Hoy alertamos sobre una inminente sentencia del recurso del PP contra el Decreto 17/2019 que amplió la Ley 24/2015. Del Gobierno del PSOE depende el fin definitivo de los desahucios y que la banca devuelva los recursos públicos destinados a su rescate
Los efectos de una anulación serían desastrosos: en este momento 3.289 familias serían desahuciadas si la sentencia es negativa por estar pendientes de un alquiler social según datos de la Generalitat
El 5 de febrero y el 4 de marzo de 2020 se convalidaban en el Parlament de Catalunya los Decretos Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y el 1/2020 respectivamente. Ambas normas amplían la cobertura de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, de manera que se protegen nuevas situaciones de emergencia como los desahucios por finalización de alquileres sociales o los desahucios invisibles por el hecho de aplicar aumentos abusivos a la renta de alquiler cuando se quiere renovar un contrato, entre otros.
El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 tenemos claro que las nuevas coberturas alcanzadas no habrían sido posibles sin la presión de las entidades y movimientos sociales que trabajamos por el derecho a la vivienda. En 2015 conseguimos aprobar por unanimidad la Ley en el Parlament, fruto de una iniciativa legislativa popular; y a partir de entonces hemos velado por su aplicación y cumplimiento. Así hemos conseguido parar miles de desahucios y cortes de suministro indiscriminados en toda Catalunya demostrando que es una ley útil e imprescindible para la garantía del derecho a la vivienda. Al mismo tiempo, hemos continuado luchando por ampliar la cobertura y proteger cada vez más a las familias en situación de vulnerabilidad.
Hemos conseguido hacer de la Ley 24/2015 con su ampliación, una ley pionera y valiente en el ámbito del derecho a la vivienda, tanto en el ámbito autonómico como estatal e internacional.
Esta lucha ha estado llena de ataques constantes por parte del «lobby» de la banca y los fondos buitre con sus tentáculos en el PP e incluso en el sistema judicial. El último ataque volvió a venir del PP con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los DL 17/2019 y 1/2020, alegando que estas normas son un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneración competencial en materia de derechos. Fue admitido a trámite el 14 de julio.
El ataque del PP vuelve a demostrar el nulo compromiso del partido con la garantía de los derechos de los colectivos más vulnerados y pone de manifiesto su férrea defensa de los intereses de bancos y fondos buitre, que son responsables de la actual situación. Además, de nuevo genera un discurso de odio hacia las familias que se han visto forzadas a ocupar en precario una vivienda y pone una diana para que se las siga estigmatizando.
Sorprendentemente, si miramos los tempos del TC, que suele tardar unos dos años en debatir y emitir sentencias, este recurso se incluyó en el orden del día del Plenario del Tribunal constitucional de 15 de diciembre de 2020 y se prevé que se pueda emitir sentencia este mes de enero.
Paralelamente, el gobierno central del PSOE convocó la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para debatir y negociar algunas discrepancias con relación a los dos decretos ley. El Grupo Promotor hicimos llegar nuestro posicionamiento y propuestas a la Generalitat con el fin de seguir incidiendo en la constitucionalidad y la aplicación total de la Ley. La Generalitat trasladó una propuesta de acuerdo concreta al Estado el día 18 de diciembre del año pasado y no se ha avanzado más.
El Grupo Promotor estamos convencidas de la constitucionalidad de la Ley original y los decretos ley que la amplían, pues hacen efectivo el artículo 47 de la Constitución tan vulnerado sistemáticamente y desamparado por la propia Administración pública a todos los niveles. La ciudadanía ha tenido que organizarse para autotutelar sus derechos. Hoy estamos aquí con el Sindicato de Inquilinas, el Congreso de Vivienda, la Mesa del Tercer Sector, el Colegio de trabajadoras sociales de Catalunya, la AMC (Asociación Catalana de Municipios), la FCM (Federación Catalana de Municipios), la Marea Blanca, el Consejo Nacional de Juventud de Catalunya, la Comisión de Defensa del ICAB, Bombers Indignats y representantes de los Grupos Parlamentarios Junts x Cat, ERC, En Comú Podem y la CUP para mostrar todo el apoyo a las políticas garantistas del derecho a la vivienda y manifestar la necesidad de que la Ley 24/2015 ampliada no sea recortada y menospreciada.
No obstante, somos conscientes de que, desgraciadamente y con demasiada frecuencia, gobiernos y tribunales ceden a las presiones del poder económico ejercido por la banca y fondos buitre y han obviado su deber de protección de las personas, los derechos humanos y la justicia social. Por eso desconfiamos de una posible sentencia, propuesta además por un juez ponente conservador y exigimos al gobierno del PSOE que establezca urgentemente un acuerdo con la Generalitat que blinde definitivamente la Ley 24/2015 ante la posible sentencia y otros ataques, de manera que no sea recortada en ninguno de los derechos que protege.
En plena pandemia y estado de alarma por la COVID-19 que han hecho más que evidente la importancia de la vivienda y de «quedarse en casa», no vamos a permitir este nuevo ataque descarado a la población cada vez más empobrecida y desprotegida. ¿Cómo nos podemos quedar en casa si nos desahucian o no tenemos una vivienda digna y adecuada?
El rescate bancario de 100.000 millones de euros sin ninguna contrapartida social, mientras la ciudadanía sufría desahucios, constantes recortes en la educación y la sanidad pública ha sido el tono permanente de la política y gestión de los gobiernos del PP, que siempre ha gobernado para los responsables de la burbuja inmobiliaria. Un partido criminal, que mientras tiene abiertos incontables casos de corrupción, es corresponsable de más de medio millón de familias desahuciadas de sus hogares sin ofrecer ninguna alternativa.
Esperamos que el PSOE se desmarque totalmente de este modo de hacer y esté a la altura de lo que se espera de un gobierno progresista: que garantice los derechos básicos de las personas, proteja el bien común y público y ponga freno definitivamente a los desahucios y a las prácticas especulativas.
Los efectos de una anulación serían desastrosos: según datos de la Generalitat, en menos de un año la Ley ha obligado a los grandes tenedores a hacer 2.200 ofertas de alquiler social para evitar desahucios y, sin contar los casos de Barcelona, en este momento 3.289 familias serían desahuciadas si la sentencia es negativa por estar pendientes de un alquiler social (1.399 desahucios de alquiler, 1.324 de ocupación y 566 de hipoteca).
Igualmente, si la sentencia fuera negativa, advertimos desde el día de hoy que exigiremos con fuerza, tanto en el nuevo Gobierno de Catalunya como al del Estado, que tomen medidas para no dejar desprotegidas a las familias amenazadas por desahucios.
No vamos a parar hasta que los derechos que recoge la Ley 24/2015 se legislen y se cumplan en todo el Estado, un objetivo por el cual nacimos y que todas las PAH están exigiendo a sus Parlamentos, al Gobierno estatal y al Congreso.
Volveremos a las calles y denunciaremos a los culpables de quien pisotea el derecho a la vivienda, ¡todas las veces que haga falta!
