El Ayuntamiento, liderado por Núria Marín y el PSC, incumple la Ley 24/2015 y deja a Juan y su familia en la calle tras sufrir un desahucio abierto
El pasado martes 28 de mayo Juan y su familia con dos menores y su mujer embarazada, fueron desalojados de su vivienda después de que el Juzgado de Primera Instancia de Hospitalet de Llobregat decretase un desahucio con fecha abierta, una práctica específicamente prohibida por el Real Decreto 7/2019.
El Ayuntamiento, a pesar de conocer a través de sus departamentos que este desahucio se podía producir a partir del día 20 del mes pasado, no ha hecho absolutamente nada para encontrar un realojo digno antes de suceder y evitar de esta manera el insoportable nivel de angustia que supone este tipo de prácticas inhumanas.
Una vez producido el desahucio y después de un día entero esperando la actuación de Servicios Sociales, se acaba derivando a la familia a una teórica pensión en el número 578 de la Avenida Diagonal de Barcelona. Al llegar, Juan y Aurora comprueban horrorizados cómo el lugar no cumple los mínimos estándares de higiene y dignidad: el piso huele mal, las sábanas de su habitación están sucias, el suelo y las paredes llevan tiempo sin limpiarse y los lavabos no tienen unas mínimas condiciones de salubridad. Además, encuentran que algunos de los huéspedes escupen en el suelo e incluso fuman dentro de la estancia. Ante esta situación y, recordemos, con dos menores a cargo, la familia toma la decisión de abandonar el espacio y consiguen dormir con unos colchones en el suelo del comedor de una vecina del bloque de donde acababan de ser desahuciados y con la que habían mantenido una buena relación durante su convivencia como vecinas.
Al día siguiente, el miércoles 29, solicitamos reuniones con cargos de la Administración y una campaña para denunciar la situación de Aurora y de Juan, sin ningún éxito, por lo cual tienen que pasar una segunda noche durmiendo indignamente en un comedor ajeno, porque el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat incumple el artículo 5.6 de la Ley 24/2015, que establece que «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio». Es por este motivo que desde la PAH de Barcelona decidimos realizar una acción de denuncia al Ayuntamiento el jueves 30, y después de una reunión con el regidor José Castro y los responsables de Vivienda y Servicios Sociales, se decide realizar una nueva visita a la pensión de Diagonal para aclarar si realmente se encuentra en condiciones.
Junto con Aurora y Juan, acudimos al lugar aquel mismo mediodía y, al llegar, detectamos que el piso se acaba de limpiar deprisa y corriendo. A pesar de encontrarnos con las ventanas abiertas de par en par, constatamos que el olor todavía es fuerte y que, si se inspeccionan algunas zonas más escondidas, se ve claramente que el lugar está muy sucio, incluyendo la cocina y los lavabos. Además, encontramos en el interior un cenicero con cigarrillos apagados. Para tener constancia, tomamos fotografías y grabamos un video donde se ven claramente las malas condiciones de salubridad.
Es cuando nos disponemos a salir cuando aparece el teóricamente responsable de la hostal, quien, muy nervioso, nos amenaza y nos pregunta cómo hemos entrado al lugar. Su compañero, quien nos había abierto, se sitúa detrás grabando la discusión con su móvil. Intentamos explicarle la situación, pero esta persona se pone cada vez más nerviosa y traspasa la línea de la agresividad, llegando incluso a bloquear el paso hacia la salida, generando momentos de tensión en los cuales tememos por nuestra integridad física. Finalmente, conseguimos abandonar el piso, momento en el cual esta persona se encara con una vecina del piso de arriba que estaba bajando las escaleras.
Después de explicarle todo lo que había pasado al responsable de Vivienda, y después de que éste hiciese una llamada al encargado de Servicios Sociales, se nos deriva a los trabajadores sociales de referencia de la familia en la sede de Can Serra, donde aquella tarde mantenemos una reunión de más de una hora con su personal. La única alternativa que se ofrece entonces a la familia es una pensión en el barrio de Sants de Barcelona, con una habitación doble (cuando la familia está compuesta por 4 personas, incluyendo dos menores y una mujer embarazada) por aquella noche, con la particularidad de que esta pensión es del mismo propietario que nos acaba de amenazar unas horas antes. Después de la angustia vivida, lógicamente la familia decide no aceptar esta alternativa por miedo a encontrarse allí de nuevo con esta persona.
Las mismas trabajadoras sociales y su jefa nos confirman que el Ayuntamiento no está en disposición de ofrecer ninguna otra alternativa. A pesar de tratarse de la segunda ciudad más poblada de Cataluña, parece que solo hay un convenio para alojar a las familias desahuciadas en tres o cuatro pensiones y, cuando estas se encuentran llenas, no hay ninguna otra vía para garantizar este realojo.
A día de hoy, la familia sigue durmiendo en el suelo del comedor de la vecina y el Ayuntamiento no le ofrece ninguna alternativa, incumpliendo de forma clara la legislación vigente en materia de vivienda, la Ley 24/2015.
Estamos hoy en el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat para exigir una solución digna para Juan y su familia. ¡La vivienda es un derecho y desde la PAH lo vamos a demostrar!
