Porque no lo dice solo la PAH, Naciones Unidas nos da la razón. #ViviendaPorDerecho es un paso más en nuestro recorrido para lograr se hagan efectivas las exigencias que llevamos años demandando y recordar al Gobierno PSOE -Unidas Podemos que deben dar un paso al frente y ponerse del lado de las familias, garantizarles un hogar y empezar a ejercer en función a los compromisos adquiridos en los últimos años cuando estaban en la oposición.

Hoy 25 de febrero, presentamos #ViviendaPorDerecho, nueva campaña para presionar al Gobierno y lograr, de una vez por todas, acabar con los desahucios y combatir la emergencia habitacional. Desde que estalló la crisis en 2008, vivimos en un Estado de emergencia que ya se ha cobrado 1.002.000 desahucios. Con esto hablamos del mayor ataque contra el derecho universal a una vivienda digna, un derecho que no solo contempla Naciones Unidas, también está recogido en nuestra Constitución.

Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, se siguen produciendo 198 desahucios al día. Una situación alarmante, que requiere de medidas urgentes e inmediatas por parte del Gobierno. Desde la PAH llevamos más de una década denunciando la situación y poniendo sobre la mesa propuestas legislativas para cambiar las reglas del juego y velar por los intereses de las familias y no los intereses del sistema financiero.

Con la Ley Vivienda PAH aprobada en el Congreso el 18 de septiembre de 2018, estuvimos cerca de lograrlo y solo el bloqueo sistemático del Partido Popular y Ciudadanos impidieron su debate y resolución. Ha llegado el momento de recordar a PSOE y Podemos, que deben dar un paso al frente real para pasar de las palabras a los hechos gobernando por las familias y el Derecho a la Vivienda.

Las consecuencias de la crisis siguen afectando a miles de familias que se ven incapaces de cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el poder mantener su hogar o la de poder acceder a una vivienda. La burbuja inmobiliaria instada por la banca, la mayor parte rescatada con fondos públicos, y la especulación que no cesa de Fondos Buitre y sus Socimis, han generado una auténtica emergencia habitacional. Muchas familias se encuentran, en nuestras ciudades y pueblos, sin casa o con dificultades para poder acceder o mantener una vivienda adecuada y, al mismo tiempo, existen miles de viviendas vacías.

Esta situación, agravada por altas tasas de paro, precariedad y una muy insuficiente protección de derechos de la ciudadanía, que se constata con el bajísimo porcentaje del 1,5% de vivienda pública asequible en alquiler. Recientemente el relator de Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Philip Alston, ha denunciado la inquietante situación de la pobreza y de la crisis de la vivienda, insistiendo en que es una opción política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla. 

El pasado viernes, la PAH nos reunimos con el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y cual fue nuestra sorpresa al constatar que a pesar de reconocer que estamos ante un problema de Estado, el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, no estaba trabajando ni había contemplado tratar la situación de manera inmediata. Ante esta situación de extrema urgencia y teniendo más claro que nunca, que sin la presión social el Gobierno no se mueve, arrancamos la campaña #ViviendaPorDerecho. Una campaña que surge de la necesidad de recordarle al actual Gobierno su responsabilidad hacía las familias, que tengan consciencia de su papel como culpables directos de los 198 desahucios que se producen diariamente. Hoy se cumplen 42 días de Gobierno y nuestro contador de la vergüenza ya indica 8.316 desahucios en este periodo.

Ante esta realidad, en que todo está por hacer, la PAH iniciamos nueva campaña de presión política para actuar y frenar el drama de los desahucios de manera inminente, tal como dictan los dictámenes y tratados internacionales de Naciones Unidas. Dictámenes que dejan muy claro que no puede haber un solo desahucio sin alternativa habitacional garantizada. A raíz de su incumplimiento, España acumula tres condenas en el Comité DESC de NNUU por vulneración del Derecho a la Vivienda, que, además, ha dado a España un plazo que expira el próximo 30 de abril. Tenemos 160 casos más en el Comité, que pueden hacer de España un país coleccionista de condenas por violación de Derechos Universales.

Es evidente que necesitamos cambiar las reglas del juego y conseguir una Ley de vivienda que garantice a todo el mundo poder mantener y acceder a un hogar. Pero para ello, sabemos mejor que nadie la dificultad de llevar esto acabo, primero hay que combatir la situación de extrema urgencia, generada ya por la finalización de la moratoria de lanzamientos hipotecarios el próximo mes de mayo. Para ello nuestras principales exigencias para que se hagan efectivas antes de la finalización de los 100 primeros días de Gobiernos, son

• La promulgación de un Real Decreto que incluya prórroga de la moratoria y suspensión de todo desahucio, ya sea por impago de hipoteca, de alquiler u ocupación, promovido por grandes tenedores de vivienda a familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional adecuada, junto con una renovación de los alquileres sociales firmados con entidades financieras y fondos de inversión.

• Establecimiento urgente de mecanismo de interlocución entre la PAH y resto de organizaciones sociales con el Gobierno, que incluya todos los Departamentos que tienen competencias en materia de vivienda y Derechos Humanos, para desarrollar el derecho a una vivienda digna y una futura Ley de Vivienda.
• Que el Gobierno adopte las medidas necesarias para cumplir fielmente el contenido de los dictámenes del Comité DESC de NNUU.

Sabemos que es posible hacer realidad nuestras demandas. Lo hemos demostrado en Catalunya, no solo ganando una ley como la 24/2015, también logrando ampliarla recientemente a través del Decreto 17/2019. Hablamos de una ley que ya es un referente en toda Europa y que, por sentido común y justicia, debería ser aplicada en todo el Estado. En el año 2016, tanto PSOE como Podemos, se comprometieron por escrito a extender la 24/2015 a todo el territorio, si alguna vez llegaban a gobernar. El momento ha llegado, siendo la hora de pasar de las palabras a los hechos y demostrar que están a la altura de ser el Gobierno Progresista que nos quieren vender. Porque ponerse del lado de la ciudadanía estando en la oposición es fácil, pero lo difícil es hacerlo estando en el poder.

Decimos basta a que nuestros hogares sean simple mercancía de especulación para bancos e inversores extranjeros. Seguiremos en las calles, movilizadas, porque lo pide la ciudadanía, lo exige la ONU y porque ya toca ganar #ViviendaPorDerecho.

El pasado 1 de febrero de 2020, Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y derechos humanos visitó la PAH de Barcelona para conocer la realidad de la emergencia habitacional que sufrimos de primera mano. Durante el encuentro tuvo la oportunidad de compartir experiencias y conversar con las families que participan de la PAH para conocer su realidad.

A la espera de hacer público el informe definitivo que se hará hacia junio de este mismo año, Philip Alston ha hecho públicas sus primeras valoraciones que podéis consultar desde este enlace. A continuación compartimos las que hacen referencia a la vivienda:

«Las autoridades no pararon de repetir el estribillo de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza. Pero eso hace aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el derecho a la vivienda. Según la fundación FOESSA, el 24% de la población se enfrentó a la “exclusión de la vivienda” en 2018 y 4,6 millones de personas vivían en viviendas que no reúnen las condiciones adecuadas.49 La situación ha empeorado tanto que una organización con la que me reuní ha recurrido a celebrar más de 200 asambleas de vivienda en todo el país cada semana para compartir información y consejos colectivos sobre cómo navegar el laberinto de los desafíos de la vivienda.

Los precios de la vivienda siguen subiendo a tasas alarmantes. La asequibilidad del mercado de alquiler privado se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con más del 38% de los inquilinos privados que pagan precios de mercado sobrecargados por los costes del alquiler.50 El Banco de España halló que el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado más del 50% entre 2013 y 2019,51 mientras que los salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la última década.52 España también ha sido criticada por permitir que las empresas de capital privado e inversión compren viviendas asequibles y para personas de bajos ingresos e incrementen sustancialmente el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares.53 Visité un bloque de viviendas en las afueras de Madrid donde los vecinos me contaron que, de la noche a la mañana, les habían duplicado el alquiler, como resultado de una decisión del Gobierno madrileño de vender vivienda social a gran escala al fondo Blackstone.

La subida de los precios de la vivienda se ha visto acompañada por tasas sorprendentes de desalojos: el número anual de desalojos aumentó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, con un total de 712.723 desalojos entre 2006 y el tercer trimestre de 2019.54 Sin embargo, se trata de una imagen incompleta que no tiene en cuenta los desalojos de ocupantes ilegales ni el número total de personas afectadas.

A pesar de la evidente necesidad, la vivienda de alquiler de bajo coste es casi inexistente en España. En 2018, solo el 2,7% de la población alquilaba viviendas por debajo del precio del mercado.55 Housing Europe estima que la vivienda social en España comprende el 2,5% del stock nacional de viviendas ocupadas, en comparación con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 17,6% en el Reino Unido y 16,8% en Francia.56 La construcción de viviendas nuevas públicas se ha desplomado: de 63.900 nuevas unidades construidas en 2008 a 2.737 en 2018.57 Mientras tanto, el último censo nacional de viviendas (2011) encontró 3,4 millones de viviendas vacías y Housing Europe calcula que había 3,8 millones de viviendas vacías en 2017.58

Las estadísticas sobre la falta de vivienda son extremadamente limitadas, pero se estima que había entre 27.500 y 33.000 personas sin hogar en 2015,59 y FOESSA estima que otros dos millones de personas corren el riesgo de quedarse sin hogar.60 Pero la respuesta política es confusa. Por ejemplo, en Extremadura, un funcionario me contó que “no tienen a personas sin hogar”. Las políticas preventivas son “prácticamente inexistentes”,61 y hablé con personas sin hogar que enfatizaron las serias dificultades que tenían para acceder a los servicios sociales sin una dirección permanente, lo que impide que aquellas personas que están en las situaciones más precarias obtengan el apoyo al que tienen derecho. En 2015, entre las personas sin hogar, el 19,8% no tenía tarjeta sanitaria, incluido un 32,7% de personas extranjeras.62 Las comunidades autónomas deberían corregir urgentemente esta situación, implementar un enfoque de Vivienda Primero y buscar estrategias preventivas que enfaticen la intervención y el apoyo antes de que la gente se vea abocada a la calle.

Además, en 2018, casi el 10% de la población de España no podía permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y las personas se veían forzadas a elegir entre calentar sus hogares o alimentar a sus hijos e hijas. España debería ampliar el acceso a lossubsidios para pagar los servicios públicos, y garantizar que no se corte el suministro a las familias vulnerables. La ley de Cataluña sobre la pobreza energética, resultado de la continua movilización en materia de vivienda, es un paso en la dirección correcta.

Después de que tantas personas en ciudades clave de España enfatizaran la gravedad de la crisis inmobiliaria y tras mis conversaciones con funcionarios del gobierno nacional, me preocupa que exista un profundo desajuste entre las necesidades y las respuestas políticas que se están contemplando. Nadie duda de que se requieren medidas urgentes. Un Plan Nacional de Vivienda 2018-21 incluye la construcción de 20.000 unidades de vivienda pública durante cuatro años,63 pero eso está muy lejos de cubrir las necesidades. Las nuevas leyes que aumentan la duración mínima de los contratos de alquiler y condonan la deuda de la vivienda en caso de ejecución hipotecaria o embargo son un paso en la dirección correcta, aunque esta última medida debería aplicarse retroactivamente. España debería tomar medidas enérgicas para aumentar sustancialmente la disponibilidad de viviendas de bajo coste, pero eso no aliviará la situación durante varios años. De manera similar, partiendo de numerosas experiencias en el pasado, la propuesta de dependencia significativa de las Asociaciones Público Privadas probablemente beneficiará a las clases medias, pero no a las más dramáticamente afectadas. Si bien en Barcelona se han adoptado controles sobre los alquileres, siguen siendo controvertidos a nivel nacional y los funcionarios con los que hablé no les dieron mucha importancia. Esto me parece un error. La experiencia en París, Berlín y un número creciente de ciudades en Estados Unidos indica que los sistemas de estabilización de los alquileres pueden funcionar bien, siempre que estén cuidadosamente diseñados para evitar la torpeza y la inflexibilidad de programas ideados hace décadas en circunstancias muy diferentes.64

El Gobierno también debería dar contenido sustancial al derecho a una vivienda digna. A pesar de su reconocimiento constitucional y las protestas a favor de este derecho, toda la información disponible me lleva a la conclusión de que actualmente el derecho a la vivienda está vacío de contenido y carece de importancia. Si bien no se puede hacer justiciable sin una enmienda constitucional, hay muchas maneras de tomar medidas administrativas para convertirlo en un concepto significativo en la configuración de las leyes y políticas de vivienda.»

Desde la PAH llevamos más de 10 años luchando contra una emergencia habitacional crónica, tenemos claro que hacen falta leyes valientes para hacer valer nuestro derecho a la vivienda y no desfalleceremos hasta conseguirlo. Exigimos que se tengan en cuenta las valoraciones de Naciones Unidas y que de una vez por todas se dejen de vulnerar nuestros derechos.

#SiSePuede

Visita de Philip Alston a la PAH

Una vez convalidado en el Pleno del Parlamento de Cataluña el nuevo Decreto Ley 17/2019 exigimos su correcto cumplimiento a los grandes propietarios, juzgados, ayuntamientos de toda Cataluña y a la Generalitat.

Hoy 5 de febrero de 2020, el pleno del Parlamento de Cataluña ha convalidado el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, aprobado a finales de diciembre por el Gobierno de la Generalitat, que amplía las medidas de la Ley 24/2015, adaptándola a las nuevas caras de la emergencia habitacional.

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 tenemos claro que las nuevas coberturas alcanzadas no habrían sido posibles sin la presión de las entidades sociales que trabajamos por el derecho a la vivienda. Desde 2015 que conseguimos aprobar por unanimidad la Ley en el Parlamento, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular, hemos defendido su cumplimiento y hemos conseguido parar miles de desahucios y cortes de suministro indiscriminados en Cataluña. Al mismo tiempo, los últimos años hemos seguido luchando para ampliar la cobertura y proteger cada vez más a las familias en situación de vulnerabilidad. Hemos conseguido hacer de la Ley 24/2015 una ley pionera y valiente en el ámbito del derecho a la vivienda, tanto en el ámbito autonómico como estatal e internacional. La ampliación convalidada hoy en el Parlamento de Cataluña es otro paso importante contra la emergencia habitacional que padecemos.

Las medidas del nuevo Decreto Ley contemplan aspectos tan importantes como:

• Renovación a 7 años de los miles de alquileres sociales firmados al amparo de la Ley 24/2015 por 3 años a partir de 2015, que caducan ahora o que finalizan en el futuro.
• Protección ante desahucios por extinciones de contrato de familias en exclusión residencial en viviendas de grandes tenedores, ampliando a estos casos las ofertas obligatorias de alquiler social.
• Alquiler social de 7 años para familias en exclusión residencial que se han quedado en la vivienda, sin título, después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca o alquiler de gran tenedor, o que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de grandes tenedores personas jurídicas, siempre que lleven al menos 6 meses en la vivienda (desde el 23 de junio de 2019) y tengan un informe social favorable.
• Todos los nuevos alquileres sociales deberán respetar los plazos de la LAU, ampliando los 3 años de 2015. Por lo tanto, tendremos 10 años (3+7) de protección para los que ya existen, y 14 (7+7) para los que se firmen a partir de ahora. En el caso de viviendas que sean propiedad de personas físicas, el período de protección podrá llegar a los 10 años (5+5).
• Se fija por ley el precio de la cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a un 40% del precio de la vivienda de protección oficial. Hasta ahora no se podía aplicar esta herramienta de movilización de vivienda vacía porque el Estado había retirado el recurso que pesaba sobre el artículo 7 de la Ley 24/2015, poniendo como condición que se definiese objetivamente un precio. Ahora se podrá obligar a los bancos y fondos buitre a ceder los pisos vacíos para alquiler social a precios por debajo del mercado (piso de 65 m² en Barcelona de 150 a 200 €).
• Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas físicas con más de 15 viviendas y por tanto protegerá más arrendatarias con amenaza de desahucio.
• Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple.

Nuestra lucha, sin embargo, no termina aquí. Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Seguiremos exigiendo un Plan de choque contra la emergencia por parte de las administraciones competentes, que contemple medidas valientes como la puesta a cero de la lista de espera para acceder a un piso de la Mesa de emergencia, que actualmente es de casi dos años, con 2.500 familias a la espera, y que se movilicen los miles de viviendas vacías de la banca y fondos de inversión para destinarlos a vivienda social. 

Recordemos que en Cataluña hay 49 desahucios al día según datos del Consejo General del Poder Judicial, y continúa liderando este ranking de la vergüenza en el conjunto del Estado español. Datos escandalosos que por otro lado no tienen en cuenta todos aquellos desahucios invisibles de familias que han decidido marcharse por su cuenta previamente al desahucio, ni todas aquellas que viven en una vivienda en situación de ocupación en precario.

Ya no hay excusas. Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y las entidades que formamos parte, el Observatorio DESC, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, exigimos de ahora en adelante el correcto cumplimiento, tanto a los grandes propietarios como a los juzgados, a los ayuntamientos de Cataluña y a la Generalitat. Hemos creado toda una serie de Documentos Útiles para exigir el cumplimiento de la Ley y los hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía en nuestra página web para que todas puedan hacer efectivo el correcto cumplimiento de sus derechos. La Ley 24/2015 es una herramienta que avanza en la protección de nuestro derecho a la vivienda y no vamos a permitir que ningún interés de los grandes especuladores ni de los lobbies financieros pase por delante de nuestros derechos.

¡Estaremos vigilantes!

Quedan menos de 2 meses para que finalice el plazo de recogida de firmas para lograr 1 millón de firmas en toda Europa y poder llevar la petición a la Comisión Europea para su aprobación. En España necesitamos recoger un mínimo de 40.500 firmas y aún nos falta la tuya

Europa está viviendo una grave crisis de vivienda, tratada cada vez más como una mercancía especulativa y no como un Derecho Humano, tal como dictamina Naciones Unidas. Los precios se disparan y muchas nos vemos obligadas a cambiar de barrio o ciudad por no poder asumirlos. Unos precios que, en aproximadamente 82 millones de hogares, ya se comen más del 40% de los ingresos, lo que provoca que cada día sean más las familias que pierden su casa por no poder afrontar el coste de la vivienda.  En España sufrimos una media de casi 60.000 desahucios anuales, de los cuales el 67% ya son por impago de alquiler.

En este contexto, necesitamos una respuesta coordinada, desde distintos países, para conseguir herramientas que nos permitan avanzar en el derecho a la vivienda.

 ¿En qué consiste esta Iniciativa Ciudadana Europea?

«Vivienda para todas y todos» es un llamamiento a los países europeos para que prioricen la inversión en vivienda y den un paso adelante en la creación de vivienda asequible, pública y social, incorporando las siguientes medidas en el marco legal y financiero:

1. Mejorar el acceso y ayudas a la vivienda social en la Unión Europea.
2. No aplicación de los criterios de Maastricht a la inversión pública en vivienda.
3. Mejor acceso a financiación de la Unión Europea para promoción de vivienda pública y sin ánimo de lucro.
4. Adoptar una normativa europea básica para los alquileres de corta duración, mientras se amplía el número de viviendas asequibles.
5. Elaboración de estadísticas oficiales sobre las necesidades de vivienda en Europa.

La situación en España

España cuenta con la décima parte de la vivienda pública que otros países de su entorno (1,5% frente a una media del 15%). Esto no es accidental, es fruto de la apuesta por un modelo insostenible de propiedad y vivienda protegida de venta, que pasados unos años se volvía a recalificar y pasaba de ser vivienda protegida –más barata– al mercado privado donde poder especular con ella.

Cerca de 1.002.000 de familias han sufrido un desahucio desde 2008, en muchos casos sin alternativa habitacional por parte de las administraciones públicas debido a la escasez de vivienda social. Por ello, esta Iniciativa europea se acompaña con las siguientes demandas a nivel interno:

1. Crear un parque de vivienda social y asequible de alquiler o cesión de uso de un 15% en 10 años y un 30% en 20 años.

• Incorporar al parque de vivienda social las viviendas de Bankia y la SAREB.
• Recuperación de los 77.000M€ del rescate bancario, vía impuesto a las entidades financieras para destinarlo a vivienda pública, social y asequible.
• Obligar a grandes propietarios a destinar el 30% de nuevas construcciones o rehabilitaciones integrales a VPO en zonas con demanda de vivienda.

2. Asegurar un alquiler estable y asequible.

• Permitir a los ayuntamientos regular los precios del alquiler con base en el poder adquisitivo de la ciudadanía.
• Renovación automática de los contratos con actualización de renta limitada, salvo incumplimiento del inquilino/a o por necesidad de la vivienda del arrendatario/a.

3. Priorizar la vivienda pública de alquiler, así como colaborar y financiar entidades sociales, cooperativas de vivienda en cesión de uso y otros operadores sin ánimo de lucro.

Esta iniciativa está en la línea de lo expuesto por Leilani Farha, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, en su reciente informe, en el que da las directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho de no discriminación a este respecto. El informe se centra en los requisitos fundamentales para ofrecer respuestas eficaces a los nuevos desafíos, basadas en los derechos.

La Relatora refuerza nuestros argumentos cuando remarca que los promotores e inversores privados ejercen actualmente un dominio sin precedentes de los sistemas de vivienda, separando a menudo a esta última de su función social y tratándola como una mercancía para la especulación. La actual crisis mundial de la vivienda no tiene comparación con ninguna otra crisis anterior de ese tipo. No la ha causado una disminución de los recursos ni una desaceleración económica, sino el crecimiento económico, la expansión y la creciente desigualdad. La vivienda se ha convertido en un impulsor clave de la creciente desigualdad socioeconómica. Argumentos más que suficientes para lograr los objetivos marcados por esta Iniciativa Ciudadana que solo necesita las firmas necesarias para hacerse realidad.

Desde la PAH, como miembros del grupo promotor de la Iniciativa y como defensores del Derecho a la vivienda, hacemos un llamamiento social para que el enlace de firmas online llegue a cada hogar, para lograr más medidas para que nadie se quede sin él o para poder acceder a uno, facilitando nuevos proyectos de vida bajo un techo asequible, digno y duradero.

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