Archivo anual junio 3, 2020

Según la normativa publicada en relación a los desahucios y en la experiencia que tenemos tras años de lucha defendiendo el derecho a la vivienda digna, debemos estar preparadas, no vamos a permitir de ninguna de las maneras que vuelva “la curva de la vergüenza, la de los desahucios”

Hasta ahora:
Los plazos procesales quedan suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 por vía de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

El mismo 14 de marzo se hace pública la Resolución del Secretario de Estado de Justicia sobre servicios esenciales en la Administración de Justicia, que establece los servicios esenciales que sí se prestarán durante el estado de alarma. Aunque no se hace mención específica a los lanzamientos, se incluye la posibilidad de llevar a cabo «Cualquier actuación que, de no practicarse, pudiera causar perjuicios irreparables“. De facto, se suspenden todos los procedimientos de desahucio, aunque se encuentren en fase de ejecución.

A partir de ahora:
Primero, el 29 de abril se publica el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de Medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que marcará la pauta una vez levante la suspensión de los plazos judiciales y se reactive la actividad judicial.

Se establece la priorización de determinados procedimientos desde la fecha del levantamiento hasta el 31 de diciembre. Los procedimientos que contarán con una tramitación prioritaria son:

a) Jurisdicción voluntaria con medidas a favor de menores.

b) En el ámbito civil, moratorias hipotecarias Covid, moratoria de alquiler Covid y concursos de personas físicas no empresarios.

c) En el ámbito contencioso, recursos por si deniegan ayudas para paliar los efectos de la crisis.

d) En el ámbito social, ERTEs, despidos, etc.

Se habilita parcialmente el mes de agosto como mes hábil (antes solo para actuaciones urgentes). Para hacerlo, se declaran como urgentes todas las actuaciones judiciales y se declaran hábiles para su realización del 11 al 31 de agosto, excepto sábados, domingos y festivos.

Se reinician los plazos procesales desde cero, sin tener en cuenta si habían transcurrido días antes de la declaración del estado de alarma. El primer día del cómputo será el siguiente día hábil al que deje de estar operativa la suspensión. Por lo tanto, el 5 de junio.

Para los recursos contra sentencias o resoluciones que ponen fin al procedimiento, a pesar de que durante el estado de alarma se han seguido notificando, el plazo para recurrir empieza desde cero y se amplía al doble de lo previsto para cada recurso, para evitar aglomeraciones los primeros días. Esta ampliación también afecta a aquellas que se publiquen durante los primeros 20 días en el levantamiento de la suspensión.

El 9 de mayo se publica la Orden JUS / 394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de desescalada para la Administración de justicia ante la COVID-19. En su Anexo 1 se establece lo siguiente:

Las actividades en relación con las diligencias de levantamiento de cadáveres y los lanzamientos o los registros domiciliarios tienen consideraciones de exposición de bajo riesgo, que requerirán la utilización de EPIs adecuados.

El 25 de mayo se publica el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La disposición incluye la reactivación de los plazos procesales a partir del 4 de junio:

Artículo 8. Plazos procesales suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos procesales.

Las dudas, que cada Juzgado resolverá según su organización (es necesario que las PAHs estén alerta), son:

1) ¿Los lanzamientos decretados antes del estado de alarma para una fecha posterior al 4 de junio siguen vigentes? Teóricamente sí y no habría más aviso. Es decir, para un desahucio ya decretado para el 15 de junio, es muy posible que no recibamos ninguna notificación más, y la comisión judicial se pueda presentar ese día.
Habrá que ver si los Juzgados los retrasan para dar salida a los que se iban a producir durante el estado de alarma. Es decir, como existían desahucios previstos para los meses de marzo, abril y mayo, que se tuvieron que suspender, cabría la posibilidad de que los juzgados retrasaran los previstos para junio y julio para priorizar estos, dado que deberían haberse producido antes. No hay que descartar ningún escenario, pero la intuición nos dice que no será así, y que los lanzamientos suspendidos durante el estado de alarma se recolocarán en medio o después de los ya decretados, pero no tenemos seguridad 100% de que así sea y hay que estar alerta.

2) ¿Qué ocurre con los lanzamientos suspendidos automáticamente durante el estado de alarma? Es decir, cómo actuarán los juzgados con aquellos desahucios que se decretaron para la segunda quincena de marzo o los meses de abril, mayo y primeros días de junio y que se han tenido que suspender por culpa del estado de alarma. Pues que sí o sí se deberán volver a decretar, lo que permitirá volver a presentar recurso, ahora en tiempo y forma, e incluir entre las alegaciones la situación de vulnerabilidad que se puede agravar con la actual pandemia. La duda que nos queda es si los Juzgados los decretarán de oficio o esperarán a que la parte demandante los vuelva a solicitar (puede que algunos demandantes ya hayan pedido que se fije fecha).

Ante esta inminente nueva vulneración de derechos humanos, convocamos mañana en la puerta de todos los juzgados del Estado. No vamos a permitir que en plena pandemia de la COVID-19 pretendan dejarnos en la calle sin ningun tipo de alternativa habitacional.

Ante la constante vulneración de nuestros derechos por parte de los fondos buitre, la PAH cambiamos las reglas del juego. Vamos a por vosotros, a partir de ahora no son ellos, somos nosotras #LaPAHacecha

Hoy martes 2 de junio de 2020, la PAH lanzamos una campaña para dejar claro que el miedo cambia de lado. A partir de ahora la PAH acecha a todos aquellos bancos y fondos buitre que vulneran sistemáticamente nuestros derechos y precarizan nuestras vidas. No podemos seguir permitiendo este acoso constante a las familias, con total impunidad. Ahora nosotras atacamos.

Llevamos años, meses, semanas atemorizadas, deprimidas, sin saber qué va a pasar con nuestras vidas. Realmente el tiempo ya se nos está escapando de las manos, pero no solo es el tiempo, también es nuestra vida, nuestra salud. Los nervios constantes a los que estamos sometidas cada día, el miedo que nos provocan, el no querer que el cartero te pique a la puerta de casa para que no sea una carta de ellos, o el miedo a descolgar el teléfono, todo esto tiene que acabar. Muchas veces hemos tenido que dejar de trabajar para poder hacer frente a todos los trámites que nos han pedido para entregar los documentos que nos reclamaban en tiempo y forma, para que vieran que queríamos cumplir. A veces nos olvidamos de cómo era vivir tranquilas y sin sobresaltos, sin sentir que la vida se nos está yendo cuesta abajo.

Con mucha frecuencia nos preguntamos qué hemos hecho mal, nos hemos quedado sin trabajo y ahora sin casa; o “yo pagaba, pero mi propietario le vendió la casa a un fondo buitre y ahí empezaron mis problemas”. Pueden existir miles de motivos, pero la única verdad es que no queremos vivir así, no queremos seguir sometidas a este acoso constante, queremos vivir dignamente.

Son numerosos los fondos buitre y sus filiales que especulan con nuestras viviendas y nuestras vidas. Anticipa, Blackstone, Divarian, Haya Real Estate, Budman, Cerberus… son solo algunos de ellos. La PAH hemos salido a la calle a denunciarlos públicamente en numerosas ocasiones. Hemos ido a sus oficinas, organizado manifestaciones, exigido de maneras diferentes nuestros derechos. Cientos de e-mails y llamadas de teléfono, intentos de negociación, papeleo y burocracia que, tras meses de idas y venidas, quedan en nada. La situación tiene que cambiar. ¿Hasta cuándo?

En nuestras asambleas son cientos de familias las que se ven acosadas diariamente. Jordi y Nadia, Juan Enríquez, Alcira del Rocío, Bertha, Luis Enríquez, Carolina, Alba, Isabel, Tania, y decenas de familias más. Estamos hablando de familias en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas con menores o personas mayores en casa, que han visto cómo la propiedad de su vivienda pasaba de mano en mano, en un escandaloso entramado empresarial de fondos buitre que se niega a ofrecerles o renovarles su alquiler social. 

Como el caso de Bertha, que tras conseguir una dación en pago y un alquiler social con Caixa Catalunya, ha visto cómo la propiedad de su vivienda pasaba de mano en mano, primero al BBVA, luego a Divarian, sin que ella pudiera hacer nada, y viendo ahora cómo el fondo buitre Divarian se niega a renovarle el alquiler social. Es inadmisible.

O el caso de Jordi y Nadia, que vieron cómo Anticipa compró su vivienda en 2017 mientras ellos seguían pagando y viendo cómo al firmar el contrato de subrogación empezaron sus problemas. Nunca les dieron un número de cuenta donde poder pagar, y cuando contactan con Alquilovers para encontrar soluciones y conseguir un alquiler social les comentan que su vivienda no aparece en su sistema. La angustia de estas condiciones de vida debe de terminar de una vez por todas.

Los fondos buitre precarizan nuestras vidas y ciudades. Desde que aterrizaron en nuestro país no han dejado de absorber pisos e hipotecas de grandes bancos y sociedades. El caso de Blackstone, que en España opera con el nombre Anticipa Real Estate, es de los más escalofriantes. Tras absorber las hipotecas de Caixa Catalunya y otros bancos rescatados, lleva invertidos en España desde el inicio de la crisis más de 20.000 M €. Su único objetivo es comprar barato y vender caro en el menor tiempo posible. Anteponiendo sus beneficios a las familias, intentando echarlas de sus casas, negando a las familias reestructuraciones de deuda, quitas o alquileres sociales que les pertenecen. Pero su avaricia no acaba aquí. Tras convertirse en el mayor propietario de viviendas en el país, con 35.000 de ellas, también ha comprado Hoteles (con 20.000 camas es el segundo mayor propietario de camas hoteleras de España), Logística (55 activos logísticos y 162.000 m² de suelo para uso industrial) y empresas de Juego (compró Cirsa Codere). No es el único fondo buitre; el resto, Divarian, Haya Real Estate, Budmac, Cerberus y otros tantos van por el mismo camino si permitimos que sigan actuando con total impunidad.

¿Y el papel de la Administración?

Con 198 desahucios diarios, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, son urgentes y necesarias medidas contundentes. Desde la PAH exigimos una Administración valiente, al lado de la ciudadanía, que aporte medidas con cambios estructurales de raíz y que obligue a cumplir la ley a todos aquellos fondos buitre que pretenden incumplirla. 

El Gobierno del Estado, la Generalitat y los ayuntamientos no pueden mirar hacia otro lado. 

• Exigimos al Gobierno del Estado la promulgación de un Real Decreto que incluya la prórroga de la moratoria hipotecaria y la suspensión de todo desahucio, ya sea por impago de hipoteca, de alquiler u ocupación, promovido por grandes tenedores de vivienda, bancos y fondos buitre a familias en situación de vulnerabilidad. Además, exigimos que incluya la obligatoriedad de la renovación de los alquileres sociales firmados con entidades financieras y fondos de inversión para familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

A nivel estatal, en 2016, tanto PSOE como Podemos, se comprometieron por escrito a extender la Ley 24/2015, de ámbito catalán, a todo el Estado si alguna vez llegaban a gobernar. Ahora es el momento. Es necesaria la implementación de la Ley catalana en  todo el Estado, pasemos de las palabras a los hechos. La ciudadanía no puede esperar más. Hay vidas en juego.

• Exigimos a la Generalitat que vigile por el correcto cumplimiento de la Ley 24/2015 y su reciente ampliación a través de los Decretos-ley 17/2019 y 01/2020, que obligan a los grandes tenedores de vivienda a renovar por siete años los alquileres sociales, así como a ofrecer a todas aquellas familias vulnerables un alquiler social en los casos de extinción de contrato. Es necesario, además, que la Generalitat controle todas las ofertas de alquiler social obligatorias que se deben hacer, sancionando de forma inmediata si se incumplen y dando señales inequívocas de que la ley no se puede obviar ni vulnerar.

La Ley 24/2015 permite también la movilización de viviendas vacías de los bancos y fondos buitre a través del mecanismo de cesión obligatoria, para destinar así miles de estas a alquileres sociales y poder ampliar el parque público de vivienda. Tenemos herramientas, no hay excusas. Los haremos cómplices de cada desahucio.

• Exigimos a los ayuntamientos catalanes estar vigilantes y proactivos y que interpongan la sanción por incumplimiento de la Ley 24/2015 a todo aquel banco o fondo buitre que pretenda incumplirla. En estos casos la sanción interpuesta debe ser la máxima. El artículo 28 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, dice muy claramente que no puede resultar más beneficioso recibir una sanción que incumplir la ley.

La PAH decimos basta. Ha llegado el momento de corresponsabilizar a los grandes bancos y fondos buitre, y acabar con esta lacra. A partir de ahora la PAH cambiamos las reglas del juego. No les tenemos miedo. Sabemos cuáles son nuestros derechos y no vamos a parar hasta conseguirlos. Ahora #LaPAHacecha, estáis avisados.

Una semana más, Sonia nos da la bienvenida a nuestras cada día más grandes asambleas. Este lunes también se han sumado compañeras de la PAH Terrassa para aprender colectivamente, ¡gracias comPAHs!

Khadija nos contó su caso. Está siendo muy duro para ella y su familia. Este fin de semana ha sido movido porque, en pleno estado de alarma, querían  echarlas del aparthotel donde las habían realojado después de un desahucio en Hospitalet de Llobregat. Por suerte no ha pasado, pero en 15 días podría pasar de verdad. Hay que ser fuertes y seguir luchando.

Josep otra semana más nos informa de los puntos más importantes de las medidas por la Covid-19 que ha implementado el Gobierno del Estado. Podéis consultarlas aquí.

También les informamos que la Generalitat ha puesto en marcha unas ayudas de alquiler para personas afectadas por la pandemia. Infórmate en nuestra web y mira la información. Pide ayudas públicas y no te endeudes con bancos.

Alquileres:

A Rosa la llamaron desde su banco para decirle que se prorrogaba su alquiler social por un año, pero le decimos que todas estas noticias tienen que ir por escrito, y además que hay que pedir la renovación por 7 años y no por uno. La Ley 24/2015 nos avala.

A Oriol y Paulina no les querían hacer una negociación por el precio del alquiler, ya que por la pandemia han visto afectados sus ingresos; gracias a los consejos de la PAH han podido exigir sus derechos y pedir la moratoria del 50%. 

Kerly todavía sigue esperando por su contrato de alquiler social de CaixaBank. Está a la espera del borrador con las modificaciones que se plantearon. Con la pandemia se ha paralizado todo pero hay que seguir apretando. Esperaremos esta semana a ver una respuesta porque ya lleva muchos meses esperando.

Miguel y su pareja han visto reducidos sus ingresos y se les hace imposible pagar el alquiler porque él era autónomo y ella ha sufrido un ERTE. Le damos unas informaciones para que pueda pedir el préstamo ICO, ya que su arrendador es pequeño propietario.

Mariluis está pidiendo la renovación del alquiler que se base en la Ley 24/2015, ya que es un gran tenedor. Después de darle unos consejos se va contenta por poder quitarse dudas gracias a nuestra asamblea.

A Ingrid, Anticipa la demanda en plena pandemia. Tiene que ir a los Juzgados cuando finalice esta situación y está pidiendo un alquiler social acorde a sus ingresos. Ella llegó engañada porque el dueño no era el dueño en realidad. Habían ocupado la casa y se la alquilaron a ella. Su familia y ella son familia vulnerable. Le decimos que vaya a Servicios Sociales y Habitatge, además de pedir un abogado de oficio.

Hipotecas:

Norah ha hecho las tareas de hacer tasar su casa para saber cuánto cuesta hoy en día. Ella quiere solicitar una quita de su deuda, pero en el banco, unos le dicen una cosa y otros otra. Debe seguir presionando para conseguir una quita acorde a su situación.

Ocupación:

Rox ha tenido que ocupar una vivienda y en dos días la quieren desalojar; le decimos que se mire los documentos útiles de la PAH que se refieren a ocupación. También le damos pautas que están en nuestra web para alargar ese desahucio.

Nuestra asamblea ha sido un poco movida, cada vez somos más personas y eso nos trae más nervios, pero la PAH con respeto siempre estará ahí.

Súmate a nuestras asambleas todos los lunes a las 17:30h para que podamos asesorarte.

¡Te esperamos!

Hasta el 30 de septiembre tenemos tiempo para solicitarlas, pero ¡ojo! las ayudas se resuelven por adjudicación directa hasta agotar el presupuesto. Es decir, se adjudican por orden de solicitud, cuanto antes la solicites y entregues toda la documentación, mejor. Cuanto más tardes, es posible que te quedes sin. 

Para poder acceder a estas ayudas al alquiler necesitamos contar con unos requisitos:

Tener un contrato de alquiler en vigor que cuente con las normas establecidas de la Ley de arrendamientos urbanos y que sea tu residencia habitual y no segundas residencias.

Encontrarse en situación de vulnerabilidad (que el titular del contrato o algún miembro de la familia haya visto reducido sus ingresos a causa de la Covid-19):

• Que se encuentren en paro a causa de la crisis de la Covid-19
• Que le hayan hecho un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)
• Que se haya visto reducida su jornada laboral por motivos de cuidados, en caso de ser empresario
• O por otras causas derivadas de la pandemia y que signifiquen una pérdida de ingresos.

Si te has visto en la necesidad de pedir un préstamo al banco (créditos extraordinarios) también puedes pedir las ayudas.

El trámite lo puedes realizar en este enlace Trámite ayuda alquiler Covid19.

Desde la PAH queremos que todas las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad puedan acceder a todas las ayudas que sean necesarias, para que puedas vivir tranquila con tu familia y lo que es más importante, que no te endeudes.

Recuerda presentar lo antes posible la documentación y así no quedarte sin tu ayuda.

Si tienes dudas sobre todas las ayudas que están dando desde el gobierno, no te olvides de asistir a las asambleas online que hacemos todos los lunes a las 17:30h.

Hoy 21 de mayo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado y contestado preguntas sobre vivienda junto a la regidora de vivienda Lucía Martín. Desde la PAH de Barcelona queremos comentar las medidas anunciadas en la rueda de prensa.

Entre ellas, el Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto esta mañana un Pacto de Estado por la Vivienda. Desde la PAH ayer transmitimos al secretario David Lucas medidas que no pueden esperar a ponerse en marcha y la creación de espacios con la sociedad civil, porque nosotras somos las que sabemos mejor que nadie cómo superar esta emergencia habitacional generada por la crisis sanitaria y económica.

Algunas de estas propuestas, y muchas más, llevamos tiempo defendiéndolas desde la PAH. Por ejemplo, en nuestra campaña Vivienda por Derecho, o en las propuestas de mejora del RDL 11/2020.

Así celebramos medidas que hoy ha anunciado el Ayuntamiento de Barcelona, que van en la línea que desde la PAH estamos proponiendo, como la extensión de la moratoria de todos los desahucios y prórrogas de alquiler para familias vulnerables, que desde el consistorio se propone durante seis meses más, y desde la PAH que se adecúe a cada caso, pero mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021. Seamos responsables, sabemos que en 6 meses es imposible recuperarse y tendremos un alud de desahucios en Barcelona. Tan solo en 2019 sufrimos en Barcelona 2.125 desahucios, sin contar los no contabilizados: los llamados invisibles, de familias que han optado por abandonar antes la vivienda o los que provienen de situaciones de ocupación en precario. Además, después del duro trabajo que se ha hecho desde las PAHs y la insistencia a expandir la moratoria a todo el Estado, hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha recogido el guante a nuestras demandas.

Una medida interesante que se ha anunciado hoy es la de utilizar la fiscalidad para incentivar la producción de alquiler asequible y el fomento de la rehabilitación. Por otro lado, penalizar el uso de entramados especulativos como las SOCIMIS. Como siempre, nos falta concreción. La ciudadanía quiere saber cómo y cuándo se implementará la medida, y qué efecto tendrá. Desde la PAH de Barcelona creemos que estas medidas no pueden esperar y que desde el propio Ayuntamiento se deben buscar mecanismos para ponerlas ya en marcha. No podemos permitir que empresas que no pagan impuestos en nuestra ciudad, puedan especular con nuestras vidas, comprando edificios llenos de vecinas para luego echarlas de sus casas y vender o alquilar los pisos a precio de lujo.

A su vez, Martín ha expresado la necesidad de dotar a los municipios de capacidad para adquirir vivienda por tanteo y retracto, bajo precio de mercado, y para obligar a los grandes tenedores a destinar viviendas a alquiler asequible o introducir gravámenes a compraventas sucesivas. Desde la PAH queremos saber cuántos pisos se han captado a través de este mecanismo en los últimos años, especificando la propiedad y a qué precio. Además de la previsión para este año. Una de nuestras reclamaciones históricas es el incremento del parque de alquiler en la ciudad de Barcelona, y este es un mecanismo para aumentarlo que creemos que se debe explotar, igual que la cesión obligatoria de vivienda de privados.

Finalmente, han hecho énfasis en la necesidad de potenciar la rehabilitación para generar puestos de empleo, han pedido un aumento de los recursos presupuestarios que se destinan a vivienda y avanzar hacia una regulación justa de los contratos de alquiler.

Desde la PAH coincidimos en que la exclusión residencial no puede resolverse desde Servicios Sociales. Ante situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, son necesarias medidas que contemplen la problemática desde una perspectiva amplia, que tenga en cuenta el sector económico y contrucción, y que corresponsabilice al sector privado. Y añadimos: es necesario levantar la mirada y ser conscientes de que la crisis de salud pública está lejos de acabar y que la población sigue siendo vulnerable a nuevos picos de contagio. El objetivo urgente tiene que ser aprovechar cada momento para garantizar el acceso a la vivienda, a toda la ciudadanía, lo antes posible.

Las respuestas de emergencia, como equipamientos de alojamiento temporal, son para responder a crisis puntuales y deben liberarse para hacer frente a nuevas emergencias que puedan sumarse al problema de salud actual (eventos meteorológicos, incendios u otras contingencias).

Queremos recordar al gobierno del Ayuntamiento (BeC-PSC) que son los mismos partidos que están en el gobierno del Estado. Y, por otra parte, resaltar que nos sorprende que no se haya hecho un plan ni mencionado qué hará el Ayuntamiento con las 1200 personas que malviven en pensiones y las 1000 que viven en la calle.

Esperamos que el gobierno del Estado tome nota. La PAH exige estar en esas negociaciones porque han salido de la ciudadanía las medidas más garantistas, como la Ley 24/2015 y el 30%. Sabemos de lo que hablamos y tenemos propuestas.

Desde la mesa sectorial de Derechos Sociales del Pacto por Barcelona, y desde otros espacios en los que participamos, seguiremos exigiendo medidas urgentes para garantizar el derecho fundamental a la vivienda digna. Sabemos que Sí Se Puede y no vamos a parar hasta conseguirlo.