Archivo mensual junio 2019

PorPAH_Bcn

Caixabank sigue demostrando su verdadera cara

A pesar de todo el esfuerzo invertido por Caixabank para vendernos la moto con su Obra Social, la realidad es que actúan como cualquier otra entidad, estafando primero a las familias para luego adueñarse de sus hogares y dejarlas en la calle sin alternativas

Llevamos varias semanas en campaña de denuncia contra Caixabank, ejerciendo presión con acciones continuadas y realizando negociaciones junto a las afectadas, como Kerly, Martha e Isabel, a quienes la entidad no está ofreciendo una solución en base a lo que marca la LAU. Esto deja claro cuál es la verdadera cara de Caixabank: vulnerar Derechos fundamentales y violar las leyes que los protegen.

Las leyes están para cumplirlas y Caixabank no está por encima de ellas. Kerly, Martha, Isabel y tantas otras necesitan que se les haga justicia tras años de estafas y mentiras. La justicia se resume muy rápido: Alquiler Social en base a sus ingresos con una duración de 7 años, no 3 como la entidad pretende, a unos importes que se sacan de la manga.

Por ello hoy, en colaboración con el Colectivo Enmedio volvemos a una oficina de Caixabank, para visibilizar de manera distinta y original, a la altura de nuestras anteriores colaboraciones para acabar con el mal, las políticas antisociales de este banco rescatado con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Ese rescate debe servir para dar una segunda oportunidad a las familias y no para usar sus hogares, una vez arrebatados, para engrosar sus beneficios vendiéndolos a fondos buitre, en este caso Coral Homes.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecerle a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir las leyes, tanto autonómicas como estatales.

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos soluciones. 

Llevamos 10 años en lucha, demostrando la legitimidad de nuestras demandas, hemos cambiado leyes y creado otras nuevas, para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Seguiremos denunciando la situación y peleando hasta lograr una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible y estable para todas.

Las familias no están solas, la PAH tampoco, y volvemos a poner a Caixabank en medio del relato. No vamos a permitir ni un día más que las familias vivan sus vidas en cajas, con el miedo a ser desahuciadas en cualquier momento sin estar preparadas. Preparadas están y seguirán estando para hacer frente a la mafia bancaria que solo quiere especular con sus vidas

#enCAIXAdes

PorPAH_Bcn

#enCAIXAdes, una nueva acción fotográfica en colaboración con el Colectivo Enmedio

Hoy por la mañana nos plantamos delante de una sucursal de Caixabank y mientras Kerly intentaba negociar su alquiler social de 7 años, otras estábamos fuera contando la verdadera historia a los viandantes y a los medios de comunicación que se acercaron.

Creamos un dispositivo de acción fotográfica capaz de dar visibilidad a la situación de Kerly (y de muchas personas más) a partir del uso de la fotonovela. Vidas “encaixades” (encajadas), con un lugar asignado en la sociedad que no pensamos aceptar. Decidimos contar una historia que nos represente, no la historia que quieren contar de nosotras, que finalmente es la historia de muchas familias engañadas y estafadas por los bancos.

La historia sigue, hoy no conseguimos los 7 años Kerly pero las acciones seguirán hasta conseguirlo. 

#SiSePuede

Gracias al Colectivo Enmedio y a todas las que asististeis al TAF donde surgió la idea de esta acción fotográfica, por hacerla realidad.

#enCAIXAdes
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Reportaje: Vivienda, entre el derecho y la mercancía

Compartim el reportatge publicat originalment a Catalunya Ràdio que tracta la problemàtica actual de l’habitatge i en el què han participat vàries persones de la PAH Barcelona.

Vivienda, entre el derecho y la mercancía

«Todos los españoles y españolas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

Artículo 47 de la Constitución española

Primero fue el precio de compra y ahora el de alquiler. El encarecimiento de la vivienda ha abocado a muchos ciudadanos a situaciones complicadas y, en algunos casos, desesperadas: vivir en condiciones insalubres, elegir entre tener luz o pagar el alquiler, poder permitirse solo una habitación u ocupar un piso vacío.

Se calcula que en Cataluña hay 11.000 personas sin hogar y 53.000 en situación de exclusión residencial. Esto, mientras una Barcelona cada vez más gentrificada se convierte en un polo de atracción para inversores de todo el mundo, incluyendo compañías como la norteamericana Blackstone, que, con una inversión de más de 20.000 millones de euros desde 2012, es el fondo con más propiedades inmobiliarias de España.

La gentrificación es un fenómeno urbano que expulsa a las clases populares de los barrios céntricos. Los vecinos y vecinas de toda la vida son sustituidos por personas con más poder adquisitivo, que quieren vivir en zonas de moda y próximas a la oferta cultural y de ocio.

Si a este fenómeno se le suma un turismo masivo, ciudades como Barcelona se convierten en un caramelo para los grandes tenedores. Pero la tendencia al alza de los alquileres no solo afecta a Barcelona. El casco antiguo de Girona ha visto un aumento de los precios de hasta el 40%, en medio de una efervescencia turística alimentada por acontecimientos globales como el rodaje de la serie «Juego de tronos».

Evolución del precio medio de los contratos de alquiler en diversos municipios

Raquel Aparicio, su marido y sus dos hijas menores lo sufrieron de primera mano. Después de siete intentos, los echaron del piso donde vivían.

Raquel recuerda la angustia cuando sentía un portazo o veía un policía en la calle, y el momento en que la orden de marchar llegó:

“Cogí las niñas y me encerré en la habitación. No era capaz de pensar.”

Una de las siete peticiones para echar a Raquel era un desahucio abierto. Con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio Desc y el Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha llevado su caso al Tribunal Constitucional. Es el primero sobre un desahucio abierto que llega a este órgano judicial.

La sentencia puede tardar dos o tres años. A pesar de que a Raquel ya no le servirá, la resolución puede establecer un precedente para otras familias y suponer un primer paso para, si es necesario, llegar a la justicia europea.

Mientras espera recibir un piso de la Mesa de emergencia, ella y su familia se alojan en un aparthotel que paga el Ayuntamiento de Barcelona.

Cataluña recuperó el año pasado la llamada ley antidesahucios y contra la pobreza energética, que había quedado suspendida durante dos años por un recurso del PP en el Constitucional.

Esta ley, surgida de una ILP, obliga a bancos, inmobiliarias y fondos de inversión a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables y evitar así que se queden en la calle. El incumplimiento les puede conllevar sanciones. Los particulares están exentos aunque sumen un número considerable de propiedades.

La legislación, sin embargo, no ha comportado las soluciones esperadas. Por motivos diferentes, Manuela, Juan Carlos, Fadoua, Roger o Míriam no pueden permitirse una vivienda digna. Son la cara visible de las disfunciones del sistema.

Clica en cada imagen para saber su historia:

 

Cuando la pensión no alcanza para pagar el alquiler

Alquileres demasiado elevados, pensiones precarias y sueldos insuficientes explican una parte del problema. La Administración debería ofrecer alternativas, pero sus servicios están saturados.

Albino lleva dos años esperando un piso. Dos décadas trabajando en la mina le provocaron bronquitis crónica y silicosis, una inflamación de los pulmones por inhalación de polvo de sílice. Una máquina le ayuda a respirar, pero cada dos semanas debe ingresar de urgencias en el Hospital del Mar.

Albino vive de alquiler en el Raval en un piso sin ascensor. Cobra una pensión de 1.000 euros y paga 430 de alquiler gracias a una ayuda. Su mujer, con obesidad mórbida, hace casi 2 años que no sale a la calle porque no puede bajar las escaleras. Con sus problemas respiratorios, a él también le cuesta mucho salir de casa.

A pesar de tener dos pensiones, Albino y su mujer no se pueden permitir un piso a precio de mercado

Un arquitecto del Ayuntamiento certificó que el piso donde estaban no era apto y los aceptaron en la Mesa de emergencia. Los médicos del Hospital del Mar hicieron informes sobre su estado de salud para que los Servicios Sociales agilizaran los trámites, sin resultado: el 27 de octubre hará dos años que esperan.

Aún le queda un año de contrato, pero Albino reconoce que no puede más:

“Tengo que mover cielo y tierra, pero un año más aquí no aguanto, ¡es que no aguanto ni dos meses!”

Las personas mayores están en el ojo del huracán. La pensión media en Cataluña es hoy de unos 1.000 euros, según el Instituto de Estadística de Cataluña, poco más de los 930 euros que cuesta un alquiler de media en Barcelona.

Tener una propiedad tampoco es sinónimo de tener ingresos suficientes. Muchos pensionistas se ven obligados a complementar la pensión con productos como la nuda propiedad, la renta vitalicia o la hipoteca inversa, opciones que toman un piso como garantía. Estas fórmulas interesan especialmente a bancos e inversores porque les permiten adquirir viviendas a precio de ganga. Antes de contratarlas, conviene asesorarse y mirar bien la letra pequeña.

Si se tiene en cuenta que en 2030 una de cada cuatro personas en Cataluña tendrá más de 65 años y que la mitad de los nuevos hogares hoy son de alquiler, parece que el problema no ha hecho más que empezar.

Los nuevos damnificados del mercado inmobiliario

Aunque inadecuado, Albino y su esposa tienen un techo y esto hace que su situación no sea considerada de extrema urgencia.

Para los casos más graves y de necesidad inmediata, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha a finales de 2015 el Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO). Atiende cada semana unos 70 casos, pero en momentos punta puede llegar al centenar.

El objetivo del SIPHO es mediar, acompañar y orientar a las personas afectadas por desahucios para evitar situaciones traumáticas.

Una técnica del SIPHO en un desahucio en Nou Barris

Sus responsables reconocen que la mediación no siempre es posible y que sería necesario mejorar la coordinación, tanto con los Servicios Sociales como con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Los desahucios son los casos más graves y los que más han salido en los medios, pero no son el único problema ni el más numeroso en relación con el acceso a la vivienda. Hay un gran número de personas que, a pesar de tener un contrato de trabajo, no se pueden permitir un alquiler o una hipoteca. Son lo que se conoce como la clase trabajadora empobrecida. En Cataluña hay más de medio millón.

Esta es la situación de Yoli. Con su marido en el paro, su sueldo no era suficiente para llegar a fin de mes y pagar el piso. Los desahuciaron.

Ahora trabajan ambos, pero no se pueden permitir la fianza de un alquiler.

“Es una vergüenza. ¿De dónde quieren que saquemos 3.500 euros?”

Viven en una habitación que les cuesta 500 euros al mes porque no cumplen los requisitos para acceder a una ayuda al alquiler.

Para beneficiarse de ella, se tiene que cobrar menos de 21.257 euros anuales viviendo solo, y pagar menos de 900 euros de alquiler, unos criterios que han quedado obsoletos.

Yoli critica la falta de opciones para las personas que no tienen ahorros

¿Existen pisos asequibles?

Si no se cumplen los requisitos para acceder a una ayuda, existe la opción de acudir a la bolsa de alquiler social. Son pisos que los propietarios han cedido al Ayuntamiento a cambio de garantías y ventajas económicas, pero hay mucha demanda.

La otra opción es solicitar una vivienda de protección oficial. En 8 años, la lista de espera se ha doblado. Solo el año pasado se inscribieron más de 125.000 familias, y solo se terminaron de construir 677 nuevas viviendas.

En los años 60, Barcelona disponía de 200.000 pisos de protección oficial, pero ahora solo quedan 19.000 con esta calificación. Sin esta reducción, la vivienda pública representaría hoy un tercio del parque inmobiliario de la ciudad.

A la poca oferta se suman el mal uso y el abuso. El Ayuntamiento de Barcelona comenzó el año pasado a hacer inspecciones de oficio a los pisos de protección oficial. De los 2.500 que ha revisado, ha encontrado irregularidades en casi el 10%.

Los problemas para acceder a un piso han hecho que diversas entidades también se arromanguen para encontrar soluciones. Es el caso de la Fundació Hàbitat3, que busca pisos vacíos para familias vulnerables.

Los propietarios que participan cobran entre un 10 y un 20% menos que el precio de mercado a cambio de un compromiso de pago y que el piso será devuelto en buenas condiciones. En caso de que sea necesaria una rehabilitación, la Fundación se hace cargo de una parte.

Los propietarios y las reticencias a alquilar

En la otra cara de la moneda están los propietarios, que denuncien presiones y desprotección.

Montserrat Calvet, abogada, hace más de 20 años que representa propietarios. Afirma que antes no se llegaba al desahucio porque se alcanzaban acuerdos, pero ahora la situación es muy diferente.

“Muchas veces es el inquilino el que no tiene interés en hablar con el propietario y llegar a un acuerdo. Te dicen directamente que les interesa que pongas una demanda para que, de este modo, a través de la Administración, se les acorta el plazo para acceder a un piso social.”

El proceso judicial para autorizar un desahucio debería resolverse en tres meses, pero acaba alargándose nueve meses de media. Si es un caso complicado, el trámite puede durar hasta dos años.

Muchos propietarios se sienten indefensos ante la lentitud de los procesos judiciales

¿Viena, la solución?

Todo el mundo –la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y entitades sociales como el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinoscoinciden en que hay un problema de acceso a la vivienda y que habría que construir más vivienda pública, que ahora no llega al 2%.

El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado 700 pisos para incorporarlos al mercado de alquiler y ha creado la Unidad contra la Emergencia Residencial. «La buena voluntad está», dicen desde la plataforma “Fem Sant Antoni”, pero consideran que no es suficiente porque continúa la expulsión de vecinos y vecinas y de comercios de toda la vida, y no solo en este barrio. La mancha se extiende ahora al Poble-sec.

Los promotores también piden hacer más vivienda privada y hablan de construirla asequible, pero desde el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinos reclaman como necesaria la regulación.

El arquitecto David Bravo, experto en gentrificación, defiende un cambio de paradigma y propone como inspiración el modelo de Viena. En la capital austriaca hay un tercio de vivienda de alquiler público, un tercio gestionado por cooperativas y un tercio de alquiler privado regulado.

La gran pregunta es: ¿Cómo se puede aplicar este modelo aquí? En los años 60 el parque de alquiler en Barcelona era del 70% y el de propiedad de 30%. Ahora es todo lo contrario. David Bravo cree que es posible revertir los porcentajes porque, además de las viviendas y locales infrautilizados, hay suficiente suelo para construir pisos nuevos; por ejemplo, los terrenos municipales de la Feria de Montjuïc o cubriendo las Rondas.

Para frenar la subida de precios, la Generalitat ha aprobado vía decreto aplicar topes a los alquileres. Se toma como límite el índice de referencia, es decir, el precio medio de la zona, calculado a partir de los contratos depositados en Incasòl y añadiéndole un 10%. No hay sanciones para los propietarios que se salten las limitaciones del decreto. Los inquilinos que paguen por encima del tope podrán reclamar la diferencia con la mediación de la Generalitat o por vía judicial.

La normativa parece no convencer a nadie. Las plataformas por el derecho a la vivienda creen que las excepciones del decreto lo convierten en papel mojado y los propietarios vuelven a sentirse desprotegidos.

El Banco de España ya ha dicho que desaconseja este tipo de medidas porque hacen que haya menos pisos de alquiler disponibles. Experiencias previas tampoco han funcionado. París y Berlín intentaron regular los precios de alquiler, sin éxito.

Las discrepancias hacen que el balón vuelva a estar en el tejado de las administraciones. De ellas dependerá frenar la especulación y garantizar a toda la ciudadanía el derecho a la vivienda.

CRÉDITOS:

Edición: Carla Pedret y Laia Ortega
Redacción: Laia Ortega, Carla Pedret, Eva Pineda, Jordi Canal, Maria Rovira y Nati Adell
Coordinación de diseño: Sílvia Costa
Diseño y maquetación: Mercè Sabanés

 

PorPAH_Bcn

Exigimos sanciones a bancos y fondos buitre que desahucian, ¡y la movilización inmediata de sus viviendas vacías!

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015

Hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que ha puesto una sanción a un gran tenedor de vivienda del Raval por no haber hecho la obligatoria oferta de alquiler social a una familia vulnerable antes de ordenar el desalojo y, por otra parte, una expropiación forzosa del uso de un piso vacío del BBVA en el barrio del Besòs por 10 años. También se ha hecho público que existen 7 expedientes más de expropiación en pisos de Caixabank, Sareb, BBVA y Bankia, y que hay 300 casos más detectados donde se debe ofrecer alquiler social para evitar desahucios, y que si no se ofrece, también se actuará.

Es una buena noticia que se sancione a los grandes tenedores por incumplir sus obligaciones legales con los desahucios, y que se utilicen las herramientas existentes para aumentar el parque de vivienda social movilizando los miles de viviendas vacías existentes. Según nos consta, se trata de las dos primeras actuaciones de este tipo en Cataluña.

Hay que tener presente que la ley que rompió por primera vez en todo el Estado la impunidad de los bancos a la hora de desahuciar cuando tienen cientos de miles de viviendas vacías, es la Ley 24/2015, aprobada gracias a la lucha incansable de las entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda digna. La Ley 4/2016 se aprobó después de que el gobierno de Rajoy suspendiera la 24/2015, nacida de la ILP Vivienda. Y no solo eso, sino que también la salvamos del intento del PP y la banca, de enterrarla a través de su impugnación en el Tribunal Constitucional.

Gracias a 3 años de lucha imparable y después de recuperar las leyes a principios de 2019, las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca y el Grupo Promotor hicimos una primera acción en todos los municipios de Cataluña exigiendo a los bancos, ayuntamientos y juzgados el cumplimiento íntegro de sus medidas. Además, el pasado mes de abril nos reunimos con el President Quim Torra para exigirle lo mismo, y posteriormente se han realizado numerosas reuniones con los Departamentos de Territorio, Asuntos Sociales, y Empresa, para asegurar la aplicación valiente y plena de la Ley 24/2015, tanto la parte de vivienda como la parte de pobreza energética.

Cada día hay 45 desahucios en Cataluña, y el alquiler social obligatorio se debe ofrecer en todos aquellos lanzamientos hipotecarios y por impago de alquiler de grandes tenedores que afecten a familias en exclusión residencial, es decir, que tengan ingresos inferiores al 2’5 del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). Por lo tanto, miles de familias han de firmar anualmente alquileres sociales ofrecidos por la banca, fondos buitre y grandes propietarios, que eviten su desahucio (13.941 perdieron su vivienda en Cataluña en 2018 y 3.557 en el primer trimestre de 2019).

Los desahucios de pequeños propietarios también están cubiertos por la Ley 24/2015, a través de la obligación de realojo obligatorio por parte de las administraciones (Generalitat y ayuntamientos) y de las herramientas de movilización de vivienda vacía de bancos y fondos buitre para alquiler social. Esta obligación está siendo incumplida de forma sistemática y a diario, y lo demuestran las más de 2.000 familias que esperan una vivienda en las Mesas de emergencia en todo Cataluña: ¡necesitamos movilizar las miles de viviendas vacías de bancos y fondos buitres que no cumplen su función social!

Para acabar, exigimos las siguientes medidas:

  • A todos los ayuntamientos de Cataluña: más allá de este primer expediente de sanción, es imprescindible y obligatorio que controlen todas las ofertas de alquiler social obligatorias que se deben hacer, sancionando de forma inmediata si se incumplen y dando señales inequívocas de que la ley no se puede obviar y vulnerar.
  • Al Ayuntamiento de Barcelona: que imponga la sanción máxima en este primer caso y en los que vengan. Las leyes dicen muy claramente que no puede resultar más beneficioso recibir una sanción que incumplir la ley (art. 28 Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público), y que si el beneficio de incumplir es superior al importe de la multa, este puede ser incrementado hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido (art. 118 de la Ley del derecho a la vivienda). Por lo tanto, la sanción máxima y su incremento vienen justificadas por la rentabilidad que los fondos buitre y las entidades bancarias extraen de los alquileres abusivos.
  • A la Generalitat: que ponga las herramientas con urgencia para poder aplicar otra medida importantísima para movilizar, la cesión obligatoria de las viviendas vacías de la banca a los precios de alquiler social que marca la Ley 24/2015. En este momento el Grupo promotor ya ha hecho una propuesta al Departamento de Territorio para que se pueda aplicar por parte de los ayuntamientos, que deberá ser aprobada lo antes posible.

Aprovechamos para anunciar, que el próximo 11 de julio tendremos una nueva reunión con el President Torra, para valorar si desde abril se han hecho los avances necesarios para garantizar la aplicación al 100% de la Ley 24/2015.

Exigimos sanciones a bancos y fondos buitre que desahucian, ¡y la movilización inmediata de sus viviendas vacías! ¡Hace falta una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015 y la protección del derecho a la vivienda!

PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona ocupa el Instituto Municipal de Servicios Sociales para exigir realojos dignos a familias desahuciadas que se encuentran en pensiones

La Ley 24/2015 obliga a las administraciones a realojar a las familias desahuciadas, y ayuntamientos y Generalitat lo están incumpliendo

Hoy viernes 21 de junio de 2019 la PAH de Barcelona ha ocupado la sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona para reclamar un realojo digno para familias desahuciadas que hoy en día se encuentran en pensiones y/o albergues, sin un lugar donde poder hacer los deberes sus hijas, poder cocinar para comer caliente ni poder hacer una vida digna mientras están a la espera del piso de la Mesa de emergencia o de una solución definitiva. Este realojo temporal, que se hace por no tener pisos de la Mesa de emergencia, está gestionado por la empresa Snow Travel, que selecciona arbitrariamente pensiones para las familias desahuciadas sin ver las necesidades de la familia y las va moviendo de pensión en pensión, como es el caso de la familia de Chaymae o la de Teresa. Aquí podéis ver los requerimientos y convenio firmado con la Generalitat de Cataluña.

Recordemos que la Ley 24/2015 obliga en su articulado, nunca suspendido, en el artículo 5.6 que: «Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía de realojo lo tiene que acordar la Generalitat con la Administración local para los casos en que las mesas de valoración que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales». Hoy en día este artículo se está incumpliendo por parte de las administraciones locales como Barcelona y por parte de la Generalitat que está dejando a las familias desahuciadas sin este realojo y responsabilizando a los movimientos sociales como la PAH a buscar soluciones para las familias.

Desde la PAH, una vez más, vamos más allá y proponemos soluciones para hacerle frente. Concretamente exigimos la convocatoria del Consejo Social de la vivienda de Barcelona para reabrir y trabajar los protocolos de acceso a la Mesa de emergencia y los realojos en casos específicos, como son los procedimientos de desahucios abiertos y de pequeño tenedor. El pasado mes de mayo preguntamos a los partidos políticos que se presentaban a la alcaldía de Barcelona sobre estos temas y otros que creemos urgente abordar. La respuesta mayoritaria es de hacerles frente. Ahora, con un nuevo gobierno, exigimos que nos pongamos a trabajar desde hoy, pues las familias no pueden esperar.

Exigimos para las familias que se encuentran en riesgo de desahucio propuestas de mínimos:

  • Protocolo de acceso a la Mesa de emergencia. Revisión del protocolo para permitir el acceso de muchas familias en situación de vulnerabilidad que actualmente no lo pueden hacer, como son las que provienen de locales o las que han vivido un proceso de separación y la demanda judicial no iba a su nombre.
  • Realojo después de desahucio. Acordar el destino del realojo con antelación a la fecha del desahucio, evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Exigimos el cumplimiento de la Ley 24/2015.
  • Lista de espera de la Mesa de emergencia. Reducción urgente del plazo de espera que actualmente supera los dos años en muchos casos. Es necesario un plan de choque para ponerla a cero.

Sabemos que ante situaciones difíciles hay que poner imaginación y valentía, desde la PAH lo llevamos haciendo desde hace 10 años. Ante esto es necesario que todas las administraciones, entidades, partidos políticos, se responsabilicen y que digan abiertamente si continuarán poniendo trabas para salir de esta situación o realmente pondrán todos sus recursos para dejar atrás el ranking de la vergüenza de desahucios que lideramos en el territorio español.

Nosotras lo tenemos claro, mientras siga habiendo cualquier vulneración en el derecho a la vivienda, nos tendrán enfrente. Exigimos una #CiutatPerViure.