Archivo diario julio 7, 2020

PorPAH_Bcn

Acabar con los desahucios solo depende del Gobierno Progresista

La PAH exigimos un Decreto para terminar con todo tipo de desahucios hasta mínimo el 31 de diciembre de 2021. El Gobierno puede hacerlo cuando quiera, pero de momento no quiere

Nada más configurarse el Gobierno Progresista, arrancamos nuestra nueva campaña de exigencias para lograr garantizar el Derecho a la vivienda. Uno de los objetivos de esta campaña era conseguir una moratoria para todo tipo de desahucios. En unos momentos en que sufríamos 250 desahucios diarios, con el nuevo Gobierno como responsable directo de que esto fuera así si no ponía remedio a la situación.

En esos inicios de la campaña #ViviendaPorDerecho, logramos ciertas mejoras en la moratoria para las ejecuciones hipotecarias, el anuncio de una posible moratoria de los desahucios de alquiler -que ya suman el 70% del total-, y oídos sordos a la problemática cada vez más extendida y malentendida de la ocupación.

Por el camino, en el mes de marzo, entramos en estado de alarma que provocó el cierre de los juzgados y debido a ello, a que se suspendieran los desahucios de manera automática. Desahucios que desde que se retomó la actividad judicial el pasado 4 de junio, se han empezado a reactivar, como hemos podido ver ya en las actuaciones de la PAH en Andalucia, Aragón, Catalunya, Comunidad de Madrid, Murcia o País Valencià.

De nuevo nos vemos en la obligación de remarcar al Gobierno como responsable de esta nueva normalización de la violación de derechos humanos, que no deja de ser el dejar -o pretender dejar- a una familia en la calle, sin ningún tipo de realojo ni alternativa. Una violación de derechos, que no denuncia solamente la PAH, también lo lleva haciendo hace años Naciones Unidas, a través de dictamenes, recomendaciones o informes. El más reciente, publicado ayer y escrito por Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y derechos humanos, tras su visita a nuestro país durante el mes de febrero.

Un informe, en el que no solo se nos vuelve a dar la razón, también se dan una serie de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, en la misma línea que llevamos presentando desde la PAH en todas nuestras exigencias y propuestas de cambios legislativos y estructurales. El informe deja claro que erradicar el problema es solo una cuestión de voluntad política.

Las cifras hablan por si solas, y según el CGPJ: en el primer trimestre de 2020 -reducido a dos meses debido al confinamiento- se produjeron casi 10.000 desahucios, lo que nos sigue situando en una media de 200 desahucios diarios a los que el Gobierno sigue dando la espalda. Datos que no difieren de los que estuvimos visibilizando en nuestro contador de la vergüenza durante los primeros 50 días de Gobierno Progresista.

Debido a la nueva crisis económica provocada por la COVID-19, estamos a las puertas de un panorama desolador, que necesita, más que nunca, de valentía política y medidas a la altura de las circunstancias. No se puede afrontar esta situación poniendo tiritas, como ha ido haciendo el Gobierno a base de decretazos, que solo protegen a una parte de las nuevas familias vulnerables debido al coronavirus, pero deja a otra parte atrás y se olvida plenamente de las miles de familias que ya vivían en extrema vulnerabilidad previamente al estado de alarma, y lo seguirán estando en esta nueva y vieja normalidad.

Por sentido común, por necesidad ante la nueva pandemia social que son los desahucios, y por justicia a las 1.024.766 familias que ya han perdido su hogar desde 2008, la PAH llevamos exigiendo hace semanas un nuevo Real Decreto para hacer efectiva una moratoria real para todo tipo de desahucios, mínimo hasta el 31 diciembre de 2021. Tiempo más que suficiente para tirar adelante con una Ley de Vivienda integral, como la que presentamos en 2018, que ponga solución a los motivos que nos tienen en emergencia habitacional cronificada desde hace más de una década.

En las últimas semanas hemos mantenido reuniones con una gran parte de los grupos parlamentarios para trasladar nuestras exigencias. En este tiempo hemos reunido una amplia mayoría parlamentaria que da soporte a este Decreto urgente antidesahucios que el Gobierno Progresista podría hacer efectivo cuando quisiera, pero que de momento no ha querido. Este próximo viernes 10 de julio, tenemos una nueva reunión con el Secretario General de Vivienda, David Lucas, en la que esperamos recibir una respuesta positiva.

El Gobierno Progresista tiene la opción de decidir de qué lado está, si de las familias y los Derechos Humanos, o del lado de la derecha y las políticas que están expandiendo en las comunidades donde están gobernando, como Andalucía, Castilla y León, Madrid, o Murcia. Tienen que demostrar que son ciertas sus afirmaciones de que «no quieren dejar a nadie atrás», rectificando errores que dejan a miles de familias sin protección. Disponen del poder y de mayoría suficiente para hacerlo, así que esperamos que no nos fallen otra vez.

Nosotras lo tenemos claro, y hartas de migajas, queremos el pan entero.

PorPAH_Bcn

Nueva asamblea de Bienvenida PAH

Santi y Nadia nos dan la bienvenida de la asamblea del lunes 6 de julio. Nos cuentan por qué y para qué se creó la PAH, cómo ha ido cambiando durante los 11 años que lleva fundada, porque la realidad de España ha ido cambiando también

Nos invitan a seguir a la PAH por las redes sociales para estar al corriente de las campañas en las que estamos trabajando y las que vendrán.

Josep nos recuerda los pasos que podemos hacer para pedir moratoria por la COVID-19. Y nos recuerda que desde el 4 de junio los desahucios han vuelto y tenemos que estar muy atentas.

Alquileres:

Jennifer nos cuenta que está embarazada y vive de alquiler en una habitación, pero la relación con los dueños no es muy buena y quiere irse con su hermano, aunque no encuentran ningún sitio donde ir. Le hemos dicho que siga insistiendo a la asistenta social, porque su trabajo es ayudarnos.

Jasmín ha recibido carta de demanda por parte de Budmac, Anticipa. Le dicen que si se quiere quedar en ese domicilio tiene que pagar 1200 euros y en este momento paga 245 euros, por lo que le decimos que contacte con Anticipa para solicitar alquiler social y cambio de titular, ya que antes el contrato estaba a nombre de su suegra.

Carmen y su esposo están tramitando su alquiler social con Anticipa, pero desde Habitatge no les dan el documento conforme ellos no han rechazado alquiler social en dos años, algo que están obligados a hacer por ley. Por lo que le decimos que puede ir a la Agencia de Habitatge de Catalunya y también puede poner una denuncia ante el Síndic de Greuges.

Hipotecas:

Norah nos cuenta que el banco le ofrecía dación en pago, pero que ella quiere quita. Por lo que el banco le ha pedido documentación para poder hacerle la quita. Su problema es que la persona que era el aval solidario se ha ido a su país de origen y el banco le dice que si no está para firmar no le harán ni quita ni dación.

Ocupación:

Liliana fue el primer desahucio parado después de la COVID-19, y nos comenta que desde Habitatge no le responden, y su abogado le dice que será difícil obtener un alquiler social porque no cuenta con los documentos de España, pero de todas maneras le decimos que contacte con su fondo buitre porque por ley le toca. Y que a pesar de no tener la documentación, sí que tienen que darle el alquiler.

Y hasta aquí la asamblea de esta semana. Recuerda que tenemos un encuentro todos los lunes. Encontrarás toda la información aquí.