El Gobierno está preparando la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda; de hecho, parece que el borrador de la ley entrará en el Consejo de Ministros de manera inminente y se remitirá de inmediato al Congreso para su debate y aprobación.
Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio. No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental.
La crisis habitacional es innegable: más de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo; 12 millones de personas en riesgo de exclusión social; más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el tercer trimestre del 2020, muchos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos, sin importar que hubiera menores o personas mayores dependientes. Por ello, las abajo firmantes no estamos dispuestas a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta Ley. Contra las presiones de los especuladores, llamamos a la gente de a pie a sumarse a la movilización necesaria para asegurar la protección de este Derecho humano en nuestro país.
En España, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de vivienda y suministros básicos; y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden constituirse. De hecho, únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable.
Mientras ‒según el INE (2011)‒ hay 3,4 millones de viviendas vacías (muchas de ellas en manos de grandes tenedores), el Parque de Vivienda Pública y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa.
En el Estado español las viviendas sociales representan un 2,5% del parque de viviendas principales, nada que ver con los porcentajes de algunos países europeos de nuestro entorno (Holanda 30%, Austria 24%, Reino Unido 17,6%, Francia 16,8%).
Después de haber entregado más de 60.000 millones de dinero público para el rescate bancario que no han sido devueltos, es de justicia que la nueva Ley haga frente a la emergencia habitacional que sufrimos. Garantizando así una vivienda para quien lo necesite, mediante un presupuesto suficiente en políticas de vivienda pública y estableciendo mecanismos legales que obliguen a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas.
Llevamos demasiados años sufriendo a quienes ponen sus beneficios privados por encima de la vida y la salud de millones de personas. Es el momento de que las Administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todas nos merecemos.
Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y a los Derechos Humanos, blinde las legislaciones autonómicas más progresistas y dé cumplimiento de una vez al PIDESC y a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos, sin retrasar su aplicación a desarrollos normativos posteriores.
Por imperativo constitucional y estatutario corresponde a las comunidades autónomas definir y desarrollar las políticas de vivienda, pero el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda es competencia irrenunciable del Estado, debiendo ser comunes las bases de este derecho esencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.1ª de la Constitución.
Existe una mayoría social y también parlamentaria que apoya estas medidas, pero tenemos claro que solo con la movilización de toda la población conseguiremos que esta Ley sea la garantía del Derecho a la Vivienda.
Solo entidades y colectivos, no firmas individuales
Candidatos y candidatas de los 8 partidos políticos que se presentan a las elecciones al Parlament de Catalunya han explicado en un debate electoral cuáles son sus compromisos para con la defensa del derecho a la vivienda durante la próxima legislatura. El acto político, moderado por Andrés Merino, se ha desarrollado esta mañana entre las 11 y las 13:30h a través de la plataforma Zoom y se ha retransmitido en directo a través de YouTube.
Al debate asistieron las siguientes candidatas: Rosa Maria Iborra (PSC), José Rodríguez (ERC), Helena Fort (JuntsXCat), Susanna Segovia (CatComú-Podem), Maria Sirvent (CUP), Marc Rodés (PDeCat), Sonia Rodríguez (Cs) i Àlvaro Benejam (PP).
En el bloque inicial hemos hablado de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula el Decreto Ley 17/2019 por motivos de forma. La respuesta de la ciudadanía ha sido contundente; este último fin de semana más de 3.500 personas han salido a la calle a rechazar la sentencia y a exigir que la primera Ley que se apruebe en la nueva legislatura recupere y blinde las ampliaciones conseguidas de la Ley 24/2015 y ahora anuladas por la sentencia.
Siguiendo en el marco de la Ley 24/2015 hemos preguntado también sobre pobreza energética. Desde 2015 están pendientes de firmar los convenios entre el Gobierno de la Generalitat y las compañías suministradoras que enjugarán la deuda acumulada de las familias vulnerables. ¿Qué compromisos adquieren para firmar de una vez por todas estos convenios?
En el segundo bloque hemos tratado la Ley de Regulación de precios de Alquiler. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite recientemente un recurso del PP contra la ley de regulación de los alquileres. Además, la Generalitat todavía no ha actuado de oficio para sancionar incumplimientos de la normativa, que son visibles dando un vistazo a cualquier portal inmobiliario. Teniendo en cuenta estas dos premisas y el consenso de país que ha permitido impulsar la ley con el apoyo de más de 4.000 organizaciones, hemos tratado la posición de los partidos para conocer su posición.
En el tercer bloque hemos hablado de la desviación de pisos al mercado turístico. En los últimos 10 años, en Catalunya se han desviado más de 80.000 pisos al mercado turístico. Aparte de estos que tienen licencia, también se han desviado una cantidad indeterminada de inmuebles de manera ilegal. Varios estudios demuestran que esto hace bajar la oferta de alquiler residencial e incrementa el precio de la vivienda, contribuyendo a la especulación. La llegada de la pandemia ha generado un nuevo fenómeno, los alquileres de temporada falsos, que no se ajustan a la ley. Además, la Generalitat ha regularizado el alquiler turístico de habitaciones. ¿Cumplirán los partidos el mandato del Parlamento Europeo para frenar el auge de pisos turísticos?
En el cuarto bloque hemos tratado el insuficiente parque público de vivienda. El porcentaje del parque público de vivienda en Catalunya no llega al 2% y la ley prevé alcanzar un 15% en 2027. Por otra parte, las Mesas de emergencia que tienen que ofrecer viviendas a personas en situación de exclusión residencial están colapsadas. La situación es insostenible. ¿Qué medidas tomarán los partidos para hacerle frente?
En el quinto y último bloque hemos hablado de represión policial y Ley Mordaza. Los Mossos d’Esquadra han estado bajo el foco en los últimos meses por sus actuaciones en desahucios e incluso el consejero de Interior, Miquel Sàmper, ha admitido que algunos dispositivos eran cuestionables y probablemente desmesurados. Además, el Sindicato de Inquilinas y la PAH denuncian que acumulan más de 100.000 euros en multas por ejercer el derecho a protesta e intentar frenar desahucios. ¿Continuará el nuevo Gobierno recurriendo a la ley mordaza para sancionar a vecinas y activistas?
El debate organizado hoy se celebra en el marco de una crisis económica y social agravada por la pandemia por la covid-19, la cual ha provocado un gran descenso de los ingresos de las familias trabajadoras. El objetivo ha sido conocer las respuestas de los diferentes partidos a la situación de emergencia habitacional, el parque público de vivienda y la regulación de precios de alquiler, entre otros.
El movimiento por el derecho a la vivienda tenemos claro que son necesarias medidas estructurales para poner fin a la situación que estamos sufriendo. Y para conseguirlo es necesario, sobre todo, voluntad política. Sabemos que en periodo electoral muchas de las promesas después quedan en papel mojado.
Estaremos atentas a la próxima legislatura. Y recordemos, o hay soluciones o nos encontrarán de frente. Hay vidas en juego.
El Tribunal Constitucional ha anulado la ampliación de la Ley 24/2015, conseguida en diciembre de 2019 a través de la aprobación del Decreto Ley 17/2019. Como primera reacción de urgencia, hoy salimos a la calle para rechazarlo, denunciar a los responsables y exigir soluciones.
Una vez más, el Partido Popular, obedeciendo a la banca, ataca a través de sus diputados en el Congreso cualquier conquista social en materia de derechos. Mientras tanto, el PSOE no ha movido un dedo para defender ante el Tribunal la constitucionalidad de las medidas, a través de un acuerdo con la Generalitat, ignorando la voz de las principales entidades sociales catalanas que defienden el derecho a la vivienda.
La sentencia definitiva, publicada este jueves, conlleva un recorte gravísimo de la ampliación de las medidas antidesahucios. En un acto de irresponsabilidad e insensibilidad extrema y en plena tercera ola de la pandemia, han anulado: los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en extinciones de contratos de alquiler, los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en algunos casos de ocupación y las renovaciones obligatorias una vez los alquileres sociales llegan a su fin. Si no lo evitamos, las consecuencias pueden ser gravísimas: la sentencia deja en la calle o en riesgo de desahucio a un mínimo de 3.500 personas sin ofrecer ninguna alternativa.
En 2015 impulsamos una ILP y aprobamos por unanimidad la Ley 24/2015 en el Parlament. Con esta conquista, nacida de la calle, hemos conseguido parar miles de desahucios y cortes de suministro indiscriminados en Catalunya, demostrando que es una ley imprescindible para la garantía del derecho a la vivienda.
Pero los poderosos nunca se quedan de brazos cruzados cuando se pone en riesgo su negocio y beneficios. El PP y la banca ya intentaron enterrar la 24/2015 hace cinco años, pero la recuperamos antes de que se dictara sentencia. Y después conseguimos ampliarla, ganando nuevas medidas antidesahucios, que ahora han recortado.
Sin embargo, desde abajo y como hemos hecho siempre, no nos vamos a quedar quietas y seguiremos luchando desde todos los frentes para hacer efectivo este derecho básico. Denunciamos la pasividad con que los poderes del Estado descuidan la protección del derecho a la vivienda en contra de lo que dice la propia Constitución, mientras la banca y los buitres contraatacan.
La sentencia anula la ampliación de la Ley 24/2015 por un defecto de forma, es decir, que habría que utilizar una Ley y no Decreto-ley. ¡Aquí se abre una oportunidad que no desaprovecharemos para recuperar las medidas anuladas!
Así que exigimos a las cabezas de lista que se presentan a las elecciones catalanas del 14F, al futuro Gobierno de la Generalitat y a todos los partidos políticos que constituyan el Parlament en la nueva legislatura, que:
La Ley catalana contra los desahucios y los cortes de suministros molesta a los poderosos porque amenaza sus beneficios y les obliga a cumplir las reivindicaciones de quienes defendemos el derecho a la vivienda.
Exigimos que la ampliación de la ley sea restituida, artículo por artículo, en el primer pleno del Parlament tras las elecciones e interpelamos a todas las candidatas a que se posicionen.
¡Mientras tanto, seguiremos parando desahucios cada día, realojando y luchando para que no quede ni una sombra de duda de que quienes defendemos el derecho a la vivienda digna somos muchas más!
#Defensemla24 #CapMésDesnonament #DefensemHabitatgeDigne
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Catalunya y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Catalunya (PAH Catalanas) organiza el lunes 8 de febrero a las 11h, un debate online con los diferentes partidos candidatos a las elecciones del 14 de febrero para conocer sus propuestas en materia de vivienda. Los objetivos del debate, para las dos organizaciones, son conocer las medidas que los diferentes partidos pretenden poner en marcha para paliar la crisis habitacional que sufren las familias catalanas y que ahora se ha agravado más aún por la pandemia de la covid-19; además, ambas organizaciones evaluarán y analizarán posteriormente estas medidas de acuerdo con las perspectivas.
El acto contará con la participación de los partidos que obtuvieron representación parlamentaria durante la última legislatura: Rosa Maria Iborra en representación del Partido Socialista de Catalunya (PSC); José Rodríguez en representación de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Elena Fort por la candidatura de JuntsxCat; Jessica González por Catalunya en Comú-Podem (CatComú-Podem); Maria Sirvent por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP); Marc Rodés en nombre del Partit Democràtic de Catalunya (PDeCat) y Sonia Rodríguez por Ciutadanos (Cs). La participación del Partido Popular (PP) está pendiente de confirmación. El debate será moderado por el periodista Andreu Merino y se emitirá en reproducción en continuo (o streaming) a través del canal de Youtube del Sindicato de Inquilinas.
Las entidades organizan este debate en el marco de una crisis económica y social agravada por la pandemia por la covid-19. El objetivo es conocer las respuestas de los diferentes partidos a la situación de emergencia habitacional, el parque público de vivienda, la regulación de precios de alquiler o la reciente sentencia del Tribunal Constitucional contra el Decreto ley 17/2019 que amplía la Ley 24/2015, entre otros, ya que son los principales ámbitos de actuación de las entidades organizadoras. Por ello, tanto el Sindicato de Inquilinas como las PAH Catalanas analizarán posteriormente las propuestas bajo su propio punto de vista como organizaciones que están a pie de calle y afrontan los problemas con la vivienda en su día a día.
Fecha y hora: lunes 8 de febrero a las 11h
Plataforma Youtube https://youtu.be/AJ07RLRpUZU
¡Os esperamos!