Archivo anual 2019

PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona ocupamos el Ayuntamiento de Barcelona para exigir a Ada Colau, Quim Torra y Teresa Cunillera el cumplimiento de la Ley 24/2015

Exigimos la puesta a cero de la lista de espera de la Mesa de emergencia y la creación de un comité de crisis para gestionar la emergencia habitacional que sufre la ciudad de Barcelona.

Hoy jueves 18 de julio la PAH de Barcelona hemos ocupado el Ayuntamiento de Barcelona para exigir realojos dignos para las familias que han sido desahuciadas y que ahora mismo se encuentran en pensiones indignas, muchas de ellas con una evidente falta de higiene o seguridad y sin tener en cuenta sus necesidades. Muchas de las familias realojadas en pensiones o albergues no disponen de cocina o nevera ni de espacio para poder estudiar los niños, como son los casos de Maketxu, Teresa, Pampa, Chaymae, Vega, Mónica, Karín o Anastasia, que han sido desahuciadas y se encuentran en esta situación, temporal, con la inseguridad que ello genera, para ellas y sus familias.

En Barcelona hay ahora mismo 600 personas procedentes, en su mayoría, de desahucios. Al drama, angustia e indefensión que genera un acto de tal agresividad como es un desahucio se le añade una vulneración flagrante, por parte de todas las administraciones, de los derechos humanos, acuerdos internacionales y la propia Ley 24/2015 al no garantizar un realojo digno a las personas desahuciadas

Actualmente se ofrecen realojos precarios y temporales (pensiones, albergues, residencia de estudiantes, hostales…) que muchos de ellos no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad y no se ajustan a las necesidades de las familias. Encima no se garantiza una permanencia en el mismo lugar, ya que las familias pueden llegar a ser cambiadas de pensión varias veces en un mismo mes. 

Soluciones temporales que estaban pensadas para unos días o pocas semanas se convierten en espacios donde tienes que vivir durante meses o incluso años. Y todo eso ha sido denunciado en innumerables ocasiones con acciones públicas y reuniones privadas desde hace muchos meses y la respuesta siempre ha sido la misma: «no hay pisos» «no tenemos otra solución».

El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España son los responsables directos de estas violaciones de los derechos humanos. Las personas desahuciadas son las que sufren las consecuencias de la incompetencia de unas administraciones incapaces, no solo de prever la situación, sino de encontrar ninguna medida para acabar con la emergencia. Es por ello que no desocuparemos el Ayuntamiento de Barcelona sin la creación y primera reunión de un Comité de Emergencia donde estén las tres administraciones y donde se cuente con colectivos de vivienda de la ciudad.

Actualmente estos realojos, hasta conseguir un piso de la Mesa de emergencia, son gestionados por la empresa Snow Travel, una empresa del sector turístico, que sin ningún tipo de conocimiento de las familias, las realoja sin tener en cuenta sus necesidades. Está claro que este convenio no funciona y se debe revisar para hacer frente a la realidad. Exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que cambie el convenio firmado con la empresa para hacer efectivo un realojo digno. Aquí podeis ver los requerimientos y convenio firmado con la Generalitat de Catalunya.

El largo tiempo de espera de casi dos años para acceder a un piso de la Mesa de emergencia es inadmisible, y hace que las familias que han sido desahuciadas estén de pensión en pensión hasta que este piso no es adjudicado. 

Esta situación de incertidumbre e inseguridad genera graves impactos en la salud a las familias y más aún en las mujeres, como hemos evidenciado en los últimos informes publicados. Actualmente hay 1.500 familias en Cataluña sufriendo esta situación y esperando un piso de la Mesa de emergencia, 550 de ellas en la ciudad de Barcelona. Exigimos colaboración y corresponsabilidad entre Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y el Gobierno español para conseguir medidas de urgencia e innovadoras para poner esta lista de espera a cero. Las familias no pueden esperar más y no son responsables de las nulas políticas de vivienda realizadas durante estos años en las diferentes instituciones como el Gobierno del Estado o la Generalitat.

La Administración es la responsable de ofrecer un realojo digno a las familias. La Ley 24/20115, en el artículo 5.6, nunca suspendido, dice: «Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía de realojo lo debe acordar la Generalitat con la Administración local para los casos en que las Mesas de valoración que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales». Actualmente, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat están incumpliendo sistemáticamente la Ley dejando de lado a las familias que han sufrido un desahucio.

En cualquier país de nuestro entorno todas las familias que están en estos momentos en pensiones o resistiendo los desahucios en sus hogares estarían en un piso público. Es inadmisible que nos llamemos una sociedad avanzada y tratemos a las familias vulnerables de esta manera. La falta de un parque público de alquiler social en nuestras ciudades deriva en una crisis habitacional que se ha visto agravada y cronificada en los últimos 10 años, y que el futuro no es nada esperanzador. Para aumentar el pico de 1,6% del parque en la ciudad de Barcelona y equipararnos a Europa que ronda sobre el 15%, la respuesta debe venir de diferentes agentes. La sociedad civil organizada ya está poniendo todo su esfuerzo para erradicar la situación, pero es necesario que las administraciones, TODAS, se impliquen, al igual que el sector inmobiliario. Hace falta responsabilidad y un cambio de paradigma, tanto en medidas de urgencia como en las estructurales. Un dato, Barcelona ha perdido un 39% de su parque, si en vez de haber hecho vivienda pública de venta la hubiera hecho de alquiler e indefinido. Las administraciones tienen que aprender del pasado, ser ágiles y poder cambiar aquello que no ha funcionado. Es por ello, que hoy queremos tener delante a las 3 administraciones para hacer lo que parece imposible y que la PAH quiere hacer posible: tener un pacto para dar salida a los centenares de familias que se encuentran en inseguridad residencial vulnerándoseles su derecho a tener una vivienda digna. 

Durante el periodo electoral de las pasadas elecciones municipales nos reunimos con todos los partidos políticos para trasladar unas demandas concisas de cara a este nuevo mandato, y que casi todos ellos valoraron positivamente de trabajar en las necesidades. Ahora es el momento, sin embargo, de que el nuevo Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, esté al lado de la ciudadanía, promoviendo medidas valientes para hacer frente a esta situación.

Asimismo, una vez recuperada íntegramente la Ley 24/2015, a principios de año exigimos al President Quim Torra y al Gobierno de la Generalitat medidas valientes para acabar con la emergencia habitacional. Nuestras demandas son claras y concisas, solo hace falta voluntad política para hacer frente. Cuatro meses después, y con pocos de los compromisos asumidos, la semana pasada volvimos a encontrarnos para evidenciar que hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario. El Gobierno de la Generalitat no puede dar la espalda a las familias. 

Por su parte, el Gobierno español antes de las elecciones se comprometió a hacer los «viernes sociales», exigimos que vuelvan estos viernes pero con la diferencia de escuchar a la ciudadanía y no hacer medidas maquillaje. Las más de 644.718 familias desahuciadas desde 2008 en todo el Estado no pueden esperar más. Tenemos un gobierno en funciones y debe actuar para dar respuesta a la ciudadanía, ahora mismo están haciendo dejación de sus funciones. Exigimos llevar las demandas de la PAH al Congreso y dar respuesta inmediata a la emergencia de los desahucios y a la corresponsabilidad del sector financiero.

En Barcelona, en Cataluña y en el resto del territorio español estamos en una situación crónica de emergencia habitacional. De 2008 a 2018 se han desahuciado 644.718 familias en el territorio español. En 2019 Cataluña continúa liderando el ranking de la vergüenza en desahucios, y en Barcelona continúan los 11 desahucios diarios. Los datos hablan por sí solos, es necesario que las administraciones afronten el problema con urgencia e implicación. Dando la espalda a la ciudadanía no harán que desaparezca la grave situación que padecen las familias. 

La PAH una vez más, como vamos haciendo desde hace 10 años, nos adelantamos a las instituciones y proponemos soluciones efectivas. Ahora, sin embargo, es necesario garantizar los realojos dignos a las familias, la vivienda es un derecho y seguiremos luchando para hacer cumplir la ley. Una vez más demostraremos que #SiSePuede.

PorPAH_Bcn

Insuficiencia en el plan de derecho a la vivienda del nuevo Ayuntamiento de Barcelona

El acuerdo entre BeC y PSC obvia temas claves

El 10 de julio de 2019 el nuevo gobierno municipal de Barcelona ha publicado el documento titulado “Acord d’esquerres per al govern de Barcelona”, firmado por Barcelona en Comú y el Partit Socialista de Catalunya.

En dicho documento se especifica que en los próximos 4 años trabajaran con diálogo permanente con todas las fuerzas políticas para generar consensos en políticas de ciudad, así como un diálogo con entidades y la sociedad civil. Entre las medidas acordadas, destacamos el punto 4, dónde se comprometen a desarrollar el derecho a la vivienda y la transformación urbana en los barrios:

  • Analizar la ampliación del 30% de vivienda social, construir o adquirir 1.500 viviendas públicas anuales con un mínimo de 4.000 de nueva construcción.
  • Reforzar el Operador de Vivienda y el Consorcio Metropolitano de Vivienda.
  • Crear un centro anti-mobbing inmobiliario.
  • Reducir los desahucios.
  • Trabajar con el gobierno central para que se pueda declarar zonas urbanas de mercado tensionado y regular las subidas abusivas de alquileres.
  • Impulsar medidas en diferentes barrios.
  • Rehabilitación entre 75.000 y 80.000 hogares con énfasis a la pobreza energética.
  • Pla de Barris: impulsarlo de manera eficiente en 10 áreas incluyendo mecanismos de gobernanza.

Valoramos positivamente estas propuestas pero nos gustaría saber como se van a llevar a cabo, con qué presupuesto y cuando tendremos disponibles las viviendas para hacer frente a las más de 550 familias en la mesa de emergencia, a las más de 36.000 personas que han solicitado una vivienda social, por ejemplo.  Recordamos que desde la PAH y en campaña electoral se pidieron puntos que se tratan de manera escueta o no se mencionan, como la revisión del protocolo de aceso a la mesa de emergencia y la reducción a cero de la lista de espera en la mesa de emergencia, el realojo digno después de un desahucio, ampliar la bolsa de alquileres, facilitar la negociación en casos de ocupación para obtener realojos sociales, unificar las visitas a Servicios Sociales y Habitatge y el seguimiento individualizado de los bloques con mobbing inmobiliario.

Cabe recordar el compromiso de los representantes de BeC durante la campaña electoral, de “dejar a cero la lista de espera de la mesa de emergencias, garantizar la ley 24/2015 y que la bolsa de alquiler se abra todo el año” así como los compromisos del PSC diciendo que pretendían “evitar los realojos en pensiones, conseguir 5.000 pisos de alquiler de entidades financieras, conseguir 25.000 viviendas sociales y el cumplimiento de la 24/2015”. (poner algunos links de noticias)

La situación de emergencia habitacional hace necesarias y urgentes medidas valientes, que abarquen la totalidad de la población para que tengan garantizado el derecho a la vivienda, y no repetir años como el 2018, donde se practicaron, sólo en Barcelona y según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 2381 desahucios. Esta cifra no refleja la realidad de la ciudad donde centenares de familias abandonan su hogar de forma invisible por no poder pagar su alquiler, debido a las subidas abusivas y a las otras centenas de familias que son desahuciadas de sus casas por ocupación y que los datos no reflejan.

Necesitamos medidas valientes e innovadoras para hacer efectivo el derecho a la vivienda en nuestra ciudad. Desde la PAH seguiremos proponiendo medidas y desobedeciendo las leyes injustas para que a ninguna familia se le vulnere su derecho a tener una vivienda digna y adecuada

¡Porque sí se puede y lo demostramos cada día!

PorPAH_Bcn

Exigimos al Presidente Torra el cumplimiento de los compromisos logrados en materia de vivienda y pobreza energética ahora que la Ley 24/2015 es completamente vigente.

Después de cuatro meses desde la primera reunión con el President, valoramos el trabajo conjunto pero los avances son pocos: hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario.

Barcelona, 11 de julio de 2019

Hoy, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015, formado por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, hemos mantenido una reunión de seguimiento de la aplicación de la norma con el President Quim Torra, en la que se ha puesto sobre la mesa que no se han conseguido los compromisos acordados al respecto.

En el encuentro, han participado también el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, la Consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón, el Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, la directora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Judith Gifreu, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, el Secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesias y el Secretario de Comunicación de la Generalitat, Antoni Molons.

El pasado mes de febrero, y después de casi 3 años, conseguimos recuperar íntegramente la Ley 24/2015 que el PP y la banca intentaron tumbar llevándola al Tribunal Constitucional, recuperando artículos imprescindibles. Un mes después, presentamos medidas efectivas para acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña  y exigimos al President de la Generalitat la necesidad de un gobierno valiente para hacerle frente. 

Durante cuatro meses, hemos mantenido ocho reuniones con los diferentes departamentos que abordan tanto la emergencia habitacional como la pobreza energética. La valoración y balance de las reuniones se puede consultar aquí.

Como aspecto positivo, cabe mencionar el trabajo conjunto que antes no existía y el reconocimiento de las entidades sociales como interlocutoras principales. También se han hecho algunos avances en cuatro de las trece demandas que planteamos.

No obstante, quedan avances claves pendientes de activar y hay que darles una prioridad real de cara a septiembre. No estaremos eternamente sentadas en una mesa, ahora hay que pasar a la acción y ver resultados reales.

Las demandas principales que hemos exigido que se activen en septiembre y la respuesta del Gobierno son las siguientes:

  1. Aplicación inmediata de un plan de choque para poner la mesa de emergencia a cero antes de que termine el año 2019. El Gobierno lo vincula al nuevo decreto ley de vivienda, reconociendo que es necesario pero posponiéndolo.
  2. Activar una campaña comunicativa dirigida a la población para que conozca sus derechos y para la aplicación plena de la ley en el mes de septiembre de 2019. El President ha aceptado activarla en septiembre con urgencia.
  3.  Actualizar en el mes de septiembre el protocolo de comunicación de desahucios del TSJC y la Consejería de Justicia, ya que es de 2013, y obvia la Ley 24/2015. El Gobierno hará una reunión en septiembre con el TSJC a la que reclamamos asistir.
  4. Concretar en septiembre a través de un reglamento o instrumento legislativo propio un precio y procedimiento de la cesión obligatoria de viviendas vacías para aplicarla sin transferir a los bancos dinero público. El Departamento lo vincula al decreto y hay que señalar que no podemos renunciar ni un día más a movilizar vivienda vacía de los grandes propietarios.
  5. Incorporar las propuestas de ampliación de la 24/2015 a las iniciativas legislativas del Gobierno previstas para el curso 2019-2020 y contar con nuestro acuerdo en la forma de incluirlas. También lo vinculan al decreto y hemos dejado claro que habrá que contar con nuestro visto bueno.
  6. Firma de convenios para acabar con las deudas antes de terminar el año 2019. Hemos obtenido un compromiso de la Consejera de Empresa de hacerlo realidad en este plazo.
  7. Implementación del protocolo de detección de casos de pobreza energética de los Bomberos de la Generalitat en todos los parques una vez finalizada la prueba piloto en noviembre. El Consejero de Asuntos Sociales se ha comprometido.
  8. Reunión con el Departamento de Empresa para que el protocolo de instalación de contadores sociales de luz y de gas en viviendas en situación de ocupación pueda ver la luz a lo largo del mes de septiembre. Se ha obtenido el compromiso de una reunión para hacerlo desencallar en julio.
  9. Hacer públicos los datos de los cortes parados desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 antes del mes de agosto. A pesar de la falta de respuesta hasta el momento, hoy mismo se han aportado nuevos datos que serán complementados de forma urgente.

El Gobierno no puede renunciar a hacer uso del 100% del potencial de una ley pionera que nos permite acabar con la emergencia habitacional, además, habiéndola salvado del recurso del PP y la banca.

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Julio 2019

Contador desahucios mes:  9

Contador total 2019:  158

Parados – 3Suspendidos – 1Entrega llaves –Realojos – Ejecutados – 1

Desahucios por alquiler

Martes 2
Demandante: Inmb. 4rt llançament #SoluciónParaAnastasia EJECUTADO
Dirección: Rambla de Guipúscoa, 2 Barcelona (08018)

Viernes 5
Demandante: Inmb. 4rt llançament #SoluciónParaKaren Parado en puerta
Dirección: C/ Baluard, 59 Barcelona (08003 Barceloneta)

Desahucios obiertos en marcha

Demandante: Inmb. #SoluciónParaMónica
Dirección: C/ Consejo de Ciento 217, Barcelona

Desahucios por ocupación

Lunes 1
Demandante: BBVA  #MariaSeQueda Parado en puerta
Dirección: Carrer de la Mare de Déu de Port, 265-267 Barcelona (08038)

Miércoles 3
Demandante: BANCO POPULAR  #MariaFernandaSeQueda SUSPES
Dirección: C/ Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 40 Barcelona

Demandante: DOMUS BARCELONA SOCIAL, S.L. #JefersonSeQueda PARADO en puerta
Dirección: C/ Bonsoms, 16  Barcelona (08028)4

Viernes 5
Demandante: EFLEGIN INVESTMENTS, S.A.U.
Dirección: C/ Pas De Valls, 19 Barcelona (08004)

Jueves 11
Demandante: BANCO SABADELL 2on llançament
Dirección: C/ Muga, 11 Barcelona (08038)

Viernes 26
Demandante: BANCO SANTANDER
Dirección: Carrer de Terra Baixa, 37-39 Hospitalet (08901)

¡Si se puede Stop desahucios! Julio 2019
PorPAH_Bcn

Caixabank sigue demostrando su verdadera cara

A pesar de todo el esfuerzo invertido por Caixabank para vendernos la moto con su Obra Social, la realidad es que actúan como cualquier otra entidad, estafando primero a las familias para luego adueñarse de su hogar y dejarlas en la calle sin alternativas.

Llevamos varias semanas en campaña de denuncia contra Caixabank, ejerciendo presión con acciones continuadas y realizando negociaciones junto a las afectadas, como Kerly, Martha e Isabel, a quienes la entidad no está ofreciendo una solución en base a lo que marca la LAU. Esto deja claro cuál es la verdadera cara de Caixabank: vulnerar Derechos fundamentales y violar las leyes que los protegen.

Las leyes están para cumplirlas y Caixabank no está por encima de ellas. Kerly, Martha, Isabel y tantas otras necesitan que se les haga justicia tras años de estafas y mentiras. La justicia se resume muy rápido: Alquiler Social en base a sus ingresos con una duración de 7 años, no 3 como la entidad pretende, a unos importes que se sacan de la manga.

Por ello hoy, en colaboración con el Colectivo Enmedio volvemos a una oficina de Caixabank, para visibilizar de manera distinta y original, a la altura de nuestras anteriores colaboraciones para acabar con el mal, las políticas antisociales de este banco rescatado con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Ese rescate debe servir para dar una segunda oportunidad a las familias y no para usar sus hogares, una vez arrebatados, para engrosar sus beneficios vendiéndolos a fondos buitre, en este caso Coral Homes.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatori DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecerle a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir las leyes, tanto autonómicas como estatales.

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos soluciones. 

Llevamos 10 años en lucha, demostrando la legitimidad de nuestras demandas, hemos cambiado leyes y creado otras nuevas, para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Seguiremos denunciando la situación y peleando hasta lograr una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible y estable para todas.

Las familias no están solas, la PAH tampoco y volvemos a poner a Caixabank en medio del relato. No vamos a permitir un día más que las familias vivan sus vidas en cajas, con el miedo a ser desahuciadas en cualquier momento sin estar preparadas. Preparadas están y seguirán estando para hacer frente a la mafia bancaria que solo quiere especular con sus vidas

#enCAIXAdes

PorPAH_Bcn

#enCAIXAdas, una nueva acción fotográfica en colaboración con el Colectivo Enmedio

Hoy por la mañana nos plantamos delante de una sucursal de Caixabank y mientras Kerly intentaba negociar su alquiler social de 7 años, otras estábamos fuera contando la verdadera historia a los viandantes y a los medios de comunicación que se acercaron.

Creamos un dispositivo de acción fotográfica capaz de dar visibilidad a la situación de Kerly (y de muchas personas más) a partir del uso de la fotonovela. Vidas “encaixadas” (encajadas), con un lugar asignado en la sociedad que no pensamos aceptar. Decidimos contar una historia que nos represente, no la historia que quieren contar de nosotras, que finalmente es la historia de muchas familias engañadas y estafadas por los bancos.

La historia sigue, hoy no conseguimos los 7 años Kerly pero las acciones seguirán hasta conseguirlo. 

#SiSePuede

Gracias al Colectivo Enmedio y a todas las que asististeis al TAF donde surgió la idea de esta acción fotográfica, por hacerla realidad.

#enCAIXAdes
PorPAH_Bcn

Caixabank sigue demostrando su verdadera cara mientras las familias estafadas ven sus vidas en cajas a la espera de ser desahuciadas.

A pesar de todo el esfuerzo invertido por Caixabank para vendernos la moto con su Obra Social, la realidad es que actúan como cualquier otra entidad, estafando primero a las familias para luego adueñarse de su hogar y dejarlas en la calle sin alternativas.26

Llevamos varias semanas en campaña de denuncia contra Caixabank, ejerciendo presión con acciones continuadas y realizando negociaciones junto a las afectadas, como Kerly, Martha e Isabel, a quienes la entidad no está ofreciendo una solución en base a lo que marca la LAU. Esto deja clara cuál es la verdadera cara de Caixabank: vulnerar Derechos fundamentales, violar las leyes que los protegen y extorsionar a las familias con tácticas puramente mafiosas muy alejadas del relato que nos quieren vender son su Obra Social La Caixa.

Las leyes están para cumplirlas y Caixabank no está por encima de ellas. Kerly, Martha, Isabel y tantas otras necesitan que se les haga justicia tras años de estafas y mentiras. La justicia se resume muy rápido: Alquiler Social en base a sus ingresos con una duración de 7 años, no 3 como la entidad pretende a unos importes que se sacan de la manga.

Por ello hoy, en colaboración con el Colectivo Enmedio volvemos a una oficina de Caixabank, para visibilizar de manera distinta y original, a la altura de nuestras anteriores colaboraciones para acabar con el mal, las políticas antisociales de este banco rescatado con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Ese rescate debe servir para dar una segunda oportunidad a las familias y no para usar sus hogares, una vez arrebatados, para engrosar sus beneficios vendiéndolos a fondos buitre, en este caso Coral Homes.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatori DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecer el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir las leyes, tanto autonómicas como estatales.

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos soluciones. 

Llevamos 10 años en lucha, demostrando la legitimidad de nuestras demandas, hemos cambiado leyes y creado otras nuevas, para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Seguiremos denunciando la situación y peleando hasta lograr una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible y estable para todas.

Las familias no están solas, la PAH tampoco y volvemos a poner a Caixabank enmedio del relato. No vamos a permitir un día más que las familias vivan con sus vidas en cajas, con el miedo de ser desahuciadas en cualquier momento sin estar preparadas. Preparadas están y seguirán estando para hacer frente a la mafia bancaria que solo quiere especular con sus vidas.

#enCAIXAdes

PorPAH_Bcn

Reportaje: Vivienda, entre el derecho y la mercancía

Compartim el reportatge publicat originalment a Catalunya Ràdio que tracta la problemàtica actual de l’habitatge i en el què han participat vàries persones de la PAH Barcelona.

Habitatge, entre el dret i la mercaderia

«Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació.”

Article 47 de la Constitució espanyola

Primer va ser el preu de compra i ara el del lloguer. L’encariment de l’habitatge ha abocat molts ciutadans a situacions complicades i, en alguns casos, desesperades: viure en condicions insalubres, triar entre tenir llum o pagar el lloguer, poder permetre’s només una habitació o ocupar un pis buit.

Es calcula que a Catalunya hi ha 11.000 persones sense llar i 53.000 en situació d’exclusió residencial. Això, mentre una Barcelona cada cop més gentrificada es converteix en un pol d’atracció per a inversors de tot el món, incloent-hi companyies com la nord-americana Blackstone, que, amb una inversió de més de 20.000 milions d’euros des del 2012, és el fons amb més propietats immobiliàries d’Espanya.

La gentrificació és un fenomen urbà que expulsa les classes populars dels barris cèntrics. Els veïns de tota la vida són substituïts per persones amb més poder adquisitiu, que volen viure en zones de moda i pròximes a l’oferta cultural i de lleure.

Si a aquest fenomen s’hi suma un turisme massiu, ciutats com Barcelona es converteixen en un caramel per als grans tenidors. Però la tendència a l’alça dels lloguers no només afecta Barcelona. El barri vell de Girona ha vist un augment dels preus de fins al 40%, enmig d’una efervescència turística alimentada per esdeveniments globals com el rodatge de la sèrie “Joc de trons”.

Evolució del preu mitjà dels contractes de lloguer a diversos municipis

Raquel Aparicio, el seu marit i les seves dues filles menors ho van patir de pròpia mà. Després de set intents, els van fer fora del pis on vivien.

La Raquel recorda l’angoixa quan sentia un cop de porta o veia un policia al carrer, i el moment en què l’ordre de marxar va arribar:

“Vaig agafar les nenes i em vaig tancar a l’habitació. No era capaç de pensar.”

Una de les set peticions per fer fora la Raquel era un desnonament obert. Amb el suport de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Observatori Desc i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ha portat el seu cas al Tribunal Constitucional. És el primer sobre un desnonament obert que arriba a aquest òrgan judicial.

La sentència pot trigar dos o tres anys. Malgrat que a la Raquel ja no li servirà, la resolució pot establir un precedent per a altres famílies i suposar un primer pas per, si cal, arribar a la justícia europea.

Mentre espera rebre un pis de la mesa d’emergència, ella i la seva família s’allotgen en un aparthotel que paga l’Ajuntament de Barcelona.

Catalunya va recuperar l’any passat l’anomenada llei antidesnonaments i contra la pobresa energètica, que havia quedat suspesa durant dos anys per un recurs del PP al Constitucional.

Aquesta llei, sorgida d’una ILP, obliga bancs, immobiliàries i fons d’inversió a oferir un lloguer social a les famílies vulnerables i evitar així que es quedin al carrer. L’incompliment els pot comportar sancions. Els particulars n’estan exempts encara que sumin un nombre considerable de propietats.

La legislació, però, no ha comportat les solucions esperades. Per motius diferents, la Manuela, el Juan Carlos, la Fadoua, el Roger o la Míriam no es poden permetre un habitatge digne. Són la cara visible de les disfuncions del sistema.

Clica a cada imatge per saber la seva història:

 

Quan la pensió no arriba per pagar el lloguer

Lloguers massa elevats, pensions precàries i sous insuficients expliquen una part del problema. L’administració hauria d’oferir alternatives, però els seus serveis estan saturats.

L’Albino porta dos anys esperant un pis. Dues dècades treballant a la mina li van provocar bronquitis crònica i silicosi, una inflamació dels pulmons per inhalació de pols de sílice. Una màquina l’ajuda a respirar, però cada dues setmanes ha d’ingressar d’urgències a l’Hospital del Mar.

L’Albino viu de lloguer al Raval en un pis sense ascensor. Cobra una pensió de 1.000 euros i en paga 430 de lloguer gràcies a una ajuda. La seva dona, amb obesitat mòrbida, fa gairebé 2 anys que no surt al carrer perquè no pot baixar les escales. Amb els seus problemes respiratoris, a ell també li costa molt sortir de casa.

Tot i tenir dues pensions, l’Albino i la seva dona no es poden permetre un pis a preu de mercat

Un arquitecte de l’ajuntament va certificar que el pis on s’estaven no era apte i els van acceptar a la mesa d’emergència. Els metges de l’Hospital del Mar van fer informes sobre el seu estat de salut perquè els serveis socials agilitzessin els tràmits, sense resultat: el 27 d’octubre farà dos anys que esperen.

Encara li queda un any de contracte, però l’Albino reconeix que no pot més:

“He de moure cel i terra, però un any més aquí no aguanto, és que no aguanto ni dos mesos!”

Les persones grans són a l’ull de l’huracà. La pensió mitjana a Catalunya és avui d’uns 1.000 euros, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, poc més dels 930 euros que costa un lloguer de mitjana a Barcelona.

Tenir una propietat tampoc no és sinònim de tenir ingressos suficients. Molts pensionistes es veuen obligats a complementar la pensió amb productes com la nua propietat, la renda vitalícia o la hipoteca inversa, opcions que prenen un pis com a garantia. Aquestes fórmules interessen especialment a bancs i inversors perquè els permeten adquirir habitatges a preu de ganga. Abans de contractar-les, convé assessorar-se i mirar bé la lletra petita.

Si es té en compte que el 2030 un de cada quatre catalans tindrà més de 65 anys i que la meitat de les noves llars avui són de lloguer, sembla que el problema tot just acaba de començar.

Els nous damnificats del mercat immobiliari

Tot i que inadequat, l’Albino i la seva dona tenen un sostre i això fa que la seva situació no sigui considerada d’extrema urgència.

Per als casos més greus i de necessitat immediata, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa a finals del 2015 el Servei d’Intervenció en Situacions de Pèrdua de l’Habitatge i Ocupacions (SIPHO). Atén cada setmana uns 70 casos, però en moments punta pot arribar al centenar.

L’objectiu del SIPHO és mediar, acompanyar i orientar les persones afectades per desnonaments per tal d’evitar situacions traumàtiques.

Una tècnica del SIPHO en un desnonament a Nou Barris

Els seus responsables reconeixen que la mediació no sempre és possible i que caldria millorar la coordinació, tant amb els Serveis Socials com amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Els desnonaments són els casos més greus i els que més han sortit als mitjans, però no són l’únic problema ni el més nombrós en relació amb l’accés a l’habitatge. Hi ha un gruix de ciutadans que, tot i tenir un contracte de feina, no es poden permetre un lloguer o una hipoteca. Són el que es coneix com els treballadors pobres. A Catalunya n’hi ha més de mig milió.

Aquesta és la situació de la Yoli. Amb el seu marit a l’atur, el seu sou no era suficient per arribar a final de mes i pagar el pis. Els van desnonar.

Ara treballen tots dos, però no es poden permetre la fiança d’un lloguer.

“És una vergonya. D’on volen que traguem 3.500 euros?”

Viuen en una habitació que els costa 500 euros al mes perquè no compleixen els requisits per accedir a una ajuda al lloguer.

Per beneficiar-se’n, s’ha de cobrar menys de 21.257 euros anuals vivint sol, i pagar menys de 900 euros de lloguer, uns criteris que han quedat obsolets.

La Yoli critica la falta d’opcions per a les persones que no tenen estalvis

Existeixen pisos assequibles?

Si no es compleixen els requisits per accedir a una ajuda, hi ha l’opció d’acudir a la borsa de lloguer social. Són pisos que els propietaris han cedit a l’ajuntament a canvi de garanties i avantatges econòmics, però hi ha molta demanda.

L’altra opció és sol·licitar un habitatge de protecció oficial. En 8 anys, la llista d’espera s’ha doblat. Només l’any passat s’hi van inscriure més de 125.000 famílies, i només se’n van acabar de construir 677 de nous.

Als anys 60, Barcelona disposava de 200.000 pisos de protecció oficial, però ara només en queden 19.000 amb aquesta qualificació. Sense aquesta reducció, l’habitatge públic representaria avui un terç del parc immobiliari de la ciutat.

A la poca oferta s’hi sumen el mal ús i l’abús. L’Ajuntament de Barcelona va començar l’any passat a fer inspeccions d’ofici als pisos de protecció oficial. Dels 2.500 que ha revisat, ha trobat irregularitats en gairebé el 10%.

Els problemes per accedir a un pis han fet que diverses entitats també s’arromanguin per trobar solucions. És el cas de la Fundació Hàbitat3, que busca pisos buits per a famílies vulnerables.

Els propietaris que hi participen cobren entre un 10 i un 20% menys que el preu de mercat a canvi d’un compromís de pagament i que el pis serà retornat en bones condicions. En el cas que sigui necessària una rehabilitació, la Fundació es fa càrrec d’una part.

Els propietaris i les reticències a llogar

A l’altra cara de la moneda hi ha els propietaris, que denuncien pressions i desprotecció.

Montserrat Calvet, advocada, fa més de 20 anys que representa propietaris. Afirma que abans no s’arribava al desnonament perquè s’assolien acords, però ara la situació és molt diferent.

“Moltes vegades és el llogater el que no té interès a parlar amb el propietari i arribar a un acord. Et diuen directament que els interessa que els posis una demanda perquè, d’aquesta manera, a través de l’administració, se’ls escurça el termini per accedir a un pis social.”

El procés judicial per autoritzar un desnonament s’hauria de resoldre en tres mesos, però acaba allargant-se nou mesos de mitjana. Si és un cas complicat, el tràmit pot durar fins a dos anys.

Molts propietaris se senten indefensos davant la lentitud dels processos judicials

Viena, la solució?

Tothom –l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i entitats socials com l’Observatori DESC i el Sindicat de Llogaters – coincideixen que hi ha un problema d’accés a l’habitatge i que caldria construir més habitatge públic, que ara no arriba al 2%.

L’Ajuntament de Barcelona ha comprat 700 pisos per incorporar-los al mercat de lloguer i ha creat la Unitat contra l’Emergència Residencial. “La bona voluntat hi és”, diuen des de la plataforma “Fem Sant Antoni”, però consideren que no n’hi ha prou perquè continua l’expulsió de veïns i de comerços de tota la vida, i no només en aquest barri. La taca s’estén ara al Poble-sec.

Els promotors també demanen fer més habitatge privat i parlen de construir-ne d’assequible, però des de l’Observatori DESC i el Sindicat de Llogaters reclamen com a necessària la regulació.

L’arquitecte David Bravo, expert en gentrificació, defensa un canvi de paradigma i proposa com a inspiració el model de Viena. A la capital austríaca hi ha un terç d’habitatge de lloguer públic, un terç gestionat per cooperatives i un terç de lloguer privat regulat.

La gran pregunta és: Com es pot aplicar aquest model aquí? Als anys 60 el parc de lloguer a Barcelona era del 70% i el de propietat de 30%. Ara és tot el contrari. David Bravo creu que és possible revertir els percentatges perquè, a més dels habitatges i locals infrautilitzats, hi ha prou sòl per construir pisos nous; per exemple, els terrenys municipals de la Fira de Montjuïc o cobrint les rondes.

Per frenar la pujada de preus, la Generalitat ha aprovat via decret aplicar topalls als lloguers. Es pren com a límit l’índex de referència, és a dir, el preu mitjà de la zona, calculat a partir dels contractes dipositats a l’Incasòl i afegint-hi un 10%. No hi ha sancions per als propietaris que se saltin les limitacions del decret. Els llogaters que paguin per sobre del topall podran reclamar la diferència amb la mediació de la Generalitat o per via judicial.

La normativa sembla no convèncer a ningú. Les plataformes pel dret a l’habitatge creuen que les excepcions del decret el converteixen en paper mullat i els propietaris tornen a sentir-se desprotegits.

El Banc d’Espanya ja ha dit que desaconsella aquest tipus de mesures perquè fan que hi hagi menys pisos de lloguer disponibles. Experiències prèvies tampoc no han funcionat. París i Berlín van intentar regular els preus de lloguer, sense èxit.

Les discrepàncies fan que la pilota torni a estar a la teulada de les administracions. D’elles dependrà frenar l’especulació i garantir a tots els ciutadans el dret a l’habitatge.

CRÈDITS:

Edició: Carla Pedret i Laia Ortega
Redacció: Laia Ortega, Carla Pedret, Eva Pineda, Jordi Canal, Maria Rovira i Nati Adell
Coordinació de disseny: Sílvia Costa
Disseny i maquetació: Mercè Sabanés

 

PorPAH_Bcn

Exigimos sanciones a bancos y fondos buitre que desahucian, ¡y la movilización inmediata de sus viviendas vacías!

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015.

Hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que ha puesto una sanción a un gran tenedor de vivienda del Raval por no haber hecho la obligatoria oferta de alquiler social a una familia vulnerable antes de ordenar el desalojo y, por otra parte, una expropiación forzosa del uso de un piso vacío del BBVA en el barrio del Besòs por 10 años. También se ha hecho público que existen 7 expedientes más de expropiación en pisos de Caixabank, Sareb, BBVA y Bankia, y que hay 300 casos más detectados donde se debe ofrecer alquiler social para evitar desahucios, y que si no se ofrece, también se actuará.

Es una buena noticia que se sancione a los grandes tenedores por incumplir sus obligaciones legales con los desahucios, y que se utilicen las herramientas existentes para aumentar el parque de vivienda social movilizando los miles de viviendas vacías existentes. Según nos consta, se trata de las dos primeras actuaciones de este tipo en Cataluña.

Hay que tener presente que la ley que rompió por primera vez en todo el Estado la impunidad de los bancos a la hora de desahuciar cuando tienen cientos de miles de viviendas vacías, es la Ley 24/2015, aprobada gracias a la lucha incansable de las entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda digna. La Ley 4/2016 se aprobó después de que el gobierno de Rajoy suspendiera la 24/2015, nacida de la ILP Vivienda. Y no solo eso, sino que también la salvamos del intento del PP y la banca, de enterrarla a través de su impugnación en el Tribunal Constitucional.

Gracias a 3 años de lucha imparable y después de recuperar las leyes a principios de 2019, las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca y el Grupo Promotor hicimos una primera acción en todos los municipios de Cataluña exigiendo a los bancos, ayuntamientos y juzgados el cumplimiento íntegro de sus medidas. Además, el pasado mes de abril nos reunimos con el President Quim Torra para exigirle lo mismo, y posteriormente se han realizado numerosas reuniones con los Departamentos de Territorio, Asuntos Sociales, y Empresa, para asegurar la aplicación valiente y plena de la 24/2015, tanto la parte de vivienda como la parte de pobreza energética.

Cada día hay 45 desahucios en Cataluña, y el alquiler social obligatorio se debe ofrecer en todos aquellos lanzamientos hipotecarios y por impago de alquiler de grandes tenedores que afecten a familias en exclusión residencial, es decir, que tengan ingresos inferiores al 2’5 del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). Por lo tanto, miles de familias han de firmar anualmente alquileres sociales ofrecidos por la banca, fondos buitre y grandes propietarios, que eviten su desahucio (13.941 perdieron su vivienda en Cataluña en 2018 y 3.557 en el primer trimestre de 2019).

Los desahucios de pequeños propietarios también están cubiertos por la Ley 24/2015, a través de la obligación de realojo obligatorio por parte de las administraciones (Generalitat y ayuntamientos) y de las herramientas de movilización de vivienda vacía de bancos y fondos buitre para alquiler social. Esta obligación está siendo incumplida de forma sistemática y a diario, y lo demuestran las más de 2.000 familias que esperan una vivienda en las Mesas de emergencia en todo Cataluña: ¡necesitamos movilizar las miles de viviendas vacías de bancos y fondos buitres que no cumplen su función social!

Para acabar, exigimos las siguientes medidas:

  • A todos los ayuntamientos de Cataluña: más allá de este primer expediente de sanción, es imprescindible y obligatorio que controlen todas las ofertas de alquiler social obligatorias que se deben hacer, sancionando de forma inmediata si se incumplen y dando señales inequívocas de que la ley no se puede obviar y vulnerar.
  • Al Ayuntamiento de Barcelona: que imponga la sanción máxima en este primer caso y en los que vengan. Las leyes dicen muy claramente que no puede resultar más beneficioso recibir una sanción que incumplir la ley (art. 28 Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público), y que si el beneficio de incumplir es superior al importe de la multa, este puede ser incrementado hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido (art. 118 de la Ley del derecho a la vivienda). Por lo tanto, la sanción máxima y su incremento vienen justificadas por la rentabilidad que los fondos buitre y las entidades bancarias extraen de los alquileres abusivos.
  • A la Generalitat: que ponga las herramientas con urgencia para poder aplicar otra medida importantísima para movilizar, la cesión obligatoria de las viviendas vacías de la banca a los precios de alquiler social que marca la Ley 24/2015. En este momento el Grupo promotor ya ha hecho una propuesta al Departamento de Territorio para que se pueda aplicar por parte de los ayuntamientos, que deberá ser aprobada lo antes posible.

Aprovechamos para anunciar, que el próximo 11 de julio tendremos una nueva reunión con el President Torra, para valorar si desde abril se han hecho los avances necesarios para garantizar la aplicación al 100% de la Ley 24/2015.

Exigimos sanciones a bancos y fondos buitre que desahucian, ¡y la movilización inmediata de sus viviendas vacías! ¡Hace falta una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015 y la protección del derecho a la vivienda!

PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona ocupa el Instituto Municipal de Servicios Sociales para exigir realojos dignos a familias desahuciadas que se encuentran en pensiones

La Ley 24/2015 obliga a las administraciones a realojar a las familias desahuciadas, y ayuntamientos y Generalitat lo están incumpliendo.

Hoy viernes 21 de junio de 2019 la PAH de Barcelona ha ocupado la sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona para reclamar un realojo digno a familias desahuciadas que hoy en día se encuentren en pensiones y/o albergues sin un lugar donde poder hacer los deberes sus hijas, poder cocinar para comer caliente ni poder hacer una vida digna mientras están a la espera del piso de la mesa de emergencia o de una solución definitiva. Este realojo temporal, que se hace por no tener pisos de la mesa de emergencia, está gestionado por la empresa Snow Travel, que selecciona pensiones para las familias desahuciadas arbitrariamente sin ver las necesidades de la familia y las va moviendo de pensión en pensión como es el caso de la familia de la Chaymae o la de Teresa. Aquí podéis ver los requerimientos y convenio firmado con la Generalitat de Cataluña.

Recordemos que la Ley 24/2015 obliga en su articulado, nunca suspendido, en el artículo 5.6 que: «Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía de realojo lo tiene que acordar la Generalitat con la Administración local para los casos en que las mesas de valoración que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales. Hoy en día este artículo se está incumpliendo por parte de las administraciones locales como Barcelona y por parte de la Generalitat que está dejando a las familias desahuciadas sin este realojo y responsabilizando a los movimientos sociales como la PAH a buscar soluciones para las familias.

Desde la PAH, una vez más, vamos más allá y proponemos soluciones para hacerle frente. Concretamente exigimos la convocatoria del Consejo Social de la vivienda de Barcelona para reabrir y trabajar los protocolos de acceso a la mesa de emergencia y los realojos en casos específicos como son los procedimientos de desahucios abiertos y de pequeño tenedor. El pasado mes de mayo preguntamos a los partidos políticos que se presentaban a la alcaldía de Barcelona sobre estos temas y otros que creemos urgente abordar. La respuesta mayoritaria es de hacerles frente. Ahora, con un nuevo gobierno, exigimos que nos pongamos a trabajar desde hoy, pues las familias no pueden esperar.

Exigimos para las familias que se encuentran en riesgo de desahucio propuestas de mínimos:

  • Protocolo de acceso a la Mesa de emergencias. Revisión del protocolo para permitir el acceso de muchas familias en situación de vulnerabilidad que actualmente no lo pueden hacer, como son las que provienen de locales o las que han vivido un proceso de separación y la demanda judicial no iba a su nombre.
  • Realojo después de desahucio. Acordar el destino del realojo con antelación a la fecha del desahucio, evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Exigimos el cumplimiento con la Ley 24/2015.
  • Lista de espera de la Mesa de emergencias. Reducción urgente del plazo de espera que actualmente supera los dos años en muchos casos. Es necesario un plan de choque para ponerla a cero.

Sabemos que ante situaciones difíciles hay que poner imaginación y valentía, desde la PAH lo llevamos haciendo desde hace 10 años. Ante esto es necesario que todas las administraciones, entidades, partidos políticos se responsabilicen y que digan abiertamente si continuarán poniendo trabas para salir de esta situación o realmente pondrán todos sus recursos para dejar atrás el ranking de la vergüenza de desahucios que lideramos en el territorio español.

Nosotras lo tenemos claro, mientras siga habiendo cualquier vulneración en el derecho a la vivienda, nos tendrán enfrente. Exigimos una #CiutatPerViure.