Archivo diario noviembre 15, 2019

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Abanca, entidad rescatada con dinero público, pretende desahuciar a Wendy y su familia, y a Pape

La entidad opta por la vía penal, a pesar de saber que se trata de familias vulnerables

Hoy 15 de noviembre de 2019 la PAH de Barcelona y la PAH de Terrassa, a través de una acción de denuncia pública en las oficinas de Abanca en Gran Vía, denunciamos el caso de Wendy y su familia, y el de Pape, amenazadas con la expulsión de sus casas la próxima semana, sin una alternativa habitacional. La entidad financiera, hasta hace poco propietaria de los inmuebles, ha optado por la vía penal, aunque sabe perfectamente que denuncia a familias en situación de vulnerabilidad.

Wendy, vecina de la Trinitat Nova y una víctima más de la crisis económica, se vio sin posibilidades de acceder a una vivienda, y junto con su hijo se vieron forzados a ocupar un inmueble, que en aquel momento era propiedad de Abanca. Desde que asisten a la PAH, han intentado regularizar su situación en la vivienda y reclamar a la entidad un alquiler social de acuerdo con sus ingresos. Wendy llegó a intercambiar correos con la entidad financiera, pero finalmente el proceso no fructificó y la posible negociación concluyó con la presentación por parte de Abanca de una denuncia a Juzgados.

Por su parte, Pape, después de vivir durante diez años en su piso, y viendo que no podía hacer frente a la cuota, intentó negociar en numerosas ocasiones un alquiler social con Abanca, siempre, pero sin ningún tipo de respuesta ni solución. Finalmente, después de sufrir cuatro intentos de desahucio, al quinto lo desahuciaron, y ni el Ayuntamiento de Terrassa, ni Servicios Sociales le ofrecieron ningún tipo de alternativa habitacional. Gracias a la Obra Social de la PAH pudo recuperar su piso y ha seguido intentando negociar un alquiler social, hasta ahora en que Abanca le ha demandado por la vía penal.

Hay que recordar que Abanca nace de la caída de varias cajas de ahorro gallegas y contó con una inyección de dinero público descomunal. El caso es especialmente escandaloso. El Estado inyecta a la entidad 9.052 millones de euros, momento en el que pasa a ser 100% pública, para posteriormente venderla por 1.002 millones a un grupo venezolano. En el primer ejercicio tras la compra, en 2014, los beneficios de la entidad son de 1.157 millones, una cantidad superior al precio de venta. Desde entonces, Abanca ha obtenido unos beneficios de 330 millones de euros en 2015; 333,6 millones en 2016; 367 en 2017; y 430 millones en 2018.

Pese acumular 2.600 millones de euros de beneficio neto desde su rescate y sobrevivir gracias a la inyección de dinero público, la entidad decide dar la espalda a casos como el de Wendy y denunciar a familias vulnerables. La vía penal, a diferencia de la demanda civil, conlleva más perjuicios para las personas afectadas y es especialmente onerosa para las familias vulnerables. En primer lugar, las denunciadas tienen que pagar una multa, bajo riesgo de pena de cárcel si no lo hacen, que en el caso de Wendy, alcanza los 270 €. Por otra parte, la sentencia firme comporta antecedentes penales por un plazo de seis meses, lo que puede dificultar, por ejemplo, el acceso a algunos lugares de trabajo y así genera una mayor exclusión a la familia.

El día de hoy, Wendy, con una sentencia condenatoria firme, ha recibido un aviso de Juzgados como que tiene que abandonar su casa la próxima semana, bajo amenaza de que si no lo hace, la policía, utilizando incluso unidades de antidisturbios, podría llegar en cualquier momento para echarla sin ni siquiera poder recoger sus pertenencias. El Ayuntamiento de Barcelona no ha ofrecido todavía a la familia una alternativa habitacional, incumpliendo así lo establecido en la Ley 24/2015 en relación con la obligación de la Administración de ofrecer un realojo adecuado en caso de desahucio.

Ante esta situación, la PAH de Barcelona exige a Abanca ‒una entidad que aún existe gracias al dinero de la ciudadanía‒, que dé marcha atrás y pida a Juzgados la suspensión del desalojo. Por otra parte, seguimos reclamando un alquiler social para Wendy y su hijo, que se corresponda con los ingresos de la familia. Es intolerable que, como también ocurre con la SAREB, un banco rescatado con los impuestos de todos se dedique a expulsar familias vulnerables de su casa, y encima lo haga por la vía penal. La PAH no cejaremos y seguiremos luchando hasta que no se encuentre una solución adecuada. ¡Wendy, no estás sola!