Archivo anual octubre 22, 2020

A raíz de la nota de prensa por parte del Tribunal Supremo (TS) a 21 de octubre de 2020

En lo que refiere a las manifestaciones de este organismo jurisdiccional, que es la cúpula del Poder Judicial a nivel nacional, desde la Comisión de IRPH de PAH Catalanas nos corresponde apreciar las siguientes consideraciones:

1. Que la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, establece que: “el consumidor se encuentra en una situación de inferioridad respecto al profesional”. Por lo tanto, el nivel de información y comprensión exigido no son un capricho, sino un requisito legal.
2. Que las últimas reformas legislativas en materia de protección de la persona consumidora, especialmente a nivel europeo, ponen de manifiesto que la banca ha realizado malas prácticas durante muchos años sin ningún tipo de
   consecuencias.
3. Que se intenta nuevamente desacreditar los recursos que llegan al Tribunal Supremo, y este pretende defender que cada caso de IRPH es diferente, cuando las condiciones son comunes y muy conocidas por todo el mundo. Estas se resumen en una falta de información e imposición del índice IRPH, por parte de las entidades financieras versus las personas consumidoras más desfavorecidas.
4. Resulta curioso que el Tribunal Supremo haya modificado el anterior discurso, cuando en 2017 (1) argumentaba que la presencia del índice IRPH en el BOE era suficiente para superar el control de transparencia. Si bien, ahora se nos manifiesta abiertamente que en los recursos anteriores apreció falta de transparencia.
5. Que también sorprende, que de no haber facilitado la evolución histórica del índice IRPH en los últimos dos años, previos a la contratación, ahora se nos dice que es suficiente para estimar falta de transparencia. No acabamos de entender los dos años, ¿y por qué no 3, 5 o 10? ¿O quizás es por el hecho de que habría peligro de que el consumidor, en series más largas de tiempo, pudiera apreciar las cosas más claras? ¿Tiene sentido firmar un producto a 30 y 40 años, y solo observar la evolución de los últimos dos años? Aun así, creemos firmemente que muy pocas personas
   consumidoras contaban con esta información.
6. Que de cara a la galería se tiene que blanquear la actitud del mismo Tribunal Supremo, y por este motivo se nos dice burlescamente que: “ha seguido la jurisprudencia del TJUE” . Y pese afirmar que no supera el control de transparencia, el Tribunal se queda tan ancho al declarar que no estiman que exista abusividad. Tampoco es nada nuevo, España es conocida por contradecir las sentencias a nivel europeo y preguntar 50 veces lo mismo al TJUE.
7. Que las tácticas del Tribunal Supremo, siendo consciente que el TJUE dará la razón a las personas consumidoras, pasan por evitar que la cláusula IRPH pueda ser declarada nula y expulsada de los contratos, y en especial evitar cualquier actuación que pudiera afectar de forma masiva.
8. Que las maniobras realizadas por el Tribunal Supremo solo buscan ganar tiempo y seguir dejando miles de cadáveres por el camino, personas sin hogar y deudas impagables, al margen de los infiernos y dramas familiares que esto implica.
9. Que tampoco nos sorprende la decisión. Pues este Tribunal Supremo, es el mismo que en 2018 (2), con una actuación propia de una película americana, de un día para otro se retractó y decidió que el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) lo pagaban las personas consumidoras, justo lo contrario de lo que se establece hoy con el decreto actual.
10. Que en un Tribunal Supremo de color monolítico, supone una brizna de esperanza observar cómo jueces valientes van contracorriente. Tanto por Francisco Arroyo Fiestas, que mantiene su voto discrepante, como por el exmagistrado Javier Orduña Moreno, que en su momento abrió camino en la causa de las cláusulas suelo y posteriormente también lo hizo con el IRPH. Aun así, estos escasos aguerridos se enfrentan a un sistema que los aparta cuando molestan, ya sea mediante presiones o aprovechando que su tiempo laboral se acaba.
11. Que contemplamos impotentes y atónitas el rifirrafe del poder del Tribunal Supremo, pero que mientras tanto miles de familias sufren las consecuencias de las decisiones que se siguen tomando en este organismo.
12. Que el hecho de reconocer que el índice IRPH iba acompañado de abusividad, implicaría consecuencias económicas que el lobby bancario no está dispuesto a aceptar. Queda claro que los intereses de unos pocos pasan por encima de los de una mayoría.
13. Que igualmente compartimos la visión por parte de las compañeras de IRPH STOP GIPUZKOA, y sus voluntarios Maite Ortiz y José María Erauskin, y que si hoy estamos aquí es gracias a ellas.

Nosotras somos más, y tenedlo por seguro que ¡ACABAREMOS CON EL IRPH!

¡¡¡SEGUIMOS!!!

La PAH denunciamos el desmesurado despliegue de Mossos, así como la actitud de la comitiva judicial

Exigimos además, las sanciones correspondientes a Norvet por mantener vivienda vacía y por no ofertar los correspondientes alquileres sociales

Hoy han ejecutado el desahucio previsto en el bloque Aragó 477 con un despliegue policial desproporcionado y sin importar que en el edificio había una menor en cuarentena por COVID-19.
Desde la noche anterior algunas compañeras de la PAH de Barcelona hemos estado en el bloque para acompañar a las familias, y desde primera hora de la mañana más compañeras, junto a grupos de vivienda de la ciudad, han ido llegando para dar apoyo a las 4 familias. Finalmente el desalojo se ha producido, incumpliendo Norvet de esta manera la Ley 24/2015, negándose a ofrecer alquileres sociales a las familias.

Desde la PAH queremos denunciar que:

• La actitud de la comitiva judicial que ha asistido al desahucio no es profesional y se posiciona claramente a favor del fondo de inversión Norvet. No es la primera vez que esta comitiva actúa de esta manera, no escuchando a las familias vulnerables, ni a los recursos jurídicos interpuestos, ni al propio Ayuntamiento. Para nosotras esta actitud no se puede permitir nunca, pero menos en una situación de pandemia, donde nos dicen que nos quedemos en casa pero a la vez nos la están arrebatando.
• En segundo lugar, exigimos la dimisión de Miquel Samper, Consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya, ante el desproporcionado despliegue policial, enviando 12 furgones de Mossos para desalojar a 4 familias vulnerables, que, además, parece ser una tónica habitual en los últimos meses.
• Y en tercer lugar, exigimos al Ayuntamiento de Barcelona las 4 sanciones anunciadas ayer por tener viviendas vacías, y las otras dos sanciones más por no ofertar el alquiler social a familias vulnerables y desahuciarlas. Es importante que se ponga toda la maquinaria para hacer cumplir las leyes que la ciudadanía ha conseguido llevar al Parlament de Catalunya y hacer de una ley una herramienta para erradicar los desahucios. ¡Exigimos ya las sanciones correspondientes!

Por último, decir que en la PAH no nos rendimos, y frente a esta vulneración del derecho a la vivienda nos tendrán enfrente. Las familias de Karima, Antonio, Mariela y Angy podrán dormir y descansar hoy en un realojo que hemos conseguido con Servicios Sociales.

Hoy hemos luchado por nuestra dignidad, por solidaridad, por nuestras casas robadas y entregadas a los poderosos. Quizás hemos caído, pero no nos hemos rendido, ni hoy, ni nunca; cada día seguiremos luchando para que lo de hoy no vuelva a ocurrir nunca más.

#Arago477SeQueda

Fotografia destacada de AXL

Norvet pretende desahuciarlas el próximo 15 de octubre incumpliendo la legislación vigente y no ofreciéndoles el alquiler social que les corresponde.

La PAH exigimos la implicación del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat para hacer cumplir la Ley e iniciar los expedientes sancionadores.

El próximo 15 de octubre, el fondo buitre Norvet quiere desahuciar a cuatro familias de PAH Barcelona ¡y no lo conseguirá! Mariela, Antonio, Karima y Angi viven en el Bloque Aragó 477, un edificio en el que PAH Barcelona, mediante la campaña de la Obra Social de la PAH, recuperó seis viviendas el 3 de julio del 2017 para acoger familias vulnerables. 6 familias que habían sido desahuciadas y privadas del acceso a la Mesa de emergencia de Barcelona mientras que los fondos de inversión compraban y expulsaban a las vecinas sin ningún miramiento. Durante este tiempo desde la PAH de Barcelona hemos estado exigiendo a Norvet soluciones batallando contra toda clase de acoso que han vivido las familias durante estos años. A partir de las denuncias en el Ayuntamiento de Barcelona, porque Norvet estaba haciendo obras sin permiso, se abrió una vía de negociación para conseguir un realojamiento para las familias. Durante este tiempo 2 familias que estaban en la mesa de emergencia de Barcelona han sido realojadas y se consiguió un compromiso por parte de Norvet de que cederían 4 de los centenares de pisos que tienen en la ciudad para realojar las otras familias vía alquiler social. Este compromiso nunca llegó a materializarse. En 2019 Norvet inició la denuncia para desahuciar a las familias y ahora nos ha llegado la orden de desahucio.

Familias como la Karima que después de vivir 16 años en un local, en el cual tenía su actividad comercial y habilitó y reformó como vivienda, la echaron junto con sus dos hijos menores sin ninguna alternativa. O Antonio y su hijo, caso muy similar, que después de vivir en un local adaptado a vivienda vio cómo, al disminuir drásticamente sus ingresos, la propiedad lo echó también y se vio durmiendo en el coche hasta que se acercó a la PAH. Mariela por su parte, con tres hijos, dos de ellos menores, vivía en una habitación realquilada de la cual tuvo que marcharse por falta de ingresos. Al verse en la calle junto a sus tres pequeños no vio más salida que ir a vivir también en Aragón 477. Y Anyi, madre soltera, que también se vio en la calle después de vivir en un piso compartido en el cual la otra parte dejó de pagar y fueron desahuciados.

Todos ellos son casos en los cuales la administración ha dado la espalda, no pueden optar en un piso de la mesa de emergencia al no haber sufrido un desahucio de una vivienda, puesto que que provienen de locales o de habitaciones realquiladas. Situaciones como estas llevamos tiempos denunciándolas desde la PAH. Es necesario ampliar los requisitos de acceso a la mesa de emergencia para que tenga en cuenta la realidad de las familias y de la emergencia habitacional. Mientras tanto, la ocupación de pisos de grandes bancos y fondos buitre es de las pocas alternativas para estas familias.

Con la victoria del Grupo Promotor de la Ley 24/2015 que conseguimos el pasado diciembre de 2019 ya no hay excusas para que Norvet no haga alquileres sociales a las 4 families ni para que el Ayuntamiento de Barcelona los multe hasta 360.000 € por no hacer la oferta de alquiler social.

Además, el pasado diciembre 2018 se consiguió un hito importantísimo en la ciudad de Barcelona que fue la aprobación de la medida del 30%, es decir, que a partir de 2019 toda nueva construcción y gran rehabilitación, como es el bloque de c/ aragó 477, tendrá que destinar el 30% a vivienda de protección oficial. Es por eso, que exigimos también la aplicación de esta medida en el edificio y que en mínimo de 8 de los 28 pisos sean destinados a alquiler asequible.

Ahora mismo tenemos herramientas para hacer frente a los desahucios y conseguir soluciones para las familias que tuvieron que ocupar. Exigimos el cumplimiento íntegro de la Ley y no pararemos hasta conseguirlo

Convocamos a toda la ciudadanía a parar el desahucio el 15 de octubre y continuar batallando para exigir los alquileres sociales a Norvet!

¡Sí se puede!