Archivo mensual mayo 28, 2021

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Junio 2021

Contador desahucios mes: 13

Contador total 2021: 78

Parados 3
Suspendidos 10
Entrega llaves
Realojo
Ejecutados

Desahucios por hipoteca

Lunes 21
Demandante:  Llogatalia SUSPENDIDO
Dirección: C/Pla de Fornells, 23, Barcelona

Desahucios por alquiler

Lunes 14
Demandante:  Llogatalia SUSPENDIDO
Dirección: C/Teniente Flomesta, 37, Barcelona

Martes15
Demandante:  SUSPENDIDO
Dirección: C/Bòbiles, 72, Hospitalet de Ll.

Miércoles 16
Demandante:  Budmac PARADO
Dirección: C/Príncep de Viana, 5, Barcelona

Miércoles 16
Demandante:  SUSPENDIDO
Dirección: C/Carretes, 49, Barcelona

Jueves 17
Demandante:  SUSPENDIDO
Dirección: C/Cantabria, 3, Barcelona

Desahucios por ocupación

Miércoles 2
Demandante:  UCI PARADO
Dirección: C/Riera Blanca, 71, Barcelona

Jueves 3
Demandante:  SAREB SUSPENDIDO
Dirección: Rambla de Fabra i Puig, 6, Barcelona

Jueves 3
Demandante:  Avir Investments 2016 SUSPENDIDO
Dirección: C/Sidó, 7, Barcelona

Lunes 7
Demandante:  SUSPENDIDO
Dirección: C/Sant Gil, 7, Barcelona

Martes 8
Demandante:  Coral Homes SUSPENDIDO
Dirección: Escales Bellavista, 7, Barcelona

Lunes 14
Demandante:  PARADO
Dirección: C/Sants, 97, Barcelona

Viernes 18
Demandante:  SAREB SUSPENDIDO
Dirección: C/Burgos, 68, Barcelona

PorPAH_Bcn

La mayoría del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprueba una moción en favor de la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda

Hoy viernes 28 de mayo, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Barcelona aprueba una Moción en favor de la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda, ante la inminente Ley por el Derecho a la Vivienda que está preparando el Gobierno del Estado, considerando que la nueva ley debe proteger y garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda en todo el territorio.

Tras una ronda de encuentros con los grupos municipales, la moción presentada tiene el apoyo de ERC, Barcelona en Comú, PSC y Junts. Por su parte, Barcelona pel canvi, Ciutadans y PP no la apoyarán.

Desde las entidades llevamos años exigiendo cambios legislativos que garanticen el derecho a la vivienda a la ciudadanía. Durante este tiempo, las entidades sociales hemos demostrado que las demandas de la calle pueden ser llevadas a las instituciones y aprobarse cambios legales importantes, que serían impensables sin los movimientos sociales que hemos impulsado las medidas.

Es patente que nuestra ciudad tiene carencias en políticas de vivienda. Desde la ciudadanía vemos cómo tenemos una oportunidad de legislar en el ámbito estatal, poniendo por delante el cuidado de las vecinas y vecinos de las ciudades de todo el territorio español y legislar para dejar atrás la curva de los desahucios que hace tantos años que nos acompañan.

Desde las entidades tenemos claro que es necesaria la implicación de todas e ir a una para poder hacer llegar nuestra voz al Gobierno del Estado. Y que en la Ley por el Derecho a la Vivienda que se está elaborando incorpore las demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y los Derechos Humanos.

Hoy queremos hacer llegar al Gobierno del Estado que escuche a la ciudadanía e incorpore las medidas que pueden dejar atrás los desahucios.

A continuación compartimos el texto íntegro de la moción:

Propuesta de moción municipal de apoyo a la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno está preparando la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda. El borrador entrará en el Consejo de Ministros de manera inminente y se remitirá inmediatamente al Congreso para su debate y aprobación. Después de 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, consideramos que la nueva Ley debe proteger y garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda en todo el territorio. Y en este sentido ha de suponer un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental.

La crisis habitacional es innegable: más de 32.000 personas sufriendo sin hogar; 12 millones de personas en riesgo de exclusión social; más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el tercer trimestre de 2020, muchos de ellos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos, sin importar que hubiera menores o personas mayores dependientes.

En el Estado español, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos; y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden constituirse. De hecho, únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable.

En España las viviendas sociales representan un 2,5% del parque de viviendas principales, nada que ver con los porcentajes de algunos países europeos de nuestro entorno (Holanda 30%, Austria 24%, Reino Unido 17,6%, Francia 16,8%).

La mayoría social lleva demasiados años soportando a los que ponen sus beneficios privados por encima de la vida y la salud de millones de personas. Es el momento de que las Administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todas nos merecemos.

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos que se acuerde en el pleno municipal la adopción del siguiente ACUERDO:

Dar apoyo a la Iniciativa ciudadana por una ley que garantice el derecho a la vivienda, incluyendo, como mínimo, las siguientes 8 medidas de aplicación directa en todo el territorio:

  1. La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
  2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
  3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo a un 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
  4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la Ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a las locatarias del conjunto del país.
  5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital, como parte de una vivienda digna.
  6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
  7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar a la media europea de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
  8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y los Derechos Humanos, blinde las legislaciones autonómicas más progresistas y dé cumplimiento de una vez al PIDESC y a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos, sin retrasar su aplicación a desarrollos normativos posteriores.

Finalmente, como el próximo día 9 de agosto finaliza el actual decreto de desahucios que protege casos de familias vulnerables, gracias al cual se han podido paralizar el 80% de los desahucios en Barcelona durante este estado de pandemia, considerando que a partir de esta fecha se iniciarán procedimientos que implicarán una explosión de desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, exigimos la ampliación de la actual moratoria de los desahucios hasta la aprobación de la Ley de Vivienda que los evite definitivamente.

PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona volvemos a decir BASTA al Banco Santander

Más de 7 años llevan Asia y Lita Fernanda reclamando soluciones para evitar así sus desahucios

Hoy jueves 27 de mayo de 2021, la PAH de Barcelona salimos de nuevo a la calle a exigirle al Banco Santander soluciones reales para nuestras familias, Asia y Lita Fernanda, que llevan mucho tiempo reclamando sus derechos sin soluciones reales que tengan en cuenta sus situaciones. Hace un mes ya fuimos a hacerles una visita y se comprometieron a ofrecer soluciones. Soluciones que no han llegado o son totalmente insuficientes. ¡Basta de mentiras, Banco Santander!

La situación de Asia y de Lita Fernanda no puede esperar más. Asia firmó una hipoteca en 2005 con Banco Pastor, que luego pasó a Banco Popular y finalmente a Banco Santander (que compró el Banco Popular por el módico precio de 1€). A causa de la crisis que venimos arrastrando desde hace años se quedó sin ingresos económicos para ir pagando las cuotas habituales. Es por ello que necesita acabar con ese préstamo hipotecario y entregar el piso al banco en dación en pago y solicitar un alquiler social para poder seguir viviendo en su casa junto a su madre.

El caso de Lita Fernanda es similar, también consiguió junto a su expareja una hipoteca con Banco Pastor en el año 2004, que luego pasó a Banco Popular y ahora pertenece a Banco Santander. Ahora, tras años pagando su cuota mensual, al separarse ha visto que no puede hacer frente al pago íntegro de la hipoteca, pero sí que puede pagar acorde a sus ingresos. Lita Fernanda está solicitando una quita de la deuda para poder seguir haciendo frente a los pagos y poder vivir tranquila en su casa junto con su madre.

Las dos llevan años (7 y 8 años respectivamente) reclamando soluciones al Banco Santander. Llamadas constantes, cientos de e-mails, papeleo y burocracia, incluso se han plantado en la puerta del Banco semanalmente a reclamar sus derechos, a visibilizar la situación por la que el Banco Santander las está haciendo pasar. ¿Hasta cuándo?

Desde la PAH llevamos tiempo denunciando el abuso que sufren las familias por parte de los grandes bancos y fondos buitre. Con nuestra campaña #LaPAHacecha y la campaña #LibresDeBuitres denunciamos la constante vulneración de nuestros derechos por parte de estas grandes empresas, que lo único que pretenden es especular con nuestras casas y por consiguiente con nuestras vidas. Hemos hecho acciones en la calle, empapeladas, denuncias en redes sociales y en medios de comunicación y aun así, la total impunidad con la que actúan sigue atemorizando a las familias, que no reciben ningún tipo de respuesta.

¿Banco Santander, un banco responsable? Por mucho que Banco Santander quiera hacernos creer en su informe anual que es, en propias palabras de Ana Botín, “un banco con la responsabilidad de apoyar a la sociedad” o que deben “aprovechar la oportunidad para abordar desafíos mundiales como la desigualdad”, los hechos reales son bien diferentes. Ya está bien de este lavado de cara con campañas e informes alejados de la realidad que estamos viviendo las familias. Si realmente quieren apoyar a la sociedad, lo que deben hacer es tener en cuenta las dificultades de todas nosotras y ofrecer soluciones a la altura. Por mucho que se empeñen, la ciudadanía no olvidamos las prácticas de blanqueo y evasión de capitales del Banco Santander, lo cual no solo lo decimos nosotras, también lo dice el Banco de España.

Desde la PAH no vamos a dejar de denunciar este abuso a las familias hasta que consigamos por fin que se tenga en cuenta nuestra realidad. Queremos pagar, pero cuotas justas acordes con nuestros ingresos. Con más de 5.000 millones de euros de beneficio en 2020 a costa de nuestras vidas, el Banco Santander debe responsabilizarse socialmente para que nuestros derechos dejen de ser vulnerados.

Por todo esto, hoy la PAH BCN volvemos a apoyar a Asia y Lita Fernanda y estamos exigiendo:

  • Para Asia: dación en pago a 0€ y alquiler social según la Ley 24/2015.
  • Para Lita Fernanda: una quita acorde a sus ingresos y poder seguir pagando su hipoteca, ya que su situación laboral se lo permite.

Sabemos que es posible y no vamos a parar hasta conseguirlo, porque ¡#SíSePuede!

PorPAH_Bcn

Crónica de la Asamblea de Bienvenida del 17 de mayo de 2021

Después de una semana en la que hemos celebrado una década del 15M y de hacer una campaña para que CaixaBank nos devuelva los 24.000 millones en vivienda, volvemos una asamblea más para seguir dando respuesta a más familias PAH. Porque sabemos que juntas y unidas para la defensa de nuestros derechos, ¡Sí se Puede!

Alquileres:

Brian tuvo un desahucio que la PAH pudo ayudar a paralizar; en un principio era del Banco Sabadell y ahora es de Divarian, este es su juego, venderse entre ellos nuestras viviendas, pero ahí entramos nosotras y nos encontrarán ayudando más a Brian.

Encarna tiene que firmar un alquiler social con CaixaBank, pero el último que le hicieron no era del todo “correcto” y por eso ahora mismo nos lo miramos todo con lupa y recordando a todas las grandes empresas que las personas tenemos un mínimo de 72 horas hábiles para poder leer documentos importantes.

Hipotecas:

Pilar compró una casa a Bankia hace años y después de tener que entregarla, Bankia también quería quedarse con la casa de su madre que era su aval, pero el juez les dio la razón y dijo que la casa era definitivamente de la madre y nadie se la podía quitar, pero ahora Bankia las vuelve a tratar como ocupas.

María dio la casa en dación en pago con alquiler social al banco Sabadell; el año pasado se le venció el contrato y ahora lo lleva Intrum, pero no le han querido renovar como correspondía.

Los desahucios siguen ocupando gran parte de nuestro tiempo de asamblea, no debería haberlos pero ahí están; y como están presentes, nosotras también estaremos presentes los días de los desahucios.

Recuerda que si tienes problemas de vivienda, la PAH nos reunimos todos los lunes por https://meet.google.com/qrb-jrkp-ajr a las 17:30h, o en la calle Leiva 44, metro Hostafrancs L1. La mejor opción es online, ya que todavía seguimos en pandemia.

PorPAH_Bcn

Gracias 15M

10 años después del 15M podemos afirmar que la PAH ha seguido trabajando y afianzándose, generando escuela de todos los aprendizajes hechos a lo largo de los años

El 15M supuso a la PAH su expansión territorial de manera exponencial. Allí donde había asambleas de StopDesahucios, al cabo de los años se transformaron en PAH, contribuyendo a una maduración del colectivo a nivel estatal.

En un momento donde la PAH estaba afianzando el movimiento por el derecho a la vivienda y tenía claras sus demandas, el 15M ayudó a sistematizar las prácticas que se estaban haciendo y a catalizarlas. Con el lema «Gente sin casa y casas sin gente, no se entiende» se expresaba la incongruencia que existía y sigue existiendo frente a los desahucios, el resultado más dramático de no tener leyes ambiciosas y políticas valientes en temas de vivienda, donde no se defiende la parte más vulnerable de la demanda judicial: las familias vulnerables. La campaña de StopDesahucios pudo coger fuerza gracias a las asambleas de vivienda de los barrios y ciudades que crearon los grupos «StopDesahucios», donde se organizaban para ir a parar los desahucios de familias vulnerables, utilizando las prácticas de funcionamiento PAH donde no había PAH locales. A la larga, muchos de estos grupos StopDesahucios se convirtieron en nodos de la PAH, haciendo crecer el movimiento.

Las plazas y las diferentes comisiones, llenas de frescura y gente joven con ganas de canalizar la indignación en propuestas claras y objetivos concretos, también ayudaron a innovar en acciones directas para expresar alto y claro que «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros».

La PAH consiguió un altavoz en el 15M con el que elevar sus demandas y visibilizar prácticas concretas. Así, las ocupaciones a entidades financieras para exigir soluciones a casos individuales tuvieron mucha aceptación, igual que la campaña de «Obra social de la PAH» donde, después de agotar todas las vías posibles en las Administraciones y exigencias de soluciones a bancos, recuperábamos vivienda vacía de las entidades financieras para realojar a familias que habían sido desahuciadas. Hoy en día seguimos con la campaña, aunque por parte de algunos sectores se haya querido demonizar a las familias que han tenido que escoger entre ocupar una vivienda vacía de un banco o dormir debajo de un puente. En este sentido, a lo largo de 2019 se ha puesto mucho interés en proteger las viviendas vacías de los fondos de inversión, como Blackstone, en vez de conseguir que pusieran dichas viviendas en alquiler social, evitando así un desahucio y también una ocupación.

Hoy podemos decir que el movimiento por el derecho a la vivienda es de los más fuertes de la última década y el que ha conectado más directamente con el sentir social mayoritario de la ciudadanía, por lo que no dar respuestas a la altura sería inaceptable. No se puede hablar de un cambio de época –ni lo habrá– si no se garantiza el derecho a la vivienda en España.

Es por ello que desde la PAH y diferentes colectivos nos hemos unido en la Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda, para exigirle al Gobierno que incluya las medidas que proponen las personas afectadas, aquellas que llevamos años viendo cómo se legisla a espaldas de la ciudadanía, y de una vez por todas acabar con la emergencia habitacional.

La ley debe garantizar medidas de mínimos y de sentido común como:

  1. El derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
  2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
  3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
  4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
  5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital, como parte de una vivienda digna.
  6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
  7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
  8. Participación activa de la población en toda política de vivienda y urbanismo.
  9. Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y a los Derechos Humanos, blinde las legislaciones autonómicas más progresistas y dé cumplimiento de una vez por todas al PIDESC y a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos, sin retrasar su aplicación a desarrollos normativos posteriores.

Desde la PAH vemos que estas medidas concretas no pueden esperar y serán una de las pruebas del algodón del nuevo Gobierno en materia de derechos fundamentales. Prueba del algodón o prueba de fuego: escojan la que más les guste.
Llevamos muchos años exigiendo estas medidas, ahora somos más y más organizadas. ¡Estamos seguras de que vamos a conseguir legislar una Ley que garantice el derecho a la vivienda! Para ello nos seguiremos encontrando en las asambleas, en las plazas, en las calles y en Internet 😉

¡Sí se puede!