Archivo anual noviembre 6, 2019

Ante la nueva campaña electoral, gobierne quien gobierne, garantizar el derecho a la vivienda y aplicar las medidas necesarias para acabar con la emergencia habitacional y los desahucios debe ser una prioridad

Arranca una nueva campaña de elecciones generales, la cuarta en cuatro años, que no hace más que reafirmar lo que realmente preocupa a la clase dominante, mantener su estado de bienestar sin importarles el del resto de la ciudadanía, al tiempo que son incapaces de formar un Gobierno, y por el camino nos tenemos que seguir enfrentando a una vulneración sistemática de nuestros derechos y a reformas de maquillaje puramente electorales.

Desde la PAH llevamos una década defendiendo el derecho a la vivienda y su función social,  proponiendo cambios legislativos y estructurales que los garanticen. Hemos logrado avances a nivel municipal, ganar leyes autonómicas y registrar una Ley de vivienda integral en el Congreso, que no avanzó por el bloqueo crónico de PP y Ciudadanos. Las movilizaciones y presión social han sido lo suficientemente potentes y sostenidas en el tiempo como para lograr pequeños avances, como la reforma de la LAU y las que se incluyeron en  la ley hipotecaria; insuficientes debido a la falta de contundencia del PSOE, que dejó pasar una oportunidad histórica de frenar la emergencia habitacional y reventar las burbujas de alquiler y de hipotecas. Unas reformas que en ningún momento recogían medidas que atacaran el problema de raíz, para seguir siendo medidas de favor a la banca y a los fondos de inversión. En resumen, seguir tratando un derecho fundamental, la vivienda, como una mercancía con la que especular en beneficio de unos pocos.

Este verano, Pedro Sánchez tomó prestado un turno de lavado de cara reuniéndose con actores sociales para tratar distintas problemáticas y  recoger propuestas planteadas en esas reuniones. La PAH fue invitada a una de estas sesiones y presentamos nuestro plan de choque con propuestas para enfrentar urgentemente  la grave crisis de emergencia habitacional, así como el Derecho de acceso a la Vivienda en España.

No podemos permitir que se sigan produciendo 60.000 desahucios al año, que no se fomente la creación de vivienda pública y social, que la vivienda vacía en manos de la banca se siga vendiendo a fondos buitre o que no se regule el precio de los alquileres, mientras miles de familias están angustiadas por la falta de horizonte habitacional.

Por eso exigimos medidas como:

• La suspensión temporal de los desahucios hasta que las Administraciones Públicas  puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada.
• El cumplimiento de Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional que desahucia sin alternativa habitacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios, emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
• La anulación total de los desahucios con fecha abierta. Es necesaria una revisión de la LEC que evite la reinterpretación de algunos jueces, aumentando la angustia y evitando la defensa de la vivienda.
• La ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, y mejora de sus protocolos de acceso.
• La renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue estando en situación de vulnerabilidad.
• La regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los ingresos de la unidad familiar, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
• El incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
• Impedir la venta de vivienda pública por norma legal.
• Medidas legales que otorguen a las Administraciones Públicas el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente acaban en manos de fondos buitre.
• La cesión obligatoria de las viviendas vacías que posea la banca rescatada, con especial hincapié en Bankia y la SAREB. Hacerlo de forma inmediata en zonas tensionadas. 
• Que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales, se les reclame su deuda en vivienda.
• Que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades y se estudien medidas para modular/evitar los efectos especulativos de sus prácticas.
• Penalizaciones a la vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
• Que se determine de una vez por todas la ilegalidad de las cláusulas abusivas, como dictan las sentencias del Tribunal europeo.
• La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas demostrables y ajenas a la voluntad del deudor. Por una ley de segunda oportunidad que suponga la integración social frente a la muerte civil que supone el sobreendeudamiento de por vida.
• Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH y la Ley 24/2015 catalana, fruto de una ILP aprobada por unanimidad en el Parlament.

Basta de excusas. Basta de burbujas especulativas que nos ahogan y niegan nuestro derecho a vivir dignamente. Llegó el momento de cambiar las reglas del juego y, gobierne quien gobierne, lograr una legislación que nos ampare y garantice una vivienda digna, asequible y estable a la que todas podamos acceder y mantener. Hay que hacer justicia a las familias que han perdido su hogar desde 2008, que no se siga repitiendo la situación, facilitar que nuestros jóvenes puedan independizarse y crear sus proyectos de vida o que nuestros mayores no vean cómo pierden su hogar tras años de sacrificio.

#ReventemosLasBurbujas

Los colectivos de vivienda salimos a la calle a señalar y denunciar que tres administraciones públicas mantienen edificios vacíos para su especulación ante una situación de falta de vivienda social

Hoy 31 de octubre de 2019 los colectivos que defendemos el derecho a la vivienda denunciamos a tres administraciones públicas con edificios en propiedad vacíos que podrían ser rehabilitados y destinados a vivienda social para dar respuesta a la emergencia habitacional crónica que padecemos. Exigimos la movilización de estos edificios y locales para rehabilitarlos y destinarlos al actual insuficiente parque de vivienda social que necesitan las familias.

Sólo en Cataluña hemos sufrido 3.557 desahucios durante el primer trimestre de 2019. Actualmente, solo en Barcelona, hay 600 familias que se encuentran realojadas indignamente en albergues o pensiones y 1.500 familias de Cataluña en lista de espera de la Mesa de emergencia, con una media de espera de casi dos años, cifras totalmente inadmisibles. Mientras tanto, las familias que han sufrido un desahucio son realojadas, muchas de ellas fuera de sus barrios, sin cocinas y con baños compartidos, sin tener en cuenta las necesidades familiares, espacios para el estudio de los niños o incluso muchas de ellas sin cumplir con unos mínimos de higiene.

Las soluciones aportadas para poner fin a esta situación por parte del Gabinete de Crisis, formado gracias a la presión de los colectivos de vivienda, han sido del todo insuficientes hasta el momento. El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado han dado la espalda a las familias en las tres reuniones mantenidas hasta el momento, con unas propuestas totalmente insuficientes y sin concreción de presupuestos ni calendario de actuación, demostrando así un nulo compromiso con la sociedad.

Recordemos que la Ley 24/2015, fruto de una iniciativa legislativa popular y aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos en el Parlamento de Cataluña obliga a las administraciones a ofrecer un realojo digno a las familias. Así pues, exigimos unas administraciones valientes, que cumplan la Ley, que estén al lado de la ciudadanía y aporten soluciones reales y efectivas pensando en la grave situación de las familias. Es cuestión de voluntad política el poner freno a la emergencia habitacional.

La realidad que vivimos los colectivos de vivienda en nuestras asambleas es insostenible. Las familias no pueden esperar más. Nosotras seguiremos al lado de la ciudadanía, defendiendo nuestros derechos y vigilando para que se garanticen, a menudo materializándolos nosotras mismas ante la inacción de las administraciones, facilitando alternativas mucho más dignas que las suyas. No cederemos hasta hacer realidad estos derechos. Porque hay vidas en juego.

En la última reunión con el citado Gabinete de Crisis, nos fuimos anunciando que nos veríamos en las calles, motivo por el que estamos hoy aquí y continuaremos mientras no se dé un realojo digno a las familias que lo necesitan.

En la acción de denuncia de hoy hemos participado diferentes colectivos que trabajamos por el derecho a la vivienda: Resistim al Gòtic, 500×20, Grup d’Habitatge de Sants, Oficina d’Habitatge de Gràcia, PAH Barcelona, Xarxa de Suport Mutu Trinitat Vella y Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.

Porque las únicas burbujas que queremos son las de jabón

La vivienda nos afecta a todas y acceder a ella o mantenerla cada día es más misión imposible.

Por ello, el 6 de noviembre saldremos a la calle a reventar todas las burbujas ¡Porque tan solo deberían existir las de jabón!

Después de 4 elecciones en 4 años, la 5ª no puede ser sin derecho a la vivienda. Salgamos a las plazas a exigir responsabilidad política, a exigir que garanticen el derecho de todas a la vivienda.

Si los cuidados no se ponen en el centro, si no cambia el sistema y si dejamos que los lobbies financieros gobiernen por encima de los Derechos Humanos y fundamentales, ya hemos visto el mundo que nos queda por vivir.

Sabemos que juntas y organizadas somos capaces de hacer posible lo imposible. Para ello, que nos vean y nos escuchen.

Convocamos a una flashmob en las plazas de muchas ciudades, iremos actualizando aquí las convocatorias

El precio abusivo del alquiler es una realidad que afecta a todas las inquilinas e inquilinos, vulnerables o no. Acabar con esta especulación que ya provoca el 66% de los desahucios diarios solo depende de la movilización de la sociedad para presionar y obligar al Gobierno a una reforma de la LAU que pinche la raíz del problema

Hoy la PAH nos hemos movilizado por todo el Estado para denunciar a los culpables de la actual burbuja del alquiler, las causas que nos han llevado a ella y las soluciones que llevamos exigiendo hace años para pincharla.

Hablamos de una situación que afecta a la totalidad de la gente que vive de alquiler, ya no es solo una cuestión del sector más vulnerable de la sociedad. Con los sueldos de hoy y los precios del alquiler cada vez más altos, en algunas zonas ya superiores a un salario medio, el mantener el alquiler o el poder acceder a él para formar un proyecto de vida se ha convertido en un lujo que ataca directamente al derecho a una vivienda digna.

Desde la estafa mal llamada crisis ‒que dejó sin hogar a más de 800.000 familias vía ejecución hipotecaria‒ a la burbuja del alquiler, causa del 66% de los 162 desahucios diarios que siguen produciéndose a día de hoy, hablamos de una emergencia y drama social que no ha sucedido de la noche a la mañana.

La pésima gestión política en materia de vivienda, la inversión 0 en vivienda social y la alfombra roja a los fondos buitre, han patrocinado la especulación de un derecho tan básico como la vivienda. Eso ha provocado la inexistencia de alquileres asequibles, la inestabilidad de los contratos, la inexistencia de un parque público de vivienda.

Desde la PAH llevamos años denunciando esta situación y ofreciendo alternativas para hacer del mercado del alquiler una opción real y asequible para todas. Medidas reales y no de maquillaje como las elaboradas por el Gobierno, más interesado en defender el bienestar del sistema financiero que el de las familias.

• Aumentar el parque de vivienda pública destinada a alquiler.
• Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social.
• Regulación y limitación de los precios del alquiler.
• Impedir la enajenación de  vivienda pública por norma legal.
• Medidas legales que otorguen a la Administración Pública pertinente el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que  normalmente acaban en manos de fondos buitre.
• Control del alquiler turístico y cualquier tipo de especulación. 
• Obligatoriedad de los grandes  propietarios de vivienda a ofrecer alquiler social antes de ordenar un     desahucio.
• Cesión obligatoria de las viviendas que posea la banca rescatada; y que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por  rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales, se les reclame su deuda en  vivienda.
• Fin de los privilegios fiscales en materia de vivienda para las SOCIMIS y fondos de inversión.

Estas son nuestras soluciones, ahora falta la voluntad política para llevarlas a cabo.

Queremos hacer un llamamiento a todas las inquilinas, que se acerquen a su PAH más cercana. Solo de forma colectiva y organizada seremos más fuertes. No poder pagar el alquiler no es un capricho, no te sientas culpable por ello. Los culpables son los que han hecho de la vivienda un negocio. Bancos, fondos buitre y el sistema político y judicial. En la PAH llevamos 10 años peleando contra estas injusticias y para revertir la situación. Sabemos que juntas y organizadas ¡Sí Se Puede! Por esto, si no puedes pagar tu alquiler, se acaba tu contrato, quieren hacerte una subida inasumible, o directamente no quieren renovarte, ¡no te quedes en casa o te quedaras sin ella!  Ven e infórmate.

Señalizamos y denunciamos a BBVA como uno de los mayores exponentes de la estafa bancaria que se dedica a desahuciar para luego vender los pisos a fondos buitre como Cerberus, Divarian o Haya Real State

Hoy PAH Barcelona ocupamos una oficina del BBVA, en defensa de las familias de nuestra asamblea que esta entidad quiere dejar en la calle sin ningún tipo de alternativa y con el único propósito de especular con sus viviendas.

El BBVA es uno de los bancos que mayor rentabilidad ha sacado desde 2008, momento en que estalló la crisis inmobiliaria y tras el rescate bancario con dinero público, el nuestro, del cual el BBVA se benefició con 13.005 millones de euros. Un rescate que, en total, nos costó 62.000 millones de euros, sin ningún tipo de contraprestación social y que solo se ha recuperado el 7%, y ya podemos dar por perdido el resto. Esto pasaba mientras se producían más de 80.000 ejecuciones hipotecarias ‒desde los inicios de la crisis a día de hoy‒ y los bancos acumulaban 3 millones y medio de vivienda vacía al tiempo que España no dispone de un parque público de vivienda social y asequible para hacer frente a la situación de emergencia habitacional ofreciendo alquileres sociales a las familias desahuciadas o en situación de precariedad.

Sería de justicia que estas viviendas se utilizaran para devolver el dinero del rescate y así poder rescatar a las personas, ampliar el parque de vivienda social y dar alternativas ante la pérdida de un hogar. ¡Pero no! BBVA se está dedicando a vender su cartera de pisos a fondos buitre como Cerberus, Divarian o Haya Real State, sin importarle que los pisos estén vacíos o no. Toda una jugada a las familias que fueron estafadas, para sacárselas de encima y dificultarles la esperada solución que les garantice una segunda oportunidad. Con esto, se sacan lo que llaman activos tóxicos, suman beneficios con la venta y cierran la puerta a las renovaciones de los alquileres sociales que están finalizando. El BBVA se lava las manos ante esto, y Cerberus, Divarian, Haya Real State están cerrados a esta posibilidad, ya que han comprado las viviendas para especular con ellas e hinchar la burbuja del alquiler.

PAH Barcelona no podemos tolerar más tal vulneración del derecho a la vivienda y vamos a estar movilizadas mientras haya historias como las de Luis Enrique, Niculina, Tania, Jaime, Aziz… que lo único que quieren es que se les haga justicia y se les permita poder seguir manteniendo un techo donde vivir, ya sea con condonaciones de deuda, con daciones en pago o con alquileres sociales.

Decimos basta a la especulación y a que un derecho fundamental como la vivienda sea tratado como una mera mercancía en manos de bancos y fondos de inversión, sin tener en cuenta las consecuencias y el sufrimiento que esto conlleva a las familias.