Archivo mensual noviembre 30, 2021

La pobreza habitacional se perpetúa, los incendios no se paran

A raíz del incendio del local de la Plaza Tetuán, desde la PAH y la APE denunciamos las condiciones de pobreza habitacional y energética que suelen esconder este tipo de incendios

Barcelona, 30 de noviembre de 2021

Esta mañana nos hemos levantado con la tristísima noticia del incendio de un local ubicado en la plaza Tetuán de Barcelona, del que cuatro personas, entre ellas dos menores de 1 y 3 años, han resultado muertas y otras cuatro heridas. El local era una antigua oficina bancaria abandonada y en él vivía la familia precariamente junto a otras personas. Este incendio se suma a una serie de casos similares que hemos denunciado en los últimos años.

A la espera de que las investigaciones policiales en curso aclaren el origen del incendio, desde la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca queremos denunciar que, aunque casos como estos pueden tener causas diversas, en su mayoría están relacionados con la situación de vulnerabilidad social de los hogares, así como las debilidades institucionales y legales de las políticas de vivienda y de acceso a los servicios básicos.

El caso de hoy pone en evidencia que la emergencia habitacional, lejos de solucionarse, se agrava cada vez más, por los elevados precios de alquiler de las viviendas, los obstáculos que pone el mercado inmobiliario y la falta de políticas de vivienda para aumentar el parque público en nuestras ciudades. Además, cabe destacar que las personas migradas en situación irregular y familias monomarentales son las que más sufren para acceder a una vivienda en condiciones y con contrato.

La falta de un parque público de vivienda junto con el colapso de las mesas de emergencia hace que muchas familias se vean obligadas a encontrar alternativas habitacionales como la ocupación de viviendas vacías de grandes tenedores, o como es el caso, de locales comerciales. En la mayoría de los casos, estas viviendas carecen de condiciones mínimas de habitabilidad, entre ellas, la conexión a los servicios de agua y electricidad.

Desde la PAH llevamos 12 años denunciando la situación que viven miles de familias que no pueden continuar pagando su hipoteca, su alquiler y/o que acceden de forma precaria a una vivienda, y proponiendo soluciones al Parlament de Catalunya y al Estado. Hacen falta leyes ambiciosas y voluntad política que obliguen a los grandes tenedores a realizar alquileres sociales a familias vulnerables, que cedan las viviendas vacías y tapiadas con puertas de hierro que dejan en cada desahucio ejecutado. En un estado avanzado, no podemos permitirnos gente sin casa y casas sin gente, es responsabilidad de todas las instituciones (locales, autonómicas y estatales) velar por que familias e infantes tengan un hogar y dejar atrás el tsunami de más de 26.000 desahucios que están previstos a partir del 1 de marzo de 2022.

Asimismo, aun desconociendo las causas inmediatas del incendio de hoy, recordemos que el acceso a los servicios básicos está particularmente restringido a las personas que ocupan viviendas en precario. Desde la APE venimos luchando desde hace años para que instalen contadores sociales de agua y de luz en este tipo de vivienda y, aunque hemos conseguido algunos avances, todavía queda mucho por hacer. Los obstáculos legales para acceder al suministro eléctrico en los casos de ocupaciones en precario hacen que mucha gente no tenga más opción que pinchar el servicio o vivir con velas, con los riesgos que esto conlleva, sobre todo los riesgos de incendios.

Una vez más, y con independencia de las incertidumbres que rodean el incendio de hoy, recordemos que, en febrero de 2017, la APE y un colectivo de bomberos presentamos una propuesta de implementación de un protocolo, tanto para el cuerpo de bomberos de Barcelona como el de la Generalitat, para ayudar al diagnóstico de la pobreza energética a partir de los informes de los cuerpos en sus intervenciones. El objetivo del protocolo de Bomberos es doble. Por un lado, aprovechar «la observación privilegiada» que tienen los bomberos en todas sus intervenciones ‒no solo en los incendios‒, y detectar indicadores de riesgo que puedan ser trasladados a Servicios Sociales para que se planteen las actuaciones preventivas correspondientes. Asimismo, debe servir para cuantificar a las víctimas causadas por pobreza energética y así visibilizar esta problemática y su gravedad. Si bien el Ayuntamiento de Barcelona está implementando este protocolo, la Generalitat a día de hoy todavía no lo ha puesto en marcha. Seguimos instando a la Generalitat a que haga efectivo este protocolo.

Desde la APE y la PAH no nos detendremos hasta conseguir que el derecho a una vivienda y suministros dignos y seguros estén garantizados para todas las familias. Hay vidas en juego.

Alianza contra la Pobreza Energética
PAH Barcelona

Stop Desahucios Diciembre 2021

Contador desahucios mes: 6

Contador total 2021: 159

Parados 1
Suspendidos 4
Entrega llaves
Realojo
Ejecutados 1

Desahucios por hipoteca

Viernes 10
Demandante: Budmac Investments SUSPENDIDO
Dirección: C/Palamós, 38, Barcelona

Desahucios por alquiler

Viernes 3
Demandante: Rontzerius SL PARADO
Dirección: C/Roger de Flor, 209, Barcelona

Lunes 20
Demandante: Rontzerius SL EJECUTADO
Dirección: C/Roger de Flor, 209, Barcelona

Desahucios por ocupación

Jueves 2
Demandante: BBVA/Divarian/Haya Real Estate SUSPENDIDO
Dirección: C/Mare de Déu del Port, 407, Barcelona

Lunes 13
Demandante: SAREB SUSPENDIDO
Dirección: C/Prat de la Manta, 11, Hospitalet de Ll.

Lunes 13
Demandante: SAREB SUSPENDIDO
Dirección: C/Llançà, 29

Resumen de la semana del 22 de noviembre de 2021

¡¡Esta semana ha sido movidita!!

¡Como cada lunes, nos reunimos en asamblea para dar la bienvenida a nuevos miembros y encontrar entre todas soluciones a nuestros problemas de vivienda! ¡Ven a la asamblea el próximo lunes 29/11/2021 en la c/ Leiva 44 de Barcelona! ¡¡Te esperamos!!

Esta semana hemos parado en puerta el desahucio de Paulino y hemos conseguido parar otros cuatro desahucios con gestiones previas. También hemos conseguido pequeñas grandes victorias, como la de la comPAH Laura, ¡¡¡que ha firmado un contrato de alquiler social!!!

Además, hemos compartido experiencias con compañeras sudafricanas de Tekano. ¡¡Porque tenemos que cerrar filas para asegurar el derecho a la vivienda en todo el mundo!!

Le hemos recordado al Ayuntamiento de Barcelona que no puede legalizar el alquiler de habitaciones para uso turístico porque esto nos expulsa de los barrios; y le hemos recordado al Gobierno que sus presupuestos no nos satisfacen, ¡porque no contemplan medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda! ¡Poneos las pilas YA porque Catalunya sigue liderando el ranking de desahucios!

También hemos intervenido en los medios para hablar de la feminización de la pobreza que se observa en las situaciones de pérdida de la vivienda o de dificultades de acceso a la misma.

¡Tú eres muy importante para visibilizar estas situaciones! Te recordamos que, si tienes dificultades para pagar el alquiler, puedes ayudarnos a poner luz y datos sobre la crisis de la vivienda y el estado de la exclusión social en Catalunya, respondiendo a la encuesta “Vivienda y Salud”:

http://www.bit.ly/EncuestaViviendaYSalud

¡¡Y mirad qué nos espera la próxima semana!!

El jueves (2/12/21), una charla genial sobre «Claves de la ley estatal de vivienda», donde explicaremos todo lo que no funciona en la Ley de Vivienda propuesta por el Gobierno del Estado.

¡Tendremos que estar atentas también a los posibles desahucios que podamos tener! ¡No permitiremos que nadie quede en la calle!

¡Atentas a las redes y a nuestro canal de Telegram!

No son #LlarsCompartides, es alquiler turístico de habitaciones

Hay que rechazar la regulación y prohibir una práctica que precarizaría aún más el acceso a la vivienda y echaría de su casa a familias vulnerables

Resistim al Gòtic, la Barceloneta Diu Prou, la FAVB, Gràcia On Vas, el Sindicat de Llogateres, Ciutat Vella No Està En Venda, el Sindicat d’Habitatge del Casc Antic, el Observatori DESC, la Asamblea Social del Guinardó, la AVV de Sagrada Familia y cada vez más colectivos y entidades instamos a la ciudadanía y a organizaciones sociales a adherirse al manifiesto para exigir al consistorio de Barcelona que prohíba la regulación de alquiler turístico de habitaciones.

En agosto de 2020 la Generalitat de Catalunya publicó, dentro de un decreto sobre turismo, la primera regulación del alquiler turístico de habitaciones, dejando a los ayuntamientos un tiempo para adaptarla a sus realidades. En el caso de Barcelona, se ha decidido contemplar este nuevo modelo de especulación turística de la vivienda en el marco del segundo PEUAT, actualmente en preparación. Dentro del Ayuntamiento, e incluso dentro del gobierno municipal, existen dos corrientes: la prohibición de esta práctica y su regulación con más o menos limitaciones.

Abogamos por su prohibición por los siguientes motivos:

  1. Rechazamos el término ‘hogares compartidos’ para hablar del alquiler de habitaciones por días. El uso de este término es ya una toma de posición asumiendo el lenguaje de Airbnb y la mal llamada sharing economy, que consiste en especular con un derecho básico como la vivienda. En este caso, con una de sus versiones más precarias.
  2. Las voces que defienden el alquiler turístico lo hacen en nombre del derecho al negocio, y utilizan como excusa la necesidad de esta práctica para llegar a fin de mes, dificultades que –dicen– podrían superar con el alquiler turístico de su casa.
    La gran precariedad en la que demasiada gente vive en Catalunya y en Barcelona es un problema grave que es preciso tratar con urgencia, mediante políticas públicas reales, y no con una nueva liberalización; no diciendo a la gente que alquile parte de su casa para llegar a fin de mes.
  3. Como ya ocurre con los pisos enteros, los verdaderos beneficiados del alquiler turístico son profesionales y agencias, en ningún caso arrendadores amateurs. El alquiler turístico de habitaciones (alegal hasta ahora) hace ya tiempo que se utiliza como tapadera para el alquiler de pisos enteros sin licencia (ilegal). Lo que antes se hacía en un vacío legal, ahora pasaría a hacerse con garantías de legalidad, y con un control público prácticamente nulo.
  4. La capacidad de inspección respecto a la eventual regulación por parte del Ayuntamiento es muy reducida, como ya se ha demostrado con los pisos enteros, por lo que, en la práctica, una regulación equivale a abrir la puerta al alquiler turístico de forma masiva, sin demasiada posibilidad de control, tal y como han mostrado regulaciones similares en otras ciudades europeas.
  5. El alquiler de habitaciones ya es posible en el ámbito residencial: solo hace falta que se haga por más de 31 días, respetando la Ley de arrendamientos urbanos (LAU). Las familias y personas que lo necesitan hace tiempo que lo hacen. Pero a quien especula no le basta con ello, porque persigue el máximo beneficio posible. Poco importa que esto implique echar a las personas que ahora mismo están viviendo en habitaciones alquiladas; y aquí llegamos a la otra amenaza, en definitiva, la más grave de todas.
  6. Permitir el alquiler turístico de habitaciones significa hoy someter a la gran cantidad de personas y familias que viven en habitaciones alquiladas, a una presión inmobiliaria aún mayor y a una competición nunca conocida antes. Conllevaría una subida de precios inasumible y, en la práctica, una precarización adicional de la situación habitacional y la expulsión de muchísimas personas que ya han quedado fuera del derecho a una vivienda digna, y que podrían ser expulsadas de donde viven.

En resumidas cuentas, la solución a los problemas económicos de la población no puede pasar por una liberalización del alquiler de habitaciones. Esto supondría poner aún más en riesgo la situación habitacional de las personas y familias que ya están más precarizadas y, al mismo tiempo, seguir enriqueciendo a quien se lucra con la especulación turística de la vivienda: agencias y profesionales rentistas o plataformas como Airbnb.

Por el derecho a la vivienda de todas las personas, para que no sean expulsadas de sus lugares de vida, el Ayuntamiento de Barcelona no puede legalizar el alquiler turístico de habitaciones.

Adhiérete al manifiesto rellenando el siguiente formulario.

Gracias a la Revista Masala y a Pau Badia i Roca (Nomdenoia) por la ilustración.

Presentamos alegaciones al anteproyecto de Ley Vivienda del Gobierno

Las organizaciones que integramos la plataforma Iniciativa Ley Vivienda, hemos presentado alegaciones al anteproyecto de ley por el Derecho a la Vivienda pactado por los socios de gobierno y aprobado por el Consejo de Ministros

Estas alegaciones se basan en:

  • El anteproyecto sigue vulnerando el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y No reconoce como derecho subjetivo el Derecho a la Vivienda.
  • No prohíbe los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, ni “en abierto”, ni obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social previo a un desahucio.
  • Establece el límite de “gran tenedor” en propietarios de 10 o más viviendas, lo que impedirá a la mayoría de inquilinos ver rebajadas sus rentas.
  • Libra a los propietarios que sean personas físicas, de las obligaciones de rebajar, aunque sean grandes tenedores.
  • El Gobierno renuncia a su obligación de establecer unos mínimos comunes al conjunto del Estado, trasladando al criterio de las CCAA, tanto la declaración de zonas tensionadas como la posibilidad de recargos en el IBI (carga insignificante y discriminatoria) donde, además, tendrán que decidir los ayuntamientos. Ya las CCAA autónomas gobernadas por el PP: Galicia, Castilla León, Madrid, Andalucía y Murcia se han declarado insumisas a esta ley, con lo que alrededor de 20 personas se verán privadas de las escasas ventajas de esta ley, aumentando la discriminación en razón del territorio de residencia.
  • No establece ningún régimen sancionador específico para incumplimientos.
  • Renuncia a la utilización como Parque Público Temporal de los 3,4 millones de casas desocupadas (datos INE). Tampoco de la Sareb.
  • Renuncia igualmente a iniciar la recuperación de alrededor de 65.000 millones de euros públicos gastados en la recuperación de la banca en la crisis anterior, que podría dotar de un importante número de viviendas al inexistente parque actual.
  • No garantiza el acceso a los suministros básicos en situaciones de vulnerabilidad.
  • No adopta medidas de choque para combatir el sinhogarismo.

En definitiva: NO GARANTIZA EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA.

Las organizaciones que integramos la Iniciativa Ley Vivienda, queremos recordar que el pasado día 30 de septiembre, y avalados por 9 formaciones parlamentarias, entre ellas Unidas Podemos, registramos la proposición de Ley por el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada, que sí garantiza el ejercicio de este Derecho Fundamental, y reclamamos de todas esas formaciones que utilicen ese texto que avalaron con sus firmas para enmendar el insuficiente texto del Gobierno en el próximo trámite parlamentario.

Desde la PAH, lo tenemos claro: necesitamos una Ley que garantice el derecho a la vivienda que deje atrás los desahucios y que ponga los cimientos para que no sea vulnerado este derecho.

¡Sí se puede!

#AlegamosPorDerecho #LeyDerechoVivienda

Aquí podéis consultar las alegaciones presentadas.