Archivo mensual marzo 2019

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Abril 2019

Contador desahucios mes:  17

Contador total 2019:  100

Parados – 8Suspendidos – 7Entrega llaves –Piso adjudicado –Ejecutados – 2

Desahucios por alquiler

Lunes 1
Demandante: Inmb. 3er lanzamiento #SoluciónParaMaria PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Freixures, 11 de Barcelona (08003 Born)

Jueves 4
Demandante: Inmb. 5º lanzamiento #SoluciónParaRaquel EJECUTADO
Dirección: C/ La Jota, 81 Barcelona (08016)

Demandante: Inmb. SUSPENDIDO
Dirección: C/ Clara Ayats,8  Barcelona (08021)

Demandante: Inmb. SUSPENDIDO
Dirección: C/ Nou Pins, 115  Barcelona (08016)

Viernes 5
Demandante: FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS #GemmalenSeQueda PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Ferlandina, 18 Barcelona (08001)

Martes 9
Demandante: Inmb. 2º lanzamiento #SoluciónParaMónica PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Consell de Cent, 217  Barcelona (08011)

Miércoles 10
Demandante: J. BALAGUER ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. 2o lanzamiento #LarrySeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Chapi, 11 Barcelona (08031 Horta-Guinardo)

Jueves 11
Demandante: Inmb. #SoluciónParaTeresa PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Floridablanca, 8 Barcelona (08015)

Martes 23
Demandante: Inmb. #SoluciónParaMoldoveanu PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Balmes, 86  Barcelona (08008)

Miércoles 24
Demandante: ENTO, S.L. (Inmobiliaria) 5º lanzamiento PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ d’Arnau d’Oms, 27-29 Barcelona (08016 Nou Barris)

Martes 30
Demandante: Inmb.  #SoluciónParaMohamed SUSPENDIDO
Dirección: C/ Alegría, 45, Hospitalet de Ll. (08905)

Demandante: CAN VIDAL CERVELLO PI, S.L. #JuanSeQueda PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Ingeniero Moncunill, 29  L’Hospitalet de Ll. (08905)

Desahucio abierto a partir de la segunda quincena 

Demandante: Inmb. #SoluciónParaAziz SUSPENDIDO
Dirección: C/ Balboa, 10 Barcelona (08003 Barceloneta)

Desahucios por ocupación

Jueves 4
Demandante: BBVA  3er lanzamiento #MohamedSeQueda EJECUTADO
Dirección: C/ Madrid, 12, 1º 1ª de Badalona (08913)

Martes 9
Demandante: GESTORA INMOBILIARIA BESOS, S.A.U.  #ElviraSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: Plaça de Joan Pelegrí, 1 Barcelona (08014)

Jueves 12
Demandante: BANCO DE SABADELL  #ErikaSeQueda PARADO en puerta
Dirección: C/ Sant Antonio Mª Claret, 458 Barcelona (08027)

Viernes 25
Demandante: INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA SUSPENDIDO
Dirección: C/ Mig de Can Clos, 8 Barcelona (08038)

¡Si se puede Stop desahucios! Abril 2019
PorPAH_Bcn

1ᵃ Fiesta por el Derecho a la Vivienda

Por la situación de emergencia habitacional, para poner la problemática en el centro y conseguir recursos para continuar la lucha, organizamos junto con el Sindicato de Inquilinas la 1 fiesta por el Derecho a la Vivienda con The SEY Sisters, Maria Arnal y Marcel Bagés, Za! y Lágrimas De Sangre 
  • Martes 23 de abril (Sant Jordi)
  • 20 h
  • Sala Apolo (Barcelona)
El encarecimiento de los precios, tanto de alquiler como de compra, en la ciudad de Barcelona se encuentra en una situación que excluye a la mayoría de la población. Vivimos una emergencia habitacional que se ejemplifica día tras día en los barrios y pueblos. Tan solo tenemos que mirar datos: 644.718 desahucios en todo el Estado desde 2008.
La vivienda no es un artículo de lujo, es una necesidad y un derecho, y como tal necesita una regulación para garantizar el acceso. No nos detendremos hasta conseguir nuestro objetivo.
La ocupación de viviendas vacías es un recurso legítimo en tiempos de especulación y una herramienta útil para visibilizar que la propiedad de las viviendas recae en pocas manos, curiosamente bancos y fondos buitre, los mismos que nos estafaron hace diez años y que no solo no han asumido ninguna responsabilidad sino que han recibido 70.000 M € públicos.
El Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, junto con muchos otros grupos de vivienda que hay en toda la ciudad, son los únicos espacios de esperanza y solidaridad. Solo organizándonos podemos ser más fuertes. Solo organizándonos dejamos de estar solas.
Por un modelo de ciudad y pueblos para las personas y no por los beneficios del mercado, ¡ven el próximo 23 de abril a la fiesta por el derecho a la vivienda! ¡Queremos ciudades habitables! 
Los beneficios del concierto irán destinados a continuar la lucha por una vivienda digna y a las afectadas por la violencia inmobiliaria. Podéis hacer donaciones con el concepto «fiesta por la vivienda» en el núm. de cuenta: ES59 1491 0001 2820 2195 9529
PorPAH_Bcn

[Comunicado] Valoración inicial de urgencia del Decreto Ley 5/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda

Los grupos impulsores de la medida del 30% de vivienda protegida y de la ILP Vivienda  ̶ Ley 24/2015 ̶ denuncian que este decreto ha sido aprobado con total secretismo, al tiempo que desregula y permite subidas de precio de VPO mientras deja problemáticas graves en temas de vivienda sin resolver.

Barcelona, 26 de marzo de 2019

El Decreto 5/2019, aprobado el pasado 5 de marzo en el Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat, supone la modificación de más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo. La próxima semana el Parlamento vota si lo acepta o lo rechaza. Y en caso de que lo acepte, posteriormente se votaría si se tramita como proyecto de ley o se queda como está. Desde las entidades sociales consideramos que hay que volver a la casilla de salida, hacerlo de nuevo y hacerlo bien, poniendo sobre la mesa un nuevo decreto participado por la ciudadanía que garantice de forma efectiva el derecho a la vivienda en Cataluña. Es por este motivo que los próximos días, nos reuniremos con los diferentes grupos parlamentarios para conocer su valoración y compartirles nuestra oposición, por las líneas rojas que pisa.

Cataluña tiene un tejido social importantísimo de organizaciones y movimientos que luchan por el derecho a la vivienda, que ha sido pionero en la denuncia de la emergencia habitacional (desahucios y cortes de suministro), la burbuja de los alquileres o los efectos nefastos de la turistización sobre la vivienda. Además, la sociedad civil organizada ha sido capaz de cambiar leyes (ILP Vivienda), aprobar medidas como el 30% de vivienda protegida o provocar debates sobre el alquiler que han llevado a aprobar 2 decretos estatales, con la regulación de precios como gran tema pendiente. No tener en cuenta a las entidades y a los movimientos sociales demuestra una miopía y un desprecio indignante.

Este Decreto es una reforma importante de las leyes actuales, normas que para aprobarse han sido debatidas largamente y que han recibido aportaciones de la sociedad civil, y modifica más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo, por lo tanto, se trata de un trabajo de meses del Gobierno, que debería haberse compartido. Lo anterior agrava aún más la falta de participación en su diseño y redacción.

A través de esta valoración de urgencia, queremos destacar varios aspectos que nos alarman y que deben hacerse públicos:

En primer lugar, no aborda la emergencia habitacional con valentía y recorta la protección respecto a la Ley 24/2015. Mientras que esta norma, nacida de una ILP impulsada desde la calle, aseguraba el realojo adecuado por parte de las administraciones de las personas en exclusión residencial que no fueran realojadas por los propietarios de la vivienda  ̶ obligación que se preveía para grandes tenedores ̶ , el decreto apuesta por alojamientos temporales, que a día de hoy no existen, abriendo la puerta a que las soluciones temporales se cronifiquen. Además, incomprensiblemente, también pone condiciones y filtros inaceptables para conseguir alquileres sociales para las familias que no han tenido más alternativa que ocupar para vivir en una vivienda en desuso de la banca o de los fondos buitre.

En segundo lugar, abre la puerta a una liberalización del precio de la vivienda protegida, haciendo que una VPO pueda ser más cara según el barrio, precio que se marcará en base a los costes de edificación y urbanización, valor del suelo, beneficio empresarial y factor de localización, eliminando las tres tipologías de precios existentes hoy en día, que se definen en base a los ingresos de los solicitantes. Esto cuestiona gravemente la función de cohesión social de la VPO, agravará la segregación por barrios y reforzará la burbuja en los barrios gentrificados. También representará un encarecimiento de la vivienda protegida. El decreto desvirtúa claramente la medida del 30%, aprobada por la presión social que había detrás y el consenso político municipal que se consiguió en el Pleno Municipal de Barcelona, que precisamente posibilitaba distribuir la vivienda protegida dentro de los municipios, huyendo de la concentración histórica de la vivienda asequible en determinadas zonas.

Además, el Decreto reduce la validez de inscripción en el registro, de tres años a un año, y establece que las inscripciones actuales caducan en un año. Consideramos que estamos ante un intento de vaciar artificialmente la lista de demandantes de vivienda protegida, en uno de los momentos donde hay más demanda (125.426 personas) y cuando sabemos que muchas personas, directamente ni se inscriben, porque saben que hay poquísimas y es una «lotería», es decir, que en vez de dar respuesta de forma decidida, se quiere reducir la lista y flexibilizar los precios.

En tercer lugar, aunque la Generalitat se había mostrado públicamente favorable al carácter permanente de la vivienda protegida, este decreto desaprovecha una oportunidad histórica para hacer que toda la vivienda protegida sea de alquiler e indefinido. Esto solo se hace con la vivienda en suelo público pero no en las viviendas del 30%, por ejemplo. Legislaciones como la de Baleares o el País Vasco ya han legislado para garantizar el carácter indefinido de la VPO. Se puede hacer y se debe hacer, ya que la pérdida del parque de VPO es una de las causas principales que explican que hoy en día prácticamente no tengamos (se calcula por ejemplo que, si no se hubiera podido vender la vivienda protegida, Barcelona tendría hoy en día un 40%).

Por otra parte, se insiste en un índice de precios de los alquileres que no es más que un reflejo de los precios de mercado y de la burbuja, ya que no recoge las condiciones socioeconómicas reales de la población, no tiene en cuenta elementos claves como los ingresos familiares o la tasa de paro, de manera que el índice pudiera garantizar que los precios del alquiler se adapten a la economía real de las familias. Se ponen algunas medidas de transparencia, pero seguimos teniendo un índice de precios no vinculante y la propiedad no está obligada a aplicarlo, por lo que queda en papel mojado, que ni siquiera puede servir para evitar que los precios sigan subiendo.

Desde las entidades sociales tenemos claro que para garantizar el derecho a la vivienda es imprescindible cambiar de forma ambiciosa las leyes que defienden a la ciudadanía, hacer políticas valientes y dedicar presupuesto para llevarlas a cabo. Este Decreto Ley, queda muy lejos de alcanzar estos tres objetivos. Es cierto que incluye algunas mejoras, pero las medidas que nos alarman predominan y se ha quedado muy corto en todo lo que se podría y se debe hacer.

Desde la ciudadanía creemos que tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien, trabajando en un nuevo texto que contemple medidas con un amplio apoyo social como son: que la vivienda protegida (tanto pública como privada) sea permanente, incidir en los precios de los alquileres regulándolos para evitar precios abusivos, erradicar la emergencia habitacional obligando al sector privado a hacer alquileres sociales y realojando para que nadie se quede en la calle o tenga que acceder a una vivienda de forma precaria (ocupando), movilizando y actuando sobre la vivienda vacía de forma urgente, extendiendo el 30% a toda Cataluña o aumentando las cesiones de suelo de los privados en nuevos sectores residenciales para aumentar el parque de vivienda protegida, etc. Todo ello, entre muchas otras medidas urgentes y estructurales que necesitamos para llevar a cabo cambios significativos en la conquista del derecho a la vivienda.

Hay que hacer un nuevo Decreto Ley que esté a la altura de la situación que vivimos y que proyecte un futuro con derecho a la vivienda. Queremos barrios vivos y con vivienda asequible. Hemos demostrado que hemos podido hacer posible lo imposible y creemos firmemente que así será.

Recuperamos la parte de vivienda de la Ley 24/2015 de las manos del PP y de la banca y fuimos capaces de sacar adelante la medida del 30% con el sí del Pleno de Barcelona y de la Generalitat.

Exigimos que, de una vez por todas, se pongan las leyes y las políticas al servicio de la gente y del derecho a la vivienda.

PorPAH_Bcn

[Comunicado] La semana del Día Mundial del Agua, casi 200 organizaciones adheridas al Compromiso por el Agua Pública y Democrática

¡Os invitamos el jueves 21 de marzo a las 11:30h a los Jardins de la Torre de les Aigües a celebrar el éxito de la campaña!

  • Llamada Abierta a las organizaciones sociales a adherirse

El agua en Barcelona y su Área Metropolitana (AMB) ha sido gestionada por Agbar durante muchos años de forma ilegal, tal y como sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en 2016.

Sin embargo, Agbar -propiedad de la multinacional francesa Suez- ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia (TS) y la sentencia está al caer. Muy probablemente, el TS ratificará la sentencia porque la sentencia del TSJC fue muy contundente. Será un momento trascendental para poder remunicipalizar el agua en Barcelona y en la AMB.

Desde Aigua és Vida y el Movimiento por el Agua Pública y Democrática (MAPID) hace mucho tiempo que luchamos por una gestión del Agua Pública y Democrática. Entre muchas otras acciones, conseguimos más de 26.000 firmas para que en Barcelona se pudiera hacer una Consulta Ciudadana sobre el modelo de gestión del agua. Finamente, a pesar de los constantes obstáculos de Agbar, en la próxima legislatura la consulta se podrá realizar.

Como tenemos muy cerca las elecciones municipales catalanas y la sentencia del TS, hemos decidido seguir luchando. Así, el pasado 15 de enero lanzamos el Compromiso por el Agua Pública y Democrática con cuatro grandes objetivos:

  • Considerar el Agua y el Saneamiento como un Derecho Humano
  • Gestionar el servicio de agua y saneamiento de forma pública y con participación ciudadana
  • Crear un Observatorio Ciudadano del Agua Metropolitano
  • Velar por el cuidado de los ecosistemas fluviales que abastecen las ciudades de la AMB

A estas alturas, ya han firmado el Compromiso 180 organizaciones de perfiles muy transversales. Por todo ello, y en el marco de la semana del #DiaMundialAigua, os invitamos el jueves 21 de marzo a la presentación pública del Compromiso. Será a las 11:30h en los Jardins de la Torre de les Aigües (C/Roger de Llúria, 56, metro Girona). ¡Ven a celebrar que somos muchos y muchas las que creemos en modelos de gestión diferentes, que pongan la vida en el centro

PorPAH_Bcn

¡¡Pinchemos la burbuja del alquiler!!

Por unos alquileres asequibles

Por un parque público de vivienda de alquiler

El 6 de abril nos manifestamos para denunciar el abuso de los precios del alquiler. Los especuladores nos estrangulan subiendo y subiendo los precios y cada vez tenemos más problemas para llegar a fin de mes, mientras que los sueldos no suben. Un drama social ante la mirada pasiva de los gobiernos y los poderes públicos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho con el que no se tendría que especular. Hay miles y miles de pisos vacíos en nuestras ciudades, en cambio hay miles y miles de personas y familias sin un lugar donde vivir.

Salimos a la calle para denunciar el negocio que las industrias inmobiliaria y turística hacen con nuestros hogares. Mientras el gobierno español regaló a la banca  más  de  60.000 millones de euros de nuestros  bolsillos,  éstas no han hecho  otra  cosa  que  echar  de  su casa a personas sin dar ninguna alternativa habitacional. Los propietarios físicos  y  jurídicos de viviendas de alquiler,  con los  fondos  buitres  y  SOCIMI  a la cabeza,  disfrutan de  medidas de elusión fiscal en su favor desde hace décadas para no pagar impuestos, mientras los inquilinos e inquilinas soportan presión fiscal de hasta más del 30%. Hay que sustituir la LAU por una nueva ley que legisle los alquileres sociales en el mercado libre con ventajas fiscales vigiladas por el Estado y ciudades. Como solicitan Madrid y Barcelona, hace falta que los  impuestos directos  del  Estado sean gestionados  proporcionalmente por  las ciudades con una descentralización solidaria, como pasa en muchos países avanzados.

Los desahucios se han disparado y actualmente están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 desahucios por vía judicial  cada día,  uno cada 5  minutos.  Mientras  los fondos buitre  acumulan viviendas  a una  velocidad vertiginosa, sin precedentes en la historia, el alquiler se come más ingresos que en cualquier otro país de la OCDE. Y hay que añadir todos aquellos desahucios invisibles, que no están contabilizados, pero que suponen la expulsión de muchas vecinas de sus barrios y pueblos por no querer renovarles el contrato o por pretender imponerles subidas imposibles de asumir por los inquilinos e inquilinas. Hemos llegado a un punto asfixiante de la burbuja del alquiler y  queremos  pincharla,  por todos lados y desde todos los frentes.

Queremos pincharla y estamos determinadas a hacerlo. A pesar de que el nuevo decreto introduce medidas en cuestiones de alquiler, éstas son todavía insuficientes. Es por eso que el movimiento por la vivienda y las organizaciones, barrios y entidades que convocamos esta manifestación queremos dejar muy claro a toda la población los motivos por los cuales no dejaremos de luchar hasta desmercantilizar una de las necesidades y derecho básicas de todo ser humano: tener un techo digno donde vivir. Y así reivindicamos:

  • Pinchemos la burbuja: exigimos medidas políticas y fiscales para adecuar los alquileres a la renta disponible del hogar.
  • Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler teniendo en cuenta el poder adquisitivo real de la gente, es decir, la renta.
  • Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden acabarse de forma injustificada y unilateralmente. Tienen que renovarse automáticamente, a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para su uso personal o de un familiar.
  • Ningún desahucio sin alternativa habitacional: mayor autonomía financiera de los ayuntamientos (participar de los impuestos directos del Estado) para gestionar el parque de viviendas de las ciudades.
  • Contrato de alquiler único gestionado por oficinas de Vivienda y ayuntamientos: el fin de los abusos de los intermediarios: el negocio de las inmobiliarias es un escándalo.
  • Justicia fiscal: eliminación de todas las figuras a medida de la elusión fiscal en el Impuesto de Sociedades (Socimis, patrimoniales,  etc.)  y en el IRPF (persones  físicas y comunidades de bienes).
  • Expulsión de los fondos buitre: exigimos eliminar las Socimis, que disfrutan de grandes privilegios fiscales, y que el gobierno deja que especulen masivamente con nuestros hogares y que sean la punta de lanza de la burbuja.
  • Parque público de vivienda: Se tiene que convertir en parque público de vivienda las viviendas acumuladas por la Banca y por los fondos buitre para garantizar su función social, evitar la escasez artificial de vivienda y frenar la especulación. Grabar fiscalmente las viviendas urbanas vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas “especulativas” que no sean para primera residencia.
  • Aumentar la construcción de vivienda social: por parte del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento.
  • Basta de pisos turísticos: la mala gestión del turismo tiene un gran impacto en la vida de la gente y disminuye enormemente la oferta de vivienda de alquiler.
  • Ley 24/2015: La aplicación integral de la Ley 24/2015.

Se les ha acabado hacer negocio con nuestros hogares, con nuestros barrios, con nuestras vidas. Pinchemos la burbuja, y pinchémosla bien, que no vuelva a hincharse nunca más.

PorPAH_Bcn

Hoy el capitalismo sigue amenazando el derecho a la vivienda que nunca garantizó

El derecho a la vivienda es sistemáticamente vulnerado en nuestro país y en todo el mundo. A pesar de que el artículo 47 de la Constitución garantiza de manera declarativa ese derecho, en realidad la clase política en sus leyes, la judicatura en la Justicia y los cuerpos policiales actúan solo garantizando el derecho a la propiedad y a ejecutar las hipotecas de la Banca. La Banca privada, los Señores del dinero, esa oligarquía financiera es la responsable última de este retroceso.

La crisis de 2007 ha demostrado que nada está garantizado más que los derechos de los poderosos con hechos incontestables. Algunos de ellos han sido las compras de deuda y las inyecciones masivas de dinero de los Bancos centrales que han convertido la vivienda en un activo central de inversión para el capitalismo financiero. Ni el BCE y el Banco de España, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Sánchez han salvado a la ciudadanía ni a la clase trabajadora más precaria. Al convertir la vivienda en un lujo inalcanzable para las clases populares han acabado transformando las ciudades por un proceso de gentrificación y urbanizanización que siempre expulsa al vecindario más pobre.

Los mercados de capitales y de renta fija hipotecaria son así el núcleo de esta contrarrevolución contra el derecho a la vivienda. La Banca española se permite, con el apoyo vergonzoso de todos los estamentos políticos y judiciales, interpretar o retorcer a su favor incluso la jurisprudencia europea y de derechos humanos, sin que ninguno de esos responsables la contradiga. Mientras nuestra clase política asistía con una pasmosa pasividad a más de 875.000 ejecuciones hipotecarias de viviendas que han acabado en manos de la Banca o de fondos especulativos extranjeros desde 2008.

Lejos de ayudar al ciudadano han puesto miles de millones para sanear los balances de un sistema de cajas que ha desaparecido, permitiendo una concentración sin precedentes de los grandes bancos, a los que se les han regalado todos los activos inmobiliarios a precio de saldo.

Hoy las burbujas del alquiler están asolando ya las ciudades medias en nuestro país. Vivimos en España una segunda burbuja del alquiler, la primera fue en 2002, con miles de desahucios. Las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos poco van a resolver en un mercado donde casi todos los contratos se firman en el mercado libre que supone el 98% de las viviendas de alquiler. El problema es que los alquileres se comen la mayor parte de los presupuestos familiares.

Miles de familias sufren desahucios invisibles porque el fin del contrato supone subidas de la renta de alquiler inasumibles. Son empujadas a la ocupación o a un submundo de economía sumergida en el sector residencial de emprendedores que realquilan pisos por habitaciones, o locales sin licencia que se transforman en viviendas, al margen o no de las plataformas online o disfrazados de alquiler vacacional. Más de un millón de hogares en el área metropolitana de Barcelona en 27 municipios, 1 de cada 4 ciudadanos, están obligados a vivir en condiciones muy precarias, explica Cáritas en un estudio reciente. Eso muestra que las estadísticas oficiales del Estado español no entran en las zonas oscuras del derecho a la vivienda para evitarse el sonrojo de los organismos internacionales de derechos humanos.

Todas estas penurias contrastan con el apoyo total al sector inmobiliario del Estado español. Es uno de los pilares de la economía española que viene de la mano del sector financiero en uno de los países donde su peso en el Ibex-35 es aplastante.

Es una unión sagrada bendecida desde 1959, cuando el ministro franquista de vivienda don José Luís de Arrese propuso la sociedad de los propietarios con la célebre frase: ”queremos una España de propietarios, no de proletarios”. La izquierda española nunca ha renunciado al uso de esta máquina de crecimiento en los ciclos económicos del país. Adoptó el modelo franquista sin rechistar. Las políticas públicas de vivienda de medio siglo han sido continuadas mejoras legislativas, presupuestarias y fiscales para que el sector inmobiliario-financiero español parasitara mejor al Estado.

España es uno de los países europeos que proporcionalmente ha gastado más dinero en vivienda, principalmente en políticas fiscales. Hablamos de 77.560 millones en tres décadas de desgravaciones fiscales a la compra de primera vivienda, que a través del incremento de precios acababan en manos de promotores y el inestimable sector bancario que hacía su agosto con millones de hipotecas constituidas. La máxima expresión del Plan franquista Arrese fue la renuncia del Estado español a esos 77.560 millones, la mayor parte en gobiernos del PSOE, que hubiera permitido construir un parque de vivienda pública asequible que hoy hubiera sido la salvación de esos millones de desahuciados.

Desde el punto de vista de los impuestos, España es un paraíso fiscal para los propietarios de viviendas alquiladas. Anualmente desde hace décadas el Estado renuncia a construir un parque público de alquiler porque regala los miles de millones de euros al sector privado con el tramposo argumento de la promoción del alquiler, con los desastrosos resultados que conocemos. Entre el Impuesto de Sociedades y el IRPF suponían en 2014 más de 10.000 millones de euros de elusión fiscal que crece en la medida que crece el parque de viviendas en alquiler. Esa partida presupuestaria que se regala a los ricos se volverá insostenible en poco tiempo. Para que nos hagamos una idea, en 2016 el Banco de España aseguraba que una vivienda se amortizaba en 10 años entre alquileres, beneficios fiscales a la propiedad y el incremento del valor del activo en la reventa. Ningún negocio ni industria tienen hoy tal rendimiento.

Las casualidades de la historia económica reciente han llevado a que el capitalismo ha casado, como anillo al dedo, los intereses de la burguesía española con los intereses de las políticas neoliberales que dominan la escena de la Unión europea y del Euro. El sector inmobiliario y financiero, buques insignia del capitalismo español, en una economía desregulada y abierta se han convertido en un lugar privilegiado de inversión para los capitales especulativos internacionales. Un matrimonio de conveniencia donde la desregulación legislativa y las exenciones y desgravaciones fiscales a las rentas del alquiler son el mejor regalo de bodas al capitalismo parasitario internacional que dona nuestro país.

Mientras que la conducción de vehículos está regulada al milímetro en la normativa de Tráfico, el derecho a la vivienda, que es un derecho humano, está totalmente desregulado. La gente no somos conscientes de cómo nos engañan. Los partidos constitucionales han hecho de la Ley de Arrendamientos Urbanos –la LAU– el arma perfecta para que fondos especulativos operando desde paraísos fiscales desahucien a placer. Por ello, miles de hogares se ven empujados a la ocupación como única posibilidad de tener un techo, mientras los medios de comunicación los criminalizan para justificar medidas legislativas cada vez más duras contra los precarios.

Y los municipios sin apenas capacidad fiscal ni legislativa, e intervenidos por el artículo 135, afrontan miles de desahucios con tímidas medidas que acaban financiando con sus presupuestos menguantes alquileres desbordados exigidos por la Propiedad que chantajea al derecho a la vivienda.

Nuestras organizaciones que estamos hoy aquí presentes en este acto de denuncia pública de la corrupción en los servicios a nuestra gente mayor, queremos agradecer en primer lugar la invitación para explicar los problemas en la vivienda y poder unir voces, porque solo la unidad de la clase trabajadora y la lucha nos puede permitir dar un vuelco a una situación que se ha vuelto insostenible, hasta que todo el mundo junto se levante y diga ¡BASTA!

Manifiesto leído por PAC Badalona,  500×20 y PAH Barcelona en la presentación del documental Pactos de Silencio.

PorPAH_Bcn

Manifiesto 8M ¡JUNTAS SOMOS MÁS!

Hoy, 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la HUELGA FEMINISTA.

Cada 8 de marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Nos precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas. Las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, las que combatieron el colonialismo y las que formaron parte de las luchas antiimperialistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente: queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando..

La sororidad es nuestra arma; es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, es internacional y es reivindicativa..

Nuestras identidades son múltiples, somos diversas. Vivimos en los pueblos y en las ciudades, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, mujeres con diversidad funcional, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas, somos las presas, somos las que se quedaron en el mar, somos las que se quedaron en las fronteras..

Somos TODAS. Juntas hoy paramos el mundo y gritamos:

¡BASTA! Ante todas las violencias machistas que nos atraviesan.

¡BASTA! De agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el Pacto de Estado contra las violencias machistas ‒por otra parte insuficiente‒ se dote de recursos y medios para el desarrollo de políticas públicas reales y efectivas que ayuden a lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres y niñas. Denunciamos la represión sobre quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos..

¡BASTA! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas que vivimos las mujeres, sea cual sea nuestra edad y condición. QUEREMOS poder movernos en libertad por todos los espacios y en todo momento. QUEREMOS disfrutar de nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias machistas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión paradigmática de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo que afecta, aún más, a las mujeres migradas y a las trabajadoras domésticas. Es urgente que nuestra reivindicación Ni una menos: vivas nos queremos sea una realidad.

¡BASTA! ¡De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales!Denunciamos la LGTBIfobia social, institucional y laboral que padecemos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas. ¡Si nos tocan a una, nos tocan a todas!

Somos las que reproducimos la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que hacemos las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Que mayoritariamente sea gratuito o esté devaluado es una trampa en el desarrollo del capitalismo. Hoy, con la huelga de cuidados en la familia y la sociedad, damos visibilidad a un trabajo que nadie quiere reconocer, ya sea en la casa, mal pagada o como economía sumergida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social de primer orden y exigimos la redistribución de este tipo de tareas.

Hoy reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias machistas. Hacemos un llamamiento a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas.

Para conseguir una vida libre de violencias debemos actuar en todos los ámbitos de nuestra vida.

En Cataluña estamos viviendo una escalada de la represión: cargas policiales el 1 de octubre con denuncias de agresiones sexuales. Las feministas estamos comprometidas también en la defensa de la democracia y de las libertades en nuestro país y entendemos que la criminalización y/o la judicialización de formas pacíficas de protesta social y reivindicación política también son formas de violencia institucional que debemos denunciar. Por eso denunciamos la aplicación del Artículo 155 de la Constitución española y exigimos su inmediata suspensión.

No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo. Por ello, hoy también hacemos huelga laboral.

Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque las tareas a las que conseguimos acceder están marcadas por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las listas del paro. Muchas de las tareas que realizamos no poseen garantías o no están reguladas. Y cuando algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos encontramos con que los sitios de mayor salario y responsabilidad están copados por hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son reproductoras de la explotación laboral de las mujeres..

¡BASTA! De discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de desprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral.

Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza y que se nos castigue por nuestra diversidad. La precariedad se agrava para muchas de nosotras por el hecho de tener más edad, ser migrada y estar racializadas, por tener diversidad funcional o una imagen alejada de la normatividad. Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía y que el empleo se adapte a las necesidades de la vida: el embarazo o los cuidados no pueden ser objeto ni de despido ni de marginación laboral, ni deben mermar nuestras expectativas personales ni profesionales.

Consideramos fundamental denunciar las normas y las políticas opresivas contra las mujeres migrantes.

Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. No más pensiones de miseria, que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez. Pedimos la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado, o que hemos desarrollado en el campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones de la misma manera que el trabajo laboral y pedimos la ratificación del convenio 189 de la OIT que regula el trabajo doméstico.

Gritemos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Las mujeres tenemos un papel primordial en la lucha contra el cambio climático y en la preservación de la biodiversidad.

Por ello, apostamos decididamente por la soberanía alimentaria de los pueblos. Apoyamos el trabajo de muchas compañeras que ponen en riesgo su vida para defender el territorio y sus cultivos. Exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política.

Exigimos ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra salud y de nuestros cuerpos, sin ningún tipo de presión estética. Nuestros cuerpos no son mercancía ni objeto y, por ello, también hacemos huelga de consumo. ¡Ya está bien de ser utilizadas como reclamo!

Exigimos también la despatologización de nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras circunstancias: la medicalización responde a intereses de grandes empresas, no a nuestra salud. ¡Basta de considerar nuestros procesos de vida como enfermedades!

+++ Exigimos el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales y denunciamos la violencia institucional, la criminalización y el estigma hacia las compañeras.

Exigimos la despenalización total del aborto, incluyendo a las menores de edad, así como su legalización y cobertura gratuita en el sistema de la sanidad pública. Repudiamos cualquier tipo de injerencia en la decisión de las mujeres sobre nuestros cuerpos. ¡Nosotros parimos, nosotras decidimos!!

La educación inicial es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades sexuales y de género y, por ello, las estudiantes, las maestras, la comunidad educativa y todo el movimiento feminista exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica y feminista, libre de valores heteropatriarcales e imperialistas, desde los primeros tramos educativos en los que las profesoras somos mayoría, hasta la universidad.

Reivindicamos también nuestro derecho a una formación afectivo-sexual que nos enseñe en la diversidad, sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a meros objetos, y que no permita ni una sola agresión machista ni LGTBIfóbica en las aulas.

Solicitamos el mantenimiento y la ampliación de los programas de becas de estudio para las estudiantes de todos los niveles educativos.

Denunciamos el presupuesto público que se destina a las escuelas gestionadas por el Opus Dei y a todas las escuelas concertadas que segregan por sexo. Reivindicamos una red de educación única, pública y gratuita y con perspectiva de género.

Exigimos un avance en la coeducación en todos los ámbitos y espacios de formación, y una educación que no relegue nuestra historia a los márgenes de los libros de texto; y en la que la perspectiva de género sea transversal en todas las disciplinas. No somos una excepción, ¡somos una constante que ha sido callada!

¡VIVA LA HUELGA DE CUIDADOS, DE CONSUMO, LABORAL Y EDUCATIVA!

¡VIVA LA HUELGA FEMINISTA!

Ninguna mujer es ilegal​. Digamos ¡BASTA! Al racismo y la exclusión. Gritemos bien fuerte: ¡no a las guerras y la fabricación de material bélico! Las guerras son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas. La consecuencia directa de las guerras son miles de mujeres migradas y refugiadas en todo el mundo, mujeres que somos victimizadas, olvidadas y violentadas.

Denunciamos las políticas migratorias y de fronteras del Estado español y de la Unión Europea y exigimos la acogida de todas las personas migradas, sea por el motivo que sea, atendiendo al derecho a la movilidad humana.

Denunciamos la opresión que sobre las mujeres trabajadoras migrantes tiene la actual legislación, y las políticas públicas en la materia. Exigimos la derogación de la Ley de Extranjería. Exigimos el cierre inmediato de los CIEs.

¡Somos mujeres libres en territorios libres! 

Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más nos afectan a las mujeres y LGTBI: el sistema de salud, los servicios sociales y la educación.

Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis.

Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetos de pleno derecho.

Denunciamos la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo.

Exigimos la recuperación de la memoria histórica y del protagonismo de las mujeres y de sus luchas, así como mantener el recuerdo de las que ya no están: verdad, justicia, reparación y no repetición.

Reivindicamos la total separación Iglesia y Estado.

Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida y la total aceptación de nuestra diversidad.

¡NOS QUEREMOS LIBRES, NOS QUEREMOS VIVAS, FEMINISTAS, COMBATIVAS Y REBELDES!

Hoy, la huelga feminista no se acaba:

¡SEGUIREMOS HASTA CONSEGUIR EL MUNDO QUE QUEREMOS!

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Queremos una Barcelona que haga efectiva la Ley 24/2015 y que la lista de la Mesa de emergencia esté a cero

Queremos compromiso de Ada Colau para hacer efectivo el derecho a la vivienda en nuestra ciudad y una apuesta clara para hacer efectiva la Ley 24/2015.

Barcelona, 7 de marzo de 2019

El pasado viernes nos reunimos con el Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra, junto con el Grupo Promotor de la ILP Vivienda, formado por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, donde trasladamos una serie de demandas para hacer efectiva la Ley 24/2015 y hacer frente al colapso de las Mesas de emergencia. A las 13 h nos reunimos con la Alcaldesa de Barcelona Ada Colau, para exigir medidas que aporten soluciones a las más de 562 familias que ya tienen reconocido el derecho a un piso de la Mesa de emergencia, pero que en muchos casos, ya llevan más de un año y medio en la lista de espera, para que se haga efectiva la entrega. La actual Mesa de emergencia, gestionada por la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda formada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, no funciona.

La PAH de Barcelona comenzamos a denunciar la situación el 4 de abril de 2018 ocupando la oficina de Vivienda de la calle Bolivia. Una acción de la que salimos con un compromiso de reunión con la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda. El objetivo era claro, conseguir que la lista de espera de 360 familias llegara a 0 a finales de año, una lista que a estas alturas, lejos de reducirse, casi se ha duplicado.

Desde entonces han habido varias reuniones y acciones consiguiendo que el 21 de septiembre, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona llegaran a acuerdos para ampliar el parque de vivienda pública. Unos acuerdos que deberían haber sido efectivos con carácter de urgencia, pero que aún no se han llevado a cabo, como ya denunciamos en noviembre pasado.

Gracias a la presión del Grupo promotor de la ILP Vivienda, comenzada el mes de junio, hemos conseguido recuperar los artículos suspendidos de la Ley 24/2015: la obligación de los grandes tenedores de vivienda de ofrecer alquileres sociales a las familias en exclusión residencial y la obligación de ceder sus viviendas vacías a la Administración. Dos medidas fundamentales para combatir la emergencia habitacional y acabar con los desahucios sin alternativa. Toda una victoria ciudadana que vuelve a demostrar que es posible hacer lo que nos dicen que es imposible.

Recordemos que la ciudad de Barcelona sufre una media de 12 desahucios diarios, unos datos que hablan por sí solos y que demuestran la urgencia con la que hay que hacer efectivos los acuerdos para agilizar la lista de espera de la Mesa de emergencia, como la contundencia con la que se aplicará la Ley 24/2015 para poder exigir a la banca y grandes tenedores que movilicen sus viviendas para darles el uso social que la ciudad reclama.

Por ello, el pasado martes entregamos una carta a la Alcaldesa Ada Colau y al Presidente Quim Torra, para recordarles los compromisos acordados. A raíz de esta carta, hoy nos hemos reunido con la Sra. Colau y hemos exigido al Ayuntamiento de Barcelona, y a su Alcaldesa:

  • Envío urgente de una carta del Ayuntamiento a los grandes tenedores para hacer explícito formalmente que se ha recuperado la vigencia de la norma y que deben hacer ofertas de alquiler social obligatorias en casos de dación en pago y desahucios por impago de hipoteca y de alquiler. Hay que advertir que el incumplimiento lleva asociado sanciones graves de hasta 90.000 € y la obligación de realojar a las personas en Mesa de emergencia, protegidas por la norma. También comunicación oficial a las oficinas de Vivienda que deben comunicar lo mismo formalmente, para que realicen el control del cumplimiento de la norma y que el Ayuntamiento aplique las sanciones derivadas si no se hacen las ofertas o no se hacen en los términos que marca la Ley.
  • Difusión entre la ciudadanía a través de una campaña pública intensiva en todos los medios de comunicación ‒incluidos TV y presencia en espacios públicos‒ de los derechos que la Ley provee a la población en situación de exclusión residencial, de la responsabilidad de las administraciones en su protección, de los recursos y los canales existentes para tal efecto, y de las obligaciones que determina para bancos y fondos buitre.
  • Facilitación inmediata de los protocolos de aplicación de la Ley y realización de formaciones a profesionales públicos y otros implicados de forma conjunta con el Grupo Promotor, y respeto del articulado de pobreza energética y el de vivienda.
  • Poner en marcha con celeridad y urgencia actuaciones decididas de movilización de la vivienda vacía para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas de alquiler asequible, con priorización del mecanismo de cesión obligatoria de viviendas de grandes propietarios a los precios de alquiler que marca la norma y garantizando un traspaso mínimo de recursos públicos a los privados. Utilizar todos los recursos que proporciona la normativa de vivienda, como son las sanciones y otras medidas efectivas.
  • Facilitar datos de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores y aplicar las sanciones correspondientes y la obligatoriedad de la cesión de las viviendas.

Además, hemos exigido que se lleven a cabo los acuerdos alcanzados en la reunión de mayo de 2018 junto con la Generalitat de Cataluña, con el fin de acabar con la lista de espera de la Mesa de emergencia, y que contemplan:

  1. La firma del convenio con Habitat 3 que permitirá la cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona de 4 millones de euros en los próximos 3 años para movilizar 100 viviendas para alquiler social.
  2. El acuerdo del Ayuntamiento y la Generalitat para comprar vivienda en Barcelona vía tanteo y retracto de pisos de la banca. Esta operación sería financiada por 40 millones de euros (20 M € del presupuesto de la Generalitat y los otros 20 M € que el Ayuntamiento podría financiar a través de un crédito del ICF).
  3. El alojamiento de familias que están en la Mesa de emergencia o atendidas en las oficinas de Vivienda de Barcelona en los 300 pisos que Bankia está cediendo a la Generalitat.
  4. La expropiación de uso de 50 pisos vacíos en Barcelona con presupuesto de la Generalitat para familias de la Mesa de emergencia.
  5. Forzar a CaixaBank a cumplir el acuerdo de cesión de 50 pisos a familias de la Mesa de emergencia al que llegaron conjuntamente en febrero de 2016.

En este sentido, los compromisos establecidos han sido:

  1. La firma del convenio con Habitat 3 que permitirá la cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona de 4 millones de euros en los próximos 3 años para movilizar 100 viviendas para alquiler social. La firma de este convenio se ha hecho hoy mismo, entre la reunión que hemos mantenido por la mañana con el Presidente de la Generalitat Quim Torra y la posterior reunión con el Ayuntamiento, claramente gracias a nuestra presión y la del grupo Promotor de la Ley 24/2015.
  2. Destinar 156 pisos más a vivienda social en Barcelona vía tanteo y retracto de pisos del BBVA, gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat.
  3. Firma de un convenio con CaixaBank para concretar la cesión de 50 pisos. 30 de estos ya estaban concedidos y hoy nos han confirmado que ya disponen de 16 más, actualmente en trámites para familias de la Mesa de emergencia.
  4. Disminuir la lista de espera de la Mesa de emergencia de Barcelona en 30 familias, dado que viven en viviendas de gran propietario, y tal como marca la Ley 24/2015 estos les han de ofrecer un alquiler social.
  5. Dar a conocer en una campaña comunicativa la Ley 24/2015 para que la ciudadanía conozca sus derechos en materia de vivienda.
  6. Dar a conocer a todas aquellas personas funcionarias, que trabajan con temas de vivienda para la ciudadanía, el contenido de la Ley 24/2015, así como la realización de talleres para aprender su correcta aplicación.
  7. El envío, a todos los grandes tenedores de Barcelona, de una carta informando de la Ley 24/2015 y la obligación de ofrecer un alquiler social a todas aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y de la sanción correspondiente de 90.000 euros en caso de no cumplir la ley.

Desde la PAH de Barcelona queremos una Barcelona con una lista de emergencia a cero y donde se pongan todos los recursos y actuaciones necesarios para hacer efectiva la Ley 24/2015. La PAH ha demostrado que es capaz de hacer posible lo imposible, y queremos ver libre de desahucios a la ciudad donde nació este movimiento hace 10 años.

Solo hace falta voluntad y valentía política para que esto sea así.

¡Sí se puede!

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Presentamos al President Quim Torra medidas para acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña

El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 nos reunimos con el Presidente de la Generalitat para exigir su completa aplicación. La ciudadanía ya hemos hecho nuestra parte, ahora toca voluntad política.

En 2008 estalló la crisis y Cataluña ha sido castigada por los desahucios hasta el día de hoy. La acción de las eléctricas puso de manifiesto después el grave problema de los cortes de suministro y la pobreza energética.

La aprobación por unanimidad de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética fue un punto de inflexión, y la demostración del anhelo mayoritario de nuestra sociedad de garantizar el derecho a la vivienda digna.

El PP, la banca y las eléctricas intentaron enterrar la Ley pero salvamos la parte de pobreza energética, y este año hemos recuperado el alquiler social obligatorio para parar desahucios de grandes tenedores y la cesión obligatoria de vivienda vacía de estos para garantizar el derecho a la vivienda.

Los casi 3 años de suspensión de la norma y el mantenimiento de la situación de emergencia, agravada por la burbuja de los alquileres y la expulsión de vecinas, requieren ahora con más fuerza que nunca un Gobierno que priorice de forma inequívoca y contundente la erradicación de la emergencia.

La denuncia del colapso de las Mesas de emergencia catalanas: 2.000 personas en lista de espera, la falta de aplicación de las medidas de pobreza energética y la llamada de atención de la PAH de Barcelona denunciando una lista de espera de la Mesa de 562 familias, han provocado que el mismo President Quim Torra pidiera una reunión con las entidades sociales.

Hoy, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda, formado por las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, junto con representantes de la PAH de Barcelona, hemos mantenido una reunión con el President Quim Torra, el Consejero de Territorio y sus equipos en el Palau de la Generalitat donde les hemos trasladado una quincena de demandas concretas (consulta aquí).

Los compromisos adquiridos por el President Torra y los próximos pasos son:

  • Compromiso de efectuar las reuniones con todos los departamentos implicados, junto con el Grupo Promotor y con la presencia del President, para concretar resultados y hacer seguimiento en una próxima reunión en mayo con el President.
  • Compromiso de hacer una campaña comunicativa por parte de la Generalitat con el fin de dar a conocer a toda la ciudadanía los derechos que recoge la Ley 24/2015 y cómo exigirlos, tanto en la parte de vivienda como en la de pobreza energética.
  • Compromiso de informar a los grandes tenedores de vivienda por carta sobre la obligatoriedad de parar los desahucios y ofrecer un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad. Así como informar a los municipios de los recursos y protocolos para hacerlo efectivo.
    Compromiso de trasladar personalmente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la necesidad de coordinación entre juzgados y ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la Ley 24/2015, y las sanciones correspondientes en el caso de su incumplimiento.
  • Compromiso de convocar una reunión con la Consejería de Asuntos Sociales, de Empresa y de Interior con el President y Grupo Promotor para desencallar la firma de convenios con las suministradoras y resolver la cuestión de la deuda de las familias vulnerables, así como poner en marcha el protocolo de detección de casos de pobreza energética a través de Bomberos de la Generalitat.

Por lo que respecta a las Mesas de Emergencia de Barcelona y de Cataluña no ha habido ningún compromiso claro ni un calendario para poner la lista de espera a cero.

Cataluña no quiere ser líder en desahucios, cortes de suministros, listas de espera de Mesas de emergencia o deudas de las familias con bancos y eléctricas, sino que debe liderar el ranking de la conquista de los derechos sociales para todas. Cataluña ha sido pionera en la legislación contra la emergencia habitacional, la Ley 24/2015 es el principal exponente. Ahora hay que hacerla cumplir de forma plena y activar de forma inmediata todas las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna, acabando con la pobreza energética y los desahucios en Cataluña.

Grupo Promotor de la Ley 24/2015.

PorPAH_Bcn

ROUND 2: ¡Hemos hecho posible lo imposible! Ahora hay que velar por su aplicación por parte de los grandes tenedores

Hoy nos hacemos presentes en las entidades financieras de la Avenida Paralelo de Barcelona para exigirle al BBVA, Bankia, Santander, La Caixa, Banco Sabadell… que tienen que cumplir con la Ley 24/2015 que daban por sentenciada y que:

  1. Hagan los alquileres sociales y daciones en pago a las familias vulnerables que no han podido continuar pagando su hipoteca por motivos económicos, puesto que el artículo 5 les obliga.
  2. Hagan los alquileres sociales a las familias vulnerables que no han podido continuar pagando su alquiler por motivos económicos, puesto que el artículo 5 les obliga.
  3. Cedan la vivienda vacía a los ayuntamientos, tal como les obliga el artículo 7.
  4. Hagan alquileres sociales a las familias que se han visto obligadas a ocupar por culpa de la usura bancaria.
  5. Paralicen todos los desahucios.

Esta semana, además, nos reuniremos el jueves con el President Quim Torra y la Alcaldesa Ada Colau, para tener su compromiso en el despliegue y cumplimiento, por parte de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, de la Ley 24/2015, y para exigir voluntad política para hacer frente a la Mesa de emergencia, tal como les hicimos llegar mediante una carta la semana pasada. Necesitamos un Gobierno y unos ayuntamientos valientes que hagan frente de manera efectiva a la emergencia habitacional y que apliquen íntegra la Ley 24/2015 que todos los partidos aprobaron por unanimidad en el Parlamento de Cataluña.

Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del Gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas, como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a los desahucios. Las Mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.

Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se produzca ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas, entre ellas la Administración de justicia, protejan efectivamente a las personas.

Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de una iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas, para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero nos dan fuerza para seguir batallando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.

¡Sí se puede!