Archivo anual noviembre 30, 2020

Exigimos que la moratoria propuesta deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva ley estatal del derecho a la vivienda, que debe regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios de familias vulnerables que no cuenten con una vivienda alternativa

La moción será aprobada con los votos a favor de ERC, Barcelona en Comú, Junts per Catalunya y PSC. Ciudadanos, PP y Barcelona pel Canvi, una vez más vuelven a dar la espalda a la ciudadanía

Barcelona, 27 de noviembre de 2020

Hoy, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona llevamos al pleno del Ayuntamiento de Barcelona una moción para parar TODOS los desahucios de familias vulnerables que no tengan la alternativa de una vivienda digna, segura y estable, así como la ampliación de la moratoria de cortes de suministro. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez anunció en marzo la aprobación de una moratoria de los desahucios mintió, ya que esta medida solo cubre a las familias directamente afectadas económicamente por la crisis de la COVID-19 y no al conjunto de familias vulnerables precarizadas antes de la pandemia. Creando, ante una misma situación de vulnerabilidad, ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda.

Desde entonces, la PAH, con su campaña #DecretoStopDesahucios, ha estado trabajando para conseguir la aprobación de una verdadera moratoria, y el pasado 11 de noviembre presentamos en Madrid un documento con estas demandas, con el apoyo de los grupos parlamentarios de ERC, CUP, EH-Bildu, JxCat, Unidas Podemos, Compromís, Nueva Canarias, Más País y BNG, demostrando así que, si el PSOE realmente quisiera parar los desahucios y los cortes de suministro, tendría una amplia mayoría parlamentaria para su aprobación.

La votación en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, que está prevista para este mediodía, contará con los votos afirmativos de los grupos municipales de ERC, Barcelona en Comú, Junts per Catalunya y PSC. Ciudadanos, PP y Barcelona pel Canvi vuelven a dar una vez más la espalda a la ciudadanía en una cuestión tan sensible como son los desahucios y los cortes de suministro.

Desde la PAH y los movimientos por el derecho a la vivienda no cejaremos hasta conseguir que nuestros derechos sean garantizados y consigamos un #DecretoStopDesahucios que esté a la altura de la grave situación de emergencia habitacional que estamos sufriendo.

Hay vidas en juego.

A continuación compartimos el texto de la moción presentada:

Por salud pública y responsabilidad política: ¡Acabemos con los desahucios en plena pandemia!

Los más de un millón de desahucios que ha sufrido la sociedad española, desde el inicio de la crisis anterior en 2008, han sido una vulneración injustificable de un derecho humano y constitucional tan importante como es el de la vivienda, apoyo de otros derechos fundamentales.

Como se puede comprobar por los datos del CGPJ, los desahucios siguen siendo una realidad cotidiana. Tal como indica el último informe del Ayuntamiento de Barcelona, en solo 5 semanas (14 de septiembre – 23 de octubre de 2020) hubo 443 órdenes judiciales de desahucio que afectaron a 1211 vecinos y vecinas (463 menores de edad) en situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, y tal como indicó Leilani Farha, exrelatora de vivienda de la ONU, la vivienda debería ser la primera línea de defensa ante la COVID‐19. Parece que no es el caso ni en Barcelona ni en España.

En tiempos de pandemia se le está pidiendo a la ciudadanía que haga todo tipo de sacrificios y, en nombre de la salud pública, se le recortan libertades y capacidad de movimiento; es insistente el requerimiento de quedarse en casa. Nuestro estado social y de derecho no puede, al mismo tiempo, mirar a otro lado ante la continuidad de los desahucios de un sector importante de la población: la de familias y personas vulnerables, poniendo en riesgo su salud y la de todas.

El tercer trimestre traerá cifras demoledoras de desahucios a la vista de las convocatorias diarias para evitarlos por parte de PAH Barcelona y de los numerosos colectivos que luchan cada día por el derecho a una vivienda digna. Desahucios, incluso de Bankia y de la SAREB, entidades de mayoría de capital público, que debieran, por tanto, actuar de manera coherente y comprometida con el artículo 47 de la Constitución.

La PAH y otras entidades sociales indicamos que las medidas iniciales que se aprobaron para paliar los efectos de la COVID-19 en temas de vivienda supusieron un alivio temporal para muchas personas, pero que eran claramente insuficientes porque dejaban sin protección a las familias que ya estaban en vulnerabilidad con anterioridad al estallido de la pandemia, a las que tenían procesos judiciales en curso y a las que se han visto obligadas a vivir en precario debido a la falta clamorosa de un parque público de vivienda, del que sí que disponen países de nuestro entorno. Además, la reciente supresión de la moratoria de las hipotecas y de los cortes de suministros ha agravado más la situación de vulnerabilidad de las familias.

Es por todo lo explicado anteriormente que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona expresa su más absoluto apoyo a la petición de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y del resto de asociaciones en defensa del derecho a la vivienda, al Gobierno del Estado, para la aprobación inmediata de un nuevo decreto que suspenda TODOS los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que no tengan la alternativa de una vivienda digna, segura y estable, adoptando las compensaciones adecuadas, en caso de que fuera necesario, en los desahucios de pequeño propietario. La moratoria deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda que debe regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios que no cuenten con una vivienda alternativa, dando cumplimiento al art. 47 de la Constitución y a las diferentes medidas que las Naciones Unidas recomienda al Estado español para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de Derechos Humanos.

No solo por Justicia Social y en cumplimiento de los Derechos Humanos, ni siquiera para dar respuesta a las indicaciones del reciente informe presentado por el Sr. Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, ni siquiera solo para cumplir con los dictámenes condenatorios a España por vulneración de este derecho, y con las recomendaciones que ambos contienen, sino también y muy especialmente, por razones de salud pública.

Hoy más que nunca, hay vidas en juego.

Los Ayuntamientos de toda Cataluña no están exprimiendo la Ley en su potencia, y así permiten y son cómplices de los desahucios.

Exigimos las sanciones correspondientes por parte de los Ayuntamientos que contempla la Ley para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y garantizar los derechos de la ciudadanía. Exigimos a los Ayuntamientos y a la Generalitat que pongan las sanciones que contempla la Ley 24/2015 a los grandes tenedores que incumplen la obligación de ofrecer alquiler social.

Casi hace dos años que recuperamos de la impugnación por parte del Gobierno de Rajoy y la banca la Ley 24/2015 gracias a la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, junto con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana. Y hace 10 meses conseguimos la aprobación de un nuevo decreto que amplía los supuestos de la norma y la adapta a las nuevas caras de la emergencia habitacional. Durante este tiempo hemos recuperado herramientas imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a los desahucios.

También hemos ampliado la obligación de alquiler social por parte de grandes tenedores a los casos de vencimiento de contrato de alquiler. Además, las familias que viven en pisos de pequeños propietarios o que no están amparados por el alquiler social obligatorio, serán realojadas por ley por parte del Ayuntamiento en coordinación con la Generalitat. Las Mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial. Con un 2% de parque público de vivienda frente un 15% de media europea, nos encontramos a la cola en la garantía de los derechos esenciales.

Desgraciadamente los grandes tenedores están incumpliendo la obligación de ofrecer alquiler social a personas y familias que se encuentran en situación de exclusión residencial. Queremos denunciar que estamos detectando muchos casos en que los grandes tenedores intentan saltarse la Ley, o directamente se la saltan, y se llega al desahucio a pesar de estar obligados a ofrecer el alquiler social como estipula nuestra Ley 24/2015.

Esta situación es inadmisible porque la mencionada ley, en su Disposición Final Tercera que modifica la Ley 18/2007 en sus artículos 5.2 y 124.2, considera infracción grave no formular la
propuesta obligatoria de alquiler social, y por tanto, permite y obliga a los Ayuntamientos a multar esta infracción con sanciones de hasta 90.000 euros. Asimismo también denunciamos que hay muchos casos en que el Ayuntamiento se desentiende de los realojos de las personas afectadas que han sufrido un desahucio, vulnerando así la norma y los derechos fundamentales.

Hoy las PAH de toda Cataluña nos hacemos presentes ante los Ayuntamientos para instarles urgentemente a que la hagan efectiva y sean garantes de esta ley con contundencia y que:

1. Sancionen a todos aquellos grandes tenedores que no hagan la oferta de alquiler social a las familias y personas afectadas por impagos, ejecución hipotecaria, renovaciones de contratos de alquiler o ocupación en precario. Un desahucio sin una oferta alquiler social es un incumplimiento flagrante de la ley anti-desahucios catalana.
2. Garantizar realojos dignos para todas aquellas personas y familias que han sufrido un desahucio.
3. Inicien los procedimientos contradictorios para la cesión obligatoria de pisos vacíos propiedad de grandes tenedores. Hagan un censo exhaustivo de pisos vacíos de grandes tenedores del municipio.
4. Identifiquen claramente todas las necesidades de vivienda del municipio.
5. La Mesa de emergencia debe reducir inmediatamente las esperas y ofrecer una vivienda alternativa antes del desahucio.
6. Facilitar el empadronamiento en el municipio de todas las personas que viven, sea cual sea la su situación de tenencia regular o no de la vivienda.
7. Sancionar los cortes ilegales de suministros básicos.
8. Facilitar contadores «solidarios» de los suministros a aquellas personas y familias vulnerables que tienen dificultades para acceder.
9. Que las oficinas locales de vivienda sean un espacio de referencia cercano donde las personas encuentren asesoramiento de calidad y apoyo en la tramitación de gestiones de todos los aspectos relacionados con la vivienda (acceso, prevención de la pérdida, gestión del parque de vivienda, ayudas …)

Las entidades del Grupo Promotor (PAH, APE y Observatorio DESC) estaremos pendientes y movilizadas para evitar los desahucios, para que no haya ningún desahucio sin su correspondiente multa de hasta a 90.000 euros, para que los grandes tenedores cedan sus viviendas y para que las administraciones públicas protejan efectivamente a las personas con su realojo digno, y garanticen su derecho a la vivienda ..

Recordemos que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa legislativa popular (ILP), que se pone en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas deben cambiar, a las que ya no están pero nos dan fuerza para seguir batallando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Exigimos sanciones a los grandes tenedores para no hacer la oferta de alquiler social a las familias y la aplicación total y inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña. Entenderemos, sino, que los Ayuntamientos y la Generalitat son cómplices, de los casi 50 desahucios que se producen cada día en Cataluña porque no están haciendo todo el esfuerzo posible para detenerlos., Más ahora, con la ola de desahucios que ha llegado después de la reapertura de los Juzgados el 4 de julio, después de que acabara el primer estado de alarma.

La Ley 24/2015 para desahucios. ¡Ahora es necesario que los Ayuntamientos la hagan cumplir! ¡Es cuestión de voluntad política y no pararemos hasta conseguir que se garanticen nuestros derechos y se haga cumplir la Ley!

¡Sí se puede!