos dan la razón jueces, abogadas, partidos políticos o la mismísima ONU.

La PAH seguirá defendiendo el sistema democrático y utilizará todos los mecanismos jurídicos y de movilización contra quienes quieren romper un sistema de convivencia basado en la justicia y la dignidad. Proteger el sistema democrático es defendernos de quienes creen que pueden romper con total impunidad nuestro sistema de convivencia. Seguiremos defendiéndolo, como siempre .

Hay que decir basta ante este nuevo ataque de la banca y exigirles que devuelvan lo robado, y seguir avanzando para lograr esa reforma de la Ley Hipotecaria, que incluya la dación en pago retroactiva, como tenemos recogido en la Ley Vivienda PAH, para empezar a legislar a favor de las familias y no a favor de los engaños que ya se destaparon con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la estafa mal llamada crisis.