Archivo mensual marzo 13, 2020

Si hay que pararlo todo, paremos también los desahucios

Ante la situación generada por la aparición del coronavirus COVID-19 y la adopción de medidas que aúnen la protección de la salud de las personas con el adecuado funcionamiento de juzgados y tribunales, conforme las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial, la PAH hacemos llamamiento a la Presidencia del Estado y al CGPJ para que se suspendan todos los desahucios programados para el mes de marzo o hasta que se supere la crisis sanitaria que está paralizando el país.

Pedimos la máxima responsabilidad ante las 250 familias desahuciadas diariamente, una situación dramática en si misma, así como se tomen las medidas necesarias que den cumplimiento a la defensa de los Derechos Humanos recogidos en nuestra legislación vigente Estatal e Internacional.

La PAH, aunque nos veamos obligadas a rebajar parte de nuestra actividad por esta crisis, no dejaremos de salir a la calle a defender a las familias con riesgo a ser desahuciadas sin alternativa de ningún tipo.

No obstante, hemos elaborado un documento para presentar a los juzgados en caso de tener orden de desahucio pidiendo la suspensión inmediata.
El documento se puede descargar en este enlace — Suspensión desahucio por coronavirus

[Comunicado] El Grupo Promotor de la 24/2015 y entidades y movimientos sociales apelamos a que los Jueces a la Administración Pública apliquen la ley sin excusas

La 24/2015 es plenamente vigente y aplicable. Exigimos a la Administración Pública que aplique la ley y sancione a los grandes tenedores que no ofrezcan alquiler social o que no cedan viviendas, al tiempo que reclamamos a los Jueces de Primera Instancia una interpretación garantista de la norma basada en el respeto a los Derechos Humanos.

La semana pasada los jueces civiles de la Audiencia de Barcelona hicieron públicos unos criterios unificados en la línea de no sentirse interpelados desde un punto de vista procesal en la aplicación de la Ley 24/2015. Esta decisión, que se suma a la que tomaron los jueces de Girona, es totalmente contraria a la garantía de derechos de las familias en situación de vulnerabilidad afectadas y vulnera sus derechos más fundamentales.

Por este motivo, la Comisión Promotora de la Ley 24/2015 y otros movimientos sociales para la vivienda, el Colegio de Trabajadoras Sociales de Cataluña, el Sindicato de Inquilinas y la Mesa del Tercer Sector Social, apelamos al conjunto de jueces de Primera Instancia de todo el territorio para que apliquen la Ley 24/2015 de la forma más garantista posible y respetando los Derechos Humanos, tal como organismos internacionales han reclamado previamente en España y como desarrollaremos más adelante. Esto implica, lógicamente, parar los desahucios cuando los propietarios son grandes tenedores obligados a ofrecer un alquiler social e instarlos a hacer la correspondiente oferta a las familias afectadas. En caso de que no se haga, se comunicará a los Ayuntamientos la no oferta de alquiler social para que inicien el procedimiento sancionador previsto en la Ley 24/2015.

Los posicionamientos contrarios se basan, en primer lugar, en una interpretación restrictiva de la literalidad de la Ley 24/2015, afirmando que en ningún artículo se hace referencia explícita a cuáles son los efectos procesales que derivan del incumplimiento por parte de los grandes tenedores de vivienda de realizar esta oferta de alquiler. No obstante, cabe destacar que el artículo 3 del Código Civil establece claramente que las normas han de interpretarse de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.

En este sentido, queremos poner de manifiesto que nos encontramos en la peor crisis de la vivienda que hemos vivido en décadas. Desde el inicio de la gran crisis económica, más de un millón de familias han sido desahuciadas de sus hogares. El Estado no ha sido capaz de impulsar normas capaces de garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía y hemos vivido cómo se han destinado más de 65.725 millones de euros al rescate bancario, 42.561 de los cuales por parte del estado, que posiblemente no se recuperen nunca. Por otro lado, los precios del alquiler en grandes ciudades como Barcelona o Madrid se han incrementado alrededor del 40% en sólo cinco años, situándose a día de hoy como la principal causa de desahucio.

Ante este escenario, se han empezado a generar leyes innovadoras y valientes para poner fin a la concepción de la vivienda como un bien mercantil con el que especular y hacer caja. Varios países han optado por congelar los precios de los alquileres y en Cataluña conseguimos impulsar desde la ciudadanía la Ley 24/2015 hace casi cinco años, recuperarla de la suspensión promovida por el gobierno del PP y el «lobby» bancario y actualizarla este diciembre con el Decreto ley 17/2019. Con esta herramienta tan potente, los jueces deben entender que su aplicación es imprescindible para garantizar los derechos más fundamentales de todas las familias afectadas por esta crisis de la vivienda.

De este modo, organismos internacionales como el Comité DESC de Naciones Unidas han emitido múltiples dictámenes y comunicaciones en la que han denunciado la existencia de desahucios sin alternativa habitacional y han instado su suspensión, implicando no sólo a la Administración, sino también a los jueces. Las resoluciones criticaban duramente la ausencia de una ponderación de derechos por parte de los jueces y que no tuvieran en cuenta la vulnerabilidad de las familias. Debemos recordar que a pesar del derecho a la propiedad está reconocido en la Constitución, este se puede ver limitado de acuerdo con su función social. Además, hay que encontrar el equilibrio entre este derecho y el de la vida e integridad física y moral, conectando este último con el derecho a la vivienda establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España en 1977.

En segundo lugar, las voces contrarias se basan también en que la norma es de carácter administrativo y que, por tanto, no debería tener efectos procesales. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en dos autos de noviembre de 2018, estableció claramente que la Ley 24/2015 «forma parte del ordenamiento civil catalán» y el artículo 149.1.6 de la Constitución permite en materia procesal que las Comunidades Autónomas puedan generar legislación «de las especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo» de estas.

Por este motivo, desde las entidades y movimientos sociales entendemos que los jueces tienen motivos de sobra para aplicar sin excusas la Ley 24/2015 y las novedades introducidas en el Decreto Ley 17/2019 y apelamos a todos los Jueces de Primera Instancia de Cataluña para que así lo hagan.

Más allá de lo que digan los jueces, el hecho es que esta ley es necesaria, urgente y útil para luchar contra los desahucios y por la garantía del derecho a la vivienda para su plena aplicación evita llegar a los tribunales. La ley obliga a las entidades financieras y sus filiales, los fondos de inversión, SAREB y otros grandes tenedores ofrecer alquileres sociales a personas en situación de exclusión residencial y a ceder obligatoriamente viviendas a la Administración para hacer frente a la emergencia. La Administración Pública debe sancionar aquellos grandes tenedores que incumplan la ley.

Por ello, paralelamente, exigimos a los Ayuntamientos y a la Generalitat que activen desde ya los protocolos necesarios y tramiten todos los expedientes sancionadores oportunos cuando detecten incumplimientos por parte de los bancos, fondos y grandes propietarios. La actual crisis de la vivienda sólo la conseguiremos superar si todos los poderes del Estado reman hacia la misma dirección y desde el Grupo Promotor y la sociedad civil organizada haremos toda la presión posible para que la vivienda sea realmente un derecho y no un objeto de especulación por parte de los grandes poderes económicos.

 

Grup Promotor de la Llei 24/2015

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

Sindicat de Llogaters

Col·legi de treballadores socials de Catalunya

Taula Tercer Sector

La PAH y otras entidades sociales denunciamos la inoperancia del Ayuntamiento de l’Hospitalet con las familias desahuciadas y las políticas de vivienda

El protocolo actual está totalmente desfasado y, a pesar de haber pedido cambios en múltiples ocasiones, el Consistorio de Núria Marín prefiere seguir maltratando a las familias.

La PAH, así como diferentes entidades sociales, denunciamos hoy en una rueda de prensa conjunta convocada ante las puertas del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat la nula respuesta que ofrece el consistorio en relación a las familias que han sufrido o van a sufrir un desahucio en el municipio. En el acto han participado también compañeras de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), el sindicat de Llogateres y el Sindicat de Llogateres.

La segunda ciudad de Catalunya, con más de 260.000 habitantes y con 554 desahucios ejecutados en 2019, cuenta con un protocolo totalmente desfasado y que no responde a las necesidades de sus vecinas, especialmente las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Este hecho ha sido trasladado en múltiples ocasiones a los principales regidores que se encargan del tema, pero hasta la fecha no ha habido una respuesta adecuada a la problemática. La última reunión impulsada por la PAH tuvo lugar el pasado 3 de febrero y contó con la participación de Cristian Alcázar, 2º Teniente de Alcaldía y responsable del Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad; José Castro, 3er Teniente de Alcaldía y responsable del Área de Convivencia y Seguridad; y Jesús Husillos, 5º Teniente de Alcaldía y responsable del Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos.

En ella, compartimos con los regidores nuestra profunda preocupación sobre cómo se están gestionando los problemas relacionados con la vivienda en la ciudad y la necesidad de abordar cambios estructurales en el protocolo de atención a las familias, que en muchas ocasiones son maltratadas tras vivir la experiencia del desahucio.

En este sentido, cuando una familia vulnerable es desahuciada judicialmente de su hogar en Hospitalet, desde la Administración local solo se le ofrecen tres noches en un alojamiento temporal. Además, el Ayuntamiento únicamente cuenta con acuerdos con tres pensiones para estos casos y ninguna de ellas se encuentra en el municipio, alejando a las afectadas de su arraigo al barrio. Cuando transcurren los tres días, la familia debe acudir de nuevo al centro de Servicios Sociales para estudiar la posibilidad de ampliar el plazo, aunque siempre se le recuerda que debe buscar una habitación por su cuenta. Este trato choca de frente con lo que marca la Ley 24/2015, que obliga a las Administraciones públicas a ofrecer un realojo adecuado a las personas en proceso de desahucio, y supone un maltrato injustificable para aquellas familias que ya han tenido que vivir en sus carnes un desalojo y que durante las semanas posteriores necesitan estabilidad para poder afrontar con garantías esta nueva etapa en sus vidas.

Merecen un capítulo aparte los casos como el de Farida, viuda con dos hijos a cargo, que participa de las asambleas de la PAH. Tras ser desahuciadas ella y sus hijos (una de ellas menor), el Ayuntamiento las ha enviado al Centro Residencial de Estancia Limitada Els Alps, un equipamiento público con unas normas muy estrictas y que básicamente se dirige al colectivo de personas sin hogar. La familia de Farida lleva allí desde el 24 de febrero, y cada día debe abandonar el espacio entre las 9 h y las 19 h y debe deambular por las calles hasta que puede ingresar de nuevo ya bien entrada la tarde. Además, por las noches debe soportar lloros y gritos de otras usuarias. Claramente se trata de un destino nada adecuado para una familia que acaba de ser desahuciada y que además cuenta con una menor.

Cabe añadir, por otro lado, que el protocolo actual también falla en todas las etapas anteriores al desalojo. La Oficina de Habitatge de la ciudad no ofrece un servicio efectivo para todas las familias que acuden a ella, y el día del desahucio, en la mayoría de casos, no hay ningún responsable del consistorio para mediar con la comisión judicial y las familias se encuentran totalmente solas si no cuentan con el apoyo de algún colectivo de vivienda. Además, el sistema de acceso a la Mesa de Emergencia es opaco y en ninguna web corporativa se pueden consultar los criterios de acceso, los datos de adjudicaciones ni las fechas de sus reuniones de valoración.

Todas estas demandas se trasladaron al Ayuntamiento en la reunión de principios de febrero, y dos semanas después se remitió un documento de trabajo con peticiones concretas a las cuales los regidores presentes se comprometieron, sin que a día de hoy haya habido ningún tipo de respuesta. 

Esta inoperancia también la han vivido las compañeras de APE, quienes durante tiempo exigieron que se instalaran contadores sociales de agua en viviendas sin título habilitante, tal y como faculta un decreto de la AMB. Tras múltiples peticiones sin éxito y diversas campañas de presión, solo un escrache a la alcaldesa Núria Marín en plena campaña electoral consiguió desbloquear la situación y cambiar el modo de actuar del Ayuntamiento. A pesar de ello, desde APE se sigue requiriendo que se agilice el procedimiento y que se informe adecuadamente a todas las familias que pasan a diario por Servicios Sociales y que desconocen este mecanismo. 

Por todo ello, la PAH y el resto de entidades sociales exigimos un cambio de 180º en las políticas de vivienda y realojos del Ayuntamiento de Hospitalet y que se cumpla con la Ley y se priorice el bienestar de las familias afectadas. Es insoportable que esta situación perdure más y se siga maltratando a familias vulnerables, y acudiremos ante este Ayuntamiento las veces que haga falta para exigir que se garanticen los derechos más básicos de la ciudadanía. La segunda ciudad de Catalunya no puede seguir con un protocolo ineficaz y que se ha visto totalmente desbordado por la situación de emergencia habitacional que viven nuestros barrios.

Los datos del CGPJ afirman que en 2019 hubieron 2.125 desahucios en Barcelona

Hoy 9 de marzo se han publicado los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde se detallan los desahucios efectuados en el año 2019.

Las leyes ambiciosas y las políticas valientes dan resultados. Desde la PAH de Barcelona tenemos muy claro que queda mucho por hacer pero es evidente que la aprobación de la Ley 24/2015 y su vigencia de 9 meses antes de que la banca y el PP la suspendiera vía Tribunal Constitucional hicieron disminuir los desahucios en Cataluña y Barcelona en este periodo. Igual que una vez recuperada la Ley 24/2015 en febrero del 2019 donde claramente hay un descenso de los desahucios en Cataluña.

En Barcelona la tendencia es a la baja, y es que las políticas de vivienda empleadas como el servicio SIPHO son un pilar para paliar el drama que viven las familias que sufren inseguridad residencial

Hoy mismo el Gobierno del Estado Español comunicaba que mañana mismo se ampliará la moratoria hipotecaría que en mayo tocaba a su fin, con algunos cambios para favorecer además families. Mañana sabremos bien los criterios, pero creemos que es un pena que se pierda la oportunidad y nos hayamos de esperar “antes del verano” para que esta moratoria incluya no solo supuestos hipotecarios sino también los de alquiler, donde los datos lo confirman, tanto en Cataluña como Barcelona, que los desahucios mayoritarios son debidos a problemáticas en el pago de alquileres no hipotecas, concretamente el 68% a Cataluña y el 81% en Barcelona.

Por estos motivos creemos importante continuar presionando, como llevamos haciendo a la PAH para conseguir cambios reales y efectivos que dejen atrás lo ranking de la vergüenza de los desahucios.

La PAH de Barcelona nos adherimos a la Vaga Feminista 8M 2020

Desde 2018 hasta hoy, cada 8 de Marzo hemos salido a las calles más de un millón de personas de toda Cataluña, para denunciar el progresivo endurecimiento de las condiciones de vida y las violencias que padecemos las mujeres, lesbianas y trans en toda nuestra diversidad: sabemos que JUNTAS SOMOS MÁS FUERTES. Hemos incorporado la HUELGA FEMINISTA como herramienta de lucha, repensando día a día los conceptos de huelga y de trabajo, mediante diversas expresiones de autoorganización, soporte mutuo y prácticas políticas descentralizadas, a lo largo de todo el territorio (pueblos, barrios, escuelas, centros de trabajo, universidades, hogares). Somos: mujeres con diversidad funcional, con diversidad sensorial e intelectual, migradas y racializadas, gitanas y payas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inters, queers, heteros y asexuales. Somos las que no están: somos las asesinadas, somos las presas, somos las que se quedaron en las fronteras y somos las que se quedaron en el fondo del mar Mediterráneo y de todas las aguas. Hemos gritado unidas desde cada rincón del planeta. Pero, hasta hoy, no se han producido los cambios necesarios a nivel social y político: POR LO TANTO, DE NUEVO, PARAMOS.

DENUNCIAMOS LA EMERGENCIA CLIMÁTICA. Denunciamos la invisibilización y desvalorización de los procesos de sostenimiento de la vida, vinculados a la tierra y a los ciclos naturales, que somos cuerpos que dependen de otros cuerpos, y que los impactos de la crisis socioecológica no son iguales para todas. Los efectos más duros siempre se exportan a las periferias urbanas y globales, al Sur, a las futuras generaciones, mujeres e identidades disidentes
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DENUNCIAMOS el capitalismo y el heteropatriarcado, extractivistas y neoliberales, que nos hacen vivir de espaldas a la Tierra, al Mediterráneo y a nuestra propia existencia. La pérdida de soberanías social, política y económica juntamente con el entramado de los poderes fácticos y la falsa ilusión del crecimiento ilimitado, y la creencia de que vivimos en una democracia que respeta los DDHH y ambientales, destruyen las bases materiales que nos permiten vivir dignamente. La alianza de Estado y capital ha declarado la guerra a la vida.

DENUNCIAMOS que la escalada autoritaria y reaccionaria del capitalismo salvaje amenaza territorios, animales y comunidades, especialmente mujeres indígenas y pueblos originarios. Que criminaliza la protesta y mata. Acelera los fenómenos climáticos extremos como sequías, incendios, huracanes e inundaciones, con las consecuentes expulsiones de los pueblos, procesos migratorios y expansión de enfermedades climáticas y pobreza energética, que nos afectan especialmente.

EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL Y CLIMÁTICA. Exigimos un decrecimiento económico, una transición ecosocial y una cultura regenerativa y feminista, que recupere la soberanía a través de una gestión pública y comunitaria, que garantice el acceso universal de los servicios básicos, como el agua y la energía. Exigimos la defensa de los DDHH y nos solidarizamos con las compañeras que exponen su vida por la defensa del agua, el territorio y los ecosistemas. Nos posicionamos contra las empresas transnacionales y las corporaciones financieras, agentes directos del capital, que avanzan sobre nuestros cuerpos y territorios, pueblos, barrios, monopolizando, controlando, mercantilizando y privatizando los bienes naturales y comunes (tierra, agua, aire, energía, biodiversidad, vivienda, salud, educación, pensiones).

RECHAZAMOS los Tratados de Comercio e Inversión, instrumentos del proyecto capitalista del siglo XXI que es heteropatriarcal, extractivista, racista y colonial, que ataca nuestras vidas y blinda el poder de las transnacionales y multinacionales, frente a nuestros derechos y decisiones democráticas de las comunidades y los pueblos. EXIGIMOS que la defensa de la vida digna, se sitúe en el centro de la economía y la política.

EXIGIMOS LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA, que criminaliza a las migrantas, y el reconocimiento del estatus de refugiadas climáticas. También DENUNCIAMOS las devoluciones en caliente, avaladas por la sentencia de Estrasburgo, el cierre de los CIES, así como todas las formas de racismo.

CELEBRAMOS LA FUERZA Y LA SALUD DE LOS FEMINISMOS DECOLONIALES, interpelando conciencias y haciendo tambalear privilegios desde nuestras expresiones radicales, combativas y sororas.

Denunciamos la creciente precarización laboral que se manifiesta bajo las todas formas: discriminación salarial ( las mujeres cobran el 23% menos que los hombres por el mismo trabajo) la subcontratación, los contratos temporales, jornadas parciales no deseadas, paro y bajos salarios, especialmente en los sectores más feminizados, (comercio al detalle restauración, hostelería, hospitales), la discriminación laboral hacia las mujeres que tienen hijes de poca edad ( maternidad no libre) DENUNCIAMOS también la extrema precariedad laboral de las trabajadoras del sector doméstico y de cuidados, el incumplimiento de los tiempos de descanso obligatorio, la discriminación salarial, el acoso sexual en los lugares de trabajo y las jornadas laborales que no se adaptan a las necesidades de nuestros ciclos de vida. Luchamos por la igualdad de condiciones en el acceso al mercado laboral para las personas trans, especialmente migradas, y exigimos facilidad para hacer congruente nuestra identidad sentida, en los datos de los diferentes documentos administrativos. DENUNCIAMOS la hipocresía de una sociedad que nos rechaza si no tenemos passing o imagen normativa, siendo esta la principal discriminación laboral del colectivo trans. También el paro que afecta duramente a las mujeres con diversidad funcional, diversidad intelectual y/o sensorial dificultando gravemente nuestra autonomía.

EXIGIMOS el reconocimiento de todos los derechos laborales y sociales de las trabajadoras, generalmente migradas, de los ámbitos más precarizados: cuidados, trabajo doméstico, venta ambulante y trabajo sexual. Rechazamos cualquier juicio moral ante las diferentes estrategias de supervivencia económica de las mujeres trabajadoras en este mundo capitalista y consideramos imprescindible nuestro reconocimiento como sujetos políticos: NINGUNA MUJER SIN DERECHOS, NO LUCHAREMOS SOLAS NUNCA MÁS.

EXIGIMOS la ratificación del Convenio 189 de la OIT para la dignificación del trabajo del hogar y de los cuidados, la derogación de todas las leyes laborales vigentes, como también la enmienda 6777 que no permite hasta fines del 2024, la integración al Régimen General de la Seguridad Social.

EXIGIMOS protección efectiva para las supervivientes de trata de personas, con finalidad de explotación sexual. Una lacra que responde a la necesidad de una nueva esclavitud por parte del sistema, y que se utiliza también como excusa para perseguir y controlar la migración, al mismo tiempo que existe gracias a las mismas políticas de fronteras. Hay trata de seres humanos en multitud de sectores y su causa no es la prostitución, sino el cierre de las fronteras europeas, las restricciones que impone la Ley de Extranjería y la clandestinidad obligatoria en la cual se desarrollan los proyectos migratorios. Se necesitan alternativas laborales no precarizadas, para que la prostitución no tenga que ser en ningún caso un destino que beneficie a las mafias.

LLAMAMOS A LA AUTOORGANIZACIÓN Y LA REVUELTA FEMINISTA:

Para construir unas vidas dignas, libre de violencias machistas e institucionales. Denunciamos la violencia sexual, como expresión de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que nos afecta a todas y más a las migradas, las racializadas y a las trabajadoras del hogar y los cuidados, o a las mujeres que viven en las calles. Denunciamos la LGTBIfobia social, institucional y laboral que padecemos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista.

EXIGIMOS políticas públicas, recursos y medios suficientes para todas en el sistema de protección y recuperación frente a las violencias machistas. QUEREMOS protocolos y circuitos diversos. Las mujeres no somos homogéneas. Basta de re-victimización. ¡NO SOMOS VÍCTIMAS, SOMOS SUPERVIVIENTES! Y HEMOS SOBREVIVIDO GRACIAS A LA SORORIDAD Y A LA AUTODEFENSA FEMINISTA.

Tampoco olvidamos que desde el 1 de Octubre de 2017 vivimos una fuerte deriva represiva en Cataluña. EXIGIMOS la libertad de las presas políticas, el libre retorno de las exiliadas y la cancelación de todas las causas abiertas por haber ejercido el derecho de autodeterminación en nuestro país. EXIGIMOS el fin de la violencia policial, la judicialización de la política y la criminalización del derecho a la protesta. La solidaridad, nuestro amor y nuestra fuerza, también para señalar un sistema penitenciario que condena la disidencia política y la pobreza y donde todas las presas padecen discriminaciones, violencias cotidianas y perpetuación de los mandatos del patriarcado.

Este año queremos nombrar a las mujeres supervivientes de la mal llamada “guerra contra las drogas” que en sí misma tiene efectos sobre la vida y la salud de las mujeres mucho peores de los de las mismas substancias: estigma por consumir y por romper con los roles tradicionales,cárcel, violencias machistas e institucionales, vivir en las calle. Las mujeres que usamos drogas no pedimos asistencialismo, reclamamos derechos, en definitiva vivir seguras y libres y CELEBRAMOS CON ALEGRÍA NUESTRAS VOCES Y EXPERIENCIAS DE AUTOORGANIZACIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO. SUPORT, DON’T PUNISH!

Denunciamos la justicia PATRIARCAL, heredera del franquismo, decimos NO a la LEY MORDAZA y ante la represión durante las movilizaciones feministas de las huelgas anteriores, LLAMAMOS A LA DESOBEDIENCIA, ante la ofensiva fascista y el fundamentalismo religioso que en nuestra casa llamamos nacionalcatolicismo. BASTA DE FINANCIAR CON FONDOS PÚBLICOS A LA IGLESIA CATÓLICA Y FUERA SUS ROSARIOS DE NUESTROS OVARIOS!!

LLAMAMOS A LUCHAR POR LA CENTRALIDAD DE LA VIDA, POR LA DESPATRIARCALIZACIÓN DE NUESTROS CUERPOS Y DESEOS, POR UNAS VIDAS DIGNAS Y SIN VIOLENCIAS.

EXIGIMOS: ser protagonistas de nuestra salud y de nuestros cuerpos, sin ningún tipo de presión estética. Nuestros cuerpos no son mercadería ni objetos. La investigación y la práctica médica tienen aún un sesgo de género androcéntrico que hay que cambiar de arriba a abajo, queremos un tratamiento de la salud de las mujeres con perspectiva integral y diferencial. Y recordamos que la ginecología patriarcal fue construida a partir de la experimentación cruel sobre mujeres racializadas y esclavas en el siglo XIX. Luchamos por una verdadera ginecosofia, para recuperar nuestros saberes y ponerlos al alcance de la salud y exigimos la DESPATOLOGIZACIÓN de nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras circunstancias: la medicalización que responde a intereses de grandes empresas, y no a nuestra salud.
DENUNCIAMOS el crimen patriarcal que la mutilación genital femenina impone a nuestros cuerpos, nuestros derechos y nuestra salud. Nos queremos íntegras, tal como somos, y no toleraremos que el patriarcado nos corte, sea cual sea la razón esgrimida, pues no puede existir motivo cultural, religioso ni tradicional que intente justificar esta lacra.

QUEREMOS decidir ser madres o no, y por ello seguiremos luchando para garantizar el derecho al aborto seguro, libre y gratuito, dentro de la red pública de la salud, así como todos los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres, especialmente menores de edad, mujeres en situación de irregularidad administrativa y todas aquellas que padecen diferentes estigmas sociales.

QUEREMOS MATERNIDADES LIBRES, respetadas y sin violencia obstétrica. Las mujeres vivimos la maternidad de diferentes maneras y situaciones, de acuerdo con nuestro entorno social y cultural. Eso nos invita a visibilizar los procesos sexuales de las mujeres, incluso embarazo, parto, postparto, lactancia y primera crianza; y dotarlos de derechos y recursos para poder vivir dignamente, con permisos amplios y transferibles, sea cual sea nuestro modelo familiar. QUEREMOS que las madres migrantas, aquellas que se han visto obligadas a dejar sus países por miedo a ser asesinadas, vivan sin la constante angustia frente a la amenaza de la retirada de custodia, por no ejercer la maternidad según el modelo eurocéntrico. Modelo que obliga a integrarse y a olvidar las raíces, que genera pobreza con modelos administrativos, avalados por la Ley de Extranjería y que limita el acceso al ámbito laboral.

No olvidamos tampoco que la mayoría de personas afectadas por los desahucios son mujeres y criaturas, así como el hecho de que somos precisamente las mujeres las primeras en poner nuestros cuerpos ante la policía para parar desahucios cada día. Si las administraciones públicas no garantizan para todas una vivienda digna, lo continuaremos haciendo nosotras con ocupaciones y acción directa. ¡¡¡SOLIDARIDAD ACTIVA Y APOYO MUTUO EN CADA BARRIO, EN CADA PUEBLO!!!
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REIVINDICAMOS Y CONSTRUIMOS, TAMBIÉN DESDE BARRIOS Y PUEBLOS. ESCUELAS PÚBLICAS FEMINISTAS.

Frente a las escuelas privadas, concertadas y especialmente las del Opus Dei que segregan por sexo, que fomentan valores reaccionarios, seguimos denunciando las políticas neoliberales que quieren utilizar la educación como mercancía. La extrema derecha y el fascismo han vuelto a la ofensiva con el fantasma del adoctrinamiento y un último invento: el pin o veto parental, que hasta atenta contra el marco internacional del Derecho de la Infancia. EXIGIMOS la retirada de fondos públicos a las escuelas concertadas en favor de una red de educación pública, laica, inclusiva, gratuita y con perspectiva de género. La coeducación afectivo-sexual y la formación del pensamiento crítico han de ser transversales y presentes en todas las etapas educativas.

QUEREMOS ACOMPAÑAR LA DIVERSIDAD AFECTIVA-SEXUAL, CORPORAL Y DE GÉNERO EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, construyendo entornos que rompan con los estereotipos de género, que posibiliten la exploración libre y el crecimiento individual y colectivo, y que no nos obligue a encajar en cuerpos, identidades y sexualidades binarias ni normativas.

QUEREMOS COMUNIDADES QUE ACOMPAÑEN Y NUTRAN TODOS LOS CICLOS DE NUESTRAS VIDAS.

Para dejar de vivir aisladas unas de otras, con una mención especial a las mujeres mayores, su sabiduría y sostén, que merece de todos el derecho a alcanzar un envejecimiento digno y con afectos y reconocimientos: PENSIONES DIGNAS (con reconocimiento pleno de los trabajos de cuidados y agrario) Y REDES COMUNITARIAS AUTOGESTIONADAS DE CUIDADOS!!.

HOY, 8 DE MARZO CELEBRAMOS TODAS NUESTRAS RESISTENCIAS Y CREATIVIDADES COLECTIVAS.

Porque no se esperaba que sobrevivieramos, porque los silencios no nos protegieron y no nos protegerán. Desde Rojava a Chile, México, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Nicaragua, Palestina, India, Sud África, Nigeria… los latidos de las mujeres que luchan en todo el mundo son nuestros latidos.

Hoy, 8 de Marzo de 2020, estrenamos década con el deseo de conseguir hacer efectivos todos los derechos y todas las libertades para todas. Sabemos que la empresa es titánica: lo queremos todo. Sintiendo la Tierra gritar, sabemos que tenemos la fuerza y el empuje de ser millones para conseguirlo. Ante la guerra del capitalismo contra la vida, nos declaramos COMUNIDADES DE LUCHA Y RESISTENCIA, y CELEBRAMOS NUESTRAS ALIANZAS, muy por encima de nuestras diferencias.

JUNTAS Y DIVERSAS POR UNA VIDA DIGNA

¡¡¡AUTOORGANIZACIÓN Y REVUELTAS FEMINISTAS CONTRA LA PRECARIEDAD Y LAS FRONTERAS!!!!