El acuerdo entre BeC y PSC obvia temas claves
El 10 de julio de 2019 el nuevo gobierno municipal de Barcelona ha publicado el documento titulado “Acord d’esquerres per al govern de Barcelona”, firmado por Barcelona en Comú y el Partit Socialista de Catalunya.
En dicho documento se especifica que en los próximos 4 años trabajarán con diálogo permanente con todas las fuerzas políticas para generar consensos en políticas de ciudad, así como un diálogo con entidades y la sociedad civil. Entre las medidas acordadas, destacamos el punto 4, donde se comprometen a desarrollar el derecho a la vivienda y la transformación urbana en los barrios:
- Analizar la ampliación del 30% de vivienda social, construir o adquirir 1.500 viviendas públicas anuales con un mínimo de 4.000 de nueva construcción.
- Reforzar el Operador de Vivienda y el Consorcio Metropolitano de Vivienda.
- Crear un centro anti-mobbing inmobiliario.
- Reducir los desahucios.
- Trabajar con el gobierno central para que se pueda declarar zonas urbanas de mercado tensionado y regular las subidas abusivas de alquileres.
- Impulsar medidas en diferentes barrios.
- Rehabilitación de entre 75.000 y 80.000 hogares con énfasis en la pobreza energética.
- Plan de Barrios: impulsarlo de manera eficiente en 10 áreas incluyendo mecanismos de gobernanza.
Valoramos positivamente estas propuestas pero nos gustaría saber cómo se van a llevar a cabo, con qué presupuesto y cuándo tendremos disponibles las viviendas para hacer frente a las más de 550 familias en la Mesa de emergencia, a las más de 36.000 personas que han solicitado una vivienda social, por ejemplo. Recordemos que desde la PAH y en campaña electoral se pidieron puntos que se tratan de manera escueta o no se mencionan, como la revisión del protocolo de acceso a la Mesa de emergencia y la reducción a cero de la lista de espera en la Mesa de emergencia, el realojo digno después de un desahucio, ampliar la bolsa de alquileres, facilitar la negociación en casos de ocupación para obtener realojos sociales, unificar las visitas a Servicios Sociales y Habitatge y el seguimiento individualizado de los bloques con mobbing inmobiliario.
Cabe recordar el compromiso de los representantes de BeC durante la campaña electoral, de “dejar a cero la lista de espera de la Mesa de emergencia, garantizar la Ley 24/2015 y que la bolsa de alquiler se abra todo el año”, así como los compromisos del PSC diciendo que pretendían “evitar los realojos en pensiones, conseguir 5.000 pisos de alquiler de entidades financieras, conseguir 25.000 viviendas sociales y el cumplimiento de la Ley 24/2015”. (https://elpais.com/ccaa/2019/06/21/catalunya/1561124321_164474.html).
La situación de emergencia habitacional hace necesarias y urgentes medidas valientes, que abarquen la totalidad de la población para que tengan garantizado el derecho a la vivienda, y no repetir años como el 2018, donde se practicaron, solo en Barcelona y según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 2.381 desahucios. Esta cifra no refleja la realidad de la ciudad donde centenares de familias abandonan su hogar de forma invisible por no poder pagar su alquiler debido a las subidas abusivas, y a las otras centenas de familias que son desahuciadas de sus casas por ocupación y que los datos no reflejan.
Necesitamos medidas valientes e innovadoras para hacer efectivo el derecho a la vivienda en nuestra ciudad. Desde la PAH seguiremos proponiendo medidas y desobedeciendo las leyes injustas para que a ninguna familia se le vulnere su derecho a tener una vivienda digna y adecuada.
¡Porque sí se puede y lo demostramos cada día!
