Archivo anual 2020

PorPAH_Bcn

El nuevo Decreto del Gobierno sigue siendo insuficiente

A pesar de contener algunos avances, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al estado de emergencia provocado por la COVID-19, sigue dejando a mucha gente atrás con carencias importantes

Las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de Vivienda, para paliar los efectos de la paralización de la actividad económica, son un nuevo rescate encubierto a la banca y grandes propietarios, basándose otra vez en una transferencia de dinero público al sector inmobiliario español. Hablamos de medidas muy limitadas en su efecto sobre las familias, que son empujadas a endeudarse aplazando los pagos, con el único objetivo de pagar las rentas a los fondos buitre, Socimis y la banca. La moratoria inicial de un mes en el pago de la hipoteca, ya resulta claramente insuficiente, con grandes complicaciones para acogerse a ella. La moratoria de alquileres genera soluciones a nuestro cargo e incompletas, y lo mismo pasa con la moratoria en el pago de suministros básicos. También es totalmente injusto, y crea sectarismo social, la diferencia de trato hacia las personas hipotecadas y las inquilinas. Valoramos como positiva la prórroga extraordinaria de contrato de 6 meses, manteniendo así los términos y condiciones del contrato actual y evitando las subidas de alquiler, pero nos parece que es un tiempo escaso, ya que la salida de esta crisis sanitaria nos va dejar en una situación de recesión económica.

El Gobierno va en camino de repetir la historia de la crisis financiera, abandonando a las familias, que no son responsables de su situación. La solución socialmente más justa, para que esta crisis no la volvamos a pagar las de siempre, pasa por exigir la exoneración de las cuotas de alquiler a los grandes propietarios y facilitar líneas de crédito a los pequeños.

La PAH, desde el comienzo de la crisis sanitaria, hemos defendido la exoneración total del pago, tanto de hipotecas como de alquileres ‒mientras dure la crisis y algunos meses más‒, para las familias en situación de vulnerabilidad. Esta petición no es gratuita, dado que, por una parte, los cobradores de las hipotecas son los bancos, a quienes rescatamos con más de 65.725 millones de euros que no han devuelto. Los grandes tenedores de vivienda son de nuevo los bancos, las Socimis y los fondos buitre. Estos últimos, además, se han hecho propietarios de sus enormes parques comprando lotes completos de viviendas a los bancos, muchas de las cuales proceden del millón largo de desahucios ejecutados desde 2008.

Sí es importante la medida de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional derivado de contratos de arrendamientos por 6 meses, pero es por un tiempo muy limitado y quedan fuera los desahucios por precario. Por eso la PAH llevamos años exigiendo la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional de forma indefinida, sea cual sea la causa, ya que nosotras no nos olvidamos de aquellas familias que se han visto obligadas a vivir en precario, para dar respuesta al acuerdo internacional que España firmó y por el incumplimiento del cual ya ha recibido 2 informes condenatorios por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU. Solo pedimos que España cumpla sus compromisos y que proteja a las familias vulnerables, hoy y siempre. Es necesario cambiar el terreno de juego. Optar por los derechos humanos y constitucionales por encima de los intereses de la banca, del resto del lobby del capital especulativo de Fondos y Socimis. Hacer una política valiente que permita la expropiación temporal del uso de viviendas vacías de la banca y la Sareb. Y, con una fiscalidad progresiva, imponer a Fondos y Socimis unas reglas de corresponsabilidad social, para poder dar respuesta a la emergencia habitacional. 

Ayer conocimos la destrucción de 900.000 empleos desde el inicio del estado de alarma, con un aumento histórico del paro en marzo, de 302.265 personas, sumado a la incertidumbre de cómo se resolverán los miles de ERTES presentados, que podrían terminar elevando las cifras del paro a términos que no queremos ni imaginar.  Esta pandemia está destruyendo vidas (en todos los sentidos) y empleos. Cuando esto acabe, muchas pequeñas empresas, autónomos y trabajadores habrán perdido mucho, pero los bancos rescatados, los fondos buitre, las Socimis y las energéticas no habrán aportado nada, cobrarán sus cuotas de hipotecas, sus rentas de alquiler y sus recibos de consumo, volviendo a irse de rositas, como de costumbre; con el hacha preparada para seguir desahuciando. Si hay que apretarse el cinturón, nos lo apretamos todas. Si hay parón de producción, que afecte a todas las actividades, también a las rentas del capital, y que paguen su parte correspondiente de la crisis.

En el nuevo Decreto se alude a la existencia de un porcentaje del 85% de pequeños propietarios dentro de la estructura de tenedores de vivienda en alquiler, lo que representaría por tanto un volumen considerable de personas que dependen de esta renta para vivir. No obstante, esto no coincide con la realidad que llevamos años denunciando; invitamos al Gobierno a publicar los datos oficiales que avalen tal afirmación. Como publicaba ayer l’Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona, en la ciudad de Barcelona el 17% del parque de viviendas está en manos de propietarios con más de 10 pisos.  Además, cuestionamos la definición de gran tenedor que ofrece el Gobierno, aludiendo a aquellas personas físicas con más de 10 viviendas; nos parece abusivo e irreal que se meta en el mismo saco a pequeños tenedores que sí necesitan cobrar el alquiler, con los que viven muy bien de las rentas de alquiler, con el precio medio de cualquier ciudad multiplicado por 10.

Denunciamos que este Gobierno no haya sido capaz de hacer pagar un euro a los grandes propietarios de vivienda. Nos parece inconcebible que el lobby de la banca, fondos y Socimis hayan impuesto su ley, y que se siga subvencionando con dinero público las ayudas que vuelven a ir a parar a los bolsillos de los especuladores. No se puede entender la falta de responsabilidad de la Banca rescatada, con una deuda aún pendiente de 65.725 millones de euros; que ha instado 1.002.000 desahucios; que se quedó con nuestras viviendas utilizando prácticas mafiosas de cláusulas abusivas; que se ha enriquecido titulizando centenares de miles de créditos. Esta Banca que ha conseguido que la Administración haya estado a su servicio, rematando la jugada con la creación de la SAREB y la reventa de centenares de miles de vivienda a los Fondos Buitre. Fondos a quienes se les ha permitido adquirir viviendas sin control, a unos precios tirados, que están instalados en paraísos fiscales y que, cada vez que se les señala, cortan dedos. Faltaba la creación de las Socimis, donde todos ellos y más confluyen en unas sociedades que buscan en el alquiler el lucro sin medida, y que no pagan el impuesto de sociedades, manipulan los precios a través de los portales inmobiliarios, y se les permite saltarse eso que llaman libertad de mercado, introduciendo prácticas de tiempos monopolistas para imponer precios impagables a miles y miles de ciudadanos.

Esta crisis no puede ser el motivo para causar mayor sufrimiento a los de siempre y que un mayor número de personas pierdan su hogar. Por eso esperamos del gobierno una voluntad política más consecuente, que dé seguridad a las personas y familias vulnerables de que eso no va a suceder. Porque si algo nos demuestra esta crisis sanitaria, es que hay que poner la vida en el centro, y sin vivienda esto no es posible.  Hay que dejar atrás la especulación y la mercantilización de nuestros hogares. No queremos viviendas vacías; queremos que tengan una función social y que la propiedad esté al servicio también del interés colectivo para conseguir el necesario Parque Público de vivienda.

Si el Estado y el Gobierno no dan una respuesta social suficiente a la crisis económica rescatando a las personas, como hizo con los bancos, nos tendrá enfrente. Y cuando acabe el confinamiento retomaremos nuestra campaña de movilizaciones. No vamos a consentir que siga habiendo más vidas en juego pagando los efectos de esta nueva dramática crisis. Esta sociedad no puede darnos la opción de comer o vivir bajo un techo. O de comer y pagar los suministros.

El horizonte está marcado por los derechos humanos y constitucionales. Lo seguiremos defendiendo, ya sea desde el confinamiento o cuando volvamos a retomar las calles. Seguiremos presionando para construir un hoy esperanzador y un mañana digno, con nuestra campaña #ViviendaPorDerecho y junto a todas las organizaciones sociales, unidas para hacer efectivo un Plan de Choque Social real.

En este enlace encontrarás un análisis de las medidas en alquileres para enfrentar la COVID-19, que te ayudarán a conocer en qué situación te encuentras.

PorPAH_Bcn

Nuevas medidas para enfrentar la COVID-19 en alquileres

El pasado 1 de abril, en medio de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se publicó un nuevo paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la situación, complementando la moratoria hipotecaria impulsada dos semanas antes. Entre ellas, se encuentran medidas a tener en cuenta, aunque claramente insuficientes, en materia de alquileres, hipotecas y otros créditos. 

Las medidas para hipotecas, sobre las cuales ya advertimos que eran limitadas e insuficientes, las trataremos próximamente, ampliando el resumen y los documentos útiles que publicamos hace dos semanas (consultar aquí resumen y documentos útiles para pedirla)

Respecto a las medidas para alquileres, la PAH reclama que se exonere a las afectadas y que no haya ni un euro más de dinero público que pueda subvencionar alquileres especulativos de grandes propietarios. En cambio, hay que compensar al pequeño propietario que tiene una vivienda alquilada a un precio asequible para poder vivir y no puede llegar a un arreglo con su inquilino.

Todo el mundo sabe que el problema de la burbuja de precios para inquilinas e inquilinos viene de antes de la COVID-19. Lo demuestran los 253.473 desahucios de alquiler de 2013 a 2019 en España, 65.410 en Catalunya y 16.149 en Barcelona. A la vez que frenamos la curva de contagio, hace falta proteger a las inquilinas de los impagos. Y después de ganar al coronavirus habrá que doblegar la curva de desahucios: los acumulados y los que se fijarán si no se protege ahora a las inquilinas. Necesitamos un plan de choque social.

No obstante, aun con las grandes limitaciones de las medidas que han sido aprobadas, es importante facilitar información a quienes este mes tendrán dificultades para pagar el alquiler.

¿Cuáles son las medidas para inquilinas que se han aprobado?

1) Suspensión por 6 meses de los desahucios de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa: habrá que acreditarlo en los juzgados; se podrá solicitar una vez se levante el estado de alarma, ya que mientras duren los procedimientos de desahucio y los plazos administrativos asociados están suspendidos.

2) Prórroga de los alquileres que finalicen entre el 2 de abril y hasta dos meses después del fin del estado de alarma: por un máximo de 6 meses manteniendo las mismas condiciones, y el arrendador deberá aceptar la solicitud, a no ser que haya otro acuerdo entre las partes.

3) Moratoria de la deuda de alquiler en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda: aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma por acuerdo; y si no lo hay, se podrá solicitar hasta el 2 de mayo el aplazamiento temporal y extraordinario (moratoria). La Propiedad podrá elegir entre reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma y posteriores (máximo 4 meses), o una moratoria por el mismo tiempo de éste, que se pagará fraccionado sin intereses durante al menos 3 años, siempre dentro de la vigencia del contrato. 

4) Modificación de las condiciones contractuales en el caso de pequeños propietarios: aplazamiento o la condonación total o parcial de los alquileres con carácter voluntario-acuerdo; y si no se alcanza, se podrá pedir hasta el 2 de mayo el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, al cual la Propiedad debe responder en 7 días laborables las condiciones que acepta o posibles alternativas. 

5) Avales estatales para pagar los alquileres y ayudas públicas para devolver los microcréditos:  los primeros se solicitan a las entidades bancarias con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogables y sin gastos e intereses para el solicitante, por un importe máximo de 6 mensualidades y para ambas situaciones (3 y 4). Las ayudas son para devolver las ayudas transitorias de financiación (microcréditos) de aquellos hogares que no se hayan recuperado, hasta 900 €/mes y hasta el 100% de la renta de alquiler. Se pedirán a las comunidades autónomas y aún no están activas. 

¿Entramos mi familia y yo en estas medidas? 

Para poder acogerse a cualquiera de estas medidas, la unidad familiar debe estar y poder acreditar una situación de vulnerabilidad económica definida por la ley (ver documento de resumen), cumpliendo dos supuestos: (a) situaciones de impacto económico laboral por COVID-19 (desempleo, ERTE, reducción de jornada por cuidados en caso de ser empresario, otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos), siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen el mes anterior a la moratoria los 1.613,52€* (3 IPREM mensual, con ampliaciones por supuestos concretos); y (b) cuota de alquiler + suministros ≥ 35% ingresos netos de la unidad familiar.

¿El que me alquila es un gran tenedor-propietario o un pequeño propietario?

Es un gran tenedor la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos (viviendas, locales, solares, edificios en construcción), excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m². El resto son considerados pequeños tenedores por esta ley (aunque una empresa con menos de 10 inmuebles o un particular con 9 viviendas, debería ser considerado como tal).

¿Qué plazos tenemos para solicitarlas? 

Muchos alquileres se pagan antes del 2-5 de abril, por lo que aunque el plazo para la solicitud de condonaciones o moratorias es hasta el 2 de mayo, sí tiene urgencia presentar cuanto antes los escritos y documentación acreditativa. No hay que preocuparse por los plazos de solicitud para la suspensión de los desahucios de alquiler, ya que aplican a partir de que se levante el estado de alarma, estando actualmente parados.

¿Cuándo podré acceder a los documentos útiles para solicitarlas?

Para facilitar el empoderamiento y defensa de las personas y puedan beneficiarse de las medidas, se ha resumido todo ello en un documento con la información básica (ver adjunto).

En este momento, estamos trabajando ya en documentos útiles para solicitar tales medidas, que próximamente colgaremos en nuestras webs, priorizando primero los más urgentes.

La ley que hay que consultar para más información es el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Las medidas de alquileres están en los artículos del 1 al 15, y las de hipotecas y otros créditos en los artículos del 16 al 27. 

Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a lapahdebarcelona@gmail.com. Es importante tener en cuenta que toda esta documentación es un material que se irá adaptando, en base a cómo evolucione la situación y a su uso en casos concretos.

PorPAH_Bcn

Valoración de PAH Barcelona de las medidas en materia de vivienda tomadas por el Ayuntamiento de la ciudad a raíz de la crisis del COVID-19

Valoramos las medidas del Ayuntamiento de Barcelona con ánimo de ser constructivas y de poder ayudar con propuestas que creemos que beneficiarían a más familias que se puedan encontrar en situación de inseguridad residencial actualmente

Llevamos semanas en una situación extraordinaria debida a la pandemia por el coronavirus. Desde el 14 de marzo, en que el Gobierno de Pedro Sánchez declaró el estado de alarma, la situación en los municipios y en los miles de hogares ha comportado y comportará consecuencias económicas importantes.

Situaciones de pérdida de ingresos que se suman a las ya existentes antes de la pandemia, y es que desde 2008 estamos viviendo otra pandemia, como es la de los desahucios, y prevemos que se incrementen una vez finalice esta situación, si las administraciones correspondientes no abordan la situación de emergencia como es debido.

Desde la PAH de Barcelona hemos analizado con detalle las medidas que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda en el contexto de la crisis del COVID-19, con ánimo constructivo y de poder ayudar con propuestas que creemos que beneficiarían a más familias que se puedan encontrar en situación de inseguridad residencial actualmente, o puedan encontrarse en un futuro próximo, dada la grave situación que estamos sufriendo.

En resumen, las medidas que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona son las siguientes:

Moratoria alquiler IMHAB 

  • Moratoria de las cuotas de alquiler de las viviendas gestionadas por el IMHAB (Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación) durante los meses de abril, mayo y junio de 2020.
    A partir de julio de 2020, se prorrateará en los 18 meses siguientes, entre julio 2020 y diciembre 2021 los importes de las cuotas de los alquileres.
  • Revisión de las cuotas de alquiler de vivienda para familias con reducciones significativas de ingresos a raíz de la crisis del Covid-19 y rebaja para adecuarlas a la nueva situación económica en la que se encuentren. Esta revisión también afectará a los 250 pisos gestionados por Hàbitat 3.
  • Ayudas para los inquilinos de pisos de la Bolsa de Alquiler de Barcelona (891 viviendas). Deberán comunicarlo previamente al IMHAB.
  • Aplicación de la moratoria y prorrateo a 1.400 VPO (Viviendas de Protección Oficial) en régimen de propiedad promovidos por el IMHAB.
  • Aplicación de la moratoria a los 400 locales comerciales de los bajos de los edificios promovidos por el IMHAB.
  • Estas ayudas beneficiarán a un total de 11.689 inquilinos del IMHAB con una partida extraordinaria de 3,5 millones de euros.

Desde la PAH de Barcelona valoramos que esta medida puede ser positiva inicialmente para las familias que realmente no puedan continuar pagando su alquiler debido a la falta de ingresos provocada por la crisis del COVID-19, pero queremos manifestar que se deberían aclarar mejor los criterios y/o requisitos que deben cumplir las familias que podrán beneficiarse, así como de la posible condonación del pago. 

La parte burocrática que supondrá estos trámites no debe ser una excusa para llevar a cabo esta gestión. Pedimos agilidad y recursos para hacer frente a la avalancha de tramitaciones una vez finalice el estado de alarma, y que ninguna familia se pueda ver perjudicada por estos trámites y se vea obligada a realizar un impago antes de poder completar el procedimiento.

A la vez queremos poner de manifiesto que los precios del IMHAB no corresponden a los baremos de la Ley 24/2015, precios que llevamos denunciando que son superiores a lo que la Ley prevé y que, por ejemplo, para una familia con 300 € mensuales de ingresos familiares cada euro cuenta. Pedimos que el precio total del alquiler de las familias vulnerables quede enmarcado dentro de los niveles del 10%, 12%, 18% de los ingresos familiares que marca la Ley 24/2015 y no se sumen costes extraordinarios como los gastos de comunidad al precio final.

Una medida similar ha puesto en marcha también la Generalitat de Cataluña, a la que evidentemente le queremos hacer llegar nuestras preocupaciones y dudas. En este sentido, el Gobierno catalán ha aprobado una moratoria en el pago del alquiler a todas las viviendas y locales comerciales de su parque público debido a la pandemia del coronavirus. Pero no se plantea una revisión de las cuotas para las familias que hayan sufrido reducciones significativas de ingresos a raíz de la crisis del COVID-19 y rebajarlas para adecuarlas a la nueva situación económica en la que se encuentren, o la condonación total del pago para aquellas familias que hayan sufrido más esta crisis.

Atención telefónica y telemática para atender urgencias

El IMHAB ha adaptado la actividad a la situación de emergencia sanitaria manteniendo solo los servicios que se consideran esenciales:

  • Reparaciones urgentes de viviendas del parque público.
  • Servicios SIPHO (Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de la Vivienda y/Ocupaciones) y SPIMH (Servicio de Prevención, Intervención y Mediación en Viviendas Públicas) para situaciones excepcionales y no previsibles.
  • Atención telefónica para otras incidencias urgentes.

Valoramos positivamente que se informe a la ciudadanía de sus derechos y que se mantenga una vía para poder comunicarse para situaciones no previsibles. Es lo que en una situación normal debe funcionar y en situaciones excepcionales se debe reforzar y no detener el servicio. 

Subvenciones públicas para alquileres privados

  • Garantía de las ayudas públicas para el pago de alquileres privados (9.000 familias beneficiarias).
  • Posibilidad de enviar la fotocopia del recibo mensual por correo electrónico (habitualmente se hace mediante fotocopia en la Oficina de Vivienda) para recibir la subvención.
  • Tramitación exprés de las ayudas. Cuando se levante el Estado de Alarma, se revisarán y completarán los expedientes.

Creemos que estas medidas deben mantenerse en un futuro una vez levantado el estado de alarma, ya que suponen una mejora en la eficiencia del sistema. Este tipo de herramientas informáticas permitiría que las familias no tuvieran que desplazarse físicamente a las oficinas con los inconvenientes que ello conlleva en el día a día de las personas. 

Pedimos también que se prorroguen todas aquellas ayudas y subvenciones públicas para pagar los alquileres, tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat y del Estado mientras dure el estado de alarma y no se abran las nuevas convocatorias para solicitarlas nuevamente.

Llamamiento a ceder pisos a la Bolsa de Alquiler

  • Llamamiento a propietarias de viviendas destinadas a usos turísticos a incorporarlos a la Bolsa de Alquiler Social de Barcelona.

Desde la PAH de Barcelona queremos hacer extensivo este llamamiento a toda la ciudadanía en general, no tan solo a propietarias de viviendas destinadas a usos turísticos a incorporarlos a la Bolsa de Alquiler Social. Es necesario que aquellas viviendas vacías y en desuso pasen al parque público, casi inexistente, de vivienda social de la ciudad. Esperamos que una emergencia como la actual nos ayude a ordenar nuestras prioridades y a repensar el modelo de sociedad que queremos, del que todas somos responsables, tanto las administraciones públicas como las empresas y la ciudadanía en general.

Dispositivo de alojamiento para personas vulnerables

  • Puesta en marcha desde el miércoles 25 de marzo del nuevo dispositivo de alojamiento en la Fira de Barcelona.
    • 225 plazas en la Feria de Barcelona, ampliables hasta 1.000 plazas.
  • Otras plazas adicionales más, distribuidas en los siguientes espacios:
    • 53 plazas en Pere Calafell, desde el viernes 20 de marzo.
    • 72 plazas en Dos de Mayo (exclusivamente para mujeres).
    • 30 plazas en un dispositivo de San Juan de Dios Servicios Sociales.
  • En total en la ciudad se han habilitado 380 nuevas plazas; contando con las que ya existían previamente hay un total de 2.580 plazas.
  • 200 apartamentos turísticos que el Ayuntamiento alquilará durante los próximos dos meses, dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista, familias con niños a cargo o bien personas sin hogar.

En primer lugar creemos que el esfuerzo que se está haciendo para ampliar las plazas adicionales para personas sin hogar se debe valorar muy positivamente en una situación de emergencia sanitaria, pero creemos que se deben adecuar equipamientos que estén preparados para este tipo de realojamiento, teniendo en cuenta siempre a las entidades que llevan años trabajando en primera línea.

Medidas de este tipo deberían hacerse extensivas a emergencias crónicas que sufrimos en la ciudad de Barcelona. Desde la campaña de Realojamientos Dignos, en la que participamos diferentes colectivos que trabajamos por el derecho a la vivienda, hemos denunciado en multitud de ocasiones la situación inadmisible en la que se encuentran más de 600 familias de la ciudad que han sido desahuciadas y que se ven obligadas a malvivir en pensiones y albergues hasta que no les llega el piso público al que tienen derecho por ley. Habitaciones sin un lugar donde cocinar o estudiar, muchas de ellas en un estado lamentable y que en la situación de confinamiento actual se convierten en lugares imposibles donde vivir.

Servicios esenciales

  • Centros de Servicios Sociales: se mantendrán 9 operativos de los 42 existentes en la ciudad.
  • Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB): continúa operativo las 24 horas del día.
  • Oficinas de Vivienda: permanecerán cerradas, con la atención telefónica y/o telemática comentada anteriormente.

Como está pasando con los servicios sanitarios, los servicios sociales y de urgencias sociales deben cuidarse y cuidar a las personas que trabajan en ellos. Se mantienen 9 centros de servicios sociales operativos de un total de 42, y creemos que habría que reforzar el servicio para que las trabajadoras sociales se sientan cuidadas y puedan descansar en estos momentos de máxima carga.

Necesitamos que las diferentes administraciones se corresponsabilicen con las competencias que tienen cada una, y que en estos momentos den el 200% para proteger a las familias vulnerables e implementen medidas valientes y ambiciosas. En concreto, esperamos que hoy en el Consejo de Ministros extraordinario se apruebe una suspensión de alquileres, una medida para que ninguna familia que no pueda pagar su alquiler por falta de recursos económicos, no solo no sea desahuciada sino que se pueda condonar la deuda si su propietario es un gran tenedor, y si es pequeño poner en marcha ayudas económicas para evitar la pérdida de la vivienda. Hay que buscar mecanismos y revisar lo que ya teníamos, y es que en situaciones extremas es necesario que todas nos pongamos de verdad en no dejar a nadie atrás, ni ahora ni nunca.

Desde la PAH estaremos vigilantes y exigiendo un plan de choque social, porque hay vidas en juego.

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Plan de choque social – Medidas de emergencia

Las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social consideramos que el “Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” se queda muy corto en la protección de la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora

Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evitar un colapso sanitario y social.

El Gobierno tiene que escuchar a centenares de sindicatos, organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales que exigimos una salida de esta crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y económica, que ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas. Dejar en manos de la buena voluntad del IBEX 35, los especuladores y otros poderes económicos la protección de la sociedad y el medio ambiente no es una opción si se quiere evitar que se dispare, aún más, la desigualdad social, el deterioro climático y ambiental y la destrucción de derechos.

A continuación resumimos algunas propuestas urgentes que exigimos y que vamos a defender
desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización:

REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA. UNIVERSALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA. INTERVENCIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA SIN COMPENSACIÓN ECONÓMICA

Los próximos días se prevé que los sistemas sanitarios de los territorios donde se concentran más casos de Covid-19 lleguen al colapso. No es casual porque el límite de capacidad de la sanidad pública se ha visto reducido por más de una década de recortes y privatizaciones.

Es imprescindible y urgente dotar de recursos suficientes a los centros sanitarios. De la misma forma, la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) para todo el personal de estos centros pone en riesgo sus vidas y la de las personas enfermas y envía centenares de profesionales a la cuarentena, debilitando aún más el sistema sanitario. La intervención de la sanidad privada tiene que traducirse ya en la movilización de todos los recursos privados al servicio del interés general y la salud pública. Esta movilización masiva de recursos no puede traducirse en una factura millonaria de las empresas sanitarias privadas que provoque nuevos recortes después de la emergencia.

Estas empresas deben dejar de parasitar recursos públicos en un momento en que son aún más necesarios que nunca. En la situación extraordinaria que vivimos, es importante reforzar la información y los servicios básicos de urgencia para garantizar Derechos Sexuales y Reproductivos. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Anticoncepción de Urgencia (AU) siguen siendo servicios de urgencia para todas las mujeres, independientemente de la edad y de si tienen o no tarjeta sanitaria.

 PROTEGER A LAS TRABAJADORAS DE SERVICIOS ESENCIALES

En medio de esta emergencia hay millones de personas trabajadoras sosteniendo la vida en multitud de sectores, además del sanitario: residencias, Servicio de Atención Domiciliaria, sociosanitarios, cuidados, suministro de agua y energía, transporte, limpieza, alimentación, farmacias y muchos otros. La mayoría son trabajadoras con condiciones precarias y trabajos poco valorados socialmente. Esta primera semana de estado de alarma, desde todos estos sectores llegan denuncias de la irresponsabilidad empresarial, la falta de aplicación de protocolos sanitarios y la práctica inexistencia de Equipos de Protección Individual (EPI). En muchos servicios externalizados por las administraciones públicas se reproduce esta situación. Hasta ahora Inspección de Trabajo no está reaccionando con la rapidez y la contundencia necesarias a la denuncia por parte de los sindicatos de situaciones dramáticas.

Es especialmente preocupante la situación en sectores en contacto permanente con grupos de riesgo, como residencias o el Servicio de Atención Domiciliaria que se encuentran ya en colapso. Sin la precariedad que sufren las gerocultoras y el resto de trabajadoras de cuidados se habrían evitado contagios y muertes. También nos preocupa la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las jornaleras y jornaleros migrantes del campo andaluz. Muchas viven en asentamientos de chabolas, sin acceso a agua o a luz y sin ningún tipo de asistencia sanitaria y jurídica. Hay que intervenir ya y obligar a las empresas a adoptar medidas de protección inmediatamente.

Hay que señalar la situación de abandono y vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar y los cuidados. El régimen especial de la Seguridad Social las priva del derecho al paro y las deja con pensiones más mermadas que al resto de trabajadoras. En esta crisis sanitaria y de cuidados están sufriendo despidos, las internas están encerradas con sus empleadores y sin medidas de protección sanitaria en las que la inspección de trabajo pueda intervenir. Para que la situación deje de ser tan precaria se debe ratificar el Convenio 189 de la OIT. Mientras tanto, es impostergable la inclusión de este sector en la provisión de Equipos de Protección Individual para evitar la propagación del contagio.

PARALIZAR TODA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA NO ESENCIAL Y LANZAR UN PLAN INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN DE EPIS, TESTs y EQUIPOS DE VENTILACIÓN

Las medidas de protección de la salud pública se han quedado en la puerta de las empresas. Es una irresponsabilidad que mientras se restringe la movilidad y en pleno Estado de Alarma se permita que empresas con actividades que no son imprescindibles continúen como si nada con la producción. En la mayoría de los casos, las empresas además funcionan con escasas o nulas medidas de protección de riesgos laborales. Durante la semana, multitud de sindicatos, comités y plantillas han parado la actividad de sus centros de trabajo a través de la aplicación del artículo 21 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales.

Sin embargo, de nuevo, el Gobierno no puede mirar hacia otro lado ni dejar en manos de los intereses privados la vida y salud de la gente. Hay que decretar el cierre de toda actividad no esencial y evitar que sigan propagándose contagios. A la vez hay que lanzar un plan industrial para producir todos los tests, EPIs y equipos de ventilación necesarios, utilizando las instalaciones y recursos de las industrias paralizadas.

PROHIBIR LOS DESPIDOS E INTRODUCIR UNA RENTA BÁSICA DE CUARENTENA UNIVERSAL E INCONDICIONAL

La patronal está aprovechando el shock para cargar en las espaldas de la clase trabajadora los costes de esta crisis. Es urgente prohibir los despidos y anular los que se han producido desde el inicio de la emergencia. Además, la avalancha de ERTEs casi no diferencia entre pequeñas empresas (50 trabajadoras o menos) sin ingresos que se juegan su viabilidad, y multinacionales con beneficios millonarios, con una exoneración del 75% de las cuotas de la seguridad social. Hay que darle la vuelta a la situación y que las mutuas privadas y grandes empresas paguen su parte. Una posibilidad es un permiso retribuido de 4 semanas asumido por la patronal sin perjuicio de lo que se pueda acordar en la negociación. Ninguna despedida y nadie expuesta de manera innecesaria.

Pero sin o con trabajo contractual, nadie se puede quedar sin ingresos mientras dure la emergencia sanitaria, o las consecuencias sociales serán devastadoras. Por eso es imprescindible introducir una “renta básica de cuarentena” que garantice ingresos de manera universal e incondicional mientras dure el estado de alarma. Esta renta básica debe garantizar la sostenibilidad de la vida a trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y profesionales que tengan que parar su actividad. También deben proteger a las pequeñas y medianas cooperativas que trabajan desde la Economía Social y Solidaria, a quienes subsisten en sectores más precarios y desprotegidos como las trabajadoras del hogar o sectores de la economía informal, y a quienes se dedican a los cuidados de menores, dependientes y personas mayores sin remuneración. El acceso a la renta básica debe garantizarse a toda persona, sin importar su nacionalidad, estatus de residencia o situación administrativa.

Además, debe garantizarse toda la potencialidad de los servicios sociales –sin funcionamiento en la mayoría de administraciones, o al mínimo de su actividad– para que ninguna familia quede desprotegida sin alimentación ni bienes básicos que son procurados por estos hoy inexistentes servicios sociales.

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA MACHISTA

La estrategia del confinamiento traslada toda la tensión, la carga de los cuidados y la vulnerabilidad sobre las familias y otras unidades de convivencia, y especialmente sobre las mujeres. Se necesitan medidas de choque que mantengan activados y refuercen los recursos sociales de prevención, detección de la violencia machista y apoyo a las mujeres expuestas a situaciones de violencia en este contexto, para que el confinamiento no se convierta en un aislamiento y una condena para ellas.

LIBERACIÓN PRESAS VULNERABLES

En las cárceles las condiciones de vida son ya de por sí pésimas y la desatención sanitaria es una constante. Ninguno de los centros penitenciarios en el Estado español tiene capacidad para aislar en condiciones adecuadas (no en celdas de castigo) a los internos que puedan presentar síntomas, ni mucho menos tratar de forma adecuada a aquellos que puedan presentar una sintomatología grave. Es por ello que exigimos que las presas que sean clasificadas como población de riesgo por su edad o por tener enfermedades previas sean excarceladas de manera inmediata.

SUSPENSIÓN DEL PAGO DE ALQUILERES, HIPOTECAS Y SUMINISTROS BÁSICOS Y PARALIZACIÓN DE TODOS LOS DESAHUCIOS

Esperar que se genere una cadena de solidaridad por parte de los especuladores está condenado al fracaso. Son necesarias medidas que les frenen. Hay que exonerar del pago de hipotecas y alquileres (con compensación a los arrendadores particulares que lo requieran) para que esta crisis sanitaria no provoque que más familias pierdan su hogar. La moratoria del pago de las hipotecas aprobada por el Gobierno consiste en una simple suspensión temporal con criterios muy restrictivos. Cuando finalice, las personas hipotecadas tendrán que seguir haciendo frente a sus pagos –a diferencia de las empresas que soliciten ERTEs, que quedarán exoneradas del pago de las cuotas de Seguridad Social–. Para la banca, solo se aplaza el cobro y, de nuevo, no asumen ningún coste de esta situación. Exigimos la exoneración de los pagos mientras dure esta situación y, por lo tanto, que no se acumule deuda.

En el mismo sentido, hay que garantizar el acceso a todos los suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), sin restricciones y con una expresa prohibición de corte en todo el ámbito doméstico, y que las grandes empresas asuman el coste con sus beneficios millonarios. Estos servicios esenciales para la vida deben ser gestionados de forma pública y democrática.

Para cumplir con los Dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, es también necesario alargar la paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional más allá de la duración estricta del estado de alarma, dado que sus efectos se verán en los próximos meses. Para paliar el efecto de la crisis a medio plazo se debe constituir un parque público de vivienda suficiente.

CIERRE DE LOS CIEs, FIN DE LAS DEPORTACIONES Y DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas migrantes y racializadas deben estar garantizados en esta situación de emergencia sanitaria. La situación de los CIEs es muy similar a la de las prisiones, por lo que se impone la necesidad de cerrar todos los CIEs. Además, deben elaborarse medidas encaminadas a evacuar a las personas internas en los CETI’s en Ceuta y Melilla y permitir su acceso a la península.

Asimismo urge evitar que las medidas especiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean utilizadas para dar cobertura a redadas racistas. Hay que asegurar la protección de los centros de acogida, poniendo especial atención a la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), y mantener la cobertura de las personas que cumplan la mayoría de edad y estén en situación de tutela, no dejándolas desamparadas. Para evitar poner en especial situación de riesgo a las personas migrantes es necesario derogar la ley de extranjería y emitir la orden para que tengan validez identificativa los documentos caducados.

También exigimos que se garantice la traducción de todas las instrucciones gubernamentales, las recomendaciones sanitarias y los recursos comunitarios que se habiliten, en varios idiomas, atendiendo a criterios de diversidad cultural de cada comunidad, así como la elaboración de material informativo de prevención en diversos idiomas.

GARANTIZAR RECURSOS PÚBLICOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CHOQUE SOCIAL

Las medidas aprobadas por el Gobierno hasta el momento se basan en un aumento del gasto público y a la vez la exoneración del pago de impuestos, es decir, una merma de ingresos con un sistema fiscal ya fuertemente regresivo. Los miles de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo pueden vaciar la caja de la Seguridad Social para proteger los beneficios de las grandes empresas privadas. Centenares de miles de sueldos y cotizaciones sociales van a ser sufragadas con dinero público sin casi condiciones ni contrapartidas. En la crisis global de 2008 el rescate al sector bancario desplazó un problema de deuda privada al sector público y esto no se puede volver a repetir.

La banca debe asumir pérdidas económicas y devolver a la sociedad el rescate impagado que asciende a 65.725 millones de euros. Tras más de 23.000 millones de beneficios declarados por la banca en 2019, hay que hacerles asumir su responsabilidad. De la misma forma, el IBEX 35 y el resto de empresas con enormes beneficios tienen que asumir su parte del coste de esta crisis. No puede recaer de nuevo únicamente sobre las espaldas de la mayoría social mientras una minoría sigue enriqueciéndose.

Estas medidas son imprescindibles, posibles y urgentes para una salida de la crisis del coronavirus diferente a la de 2008. En este comunicado nos limitamos a señalar las líneas maestras de un Plan de Choque Social y no podemos detallar toda su concreción en una batería más concreta de propuestas. Las diferentes organizaciones, sindicatos y plataformas impulsoras del Plan de Choque Social hemos trabajado y seguimos trabajando en su desarrollo en los ámbitos de lucha a los que nos dedicamos. Si el Gobierno no aplica estas medidas o las aplica parcialmente, buscaremos todas las vías colectivas para presionar y garantizar los derechos de millones de personas.

Animamos a todas las personas afectadas por esta crisis a autoorganizarse e impulsar juntas esta lucha. No vamos a consentir que la crisis sanitaria y la paralización económica se conviertan en una nueva excusa para aumentar el deterioro ecológico y climático, el empobrecimiento de la mayoría de la sociedad y la vulneración de los derechos más elementales.

PorPAH_Bcn

Resumen Moratoria hipotecaria COVID-19 y Documento Útil para solicitarla a tu banco

Ayer 18 de marzo, en medio de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se publicó en el BOE un paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la situación. Entre ellas, se encuentra una moratoria hipotecaria (se pospone el pago de la cuota) en los casos de vivienda habitual. Lee bien este documento para saber si te encuentras entre los supuestos para acogerte.

A continuación resumimos las líneas básicas y presentamos un Documento Útil para solicitarlo a tu entidad bancaria. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a lapahdebarcelona@gmail.com.

Base normativa

  • Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
  • Enlace: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
  • Moratoria de deuda hipotecaria para adquisición de vivienda habitual: arts. 7-16.

Ámbito de aplicación

  • Contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria para adquisición de vivienda habitual.
  • Deudor en los supuestos de vulnerabilidad económica del artículo 9 del RDL.
  • Extensivo a fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual.

Situación de vulnerabilidad económica

  • Cuatro supuestos (se han de cumplir todos):
  1. Nueva situación de desempleo o empresarios/profesionales con pérdida sustancial de ventas/ingresos (mínimo 40%).
  2. Ingresos unidad familiar no superen el mes anterior a la moratoria:
    • Carácter general: 3 IPREM mensual = 1.613,52€.
    • +0,1 x hijo a cargo = 53,78€.
    • +0,15 x hijo a cargo para familias monoparentales = 80,68€.
    • +0,1 x mayor de 65 años = 53,78€.
    • Unidad familiar con persona con discapacidad > 33%: 4 IPREM = 2.151,36€.
    • Deudor hipotecario con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual, todas > 33%; discapacidad física o sensorial > 65%, enfermedad grave que incapacite al deudor o su cuidador para trabajar: 5 IPREM = 2.689,20€.
  3. Cuota hipotecaria + suministros > 35% ingresos netos de la unidad familiar.
  4. Alteración significativa de las circunstancias económicas de la unidad familiar a causa de la emergencia sanitaria: el esfuerzo de la carga hipotecaria se haya multiplicado mínimo 1,3.

Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores

  • Si son vulnerables, podrán exigir que el banco agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda a ellos. No excluye la aplicación del Código de Buenas Prácticas al deudor principal.

Acreditación de las condiciones de vulnerabilidad

  1. Desempleo: certificado de prestaciones con la cuantía mensual percibida.
  2. Cese de actividad: certificado expedido por Hacienda o la CCAA.
  3. Número de personas que viven en la vivienda:
    • Libro de familia o certificado de pareja de hecho.
    • Certificado de empadronamiento actual y que abarque los 6 meses anteriores.
    • Declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente (si es el caso).
  4. Titularidad de los bienes: 
    • Nota simple de todos los miembros de la unidad familiar.
    • Escrituras de la compraventa y la hipoteca de la vivienda.
  5. Declaración responsable indicando que se cumplen los requisitos del RDL.

Solicitud y concesión

  • Desde el 19 de marzo.
  • Hasta 15 días hábiles (3 semanas) después del fin de la vigencia del RDL. Eso es, si no hay una modificación para ampliar su vigencia, el 3 de mayo de 2020.
  • Una vez realizada la solicitud, el banco deberá implementarla en un máximo de 15 días (3 semanas).

Efectos

  • Suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de vigencia. No se puede exigir el pago, pero la cantidad que se debe se mantiene igual. ¡No es una condonación! Tampoco se podrá exigir el pago de cualquier otro concepto que integre la cuota hipotecaria: amortización del capital, pago de intereses. No se devengarán intereses.
  • Inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado durante la moratoria.

Consecuencias de aplicación indebida

  • Si un deudor hipotecario se beneficia de las medidas sin cumplir con los requisitos será responsable de daños y perjuicios, así como otros gastos de aplicación de las medidas.
  • El importe de esta indemnización no podrá ser inferior al beneficio que haya obtenido.
  • También será responsable el deudor que busque situarse o mantenerse en las condiciones de vulnerabilidad a propósito para ser beneficiario de las medidas.

Si cumples con los requisitos, deberás acudir o contactar con tu banco para solicitar que activen el mecanismo y aportar la documentación requerida. Ten en cuenta que algunos de los documentos deberás pedirlos antes a Hacienda o tu Ayuntamiento, así que no te duermas.

Descarga aquí el documento útil para presentarlo en tu entidad bancaria.

Lógicamente, esta moratoria se queda muy corta y seguiremos luchando para que esta crisis no la paguen las de siempre. Necesitamos un plan de choque social que no deje a nadie en la cuneta. Ejerce tus derechos. ¡Sí Se Puede!