Archivo mensual febrero 2019

PorPAH_Bcn

El nuevo decreto de alquileres sigue quedándose corto a pesar de las mejoras

La presión de la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos ha logrado ciertas mejoras en un nuevo decreto que sigue poniendo en evidencia la falta de valentía política para hacer frente a los grandes especuladores, obviando de nuevo la tan necesaria regulación de precios y otras medidas para hacer frente a los desahucios sin alternativa.

El Gobierno del PSOE ha hecho públicas sus intenciones de aprobar en el Consejo de Ministros del viernes 1 de marzo, un nuevo decreto de reforma del alquiler que, como era de esperar, conociendo la falta de valentía y voluntad política, sigue quedándose a medio gas a pesar de las mejoras respecto al anterior. La PAH y los Sindicatos de Inquilinas llevamos tiempo presionando y negociando con los partidos para poner sobre la mesa nuestras exigencias, claras y de sentido común, con medidas que realmente pinchen la burbuja y defiendan a las familias. En esta ronda de negociaciones, Fomento no ha encontrado el momento de escucharnos antes de elaborar el borrador, una muestra más del poco interés en escuchar a la ciudadanía.

Ante esta situación, solo podemos ser críticas y lamentar que sea un decreto insuficienteen el que se vuelve a dejar de lado la regulación de precios, medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional y medidas para ampliar el parque público de vivienda. Obligar a los jueces a notificar la situación de las familias a Servicios Sociales, o dar 1 mes de gracia en caso de propietarios físicos y 3 meses de gracia en caso de propietarios jurídicos, no garantiza en absoluto ni la paralización del desahucio ni el realojo una vez ejecutado, incumpliendo las resoluciones del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal de DDHH, y llevamos años reclamando que se cumpla en España. Ya lo advertimos: la única vía para garantizar realojos a las familias desahuciadas ante la falta de parque público de vivienda, es con medidas pensadas para que se movilicen los pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre. Medidas recogidas en la Ley 24/2015, la ley antidesahucios catalana, que marca la obligación de ofrecer alquileres sociales y la cesión de vivienda a la Administración pública. Hablamos de una ley ratificada por el Tribunal Constitucional y que el PSOE, y el resto de partidos políticos excepto el PP, se comprometió por escrito en 2016 a hacer efectiva en todo el Estado. Por otro lado, en lo que a desahucios se refiere, sí hemos conseguido que se reforme la LEC para evitar que el experimento ilegal de los desahucios con fecha abierta deje de extenderse. Ante tal lacra social, qué menos que las familias al menos sepan el día y la hora que van a ser dejadas en la calle e intentar rebajar su sufrimiento. Los desahucios abiertos son una práctica que están empezando a instaurar los jueces catalanes con el único objetivo de evitar que la ciudadanía se autoorganice para evitarlos y así asegurar que se ejecutan. 

La parte positiva de este nuevo decreto es que se mantiene la ampliación de los contratos ‒a 5 años en propietarios particulares y a 7 en grandes propietarios de vivienda‒, y que hemos conseguido frenar las subidas abusivas año a año, una puerta a la especulación que el anterior decreto dejaba abierta y que ahora se cierra con subidas anuales indexadas al IPC. Un pequeño avance pero ineficaz contra la burbuja, ya que no regula los precios abusivos iniciales a los que estamos sometidas en los contratos actuales ni en los que vendrán, ni en la renovación de estos. La única medida para frenar la especulación y pinchar la burbuja sería una regulación de precios a través de índices de tipo municipal que tengan en cuenta el coste de la vida y no los intereses especulativos del mercado. El PSOE, en un nuevo servicio a los buitres, cierra la puerta a este índice, dejándolo en manos de índices estatales y autonómicos, que si algo han demostrado hasta hoy es su total ineficacia.

Los avances más claros planteados en este borrador presentado hoy son: 

  • que los gastos de formalización y gestión del contrato que hasta ahora siempre pagaban las inquilinas e inquilinos, ahora pasen a cargo de la propiedad en caso de personas jurídicas.
  • que la validez del contrato frente a terceros (situaciones de compra-venta, ejecución hipotecaria) en el caso de contratos de 5 y 7 años, deberá ser respetado aunque la vivienda no esté inscrita en el Registro de la Propiedad.
  • que en la recuperación de una vivienda por necesidad del arrendador antes del plazo mínimo, las causas de necesidad deberán constar en el contrato y deberá especificarse cuál de ellas es en el momento de comunicarlo.

La PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos seguiremos peleando por un decreto ley garantista que acabe con la alfombra roja a la especulación. Nuestras exigencias son claras y seguiremos en las calles y en los despachos, decididas a que se nos escuche, y no desfalleceremos hasta conquistar el derecho a la vivienda que lleva tantos años secuestrado por la falta de contundencia política. Sabemos que es posible, que aún estamos a tiempo antes de que se forme un nuevo gobierno, y de no ser así seguiremos marcando a los culpables de la situación, en un año de campañas electorales que aprovecharemos para que nos tengan enfrente, y no doblegarnos hasta revertir la situación. Necesitamos soluciones estructurales y no parches parciales que no afrontan el principal problema que es tratar la vivienda como una mercancía con la que poder especular y no como un bien de primera necesidad con una función social.  

Ya logramos una ley en Cataluña. Ya registramos una Ley en el Congreso, que acabaría con soluciones para combatir la estafa hipotecaria, ampliar el parque público de vivienda, acabar con los desahucios, regular unos alquileres que nos ahogan, y que no se produzcan más cortes de suministro. Una ley que terminó su proceso debido a las elecciones anticipadas, pero que volverá con fuerza, para asegurar una segunda oportunidad a todas las afectadas de la estafa mal llamada crisis, y como garantía de futuro para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna, estable y duradera.

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[Comunicado] Carta dirigida al Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra y a la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau

Hoy queremos hacer llegar la siguiente carta al Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra y a la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau. Las familias no tienen que sufrir la ineficiencia de las dos administraciones a ponerse a trabajar conjuntamente. Desde la PAH lo tenemos claro, somos personas y no números a poner o quitar en unas estadísticas. Exigimos soluciones, solo hace falta voluntad política.


PAH Bcn_CARTA QuimT i AdaC

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Pinchar la burbuja del alquiler aún es posible

La PAH y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos hemos logrado que una mayoría parlamentaria se posicione a favor de un nuevo Decreto Ley. Las elecciones no son excusa: el Gobierno debe impulsar una batería de medidas urgentes en los próximos días, poniéndose del lado de la ciudadanía y no de quienes especulan con la vivienda.

La crisis habitacional en la que seguimos instaladas desde 2008 exige medidas urgentes por parte del Gobierno del Estado. He ahí la premisa con la que la PAH y los Sindicatos de Inquilinas visitamos el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles 20 de febrero. A lo largo de una jornada maratoniana de más de 10 horas, tuvimos ocasión de vernos con los grupos parlamentarios y les trasladamos un mensaje: las disputas preelectorales no pueden retrasar medidas insoslayables.

Porque la situación de injusticia y vulneración de derechos en la que vivimos es de sobras conocida. Debido a las políticas antisociales adoptadas por el Gobierno del PP entre 2012 y 2013, la especulación que habíamos vivido en torno a las hipotecas se trasladó también a los alquileres. Fueron decisiones a medida de la banca y los fondos buitre, que nadie más pedía, y que han tenido consecuencias nefastas. Mientras los beneficios inmobiliarios de unos pocos se han triplicado y alcanzado cotas que no se veían desde 2007, los desahucios se han disparado y ya están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 lanzamientos judiciales al día, uno cada 5 minutos. Mientras los fondos buitre acaparan viviendas a una enorme velocidad, sin precedentes en la historia, el alquiler ya se come más ingresos que en ningún otro país de la OCDE.

Frente a esta realidad de emergencia habitacional, hay que actuar. Aunque la legislatura va llegando a su fin, es perfectamente factible para el Gobierno impulsar un real decreto. Incluso con las Cortes disueltas, tras el 5 de marzo, podría hacerse a través de la Diputación Permanente. Y si es factible impulsar un decreto, también lo es que sea aprobado por una mayoría de grupos, que en principio estaría por la labor de darle apoyo.

Ahora bien, también es necesario que el actual gobierno tenga la valentía de redactar un Decreto Ley mucho más garantista que el anterior, como venimos exigiendo desde el Sindicato de Inquilinas y la PAH. Frente a un sistema de vivienda orientado a hacer de nuestras casas un negocio para una minoría y un motivo de angustia y desesperación para millones de familias, no valen los parches. Por ello, les hemos trasladado a los grupos parlamentarios el conjunto de medidas mínimas y urgentes que deberían incorporar.

1. Stop Desahucios con fecha abierta. El sufrimiento que producen los 165 desahucios diarios en el Estado español no se evitará con un mes de moratoria en la ejecución del lanzamiento, tal y como proponía el Decreto Ley del pasado enero. Hacen falta medidas urgentes para paliar la crisis habitacional y evitar que cada vez haya más gente sin casa. Exigimos, en primer lugar, que se explicite en el Real Decreto que todos los desahucios deben ser notificados con fecha y hora y acabar de una vez con la práctica de los desahucios con fecha abierta, que agravan la tragedia de las personas que los sufren.

2. Stop Desahucios sin alternativa habitacional. En segundo lugar, es fundamental que la Ley 24/2015, aprobada en Cataluña y ratificada por el Tribunal Constitucional, sea implementada en el resto del Estado. Con la finalidad, entre otras, de que los grandes tenedores se hagan cargo de realojar a todas las personas que van a ser desahuciadas por impago de alquiler o hipoteca. Y además, debe ampliarse este deber a los casos en los que los contratos de alquiler se renueven con unas condiciones y precios que los inquilinos no puedan asumir.

3. Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler entre contrato y contrato, basándose en índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo real de la gente. Además, las subidas dentro de un mismo contrato deben estar estrictamente vinculadas al IPC.

4. Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden terminarse de forma unilateral e injustificada. Tienen que renovarse, a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para uso personal o de un familiar. Además, hay que asegurar que un contrato siga vigente cuando hay un cambio de propietario, independientemente de si el contrato estaba inscrito en el registro.

5. Fin de los abusos de los intermediarios: son los arrendadores, para los que trabajan la práctica totalidad de agencias inmobiliarias, los que tienen que asumir sus honorarios. Nunca los hogares inquilinos, hoy un mercado cautivo de los agentes inmobiliarios.

6. Expulsión de los fondos buitre: es imperativo eliminar las Socimi, vehículos financieros que disfrutan de enormes privilegios fiscales, y que permiten que los fondos buitre especulen masivamente con nuestros hogares y sean la punta de lanza de la burbuja.

7. Movilización de las viviendas vacías: en un contexto de emergencia habitacional (165 desahucios cada día) y en un país con 3,4 millones de viviendas vacías según el último censo (INE 2011), hay que empezar a multar e incluso expropiar para garantizar la función social de la vivienda, evitar la escasez artificial y frenar la especulación.

8. Tanteo y Retracto. Las administraciones públicas y el tercer sector han de poder comprar al mismo precio que lo hacen los fondos especulativos, por lo que exigimos que se les dote de esa capacidad.

PorPAH_Bcn

10 años de la PAH, 10 años por el derecho a la vivienda

Este 2019 celebramos 10 años del movimiento y empoderamiento ciudadano en defensa de los Derechos Humanos

Hoy 22 de febrero de 2019 se cumplen 10 años de la primera asamblea que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca realizamos en Barcelona. 10 años de lucha por el derecho a la vivienda desde el estallido de la gran estafa, mal llamada crisis, que nos trajo la especulación y la burbuja inmobiliaria, orquestada por el Gobierno y la banca de este país.

Este fin de semana en Barcelona se llevará a cabo la 25ᵃ asamblea estatal. Más de 400 personas de todo el Estado nos damos cita en el Ateneu Popular de Nou Barris para trabajar y consensuar nuevos retos y la organización del movimiento. Además hemos querido conmemorar estos 10 años de lucha colectiva con unos conciertos abiertos a la ciudadanía que empezarán a las 23h. ¡Vente antes que estaremos por allí!

Nos hubiera gustado no existir, ni entonces ni ahora. Eso significaría que el derecho a la vivienda estaría garantizado, pero la realidad en el territorio español es muy diferente: más de 700.000 ejecuciones hipotecarias en estos 10 años, 280 desahucios al día, tan solo un 1,2% de vivienda pública en el conjunto del Estado, y miles de familias que se dirigen a los Servicios Sociales sin ninguna alternativa habitacional. Frente a esta realidad vemos cómo, a lo largo de estos años, las leyes han podido cambiarse para dar más privilegios a los bancos y a los fondos buitre, inyectando más de 70.000M de € de dinero público para rescatar a bancos que desahucian, y en cambio dejando a las familias en la calle sin una solución habitacional.

Gracias a la PAH, durante estos 10 años nos hemos organizado y empoderado colectivamente. Hemos parado miles de desahucios en la puerta de familias que iban a ser injustamente expulsadas de sus casas. Literalmente hemos salvado vidas. Hemos ocupado entidades bancarias y de la Administración pública para señalarlos como responsables y exigir, a su vez, medidas que realmente tengan en cuenta los derechos de las personas. Hemos impulsado leyes e iniciativas autonómicas tan importantes como la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, que hoy mismo vuelven a estar vigentes los 2 articulos más importantes que la banca y el PP daban por sentenciados. ¿Qué mejor cumpleaños podemos tener? 🙂 Hemos hecho escraches, para señalizar a los culpables, hemos incidido en nuestros municipios, consiguiendo cambios de paradigmas, como en la moción para conseguir un 30% de vivienda pública en Barcelona y ahora exportarla a toda Cataluña y al resto del Estado. Hemos sido capaces de hacer una Propuesta de Ley estatal: la Ley vivienda PAH que seguiremos exigiendo después de las próximas elecciones. La PAH durante estos 10 años ha seguido su actividad en frenética lucha diaria, en cada rincón del Estado donde hay una PAH, para demostrar que el derecho a la vivienda se conquista. Y vaya si lo hemos conquistado: parando desahucios por hipoteca, alquiler u ocupación cada día, consiguiendo miles de daciones en pago, condonaciones de deuda, alquileres sociales y recuperando pisos vacíos de la banca y fondos buitre. Si miramos atrás, la realidad da vértigo. Podemos estar bien orgullosas. Pero en la PAH somos cansinas, muy cansinas, exigentes y nada complacientes, y por eso miramos al futuro con fuerza. La fuerza de las familias para seguir conquistando el derecho a la vivienda. La siguiente cita a corto plazo es conseguir un Real Decreto Ley (RDL) bajo el lema «por el derecho a la vivienda», y exigir al nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril legislar:
la Ley vivienda PAH.

No queremos dejar de agradecer a las miles de personas y colectivos que han estado, siguen estando y estarán poniendo su granito de arena en esta gran familia que es la PAH.

Hoy más que nunca tenemos claro que “no es una crisis, es una estafa”. Sabemos que somos mayoría, y que si nos organizamos tenemos mucho más poder del que nos habían hecho creer. Entre todas hemos demostrado que ¡SÍ SE PUEDE!

Sigamos haciendo posible lo imposible

#10añosPAH

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Nuevo órdago social contra La Sareb

Las PAHs catalanas exigen al banco malo la movilización de sus viviendas, no para uso de la especulación, sí para alquileres sociales y cesión a la Administración pública para ampliar el parque de vivienda asequible

Las Pahs Catalanas se movilizan con el objetivo claro de obtener Recuperadores de la Sareb con poder de decisión en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. A día de hoy se está negando toda negociación a las familias que quieren un alquiler social con la SAREB, cuya única respuesta es derivarlas a las oficinas de Altamira que se encuentran en Madrid, sin darles más datos, teléfonos o correos de con quién poder interlocutar para alcanzar una solución. Esta respuesta está llevando a centenares de familias a la exclusión residencial, familias a las que se les está negando su derecho a una vivienda.

Desde el estallido de la crisis en 2008, en un marco en que el gobierno aseguraba que teníamos «el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», la emergencia habitacional no ha hecho más que aumentar. Entre 2010 y 2012, el Estado español inyectó más de 61 millones de euros de dinero público, de nuestro dinero, para rescatar a la banca. ¿El resultado? Una concentración de capital en manos de unos pocos, que tras la venta y absorción de entidades, no ha hecho más que aumentar el beneficio de la banca, mientras se atenta contra los derechos más básicos de la ciudadanía, que ha visto en estos años cómo se les arrebataban sus hogares a causa de unas leyes criminales, para que pasaran a engrosar la cartera de especulación. Una ciudadanía empujada a la precariedad, a la persecución judicial, a la espada de Damocles ante un posible desahucio o a sufrirlo ‒a día de hoy se siguen produciendo 183 desahucios diarios,  mientras vemos cómo el dinero »prestado» a la banca nunca será devuelto. 

A esto lo llaman “limpiar” o “sanear” el sistema financiero, y dentro de este proceso de »limpieza» se creó la Sareb. La Sareb es conocida como el banco malo, pero en realidad es una inmobiliaria de “activos tóxicos” con los despojos de la burbuja inmobiliaria, de las entidades rescatadas con dinero público. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas o medio acabadas sin vender, la deuda de promotores y constructoras fallidas, son viviendas que habían pasado a manos de la banca, desahucio tras desahucio, subasta tras subasta.

La Sareb, la inmobiliaria más grande de Europa, es una entidad  45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas). Pero en vez de garantizar el derecho a la vivienda para cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en la calle, su objetivo es vender sus activos con un 15% de beneficio antes de 2027, como demuestra la venta producida a finales de 2018 de Témpore, que gestiona un parque de miles de viviendas en alquiler, a los fondos buitre estadounidenses TPG y Are. Esta operación llega en un momento en el cual todos los indicadores alertan sobre un nuevo recalentamiento del mercado inmobiliario, menos de una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria que hundió la economía española desatando una crisis cuyos efectos aún perduran. La apuesta por viviendas de alquiler, con la introducción de nuevas modalidades de comercialización como los pisos turísticos alquilados por días o semanas, convierte a los inmuebles en un bien de inversión rentista que nuevamente está elevando los precios de la vivienda a niveles propios de 2010.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno no pone ni una solución para aumentar el irrisorio 2% de parque publico de vivienda. El Gobierno, incapaz de dar solución a la emergencia habitacional por la falta de vivienda, pero que sigue permitiendo que las entidades financieras tengan en sus manos más de 3.500.000 de pisos vacíos. Soluciones que tienen sobre la mesa gracias a la autoorganización de la ciudadanía, que sufre las consecuencias de esta falta de voluntad política. Soluciones que ya han demostrado su eficacia gracias a la Ley 24/2015 catalana. Una ley que marca la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social y a ceder las viviendas a la Administración pública antes de un desahucio. Una ley que el gran benefactor de la especulación, el Partido Popular, quiso cargarse en 2016 con un recurso de anticonstitucionalidad, pero que gracias a la presión social hemos recuperado recientemente.

Ante el fallo reciente del Constitucional del levantamiento de los artículos suspendidos de la Ley 24/2015, queremos recordarle a la Sareb que están obligados como grandes tenedores a ofrecer un alquiler social. Exigimos se garantice nuestro derecho a una vivienda, queremos que la Sareb deje de ningunearnos, nos escuche, nos atienda y cumpla lo que dicta la Ley. No queremos seguir en el ostracismo, queremos recuperadores claros con quienes interlocutar y poner soluciones.

La ciudadanía ya hemos pagado bastante, ahora llegó el momento de que las viviendas de la Sareb sirvan para dar vida a la gente y no para alimentar a los fondos buitre y a la especulación. Son pisos que se han pagado con dinero público, el nuestro, por eso llevamos mucho tiempo diciéndolo: la Sareb es nuestra. Y por eso mismo reclamamos la cesión de sus pisos al parque público de vivienda, que cesen los desahucios de las familias que habitan pisos del banco malo, y un alquiler social para las familias que han recuperado parte de estas viviendas al no tener más alternativa que esta o la calle. Gracias a nuestra Obra Social PAH y recuperando bloques enteros en manos de la Sareb, demostramos que la ciudadanía organizada puede hacer temblar a Goliat. Bloques en los que centenares de personas pueden vivir dignamente aunque de forma irregular, a la espera de la voluntad por parte de la Sareb, a abrir una mesa de negociación que les permita regularizar su situación. Ya logramos estas demandas con bloques recuperados por la PAH, que gracias a la presión social fueron cedidos a la Generalitat y logramos que todas las familias que los habitaban consiguieran sus contratos de alquiler social en las mismas viviendas, pudiendo así mantener el sentimiento de comunidad.

La acción de hoy da un paso más en la campaña #PorDerechoAVivienda, iniciada por la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos el pasado lunes 18 de febrero, pensada para poner la vivienda en el centro del debate y lograr un Decreto Ley antes de la finalización de esta legislatura, que realmente proteja a las familias, pinche la burbuja y garantice proyectos de vida bajo un techo asequible y estable.

Basta de especulación, de casas sin gente, de gente sin casa, y una medida para poder hacer esto efectivo es tener:

#RecuperadoresDeLaSareb