Archivo mensual septiembre 22, 2021

PorPAH_Bcn

A pesar de la moratoria los desahucios siguen subiendo

Durante el segundo trimestre de este año se han producido 11.571 desahucios

Recién publicados los datos del Poder Judicial sobre los desahucios durante el segundo trimestre de 2021, se sigue constatando la ineficacia de la moratoria decretada a raíz de la COVID-19. Lejos de reducirse el problema, los desahucios siguen en aumento, como llevamos avisando que pasaría desde marzo de 2020. Si comparamos este trimestre, con el primero de 2020 – pre COVID-19 y sin ningún tipo de escudo social – el aumento en plena pandemia ha sido de un 736,7 %.

Desahucios segundo trimestre 2021:

  • Derivados de ejecución hipotecaria 2.849: incremento del 849,7 % respecto al mismo trimestre de 2020
  • Derivados de LAU (alquileres) 8.028: incremento del 692,5 % respecto al mismo trimestre de 2020
  • Otras causas 684: incremento del 891,4 % respecto al mismo trimestre de 2020
  • Total desahucios 11.571: incremento del 736,7 % respecto al mismo trimestre de 2020

A estas cifras cabe añadir los 2.732 procedimientos verbales por ocupación que están en trámite a la espera de resolución. Un dato que puede resultar alarmante y utilizable para aquellos que quieren criminalizar a las familias que se ven empujadas a esto ante la falta de solución política y administrativa, pero que sigue siendo anecdótico si comparamos con el resto de cifras y el problema real.

Las medidas de protección, según el gobierno las ”más ambiciosas” que se han desarrollado, caducan el próximo 31 de octubre. ¿Cuánta gente debe quedarse en la calle para que reconozcan no han protegido a las familias vulnerables en su totalidad?. Si la moratoria no se prorroga y mejora para que acoja a más perfiles (el hipotecario por ejemplo está en total indefensión y ya está creando estragos) y no de pie a la reinterpretación de algunos jueces que prefieren optar por desahuciar que por defender derechos y familias vulnerables, el tsunami de desahucios que se está generando será una catástrofe.

Una vez más, los movimientos sociales somos los únicos actores que trabajamos para revertir la situación. No solo parando desahucios en puerta, asesorando o logrando soluciones a base de negociación directa, también elaborando la única Ley pensada para garantizar realmente el derecho a la vivienda y no ese parche, que lleva meses llenando titulares, sin avanzar y que de legislarse según los términos que nos llegan, no valdrá más que para proteger y enriquecer a los de siempre.

Más que nunca hay vidas en juego y falta altura política para revertir la situación. El coste humano para beneficiar a los buitres es demasiado alto y no lo podemos seguir pagando.

PorPAH_Bcn

Tened presente que cuando habláis de los ocupas o de esta Ley habláis de personas como yo

Ayer finalizaron las rondas de comparecencias de entidades, instituciones, organizaciones y expertos para hacer defender o hacer aportaciones a la nueva Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional que acabará con miles de desahucios. Ahora sí que entramos en la recta final para aprobarla en el Parlament.

A continuación compartimos la comparecencia de Jéssica Casals, familia afectada por la anulación del Decreto Ley 17/2019:

En primer lugar quiero dar las gracias por poder estar hoy aquí. Para mí es un orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad estar aquí presente para hablar en nombre de las afectadas con problemas de vivienda, sea de hipoteca, alquiler o por ocupación. Os contaré mi caso que de hecho es un ejemplo de lo que cada día he visto en las asambleas de la PAH y os pido que os pongáis en mi lugar y en el de miles de familias y personas amenazadas por desahucios. No hablaré mucho porque no estoy acostumbrada y porque con poco se puede decir mucho.

Me llamo Jéssica Casals, tengo 34 años y tengo 3 hijos, Dylan, Derek y Gala, de 7, 4 y 1 año. Desde el día siguiente de cumplir los 16 años empecé a trabajar en la empresa donde hoy en día ya hace 16 años que trabajo como comercial de ventas, y soy «ocupa».

En 2015 me separé de mi pareja, con la que llevaba 13 años y 10 viviendo juntos; hasta ese momento todo fue bien, pero me encontré que con mis ingresos, me era imposible alquilar un piso a precio de mercado y poder dar una vida digna y tranquilidad a mis hijos. Nadie me quería alquilar un piso a mí sola con mi contrato y mi sueldo.

Una amiga me habló de un piso que estaba vacío desde hacía años. De aquellas promociones que quedaron colgadas y decidí entrar a vivir ahí hace 4 años.

A mí, el hecho de vivir de ocupa, siempre me ha dado mucho respeto. Pensaba que yo nunca llegaría a esta situación, pero, al final, me vi obligada, cuando vi que no llegaba a fin de mes y no me ayudaban de ninguna manera. Siempre me cerraban las puertas.

Recuerdo que me decían: «Con 1.110 euros ya tienes suficiente». Pero es que no. Son al menos 700 euros para el piso, el agua, la luz, el gas, y no me quedaba para pagar nada más. Iba a comprar y tenía que estar mirándolo todo mucho. Y cuando vi que a mis niños les empezaban a faltar las cosas más básicas, me di cuenta de que no podía seguir de esa manera y es cuando decidí ocupar un piso de un banco.

Algunas personas me dicen: «Es que no pagas alquiler». No pago alquiler, ya me gustaría pagar un alquiler social, pero lo que sí pago es con mi salud. De verdad que la desazón de estar con tus hijos, de no saber qué día será el último que pasas en esta casa, no tiene precio. La situación que estoy viviendo no es nada fácil. Cada día cuando vuelvo a casa después de dejar a los hijos en la escuela o después de ir a comprar… pienso que puede ser el último, que quizás me encontraré la puerta tapiada y lo habré perdido todo, todo lo que está dentro y que tantos años me ha costado conseguir y con el miedo y la desazón de cómo seguir adelante, ¿dónde iremos si me echan?

Desde el primer día que entré, intenté solicitar un alquiler social a la propiedad, en este caso CaixaBank. Yo quería pagar, pero quería pagar un alquiler de acuerdo con mis ingresos, a un precio social. Llamé al banco y se lo dije. Presenté documentación, ¡pero la única respuesta por parte de ellos ha sido intentar desahuciarme hasta en tres ocasiones! Afortunadamente y gracias a la ayuda de la PAH los hemos conseguido parar.

En diciembre del 2019, cuando se logró aprobar el Decreto Ley 17/2019, pensé que por fin se solucionaría mi caso y alcanzaría finalmente el alquiler social. Pero es en este momento cuando recibí una carta como que habían vendido mi piso y que ahora la propiedad era Sky Investment, un fondo o una empresa tapadera, todo para intentar saltarse la ley. No me di por vencida y también les pedí el alquiler social.

Durante el tiempo que el Decreto y las medidas de ampliación de la Ley 24/2015 estuvieron en vigor, recuerdo que fuimos muchísimas familias que movimos papeles para pedir el alquiler social. Pensábamos que por fin conseguiríamos la tranquilidad que tanto tiempo estábamos esperando y por la que tanto habíamos luchado. Nos pidieron muchos papeles, mucha documentación y muchas gestiones. Estaba en juego mucha desazón, sufrimiento e ilusiones. Nos decían que lo estaban estudiando, pero como pudimos comprobar, solo estaban ganando tiempo para ver si el PP lo impugnaba de nuevo obedeciendo a los bancos, y el Tribunal Constitucional lo suspendía.

Como yo, somos miles. Miles de vidas. Ahora me detendré unos segundos, dejaré de hablar y os quiero pedir que penséis y reflexionéis cómo pasaríais vosotros mi situación. ¿Qué diríais a los diputados y diputadas del Parlament? Tened presente que cuando habláis de los ocupas o de esta ley habláis de personas como yo.

Durante todo este proceso he sufrido ansiedad y depresión. La situación en que nos encontramos las familias es límite. Muchas noches sin dormir. Muchos días intentando que mis hijos no se dieran cuenta de mi sufrimiento, mientras yo los veía sufrir a ellos.

La aprobación de esta Ley de la que estamos hablando hoy será un paso importante, no solo para mí, sino para los miles de familias que se encuentran en la misma situación. Y eso ya lo comprobamos que, pese a las reticencias de los fondos buitre y de los bancos, con la Ley 24/2015 y con el año que duró la ampliación del Decreto Ley 17/2019, se firmaron contratos de alquiler social que han dado una tranquilidad a muchas familias. Vivir en una situación de ocupación no es fácil ni agradable, es como tener una espada a punto de caerte encima y dejarte de nuevo sin saber cómo afrontar el día a día.

Hoy estoy yo aquí en el Parlament, pero podrían ser muchas otras compañeras, como María, Ana, Fátima y muchas otras. Familias que hemos tenido que ocupar un piso, ya que no hemos encontrado ninguna otra alternativa de vida digna, tanto para nosotras como para nuestros hijos. Las administraciones nos han abandonado.

Para terminar me gustaría dejar claro aquí, ahora que estamos en la recta final para conseguir esta ley, y aprovechando que están presentes los diferentes grupos parlamentarios y que está en sus manos que este cambio sea una realidad, que ustedes piensen que detrás de toda esta burocracia y trámites de las leyes, del Parlament y las instituciones, hay personas que nos jugamos mucho.

PorPAH_Bcn

Digamos no a los desahucios. Digamos sí a los alquileres sociales obligatorios

Hoy han finalizado las rondas de comparecencias de entidades, instituciones, organizaciones y expertos para hacer defender o hacer aportaciones a la nueva Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional que acabará con miles de desahucios. Ahora sí que entramos en la recta final para aprobarla en el Parlament.

A continuación compartimos la comparecencia de Lucía Delgado, portavoz de la PAH y del Grupo Promotor de la Ley 24/2015:

Cuando alguien presencia un accidente de tráfico tiene la obligación de socorrer a la víctima. Ante una emergencia, hay que actuar.

La PAH lleva socorriendo y actuando desde su creación, hace 12 años. Mientras los bancos y los buitres destrozaban vidas (sí, desahuciar es degradar la vida de personas), dejando miles de familias en la cuneta, que necesitaban socorro por una emergencia, demasiadas veces, las administraciones competentes han hecho dejadez de funciones. Volviendo al símil del accidente de tráfico, miles de familias han sido abandonadas a su suerte, cuando necesitaban ayuda urgente, acción de socorro, pero quien había de socorrerlas ha pasado de largo.

Aunque el Gobierno estatal no haga lo que hay que hacer, es nuestra obligación hacerlo. Por ello celebramos que hoy sea el último día de comparecencias para tramitar una Proposición de Ley con una mayoría parlamentaria que hará posible poner fin al tsunami de desahucios que irrumpirá este otoño en Catalunya.

Lo que esperamos con nuestra intervención es que más grupos parlamentarios se sumen a sacar adelante esta ley y sobre todo, en su desarrollo después, desde la Generalitat y desde todos los municipios, sea cual sea su color político. Porque lo que estamos discutiendo hoy debe traspasar las lógicas partidistas, las presiones de los poderosos, porque de lo que estamos hablando es de socorrer a la víctima, de proteger los derechos humanos más básicos.

Hay que parar el golpe de una vez y asentar a la vez las bases para un modelo que no deje a nadie más sin derecho a la vivienda.

Y recordemos que las instituciones teneis la obligación de hacerlo.

En 2015 comparecimos en este Parlament defendiendo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP vivienda). Una ILP que llegó con la fuerza y la esperanza de miles de familias que se vieron abocadas a perder sus casas por no poder pagar su hipoteca o su alquiler mientras los bancos eran rescatados con dinero público, sin pedirles nada a cambio. Salimos a la calle y a todas las plazas de los pueblos y ciudades de Catalunya y conseguimos 3 veces más de las firmas necesarias para su tramitación (150.000, que se dice pronto, pero que son muchas) y el 29 de julio del mismo año conseguimos aprobar por unanimidad la Ley 24/2015.

Esta ley, conocida popularmente como la «Ley catalana contra los desahucios y los cortes» ha tenido una vida complicada. En 2016, el gobierno del PP de Mariano Rajoy suspendió todas las medidas de vivienda que afectaban a los privilegios de la banca, y la llevaron al Tribunal Constitucional. Pero de nuevo, las PAHs de Catalunya volvieron a demostrar el amplísimo apoyo social que tenía la ley y la necesidad (y el deseo) imperiosa de dejar atrás los desahucios. En 2018 conseguimos recuperar lo que algunos grandes lobbies económicos pensaban que tenían sentenciado y enterrado: obligar a los grandes tenedores a hacer alquileres sociales en desahucios de vivienda habitual de impago de alquiler e hipoteca de familias vulnerables.

Como sabéis, en 2019 conseguimos incluir en un decreto ley de vivienda impulsado por el Gobierno de la Generalitat, una ampliación de la norma para adaptarla a las nuevas caras de la emergencia habitacional. Para dar respuesta a los 45 desahucios diarios que se producían en Catalunya. La actualización de la ley fue aceptada por el Gobierno y tuvo de nuevo mayoría para ser aprobada, porque la situación de emergencia requiere actuar. Ahora se trata de recuperar la ampliación de medidas contra la emergencia habitacional del Decreto Ley 17/2019.

Quiero recordar 2 puntos claves de lo que está en juego con la aprobación de la ley que ahora se tramita en el Parlament.

El primero: esta proposición de ley es una propuesta de mínimos o de urgencia y que, las PAHs de Catalunya, junto con el resto de organizaciones que la impulsan y apoyan, creemos que hay que ir aún más allá en futuras leyes y políticas que apuesten por medidas más estructurales. Como incrementar los presupuestos destinados a la vivienda y asumir de una vez la obligación legal (incumplida hasta hoy) de llegar al 15% de vivienda social en 2025, tal y como marca la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007. Por lo tanto, una vez aprobada esta norma, trabajaremos para proponer nuevas medidas a todos los niveles para ampliar el parque inexistente de nuestras ciudades.

Y en segundo lugar: la idea es que no debemos caer en «falsos debates» sobre si unas u otras medidas. O las urgentes para detener los desahucios o las estructurales para aumentar el parque de vivienda pública o social. Las necesitamos ambas. Pero es urgente y necesario hacer frente primero a la emergencia porque realmente hay vidas en juego que no pueden esperar ni un minuto más. No se puede seguir desviando la mirada y hay que actuar con valentía.

A continuación defenderé cada punto de esta Proposición de Ley y explicaré por qué desde el Grupo Promotor pensamos que debe aprobarse sin recortar ningún artículo a la baja, ya que estamos en una situación de urgencia desde hace 12 años y hay que salir de esta para seguir avanzando. Hay que poner además en valor el esfuerzo de acuerdo compartido de 4 grupos parlamentarios con las organizaciones sociales que representamos las afectadas por los desahucios y que impulsamos esta iniciativa legislativa.

Esperamos que más grupos den su apoyo a medidas de choque para una situación crítica: hacemos un llamamiento solemne a legislar para acabar con los desahucios, ya que una sociedad no puede, ni debe soportar, tanto sufrimiento social.

La proposición de ley cuenta con las siguientes medidas:

Renovaciones obligatorias una vez los alquileres sociales lleguen a su fin

Este es un punto de consenso. Es necesario que los bancos devuelvan el rescate asumiendo responsabilidades en forma de vivienda para las familias vulnerables. Es de sentido común que aquellas familias que entregaron en dación en pago su casa al banco por no poder pagar su hipoteca y que firmaron un alquiler social gracias a la Ley 24/2015, puedan seguir en las viviendas si no han mejorado su situación. Por lo tanto, hay que renovar los alquileres sociales para proteger a las familias vulnerables y corresponsabilizar mínimamente a los que provocaron parte de la situación que estamos viviendo hoy en día. Lo mismo debe pasar con el resto de alquileres sociales que se firmen, una vez pasen 7 años y si sigue la crisis habitacional actual.

En Catalunya, las unidades familiares que ingresan cantidades menores al 2,5 IRSC (1.747,4 euros), definido como el tope legal por debajo del cual se encuentran en exclusión residencial, deben destinar un 42 por ciento de los ingresos a pagar el alquiler medio de 2020.

Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en finalizaciones de contratos de alquiler

Esta medida se debe explicar bien para entender su lógica. Muchos grandes propietarios demandaron en 2018 a las familias por finalización de contratos de alquiler, en vez de por impago, que era la situación de muchas de estas, ya que la Ley 24/2015 les obligaba a hacer un alquiler social. Es por ello que hemos buscado la manera de que los grandes tenedores no se salten la norma de ninguna de las maneras. Además, miles de familias estaban haciendo un sobreesfuerzo para pagar su alquiler y las expulsaban de sus hogares no renovando contratos, para sumarse al carro del «todo vale» subiendo los precios de alquiler de forma exagerada, provocando desahucios invisibles o lo que se conoce como «desahucios silenciosos» (la familia abandona la vivienda porque sube desorbitadamente el precio del nuevo contrato). Muchos grandes propietarios, que son personas físicas, han empleado las mismas tácticas que la Sareb o que Blackstone. Máximo beneficio y desahucios de alquiler (casi un 80% de los desahucios en Catalunya) sin importar nada más.

Es evidente que, si un gran tenedor no actúa agresivamente como un fondo buitre, sin subir precios de forma salvaje y hablando con las inquilinas o con la Administración si hay imposibilidad de pagar las rentas, se llegará a soluciones y al alejarse el desahucio, no entraría en juego la ley. Ahora bien, como dijo el compareciente que representaba a Sogeviso, empresa que gestiona las viviendas de alquiler social del Banco Sabadell, el primer día de estas sesiones: si no se obliga a los privados a hacer alquiler social, no lo harán. Es decir, si no ponemos límites a estos grandes tenedores que quieren utilizar la vivienda como un activo bursátil, lo harán y creo que estaremos de acuerdo en esto: sí a poder hacer cierto negocio, pero no a la usura.

Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en algunos casos de ocupación

Este es uno de los puntos donde hemos notado más reticencias, pero poco realistas y sin aportar soluciones reales. Hundir o señalar a las familias que han de ocupar para tener un techo no las hará desaparecer. Desde la PAH y las entidades sociales lo tenemos claro. Basta de hipocresía, basta de criminalizar a las familias que ocupan viviendas vacías de la banca o de los buitres, donde antes vivían familias que fueron desahuciadas y ahora están vacíos a la espera de la próxima venta en un paquete de activos. Jéssica ha explicado claramente cuál es la realidad de la ocupación que tenemos el día de hoy en Catalunya y a la que claramente se deben aportar soluciones, al igual que en su día con el chabolismo: dignificar la vivienda precaria y que las familias paguen un alquiler social y sus facturas de agua o luz (si las eléctricas dejan de exprimirnos, claro). Al final estamos hablando del acceso precario a la vivienda y creemos que esta fórmula soluciona gran parte de la situación, no toda, porque se ha dejado pasar demasiado tiempo sin actuar. Pero servirá para desatascar las mesas de emergencia junto con el resto de la batería de medidas que hoy estamos presentando, pero sobre todo con esta.

Por favor. No falseemos la realidad, no estamos hablando de casos anecdóticos minoritarios o de falsas historias que alimentan algunas cadenas de televisión. Estamos hablando de casos como el de Jéssica; Mariana, que está ocupando un piso de CaixaBank vacío hace 5 años, por cierto, vecina de Jéssica; Bibiana, Wilson y Joana, o Sandra, casi todas mujeres con hijas e hijos, donde la feminización de la pobreza se hace más que evidente y se debe actuar ya. Familias que han tenido que ocupar estando en la mesa de emergencia de la Generalitat con 2 años de espera en la adjudicación de una vivienda. ¿Dónde representa que deben estar las familias durante este tiempo? Basta de demagogia. Y más soluciones: esta ley aportará alquileres sociales a las familias desahuciadas a las que no se ha protegido y habitan en pisos vacíos de bancos y buitres.

Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora a personas jurídicas de más de 10 viviendas, y por lo tanto, protegerá a más arrendatarias con amenaza de desahucio. Mantenimiento del tope de 15 para las personas físicas grandes propietarias

Esta mejora ha sido cuestionada por algunos y queremos hablar sin rodeos. Para nosotros es un artículo vital para que la norma funcione en su totalidad y eficacia. Hemos visto cómo bancos y fondos buitre despedazaban sus activos para saltarse la ley y por lo tanto, hay que reaccionar con todas las herramientas posibles, acotando bien el número de viviendas. Creemos que disponer de más de 10 viviendas para empresas y 15 para personas físicas, para alquilar, es una cantidad suficientemente amplia para distinguir a aquellos que complementan «su paga» con el alquiler de la vivienda que han heredado o han podido comprar con el esfuerzo del trabajo, de los que claramente tienen un negocio en torno al alquiler de vivienda, legítimo, pero negocio. Y no genera problemas legales o jurídicos, tal como afirmó el juez que compareció el viernes pasado. Nuestra posición inicial era equiparar a personas físicas y jurídicas a las 10 viviendas al igual que la definición estatal, pero no ha sido así finalmente, porque quisimos lograr un consenso más amplio. Con todo y eso, como en el caso de las finalizaciones de contratos, queremos explicar de forma bien clara y sencilla lo que grandes propietarias personas físicas nos han comentado en alguna ocasión, y es que, ellas no tienen miedo de esta ley, ya que no se han comportado nunca como Blackstone, la Caixa o la Sareb. Es decir, viven de alquilar viviendas, pero no se sumaron a subir precios cuando todo el mundo lo hacía sin importar si estaban dejando en la calle, con desahucios silenciosos, a familias que llevaban más de 10 años alquilando ese piso. Al contrario, mantuvieron el precio y el día de hoy siguen cobrando su alquiler cada mes.

Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple y un límite de un mes para el gran tenedor, para hacer la oferta

Dicen que la experiencia es la madre de la ciencia, y en este caso, nosotras tenemos muchos ejemplos para dar más fuerza al control de las ofertas de alquiler social. Dolores, Paulino y Atiqur, de los últimos desahucios de esta semana tan solo en Barcelona, donde Divarian, Blackstone y CaixaBank debían haber hecho con el Decreto ley 17/2019 vigente la oferta de alquiler social y así evitar el desahucio; no lo hicieron y se ha señalado de nuevo el día donde pueden echarlas de su casa. Estamos pendientes de que, gracias a la solidaridad de las personas, se puedan detener.

Necesitamos esta mejora para hacer efectiva y desplegar la ley una vez esté aprobada este mes de octubre. La Agencia de Vivienda de Catalunya contabilizó que habían unas 3.200 familias pendientes de firmar un alquiler social cuando las medidas que ahora queremos recuperar fueron anuladas en febrero de 2021, a las que hay que sumar las 800 familias que la concejala de Vivienda de Barcelona sumó hace unos días en esta misma sala. Hoy, juntas, hemos de alcanzar el compromiso de que en noviembre, cuando recuperemos estas medidas de urgencia, estas familias tienen que conseguir sí o sí el alquiler social.

La responsabilidad de la Generalitat debe ser tener preparadas ya las 4.000 posibles sanciones si no se hacen las ofertas. Como decía al inicio, es una obligación, tenemos que actuar y no podemos mirar por el retrovisor o hacer ver que no vemos lo que pasa. Nos jugamos demasiado.

Ampliación a 7 años la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y fondos buitre

Sobre la ampliación a 7 años de cesión obligatoria, es una mejora significativa. Somos muchas las que pensamos que la Sareb debería ceder sus viviendas vacías 30 años o para siempre; y es que a nadie se le escapa que llevamos 15 años, 15 años… desde que estalló la burbuja inmobiliaria y que sin medidas contundentes, valientes y ambiciosas, no es que no cambie nada, es que podemos ir a peor. Además, no es algo extraño, vale que hay concesiones por años de un bien público a los privados, como el agua, autopistas, suelo… ¿Por qué no puede ser también a la inversa? Además, la sola inclusión de la medida en 2015 provocó que muchos bancos y fondos de inversión pusieran a disposición de las administraciones paquetes de vivienda a precios mucho más bajos del precio de mercado, para ampliar los parques asequibles, prácticamente inexistentes. Ahora por ejemplo, Blackstone, que tiene miles de familias en alquileres sociales que están finalizados, quiere que le paguen casi a precio de mercado el alquiler de las viviendas a cambio de mantener a los inquilinos, que son familias vulnerables con orden de desahucio. Una práctica de chantaje extremo e inaceptable que, si recuperamos la ampliación de la Ley 24/2015, no podrán seguir haciendo, porque los poderes públicos tendrán fuerza para negociar el uso de la vivienda a precio por debajo de mercado, el 40% de la VPO, durante 7 años, para realojar a familias y poner las mesas de emergencia a cero, deteniendo miles de desahucios en viviendas de pequeños tenedores que la Administración debe cubrir.

Según el Ministerio de Fomento, a 31 de diciembre de 2019 había 75.685 pisos nuevos por estrenar vacíos en Catalunya, cantidad solo superada por la Comunidad Valenciana y que representa un 16,56 por ciento del stock total de viviendas nuevas sin vender en todo el Estado. ¡17% stock de vivienda nueva vacía! El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya cuantificó en el año 2020 el número de viviendas de Catalunya que hace más de dos años que están vacías y que provienen de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago en 27.558 inmuebles. Hay que movilizarlas para alquiler social.

Elaboración de un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas

Y por último, y no menos importante. Se ha hablado por activa y por pasiva durante las comparecencias, de la importancia de tener datos, informes y estudios para poder analizar y hacer una radiografía de la situación en tiempo real sobre la problemática. Nosotras lo compartimos totalmente y por eso propusimos la elaboración de este registro. Para que las instituciones, Generalitat y ayuntamientos, tengan al alcance una herramienta ágil y consultable para saber, si cuando una persona llega a servicios sociales o a la oficina de vivienda con fecha de desahucio, está amparada por la ley y requerir a la propiedad ágilmente que haga el alquiler social, ya que tiene obligación, o si no, se abrirá el correspondiente expediente sancionador.

Esto ahora no pasa; y no solo no pasa, sino que se genera tal cuello de botella, que es la misma familia la que muchas veces tiene que ir al registro de la propiedad a extraer el índice de propiedad de la empresa, con un coste para su bolsillo, para demostrar ante el juzgado y/o servicios sociales que es un gran tenedor y que no ha hecho la oferta de alquiler social.

Estas son las medidas y las mejoras principales que conforman la proposición de ley que hoy estamos defendiendo, como hemos afirmado en varias ocasiones, medidas de mínimos o básicas para hacer frente a la emergencia, pero de vital urgencia en ser aprobadas.

Ustedes pueden evidentemente debatirlas o cuestionarlas, pero de nuevo, hemos sido las organizaciones sociales, las mismas afectadas, las que llevamos propuestas basadas en la experiencia de responder a quien se enfrenta a perder su vivienda, el abrigo o techo que toda persona necesita para tener una vida digna y poder construir un proyecto vital estable, el hogar que todas desean. Necesitamos dar un paso adelante y dejar atrás los desahucios.

Con mucha humildad y responsabilidad y, por qué no, con orgullo, quería recordar que hoy he comparecido en nombre de todas las familias que han perdido su hogar por motivos económicos, que están a punto de perderlo o que lo pueden perder en un futuro. Como decimos en la PAH, todas estamos afectadas por la vivienda. Por todas ellas, creemos que la tramitación de esta proposición de ley se debe hacer por vía de urgencia y dejando de lado intereses partidistas, lógicas económicas especulativas, pensando en los consensos sociales amplios y en lo que estamos de acuerdo, tanto en la calle como en esta cámara, que es una Catalunya y un mundo donde no se desahucie a familias vulnerables. No nos podemos permitir ninguna muerte más o sufrimiento por este motivo.

Tenemos claro que esta ley se aprobará antes de que termine la moratoria actual de desahucios. Para evitar el tsunami de 26.000 familias que están en riesgo de ir a la calle. Si no, no tendremos medidas para pararlo.

Tenemos el compromiso de 4 grupos parlamentarios: ERC, Junts, En Comú Podem y CUP. Pero queremos que se apruebe con una mayoría aún más amplia, en este caso con el PSC y Ciutadans, que cuando presentamos la propuesta no expresaron claramente si la apoyarían. ¡O por unanimidad, como en 2015! Esperamos que con esta intervención os decantéis por secundarla.

Digamos no a los desahucios. Digamos sí a los alquileres sociales obligatorios.

Para finalizar, os emplazamos desde ya a trabajar para sacarle el máximo partido a la ley y sus medidas antidesahucios desde el minuto 0. No tenemos tiempo que perder y hay que tener preparado ya un plan de choque para conseguir firmar los 4.000 alquileres sociales contabilizados por la Agencia y el Ayuntamiento de Barcelona, que serán más y sumamos el resto de municipios, que quedaron pendientes cuando anularon la última ampliación.

Desde las PAHs de Catalunya y en nombre del Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y de esta proposición de ley, os rogamos que estéis a la altura de las circunstancias.

Es nuestro deber hacerlo. Nos hicieron creer que éramos las culpables por perder la vivienda y quedarnos en la calle, por no llegar a fin de mes, dejando de comer para pagar el alquiler o la hipoteca, o incluso, dejar que tus hijos no vayan de excursión o hagan alguna actividad extraescolar porque parecía que era un capricho.

La PAH y la lucha contra los desahucios ha devuelto la dignidad a las personas, empoderándolas, demostrando que su situación no es aislada y que son víctimas de leyes injustas y las políticas poco valientes o que sencillamente defienden a quien más tiene y no a quien más lo necesita. Con esta ley revertiremos esta situación; y cuando lo consigamos, estad seguras de que estaremos dando al Parlament de Catalunya la función que debe tener: legislar para proteger los derechos fundamentales, para que la ciudadanía tenga acceso a una vivienda digna y adecuada.

Cuando llegue la hora de votar sí o no a la aprobación de esta ley, poneos en el lugar de quien tiene un desahucio mañana y no sabe dónde dormirá en 24 horas, con sus hijos o abuelos. Cuando fijéis la posición definitiva de vuestro grupo, recordad que Catalunya tiene 537.900 personas desempleadas y más de 152.400 hogares con todos los miembros en el paro, 97.100 sin ningún ingreso. Pensad en los 45 desahucios diarios que había en 2019 y en los 88 que vendrán cuando empecemos a superar la pandemia. Miremos a la cara de las personas y digámosles que actuaremos, que no las dejaremos solas.

Como decimos en la PAH: es la hora de hacer posible lo que nos decían que era imposible.

¡Sí se puede! ¡Gracias!

PorPAH_Bcn

Mesa redonda con las relatoras de vivienda de Naciones Unidas

¿Es la vivienda un derecho o un bien de mercado?¿Cómo podemos garantizar el acceso a la vivienda en España?

 

✌️ La PAH y la Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda han logrado reunir para debatir en una mesa redonda sobre la nueva ley de vivienda al actual Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada y a sus dos más recientes predecesoras, quienes analizarán la situación de este Derecho en España y la iniciativa de la ciudadanía ante el bloqueo del Gobierno.

📲 No te la pierdas, en streaming el Jueves 16 de Septiembre a las 20h horas, en el canal de youtube de la PAH

🏘 Vente al local de la PAH, calle Leiva 44 en Barcelona a partir de las 19:30h para ver la charla online y en familia. ¡Te esperamos!

PorPAH_Bcn

Empieza la recta final para aprobar en el Parlamento Catalán la nueva Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional que acabará con miles de desahucios

Demà divendres comença la ronda de compareixences al Parlament de Catalunya d’entitats, institucions, organitzacions i experts per fer aportacions al text registrat, en les que el Grup Promotor participarem en tres ocasions

Els darrers mesos el Grup Promotor de la Llei 24/2015 hem treballat per aconseguir registrar la nova proposició de Llei dirigida a recuperar les mesures antidesnonaments anul·lades pel Tribunal Constitucional i actualment compta amb una àmplia majoria parlamentària amb el suport d’ERC, Junts, En Comú Podem i CUP.

Recordem que el passat 29 de gener el Tribunal Constitucional va anul·lar l’ampliació de les mesures antidesnonaments de la Llei 24/2015 aconseguida amb el Decret llei 17/2019, deixant la Llei 24/2015 sense el lloguer social obligatori en extincions de lloguers i ocupacions, i anul·lant les renovacions de lloguers socials. Una greu situació que va deixar desemparades a més de 3.000 famílies que poden perdre el seu lloguer social que esperaven.

Durant tot el mes de setembre es duran a terme al Parlament de Catalunya les compareixences d’entitats, institucions, organitzacions i experts per fer aportacions al text registrat.

A continuació compartim el calendari de les nostres compareixences i de les diferents entitats, institucions, organitzacions i experts al Parlament:

Divendres 10 de setembre – 9:00 h: Entitats socials o d’habitatge

  • Compareixença en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
  • Compareixença en ponència d’una representació del Sindicat de Llogateres
  • Compareixença en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, representant del Sindicat de Llogateres del Penedès
  • Compareixença en ponència d’una representació del Grup Emancipació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
  • Compareixença en ponència d’una representació de Habitat International Coalition
  • Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori DESC
  • Compareixença en ponència d’Antoni Sorolla, director de Relacions Institucionals de Sogeviso

Dilluns 13 de setembre, 12.00 h: Entitats, organismes o representants públics

  • Compareixença en ponència d’una representació del Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
  • Compareixença en ponència de Guillem Soler Solé, titular del Jutjat de Primera Instància número 1 de Barcelona
  • Compareixença en ponència de la regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona
  • Compareixença en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Salt
  • Compareixença en ponència de Glòria Rubio Casas, exregidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Sabadell,
  • Compareixença en ponència de l’alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, consellera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta d’Habitatge Metròpolis Barcelona

Divendres 17 de setembre, 10.00 h: Experts

  • Compareixença en ponència de Martí Batllori, jurista especialitzat en habitatge
  • Compareixença en ponència de Trilla Bellart, presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge i de la Fundació Hàbitat3
  • Compareixença en ponència de Sergio Nasarre Aznar, director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili
  • Compareixença en ponència de Jordi Bosch Meda, doctor en arquitectura
  • Compareixença en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic de la Universitat de Barcelona
  • Compareixença en ponència d’Agustí Jover Armengol, economista especialista en anàlisi del mercat immobiliari
  • Compareixença en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia i Empresa

Dilluns 20 de setembre, 10.00 h: Col·legis professionals, associacions o representants afectats, Associacions propietat

  • Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió d’Habitatge del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
  • Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya
  • Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya
  • Compareixença en ponència de Jèssica Casals, portaveu de les famílies afectades per l’anul·lació del Decret llei 17/2019
  • Compareixença en ponència d’una representació del grup promotor de la iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
  • Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca
  • Compareixença en ponència d’una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya
  • Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Promotors de Catalunya

Dilluns 27 de setembre, 10.00 h: Dia reservat per a les audiències que no puguin dur-se a terme la resta de dies.

Cada compareixença tindrà durada aproximada d’una hora i es podrà seguir en directe al Canal Parlament a través d’aquest enllaç: https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:1

Acabar amb els desnonaments ha de ser una prioritat en aquesta legislatura. La futura “Llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional” serà clau per aconseguir-ho. El Grup Promotor i la ciutadania organitzada estarem vigilants d’aquesta urgent aprovació al més aviat possible. No permetrem que ningú quedi enrere.