Archivo mensual marzo 2019

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Abril 2019

Contador desahucios mes:  17

Contador total 2019:  100

Parados – 8Suspendidos – 7Entrega llaves –Piso adjudicado –Ejecutados – 2

Desahucios por alquiler

Lunes 1
Demandante: Inmb. 3er lanzamiento #SoluciónParaMaria PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Freixures, 11 de Barcelona (08003 Born)

Jueves 4
Demandante: Inmb. 5º lanzamiento #SoluciónParaRaquel EJECUTADO
Dirección: C/ La Jota, 81 Barcelona (08016)

Demandante: Inmb. SUSPENDIDO
Dirección: C/ Clara Ayats,8  Barcelona (08021)

Demandante: Inmb. SUSPENDIDO
Dirección: C/ Nou Pins, 115  Barcelona (08016)

Viernes 5
Demandante: FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS #GemmalenSeQueda PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Ferlandina, 18 Barcelona (08001)

Martes 9
Demandante: Inmb. 2º lanzamiento #SoluciónParaMónica PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Consell de Cent, 217  Barcelona (08011)

Miércoles 10
Demandante: J. BALAGUER ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. 2o lanzamiento #LarrySeQueda SUSPENDIDO
Dirección: Chapi, 11 Barcelona (08031 Horta-Guinardo)

Jueves 11
Demandante: Inmb. #SoluciónParaTeresa PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Floridablanca, 8 Barcelona (08015)

Martes 23
Demandante: Inmb. #SoluciónParaMoldoveanu PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Balmes, 86  Barcelona (08008)

Miércoles 24
Demandante: ENTO, S.L. (Inmobiliaria) 5º lanzamiento PARADO EN PUERTA
Dirección: Carrer d’Arnau d’Oms, 27-29 Barcelona (08016 Nou Barris)

Martes 30
Demandante: Inmb.  #SoluciónParaMohamed SUSPENDIDO
Dirección: C/ Alegría, 45, Hospitalet de Ll. (08905)

Demandante: CAN VIDAL CERVELLO PI, S.L. #JuanSeQueda PARADO EN PUERTA
Dirección: C/ Ingeniero Moncunill, 29  L’Hospitalet de Ll. (08905)

Desahucio abierto a partir de la segunda quincena 

Demandante: Inmb. #SoluciónParaAziz SUSPENDIDO
Dirección: C/ Balboa, 10 Barcelona (08003 Barceloneta)

Desahucios por ocupación

Jueves 4
Demandante: BBVA  3er lanzamiento #MohamedSeQueda EJECUTADO
Dirección: C/ Madrid, 12, 1º1ª de Badalona (08913)

Martes 9
Demandante: GESTORA INMOBILIARIA BESOS, S.A.U.  #ElviraSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: Plaça de Joan Pelegrí, 1 Barcelona (08014)

Jueves 12
Demandante: BANCO DE SABADELL  #ErikaSeQueda PARADO en puerta
Dirección: C/ Sant Antonio Mª Claret, 458 Barcelona (08027)

Viernes 25
Demandante: INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA SUSPENDIDO
Dirección: C/ Mig de Can Clos, 8 Barcelona (08038)

¡Si se puede Stop desahucios! Abril 2019
PorPAH_Bcn

1era Fiesta por el Derecho a la Vivienda

Por la situación de emergencia habitacional, para poner la problemática en el centro y conseguir recursos para continuar la lucha organizamos junto con el Sindicato de Inquilinas la 1era fiesta por el Derecho a la Vivienda con The SEY Sisters, Maria Arnal y Marcel Bagés, Za! y Lágrimas De Sangre 
  • Martes 23 de abril (Sant Jordi)
  • 20 h
  • Sala Apolo (Barcelona)
El encarecimiento de los precios, tanto de alquiler como de compra, en la ciudad de Barcelona se encuentra en una situación que excluye a la mayoría de la población. Vivimos una emergencia habitacional que se ejemplifica día tras día en los barrios y pueblos. Tan solo tenemos que mirar datos: 644.718 desahucios en todo el Estado desde 2008.
La vivienda no es un artículo de lujo, es una necesidad y un derecho, y como tal necesita una regulación para garantizar el acceso. No nos detendremos hasta conseguir nuestro objetivo.
La ocupación de viviendas vacías es un recurso legítimo en tiempos de especulación y una herramienta útil para visibilizar que la propiedad de las viviendas recae en pocas manos, curiosamente bancos y fondos buitre, los mismos que nos estafaron hace diez años y que no solo no han asumido ninguna responsabilidad sino que han recibido 70.000M € públicos.
El Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, junto con muchos otros grupos de vivienda que hay en toda la ciudad son los únicos espacios de esperanza y solidaridad. Solo organizándonos podemos ser más fuertes. Solo organizándonos dejamos de estar solas.
Por un modelo de ciudad y pueblos para las personas y no por los beneficios del mercado, ¡ven el próximo 23 de abril a la fiesta por el derecho a la vivienda! ¡Queremos ciudades habitables! 
Los beneficios del concierto irán destinados a continuar la lucha por una vivienda digna y a las afectadas por la violencia inmobiliaria. Podéis hacer donaciones con el concepto «fiesta por la vivienda» en el núm. de cuenta: ES59 1491 0001 2820 2195 9529
PorPAH_Bcn

[Comunicado] Valoración inicial de urgencia del Decreto Ley 5/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda

Los grupos impulsores de la medida del 30% de vivienda protegida y de la ILP Vivienda ̶ Ley 24/2015 ̶ denuncian que este decreto ha sido aprobado con total secretismo, al tiempo que desregula y permite subidas de precio de VPO mientras deja problemáticas graves en temas de vivienda sin resolver.

Barcelona, 26 de marzo de 2019

El Decreto 5/2019, aprobado el pasado 5 de marzo en el Consejo Ejecutivo del Gobierno de la Generalitat, supone la modificación de más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo. La próxima semana el Parlamento vota si lo acepta o lo rechaza. Y en caso de que lo acepte, posteriormente se votaría si se tramita como proyecto de ley o se queda como está. Desde las entidades sociales consideramos que hay que volver a la casilla de salida, hacerlo de nuevo y hacerlo bien, poniendo sobre la mesa un nuevo decreto participado por la ciudadanía que garantice de forma efectiva el derecho a la vivienda en Cataluña. Es por este motivo que los próximos días, nos reuniremos con los diferentes grupos parlamentarios para conocer su valoración y compartirles nuestra oposición, por las líneas rojas que pisa.

Cataluña tiene un tejido social importantísimo de organizaciones y movimientos que luchan por el derecho a la vivienda, que ha sido pionero en la denuncia de la emergencia (desahucios y cortes), la burbuja de los alquileres o los efectos nefastos de la turistización sobre la vivienda. Además, la sociedad civil organizada ha sido capaz de cambiar leyes (ILP Vivienda), aprobar medidas como el 30% de vivienda protegida o provocar debates sobre el alquiler que han llevado a aprobar 2 decretos estatales, con la regulación de precios como gran tema pendiente. No tener en cuenta a las entidades y a los movimientos sociales demuestra una miopía y un desprecio indignante.

Este Decreto es una reforma importante de las leyes actuales, normas que para aprobarse han sido debatidas largamente y que han recibido aportaciones de la sociedad civil, y modifica más de medio centenar de artículos de las leyes de vivienda y de la ley de urbanismo, por lo tanto, se trata de un trabajo de meses del Gobierno, que debería haberse compartido. Lo anterior agrava aún más la falta de participación en su diseño y redacción.

A través de esta valoración de urgencia, queremos destacar varios aspectos que nos alarman y que deben hacerse públicos:

En primer lugar, no aborda la emergencia habitacional con valentía y recorta la protección respecto a la Ley 24/2015. Mientras que esta norma, nacida de una ILP impulsada desde la calle, aseguraba el realojo adecuado por parte de las administraciones de las personas en exclusión residencial que no fueran realojadas por los propietarios de la vivienda ̶ obligación que se preveía para grandes tenedores ̶ , el decreto apuesta por alojamientos temporales, que a día de hoy no existen, abriendo la puerta a que las soluciones temporales se cronifiquen. Además, incomprensiblemente, también pone condiciones y filtros inaceptables para conseguir alquileres sociales para las familias que no han tenido más alternativa que ocupar para vivir en una vivienda en desuso de la banca o de los fondos buitre.

En segundo lugar, abre la puerta a una liberalización del precio de la vivienda protegida, haciendo que una VPO pueda ser más cara según el barrio, precio que se marcará en base a los costes de edificación y urbanización, valor del suelo, beneficio empresarial y factor de localización; eliminando las tres tipologías de precios existentes hoy en día, que se definen en base a los ingresos de los solicitantes. Esto cuestiona gravemente la función de cohesión social de la VPO, agravará la segregación por barrios y reforzará la burbuja en los barrios gentrificados. También representará un encarecimiento de la vivienda protegida. El decreto desvirtúa claramente la medida del 30%, aprobada por la presión social que había detrás y el consenso político municipal que se consiguió en el Pleno Municipal de Barcelona, que precisamente posibilitaba distribuir la vivienda protegida dentro de los municipios, huyendo de la concentración histórica de la vivienda asequible en determinadas zonas.

Además, el Decreto reduce la validez de inscripción en el registro, de tres años a un año, y establece que las inscripciones actuales caducan en un año. Consideramos que estamos ante un intento de vaciar artificialmente la lista de demandantes de vivienda protegida, en uno de los momentos donde hay más demanda (125.426 personas) y cuando sabemos que muchas personas, directamente ni se inscriben, porque saben que hay poquísimos y es una «lotería», es decir, que en vez de dar respuesta de forma decidida, se quiere reducir la lista y flexibilizar los precios.

En tercer lugar, aunque la Generalitat se había mostrado públicamente favorable al carácter permanente de la vivienda protegida, este decreto desaprovecha una oportunidad histórica para hacer que toda la vivienda protegida sea de alquiler e indefinido. Esto solo se hace con la vivienda en suelo público pero no en las viviendas del 30%, por ejemplo. Legislaciones como la de Baleares o el País Vasco ya han legislado para garantizar el carácter indefinido de la VPO. Se puede hacer y se debe hacer, ya que la pérdida del parque de VPO es una de las causas principales que explican que hoy en día prácticamente no tengamos (se calcula por ejemplo que, si no se hubiera podido vender la vivienda protegida, Barcelona tendría hoy en día un 40%).

Por otra parte, se insiste en un índice de precios de los alquileres que no es más que un reflejo de los precios de mercado y de la burbuja, ya que no recoge las condiciones socioeconómicas reales de la población, no tiene en cuenta elementos claves como los ingresos familiares o la tasa de paro, de manera que el índice pudiera garantizar que los precios del alquiler se adapten a la economía real de las familias. Se ponen algunas medidas de transparencia, pero seguimos teniendo un índice de precios no vinculante y la propiedad no está obligada a aplicarlo, por lo que queda en papel mojado, que ni siquiera puede servir para evitar que los precios sigan subiendo.

Desde las entidades sociales tenemos claro que para garantizar el derecho a la vivienda es imprescindible cambiar de forma ambiciosa las leyes que defienden a la ciudadanía, hacer políticas valientes y dedicar presupuesto para llevarlas a cabo. Este Decreto Ley, queda muy lejos de alcanzar estos tres objetivos. Es cierto que incluye algunas mejoras, pero las medidas que nos alarman predominan y se ha quedado muy corto en todo lo que se podría y se debe hacer.

Desde la ciudadanía creemos que tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien, trabajando en un nuevo texto que contemple medidas con un amplio apoyo social como son: que la vivienda protegida (tanto pública como privada) sea permanente, incidir en los precios de los alquileres regulándolos para evitar precios abusivos, erradicar la emergencia habitacional obligando al sector privado a hacer alquileres sociales y realojando para que nadie se quede en la calle o tenga que acceder a una vivienda de forma precaria (ocupando), movilizando y actuando sobre la vivienda vacía de forma urgente, extendiendo el 30% en toda Cataluña o aumentando las cesiones de suelo de los privados en nuevos sectores residenciales para aumentar el parque de vivienda protegida, etc. Todo ello, entre muchas otras medidas urgentes y estructurales que necesitamos para llevar a cabo cambios significativos en la conquista del derecho a la vivienda.

Hay que hacer un nuevo Decreto Ley que esté a la altura de la situación que vivimos y que proyecte un futuro con derecho a la vivienda. Queremos barrios vivos y con vivienda asequible. Hemos demostrado que hemos podido hacer posible lo imposible y creemos firmemente que así será.

Recuperamos la parte de vivienda de la Ley 24/2015 de las manos del PP y de la banca y fuimos capaces de sacar adelante la medida del 30% con el sí del Pleno de Barcelona y de la Generalitat.

Exigimos que, de una vez por todas, se pongan las leyes y las políticas al servicio de la gente y del derecho a la vivienda.

PorPAH_Bcn

[Comunicat] La setmana del Dia Mundial de l’Aigua, a tocar les 200 organitzacions adherides al Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica

Us convidem el dijous 21 de març a les 11:30h als Jardins de la Torre de les Aigües a celebrar l’èxit de la campanya!

  • Crida Oberta a les organitzacions socials a adherir-s’hi

  • L’aigua a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana (AMB) ha estat gestionada per Agbar durant molts anys de forma il·legal, tal i com va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 2016.

    Tanmateix, Agbar -propietat de la multinacional francesa Suez- ha recorregut al Tribunal Suprem de Justícia (TS) i la sentència està al caure. Molt probablement, el TS ratificarà la sentència perquè la sentència del TSJC va ser molt contundent . Serà un moment transcendental per a poder remunicipalitzar l’aigua a Barcelona i a l’AMB.

    Des d’Aigua és Vida i el Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica (MAPiD) fa molt de temps que lluitem per una gestió de l’Aigua Pública i Democràtica. Entre moltes altres accions, vam aconseguir més de 26.000 signatures perquè a Barcelona és pogués fer una Consulta Ciutadana  sobre el model de gestió de l’aigua. ciutadana. Finament, Tot i els constants entrebancs d’Agbar, a la propera legislatura la consulta es podrà realitzar.

    Com tenim a tocar les eleccions municipals catalanes i la sentència del TS, hem decidit continuar lluitant. Així, el passat 15 de Gener vam llençar el Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica amb quatre grans objectius:

    • Considerar l’Aigua i el Sanejament com un Dret Humà
    • Gestionar el servei d’aigua i sanejament de forma pública i amb participació ciutadana
    • Crear un Observatori Ciutadà de l’Aigua Metropolità
    • Vetllar per la cura dels ecosistemes fluvials que abasteixen les ciutats de l’AMB

    A hores d’ara, ja han signat el Compromís 180 organitzacions de perfils molt transversals. Per tot això, i en el marc de la setmana del #DiaMundialAigua, us convidem el dijous 21 de març a la presentació pública del Compromís. Serà a les 11:30h als Jardins de la Torre de les Aigües (C/Roger de Llúria, 56, metro Girona). Vine a celebrar que som molts i moltes les que creiem en models de gestió diferents, que posin la vida al centre!

    PorPAH_Bcn

    ¡¡Pinchemos la burbuja del alquiler!!

    Por unos alquileres asequibles

    Por un parque público de vivienda de alquiler

    El 6 de abril nos manifestamos para denunciar el abuso de los precios del alquiler. Los especuladores nos estrangulan subiendo y subiendo los precios y cada vez tenemos más problemas para llegar a fin de mes, mientras que los sueldos no suben, un drama social ante la mirada pasiva de los gobiernos y los poderes públicos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho con el que no se tendría que poder especular. Hay miles y miles de pisos vacíos en nuestras ciudades, en cambio hay miles y miles de personas y familias sin lugar donde vivir.

    Salimos a la calle para denunciar el negocio que las industrias inmobiliaria y turística hacen con nuestros hogares. Mientras el gobierno español regaló a la banca  más  de  60.000 millones de euros de nuestros  bolsillos,  éstas no han hecho  otra  cosa  que  echar  de  su casa a personas sin dar ninguna alternativa habitacional. Los propietarios físicos  y  jurídicos de viviendas de alquiler,  con los  fondos  buitres  y  SOCIMI  a la cabeza,  disfrutan de  medidas de elusión fiscal en su favor desde hace décadas para no pagar impuestos mientras los inquilinos e inquilinas soportan presión fiscal de hasta más del 30%. Hay que substituir la LAU por una nueva ley que legisle los alquileres sociales en el mercado libre con ventajas fiscales vigiladas por el Estado y ciudades. Como demandan Madrid y Barcelona, hace falta que los  impuestos directos  del  Estado sean gestionados  proporcionalmente por  las ciudades con una descentralización solidaria como pasa en muchos países avanzados.

    Los desahucios se han disparado y actualmente están al nivel de los peores años de la crisis financiera: 165 desahucios por vía judicial  cada día,  uno cada 5  minutos.  Mientras  los fondos buitres  acumulan viviendas  a una  velocidad vertiginosa, sin precedentes en la historia, el alquiler se come más ingresos que en cualquier otro país de la OCDE. Y hay que añadir todos aquellos desahucios invisibles, que no están contabilizados, pero que suponen la expulsión de muchas vecinas de sus barrios y pueblos por no quererles renovar el contrato o por pretender imponerles subidas imposibles de asumir para los inquilinos e inquilinas. Hemos llegado a un punto asfixiante de la burbuja del alquiler y  queremos  pincharla,  por todos lados y desde todos los frentes.

    Queremos pincharla y estamos determinadas a hacerlo. A pesar de que el nuevo decreto introduce medidas en cuestiones de alquiler, éstas son todavía insuficientes. Es por eso que el movimiento por la vivienda y las organizaciones, barrios y entidades que convocamos esta manifestación queremos dejar muy claro a toda la población los motivos por los cuales no dejaremos de luchar hasta desmercantilizar una de las necesidades y derecho básicas de todo ser humano: tener un techo digno donde vivir. Y así reivindicamos:

    • Pinchemos la burbuja: exigimos medidas políticas y fiscales para adecuar los alquileres a la renta disponible del
    • Alquileres asequibles: es urgente regular los precios del alquiler teniendo en cuenta el poder adquisitivo real de la gente, es decir, la
    • Alquileres estables: los contratos de alquiler no pueden acabarse de forma injustificada y unilateralmente. Tienen que renovarse automáticamente a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda para su uso personal o de un familiar.
    • Ningún desahucio sin alternativa habitacional: mayor autonomía financiera de los Ayuntamientos (participar de los impuestos directos del Estado) para gestionar el parque de viviendas de las ciudades.
    • Contrato de alquiler único gestionado por oficinas de Vivienda y Ayuntamientos: el fin de los abusos de los intermediarios: el negocio de las inmobiliarias es un escándalo.
    • Justicia fiscal: eliminación de todas las figuras a medida de la elusión fiscal en el Impuesto de Sociedades (Socimis, patrimoniales,  etc)  y en el IRPF (persones  físicas y comunidades de bienes).
    • Expulsión de los fondos buitres: exigimos eliminar las Socimis, que disfrutan de grandes privilegios fiscales, y que el gobierno deja que especulen masivamente con nuestros hogares y que sean la punta de lanza de la burbuja.
    • Parque público de vivienda: Se tiene que convertir en parque público de vivienda las viviendas acumuladas por la Banca y por los fondos buitres para garantizar su función social, evitar la escasez artificial de vivienda y frenar la especulación. Grabar fiscalmente las viviendas urbanas vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas “especulativas” que no sean para primera residencia.
    • Aumentar la construcción de vivienda social: por parte del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento.
    • Basta de pisos turísticos: la mala gestión del turismo tiene un gran impacto en la vida de los ciudadanos y disminuye enormemente la oferta de vivienda de alquiler.
    • Ley 24/2015: La aplicación integral de la ley 24/2015.

    Se les ha acabado hacer negocio con nuestros hogares, con nuestros barrios, con nuestras vidas. Pinchemos la burbuja, y pinchémosla bien, que no vuelva a hincharse nunca más.

    PorPAH_Bcn

    Hoy el capitalismo sigue amenazando el derecho a la vivienda que nunca garantizó

    El derecho a la vivienda es sistemáticamente vulnerado en nuestro país y en todo el mundo. A pesar de que el artículo 47 de la constitución garantiza de manera declarativa ese derecho en realidad la clase política en sus leyes, la judicatura en la Justicia y los cuerpos policiales actúan sólo garantizando el derecho a la propiedad y a ejecutar las hipotecas de la Banca. La Banca privada, los Señores del dinero, esa oligarquía financiera es la responsable última de este retroceso.

    La crisis del 2007 ha demostrado que nada está garantizado más que los derechos de los poderosos con hechos incontestables. Uno de ellos han sido las compras de deuda y las inyecciones masivas de dinero de los Bancos centrales que han convertido la vivienda en un activo central de inversión para el capitalismo financiero. Ni el BCE y el Banco de España ni Zapatero ni Rajoy ni Sánchez han salvado a la ciudadanía ni a la clase trabajadora más precaria. Al convertir la vivienda en un lujo inalcanzable para las clases populares han acabado transformando las ciudades por un proceso de gentrificación y urbanizanización que siempre expulsa al vecindario más pobre.

    Los mercados de capitales y de renta fija hipotecaria son pues el núcleo de esta contrarrevolución contra el derecho a la vivienda. La Banca española se permite con el apoyo vergonzoso de todos los estamentos políticos y judiciales, interpretar o retorcer a su favor incluso la jurisprudencia europea y de derechos humanos sin que ninguno de esos responsables la contradiga. Mientras nuestra clase política asistía con una pasmosa pasividad a más de 875.000 ejecuciones hipotecarias de viviendas que han acabado en manos de la Banca o de fondos especulativos extranjeros desde el 2008.

    Lejos de ayudar al ciudadano han puesto miles de millones para sanear los balances de un sistema de cajas que ha desaparecido permitiendo una concentración sin precedentes de los grandes bancos que se les ha regalado todos los activos inmobiliarios a precio de saldo.

    Hoy las burbujas del alquiler están asolando ya las ciudades medias en nuestro país. Vivimos en España una segunda burbuja del alquiler, la primera fue en el 2002, con miles de desahucios Las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos poco van a resolver en un mercado donde casi todos los contratos se firman en el mercado libre que supone el 98% de las viviendas de alquiler. El problema es que los alquileres se comen la mayor parte de los presupuestos familiares.

    Miles de hogares sufren desahucios invisibles porque el fin del contrato supone subidas de la renta de alquiler inasumibles. Son empujados a la ocupación o a un submundo de economía sumergida en el sector residencial de emprendedores que realquilan pisos por habitaciones o locales sin licencia que se transforman en viviendas, al margen o no de las plataformas online o disfrazados de alquiler vacacional. Más de un millón de hogares en el área metropolitana de Barcelona en 27 municipios, 1 de cada 4 ciudadanos, están obligados a vivir en condiciones muy precarias, explica Cáritas en un estudio reciente. Eso muestra que las estadísticas oficiales del Estado español no entran en las zonas oscuras del derecho a la vivienda para evitarse el sonrojo de los organismos internacionales de derechos humanos.

    Todas estas penurias contrastan con el apoyo total al sector inmobiliario del Estado español. Es uno de los pilares de la economía española que viene de la mano del sector financiero en uno de los países donde su peso en el IBEX35 es aplastante.

    Es una unión sagrada bendecida desde 1959 cuando el ministro franquista de vivienda don José Luís de Arrese propuso la sociedad de los propietarios con la célebre frase: ”queremos una España de propietarios no de proletarios”. La izquierda española nunca ha renunciado al uso de esta máquina de crecimiento en los ciclos económicos del país. Adoptó el modelo franquista sin rechistar. Las políticas públicas de vivienda de medio siglo han sido continuadas mejoras legislativas, presupuestarias y fiscales para que el sector inmobiliario-financiero español parasitara mejor al Estado.

    España es uno de los países europeos que proporcionalmente ha gastado más dinero en vivienda principalmente en políticas fiscales. Hablamos de 77.560 millones en tres décadas de desgravaciones fiscales a la compra de primera vivienda que a través del incremento de precios acababan en manos de promotores y el inestimable sector bancario que hacía su agosto con millones de hipotecas constituidas. La máxima expresión del Plan franquista Arrese fue la renuncia del Estado español a esos 77.560 millones, la mayor parte en gobiernos del PSOE, que hubiera permitido construir un parque de vivienda pública asequible que hoy hubiera sido la salvación de esos millones de desahuciados.

    Desde el punto de vista de los impuestos España es un paraíso fiscal para los propietarios de viviendas alquiladas. Anualmente desde hace décadas el Estado renuncia a construir un parque público de alquiler porqué regala los miles de millones de euros al sector privado con el tramposo argumento de la promoción del alquiler, con los desastrosos resultados que conocemos. Entre el Impuesto de Sociedades y el IRPF suponían en el 2014 más de 10.000 millones de euros de elusión fiscal que crece en la medida que crece el parque de viviendas en alquiler. Esa partida presupuestaria que se regala a los ricos se volverá insostenible en poco tiempo. Para que nos hagamos una idea, en 2016 el Banco de España aseguraba que una vivienda se amortizaba en 10 años entre alquileres, beneficios fiscales a la propiedad y el incremento del valor del activo en la reventa. Ningún negocio ni industria tienen hoy tal rendimiento.

    Las casualidades de la historia económica reciente han llevado a que el capitalismo ha casado, como anillo al dedo, los intereses de la burguesía española con los intereses de las políticas neoliberales que dominan la escena de la Unión europea y del Euro. El sector inmobiliario y financiero, buques insignia del capitalismo español, en una economía desregulada y abierta, se han convertido en un lugar privilegiado de inversión para los capitales especulativos internacionales. Un matrimonio de conveniencia donde la desregulación legislativa y las exenciones y desgravaciones fiscales a las rentas del alquiler son el mejor regalo de bodas al capitalismo parasitario internacional que dona nuestro país.

    Mientras que la conducción de vehículos está regulada al milímetro en la normativa de Tráfico, el derecho la vivienda, que es un derecho humano, está totalmente desregulado. La gente no somos conscientes de cómo nos engañan. Los partidos constitucionales han hecho de la Ley de Arrendamientos Urbanos – la LAU- el arma perfecta para que fondos especulativos operando desde paraísos fiscales desahucien a placer. Por ello, miles de hogares se ven empujados a la ocupación como única posibilidad de tener un techo mientras los medios de comunicación la criminalizan para justificar medidas legislativas cada vez más duras contra los precarios.

    Y los municipios sin apenas capacidad fiscal ni legislativa, y intervenidos por el artículo 135, afrontan miles de desahucios con tímidas medidas que acaban financiando con sus presupuestos menguantes alquileres desbordados exigidos por la Propiedad que chantajea al derecho a la vivienda.

    Nuestras organizaciones que estamos hoy aquí presentes en este acto de denuncia pública de la corrupción en los servicios a nuestra gente mayor queremos agradecer en primer lugar la invitación para explicar los problemas en la vivienda y poder unir voces porque sólo la unidad de la clase trabajadora y la lucha nos puede permitir dar un vuelco a una situación que se ha vuelto insostenible hasta que todo el mundo junto se levante y DIGA BASTA!

    Manifiesto leído leído por PAC Badalona,  500×20 y PAH Barcelona en la presentación del documental Pactos de Silencio.

    PorPAH_Bcn

    Manifest 8M  JUNTES SOM MÉS!

    Avui, 8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.

    Cada 8 de març celebrem l’aliança entre dones per a defensar els nostres drets conquistats. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes. Les que van portat la Segona República, les que van lluitar a la Guerra Civil, les que van combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites antiimperialistes. No obstant això, sabem que encara no és suficient: queda molt per fer i nosaltres seguim lluitant.

    La sororitat és la nostra arma; és l’acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa.

    Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero… Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres.

    Som TOTES. Juntes avui parem el món i cridem:

    PROU! Davant de totes les violències masclistes que ens travessen.

    PROU! D’agressions, humiliacions, marginacions o exclusions. Exigim que el Pacte d’Estat contra les violències masclistes -d’altra banda insuficient- es doti de recursos i mitjans per al desenvolupament de polítiques públiques reals i efectives que ajudin a aconseguir una societat lliure de violències contra les dones i nenes. Denunciem la repressió sobre qui encapçalen la lluita pels drets socials i reproductius.

    PROU! De violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades que vivim les dones sigui quina sigui la nostra edat i condició. VOLEM poder moure’ns en llibertat per tots els espais i a tota hora. VOLEM gaudir del nostre dret a viure una vida lliure de violències masclistes. Assenyalem i denunciem la violència sexual com a expressió paradigmàtica de l’apropiació patriarcal del nostre cos que afecta, encara més, a les dones migrades i a les treballadores domèstiques. És urgent que la nostra reivindicació Ni una menys: vives ens volem sigui una realitat.

    PROU! D’opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals!​ Denunciem la LGTBIfòbia social, institucional i laboral que patim moltes de nosaltres, com una altra forma de violència masclista. Som dones i som diverses. Si ens toquen a una, ens toquen a totes!

    Som les que reproduïm la vida. El treball domèstic i de cures que fem les dones és imprescindible per al sosteniment de la vida. Que majoritàriament sigui gratuït o estigui devaluat és una trampa en el desenvolupament del capitalisme. Avui, amb la ​vaga de cures​ en la família i la societat, donem visibilitat a una feina que ningú vol reconèixer, ja sigui a la casa, mal pagada o com a economia submergida. Reivindiquem que el treball de cures sigui reconegut com un bé social de primer ordre i exigim la redistribució d’aquest tipus de tasques.

    Avui reivindiquem una societat lliure d’opressions, d’explotació i violències masclistes. Fem una crida a la rebel·lia i a la lluita davant l’aliança entre el patriarcat i el capitalisme que ens vol dòcils, submises i callades.

    Per aconseguir una vida lliure de violències cal actuar en tots els àmbits de la nostra vida.

    A Catalunya estem vivint una escalada de la repressió: càrregues policials l’1 d’octubre amb denúncies d’agressions sexuals. Les feministes estem compromeses també en la defensa de la democràcia i de les llibertats al nostre país i entenem que la criminalització i/o la judicialització de formes pacífiques de protesta social i reivindicació política també són formes de violència institucional que hem de denunciar. Per això denunciem l’aplicació de l’Article 155 de la Constitució espanyola i exigim la seva immediata suspensió.

    No acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni cobrar menys que els homes per la mateixa feina. Per això, avui també fem ​vaga laboral​.

    Vaga contra els sostres de vidre i la precarietat laboral, perquè les feines a les que aconseguim accedir estan marcades per la temporalitat, la incertesa, els baixos salaris i les jornades parcials no desitjades. Nosaltres engrossim les llistes de l’atur. Moltes de les feines que realitzem no posseeixen garanties o no estan regulades. I quan algunes de nosaltres tenim millors treballs, ens trobem amb que els llocs de major salari i responsabilitat estan copats per homes. L’empresa privada, la pública, les institucions i la política són reproductores de l’explotació laboral de les dones.

    PROU!​ de discriminació salarial pel fet de ser dones, de menyspreu i d’assetjament sexual en l’àmbit laboral.

    Denunciem que ser dona sigui la principal causa de pobresa i que se’ns castigui per la nostra diversitat. La precarietat s’agreuja per a moltes de nosaltres pel fet de tenir més edat, ser migrada i estar racialitzades, per tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la normativitat. Reivindiquem que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida: l’embaràs o les cures no poden ser objecte ni d’acomiadament ni de marginació laboral, ni han de minvar les nostres expectatives personals ni professionals.

    Considerem fonamental denunciar les normes i les polítiques opressives contra les dones migrants.

    Exigim també les pensions que ens hem guanyat. No més pensions de misèria, que ens obliguen a patir pobresa en la vellesa. Demanem la cotitularitat de les pensions i que el temps dedicat a tasques de cura, o que hem desenvolupat al camp, sigui reconegut en el càlcul de les pensions de la mateixa manera que el treball laboral i demanem la ratificació del conveni 189 de l’OIT que regula el treball domèstic.

    Cridem ben fort contra el neoliberalisme salvatge que s’imposa com a pensament únic a nivell mundial i que destrossa el nostre planeta i les nostres vides. Les dones tenim un paper primordial en la lluita contra el canvi climàtic i en la preservació de la biodiversitat.

    Per això, apostem decididament per la sobirania alimentària dels pobles. Donem suport al treball de moltes companyes que posen en risc la seva vida per defensar el territori i els seus cultius. Exigim que ​la defensa de la vida es situï en el centre de l’economia i de la política.

    Exigim ser protagonistes de les nostres vides, de la nostra salut i dels nostres cossos, sense cap tipus de pressió estètica. Els nostres cossos no són mercaderia ni objecte i, per això, també fem ​vaga de consum​. Ja n’hi ha prou de ser utilitzades com a reclam!

    Exigim també la ​despatologització ​de les nostres vides, les nostres emocions, les nostres circumstàncies: la medicalització respon a interessos de grans empreses, no a la nostra salut. Prou de considerar els nostres processos de vida com a malalties!

    +++ Exigim el reconeixement dels drets laborals de les treballadores sexuals i denunciem la violència institucional, la criminalització i l’estigma cap a les companyes.

    Exigim la ​despenalització total de l’avortament​, incloent-hi les menors d’edat, així com la seva legalització i cobertura gratuïta en el sistema de la sanitat pública. Repudiem qualsevol tipus d’ingerència en la decisió de les dones sobre els nostres cossos. ​Nosaltres parim, nosaltres decidim!

    L’educació inicial és l’etapa principal en la que construïm les nostres identitats sexuals i de gènere i, per això, les estudiants, les mestres, la comunitat educativa i tot el moviment feminista exigim el nostre dret a ​una educació pública, laica i feminista​ lliure de valors heteropatriarcals i imperialistes des dels primers trams educatius, en els que les professores som majoria, fins a la universitat.

    Reivindiquem ​també el nostre dret a una formació afectivo-sexual que ens ensenyi en la diversitat, sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no permeti ni una sola agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules.

    Sol·licitem ​el manteniment i l’ampliació dels programes de beques d’estudi per a les estudiants de tots els nivells educatius.

    Denunciem ​el pressupost públic que es destina a les escoles gestionades per l’Opus Dei i a totes les escoles concertades que segreguen per sexe. Reivindiquem una xarxa d’educació única, pública i gratuïta i amb perspectiva de gènere.

    Exigim ​un avanç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una educació que no relegui la nostra història als marges dels llibres de text; i en la que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines. No som una excepció, som una constant que ha estat callada!

    VISCA LA VAGA DE CURES, DE CONSUM, LABORAL I EDUCATIVA!

    VISCA LA VAGA FEMINISTA!

    Cap dona és il·legal​. Diem PROU! al racisme i l’exclusió. Cridem molt fort: no a les guerres i a la fabricació de material bèl·lic!. Les guerres són producte i extensió del patriarcat i del capitalisme per al control dels territoris i de les persones. La conseqüència directa de les guerres són milers de dones migrades i refugiades arreu del món, dones que som victimitzades, oblidades i violentades.

    Denunciem les polítiques migratòries i de fronteres de l’Estat espanyol i de la Unió Europea i ​exigim ​l’acolliment de totes les persones migrades, sigui pel motiu que sigui, atenent al dret a la mobilitat humana.

    Denunciem l’opressió que sobre les dones treballadores migrants té l’actual legislació i les polítiques públiques en la matèria. ​Exigim la derogació de la Llei d’Estrangeria. ​Exigim ​el tancament immediat dels CIEs.

    Som dones lliures en territoris lliures! 

    Denunciem ​les retallades pressupostàries en els sectors que més ens afecten a les dones i LGTBI: el sistema de salut, els serveis socials i l’educació.

    Denunciem ​la corrupció com un factor agreujant de la crisi.

    Denunciem ​la justícia patriarcal que no ens considera subjectes de ple dret.

    Denunciem ​la greu repressió i retalls de drets que estem patint.

    Exigim ​la recuperació de la memòria històrica i del protagonisme de les dones i de les seves lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: ​Veritat, justícia, reparació i no repetició.

    Reivindiquem ​la total separació Església i Estat.

    Exigim ​plena igualtat de drets i condicions de vida i la total acceptació de la nostra diversitat.

    ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, FEMINISTES, COMBATIVES I REBELS!

    Avui, la vaga feminista no s’acaba:

    SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE VOLEM!

    PorPAH_Bcn

    [Comunicado] Queremos una Barcelona que haga efectiva la Ley 24/2015 y que la lista de la Mesa de emergencia esté a cero

    Queremos compromisos de Ada Colau para hacer efectivo el derecho a la vivienda en nuestra ciudad y una apuesta clara para hacer efectiva la Ley 24/2015.

    Barcelona, 7 de marzo de 2019

    El pasado viernes nos reunimos con el Presidente de la Generalitat, el Sr. Quim Torra, junto con el Grupo Promotor de la ILP Vivienda, formado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, donde trasladamos una serie de demandas (link 1) para hacer efectiva la Ley 24/2015 y hacer frente al colapso de las Mesas de emergencia. A las 13 h nos reunimos con la Alcaldesa de Barcelona Ada Colau, para exigir medidas que aporten soluciones a las más de 562 familias que ya tienen reconocido el derecho a un piso de la Mesa de emergencia, pero que en muchos casos, ya llevan más de un año y medio en la lista de espera, para que se haga efectiva la entrega. La actual Mesa de emergencia, gestionada por la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda formada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, no funciona.

    La PAH de Barcelona comenzamos a denunciar la situación el 4 de abril de 2018 ocupando la oficina de Vivienda de la calle Bolivia. Una acción de la que salimos con un compromiso de reunión con la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda. El objetivo era claro, conseguir que la lista de espera de 360 familias llegara a 0 a finales de año, una lista que a estas alturas, lejos de reducirse, casi se ha duplicado.

    Desde entonces han habido varias reuniones y acciones consiguiendo que el 21 de septiembre, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona llegaran a acuerdos para ampliar el parque de vivienda pública. Unos acuerdos que deberían haber sido efectivos con carácter de urgencia, pero que aún no se han llevado a cabo, como ya denunciamos en noviembre pasado.

    Gracias a la presión del Grupo promotor de la ILP Vivienda, comenzada el mes de junio, hemos conseguido recuperar los artículos suspendidos de la Ley 24/2015: la obligación de los grandes tenedores de vivienda de ofrecer alquileres sociales a las familias en exclusión residencial y la obligación de ceder sus viviendas vacías a la Administración. Dos medidas fundamentales para combatir la emergencia habitacional y acabar con los desahucios sin alternativa. Toda una victoria ciudadana que vuelve a demostrar que es posible hacer lo que nos dicen que es imposible.

    Recordemos que la ciudad de Barcelona sufre una media de 12 desahucios diarios, unos datos que hablan por sí solos y que demuestran la urgencia con la que hay que hacer efectivos los acuerdos para agilizar la lista de espera de la Mesa de emergencia, como la contundencia con la que se aplicará la Ley 24/2015 para poder exigir a la banca y grandes tenedores que movilicen sus viviendas para darles el uso social que la ciudad reclama.

    Por ello, el pasado martes entregamos una carta a la Alcaldesa Ada Colau y al Presidente Quim Torra, para recordarles los compromisos acordados. A raíz de esta carta, hoy nos hemos reunido con la Sra. Colau y hemos exigido al Ayuntamiento de Barcelona, y a su Alcaldesa:

    • Envío urgente de una carta del Ayuntamiento a los grandes tenedores para hacer explícito formalmente que se ha recuperado la vigencia de la norma y que deben hacer ofertas de alquiler social obligatorias en casos de dación en pago y desahucios por impago de hipoteca y de alquiler. Hay que advertir que el incumplimiento lleva asociado sanciones graves de hasta 90.000 € y la obligación de realojar a las personas en Mesa de emergencia protegidas por la norma. También comunicación oficial a las oficinas de Vivienda que deben comunicar lo mismo formalmente, para que realicen el control del cumplimiento de la norma y que el Ayuntamiento aplique las sanciones derivadas si no se hacen las ofertas o no se hacen en los términos que marca la Ley.
    • Difusión entre la ciudadanía a través de una campaña pública intensiva en todos los medios de comunicación -incluidos TV y presencia en espacios públicos- de los derechos que la Ley provee a la población en situación de exclusión residencial, de la responsabilidad de las administraciones en su protección, de los recursos y los canales existentes para tal efecto, y de las obligaciones que determina para bancos i fondos buitre.
    • Facilitación inmediata de los protocolos de aplicación de la Ley y realización de formaciones a profesionales públicos y otros implicados de forma conjunta con el Grupo Promotor, y respeto del articulado de pobreza energética y el de vivienda.
    • Poner en marcha con celeridad y urgencia actuaciones decididas de movilización de la vivienda vacía para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas de alquiler asequible, con priorización del mecanismo de cesión obligatoria de viviendas de grandes propietarios a los precios de alquiler que marca la norma y garantizando un traspaso mínimo de recursos públicos a los privados. Utilizar todos los recursos que proporciona la normativa de vivienda como son las sanciones y otras medidas efectivas.
    • Facilitar datos de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores y aplicar las sanciones correspondientes y la obligatoriedad de la cesión de las viviendas.

    Además, hemos exigido que se lleven a cabo los acuerdos alcanzados en la reunión de mayo de 2018 junto con la Generalitat de Cataluña, con el fin de acabar con la lista de espera de la Mesa de emergencia, y que contemplan:

    1. La firma del convenio con Habitat 3 que permitirá la cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona de 4 millones de euros en los próximos 3 años para movilizar 100 viviendas para alquiler social.
    2. El acuerdo del Ayuntamiento y la Generalitat para comprar vivienda en Barcelona vía tanteo y retracto de pisos de la banca. Esta operación sería financiada por 40 millones de euros (20 M € del presupuesto de la Generalitat y los otros 20 M € que el Ayuntamiento podría financiar a través de un crédito del ICF.
    3. El alojamiento de familias que están en la Mesa de emergencia o atendidas en las oficinas de Vivienda de Barcelona en los 300 pisos que Bankia está cediendo a la Generalitat.
    4. La expropiación de uso de 50 pisos vacíos en Barcelona con presupuesto de la Generalitat para familias de la Mesa de emergencia.
    5. Forzar a CaixaBank a cumplir el acuerdo de cesión de 50 pisos a familias de la Mesa de emergencia al que llegaron conjuntamente en febrero de 2016.

    En este sentido, los compromisos establecidos han sido:

    1. La firma del convenio con Habitat 3 que permitirá la cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona de 4 millones de euros en los próximos 3 años para movilizar 100 viviendas para alquiler social. La firma de este convenio se ha hecho hoy mismo, entre la reunión que hemos mantenido por la mañana con el Presidente de la Generalitat Quim Torra y la posterior reunión con el Ayuntamiento, claramente gracias a nuestra presión y la del grupo Promotor de la Ley 24/2015.
    2. Destinar 156 pisos más a vivienda social en Barcelona vía tanteo y retracto de pisos del BBVA, gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat.
    3. Firma de un convenio con CaixaBank para concretar la cesión de 50 pisos. 30 de estos ya estaban concedidos y hoy nos han confirmado que ya disponen de 16 más, actualmente en trámites para familias de la Mesa de emergencia.
    4. Disminuir la lista de espera de la Mesa de emergencia de Barcelona en 30 familias, dado que viven en viviendas de gran propietario y tal como marca la 24/2015 estos les han de ofrecer un alquiler social.
    5. Dar a conocer en una campaña comunicativa la Ley 24/2015 para que la ciudadanía conozca sus derechos en materia de vivienda.
    6. Dar a conocer a todas aquellas personas funcionarias, que trabajan con temas de vivienda para la ciudadanía, el contenido de la Ley 24/2015, así como la realización de talleres para aprender su correcta aplicación.
    7. El envío, a todos los grandes tenedores de Barcelona, de una carta informando de la Ley 24/2015 y la obligación de ofrecer un alquiler social a todas aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y de la sanción correspondiente de 90.000 euros en caso de no cumplir la ley.

    Desde la PAH de Barcelona queremos una Barcelona con una lista de emergencia a cero y donde se pongan todos los recursos y actuaciones necesarios para hacer efectiva la Ley 24/2015. La PAH ha demostrado que es capaz de hacer posible lo imposible, y la ciudad donde nació este movimiento hace 10 años queremos verla libre de desahucios.

    Solo hace falta voluntad y valentía política para que esto sea así.

    ¡Sí se puede!

    PorPAH_Bcn

    [Comunicado] Presentamos al Presidente Quim Torra medidas para acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña.

    El Grup Promotor de la Llei 24/2015 ens reunim amb el President de la Generalitat per tal d’exigir la seva completa aplicació. La ciutadania ja hem fet la nostra part, ara toca voluntat política.

    El 2008 va esclatar la crisi i Catalunya ha estat castigada pels desnonaments fins al dia d’avui. L’acció de les elèctriques va posar de manifest després el greu problema dels talls i la pobresa energètica.

    L’aprovació per unanimitat de la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica va ser un punt d’inflexió i la demostració de l’anhel majoritari de la nostra societat de garantir el dret a l’habitatge digne.

    El PP, la banca i les elèctriques van intentar enterrar la Llei però vam salvar la part de pobresa energètica i aquest any hem recuperat el lloguer social obligatori per aturar desnonaments de grans tenidors i la cessió obligatòria d’habitatge buit d’aquests per garantir el dret a l’habitatge.

    Els quasi 3 anys de suspensió de la norma i el manteniment de la situació d’emergència agreujada per la bombolla dels lloguers i l’expulsió de veïnes, requereixen ara amb més força que mai un Govern que prioritzi de forma inequívoca i contundent l’eradicació de l’emergència.

    La denúncia del col·lapse de les meses d’emergència catalanes 2.000 persones en llista d’espera, la manca d’aplicació de les mesures de pobresa energètica i l’acció de denúncia de la PAH de Barcelona denunciant una llista d’espera de la mesa de 562 famílies, han provocat que el mateix President Quim Torra demanés una reunió amb les entitats socials.

    Avui, el Grup Promotor de la ILP Habitatge, format per les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya, Aliança contra la Pobresa Energètica i Observatori DESC, junt amb representants de la PAH de Barcelona hem mantingut una reunió amb el President Quim Torra, el Conseller de Territori i els seus equips al Palau de la Generalitat on li hem traslladat una quinzena de demandes concretes (consulta aquí).

    Els compromisos adquirits pel President Torra i els propers passos són:

    • Compromís d’efectuar les reunions amb tots els departaments implicats juntament amb el Grup Promotor i amb la presència del President per tal de concretar resultats i fer-ne seguiment en una pròxima reunió al maig amb el President.
    • Compromís de fer una campanya comunicativa per part de la Generalitat per tal de donar a conèixer a tota la ciutadania els drets que recull la Llei 24/2015 i com exigir-los, tant en la part d’habitatge com en la de pobresa energètica.
    • Compromís d’informar als grans tenidors d’habitatge per carta sobre l’obligatorietat d’aturar els desnonaments i oferir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat. Així com a informar als municipis dels recursos i protocols per tal de fer-ho efectiu.
      Compromís de traslladar personalment al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la necessitat de coordinació entre jutjats i Ajuntaments per tal de garantir el compliment de la Llei 24/2015 i les sancions corresponents en el cas del seu incompliment.
    • Compromís de convocar una reunió amb la Conselleria d’Afers Socials, d’Empresa i d’Interior amb el President i Grup Promotor per tal de desencallar la signatura de convenis amb les subministradores i resoldre la qüestió del deute de les famílies vulnerables així com posar en marxa el protocol de detecció de casos de pobresa energètica a través de Bombers de la Generalitat.

    Pel que respecta a les Mesas d’Emergència de Barcelona i de Catalunya no hi ha hagut cap compromís clar ni un calendari per tal de posar la llista d’espera a zero.

    Catalunya no vol ser líder en desnonaments, talls de subministraments, llistes d’espera de meses d’emergència o deutes de les famílies amb bancs i elèctriques, sinó que ha de liderar el rànquing de la conquesta dels drets socials per a tothom. Catalunya ha estat pionera en la legislació contra l’emergència habitacional, la Llei 24/2015 n’és el principal exponent. Ara cal fer-la complir de forma plena i activar de forma immediata totes les actuacions necessàries per garantir el dret a l’habitatge digne, acabant amb la pobresa energètica i els desnonaments a Catalunya.

    Grup Promotor de la Llei 24/2015.

    PorPAH_Bcn

    ROUND 2: ¡Hemos hecho posible lo imposible! Ahora toca velar su aplicación por parte de los grandes tenedores

    Hoy nos hacemos presentes en las entidades financieras de la Avenida Paralelo de Barcelona para exigirle al BBVA, BANKIA, Santander, La Caixa, Banco Sabadell… que tienen que cumplir con la Ley 24/2015 que daban por sentenciada y que:

    1. Hagan los alquileres sociales y daciones en pago a las familias vulnerables que no han podido continuar pagando su hipoteca por motivos económicos, puesto que el artículo 5 les obliga.
    2. Hagan los alquileres sociales a las familias vulnerables que no han podido continuar pagando su alquiler por motivos económicos, puesto que el artículo 5 les obliga.ç
    3.  Cedan la vivienda vacía a los ayuntamientos, tal como les obliga el artículo 7.
    4. Hagan alquileres sociales a las familias que se han visto obligadas a ocupar por culpa de la usura bancaria.
    5. Paralicen todos los desahucios.

    Esta semana, además, nos reuniremos el próximo jueves con el President Quim Torra y la Alcaldesa Ada Colau para tener su compromiso en el despliegue y cumplimiento, por parte de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, de la Ley 24/2015, y para exigir voluntad política para hacer frente a la Mesa de emergencia, tal como les hicimos llegar mediante una carta la semana pasada. Necesitamos un Gobierno y unos ayuntamientos valientes que hagan frente de manera efectiva a la emergencia habitacional y que apliquen íntegra la Ley 24/2015 que todos los partidos aprobaron por unanimidad en el Parlamento de Cataluña.

    Después de casi tres años desde la impugnación de nuestra Ley por parte del Gobierno de Rajoy y la banca, la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana, ha permitido “hacer posible lo imposible” y recuperar las herramientas más importantes que el PP había sentenciado y enterrado: herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas, como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a los desahucios. Las Mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial.

    Las entidades del Grupo Promotor estaremos pendientes y movilizadas para que no se produzca ningún desahucio, que los grandes tenedores cedan su vivienda y que las administraciones públicas, entre ellas la Administración de justicia, protejan efectivamente a las personas.

    Recordemos también que la Ley 24/2015 es una ley nacida de una iniciativa popular, que se puso en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas se tienen que cambiar, a las que ya no están pero nos dan fuerza para seguir batallando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

    Exigimos la aplicación inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña.

    ¡Sí se puede!