Archivo mensual febrero 2019

PorPAH_Bcn

El nuevo decreto de alquileres sigue quedándose corto a pesar de las mejoras

La presión de la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos ha logrado ciertas mejoras en un nuevo decreto que sigue poniendo en evidencia la falta de valentía política para hacer frente a los grandes especuladores, obviando de nuevo, la tan necesaria regulación de precios y otras medidas para hacer frente a los desahucios sin alternativa.

El Gobierno del PSOE ha hecho públicas sus intenciones de aprobar en el Consejo de Ministros del viernes 1 de marzo, un nuevo decreto de reforma del alquiler, que, como era de esperar conociendo la falta de valentía y voluntad política, sigue quedándose a medio gas a pesar de las mejoras respecto al anterior. La PAH y los Sindicatos de Inquilinas llevamos tiempo presionando y negociando con los partidos para poner sobre la mesa nuestras exigencias, claras y de sentido común, con medidas que realmente pinchen la burbuja y defiendan a las familias. En esta ronda de negociaciones, Fomento no ha encontrado el momento de escucharnos antes de elaborar el borrador, una muestra más del poco interés en escuchar a la ciudadanía.

Ante esta situación, solo podemos ser críticas y lamentar que sea un decreto insuficienteen el que se vuelve a dejar de lado la regulación de precios, medidas contra los desahucios sin alternativa habitacional y medidas para ampliar el parque público de vivienda. Obligar a los jueces a notificar la situación de las familias a Servicios Sociales, o dar 1 mes de gracia en caso de propietarios físicos y 3 meses de gracia en caso de propietarios jurídicos, no garantiza en absoluto ni la paralización del desahucio ni el realojo una vez ejecutado, incumpliendo las resoluciones del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal de DDHH, y llevamos años reclamando que se cumpla en España. Ya lo advertimos: la única vía para garantizar realojos a las familias desahuciadas ante la falta de parque público de vivienda, es con medidas pensadas para que se movilicen los pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre. Medidas recogidas en la Ley 24/2015, la ley antidesahucios catalana, que marca la obligación de ofrecer alquileres sociales y la cesión de vivienda a la Administración pública. Hablamos de una ley ratificada por el Tribunal Constitucional y que el PSOE, y el resto de partidos políticos excepto el PP, se comprometió por escrito en 2016 a hacer efectiva en todo el Estado. Por otro lado, en lo que a desahucios se refiere, sí hemos conseguido que se reforme la LEC para evitar que el experimento ilegal de los desahucios con fecha abierta deje de extenderse. Ante tal lacra social, qué menos que las familias al menos sepan el día y la hora que van a ser dejadas en la calle e intentar rebajar su sufrimiento. Los desahucios abiertos son una práctica que están empezando a instaurar los jueces catalanes con el único objetivo de evitar que la ciudadanía se autoorganice para evitarlos y así asegurar que se ejecutan. 

La parte positiva de este nuevo decreto es que se mantiene la ampliación de los contratos -a 5 años en propietarios particulares y a 7 en grandes propietarios de vivienda- y que hemos conseguido frenar las subidas abusivas año a año, una puerta a la especulación que el anterior decreto dejaba abierta y que ahora se cierra con subidas anuales indexadas al IPC. Un pequeño avance, pero ineficaz contra la burbuja, ya que no regula los precios abusivos iniciales a los que estamos sometidas en los contratos actuales, ni en los que vendrán, ni en la renovación de estos. La única medida para frenar la especulación y pinchar la burbuja sería una regulación de precios a través de índices de tipo municipal que tengan en cuenta el coste de la vida y no los intereses especulativos del mercado. El PSOE, en un nuevo servicio a los buitres, cierra la puerta a este índice, dejándolo en manos de índices estatales y autonómicos, que si algo han demostrado hasta hoy es su total ineficacia.

Los avances más claros planteados en este borrador presentado hoy son: 

  • que los gastos de formalización y gestión del contrato que hasta ahora siempre pagaban las inquilinas e inquilinos, ahora pasen a cargo de la propiedad en caso de personas jurídicas.
  • que la validez del contrato frente a terceros(situaciones de compra-venta, ejecución hipotecaria) en el caso de contratos de 5 y 7 años, deberá ser respetado aunque la vivienda no esté inscrita en el Registro de la Propiedad.
  • que en la recuperación de una vivienda por necesidad del arrendador antes del plazo mínimo, las causas de necesidad deberán constar en el contrato y deberá especificarse cuál de ellas es en el momento de comunicarlo.

La PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos seguiremos peleando por un decreto ley garantista que acabe con la alfombra roja a la especulación. Nuestras exigencias son claras y seguiremos en las calles y en los despachos, decididas a que se nos escuche, y no desfalleceremos hasta conquistar el derecho a la vivienda que lleva tantos años secuestrado por la falta de contundencia política. Sabemos que es posible, que aún estamos a tiempo antes de que se forme un nuevo gobierno, y de no ser así seguiremos marcando a los culpables de la situación, en un año de campañas electorales que aprovecharemos para que nos tengan enfrente, y no doblegarnos hasta revertir la situación. Necesitamos soluciones estructurales y no parches parciales que no afrontan el principal problema que es tratar la vivienda como una mercancía con la que poder especular y no como un bien de primera necesidad con una función social. 

Ya logramos una ley en Catalunya. Ya registramos una Ley en el Congreso, que acabaría con soluciones para combatir la estafa hipotecaria, ampliar el parque público de vivienda, acabar con los desahucios, regular unos alquileres que nos ahogan, y que no se produzcan más cortes de suministro. Una ley que terminó su proceso debido a las elecciones anticipadas, pero que volverá con fuerza, para asegurar una segunda oportunidad a todas las afectadas de la estafa mal llamada crisis, y como garantía de futuro para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna, estable y duradera.

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[Comunicado] Carta dirigida a al Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra y a la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau

Hoy queremos hacer llegar la siguiente carta al Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra y a la alcaldesa de Barcelona, la Sra. Ada Colau. Las familias no tienen que sufrir la ineficiencia de las dos administraciones a ponerse a trabajar conjuntamente. Desde la PAH lo tenemos claro, somos personas y no números a poner o quitar en unas estadísticas. Exigimos soluciones, sólo hace falta voluntad política.


PAH Bcn_CARTA QuimT i AdaC

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Pinchar la burbuja del alquiler aún es posible

La PAH y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos hemos logrado que una mayoría parlamentaria se posicione a favor de un nuevo Decreto Ley. Las elecciones no son excusa: el Gobierno debe impulsar una batería de medidas urgentes en los próximos días, poniéndose del lado de la ciudadanía y no de quienes especulan con la vivienda.

La crisis habitacional en la que seguimos instalados desde 2008 exige medidas urgentes por parte del Gobierno del Estado. He ahí la premisa con la que la PAH y los Sindicatos de Inquilinas visitamos el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles 20 de febrero. A lo largo de una jornada maratoniana, de más de 10 horas, tuvimos ocasión de vernos con los grupos parlamentarios y les trasladamos un mensaje: las disputas pre-electorales no pueden retrasar medidas insoslayables.

Porque la situación de injusticia y vulneración de derechos en la que vivimos es de sobras conocida. Debido a las políticas antisociales adoptadas por el Gobierno del PP entre 2012 y 2013, la especulación que habíamos vivido en torno a las hipotecas se trasladó también a los alquileres. Fueron decisiones a medida de la banca y los fondos buitre, que nadie más pedía, y que han tenido consecuencias nefastas. Mientras los beneficios inmobiliarios de unos pocos se han triplicado y alcanzado cotas que no se veían desde 2007, los desahucios se han disparado y ya están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 lanzamientos judiciales al día, uno cada 5 minutos. Mientras los fondos buitre acaparan viviendas a una enorme velocidad, sin precedentes en la historia, el alquiler ya se come más ingresos que en ningún otro país de la OCDE.

Frente a esta realidad de emergencia habitacional, hay que actuar. Aunque la legislatura va llegando a su fin, es perfectamente factible para el Gobierno impulsar un real decreto. Incluso con las Cortes disueltas, tras el 5 de marzo, podría hacerse a través de la Diputación Permanente. Y si es factible impulsar un decreto, también lo es que sea aprobado por una mayoría de grupos, que en principio estaría por la labor de darle apoyo.

Ahora bien, también es necesario que el actual gobierno tenga la valentía de redactar un Decreto Ley mucho más garantista que el anterior, como venimos exigiendo desde el Sindicato de Inquilinas y la PAH. Frente a un sistema de vivienda orientado a hacer de nuestras casas un negocio para una minoría y un motivo de angustia y desesperación para millones de familias, no valen los parches. Por ello, les hemos trasladado a los grupos parlamentarios el conjunto de medidas mínimas y urgentes que debería incorporar.

1. Stop Desahucios con fecha abierta. El sufrimiento que producen los 165 desahucios diarios en el Estado español no se evitará con un mes de moratoria en la ejecución del lanzamiento, tal y como proponía el Decreto Ley del pasado Enero. Hacen falta medidas urgentes para paliar la crisis habitacional y evitar que cada vez haya más gente sin casa. Exigimos, en primer lugar, que se explicite en el Real Decreto que todos los desahucios deben ser notificados con fecha y hora y acabar de una vez con la práctica de los desahucios con fecha abierta, que agravan la tragedia de las personas que los sufren.

2. Stop Desahucios sin alternativa habitacional. En segundo lugar, es fundamental que la ley 24/2015, aprobada en Cataluña y ratificada por el Tribunal Constitucional, sea implementada en el resto del Estado. Con la finalidad, entre otras, de que los grandes tenedores se hagan cargo de realojar a todas las personas que van a ser desahuciadas por impago de alquiler e hipoteca. Y además, debe ampliarse este deber a los casos en los que los contratos de alquiler se renueven con unas condiciones y precios que los inquilinos no puedan asumir.

3. Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler entre contrato y contrato, basándose en índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo real de la gente. Además, las subidas dentro de un mismo contrato deben estar estrictamente vinculadas al IPC.

4. Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden terminarse de forma unilateral e injustificada. Tienen que renovarse a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para uso personal o de un familiar. Además, hay que asegurar que un contrato siga vigente cuando hay un cambio de propietario, independientemente de si el contrato estaba inscrito en el registro.

5. Fin de los abusos de los intermediarios: son los arrendadores, para los que trabajan la práctica totalidad de agencias inmobiliarias, los que tienen que asumir sus honorarios. Nunca los hogares inquilinos, hoy un mercado cautivo de los agentes.

6. Expulsión de los fondos buitre: es imperativo eliminar las socimi, vehículos financieros que disfrutan de enormes privilegios fiscales, y que permiten que los fondos buitre especulen masivamente con nuestros hogares y sean la punta de lanza de la burbuja.

7. Movilización de las viviendas vacías: en un contexto de emergencia habitacional (165 desahucios cada día) y en un país con 3.4 millones de viviendas vacías según el último censo (INE 2011), hay que empezar a multar e incluso expropiar para garantizar la función social de la vivienda, evitar la escasez artificial y frenar la especulación.

8. Tanteo y Retracto. Las administraciones públicas y el tercer sector han de poder comprar la mismo precio que lo hacen los fondos especulativos por lo que exigimos que se les dote de esa capacidad.

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10 años de la PAH, 10 años por el derecho a la vivienda

En 2019 celebramos 10 años del movimiento y empoderamiento ciudadano en defensa de los Derechos Humanos

Hoy 22 de febrero de 2019 se cumplen 10 años de la primera asamblea que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca realizamos en Barcelona. 10 años de lucha por el derecho a la vivienda desde el estallido de la gran estafa, mal llamada crisis, que nos trajo la especulación y la burbuja inmobiliaria, orquestada por el Gobierno y la banca de este país.

Este fin de semana en Barcelona se llevará a cabo la 25a asamblea estatal. Más de 400 personas de todo el territorio nos damos cita en el Ateneu Popular de Nou Barris para trabajar y consensuar nuevos retos y la organización del movimiento. Además hemos querido conmemorar estos 10 años de lucha colectiva con unos conciertos abiertos a la ciudadanía que empezarán a las 23h. ¡Vente antes que estaremos por allí!

Nos hubiera gustado no existir, ni entonces ni ahora. Eso significaría que el derecho a la vivienda estaría garantizado, pero la realidad en el territorio español es muy diferente: más de 700.000 ejecuciones hipotecarias en estos 10 años, 280 desahucios al día, tan solo un 1,2% de vivienda pública en el conjunto del Estado, y miles de familias que se dirigen a los servicios sociales sin ninguna alternativa habitacional. Frente a esta realidad vemos cómo, a lo largo de estos años, las leyes han podido cambiarse para dar más privilegios a los bancos y a los fondos buitre, inyectando más de 70.000M de € de dinero público para rescatar a bancos que desahucian y en cambio dejando a las familias en la calle sin una solución habitacional.

Gracias a la PAH, durante estos 10 años nos hemos organizado y empoderado colectivamente. Hemos parado miles de desahucios en la puerta de familias que iban a ser injustamente expulsadas de sus casas. Literalmente hemos salvado vidas. Hemos ocupado entidades bancarias y de la Administración pública para señalarlos como responsables y exigir, a su vez, medidas que realmente tengan en cuenta los derechos de las personas. Hemos impulsado leyes e iniciativas autonómicas tan importantes como la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética, que hoy mismo vuelven a estar vigentes los 2 articulos más importantes que la banca y el PP daban por sentenciados. ¿Qué mejor cumpleaños podemos tener? 🙂 Hemos hecho escraches, para señalizar a los culpables, hemos incidido en nuestros municipios, consiguiendo cambios de paradigmas como en la moción para conseguir un 30% de vivienda pública en Barcelona y ahora exportarla a toda Cataluña y al resto del Estado. Hemos sido capaces de hacer una Propuesta de Ley estatal: la Ley vivienda PAH que seguiremos exigiendo después de las próximas elecciones. La PAH durante estos 10 años ha seguido su actividad en frenética lucha diaria, en cada rincón del Estado donde hay una PAH, para demostrar que el derecho a la vivienda se conquista. Y vaya si lo hemos conquistado: parando desahucios por hipoteca, alquiler u ocupación cada día, consiguiendo miles de daciones en pago, condonaciones de deuda, alquileres sociales y recuperando pisos vacíos de la banca y fondos buitre. Si miramos atrás, la realidad, da vértigo. Podemos estar bien orgullosas. Pero en la PAH somos cansinas, muy cansinas, exigentes y nada complacientes, y por eso miramos al futuro con fuerza. La fuerza de las familias para seguir conquistando el derecho a la vivienda. La siguiente cita a corto plazo es conseguir un Real Decreto Ley (RDL) bajo el lema «por el derecho a la vivienda», y exigir al nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril legislar
la Ley vivienda PAH.

No queremos dejar de agradecer a las miles de personas y colectivos que han estado, siguen estando y estarán poniendo su granito de arena en esta gran familia que es la PAH.

Hoy más que nunca tenemos claro que “no es una crisis, es una estafa”. Sabemos que somos mayoría, y que si nos organizamos tenemos mucho más poder del que nos habían hecho creer. Entre todas hemos demostrado que ¡SÍ SE PUEDE!

Sigamos haciendo posible lo imposible

#10añosPAH

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Nuevo órdago social contra La Sareb

Las PAHs catalanas exigen al banco malo la movilización de sus viviendas, no en uso de la especulación, sí para alquileres sociales y cesión a la Administración pública para ampliar el parque de vivienda asequible

Las Pahs Catalanas se movilizan con el objetivo claro de obtener Recuperadores de la Sareb con poder de decisión en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. A día de hoy se está negando toda negociación a las familias que quieren un alquiler social con la SAREB, cuya única respuesta es derivarlas a las oficinas de Altamira que se encuentran en Madrid, sin darles más datos, teléfonos o correos de con quién poder interlocutar para alcanzar una solución. Esta respuesta está llevando a centenares de familias a la exclusión residencial, familias a las que se les está negando su derecho a una vivienda.

Desde el estallido de la crisis en 2008, en un marco en que el gobierno aseguraba que teníamos «el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», la emergencia habitacional no ha hecho más que aumentar. Entre 2010 y 2012, el Estado español inyectó más de 61 millones de euros de dinero público, de nuestro dinero, para rescatar a la banca. ¿El resultado? Una concentración de capital en manos de unos pocos, que tras la venta y absorciones de entidades, no ha hecho más que aumentar el beneficio de la banca, mientras se atenta contra los derechos más básicos de la ciudadanía, que ha visto en estos años cómo se les arrebataban sus hogares a causa de unas leyes criminales, para que pasaran a engrosar la cartera de especulación. Una ciudadanía empujada a la precariedad, a la persecución judicial, a la espada de Damocles ante un posible desahucio o a sufrirlo –a día de hoy se siguen produciendo 183 desahucios diarios-,  mientras vemos cómo el dinero »prestado» a la banca nunca será devuelto. 

A esto lo llaman “limpiar” o “sanear” el sistema financiero, y dentro de este proceso de »limpieza» se creó la Sareb. La Sareb es conocida como el banco malo, pero en realidad es una inmobiliaria de “activos tóxicos” con los despojos de la burbuja inmobiliaria, de las entidades rescatadas con dinero público. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas o medio acabadas sin vender, la deuda de promotores y constructoras fallidas, son viviendas que habían pasado a manos de la banca, desahucio tras desahucio, subasta tras subasta.

La Sareb, la inmobiliaria más grande de Europa, es una entidad  45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas). Pero en vez de garantizar el derecho a la vivienda para cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en la calle, su objetivo es vender sus activos con un 15% de beneficio antes de 2027, como demuestra la venta producida a finales de 2018 de Témpore, que gestiona un parque de miles de viviendas en alquiler, a los fondos buitre estadounidenses TPG y Are. Esta operación llega en un momento en el cual todos los indicadores alertan sobre un nuevo recalentamiento del mercado inmobiliario, menos de una década después del estallido de la burbuja inmobiliaria que hundió la economía española desatando una crisis cuyos efectos aún perduran. La apuesta por viviendas de alquiler, con la introducción de nuevas modalidades de comercialización como los pisos turísticos alquilados por días o semanas, convierte a los inmuebles en un bien de inversión rentista que nuevamente está elevando los precios de la vivienda a niveles propios de 2010.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno no pone ni una solución para aumentar el irrisorio 2% de parque publico de vivienda. El Gobierno, incapaz de dar solución a la emergencia habitacional por la falta de vivienda, pero que sigue permitiendo que las entidades financieras tengan en sus manos más de 3.500.000 de pisos vacíos. Soluciones que tienen sobre la mesa gracias a la autoorganización de la ciudadanía, que sufre las consecuencias de esta falta de voluntad política. Soluciones que ya han demostrado su eficacia gracias a la Ley 24/2015 catalana. Una ley que marca la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social y a ceder las viviendas a la Administración pública antes de un desahucio. Una ley que el gran benefactor de la especulación, el Partido Popular, quiso cargarse en 2016 con un recurso de anticonstitucionalidad, pero que gracias a la presión social hemos recuperado recientemente.

Ante el fallo reciente del Constitucional del levantamiento de los artículos suspendidos de la Ley 24/2015, queremos recordarle a la Sareb que están obligados como grandes tenedores a ofrecer un alquiler social. Exigimos se garantice nuestro derecho a una vivienda, queremos que la Sareb deje de ningunearnos, nos escuche, nos atienda y cumpla lo que dicta la Ley. No queremos seguir en el ostracismo, queremos recuperadores claros con quienes interlocutar y poner soluciones.

La ciudadanía ya hemos pagado bastante, ahora llegó el momento de que las viviendas de la Sareb sirvan para dar vida a la gente y no para alimentar a los fondos buitre y a la especulación. Son pisos que se han pagado con dinero público, el nuestro, por eso llevamos mucho tiempo diciéndolo: la Sareb es nuestra. Y por eso mismo reclamamos la cesión de sus pisos al parque público de vivienda, que cesen los desahucios de las familias que habitan pisos del banco malo, y un alquiler social para las familias que han recuperado parte de estas viviendas al no tener más alternativa que esta o la calle. Gracias a nuestra Obra Social PAH y recuperando bloques enteros en manos de la Sareb, demostramos que la ciudadanía organizada puede hacer temblar a Goliat. Bloques en los que centenares de personas pueden vivir dignamente aunque de forma irregular, a la espera de la voluntad por parte de la Sareb, a abrir una mesa de negociación que les permita regularizar su situación. Ya logramos estas demandas con bloques recuperados por la PAH, que gracias a la presión social fueron cedidos a la Generalitat y logramos que todas las familias que los habitaban consiguieran sus contratos de alquiler social en las mismas viviendas, pudiendo así mantener el sentimiento de comunidad.

La acción de hoy da un paso más en la campaña #PorDerechoAVivienda, iniciada por la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos el pasado lunes 18 de febreropensada para poner la vivienda en el centro del debate y lograr un Decreto Ley, antes de la finalización de esta legislatura, que realmente proteja a las familias, pinche la burbuja y garantice proyectos de vida bajo un techo asequible y estable.

Basta de especulación, de casas sin gente, de gente sin casa, y una medida para poder hacer esto efectivo es tener

#RecuperadoresDeLaSareb

 

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ROUND 1: ¡HEMOS HECHO POSIBLE LO IMPOSIBLE! Ahora toca velar por su aplicación por parte de los juzgados

Hemos recuperado las medidas más importantes de la Ley 24/2015 suspendidas por el TC. Exigimos su aplicación inmediata y que se paren los desahucios

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a los desahucios. Las mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.

El Tribunal Constitucional ya ha notificado al gobierno español y a la Generalitat la sentencia con fecha del 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso que acordaron ambos gobiernos y que el Consejo de Ministros ratificó en noviembre pasado. Estamos a la espera de su publicación en el BOE para su plena vigencia, que no puede demorarse más de 30 días desde la fecha de la sentencia, y que debería ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata. El Tribunal ha esperado a hacer pública la aceptación del desistimiento a tener la sentencia lista en relación a todos los artículos impugnados y sobre los que no había acuerdo de desistimiento de los dos gobiernos.

Hoy nos hacemos presentes ante los juzgados de Cataluña para instarles a que la hagan efectiva y sean garantes de esta ley desde ya y que:

  • Paren todos los procedimientos de desahucio por impago de alquiler y por ejecución hipotecaria interpuestos por grandes tenedores que afectan a personas en situación de exclusión residencial sin alternativa habitacional y exijan al demandante que haga la oferta de alquiler social pertinente.
  • Paren los desahucios de alquiler de vivienda de pequeños tenedores de vivienda que afectan a personas o familias en exclusión residencial sin alternativa habitacional hasta que la Administración pública les haya ofrecido una vivienda en alquiler social.
  • Paren todos los desahucios por ocupaciones en precario denunciadas por grandes tenedores que afectan a personas o familias en exclusión residencial sin alternativa habitacional hasta que éste ofrezca un contrato de alquiler social o las administraciones realojen.
  • Establezcan un protocolo de coordinación efectivo con los ayuntamientos para detectar y evitar los desahucios de las personas o familias más vulnerables, especialmente con menores y personas dependientes, facilitando al mismo tiempo las sanciones de 90.000 euros si los grandes tenedores no hacen las ofertas correspondientes.

Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se produzca ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas, entre ellas la Administración de justicia, protejan efectivamente a las personas.

Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas deben cambiarse, a las que ya no están pero nos dan fuerza para seguir batallando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.

¡Sí se puede!

Carta a los juzgados

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Nuestros hogares están en juego

Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue autoorganizándose para conquistar sus derechos negados.

La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos PP, del PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda sin involucración del Congreso y de las administraciones públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.
Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos e internacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por universidades y expertos nos dan la razón y demuestran cómo afectan los desahucios en la salud, sobre todo de los niños.

En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde 2008), en la hiperinflación de los precios de alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o en resumen un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas, para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por todo el mundo.

Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre, que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución si con ello se benefician los fondos buitre, la banca, las Socimis…
Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras Asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que sí se puede lograr.

El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y Socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos, el IRPH…, e impidiendo además la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos, y permitiendo en consecuencia que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.
Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá, y seguiremos como siempre: El Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España, y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.

Pero, como siempre, la PAH no se rinde, y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores… etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP, existe la Ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PDeCAT, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando una legislación que incluya ichos derechos.

Estos derechos pasan por dejarse de excusas para llegar al poder, y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y Socimis, que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!

También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente como siempre hemos hecho, la situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.

Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña denominada “Por el Derecho a la Vivienda”, junto con los Sindicatos de InquilinasI, a la que esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales de todo tipo -ya que recordamos que la vivienda nos afecta a a todas- para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones -ya iremos informando-, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.

La campaña #PorDerechoAVivienda arranca, anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20 y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quién actuar.
Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo, como siempre hemos hecho, hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos.

PorPAH_Bcn

Nuestros hogares están en juego

Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue autoorganizándose para conquistar sus derechos negados.
La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos PP, del PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda sin involucración del Congreso y de las administraciones  públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.
Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos einternacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por universidades y expertos nos dan la razón y demuestran cómo afectan los desahucios en la salud, sobre todo de los niños.
En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde 2008), en la hiperinflación de los precios de alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o en resumen un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas, para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por todo el mundo.
Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre, que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución si con ello se benefician los  fondos buitre, la banca, las Socimis…
Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras Asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que sí se puede lograr. 
 
El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y Socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos, el IRPH…, e impidiendo además la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos, y permitiendo en consecuencia que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.
Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá, y seguiremos como siempre: El Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España, y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.
Pero, como siempre, la PAH no se rinde, y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores… etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP, existe la Ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PDeCAT, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito https://ilphabitatge.cat/wp-content/uploads/2018/07/InkedCompromisPartits-002_LI.jpg a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando una legislación que incluya dichos derechos.
Estos derechos pasan por dejarse de excusas para llegar al poder, y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y Socimis, que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!
También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente como siempre hemos hecho, la situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.
 
Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña denominada “Por el Derecho a la Vivienda”, junto con los Sindicatos de InquilinasI, a la que esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales de todo tipo –ya que recordamos que la vivienda nos afecta a a todas para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones ya iremos informando, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.
La campaña #PorDerechoAVivienda arranca, anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20 y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quién actuar. 
Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo, como siempre hemos hecho, hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos.
PorPAH_Bcn

¡LO HEMOS CONSEGUIDO! ¡HEMOS HECHO POSIBLE LO IMPOSIBLE!

Hemos recuperado las medidas más importantes de la 24/2015 suspendidas por el TC: el alquiler social y la cesión obligatoria de viviendas de los bancos.

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del Gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, ha permitido «hacer posible lo imposible» y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: el alquiler social obligatorio para parar los desahucios de grandes tenedores, y la cesión obligatoria de vivienda vacía de estos para garantizar el derecho a la vivienda de las personas en situación de exlusión residencial.

El Tribunal Constitucional ya ha notificado al gobierno español y a la Generalitat la sentencia con fecha de 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso que acordaron ambos gobiernos y que el Consejo de Ministros ratificó el pasado noviembre. Estamos a la espera de su publicación en el BOE para su plena vigencia que no puede demorarse más de 30 días y que debería ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata. El Tribunal ha esperado a hacer pública la aceptación del desistimiento a tener la sentencia lista en relación a todos los artículos impugnados y sobre los que no había acuerdo de desistimiento de los dos gobiernos.

El «fallo» acepta el desistimiento del recurso en los artículos 2.2, 5 (apartados 1, 2, 3, 4 y 9), artículo 7, y las disposiciones transitoria segunda y final tercera de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Por otra parte, estima el recurso y declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 3, 4 y de la disposición adicional, relativos al sobreendeudamiento, ya que los gobiernos estatal y catalán, pactaron el desistimiento del articulado de la Ley 4/2016 en este aspecto.

Recuperamos así herramientas tan imprescindibles y efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública con el fin de poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a desahucios. Las mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.

Recuperamos, así, gracias a la lucha incansable de la ciudadanía organizada, las herramientas para el cumplimiento de la función social de la vivienda y para garantizar el derecho a la vivienda para todas, tan sistemáticamente vulnerado. Herramientas reclamadas no solo por las personas afectadas, sino también por los ayuntamientos, colegios profesionales y entidades del tercer sector social.

 

De ahora en adelante exigimos y pedimos:

1. En primer lugar y de manera prioritaria, la paralización de todos los desahucios que afectan a personas en situación de exclusión residencial.

2. Que Generalitat y ayuntamientos destinen el máximo de recursos y esfuerzos para que se aplique plenamente la ley, para realojar y para movilizar vivienda.

3. A la Generalitat:

  • Que se responsabilice de que no se vulnera la ley, y que active inmediatamente los mecanismos para la cesión obligatoria. Las listas de espera en las mesas de emergencia tienen que acabar porque la falta de vivienda ya no puede ser una excusa.
  • Que firme los convenios que obliguen a las suministadoras a asumir las deudas que las familias no pueden asumir.

4. A los ayuntamientos que apliquen desde ya los mecanismos para identificar los pisos vacíos y notifiquen a los grandes tenedores la obligación de cederlos. Asimismo, que sancionen todas aquellas situaciones de incumplimiento de la ley, como no haber hecho la oferta de alquiler obligatorio y los cortes de suministros a familias vulnerables.

Aprovechamos para hacer también un llamamiento a los juzgados para que la apliquen de forma exhaustiva, y a los abogados/as y profesionales de la justicia y del sector social para que la utilicen. Para ello facilitamos un conjunto de documentos útiles en la web de la PAH, así como una guía básica de su aplicación.

Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se dé ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas protejan efectivamente a las personas. Por esto anunciamos acciones intensas en los próximos meses, empezando por el próximo 20 de febrero, día en el que todas las PAHs de Cataluña iremos a los Juzgados y a los ayuntamientos a exigir la paralización por ley de los desahucios de familias vulnerables.

Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero nos dan fuerzas para seguir luchando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Sin embargo, esta gran victoria es un paso más, pero no el final. Continuaremos luchando por la regulación del precio de los alquileres y para que el derecho a la vivienda sea un hecho en todo el Estado con la aprobación de la Ley Vivienda PAH en el Congreso.

Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.

¡Sí se puede!

Documentos útiles Ley 24/2015 de Catalunya

Documentos útiles adaptados a la nueva Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética en Cataluña.

1cat BANCO – Solicitud dación en pago con alquiler social obligatorio (GT)

2cat BANCO – Solicitud alquiler social en caso de procedimiento de ejecuciój hipotecaria/impago del alquiler (por iniciar o en curso a la entrada en vigor de la ley) (GT)

3cat JUZGADO – Solicitud suspensión de lanzamiento hasta que se haga oferta de alquiler (GT)

3.bis JUZGADO – Recurso reposición si nos deniegan la solicitud de suspensión procedimento. (GT)

4cat. AYUNTAMIENTO – Denuncia cuando el GT no ha hecho oferta de alquiler social en caso de dación.(GT)

5cat. AYUNTAMIENTO – Denuncia cuando el GT no ha fecho oferta de alquiler social en caso de procedimiento por impago de alquiler/ejecución hipotecaria.(GT)

6cat. SERVICIOS SOCIALES – Solicitud informe de riesgo de exclusión residencial.

7cat. AYUNTAMIENTO  Solicitud ayudas/realotjo adecuado (PT)

8. JUZGADO- Solicitud suspensión hasta realojo adecuado de la Administración.(PT)

9cat- Modelo de garantía de suministros básicos.

10cat. Tabla Indicador de Renta (IRSC) 2015 para la Ley 24/2015 

PorPAH_Bcn

Kill Blackstone

Un buitre está sobrevolando los hogares donde construimos nuestras vidas.

A golpe de dólar, el fondo de inversión de riesgo Blackstone lleva años engordando su cartera de propiedades a través de la compra de inmuebles y viviendas provenientes de bancos y cajas. Desde su cuartel general en el 345 Park Avenue de Nueva York dirige una espesa red de sociedades interpuestas en paraísos fiscales y pone bajo su ala agencias inmobiliarias, bufetes de abogados, gestorías y otras empresas como ejecutoras de la carnicería.
 
Blackstone aterriza en Cataluña en el año 2012 con la compra de 6.400 millones de hipotecas de Caixa Cataluña (una de las tantas cajas salvadas con dinero público). Con la alfombra roja extendida por las instituciones y el gobierno, este buitre va creciendo, comprando activos a BBVA, Banco Popular, Sareb o Santander, acumulando en activos el valor del 10% del PIB del Estado español.
 
Mediante un entramado de empresas, Blackstone administra pisos, muchos de ellos comprados en medio de procesos de ejecución hipotecaria, negándose a ofrecer soluciones a los hogares en vulnerabilidad. A través de la extorsión y la amenaza, aparecen en la puerta de casa presionando a sus habitantes para que las abandonen. El chantaje es su moneda de cambio y nuestras vidas la carnaza que devora una entidad blindada que nos es lejana e impenetrable.
 
Blackstone se ha hecho el rey de un mercado intervenido y manipulado para que, exento de impuestos, pueda exprimir hasta el último euro de sus contratos. Un fondo que acumula tanto poder y que se siente tan cómodo en las altas esferas que ha amenazado al gobierno con abandonar el país si sale adelante la reforma de alquileres que tiene como finalidad proteger a los inquilinos. No necesitamos a Blackstone buitreando en nuestras vidas, les pedimos que cumplan la amenaza al pie de la letra y abandonen el país.
 
Sin embargo, sabemos que tiene demasiados intereses especulativos para cumplir sus coacciones. Como también sabemos que cualquier buitre necesita una banda con la que poder despedazar. No es suficiente con señalarlos a ellos sino que queremos perseguir a todo el conjunto empresarial que está sosteniendo sus actividades: agencias inmobiliarias, bufetes de abogados, bancos y gestorías. Estas son las formas que toma Blackstone para interactuar con nosotros y que consecuentemente deberán dar la cara por los fondos buitre.
 
Algunas de las caras visibles de Blackstone en Cataluña las hemos conocido a través de Anticipa, la filial encargada de gestionar y administrar sus activos. Encabezada por Eduardo Mendiluce e Isidro Carmona, es la que organiza los tentáculos, a quienes hoy dejamos claro que conocemos su complicidad y que los perseguiremos hasta que Blackstone sea una entidad sin aliados en nuestro territorio.
 
Y como ellos, muchos más: el bufete de abogados Vallés Arbós, representantes legales de Blackstone, son sus defensores en los procesos judiciales en Barcelona contra familias que viven en propiedades de los buitres. La inmobiliaria Finques Amat, agencia que se define como ética pero que pide subidas de alquiler desorbitadas en renovaciones de contrato para permitir a Blackstone seguir especulando con nuestras vidas. La gestoría Tessi Diagonal, que envía agentes a las casas para extorsionar familias con la oferta de unos billetes para abandonar el hogar. O bancos como el BBVA y el Santander, que han vendido miles de casas y familias a los buitres y que llevan años haciendo y deshaciendo en nuestras vidas con impunidad.
 
Venimos a desplumaros y hacer de vuestras plumas carroñeras la insignia de nuestra victoria. La venganza de #KillBlackstone viene a por vosotros.

 

Recordamos el informe que realizamos el año pasado sobre le prácticas de Blackstone en este enllace.