Archivo mensual abril 4, 2019

Hoy hemos convocado diversas ruedas de prensa de forma simultánea en distintos municipios para presentar la nueva campaña de la Obra Social de la PAH en Cataluña contra la criminalización de la ocupación, a la que hemos llamado “Vivir no es delito”.

Como bien sabéis, el derecho a una vivienda está recogido en diferentes normativas y tratados, por ejemplo, en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido ratificado por 108 Estados, entre ellos España, en el cual, además, se reconoce al Estado como garante de este derecho. Asimismo, el artículo 47 de la Constitución Española también recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada. Por último, recordar que en España el Relator Especial de las Naciones Unidas por el derecho a una vivienda digna lanzó una serie de recomendaciones que no han sido implementadas por nuestro gobierno.

El acceso a la vivienda no está garantizado en Cataluña. La Administración pública no es capaz de dar soluciones habitacionales a las necesidades de la ciudadanía, teniendo una Mesa de emergencia habitacional desbordada. En los últimos cinco años, el precio medio del alquiler en Cataluña ha crecido un 49%, lo que obliga a las personas a destinar el 51% de sus ingresos para poder mantenerla. Todo esto ha contribuido a que el riesgo de pobreza se sitúe en una tasa del 20%… y que en el caso de los menores de 16 años se sitúa en un 28,5%.

Por otro lado, los desahucios, aunque han dejado de ser mediáticos, siguen aumentando. Nos encontramos con el dato aterrador de que se producen 2 desahucios cada hora en Cataluña, de los cuales el 64% es por impago de alquiler.

Como posible alternativa habitacional podríamos contar con las llamadas viviendas sociales. Sin embargo, los datos nos dicen que solo un 1,3% del parque de vivienda corresponde a esta tipología de vivienda pública. Y es que España solo dispone de 3 viviendas de alquiler social por cada 1.000 habitantes, siendo así el país de la UE con menos oferta. Esto provoca que la espera para acceder a una vivienda social pueda alargarse años. Mientras tanto, la única alternativa que se da es la del hacinamiento de hasta tres generaciones familiares en una misma vivienda, con todas las problemáticas sociales, familiares y psicológicas que eso trae consigo.

En contrapartida, nos encontramos que en Cataluña existe un 11,6% de viviendas vacías, lo que supone un total de 448.000 viviendas. Debido a este contexto social, económico y político que nos rodea, muchas familias que han visto vulnerado su derecho a vivienda, han encontrado en la ocupación de pisos vacíos la única solución para poder vivir dignamente. Con la Obra Social Catalana y la organización popular y colectiva se han realojado a más de 4.000 personas que no tenían ninguna alternativa habitacional, en pisos vacíos de bancos o grandes tenedores. Con estas recuperaciones ponemos en el centro la función social de la vivienda: que las personas hagan vida en ellas.

Asimismo, al contrario de lo que el imaginario colectivo ha instaurado, casi el 70% de las personas que ocupan una vivienda vacía de un banco o gran tenedor dicen tener una relación positiva o muy positiva con la comunidad de vecinas.

Estas acciones de justicia social han levantado ampollas dentro del sistema capitalista, ya que la propiedad privada es una de sus bases. Su respuesta no ha sido otra que la criminalización de estas recuperaciones usando todas las armas que tienen a su disposición, sobre todo los grandes medios de comunicación. A través de ellos, los partidos políticos y las grandes entidades financieras pretenden criminalizar la pobreza con mentiras y manipulaciones de la realidad que alimentan mitos sobre las ocupaciones. Quieren relacionar pobreza y delincuencia, ocupación y mafia, drogas y mala convivencia, cuando ellos son los principales responsables de este sistema que nos condena a la miseria. Por eso estamos aquí, para contestar a sus mentiras afirmando que el 93% de las personas que ocupan una vivienda vacía viven por debajo del umbral de la pobreza. Además el 82% de las viviendas ocupadas en Cataluña son propiedad de bancos y grandes tenedores; acabemos con la mentira de que a cualquier persona le pueden ocupar su vivienda cuando no esté. La ocupación de pisos vacíos se ha convertido en la única alternativa para miles de familias que solo intentan tener un techo donde vivir. Por ello pedimos a la ciudadanía que no se dejen engañar, que no miren a otro lado y que se unan a nuestra lucha contra la mafia financiera y política, aquella que posee miles de viviendas vacías, en las que nosotras solo queremos recuperar su función social. Basta de mentiras. Basta de desahucios. Basta de guerra entre pobres.

Por lo tanto, presentamos nuestra campaña Vivir no es delito en toda Cataluña, en la que intentaremos llegar a toda la población con el material que hemos elaborado, hablaremos con distintas organizaciones sociales, asociaciones de vecinas y plantearemos acciones para combatir el discurso que criminaliza la ocupación, y lo más importante: vamos a seguir organizadas y recuperando viviendas para darle su función social.

Sabemos que la criminalización de la ocupación va a ser el discurso que algunos políticos van a usar para ganar 4 votos. Desde la Obra Social catalana vamos a estar pendientes de esta campaña electoral y no vamos a permitir que se use el discurso que criminaliza la pobreza. Vamos a señalar a todos los políticos que hagan campaña en este sentido.

Basta de criminalizar las ocupaciones. Trabajemos para conseguir unos alquileres sociales para todas las personas que lo necesiten y para que los bancos y grandes propietarios cedan sus pisos vacíos al parque público de vivienda. Defendamos nuestro derecho a vivienda digna. ¡Es la hora de recuperar la función social de la vivienda!

¿Casas sin gente y gente sin casas? ¡Ni hablar! Organízate en tu Pah más cercana.