Archivo mensual marzo 27, 2020

Valoramos las medidas del Ayuntamiento de Barcelona con ánimo de ser constructivas y de poder ayudar con propuestas que creemos que beneficiarían a más familias que se puedan encontrar en situación de inseguridad residencial actualmente

Llevamos semanas en una situación extraordinaria debida a la pandemia por el coronavirus. Desde el 14 de marzo, en que el Gobierno de Pedro Sánchez declaró el estado de alarma, la situación en los municipios y en los miles de hogares ha comportado y comportará consecuencias económicas importantes.

Situaciones de pérdida de ingresos que se suman a las ya existentes antes de la pandemia, y es que desde 2008 estamos viviendo otra pandemia, como es la de los desahucios, y prevemos que se incrementen una vez finalice esta situación, si las administraciones correspondientes no abordan la situación de emergencia como es debido.

Desde la PAH de Barcelona hemos analizado con detalle las medidas que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda en el contexto de la crisis del COVID-19, con ánimo constructivo y de poder ayudar con propuestas que creemos que beneficiarían a más familias que se puedan encontrar en situación de inseguridad residencial actualmente, o puedan encontrarse en un futuro próximo, dada la grave situación que estamos sufriendo.

En resumen, las medidas que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona son las siguientes:

Moratoria alquiler IMHAB 

• Moratoria de las cuotas de alquiler de las viviendas gestionadas por el IMHAB (Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación) durante los meses de abril, mayo y junio de 2020.
  A partir de julio de 2020, se prorrateará en los 18 meses siguientes, entre julio 2020 y diciembre 2021 los importes de las cuotas de los alquileres.
• Revisión de las cuotas de alquiler de vivienda para familias con reducciones significativas de ingresos a raíz de la crisis del Covid-19 y rebaja para adecuarlas a la nueva situación económica en la que se encuentren. Esta revisión también afectará a los 250 pisos gestionados por Hàbitat 3.
• Ayudas para los inquilinos de pisos de la Bolsa de Alquiler de Barcelona (891 viviendas). Deberán comunicarlo previamente al IMHAB.
• Aplicación de la moratoria y prorrateo a 1.400 VPO (Viviendas de Protección Oficial) en régimen de propiedad promovidos por el IMHAB.
• Aplicación de la moratoria a los 400 locales comerciales de los bajos de los edificios promovidos por el IMHAB.
• Estas ayudas beneficiarán a un total de 11.689 inquilinos del IMHAB con una partida extraordinaria de 3,5 millones de euros.

Desde la PAH de Barcelona valoramos que esta medida puede ser positiva inicialmente para las familias que realmente no puedan continuar pagando su alquiler debido a la falta de ingresos provocada por la crisis del COVID-19, pero queremos manifestar que se deberían aclarar mejor los criterios y/o requisitos que deben cumplir las familias que podrán beneficiarse, así como de la posible condonación del pago. 

La parte burocrática que supondrá estos trámites no debe ser una excusa para llevar a cabo esta gestión. Pedimos agilidad y recursos para hacer frente a la avalancha de tramitaciones una vez finalice el estado de alarma, y que ninguna familia se pueda ver perjudicada por estos trámites y se vea obligada a realizar un impago antes de poder completar el procedimiento.

A la vez queremos poner de manifiesto que los precios del IMHAB no corresponden a los baremos de la Ley 24/2015, precios que llevamos denunciando que son superiores a lo que la Ley prevé y que, por ejemplo, para una familia con 300 € mensuales de ingresos familiares cada euro cuenta. Pedimos que el precio total del alquiler de las familias vulnerables quede enmarcado dentro de los niveles del 10%, 12%, 18% de los ingresos familiares que marca la Ley 24/2015 y no se sumen costes extraordinarios como los gastos de comunidad al precio final.

Una medida similar ha puesto en marcha también la Generalitat de Cataluña, a la que evidentemente le queremos hacer llegar nuestras preocupaciones y dudas. En este sentido, el Gobierno catalán ha aprobado una moratoria en el pago del alquiler a todas las viviendas y locales comerciales de su parque público debido a la pandemia del coronavirus. Pero no se plantea una revisión de las cuotas para las familias que hayan sufrido reducciones significativas de ingresos a raíz de la crisis del COVID-19 y rebajarlas para adecuarlas a la nueva situación económica en la que se encuentren, o la condonación total del pago para aquellas familias que hayan sufrido más esta crisis.

Atención telefónica y telemática para atender urgencias

El IMHAB ha adaptado la actividad a la situación de emergencia sanitaria manteniendo solo los servicios que se consideran esenciales:

• Reparaciones urgentes de viviendas del parque público.
• Servicios SIPHO (Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de la Vivienda y/Ocupaciones) y SPIMH (Servicio de Prevención, Intervención y Mediación en Viviendas Públicas) para situaciones excepcionales y no previsibles.
• Atención telefónica para otras incidencias urgentes.

Valoramos positivamente que se informe a la ciudadanía de sus derechos y que se mantenga una vía para poder comunicarse para situaciones no previsibles. Es lo que en una situación normal debe funcionar y en situaciones excepcionales se debe reforzar y no detener el servicio. 

Subvenciones públicas para alquileres privados

• Garantía de las ayudas públicas para el pago de alquileres privados (9.000 familias beneficiarias).
• Posibilidad de enviar la fotocopia del recibo mensual por correo electrónico (habitualmente se hace mediante fotocopia en la Oficina de Vivienda) para recibir la subvención.
• Tramitación exprés de las ayudas. Cuando se levante el Estado de Alarma, se revisarán y completarán los expedientes.

Creemos que estas medidas deben mantenerse en un futuro una vez levantado el estado de alarma, ya que suponen una mejora en la eficiencia del sistema. Este tipo de herramientas informáticas permitiría que las familias no tuvieran que desplazarse físicamente a las oficinas con los inconvenientes que ello conlleva en el día a día de las personas. 

Pedimos también que se prorroguen todas aquellas ayudas y subvenciones públicas para pagar los alquileres, tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat y del Estado mientras dure el estado de alarma y no se abran las nuevas convocatorias para solicitarlas nuevamente.

Llamamiento a ceder pisos a la Bolsa de Alquiler

• Llamamiento a propietarias de viviendas destinadas a usos turísticos a incorporarlos a la Bolsa de Alquiler Social de Barcelona.

Desde la PAH de Barcelona queremos hacer extensivo este llamamiento a toda la ciudadanía en general, no tan solo a propietarias de viviendas destinadas a usos turísticos a incorporarlos a la Bolsa de Alquiler Social. Es necesario que aquellas viviendas vacías y en desuso pasen al parque público, casi inexistente, de vivienda social de la ciudad. Esperamos que una emergencia como la actual nos ayude a ordenar nuestras prioridades y a repensar el modelo de sociedad que queremos, del que todas somos responsables, tanto las administraciones públicas como las empresas y la ciudadanía en general.

Dispositivo de alojamiento para personas vulnerables

• Puesta en marcha desde el miércoles 25 de marzo del nuevo dispositivo de alojamiento en la Fira de Barcelona.
  • 225 plazas en la Feria de Barcelona, ampliables hasta 1.000 plazas.
• Otras plazas adicionales más, distribuidas en los siguientes espacios:
  • 53 plazas en Pere Calafell, desde el viernes 20 de marzo.
  • 72 plazas en Dos de Mayo (exclusivamente para mujeres).
  • 30 plazas en un dispositivo de San Juan de Dios Servicios Sociales.
• En total en la ciudad se han habilitado 380 nuevas plazas; contando con las que ya existían previamente hay un total de 2.580 plazas.
• 200 apartamentos turísticos que el Ayuntamiento alquilará durante los próximos dos meses, dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista, familias con niños a cargo o bien personas sin hogar.

En primer lugar creemos que el esfuerzo que se está haciendo para ampliar las plazas adicionales para personas sin hogar se debe valorar muy positivamente en una situación de emergencia sanitaria, pero creemos que se deben adecuar equipamientos que estén preparados para este tipo de realojamiento, teniendo en cuenta siempre a las entidades que llevan años trabajando en primera línea.

Medidas de este tipo deberían hacerse extensivas a emergencias crónicas que sufrimos en la ciudad de Barcelona. Desde la campaña de Realojamientos Dignos, en la que participamos diferentes colectivos que trabajamos por el derecho a la vivienda, hemos denunciado en multitud de ocasiones la situación inadmisible en la que se encuentran más de 600 familias de la ciudad que han sido desahuciadas y que se ven obligadas a malvivir en pensiones y albergues hasta que no les llega el piso público al que tienen derecho por ley. Habitaciones sin un lugar donde cocinar o estudiar, muchas de ellas en un estado lamentable y que en la situación de confinamiento actual se convierten en lugares imposibles donde vivir.

Servicios esenciales

• Centros de Servicios Sociales: se mantendrán 9 operativos de los 42 existentes en la ciudad.
• Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB): continúa operativo las 24 horas del día.
• Oficinas de Vivienda: permanecerán cerradas, con la atención telefónica y/o telemática comentada anteriormente.

Como está pasando con los servicios sanitarios, los servicios sociales y de urgencias sociales deben cuidarse y cuidar a las personas que trabajan en ellos. Se mantienen 9 centros de servicios sociales operativos de un total de 42, y creemos que habría que reforzar el servicio para que las trabajadoras sociales se sientan cuidadas y puedan descansar en estos momentos de máxima carga.

Necesitamos que las diferentes administraciones se corresponsabilicen con las competencias que tienen cada una, y que en estos momentos den el 200% para proteger a las familias vulnerables e implementen medidas valientes y ambiciosas. En concreto, esperamos que hoy en el Consejo de Ministros extraordinario se apruebe una suspensión de alquileres, una medida para que ninguna familia que no pueda pagar su alquiler por falta de recursos económicos, no solo no sea desahuciada sino que se pueda condonar la deuda si su propietario es un gran tenedor, y si es pequeño poner en marcha ayudas económicas para evitar la pérdida de la vivienda. Hay que buscar mecanismos y revisar lo que ya teníamos, y es que en situaciones extremas es necesario que todas nos pongamos de verdad en no dejar a nadie atrás, ni ahora ni nunca.

Desde la PAH estaremos vigilantes y exigiendo un plan de choque social, porque hay vidas en juego.

Las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social consideramos que el “Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” se queda muy corto en la protección de la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora

Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evitar un colapso sanitario y social.

El Gobierno tiene que escuchar a centenares de sindicatos, organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales que exigimos una salida de esta crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y económica, que ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas. Dejar en manos de la buena voluntad del IBEX 35, los especuladores y otros poderes económicos la protección de la sociedad y el medio ambiente no es una opción si se quiere evitar que se dispare, aún más, la desigualdad social, el deterioro climático y ambiental y la destrucción de derechos.

A continuación resumimos algunas propuestas urgentes que exigimos y que vamos a defender
desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización:

REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA. UNIVERSALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA. INTERVENCIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA SIN COMPENSACIÓN ECONÓMICA

Los próximos días se prevé que los sistemas sanitarios de los territorios donde se concentran más casos de Covid-19 lleguen al colapso. No es casual porque el límite de capacidad de la sanidad pública se ha visto reducido por más de una década de recortes y privatizaciones.

Es imprescindible y urgente dotar de recursos suficientes a los centros sanitarios. De la misma forma, la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) para todo el personal de estos centros pone en riesgo sus vidas y la de las personas enfermas y envía centenares de profesionales a la cuarentena, debilitando aún más el sistema sanitario. La intervención de la sanidad privada tiene que traducirse ya en la movilización de todos los recursos privados al servicio del interés general y la salud pública. Esta movilización masiva de recursos no puede traducirse en una factura millonaria de las empresas sanitarias privadas que provoque nuevos recortes después de la emergencia.

Estas empresas deben dejar de parasitar recursos públicos en un momento en que son aún más necesarios que nunca. En la situación extraordinaria que vivimos, es importante reforzar la información y los servicios básicos de urgencia para garantizar Derechos Sexuales y Reproductivos. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Anticoncepción de Urgencia (AU) siguen siendo servicios de urgencia para todas las mujeres, independientemente de la edad y de si tienen o no tarjeta sanitaria.

              PROTEGER A LAS TRABAJADORAS DE SERVICIOS ESENCIALES

En medio de esta emergencia hay millones de personas trabajadoras sosteniendo la vida en multitud de sectores, además del sanitario: residencias, Servicio de Atención Domiciliaria, sociosanitarios, cuidados, suministro de agua y energía, transporte, limpieza, alimentación, farmacias y muchos otros. La mayoría son trabajadoras con condiciones precarias y trabajos poco valorados socialmente. Esta primera semana de estado de alarma, desde todos estos sectores llegan denuncias de la irresponsabilidad empresarial, la falta de aplicación de protocolos sanitarios y la práctica inexistencia de Equipos de Protección Individual (EPI). En muchos servicios externalizados por las administraciones públicas se reproduce esta situación. Hasta ahora Inspección de Trabajo no está reaccionando con la rapidez y la contundencia necesarias a la denuncia por parte de los sindicatos de situaciones dramáticas.

Es especialmente preocupante la situación en sectores en contacto permanente con grupos de riesgo, como residencias o el Servicio de Atención Domiciliaria que se encuentran ya en colapso. Sin la precariedad que sufren las gerocultoras y el resto de trabajadoras de cuidados se habrían evitado contagios y muertes. También nos preocupa la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las jornaleras y jornaleros migrantes del campo andaluz. Muchas viven en asentamientos de chabolas, sin acceso a agua o a luz y sin ningún tipo de asistencia sanitaria y jurídica. Hay que intervenir ya y obligar a las empresas a adoptar medidas de protección inmediatamente.

Hay que señalar la situación de abandono y vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar y los cuidados. El régimen especial de la Seguridad Social las priva del derecho al paro y las deja con pensiones más mermadas que al resto de trabajadoras. En esta crisis sanitaria y de cuidados están sufriendo despidos, las internas están encerradas con sus empleadores y sin medidas de protección sanitaria en las que la inspección de trabajo pueda intervenir. Para que la situación deje de ser tan precaria se debe ratificar el Convenio 189 de la OIT. Mientras tanto, es impostergable la inclusión de este sector en la provisión de Equipos de Protección Individual para evitar la propagación del contagio.

PARALIZAR TODA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA NO ESENCIAL Y LANZAR UN PLAN INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN DE EPIS, TESTs y EQUIPOS DE VENTILACIÓN

Las medidas de protección de la salud pública se han quedado en la puerta de las empresas. Es una irresponsabilidad que mientras se restringe la movilidad y en pleno Estado de Alarma se permita que empresas con actividades que no son imprescindibles continúen como si nada con la producción. En la mayoría de los casos, las empresas además funcionan con escasas o nulas medidas de protección de riesgos laborales. Durante la semana, multitud de sindicatos, comités y plantillas han parado la actividad de sus centros de trabajo a través de la aplicación del artículo 21 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales.

Sin embargo, de nuevo, el Gobierno no puede mirar hacia otro lado ni dejar en manos de los intereses privados la vida y salud de la gente. Hay que decretar el cierre de toda actividad no esencial y evitar que sigan propagándose contagios. A la vez hay que lanzar un plan industrial para producir todos los tests, EPIs y equipos de ventilación necesarios, utilizando las instalaciones y recursos de las industrias paralizadas.

PROHIBIR LOS DESPIDOS E INTRODUCIR UNA RENTA BÁSICA DE CUARENTENA UNIVERSAL E INCONDICIONAL

La patronal está aprovechando el shock para cargar en las espaldas de la clase trabajadora los costes de esta crisis. Es urgente prohibir los despidos y anular los que se han producido desde el inicio de la emergencia. Además, la avalancha de ERTEs casi no diferencia entre pequeñas empresas (50 trabajadoras o menos) sin ingresos que se juegan su viabilidad, y multinacionales con beneficios millonarios, con una exoneración del 75% de las cuotas de la seguridad social. Hay que darle la vuelta a la situación y que las mutuas privadas y grandes empresas paguen su parte. Una posibilidad es un permiso retribuido de 4 semanas asumido por la patronal sin perjuicio de lo que se pueda acordar en la negociación. Ninguna despedida y nadie expuesta de manera innecesaria.

Pero sin o con trabajo contractual, nadie se puede quedar sin ingresos mientras dure la emergencia sanitaria, o las consecuencias sociales serán devastadoras. Por eso es imprescindible introducir una “renta básica de cuarentena” que garantice ingresos de manera universal e incondicional mientras dure el estado de alarma. Esta renta básica debe garantizar la sostenibilidad de la vida a trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y profesionales que tengan que parar su actividad. También deben proteger a las pequeñas y medianas cooperativas que trabajan desde la Economía Social y Solidaria, a quienes subsisten en sectores más precarios y desprotegidos como las trabajadoras del hogar o sectores de la economía informal, y a quienes se dedican a los cuidados de menores, dependientes y personas mayores sin remuneración. El acceso a la renta básica debe garantizarse a toda persona, sin importar su nacionalidad, estatus de residencia o situación administrativa.

Además, debe garantizarse toda la potencialidad de los servicios sociales –sin funcionamiento en la mayoría de administraciones, o al mínimo de su actividad– para que ninguna familia quede desprotegida sin alimentación ni bienes básicos que son procurados por estos hoy inexistentes servicios sociales.

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA MACHISTA

La estrategia del confinamiento traslada toda la tensión, la carga de los cuidados y la vulnerabilidad sobre las familias y otras unidades de convivencia, y especialmente sobre las mujeres. Se necesitan medidas de choque que mantengan activados y refuercen los recursos sociales de prevención, detección de la violencia machista y apoyo a las mujeres expuestas a situaciones de violencia en este contexto, para que el confinamiento no se convierta en un aislamiento y una condena para ellas.

LIBERACIÓN PRESAS VULNERABLES

En las cárceles las condiciones de vida son ya de por sí pésimas y la desatención sanitaria es una constante. Ninguno de los centros penitenciarios en el Estado español tiene capacidad para aislar en condiciones adecuadas (no en celdas de castigo) a los internos que puedan presentar síntomas, ni mucho menos tratar de forma adecuada a aquellos que puedan presentar una sintomatología grave. Es por ello que exigimos que las presas que sean clasificadas como población de riesgo por su edad o por tener enfermedades previas sean excarceladas de manera inmediata.

SUSPENSIÓN DEL PAGO DE ALQUILERES, HIPOTECAS Y SUMINISTROS BÁSICOS Y PARALIZACIÓN DE TODOS LOS DESAHUCIOS

Esperar que se genere una cadena de solidaridad por parte de los especuladores está condenado al fracaso. Son necesarias medidas que les frenen. Hay que exonerar del pago de hipotecas y alquileres (con compensación a los arrendadores particulares que lo requieran) para que esta crisis sanitaria no provoque que más familias pierdan su hogar. La moratoria del pago de las hipotecas aprobada por el Gobierno consiste en una simple suspensión temporal con criterios muy restrictivos. Cuando finalice, las personas hipotecadas tendrán que seguir haciendo frente a sus pagos –a diferencia de las empresas que soliciten ERTEs, que quedarán exoneradas del pago de las cuotas de Seguridad Social–. Para la banca, solo se aplaza el cobro y, de nuevo, no asumen ningún coste de esta situación. Exigimos la exoneración de los pagos mientras dure esta situación y, por lo tanto, que no se acumule deuda.

En el mismo sentido, hay que garantizar el acceso a todos los suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), sin restricciones y con una expresa prohibición de corte en todo el ámbito doméstico, y que las grandes empresas asuman el coste con sus beneficios millonarios. Estos servicios esenciales para la vida deben ser gestionados de forma pública y democrática.

Para cumplir con los Dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, es también necesario alargar la paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional más allá de la duración estricta del estado de alarma, dado que sus efectos se verán en los próximos meses. Para paliar el efecto de la crisis a medio plazo se debe constituir un parque público de vivienda suficiente.

CIERRE DE LOS CIEs, FIN DE LAS DEPORTACIONES Y DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas migrantes y racializadas deben estar garantizados en esta situación de emergencia sanitaria. La situación de los CIEs es muy similar a la de las prisiones, por lo que se impone la necesidad de cerrar todos los CIEs. Además, deben elaborarse medidas encaminadas a evacuar a las personas internas en los CETI’s en Ceuta y Melilla y permitir su acceso a la península.

Asimismo urge evitar que las medidas especiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean utilizadas para dar cobertura a redadas racistas. Hay que asegurar la protección de los centros de acogida, poniendo especial atención a la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), y mantener la cobertura de las personas que cumplan la mayoría de edad y estén en situación de tutela, no dejándolas desamparadas. Para evitar poner en especial situación de riesgo a las personas migrantes es necesario derogar la ley de extranjería y emitir la orden para que tengan validez identificativa los documentos caducados.

También exigimos que se garantice la traducción de todas las instrucciones gubernamentales, las recomendaciones sanitarias y los recursos comunitarios que se habiliten, en varios idiomas, atendiendo a criterios de diversidad cultural de cada comunidad, así como la elaboración de material informativo de prevención en diversos idiomas.

GARANTIZAR RECURSOS PÚBLICOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CHOQUE SOCIAL

Las medidas aprobadas por el Gobierno hasta el momento se basan en un aumento del gasto público y a la vez la exoneración del pago de impuestos, es decir, una merma de ingresos con un sistema fiscal ya fuertemente regresivo. Los miles de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo pueden vaciar la caja de la Seguridad Social para proteger los beneficios de las grandes empresas privadas. Centenares de miles de sueldos y cotizaciones sociales van a ser sufragadas con dinero público sin casi condiciones ni contrapartidas. En la crisis global de 2008 el rescate al sector bancario desplazó un problema de deuda privada al sector público y esto no se puede volver a repetir.

La banca debe asumir pérdidas económicas y devolver a la sociedad el rescate impagado que asciende a 65.725 millones de euros. Tras más de 23.000 millones de beneficios declarados por la banca en 2019, hay que hacerles asumir su responsabilidad. De la misma forma, el IBEX 35 y el resto de empresas con enormes beneficios tienen que asumir su parte del coste de esta crisis. No puede recaer de nuevo únicamente sobre las espaldas de la mayoría social mientras una minoría sigue enriqueciéndose.

Estas medidas son imprescindibles, posibles y urgentes para una salida de la crisis del coronavirus diferente a la de 2008. En este comunicado nos limitamos a señalar las líneas maestras de un Plan de Choque Social y no podemos detallar toda su concreción en una batería más concreta de propuestas. Las diferentes organizaciones, sindicatos y plataformas impulsoras del Plan de Choque Social hemos trabajado y seguimos trabajando en su desarrollo en los ámbitos de lucha a los que nos dedicamos. Si el Gobierno no aplica estas medidas o las aplica parcialmente, buscaremos todas las vías colectivas para presionar y garantizar los derechos de millones de personas.

Animamos a todas las personas afectadas por esta crisis a autoorganizarse e impulsar juntas esta lucha. No vamos a consentir que la crisis sanitaria y la paralización económica se conviertan en una nueva excusa para aumentar el deterioro ecológico y climático, el empobrecimiento de la mayoría de la sociedad y la vulneración de los derechos más elementales.

Actualización octubre 2020: este medida deja de ser válida con las nuevas medidas del Gobierno

Ayer 18 de marzo, en medio de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se publicó en el BOE un paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la situación. Entre ellas, se encuentra una moratoria hipotecaria (se pospone el pago de la cuota) en los casos de vivienda habitual. Lee bien este documento para saber si te encuentras entre los supuestos para acogerte.

A continuación resumimos las líneas básicas y presentamos un Documento Útil para solicitarlo a tu entidad bancaria. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a lapahdebarcelona@gmail.com.

Base normativa

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
• Enlace: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
• Moratoria de deuda hipotecaria para adquisición de vivienda habitual: arts. 7-16.

Ámbito de aplicación

• Contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria para adquisición de vivienda habitual.
• Deudor en los supuestos de vulnerabilidad económica del artículo 9 del RDL.
• Extensivo a fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual.

Situación de vulnerabilidad económica

• Cuatro supuestos (se han de cumplir todos):

1. Nueva situación de desempleo o empresarios/profesionales con pérdida sustancial de ventas/ingresos (mínimo 40%).
2. Ingresos unidad familiar no superen el mes anterior a la moratoria:
   • Carácter general: 3 IPREM mensual = 1.613,52€.
   • +0,1 x hijo a cargo = 53,78€.
   • +0,15 x hijo a cargo para familias monoparentales = 80,68€.
   • +0,1 x mayor de 65 años = 53,78€.
   • Unidad familiar con persona con discapacidad > 33%: 4 IPREM = 2.151,36€.
   • Deudor hipotecario con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual, todas > 33%; discapacidad física o sensorial > 65%, enfermedad grave que incapacite al deudor o su cuidador para trabajar: 5 IPREM = 2.689,20€.
3. Cuota hipotecaria + suministros > 35% ingresos netos de la unidad familiar.
4. Alteración significativa de las circunstancias económicas de la unidad familiar a causa de la emergencia sanitaria: el esfuerzo de la carga hipotecaria se haya multiplicado mínimo 1,3.

Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores

• Si son vulnerables, podrán exigir que el banco agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda a ellos. No excluye la aplicación del Código de Buenas Prácticas al deudor principal.

Acreditación de las condiciones de vulnerabilidad

1. Desempleo: certificado de prestaciones con la cuantía mensual percibida.
2. Cese de actividad: certificado expedido por Hacienda o la CCAA.
3. Número de personas que viven en la vivienda:
   • Libro de familia o certificado de pareja de hecho.
   • Certificado de empadronamiento actual y que abarque los 6 meses anteriores.
   • Declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente (si es el caso).
4. Titularidad de los bienes: 
   • Nota simple de todos los miembros de la unidad familiar.
   • Escrituras de la compraventa y la hipoteca de la vivienda.
5. Declaración responsable indicando que se cumplen los requisitos del RDL.

Solicitud y concesión

• Desde el 19 de marzo.
• Hasta 15 días hábiles (3 semanas) después del fin de la vigencia del RDL. Eso es, si no hay una modificación para ampliar su vigencia, el 3 de mayo de 2020.
• Una vez realizada la solicitud, el banco deberá implementarla en un máximo de 15 días (3 semanas).

Efectos

• Suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de vigencia. No se puede exigir el pago, pero la cantidad que se debe se mantiene igual. ¡No es una condonación! Tampoco se podrá exigir el pago de cualquier otro concepto que integre la cuota hipotecaria: amortización del capital, pago de intereses. No se devengarán intereses.
• Inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado durante la moratoria.

Consecuencias de aplicación indebida

• Si un deudor hipotecario se beneficia de las medidas sin cumplir con los requisitos será responsable de daños y perjuicios, así como otros gastos de aplicación de las medidas.
• El importe de esta indemnización no podrá ser inferior al beneficio que haya obtenido.
• También será responsable el deudor que busque situarse o mantenerse en las condiciones de vulnerabilidad a propósito para ser beneficiario de las medidas.

Si cumples con los requisitos, deberás acudir o contactar con tu banco para solicitar que activen el mecanismo y aportar la documentación requerida. Ten en cuenta que algunos de los documentos deberás pedirlos antes a Hacienda o tu Ayuntamiento, así que no te duermas.

Descarga aquí el documento útil para presentarlo en tu entidad bancaria.

Lógicamente, esta moratoria se queda muy corta y seguiremos luchando para que esta crisis no la paguen las de siempre. Necesitamos un plan de choque social que no deje a nadie en la cuneta. Ejerce tus derechos. ¡Sí Se Puede!

Si el Gobierno Progresista realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras y no limitarse a un tibio aplazamiento de las hipotecas

Sobre el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en términos de vivienda, desde la PAH vemos cortas y poco efectivas las resoluciones plasmadas en vivienda. Echamos de menos, una vez más, que no se obligue a la banca y grandes propietarios, como los fondos buitre, a corresponsabilizarse para rescatar realmente al sector más vulnerable de la ciudadanía, ampliado por culpa de la crisis sanitaria. Apelando a las palabras de Pedro Sánchez, no basta con esperar que se genere una cadena de solidaridad por parte de los especuladores, son necesarias medidas que les obliguen a ello, exonerar el pago de hipotecas y de alquileres, para no ampliar por culpa del coronavirus el número de desahucios ya programados y suspendidos, que se activarán cuando se retome la actividad judicial. La vivienda es de primera necesidad y un derecho. Que esta crisis sanitaria no se convierta en el motivo para que un mayor número de familias pierdan su hogar.

Estos duros momentos que está padeciendo toda la ciudadanía, no deben traducirse tanto en una mayor protección para empresas con grandes beneficios sino en una auténtica protección de las familias trabajadoras, para que no vuelvan a ser quienes mayor sufran los efectos de esta crisis sanitaria que, sin ser alarmistas, puede generar una nueva etapa de recesión de la que costará recuperarse.

Sobre la moratoria del pago de hipotecas a quienes cumplan todos los requisitos de vulnerabilidad, consiste simplemente en una suspensión temporal del pago de cuotas, que se reanudarán una vez concluya su vigencia que, inicialmente es de solo un mes. Una vez concluida esa vigencia, las personas hipotecadas tendrán que seguir haciendo frente a sus pagos ‒a diferencia de las empresas que soliciten ERTEs, que quedarán exoneradas del pago de las cuotas de Seguridad Social‒. Para la banca, supone solo una demora en el cobro y salir airosa de esta situación que nos afecta a todas, nada novedoso. Desde la PAH pedimos la exoneración de las cuotas.

A los avalistas se les reconoce únicamente el derecho de exclusión solo si también cumplen los supuestos de vulnerabilidad, y el limitado plazo para solicitar la moratoria dejará fuera a quienes padezcan los efectos retardados de la crisis, aparte del colapso burocrático cuando se levante la cuarentena.

Estamos ante una situación de emergencia, ante la cual la banca también debe asumir pérdidas económicas como el resto de la ciudadanía y devolver a la sociedad, con viviendas vacías, el rescate impagado que asciende a 65.725 millones de euros. Tras más de 23.000 millones de beneficios declarados por la banca en 2019, hay que hacerles asumir su responsabilidad, ya que son culpables de la crisis económica. Las familias ya pagamos la crisis de 2008; muchas sin vivienda, otras aún sobreendeudadas, y quedamos miles amenazadas por el capital, y no debemos volver a pagar esta.

Tampoco es suficiente la moratoria del corte de suministros básicos y telecomunicaciones (al consumidor vulnerable o en riesgo de exclusión), y más sin establecer cómo ni cuándo habrá que hacer frente a las facturas acumuladas tras acogerse a esta moratoria. ¿Por qué no implicar a las grandes empresas suministradoras en la moratoria y en definitiva en la factura final de las familias? En unos momentos en que el confinamiento provocará subidas importantes en el consumo de los suministros básicos, sumado a la caída de los ingresos para muchísimos hogares, no basta con garantizar que no haya cortes por impago o ampliar en el tiempo el bono social, hay que corresponsabilizar a las suministradoras para que asuman el coste de las facturas de las familias en situación de vulnerabilidad. Con los beneficios millonarios debido a los precios hinchados de las facturas, bien pueden rebajarlos un poco, empatizando con la crisis sanitaria y el efecto sobre toda la población. Cabe resaltar que no debería ser el Estado quien compense a las suministradoras, hablamos de rescatar personas.

La mayor gravedad de este Real Decreto, recae en la falta de mención a los alquileres y a una moratoria de las rentas. Si las inquilinas ya protagonizan casi el 70% de los desahucios habituales, es obvio que en estos momentos de crisis son uno de los sectores de la sociedad con mayor riesgo de impago y pérdida de hogar. Dejar el futuro de las inquilinas en manos de la “filantropía” de los grandes caseros como Blackstone, es pura barbarie. La falta de medidas a este respecto, en el que habría que corresponsabilizar a los grandes propietarios ‒banca y fondos buitre‒ de esta situación, compensando a particulares ‒personas físicas‒, deja atrás a miles de personas que viven de alquiler en nuestro país. Algo que nos sorprende cuando a primera instancia el alquiler parecía el primer caballo de batalla de este nuevo gobierno. Si la mayoría de las casas alquiladas en España son propiedad de la banca o de SOCIMIS (paraísos fiscales societarios) participadas por la banca, ¿por qué no exonerar esas rentas de alquiler mientras dure la crisis? No puede aumentarse la emergencia habitacional privando del derecho a este amplio sector de la ciudadanía.

A pesar de lo dicho por Pedro Sánchez, en su comparecencia post Consejo de Ministros sobre que «nadie perdería su casa por esta crisis», este Real Decreto no contempla absolutamente nada sobre desahucios en el texto legal, por lo que, una vez se reactiven los juzgados, volverán muchas familias a ser puestas en la calle. A final de año habrá que sumar a los desahucios previstos antes de la crisis, los que se provoquen como consecuencia de esta recesión económica. Y esta situación es insoportable.

¿Qué mejor momento que éste para recuperar el rescate bancario y el expolio de fondos buitre que exonerando del pago a los afectados mientras dure la crisis y sus efectos en el tiempo?, ¿o la renovación de los alquileres sociales que vencen ahora?

Bankia, Sareb y demás entidades rescatadas o beneficiadas de la crisis deben dejar de desahuciar, y aportar la contraprestación social que negaron mientras todas nos apretábamos el cinturón. ¿Qué mejor momento para obligarse a cumplir el dictamen DESC? La banca, y los fondos buitres que entraron con ella, han llevado a muchas afectadas a perder su salud y su vida; qué mínimo que movilizar su vivienda para ponerla a disposición de la sociedad y dar respuesta social a personas en precario que no pueden acceder a una vivienda adecuada en un mercado inflado, o víctimas de violencia machista, ahora más desprotegidas por esta nueva crisis. Si las medidas del Gobierno dejan descolgada a tanta gente empobrecida que ya sufría precariedad antes de esta crisis, no podemos admitir que aumente, siendo vital el establecimiento de una renta básica que asegure vivir dignamente a todas las personas.

Lo avanzado hasta ahora, el aplazamiento del cobro de hipotecas o la prohibición de cortes de suministros básicos, es consecuencia directa de la campaña iniciada por la PAH y por decenas de otros colectivos sociales que hemos exigido un Plan de Choque Social, una respuesta social a la crisis económica que está generando esta emergencia sanitaria. Recordemos la postura de Naciones Unidas y la de sus relatores especiales que han visitado recientemente nuestro país: evitar los retrocesos en materia de Derechos Humanos es tan solo una cuestión de voluntad política. Afirmación que ahora coge mucho más sentido y responsabilidad.

Si algo está demostrando esta crisis sanitaria, es la conciencia social. Tras años denunciando los recortes públicos y las privatizaciones, ahora estamos viendo el efecto de este tipo de políticas. A pesar de ello, gracias al compromiso de sus trabajadoras, la sanidad pública está dando una gran demostración de fuerza y solidaridad.  

Organizadas en la PAH, seguiremos presionando para conseguir que la banca, fondos buitre y Socimis, junto a  las grandes eléctricas y suministradoras, se corresponsabilicen de la situación, disminuyan un poco sus beneficios a cargo del rescate impagado, para que las pérdidas no recaigan siempre en los cientos de miles de familia, se implementen medidas en materia de alquiler y, en definitiva, hasta que se nos asegure que esta crisis no la vamos a pagar ahora y más adelante las de siempre. 

La PAH quiere abrazar a todas las personas que, por un motivo u otro, están sufriendo la situación, especialmente las personas afectadas por la enfermedad y sus familiares; damos explícitamente las gracias a todas las valientes de la Sanidad que aun exponiendo sus vidas, nos regalan vida, a todas aquellas que con su generosidad nos marcan un horizonte de esperanza y superación en el futuro. Contad con la PAH para lograrlo.

Debido a las últimas informaciones, recomendaciones y el Decreto de estado de alarma ante la crisis del Coronavirus COVID-19 en la PAH de Barcelona hemos decidido tomar medidas por responsabilidad social. Muchas de las familias que participan en nuestra asamblea están compuestas por personas mayores, el principal grupo de riesgo que pueden contraer el virus. 

Por este motivo y ante las recomendaciones sanitarias del Gobierno, de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona de bajar el ritmo de la actividad, de mantener distancia prudencial entre las personas y evitar el máximo posible desplazamientos en transporte público así como las reuniones multitudinarias en espacios cerrados hemos decidido adoptar las siguientes medidas:

Asamblea de los lunes a las 18h

La asamblea de bienvenida que realizamos habitualmente los lunes a las 18 h queda suspendida mientras dure el estado de alarma.

Desahucios

Los desahucios han quedado suspendidos mientras dure el estado de alarma, según las últimas informaciones del Consejo General del Poder Judicial.

Documentos útiles

Recuerda que en  nuestra web encontrarás mucha información y documentos útiles para paralizar tu desahucio, conseguir tu alquiler social o denunciar al gran propietario (si es el caso) por no ofrecerte un alquiler social. Te recomendamos que visites nuestra web y leas nuestro libro verde para estar informada de tus derechos. ¡Recuerda que juntas sí se puede!

• Documentos útiles hipoteca: Consúltalos aquí. 
• Documentos útiles alquiler: Consúltalos aquí.
• Documentos útiles ocupación: Consúltalos aquí. 
• Libro verde de la PAH: Descarga aquí.

Para más información compartimos las medidas de prevención recomendadas por la Generalitat de Catalunya para evitar la propagación del virus: Consúltalas aquí.

Os recordamos que puedes seguir toda nuestra actividad en redes: Twitter, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de Telegram.

Si tienes alguna duda que no puede esperar contacta con nosotras por email a lapahdebarcelona@gmail.com en la medida de lo posible te contestaremos.

Cuidémonos entre todas.