Archivo diario marzo 23, 2020

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Plan de choque social – Medidas de emergencia

Las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social consideramos que el “Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” se queda muy corto en la protección de la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora

Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evitar un colapso sanitario y social.

El Gobierno tiene que escuchar a centenares de sindicatos, organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales que exigimos una salida de esta crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y económica, que ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas. Dejar en manos de la buena voluntad del IBEX 35, los especuladores y otros poderes económicos la protección de la sociedad y el medio ambiente no es una opción si se quiere evitar que se dispare, aún más, la desigualdad social, el deterioro climático y ambiental y la destrucción de derechos.

A continuación resumimos algunas propuestas urgentes que exigimos y que vamos a defender
desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización:

REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA. UNIVERSALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA. INTERVENCIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA SIN COMPENSACIÓN ECONÓMICA

Los próximos días se prevé que los sistemas sanitarios de los territorios donde se concentran más casos de Covid-19 lleguen al colapso. No es casual porque el límite de capacidad de la sanidad pública se ha visto reducido por más de una década de recortes y privatizaciones.

Es imprescindible y urgente dotar de recursos suficientes a los centros sanitarios. De la misma forma, la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) para todo el personal de estos centros pone en riesgo sus vidas y la de las personas enfermas y envía centenares de profesionales a la cuarentena, debilitando aún más el sistema sanitario. La intervención de la sanidad privada tiene que traducirse ya en la movilización de todos los recursos privados al servicio del interés general y la salud pública. Esta movilización masiva de recursos no puede traducirse en una factura millonaria de las empresas sanitarias privadas que provoque nuevos recortes después de la emergencia.

Estas empresas deben dejar de parasitar recursos públicos en un momento en que son aún más necesarios que nunca. En la situación extraordinaria que vivimos, es importante reforzar la información y los servicios básicos de urgencia para garantizar Derechos Sexuales y Reproductivos. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Anticoncepción de Urgencia (AU) siguen siendo servicios de urgencia para todas las mujeres, independientemente de la edad y de si tienen o no tarjeta sanitaria.

              PROTEGER A LAS TRABAJADORAS DE SERVICIOS ESENCIALES

En medio de esta emergencia hay millones de personas trabajadoras sosteniendo la vida en multitud de sectores, además del sanitario: residencias, Servicio de Atención Domiciliaria, sociosanitarios, cuidados, suministro de agua y energía, transporte, limpieza, alimentación, farmacias y muchos otros. La mayoría son trabajadoras con condiciones precarias y trabajos poco valorados socialmente. Esta primera semana de estado de alarma, desde todos estos sectores llegan denuncias de la irresponsabilidad empresarial, la falta de aplicación de protocolos sanitarios y la práctica inexistencia de Equipos de Protección Individual (EPI). En muchos servicios externalizados por las administraciones públicas se reproduce esta situación. Hasta ahora Inspección de Trabajo no está reaccionando con la rapidez y la contundencia necesarias a la denuncia por parte de los sindicatos de situaciones dramáticas.

Es especialmente preocupante la situación en sectores en contacto permanente con grupos de riesgo, como residencias o el Servicio de Atención Domiciliaria que se encuentran ya en colapso. Sin la precariedad que sufren las gerocultoras y el resto de trabajadoras de cuidados se habrían evitado contagios y muertes. También nos preocupa la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las jornaleras y jornaleros migrantes del campo andaluz. Muchas viven en asentamientos de chabolas, sin acceso a agua o a luz y sin ningún tipo de asistencia sanitaria y jurídica. Hay que intervenir ya y obligar a las empresas a adoptar medidas de protección inmediatamente.

Hay que señalar la situación de abandono y vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar y los cuidados. El régimen especial de la Seguridad Social las priva del derecho al paro y las deja con pensiones más mermadas que al resto de trabajadoras. En esta crisis sanitaria y de cuidados están sufriendo despidos, las internas están encerradas con sus empleadores y sin medidas de protección sanitaria en las que la inspección de trabajo pueda intervenir. Para que la situación deje de ser tan precaria se debe ratificar el Convenio 189 de la OIT. Mientras tanto, es impostergable la inclusión de este sector en la provisión de Equipos de Protección Individual para evitar la propagación del contagio.

PARALIZAR TODA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA NO ESENCIAL Y LANZAR UN PLAN INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN DE EPIS, TESTs y EQUIPOS DE VENTILACIÓN

Las medidas de protección de la salud pública se han quedado en la puerta de las empresas. Es una irresponsabilidad que mientras se restringe la movilidad y en pleno Estado de Alarma se permita que empresas con actividades que no son imprescindibles continúen como si nada con la producción. En la mayoría de los casos, las empresas además funcionan con escasas o nulas medidas de protección de riesgos laborales. Durante la semana, multitud de sindicatos, comités y plantillas han parado la actividad de sus centros de trabajo a través de la aplicación del artículo 21 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales.

Sin embargo, de nuevo, el Gobierno no puede mirar hacia otro lado ni dejar en manos de los intereses privados la vida y salud de la gente. Hay que decretar el cierre de toda actividad no esencial y evitar que sigan propagándose contagios. A la vez hay que lanzar un plan industrial para producir todos los tests, EPIs y equipos de ventilación necesarios, utilizando las instalaciones y recursos de las industrias paralizadas.

PROHIBIR LOS DESPIDOS E INTRODUCIR UNA RENTA BÁSICA DE CUARENTENA UNIVERSAL E INCONDICIONAL

La patronal está aprovechando el shock para cargar en las espaldas de la clase trabajadora los costes de esta crisis. Es urgente prohibir los despidos y anular los que se han producido desde el inicio de la emergencia. Además, la avalancha de ERTEs casi no diferencia entre pequeñas empresas (50 trabajadoras o menos) sin ingresos que se juegan su viabilidad, y multinacionales con beneficios millonarios, con una exoneración del 75% de las cuotas de la seguridad social. Hay que darle la vuelta a la situación y que las mutuas privadas y grandes empresas paguen su parte. Una posibilidad es un permiso retribuido de 4 semanas asumido por la patronal sin perjuicio de lo que se pueda acordar en la negociación. Ninguna despedida y nadie expuesta de manera innecesaria.

Pero sin o con trabajo contractual, nadie se puede quedar sin ingresos mientras dure la emergencia sanitaria, o las consecuencias sociales serán devastadoras. Por eso es imprescindible introducir una “renta básica de cuarentena” que garantice ingresos de manera universal e incondicional mientras dure el estado de alarma. Esta renta básica debe garantizar la sostenibilidad de la vida a trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y profesionales que tengan que parar su actividad. También deben proteger a las pequeñas y medianas cooperativas que trabajan desde la Economía Social y Solidaria, a quienes subsisten en sectores más precarios y desprotegidos como las trabajadoras del hogar o sectores de la economía informal, y a quienes se dedican a los cuidados de menores, dependientes y personas mayores sin remuneración. El acceso a la renta básica debe garantizarse a toda persona, sin importar su nacionalidad, estatus de residencia o situación administrativa.

Además, debe garantizarse toda la potencialidad de los servicios sociales –sin funcionamiento en la mayoría de administraciones, o al mínimo de su actividad– para que ninguna familia quede desprotegida sin alimentación ni bienes básicos que son procurados por estos hoy inexistentes servicios sociales.

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA MACHISTA

La estrategia del confinamiento traslada toda la tensión, la carga de los cuidados y la vulnerabilidad sobre las familias y otras unidades de convivencia, y especialmente sobre las mujeres. Se necesitan medidas de choque que mantengan activados y refuercen los recursos sociales de prevención, detección de la violencia machista y apoyo a las mujeres expuestas a situaciones de violencia en este contexto, para que el confinamiento no se convierta en un aislamiento y una condena para ellas.

LIBERACIÓN PRESAS VULNERABLES

En las cárceles las condiciones de vida son ya de por sí pésimas y la desatención sanitaria es una constante. Ninguno de los centros penitenciarios en el Estado español tiene capacidad para aislar en condiciones adecuadas (no en celdas de castigo) a los internos que puedan presentar síntomas, ni mucho menos tratar de forma adecuada a aquellos que puedan presentar una sintomatología grave. Es por ello que exigimos que las presas que sean clasificadas como población de riesgo por su edad o por tener enfermedades previas sean excarceladas de manera inmediata.

SUSPENSIÓN DEL PAGO DE ALQUILERES, HIPOTECAS Y SUMINISTROS BÁSICOS Y PARALIZACIÓN DE TODOS LOS DESAHUCIOS

Esperar que se genere una cadena de solidaridad por parte de los especuladores está condenado al fracaso. Son necesarias medidas que les frenen. Hay que exonerar del pago de hipotecas y alquileres (con compensación a los arrendadores particulares que lo requieran) para que esta crisis sanitaria no provoque que más familias pierdan su hogar. La moratoria del pago de las hipotecas aprobada por el Gobierno consiste en una simple suspensión temporal con criterios muy restrictivos. Cuando finalice, las personas hipotecadas tendrán que seguir haciendo frente a sus pagos –a diferencia de las empresas que soliciten ERTEs, que quedarán exoneradas del pago de las cuotas de Seguridad Social–. Para la banca, solo se aplaza el cobro y, de nuevo, no asumen ningún coste de esta situación. Exigimos la exoneración de los pagos mientras dure esta situación y, por lo tanto, que no se acumule deuda.

En el mismo sentido, hay que garantizar el acceso a todos los suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), sin restricciones y con una expresa prohibición de corte en todo el ámbito doméstico, y que las grandes empresas asuman el coste con sus beneficios millonarios. Estos servicios esenciales para la vida deben ser gestionados de forma pública y democrática.

Para cumplir con los Dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, es también necesario alargar la paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional más allá de la duración estricta del estado de alarma, dado que sus efectos se verán en los próximos meses. Para paliar el efecto de la crisis a medio plazo se debe constituir un parque público de vivienda suficiente.

CIERRE DE LOS CIEs, FIN DE LAS DEPORTACIONES Y DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas migrantes y racializadas deben estar garantizados en esta situación de emergencia sanitaria. La situación de los CIEs es muy similar a la de las prisiones, por lo que se impone la necesidad de cerrar todos los CIEs. Además, deben elaborarse medidas encaminadas a evacuar a las personas internas en los CETI’s en Ceuta y Melilla y permitir su acceso a la península.

Asimismo urge evitar que las medidas especiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean utilizadas para dar cobertura a redadas racistas. Hay que asegurar la protección de los centros de acogida, poniendo especial atención a la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), y mantener la cobertura de las personas que cumplan la mayoría de edad y estén en situación de tutela, no dejándolas desamparadas. Para evitar poner en especial situación de riesgo a las personas migrantes es necesario derogar la ley de extranjería y emitir la orden para que tengan validez identificativa los documentos caducados.

También exigimos que se garantice la traducción de todas las instrucciones gubernamentales, las recomendaciones sanitarias y los recursos comunitarios que se habiliten, en varios idiomas, atendiendo a criterios de diversidad cultural de cada comunidad, así como la elaboración de material informativo de prevención en diversos idiomas.

GARANTIZAR RECURSOS PÚBLICOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CHOQUE SOCIAL

Las medidas aprobadas por el Gobierno hasta el momento se basan en un aumento del gasto público y a la vez la exoneración del pago de impuestos, es decir, una merma de ingresos con un sistema fiscal ya fuertemente regresivo. Los miles de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo pueden vaciar la caja de la Seguridad Social para proteger los beneficios de las grandes empresas privadas. Centenares de miles de sueldos y cotizaciones sociales van a ser sufragadas con dinero público sin casi condiciones ni contrapartidas. En la crisis global de 2008 el rescate al sector bancario desplazó un problema de deuda privada al sector público y esto no se puede volver a repetir.

La banca debe asumir pérdidas económicas y devolver a la sociedad el rescate impagado que asciende a 65.725 millones de euros. Tras más de 23.000 millones de beneficios declarados por la banca en 2019, hay que hacerles asumir su responsabilidad. De la misma forma, el IBEX 35 y el resto de empresas con enormes beneficios tienen que asumir su parte del coste de esta crisis. No puede recaer de nuevo únicamente sobre las espaldas de la mayoría social mientras una minoría sigue enriqueciéndose.

Estas medidas son imprescindibles, posibles y urgentes para una salida de la crisis del coronavirus diferente a la de 2008. En este comunicado nos limitamos a señalar las líneas maestras de un Plan de Choque Social y no podemos detallar toda su concreción en una batería más concreta de propuestas. Las diferentes organizaciones, sindicatos y plataformas impulsoras del Plan de Choque Social hemos trabajado y seguimos trabajando en su desarrollo en los ámbitos de lucha a los que nos dedicamos. Si el Gobierno no aplica estas medidas o las aplica parcialmente, buscaremos todas las vías colectivas para presionar y garantizar los derechos de millones de personas.

Animamos a todas las personas afectadas por esta crisis a autoorganizarse e impulsar juntas esta lucha. No vamos a consentir que la crisis sanitaria y la paralización económica se conviertan en una nueva excusa para aumentar el deterioro ecológico y climático, el empobrecimiento de la mayoría de la sociedad y la vulneración de los derechos más elementales.