A dos semanas de abrir las ayudas al alquiler por la Covid-19 en Cataluña se habían recibido 14.000 peticiones, algo que supone según el Govern unos 50 millones de euros para las arcas públicas.
La cantidad de dinero que el gobierno central ha destinado a Cataluña es de 28,4 millones de euros. Además de esto, se han establecido unos requisitos de acceso que son completamente irreales y hacen que la mayoría de las afectadas no tengan derecho a recibirlas. Asimismo, es necesario recordar que la media del precio de los alquileres en Cataluña está muy por encima de los límites de estas ayudas.
Nos pidieron que nos confináramos y lo hicimos. Ante la incertidumbre de ver como nuestros ingresos iban disminuyendo cada día, sin saber si recuperaríamos nuestros trabajos, hemos tenido que elegir entre comer o pagar recibos tan básicos como el alquiler o los suministros. No podemos tolerar que sea la ciudadanía la que una vez más sufra la ineptitud de nuestros gobernantes, que alardean con su «Nadie quedará atrás», palabras que se quedan completamente vacías de contenido.
Mientras que la irresponsabilidad de nuestros gobernantes hace que miles de familias sufran, en la PAH nos seguimos organizando. Seguimos denunciando que no vamos a permitir que ninguna familia se quede atrás. Nosotras todavía no entendemos quién tiene la culpa de esta crisis que estamos empezando a vivir, pero sí sabemos quiénes son las personas que sufren las consecuencias de su mala gestión. Y por eso exigimos a los políticos que estén a la altura de la gente. ¿Qué gobernantes tenemos que no son capaces de prever cuántas familias necesitarán las ayudas? Salen en los medios diciendo que esta vez han aprendido la lección y que nadie se quedará atrás. ¿Y qué pasa? Ayudas que no llegan. Mini créditos que –aunque denunciamos que no son la forma de afrontar esta situación porque significan otra vez endeudamiento para las familias– tampoco nadie sabe cuándo estarán vigentes.
En la PAH ya hace mucho tiempo que proponemos soluciones para el problema estructural de vivienda en nuestro país: regulación inmediata del precio del alquiler, ampliación del parque público de vivienda con medidas como la expropiación de la vivienda en manos de la Sareb (pagada con dinero público a través del rescate bancario), cesión obligatoria de los pisos de grandes tenedores y medidas para que la responsabilidad de que todo el mundo tenga una vivienda digna recaiga también sobre los grandes propietarios, que se lucran a costa del esfuerzo y las necesidades más básicas de las familias.
Ya basta de promesas políticas que no van a ningún lado. Es hora de que la acción de los gobiernos se ajuste a la realidad y que sea verdad que esta vez NO DEJAMOS A NADIE ATRÁS.
