Archivo mensual julio 7, 2020

Santi y Nadia nos dan la bienvenida de la asamblea del lunes 6 de julio. Nos cuentan por qué y para qué se creó la PAH, cómo ha ido cambiando durante los 11 años que lleva fundada, porque la realidad de España ha ido cambiando también

Nos invitan a seguir a la PAH por las redes sociales para estar al corriente de las campañas en las que estamos trabajando y las que vendrán.

Josep nos recuerda los pasos que podemos hacer para pedir moratoria por la COVID-19. Y nos recuerda que desde el 4 de junio los desahucios han vuelto y tenemos que estar muy atentas.

Alquileres:

Jennifer nos cuenta que está embarazada y vive de alquiler en una habitación, pero la relación con los dueños no es muy buena y quiere irse con su hermano, aunque no encuentran ningún sitio donde ir. Le hemos dicho que siga insistiendo a la asistenta social, porque su trabajo es ayudarnos.

Jasmín ha recibido carta de demanda por parte de Budmac, Anticipa. Le dicen que si se quiere quedar en ese domicilio tiene que pagar 1200 euros y en este momento paga 245 euros, por lo que le decimos que contacte con Anticipa para solicitar alquiler social y cambio de titular, ya que antes el contrato estaba a nombre de su suegra.

Carmen y su esposo están tramitando su alquiler social con Anticipa, pero desde Habitatge no les dan el documento conforme ellos no han rechazado alquiler social en dos años, algo que están obligados a hacer por ley. Por lo que le decimos que puede ir a la Agencia de Habitatge de Catalunya y también puede poner una denuncia ante el Síndic de Greuges.

Hipotecas:

Norah nos cuenta que el banco le ofrecía dación en pago, pero que ella quiere quita. Por lo que el banco le ha pedido documentación para poder hacerle la quita. Su problema es que la persona que era el aval solidario se ha ido a su país de origen y el banco le dice que si no está para firmar no le harán ni quita ni dación.

Ocupación:

Liliana fue el primer desahucio parado después de la COVID-19, y nos comenta que desde Habitatge no le responden, y su abogado le dice que será difícil obtener un alquiler social porque no cuenta con los documentos de España, pero de todas maneras le decimos que contacte con su fondo buitre porque por ley le toca. Y que a pesar de no tener la documentación, sí que tienen que darle el alquiler.

Y hasta aquí la asamblea de esta semana. Recuerda que tenemos un encuentro todos los lunes. Encontrarás toda la información aquí.

Hoy se ha publicado el informe de Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y derechos humanos, tras su visita a nuestro país durante el mes de febrero

Como ya avanzó el relator hace unos meses «La pobreza es una elección política». En el informe, junto a la precariedad en el empleo o las escasas prestaciones sociales por un sistema redistributivo en beneficio de los grandes poderes económicos, el informe sitúa una “crisis de vivienda de enormes proporciones, como uno de los principales problemas que requieren actuaciones urgentes”. Cuanto más ahora que la crisis laboral a causa de la COVID-19 ha aumentado el número de familias que no llegan a fin de mes para pagar su hipoteca o alquiler. Tras casi 10.000 desahucios en los primeros 2 meses del año, cifras de desahucios que el informe califica de “escalofriantes”, la PAH está promoviendo un real decreto que suspenda todos los desahucios de las familias vulnerables a quienes este informe reclama proteger.

Una vez revisado el Plan Estatal de Vivienda, una de las mayores decepciones de Naciones Unidas es que “la oferta de viviendas sociales de bajo costo es casi inexistente, a pesar del consenso existente sobre su necesidad”, y en donde el Relator hace una advertencia: “La experiencia demuestra mayoritariamente que la propuesta de recurrir en gran medida a alianzas público-privadas beneficiará a las clases medias y no a las más necesitadas”. Según el Relator, “la pobreza existe, en definitiva, a causa de decisiones políticas, y los gobiernos pueden optar, si lo desean, por eliminarla. Pero la palabra que se oyó con más frecuencia entre los afectados fue sentirse abandonados, la inacción política es la tónica general”.

El informe señala el aumento del 50% en los precios del alquiler, en los últimos 5 años, tras la entrada de sociedades de inversión privadas como Blackstone, pero que “autoridades del Gobierno Central descartaron medidas de control de precios -como en París o Berlín- sin miramientos”, respuesta que al Relator le parece un “error y falta de rigurosidad”, recordando que “el índice de asequibilidad de la vivienda de alquiler privada es uno de los más bajos de la OCDE, y el pago del alquiler representa una carga excesiva para más del 38% de los inquilinos”.

Las 21 páginas del informe cubren desde la necesidad de la dación en pago retroactiva hasta la discriminación de las personas en vivienda temporal a la hora de empadronarse. La recomendación final del Relator de Naciones Unidas a España para “tomar en serio el derecho a la vivienda», es tajante. Como mínimo, esto debería significar:

• Aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda
• Aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida
• Desincentivar fiscalmente que se dejen viviendas vacías
• Estudiar seriamente la posibilidad de introducir sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las principales ciudades
• Adoptar medidas para desalentar la manipulación de los mercados de la vivienda por los “fondos buitre”
• Actuar para impedir la privatización de las viviendas de bajo costo existentes
• Proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad
• Apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar.

Hay mucho por hacer y la PAH ha puesto una vez más sobre la mesa todo un plan de choque de medidas a aprobar a corto plazo.

Es urgente e imprescindible frenar la pérdida de vivienda de las familias vulnerables, suspendiendo los desahucios mientras dure la crisis que la pandemia ha agravado. No solo lo exige la PAH, Naciones Unidas también.

Descarga aquí el informe completo de Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y derechos humanos.

Las soluciones y recetas para construir un modelo de vivienda que priorice el acceso digno de las personas a un bien fundamental es cuestión de voluntad política.

Los días 1 y 3 de julio se celebra en el Parlamento de Cataluña el pleno por la reconstrucción, un monográfico sobre la covid 19 y medidas para hacerle frente.

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 de medidas urgentes contra los desahucios y cortes hemos elaborado un documento donde se hace un análisis de la situación y se proponen medidas de emergencia y estructurales para hacer frente a la crisis sanitaria que está poniendo todavía más a cuerpo descubierto las deficiencias que ya sufría nuestra sociedad. En materia de vivienda en Cataluña se han ejecutado 269.159 desahucios desde el estallido de la crisis financiera del 2008. Si a este número le sumamos los denominados desahucios invisibles, de quienes que se ven forzados a abandonar su casa por no disponer de un contrato en regla o para evitar la ejecución del lanzamiento, la realidad queda desnuda y visible con toda su dureza.

La aprobación de la Ley 24/2015 y los decretos que lo amplían, ha sido un hito en la respuesta a la problemática de la vivienda en Cataluña. Sin embargo, como se reconoce en el propio texto de la ley, las medidas que se contemplan son respuestas de emergencia.

Es importante no olvidar que la exclusión residencial no es consecuencia de una crisis temporal, sino el resultado de las políticas estructurales que se han llevado a cabo durante las últimas décadas.
Por eso, y teniendo en cuenta otros éxitos conseguidos por el movimiento de defensa del derecho a la vivienda, como la introducción de la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda asequible en Barcelona, ​​sabemos que hay alternativas concretas al modelo especulativo, en que se respeten los derechos fundamentales.

Los movimientos sociales y las entidades hemos construido durante los últimos años un tejido de apoyo mutuo y defensa colectiva para protegernos ante los abusos y la exclusión que cada día echan a miles de personas de su casa. Sin embargo, son necesarios cambios legislativos profundos y políticas públicas valientes.

La falta de parque público y la subida de precios de alquiler libre hacen cada vez más difícil el acceso a la vivienda en las ciudades. Así, aunque desde la ciudadanía se consiga legislar para hacer frente a la emergencia, como fue el caso de la aprobación del DL de medidas urgentes 17/2019 que amplía la Ley 24/2015 con más mecanismos para frenar los desahucios, hay que adoptar también medidas estructurales y que corresponsabilicen a otras instituciones y al sector privado. Y es que en la vivienda, como en la sanidad o la educación, si nos implicamos todas y somos corresponsables, saldremos de la situación de pandemia y de crisis juntas. Porque si queremos dejar atrás cualquier curva, ya sea la de los contagios o la de los desahucios, tenemos que estar juntas y no dejar a nadie atrás, sino, nunca saldremos.

Por eso que desde las PAH de Cataluña, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética creemos que las siguientes medidas pueden ayudar a salir de esta pandemia con más derechos y sobre todo escuchando y atendiendo las necesidades y propuestas de las familias que lo están pasando más mal. Muchas de las medidas ya se han puesto con anterioridad sobre la mesa, esperamos que esta vez sea la última y se implementen para no volver a repetir errores del pasado.

Descarga el documento con las medidas aquí.