Archivo mensual febrero 20, 2019

Hemos recuperado las medidas más importantes de la Ley 24/2015 suspendidas por el TC. Exigimos su aplicación inmediata y que se paren los desahucios

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a los desahucios. Las Mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.

El Tribunal Constitucional ya ha notificado al gobierno español y a la Generalitat la sentencia con fecha del 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso que acordaron ambos gobiernos y que el Consejo de Ministros ratificó en noviembre pasado. Estamos a la espera de su publicación en el BOE para su plena vigencia, que no puede demorarse más de 30 días desde la fecha de la sentencia, y que debería ser urgente, teniendo en cuenta la importancia social de su aplicación inmediata. El Tribunal ha esperado a hacer pública la aceptación del desistimiento a tener la sentencia lista en relación a todos los artículos impugnados y sobre los que no había acuerdo de desistimiento de los dos gobiernos.

Hoy nos hacemos presentes ante los juzgados de Cataluña para instarles a que la hagan efectiva y sean garantes de esta ley desde ya y que:

• Paren todos los procedimientos de desahucio por impago de alquiler y por ejecución hipotecaria interpuestos por grandes tenedores que afectan a personas en situación de exclusión residencial sin alternativa habitacional y exijan al demandante que haga la oferta de alquiler social pertinente.
• Paren los desahucios de alquiler de vivienda de pequeños tenedores de vivienda que afectan a personas o familias en exclusión residencial sin alternativa habitacional, hasta que la Administración pública les haya ofrecido una vivienda en alquiler social.
• Paren todos los desahucios por ocupaciones en precario denunciadas por grandes tenedores que afectan a personas o familias en exclusión residencial sin alternativa habitacional hasta que éste ofrezca un contrato de alquiler social o las administraciones realojen.
• Establezcan un protocolo de coordinación efectivo con los ayuntamientos para detectar y evitar los desahucios de las personas o familias más vulnerables, especialmente con menores y personas dependientes, facilitando al mismo tiempo las sanciones de 90.000 euros si los grandes tenedores no hacen las ofertas correspondientes.

Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se produzca ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas, entre ellas la Administración de justicia, protejan efectivamente a las personas.

Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas deben cambiarse, a las que ya no están pero nos dan fuerza para seguir batallando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.

¡Sí se puede!

Carta a los juzgados

Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue autoorganizándose para conquistar sus derechos negados.

La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos PP, PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda sin involucración del Congreso y de las administraciones públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.

Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos e internacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por universidades y expertos nos dan la razón y demuestran cómo afectan los desahucios en la salud, sobre todo de los niños.

En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde 2008), en la hiperinflación de los precios del alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o, en resumen, un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por toda la ciudadanía.

Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución si con ello se benefician los fondos buitre, la banca, las Socimis… Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras Asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que sí se puede lograr.

El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y Socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos, el IRPH…, e impidiendo además la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos, y permitiendo en consecuencia que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.
Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá, y seguiremos como siempre: El Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España, y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.

Pero, como siempre, la PAH no se rinde, y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores…, etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP, existe la Ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PDeCAT, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando una legislación que incluya dichos derechos.

Estos derechos pasan por dejarse de excusas para llegar al poder, y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y Socimis, que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!

También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente como siempre hemos hecho, la situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.

Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña denominada “Por el Derecho a la Vivienda”, junto con los Sindicatos de Inquilinas, a la que esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales de todo tipo ‒ya que recordemos que la vivienda nos afecta a a todas‒ para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones ‒ya iremos informando‒, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho, y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.

La campaña #PorDerechoAVivienda arranca. Anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20, y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quién actuar.
Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo, como siempre hemos hecho, hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos.