Las soluciones y recetas para construir un modelo de vivienda que priorice el acceso digno de las personas a un bien fundamental es cuestión de voluntad política.
Los días 1 y 3 de julio se celebra en el Parlamento de Cataluña el pleno por la reconstrucción, un monográfico sobre la covid 19 y medidas para hacerle frente.
Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 de medidas urgentes contra los desahucios y cortes hemos elaborado un documento donde se hace un análisis de la situación y se proponen medidas de emergencia y estructurales para hacer frente a la crisis sanitaria que está poniendo todavía más a cuerpo descubierto las deficiencias que ya sufría nuestra sociedad. En materia de vivienda en Cataluña se han ejecutado 269.159 desahucios desde el estallido de la crisis financiera del 2008. Si a este número le sumamos los denominados desahucios invisibles, de quienes que se ven forzados a abandonar su casa por no disponer de un contrato en regla o para evitar la ejecución del lanzamiento, la realidad queda desnuda y visible con toda su dureza.
La aprobación de la Ley 24/2015 y los decretos que lo amplían, ha sido un hito en la respuesta a la problemática de la vivienda en Cataluña. Sin embargo, como se reconoce en el propio texto de la ley, las medidas que se contemplan son respuestas de emergencia.
Es importante no olvidar que la exclusión residencial no es consecuencia de una crisis temporal, sino el resultado de las políticas estructurales que se han llevado a cabo durante las últimas décadas.
Por eso, y teniendo en cuenta otros éxitos conseguidos por el movimiento de defensa del derecho a la vivienda, como la introducción de la obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda asequible en Barcelona, sabemos que hay alternativas concretas al modelo especulativo, en que se respeten los derechos fundamentales.
Los movimientos sociales y las entidades hemos construido durante los últimos años un tejido de apoyo mutuo y defensa colectiva para protegernos ante los abusos y la exclusión que cada día echan a miles de personas de su casa. Sin embargo, son necesarios cambios legislativos profundos y políticas públicas valientes.
La falta de parque público y la subida de precios de alquiler libre hacen cada vez más difícil el acceso a la vivienda en las ciudades. Así, aunque desde la ciudadanía se consiga legislar para hacer frente a la emergencia, como fue el caso de la aprobación del DL de medidas urgentes 17/2019 que amplía la Ley 24/2015 con más mecanismos para frenar los desahucios, hay que adoptar también medidas estructurales y que corresponsabilicen a otras instituciones y al sector privado. Y es que en la vivienda, como en la sanidad o la educación, si nos implicamos todas y somos corresponsables, saldremos de la situación de pandemia y de crisis juntas. Porque si queremos dejar atrás cualquier curva, ya sea la de los contagios o la de los desahucios, tenemos que estar juntas y no dejar a nadie atrás, sino, nunca saldremos.
Por eso que desde las PAH de Cataluña, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética creemos que las siguientes medidas pueden ayudar a salir de esta pandemia con más derechos y sobre todo escuchando y atendiendo las necesidades y propuestas de las familias que lo están pasando más mal. Muchas de las medidas ya se han puesto con anterioridad sobre la mesa, esperamos que esta vez sea la última y se implementen para no volver a repetir errores del pasado.
