Monthly Archive febrero 2019

PorPAH_Bcn

Nuestros hogares están en juego

Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue auto organizándose para conquistar sus derechos negados.

La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos PP, del PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda sin involucración del Congreso y de las administraciones públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.
Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos e Internacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por Universidades y expertos nos dan la razón y demuestran como afectan los desahucios en la salud, sobre todo de los niños.

En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde el 2008) en la hiperinflación de los precios de alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o en resumen un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas, para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por todo el mundo.

Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre, que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución si con ello se benefician los fondos buitre, la banca, las socimis…
Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras Asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que si se puede lograr.

El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos el IRPH…, e impidiendo además la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos, y permitiendo en consecuencia que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.
Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá, y seguiremos como siempre: El Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España, y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.

Pero, como siempre, la PAH no se rinde, y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores… etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP, existe la ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PdeCat, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando un alegislación que incluya dichos derechos.

Estos derechos, pasan por dejarse de excusas para llegar al poder, y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y socimis que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!

También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente como siempre hemos hecho, la situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.

Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña denominada “Por el Derecho a la Vivienda”,juntamente con los Sindicatos
de InquilinasI,a la ueque esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales, de todo tipo ya que recordamos la vivienda nos afecta a a todas, para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones, ya iremos informando, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.

La campaña #PorDerechoAVivienda arranca, anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20 y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quien actuar.
Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo como siempre hemos hecho hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos.

PorPAH_Bcn

¡LO HEMOS CONSEGUIDO! ¡HEMOS HECHO POSIBLE LO IMPOSIBLE!

Hemos recuperado las medidas más importantes de la 24/2015 suspendidas por el TC: el alquiler social y la cesión obligatoria de viviendas de los bancos.

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del Gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: el alquiler social obligatorio para parar los desahucios de grandes tenedores, y la cesión obligatoria de vivienda vacía de estos para garantizar el derecho a la vivienda de las personas en situación de exlusión residencial.

El Tribunal Constitucional ya ha notificado al gobierno español y a la Generalitat la sentencia con fecha de 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso que acordaron ambos gobiernos y que el Consejo de Ministros ratificó el pasado noviembre. Estamos a la espera de su publicación en el BOE para su plena vigencia que no puede demorarse más de 30 días y que debería ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata. El Tribunal ha esperado a hacer pública la aceptación del desistimiento a tener la sentencia lista en relación a todos los artículos impugnados y sobre los que no había acuerdo de desistimiento de los dos gobiernos.

El “fallo” acepta el desistimiento del recurso en los artículos 2.2, 5 (apartados 1, 2, 3, 4 y 9), artículo 7, y las disposiciones transitoria segunda y final tercera de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Por otra parte, estima el recurso y declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 3, 4 y de la disposición adicional, relativos al sobreendeudamiento, ya que los gobiernos estatal y catalán, pactaron el desistimiento del articulado de la Ley 4/2016 en este aspecto.

Recuperamos así herramientas tan imprescindibles y efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública con el fin de poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a desahucios. Las mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.

Recuperamos, así, gracias a la lucha incansable de la ciudadanía organizada, las herramientas para el cumplimiento de la función social de la vivienda y para garantizar el derecho a la vivienda para todas, tan sistemáticamente vulnerado. Herramientas reclamadas no solo por las personas afectadas, sino también por los ayuntamientos, colegios profesionales y entidades del tercer sector social.

 

De ahora en adelante exigimos y pedimos:

1. En primer lugar y de manera prioritaria, la paralización de todos los desahucios que afectan a personas en situación de exclusión residencial.

2. Que Generalitat y ayuntamientos destinen el máximo de recursos y esfuerzos para que se aplique plenamente la ley, para realojar y para movilizar vivienda.

3. A la Generalitat:

  • Que se responsabilice de que no se vulnera la ley, y que active inmediatamente los mecanismos para la cesión obligatoria. Las listas de espera en las mesas de emergencia tienen que acabar porque la falta de vivienda ya no puede ser una excusa.
  • Que firme los convenios que obliguen a las suministadoras a asumir las deudas que las familias no pueden asumir.

4. A los ayuntamientos que apliquen desde ya los mecanismos para identificar los pisos vacíos y notifiquen a los grandes tenedores la obligación de cederlos. Asimismo, que sancionen todas aquellas situaciones de incumplimiento de la ley, como no haber hecho la oferta de alquiler obligatorio y los cortes de suministros a familias vulnerables.

Aprovechamos para hacer también un llamamiento a los juzgados para que la apliquen de forma exhaustiva, y a los abogados/as y profesionales de la justicia y del sector social para que la utilicen. Para ello facilitamos un conjunto de documentos útiles en la web de la PAH, así como una guía básica de su aplicación.

Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se dé ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas protejan efectivamente a las personas. Por esto anunciamos acciones intensas en los próximos meses, empezando por el próximo 20 de febrero, día en el que todas las PAHs de Cataluña iremos a los Juzgados y a los ayuntamientos a exigir la paralización por ley de los desahucios de familias vulnerables.

Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero nos dan fuerzas para seguir luchando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Sin embargo, esta gran victoria es un paso más, pero no el final. Continuaremos luchando por la regulación del precio de los alquileres y para que el derecho a la vivienda sea un hecho en todo el Estado con la aprobación de la Ley Vivienda PAH en el Congreso.

Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.

¡Sí se puede!

Documentos útiles Ley 24/2015 de Catalunya

Documentos útiles adaptados a la nueva Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética en Cataluña.

1cat BANCO – Solicitud dación en pago con alquiler social obligatorio (GT)

2cat BANCO – Solicitud alquiler social en caso de procedimiento de ejecuciój hipotecaria/impago del alquiler (por iniciar o en curso a la entrada en vigor de la ley) (GT)

3cat JUZGADO – Solicitud suspensión de lanzamiento hasta que se haga oferta de alquiler (GT)

3.bis JUZGADO – Recurso reposición si nos deniegan la solicitud de suspensión procedimento. (GT)

4cat. AYUNTAMIENTO – Denuncia cuando el GT no ha hecho oferta de alquiler social en caso de dación.(GT)

5cat. AYUNTAMIENTO – Denuncia cuando el GT no ha fecho oferta de alquiler social en caso de procedimiento por impago de alquiler/ejecución hipotecaria.(GT)

6cat. SERVICIOS SOCIALES – Solicitud informe de riesgo de exclusión residencial.

7cat. AYUNTAMIENTO  Solicitud ayudas/realotjo adecuado (PT)

8. JUZGADO- Solicitud suspensión hasta realojo adecuado de la Administración.(PT)

9cat- Modelo de garantía de suministros básicos.

10cat. Tabla Indicador de Renta (IRSC) 2015 para la Ley 24/2015 

PorPAH_Bcn

Kill Blackstone

Un buitre está sobrevolando los hogares donde construimos nuestras vidas.

A golpe de dólar, el fondo de inversión de riesgo Blackstone lleva años engordando su cartera de propiedades a través de la compra de inmuebles y viviendas provenientes de bancos y cajas. Desde su cuartel general en el 345 Park Avenue de Nueva York dirige una espesa red de sociedades interpuestas en paraísos fiscales y pone bajo su ala agencias inmobiliarias, bufetes de abogados, gestorías y otras empresas como ejecutoras de la carnicería.
 
Blackstone aterriza en Cataluña en el año 2012 con la compra de 6.400 millones de hipotecas de Caixa Cataluña (una de las tantas cajas salvadas con dinero público). Con la alfombra roja extendida por las instituciones y el gobierno, este buitre va creciendo, comprando activos a BBVA, Banco Popular, Sareb o Santander, acumulando en activos el valor del 10% del PIB del Estado español.
 
Mediante un entramado de empresas, Blackstone administra pisos, muchos de ellos comprados en medio de procesos de ejecución hipotecaria, negándose a ofrecer soluciones a los hogares en vulnerabilidad. A través de la extorsión y la amenaza, aparecen en la puerta de casa presionando a sus habitantes para que las abandonen. El chantaje es su moneda de cambio y nuestras vidas la carnaza que devora una entidad blindada que nos es lejana e impenetrable.
 
Blackstone se ha hecho el rey de un mercado intervenido y manipulado para que, exento de impuestos, pueda exprimir hasta el último euro de sus contratos. Un fondo que acumula tanto poder y que se siente tan cómodo en las altas esferas que ha amenazado al gobierno con abandonar el país si sale adelante la reforma de alquileres que tiene como finalidad proteger a los inquilinos. No necesitamos a Blackstone buitreando en nuestras vidas, les pedimos que cumplan la amenaza al pie de la letra y abandonen el país.
 
Sin embargo, sabemos que tiene demasiados intereses especulativos para cumplir sus coacciones. Como también sabemos que cualquier buitre necesita una banda con la que poder despedazar. No es suficiente con señalarlos a ellos sino que queremos perseguir a todo el conjunto empresarial que está sosteniendo sus actividades: agencias inmobiliarias, bufetes de abogados, bancos y gestorías. Estas son las formas que toma Blackstone para interactuar con nosotros y que consecuentemente deberán dar la cara por los fondos buitre.
 
Algunas de las caras visibles de Blackstone en Cataluña las hemos conocido a través de Anticipa, la filial encargada de gestionar y administrar sus activos. Encabezada por Eduardo Mendiluce e Isidro Carmona, es la que organiza los tentáculos, a quienes hoy dejamos claro que conocemos su complicidad y que los perseguiremos hasta que Blackstone sea una entidad sin aliados en nuestro territorio.
 
Y como ellos, muchos más: el bufete de abogados Vallés Arbós, representantes legales de Blackstone, son sus defensores en los procesos judiciales en Barcelona contra familias que viven en propiedades de los buitres. La inmobiliaria Finques Amat, agencia que se define como ética pero que pide subidas de alquiler desorbitadas en renovaciones de contrato para permitir a Blackstone seguir especulando con nuestras vidas. La gestoría Tessi Diagonal, que envía agentes a las casas para extorsionar familias con la oferta de unos billetes para abandonar el hogar. O bancos como el BBVA y el Santander, que han vendido miles de casas y familias a los buitres y que llevan años haciendo y deshaciendo en nuestras vidas con impunidad.
 
Venimos a desplumaros y hacer de vuestras plumas carroñeras la insignia de nuestra victoria. La venganza de #KillBlackstone viene a por vosotros.

 

Recordamos el informe que realizamos el año pasado sobre le prácticas de Blackstone en este enllace.
PorPAH_Bcn

El PP: Partido de la corrupción, los desahucios y la cárcel

La PAH lleva años planteando soluciones para realojar a las familias desahuciadas, el PP ha encontrado la más eficaz: una celda calienta durante 3 años y no nos quejemos que encima nos dan de comer y suministros garantizados.

El partido de la corrupción y los desahucios, el PP,  vuelve a la carga contra la gente, proponiendo una reforma de la ley de desahucio exprés del PDeCAT, para que también los estafadores de la banca, los especuladores de los fondos buitre y las socimis puedan utilizar este mecanismo, pero además, incluyendo penas de hasta 3 años de cárcel. Elimina la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, para que la policía  pueda de inmediato, desalojar, sin necesidad de orden judicial, a pesar de que ya la ley del PDeCAT está recurrida ante el TC, entre otros, por este motivo. El PP no solo rescató a la banca con 77.000M de nuestros impuestos sin exigirles ni una sola contrapartida sino que, 10 años después de estallar la crisis económica, continua legislando contra las familias vulnerables, cebándose en el más débil. En el resto de países como Holanda y Estados Unidos la banca ha devuelto, con beneficios, todo lo que se les presto. El PP en cambio quiere que España continúe premiandolos por sus abusos e ilegalidades. 

Como siempre, utilizan como excusa las supuestas mafias de la ocupación para justificar una propuesta, que únicamente va en beneficio de los fondos buitre, las socimis y la banca, que como sabemos, son socios preferentes del PP. El PP, que liberó a las socimis de pagar el impuesto de sociedades, que puso las bases de la actual burbuja del alquiler con su reforma de 2013, que ha vendido vivienda pública a fondos buitre, que vetó la Ley de Vivienda de la PAH cuando era gobierno, que la ha estado bloqueando desde septiembre, que le ha presentado ahora una enmienda a la totalidad para mantener la actual situación de los alquileres.

¿Dónde piensa el PP de Casado que irán las familias desahuciadas? ¿Desaparecerán? En cualquier país de nuestro entorno las familias vulnerables estarían en una vivienda pública. En España, con un vergonzoso 1,5% de vivienda pública, versus el 15% de media Europea, se ven obligadas a ocupar. ¿Es la cárcel lo que entiende el partido más corrupto de Europa como realojo garantizado para las familias más vulnerables? 

En un país en el que sólo durante los 3 primeros trimestres de 2018 se han ejecutado más de 184 desahucios, de media al día, según los datos del CGPJ, donde el parque público de vivienda apenas supera el 1% imposibilitando el realojo de familias desahuciadas, con unos precios de alquiler y de compra de vivienda desbocados y unos salarios devaluados, donde se permiten los desalojos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional, las 184 familias desahuciadas cada día sólo pueden quedarse en la calle, u ocupar alguna de las más de 3,4 millones de casas vacías que según el INE hay en España.

El PP considera que tiene que prevalecer el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda, es decir se olvida del artículo 33.2 de la CE, donde establece que el derecho a la propiedad debe delimitarse a la función social de la misma. Y, con toda la cara, propone encarcelar a la gente que, sin ninguna otra alternativa habitacional ocupe  o recupere las casas cerradas de sus socios.

Este ataque al derecho a la vivienda consigue remacharlo con la actual Ley de crédito Inmobiliario, cuyo texto original de De Guindos blanquea cláusulas abusivas y que ha sido asumido vergonzosamente con retoques por el PSOE -votado por PSOE, PP, C’s, PdCat y PNV- ahora pendiente de debate en el Senado.

Pero la Ley de Vivienda la PAH propone alargar la duración de los contratos de alquiler hasta 10 años, cuando el propietario sea una empresa. Obligar a los grandes tenedores de vivienda (banca, socimis, fondos buitre…) que hayan recibido dinero público por vía de subvenciones, desgravaciones fiscales o rescates a ceder a las Administraciones Públicas el uso de sus casas, injustificadamente desocupadas para que sean utilizadas como Parque Público de Vivienda, para abaratar los alquileres y disponer de vivienda social que hemos financiado.

Pedimos apoyo a las movilizaciones para exigir la tramitación y aprobación inmediata de la Ley de Vivienda de la PAH, para que la vivienda deje de ser un simple bien de consumo más, y se garantice el acceso de todo el mundo.

¡Sí se puede! Por qué ellos defienden los intereses del 1% pero nosotras somos el 99% restante que puede revertir la situación.