Archivo mensual octubre 29, 2021

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Noviembre 2021

Contador desahucios mes: 21

Contador total 2021: 153

Parados 4
Suspendidos 16
Entrega llaves 1
Realojo
Ejecutados

Desahucios por hipoteca

Martes 16
Demandante: BBVA / Divarian SUSPENDIDO
Dirección: C/Olot, 24, Santa Coloma de Gramenet

Jueves 25
Demandante: BBVA / Divarian PARADO
Dirección: C/Travau, 23, Barcelona

Jueves 25
Demandante: Catalunya Banc SUSPENDIDO
Dirección: C/Cadí, 37, Barcelona

Desahucios por alquiler

Lunes 8
Demandante: Budmac Investments SUSPENDIDO
Dirección: C/Mare de Déu de Puigcerver, 4, Hospitalet de Llobregat

Miércoles 10
Demandante: SUSPENDIDO
Dirección: Plaça del Sortidor, 14, Barcelona

Miércoles 10
Demandante: Budmac SUSPENDIDO
Dirección: C/Príncep de Viana, 5, Barcelona

Martes 16
Demandante: PARADO
Dirección: C/Pedraforca, 95, Hospitalet de Llobregat

Jueves 18
Demandante: Placerville Invest ENTREGA LLAVES
Dirección: C/Ermengarda, 8, Barcelona

Jueves 18
Demandante: Buildingcenter SUSPENDIDO
Dirección: Rambla de Pompeu Fabra, 129, Gavà

Viernes 19
Demandante: SUSPENDIDO
Dirección: Av. Mare de Déu de Montserrat, 143, Barcelona

Lunes 22
Demandante: SUSPENDIDO
Dirección: C/Mandoni, 10, Barcelona

Lunes 22
Demandante: Jorbajor SL SUSPENDIDO
Dirección: C/Parc, 3, Barcelona

Jueves 25
Demandante: Real Estate Castillejos SUSPENDIDO
Dirección: Rambla Onze de Setembre, 37, Barcelona

Desahucios por ocupación

Martes 2
Demandante: Sareb SUSPENDIDO
Dirección: C/Martorell, 40, Hospitalet de Ll.

Jueves 4
Demandante: Budmac Investments SUSPENDIDO
Dirección: Plaça dels Blocs de la Florida, 20, Hospitalet de Llobregat

Martes 9
Demandante: Divarian SUSPENDIDO
Dirección: C/Serbia, 17, Barcelona

Martes 9
Demandante: Sareb SUSPENDIDO
Dirección: Rambla de Fabra i Puig, 6, Barcelona

Martes 16
Demandante: Hipocat 7 SUSPENDIDO
Dirección: C/Graner, 9, Barcelona

Martes 16
Demandante: Sareb SUSPENDIDO
Dirección: C/Muga, 4, Barcelona

Viernes 19
Demandante: Coronas Real Estate PARADO
Dirección: C/Plutó, 37, Barcelona

Viernes 19
Demandante: Coronas Real Estate PARADO
Dirección: C/Plutó, 37, Barcelona

PorPAH_Bcn

Acuerdo del Gobierno sobre Ley de Vivienda: Nueva burla al derecho a la vivienda

Exigimos al Gobierno que recapaciten y retrasen el paso del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el Derecho a la Vivienda

En relación con el reciente acuerdo hecho público por el Gobierno de España sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda, desde la Iniciativa Ley Vivienda, plataforma integrada por más de 120 organizaciones, y una vez conocido y evaluado el contenido de la Ley, solo podemos expresar nuestra profunda indignación por el muy corto alcance de la misma y su evidente falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos en el Estado español.

Lejos de elaborar una ley que, respetando las competencias autonómicas, establezca una protección común del Derecho a la Vivienda para el conjunto del Estado, las altamente insuficientes medidas que se recogen quedan mayoritariamente en manos de la voluntad política de las CCAA, renunciando a establecer ninguna garantía frente a la insumisión ya anunciada por algunas de ellas y aumentando el riesgo de discriminación en función del lugar de residencia.

La Ley elaborada por el Gobierno no impide que siga habiendo desahucios sin alternativa habitacional de personas y familias vulnerables si se superan los plazos, ni cumple con las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos, al ignorar las obligaciones derivadas de los sucesivos dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Justicia. Tampoco se incluye ninguna garantía para los suministros básicos, los cuales consideramos imprescindibles a la hora de hablar de vivienda digna y adecuada.

La influencia de la banca y de los fondos buitre se hace notar especialmente en el apartado de Parque público de Vivienda Protegida, al renunciar a movilizar las decenas de miles de casas vacías en manos de las entidades financieras rescatadas con dinero público, y ni tan siquiera aquellas bajo control de la empresa de capital público SAREB, de la que se ha sabido recientemente que se prevé que deje al Estado una deuda de 8.000 millones de euros. En definitiva, no se prevé ni se ataja la emergencia habitacional actual, siendo todo el mundo consciente de la enorme carencia de disponibilidad de viviendas en las Administraciones públicas.

Pero, además, ante las comunicaciones y amenazas de desahucios de fondos buitre de no renovar contratos de alquiler y de la banca de seguir expoliando vivienda de los impagos hipotecarios, tampoco contempla la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa real al desahucio, como ya regula la normativa en Catalunya. Es inconcebible: un gobierno progresista debe exigir corresponsabilidad para que los esfuerzos sean compartidos ‒no solo de la ciudadanía o del Estado‒ y no se convierta el sistema en un aliado de la especulación.

Nos parece vergonzoso e inaceptable que el Gobierno pretenda aprobar una Ley por el Derecho a la Vivienda que no garantice la protección de un techo para las personas sin hogar. La propuesta de Ley del Gobierno no establece y ni siquiera impulsa ninguna medida adicional ni distinta a las que ya se vienen aplicando, con los resultados conocidos de cronificación del sinhogarismo para las más de 32.000 personas que ahora se encuentran en esta situación.

Incluso la medida estrella del Gobierno para esta Ley nace estrellada. La regulación de alquileres que se propone es totalmente improductiva: deja fuera a la mayoría de inquilinos al dejar a voluntad de los gobernantes autonómicos su aplicación en lugar de fijar condiciones objetivas y, en los casos en que la Comunidad Autónoma pidiese al Estado aplicar la regulación, los municipios lo tendrían muy difícil para obtener el permiso, dada la dificultad para demostrar que se cumplen los requisitos que se establecen y debido a la inexistencia de datos a nivel municipal.

La Ley del Gobierno no contrarresta las brutales subidas del alquiler de los últimos años, y se centra en la posibilidad de acogerse a prórrogas anuales manteniendo el mismo precio y condiciones, condenando a los inquilinos a una situación incierta y asfixiante.

Para colmo, el Gobierno pretende regalar una espectacular reducción de impuestos a los especuladores de la vivienda, ampliando la deducción a los arrendadores del 60% al 90% si aplican una ridícula reducción del alquiler del 5%, contra el criterio de la autoridad fiscal (AIReF), que ya ha dicho que este tipo de medida beneficia a las rentas altas y perjudica a las bajas. Es más, Hacienda no está preparada para comprobar que quien declara haber bajado el precio para tener más beneficios fiscales lo haya hecho de verdad.

Por otra parte, si queremos aprender alguna cosa de las crisis sufridas y mirar esperanzadas al futuro, hace falta incorporar mecanismos que eviten el sobreendeudamiento de las familias, incorporando la responsabilidad limitada al bien y una regulación justa y gratuita de la segunda oportunidad.

La participación ciudadana en la elaboración de las políticas de vivienda y urbanismo, que ha estado ausente a lo largo del proceso de elaboración de la Ley, ignorando absolutamente las reivindicaciones y propuestas de los colectivos de afectadas, continúa ausente también en la Ley, cuando sería una herramienta eficaz para frenar la especulación y la cultura de la corrupción urbanística y el ladrillazo que tanto gusta a algunos dirigentes.

Es difícil de entender que la ministra Ione Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz reconozcan que la ley es “poco ambiciosa y no les gusta”, pero hayan renunciado a tramitar nuestra Ley de garantía del Derecho a la vivienda digna y adecuada que registraron en el Congreso solo 5 días antes junto con otros 8 partidos políticos, para firmar de prisa y corriendo un acuerdo que ni garantiza el Derecho a la Vivienda ni puede vislumbrarse siquiera como solución del drama de vivienda que sufre nuestro país.

Desde la Iniciativa Ley Vivienda exigimos al Gobierno que recapaciten y retrasen el paso del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el Derecho a la Vivienda, y pedimos a todos los partidos que avalaron con su firma el registro de nuestra ley, que sigan respaldándola, tanto impulsando y apoyando su pase al Pleno del Congreso, como confrontando con el Gobierno y enmendando el texto insuficiente del gobierno.

No vamos a detenernos hasta conquistar el derecho a la vivienda.

PorPAH_Bcn

La PAH, manual de uso

Aprendizajes para la acción colectiva a partir de la lucha por el derecho a la vivienda

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) nacimos en febrero del 2009 en un local del centro de Barcelona donde nos dejaron realizar nuestra primera asamblea. Lo que era una respuesta de un pequeño grupo de personas a la estafa hipotecaria que se estaba produciendo en España, con el paso de los años, se ha convertido en un movimiento civil a nivel estatal y referente nacional e internacional en la lucha por el derecho a una vivienda digna para todas.

Son más de doce años de lucha, de pequeñas y grandes victorias, de aciertos, de alegrías, de muchas celebraciones, pero también de alguna derrota, de errores, a veces de impotencia, de incertidumbre, de irnos adaptando a la realidad a medida que esta iba cambiando.

En definitiva, son más de doce años de continuo aprendizaje. Cómo nos organizamos, cómo nos cuidamos, cómo hacemos política desde la calle, cómo cambiamos leyes, cómo conseguimos cambiar el relato mayoritario que nos hacía culpables de no poder pagar nuestra hipoteca, alquiler o que nos hayamos visto obligadas a ocupar para acceder a una vivienda, cómo hemos conseguimos tener un amplísimo apoyo social, cómo hemos practicado la desobediencia civil pacífica, cómo hemos forzado a los partidos políticos a aprobar leyes o cómo los poderosos, la banca, los fondos buitre o grandes propietarios, han tenido que sentarse a negociar con nosotras y aceptar nuestras demandas.

Doce años de desobediencia civil pacífica, de propuestas legislativas, de demostrar que la ciudadanía organizada tiene mucho más poder que el que quieren que creamos que tiene.

Nuestra lucha no es solo una lucha local sino también internacional porque muchos de los actores contra los que nos enfrentamos son actores internacionales. La vivienda sufre en todo el mundo un proceso de financialización y quieren que responda a las leyes del capitalismo más despiadado, que considera la vivienda como un bien de inversión con el que poder especular y no como un derecho humano que garantizar. La lucha ha de ser una lucha internacional. Juntas lo conseguiremos.

Es por esto que queríamos compartir todo este aprendizaje con quien considere que le puede servir como inspiración. La PAH se centra en garantizar el derecho a la vivienda, pero creemos que nuestro modelo puede servir para cualquier colectivo ciudadano en cualquier parte del mundo que decida luchar juntas. Uno de nuestros mayores aprendizajes es que solo desde la calle y organizadas se cambian las leyes y solo cambiando leyes se avanza en derechos.

Esperamos que os sirva algo de lo que contienen las siguientes páginas, es nuestra humilde experiencia, aprendizaje y aportación.

Descarga el libro:

Podéis solicitar ejemplares gratuitos a la Fundación Rosa Luxemburg, a través del correo info.madrid@rosalux.org.

El libro La PAH, manual de uso, está escrito por el periodista João França y editado por la Fundación Rosa Luxemburg.

¡Sí se puede!

PorPAH_Bcn

Comunicado: ¡Alerta! ¡Junts per Catalunya quiere recortar la nueva ley antidesahucios!

El partido se desdice de su compromiso del pasado mes de junio para sacar adelante la nueva Ley antidesahucios dando un paso atrás y posicionándose al lado de los lobbies inmobiliarios y la banca

El pasado mes de junio presentamos y registramos la futura ley antidesahucios catalana. Lo hicimos con un apoyo mayoritario y suficiente para sacar adelante la ley con tramitación de urgencia y con el compromiso de los Grupos Parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, En Comú Podem y CUP de tenerla aprobada a finales de octubre.

La nueva ley antidesahucios, acordada con las entidades sociales, quiere recuperar urgentemente los alquileres sociales antidesahucios anulados por el Constitucional debido al nuevo recurso del PP contra el Decreto Ley 17/2019, que amplió la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes de suministros.

Como resultado de mucha negociación y de un esfuerzo de consenso importante, la futura “Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional” nació incorporando mejoras para proteger a más gente y para evitar que los grandes tenedores se la salten.

Pasado el verano, justo cuando se acerca la votación final en el Parlament, prevista en noviembre, Junts se ha desdicho sorprendentemente y ha presentado 7 enmiendas que recortan la proposición de ley. Una parte de Junts cambia las prioridades y quiere proteger a los lobbies, algo que ya ocurrió con la ley catalana de regulación de los alquileres y gracias a la presión social, se evitó.

Las 7 “enmiendas recortadoras” de Junts, se pueden resumir en los siguientes puntos:

  • Compensación a grandes tenedores: quieren compensar a los grandes tenedores de más de 15 viviendas, sean personas físicas o grandes empresas, la diferencia entre el precio del alquiler social y el de mercado. Esta enmienda impugna el espíritu de la Ley 24/2015: alquiler social obligatorio para los grandes propietarios que pretenden desahuciar familias y realojamiento público o ayudas para evitar los desahucios de pequeños tenedores.
  • Rebaja de la definición de gran tenedor: se niegan a homologarla a la definición estatal de 10 viviendas, subiéndola a 15 pisos, tanto para personas físicas como empresas, que tan solo contarán si están en Catalunya y no en el resto del Estado. También rechazan la mejora de la definición en las partes por las que se escapan, troceando, por ejemplo, el patrimonio.
  • Debilitación de la definición de vivienda vacía: quieren que la compra de una vivienda vacía ponga a cero el contador de los dos años para poder penalizarlo o movilizarlos. Esto pondría más difícil multar los pisos vacíos de bancos y buitres, obligar a cederlos o expropiarlos.
  • Menos familias que ocupan pisos de bancos, protegidas: excluyen del alquiler social a las familias que ocupan pisos de bancos desde octubre del 2020, cuando la ley registrada incluía hasta junio de 2021. Esta enmienda deja fuera a las familias sin alternativa que han entrado a vivir en pisos vacíos de bancos o buitres a raíz de las dificultades del último año, y en vez de dar seguridad habitacional, puede provocar miles de desahucios.
  • Recortan el alquiler social para arrendatarias: la nueva ley aumentaba el tiempo durante el cual se aplican los alquileres sociales obligatorios cuando se acaban los contratos o no se renuevan para subir el precio y desahuciar, a 6 y 12 años, según si el gran propietario era persona física o jurídica. Junts quiere reducirlo a 5 o 7, según el tipo de gran tenedor.

Estas enmiendas recortan o impugnan directamente la Ley y podrían haber sido redactadas por el PP. ¿Las aprobará Junts con la complicidad de C’s, PP y VOX? Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y la ciudadanía organizada responderemos a la anulación del Tribunal Constitucional por el enésimo recurso del PP con una rebaja de la Ley. Sería un escándalo y por ello hoy salimos a la calle a denunciarlo.

Junts falta a su palabra, al texto que firmó y registró antes del verano, por eso no podemos confiar en ellos, si no retiran las enmiendas presentadas. Debido a los intentos que se han hecho para evitar que se registren estas enmiendas, nos consta que hay una parte del partido que duda al respecto: deben hacerse valer para volver al «SÍ» a la ley, al «SÍ» a poner fin a los desahucios.

¡No podemos rebajar la protección a las familias que han sido o pueden ser desahuciadas! La lista de espera de la mesa de emergencia ha aumentado en 1.000 familias desde el 2019 y hoy es de 2.242 unidades familiares que necesitan ya una vivienda.

Tampoco podemos transferir dinero público a los grandes propietarios que pretenden desahuciar: que son para realojar familias, evitar desahucios de pequeños tenedores o construir vivienda protegida. Ya se hizo con los bancos y ahora no puede volver a pasar con el sector inmobiliario.

¡No nos podemos permitir ningún paso atrás en la lucha contra los desahucios! ¡Queremos la ley entera!

#JuntesContraElsDesnonaments

PorPAH_Bcn

Ni jueces ni mossos pararán el movimiento

El movimiento por la vivienda de Catalunya, decenas de colectivos y entidades y cientos de personas que defendemos el derecho a la vivienda en este país, nos plantamos y denunciamos la situación de represión a la que nos somete el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya

A través de la organización colectiva, el apoyo mutuo y la solidaridad, cada semana y cada día trabajamos para que todas las personas podamos acceder y mantener viviendas dignas y adecuadas donde construir y compartir nuestras vidas. Lo hacemos en las asambleas, lo hacemos utilizando todos los recursos a nuestro alcance, conociendo y haciendo valer nuestros derechos y, cuando es necesario, también poniendo el cuerpo cuando jueces y policías vienen a echarnos de nuestras casas. El desahucio es la expresión de la quiebra de todo un sistema que debería estar garantizando el derecho a la vivienda. Y somos nosotras quienes, ante la inoperancia de la Administración, nos plantamos ante la puerta de casa para defender nuestros hogares.

Su respuesta: multas y represión. Desde marzo de 2019, hemos contabilizado hasta 364 multas al movimiento por la vivienda, 351 de estas puestas en desahucios, que suman un total de 206.141,00 €, aunque sabemos que seguramente son muchas más. El Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya nos acusa de obstrucción, desobediencia y falta de respeto, amparándose en la ley mordaza. La misma ley que unos y otros han prometido derogar tantas veces es la que utilizan para acusarnos ahora e intentar atemorizarnos. Y lo hacen, además, enviando la Brimo y el ARRO, unidades de los Mossos d’Esquadra que también se comprometieron a retirar de los protocolos de ejecución de desahucios.

Ante esta situación, exigimos:

  1. Que se retiren inmediatamente todas las multas interpuestas a las personas que participaban en acciones para parar desahucios.
  2. Que no se impongan nuevas multas amparadas en la ley mordaza en los desahucios.
  3. Que la Brimo y el ARRO no sean utilizados para ejecutar desahucios en Catalunya.

Y, con estas exigencias, lanzamos también un mensaje muy claro. Las multas y la represión, los jueces y los Mossos, no han logrado parar hasta ahora a este movimiento, ni lo harán. Seguiremos en cada asamblea y en cada intento de desahucio, poniendo el cuerpo, el coraje y la inteligencia para que toda persona pueda tener un hogar digno y adecuado.

¡Ni mordaza, ni desahucios!