Archivo anual diciembre 31, 2019

¡Volvemos el 7 de enero!

Tras un año de lucha y victorias la PAH de Barcelona volvemos el 7 de enero.

2019 ha sido un año de luchas y victorias, hemos conseguido muchos avances para seguir garantizando el derecho a la vivienda, pero no podemos bajar la guardia, sabemos que los lobbies financieros y los banksters seguirán pretendiendo vulnerar nuestros derechos.

Es por eso que nos tomamos unos días de descanso y volvemos el 7 de enero con más fuerza que nunca. Os esperamos a todas en la siguiente asamblea:

  • 🗓 Martes 7 de enero
  • ⌚ 18h
  • 📍 c/ Leiva 44, Barcelona <M> L1 Hostafrancs

¡Tras 10 años de lucha sabemos que #SiSePuede!

[Comunicado] Ampliamos la protección de la Ley 24/2015, adaptándola a las nuevas caras de la emergencia habitacional

Gracias a la presión de las entidades sociales, hemos conseguido introducir en el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno mejoras muy significativas en la Ley 24/2015

Barcelona, 23 de diciembre de 2019

Hoy, lunes 23 de diciembre, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015 de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética estamos en la plaza Sant Jaume de Barcelona, a las puertas del Palau de la Generalitat, para celebrar que hemos conseguido nuevos avances en la Ley 24/2015. Gracias a la presión de las entidades sociales hemos conseguido introducir en el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno mejoras muy significativas en la Ley 24/2015, adaptándola a las nuevas caras de la emergencia habitacional.

Igual que ocurrió con la ILP Vivienda, cuando las afectadas perciben que las leyes responden a las necesidades sociales. Los avances son:

  • Renovación a 7 años de los miles de alquileres sociales firmados al amparo de la Ley 24/2015 por 3 años a partir del 2015, que caducan ahora o que finalicen en el futuro.
  • Protección ante desahucios por extinciones de contrato de familias en exclusión residencial en viviendas de grandes tenedores, ampliando a estos casos las ofertas obligatorias de alquiler social.
  • Alquiler social de 7 años para familias en exclusión residencial que se han quedado en la vivienda, sin título, después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca o alquiler de gran tenedor, o que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de grandes tenedores personas jurídicas, siempre que lleven al menos 6 meses en la vivienda (desde el 23 de junio de 2019) y tengan un informe social favorable.
  • Todos los nuevos alquileres sociales deberán respetar los plazos de la LAU, ampliando los 3 años mínimo de 2015. Por lo tanto, tendremos 10 años (3+7) de protección para los que ya existen, y 14 (7+7) para los que se firmen a partir de ahora. En el caso de viviendas que sean propiedad de personas físicas, el período de protección podrá llegar a los 10 años (5+5).
  • Se fija por ley el precio de la cesión obligatoria de viviendas vacías de banco y fondos buitre a un 40% del precio de la vivienda de protección oficial. Hasta ahora no se podía aplicar esta herramienta de movilización de vivienda vacía porque el Estado retiró el recurso que pesaba sobre el artículo 7 de la Ley 24/2015, poniendo como condición que se definiera objetivamente un precio. Ahora se podrá obligar a los bancos y fondos buitre a ceder los pisos vacíos para alquiler social a precios por debajo del mercado (piso de 65 m² en Barcelona de 150 a 200 €).
  • Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas físicas con más de 15 viviendas, y por tanto protegerá a más arrendatarias con amenaza de desahucio.
  • Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple.

Si no hubiera sido por la acción del Grupo Promotor de la Ley 24/2015, no habríamos conseguido ni de lejos todas estas mejoras. A pesar de todo el esfuerzo, hay medidas que no se han incluido o algunas en las que exigíamos ir más lejos, como son: proteger a las personas que al día siguiente de la entrada en vigor del decreto ley, y que, en el futuro, tengan que acceder a la vivienda de forma precaria ocupando porque no son realojadas por las administraciones, incumpliendo la propia ley; bajar la definición de gran tenedor a todo aquel que tenga en propiedad 10 viviendas; aumentar de 90.000 a 900.000 € las sanciones por incumplimiento de la obligación de hacer ofertas de alquiler social por parte de los grandes tenedores; la renovación de los alquileres sociales hasta que salgamos de la situación de emergencia, y que la obligación de hacer alquiler social en desahucios por extinción de contrato sea permanente y no temporal

La Generalitat no ha aceptado todas las medidas del Grupo Promotor, no obstante las seguiremos exigiendo, tanto en la tramitación del decreto ley como proyecto de ley ‒si esto sucede‒, como denunciando cada vez que, por omisión del Gobierno, queden personas desprotegidas y en la calle. De nuevo han sido las entidades sociales las que no han bajado la guardia, no solo para exigir la aplicación plena de la Ley 24/2015, sino para ampliarla y proteger cada vez a más personas.

En 2015 la fuerza de las entidades sociales conseguimos que el Parlament aprobara la primera ley contra los desahucios y los cortes indiscriminados de suministros de todo el Estado. Una ley pionera y valiente, inspirada en la solidaridad vecinal y ciudadana, para proteger los derechos, que el PP, bajo el dictado de la banca y las eléctricas, impugnó para enterrarla. La lucha de la gente, no solo salvó la parte de pobreza energética del recurso en 2016, sino que, contra todo pronóstico, a finales del 2018 conseguimos que el nuevo Gobierno del PSOE retirara el recurso sobre las medidas más importantes en materia de vivienda. Tras este hito, el Grupo Promotor ha exigido que se diera un nuevo impulso para el cumplimiento íntegro de la ley, tanto en la parte de vivienda como en la de pobreza energética.

En medio de todo este contexto, el Gobierno catalán realizó un primer intento de aprobar un decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en el mes de marzo de este mismo año, haciéndolo, sin embargo, de espaldas a la ciudadanía y con un contenido inaceptable (subida de precios de la VPO y medidas de emergencia mal planteadas y poco ambiciosas). Ante la reacción de denuncia de las entidades sociales y del mundo municipal, el Gobierno se vio forzado a retirar el texto para evitar que fuese tumbado en el Parlamento.

En marzo advertimos que no saldría adelante ningún decreto ley que no recogiera la voz, necesidades y soluciones de quienes sufrimos vulneraciones del derecho a la vivienda cada día y luchamos para revertir la situación. Antes y después del verano nos hemos reunido con el Gobierno para plantear 8 medidas de ampliación de la Ley 24/2015 a través del decreto ley. Hasta el mes de diciembre, el Gobierno ha sido reacio a incluir nuestras demandas. Durante este mes, también hemos trasladado nuestras demandas a los grupos parlamentarios que rechazaron el texto original, para conseguir mejoras en el nuevo intento de aprobarlo.

Estamos muy orgullosas y satisfechas de haber conseguido una nueva victoria importantísima en la protección del derecho a la vivienda. Empezaremos el 2020 con miles de catalanas más protegidas contra los desahucios. Desde hoy damos un aviso a los partidos que formen el nuevo Gobierno del Estado, o a los grupos que pueden impugnar las nuevas medidas: que al igual que hicimos con la 24/2015, ¡no lo vamos a permitir!

Pero también advertimos que no vamos a parar hasta acabar con la emergencia habitacional en Cataluña. Ya tenemos los convenios para que Endesa firme de una vez por todas para enjugar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Seguiremos exigiendo multas de 90.000 euros a todos los grandes tenedores que se salten la obligación de hacer contratos de alquiler social para frenar los desahucios, y seguiremos exigiendo a la Generalitat que cumpla los compromisos adoptados por el President Torra de lanzar una campaña de difusión masiva de los derechos que la ley brinda a la ciudadanía.

Y marcamos un objetivo a corto plazo: hay que poner la Mesa de emergencia a cero, realojando a las 2.500 familias sin derecho a vivienda que hay en Cataluña. Para ello es imprescindible lanzar un Plan de choque contra la emergencia asumido por la Generalitat y los ayuntamientos, junto con la fuerza de las entidades sociales, que ponga a cero la Mesa, que garantice el fin de los desahucios futuros, y que movilice miles de viviendas de la banca y los grandes fondos de inversión para vivienda social.

Desde el Grupo Promotor de la ILP Vivienda estaremos vigilantes para su correcto cumplimiento. Hemos dado un gran paso para garantizar nuestro derecho a la vivienda, y todo aquel que intente vulnerarlo nos encontrará de frente.

La PAH salimos a la calle a denunciar las prácticas abusivas del fondo buitre Blackstone – Anticipa

Ocupamos sus oficinas y filiales en Cataluña, Madrid, Parla, Málaga, Sevilla y Elche para exigir soluciones dignas a las familias

Hoy 13 de diciembre la PAH salimos a la calle a denunciar las prácticas abusivas del fondo buitre Blackstone – Anticipa. En 2015, cuando el fondo había adquirido miles de hipotecas procedentes de Catalunya Caixa y quería desahuciar a miles de familias en Catalunya ya denunciamos las prácticas que está haciendo este fondo buitre. Frente a esta vulneración de derechos la PAH reaccionó y conseguimos legislar una Ley a nivel de Catalunya que obligó a hacer alquileres sociales a miles de familias y a condonar las deudas hipotecarias. Contestamos así: https://www.youtube.com/watch?v=gPGGJpOiseI. Además, organizamos diferentes acciones a nivel estatal e internacional.

Ahora Blackstone y sus filiales han adquirido los pisos del BBVA y ha mutado a diferentes fondos como Budman, Merlin, Clarus… y nos quieren complicar la existencia, pero no lo vamos a permitir. Desde las PAH catalanas cortamos las negociaciones con interlocutoras del fondo buitre porque no teníamos soluciones y nos hacían perder el tiempo. En 2018 con el asesinato de Jordi, un vecino de Cornellà que no pudo pagar el alquiler y acabó lanzándose por la ventana el día que Blackstone lo quiso desahuciar, la PAH sacamos fuerzas para continuar la campaña contra este fondo buitre y luchar por los casos de las familias de la PAH. El mismo día que Jordi, el vecino de Cornellà, se quitaba la vida, estábamos haciendo una acción contra Blackstone. Este año hemos salido a la calle reivindicando soluciones para las familias

En Barcelona tenemos decenas de familias que están en vías de negociación desde junio de este año y que no han avanzado nada, y es por eso que convocamos a una acción estatal. Para unir fuerzas y para luchar juntas por nuestro derecho a la vivienda.

En Madrid Blackstone – Anticipa se niega en rotundo a hacer alquileres sociales de 7 años a compañeras que vienen de daciones en pago del BBVA/Popular. Acosan a llamadas para que entregues las llaves. Las quitas son insuficientes y condicionadas a cláusulas y renuncias abusivas.

En cuanto a FIDERE, SOCIMI «para ganar dinero especulando con la vivienda», han puesto en marcha la expulsión en bloques de vivienda pública que les vendió ilegalmente el PP. Uno concretamente en Carabanchel, donde piden insistentemente la intervención de la UIP (Unidades de Intervención Policial) para desahuciar a inquilinas pero también ocupaciones por necesidad con menores y situaciones dramáticas. Además de las subidas abusivas de renta en bloques de vivienda protegida al acabar la vivienda de protección oficial.

Los ejemplos de Barcelona y Madrid son un reflejo del modus operandi de este fondo buitre, que ejerce en todo el territorio español para seguir especulando sobre el derecho a la vivienda y jugar con la vida de las familias.

Hoy salimos a ocupar sus oficinas para exigir soluciones. En un contexto de fiestas navideñas nos parecía una buena ocasión para llevarles delante la situación de las miles de familias que están destrozando, y decir alto y claro que exigimos:

  • Renovaciones de alquiler social a toda familia vulnerable.
  • Daciones en pago y alquileres sociales a las familias que no han podido pagar su hipoteca y que Blackstone se quedó con la vivienda de las Cajas de ahorros y Bancos rescatados.
  • Quitas para las familias que a día de hoy están pagando su hipoteca y tienen cuotas abusivas.
  • Alquileres sociales a familias que se han visto obligadas a ocupar una vivienda.

Desde la PAH no vamos a parar hasta conseguir que toda familia tenga garantizado su derecho a una vivienda digna, y seguiremos denunciando la situación y poniendo entre la espada y la pared a fondos buitre como Blackstone, que deberían desaparecer.

[Comunicado] En Cataluña hay 49 desahucios al día contabilizados por el CGPJ

Hoy se han hecho públicos los datos del 3º Trimestre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son cifras escalofriantes: 10.177 familias en el Estado español, entre julio y septiembre de este 2019, han sido desahuciadas por no poder pagar su cuota de hipoteca, por no poder pagar su alquiler o bien por extinción del contrato de alquiler. El CGPJ notifica el descenso de los desahucios pero esconde una gran mentira: la realidad de miles de familias que se marchan de su casa antes de pasar por un desahucio, los desahucios invisibles; esto sin olvidar los desahucios no contabilizados, como los de ocupación en precario.

Cataluña continúa siendo líder en el ranking de la vergüenza. En este 2019 se acumulan ya 9.229 desahucios, de los cuales el 69% son provenientes de alquiler.

La emergencia habitacional se ha cronificado en nuestras ciudades porque las administraciones no han estado a la altura al abordar esta situación, y durante años han mirado hacia otro lado hasta que la PAH hizo visible aquello que bancos y lobbies inmobiliarios querían que quedara en silencio. ¡Que no era una crisis, que es una estafa! 10 años después y con un nuevo gobierno en el Estado exigimos leyes ambiciosas como la #LeyViviendaPAH, políticas valientes como el plan de choque de la PAH y destinar dinero en los presupuestos para que se lleve a cabo. Además, sabemos muy bien que desde las autonomías también se puede abordar la emergencia habitacional y hacer políticas valientes. Llevamos ocho meses con una herramienta que pone fin a desahucios de hipoteca y de impago de alquiler y que podría ampliar el parque de nuestras ciudades, y la Generalitat no la está aplicando. Muchos ayuntamientos tampoco. ¡Es inadmisible!

Además, igual que el CGPJ está obviando la petición de la PAH de hacer públicos los datos de los desahucios causados por ocupación en precario, el gobierno de Cataluña no está abordando la situación de miles de familias que se han visto obligadas a escoger entre dormir en la calle u ocupar una vivienda vacía de fondos buitre o de la banca, que estaba incumpliendo su función social. Creemos que es hora de afrontar el problema y exigir que los grandes tenedores que han dejado las viviendas vacías formalicen alquileres sociales con las familias vulnerables.

Queda mucho por hacer y desde la PAH de Barcelona estaremos vigilantes y al pie de la calle para garantizar y exigir el derecho a la vivienda. ¡Porque sí se puede!

Escrache a Núria Marín por incumplir la Ley 24/2015 y dejar a las familias en la calle

Señalizamos a Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, por su sistemático incumplimiento de la Ley 24/2015 al no ofrecer realojos dignos a las familias que han sufrido un desahucio.

Hoy 9 de diciembre, la PAH de Barcelona estamos en el CCCB para hacerle llegar la realidad de la ciudad de Hospitalet de Llobregat a su alcaldesa: Núria Marín. Hacemos acto de presencia en el Consejo General del Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, donde asiste la Sra. Marín como Presidenta de la Diputación de Barcelona, ya que ha sido imposible hablar con ella para afrontar la situación insostenible que se vive en la ciudad en materia de desahucios y realojos. Hacemos constar que hemos hecho una instancia personal en el Ayuntamiento para reunirnos con ella, y a día de hoy no hemos tenido respuesta alguna.

La situación de decenas de familias que participan en las asambleas de la PAH de Barcelona nos ha llevado a acudir a los actos de Núria Marín para hacerle llegar su mala gestión y respuesta a las familias que son desahuciadas sin alternativa habitacional digna, y a la vez poner de manifiesto la mala gestión que se lleva desde el consistorio. Recordamos que Núria Marín y el PSOE llevan gobernando en el municipio más de dos décadas, y que han tenido tiempo suficiente para implantar políticas de vivienda valientes y ambiciosas para revertir la situación de emergencia habitacional. Si no lo han hecho es porque para este consistorio no es una prioridad y denota que no les importa nada la grave situación habitacional de la ciudadanía.

Ponemos nombres a la situación: Juan, Úrsula, Farida, Isabel, Carmen, Ingrid, Helena, Phikria, Nassima, Mohamed, y decenas de familias más que debido a la falta de recursos no han podido acceder a una vivienda, continuar pagando su hipoteca o su alquiler, o han perdido su hogar. La respuesta del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat ha sido nula. Gracias a la presión de la PAH algunas familias ya han podido acceder a un piso de la Mesa de emergencia, pero muchas de ellas son abandonadas a su suerte. Desde la PAH de Barcelona exigimos respuestas claras y contundentes. Denunciamos el incumplimiento sistemático de la Ley 24/2015 por parte de Núria Marín y su equipo de gobierno, donde se explicita claramente que la Administración tiene que realojar a las familias vulnerables. 

El caso de Farida y sus dos hijos es un claro ejemplo. El próximo 12 de diciembre tiene previsto su desahucio, y el Ayuntamiento sigue dándoles la espalda ofreciendo únicamente 3 noches en un hostal o pensión, luego quedarán en la calle sin alternativa habitacional. Creemos que situaciones como la de Farida se pueden prevenir, haciendo unas políticas de vivienda claras y teniendo en cuenta la realidad de las familias, y no  tratándolas como números sino como personas.

Los datos reflejan una parte de la realidad, pero no toda. En el 2018, según el CGPJ, se ejecutaron 549 desahucios, 549 familias que fueron echadas de sus casas sin alternativa habitacional digna. A estos datos se suman los desahucios invisibles y las personas que han tenido que ocupar una vivienda y que han sido desahuciadas. Un fenómeno muy importante en la ciudad de Hospitalet y que se quiere invisibilizar criminalizando a las familias y sin dar respuesta real a la situación. 

Frente a esta situación, hoy estamos señalando a Núria Marín como máxima responsable de ello en Hospitalet de Llobregat. Para que dé respuesta a la familia de Farida y tantas otras, y exigirle que cumpla la ley y ofrezca soluciones reales a la situación de emergencia habitacional de la ciudad.

No es la primera vez que nos encontramos con una situación así del Ayuntamiento de Hospitalet, y no vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos de las personas.

Frente a la inacción y el incumplimiento de la Ley 24/2015 la PAH actúa. ¡Exigimos una solución digna para las familias! ¡Por nuestros derechos, vamos a demostrar que sí se puede!