Las grandes corporaciones, grupos de interés y determinados intereses políticos están implementando nuevas estrategias para intentar limitar y controlar el trabajo, tanto de los periodistas como de las organizaciones de defensa de derechos humanos que trabajan para la Justicia Global en todo el mundo. Han decidido utilizar diferentes herramientas para limitar la participación pública de la sociedad civil en un contexto de reestructuración política global.
Una de las herramientas que más están empleando actualmente para intentar limitar y controlar a la sociedad civil son los SLAPPs o demandas estratégicas contra la participación pública. Es decir, los grupos de poder promueven procesos judiciales con el único objetivo de atacar a determinadas entidades que denuncian sus prácticas o interfieren en sus intereses económicos, en favor de los derechos de toda la ciudadanía. Estas corporaciones invierten gran cantidad de recursos en la interposición de querellas, demandas, u otras acciones judiciales sin fundamento para desprestigiar a las entidades o movimientos sociales que les incomodan. Saben que la mayor parte de este tipo de acciones judiciales ni siquiera llega a juicio, pero no les preocupa porque la intención última es otra: no se inician para ganar en los tribunales, sino para obligar a personas y entidades con menos poder a dedicar gran parte de su tiempo y recursos a defenderse, tanto judicial como públicamente. Por otro lado, y tal y como denuncian las organizaciones y sindicatos de periodistas, las SLAPPs también se utilizan contra el periodismo crítico con el objetivo de evitar informaciones sobre abusos y prácticas criminales.
Recientemente, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que, como ha quedado acreditado, tiene muy poco de transparente, ha interpuesto una querella por un supuesto trato de favor del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona hacia algunas entidades de defensa de derechos humanos de Catalunya, como son el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona, o la Alianza contra la Pobreza Energética. No es la primera vez que lo intentan. Recientemente, la fiscalía ha archivado una demanda idéntica. Ahora, la querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona. Estamos convencidas de que la querella se archivará en cuanto el juzgado compruebe que la literatura que plantea no se corresponde con la realidad, pero, mientras tanto, se quiere hacer creer a la ciudadanía que organizaciones con una larga trayectoria que, con mucho esfuerzo, luchan por el derecho a la vivienda o al agua, son en realidad «chiringuitos» que se financian por «amiguismos», un discurso que lamentablemente hay sectores políticos y mediáticos que alimentan.
Se trata de un intento -orquestado- de amenazar los mecanismos de financiación pública de las organizaciones que defienden los derechos sociales básicos, frente a su mercantilización. Hoy están atacando a estas entidades y plataformas, pero mañana puede ser cualquier otra organización que afecte a sus intereses.
La preocupación por el daño social que están generando este tipo de demandas abusivas ha llevado a la Comisión Europea a actuar frente a los SLAPPs o litigios abusivos contra periodistas y defensores de los derechos humanos. De hecho, ya se han iniciado los trámites para aprobar una Directiva que haga frente a esta estrategia que amenaza a la participación pública, y supone un claro ataque contra la democracia.
Las políticas públicas de defensa de los derechos humanos están en peligro. Las entidades pedimos a los y las representantes de las diferentes fuerzas políticas que apoyen a todas las organizaciones de defensa de derechos humanos y de justicia global, y que no utilicen estas estrategias de los grupos de poder como un arma arrojadiza.
También pedimos un pronunciamiento del conjunto de los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona en defensa de las organizaciones que trabajan para hacer efectivos los derechos colectivos, y que están siendo atacadas por esta demanda abusiva, interpuesta por una entidad opaca y aparentemente ligada a grupos corporativos internacionales.
Invitamos también a la ciudadanía a conocer directamente nuestras entidades y el trabajo que hacemos, así como, en general, el mundo asociativo. En Catalunya, el tejido asociativo es muy fuerte, y estamos seguras de que seguirá siéndolo, a pesar de los ataques en contra, y gobierne quien gobierne. Queremos recordar a toda la ciudadanía que los grupos de poder controlan también muchos medios de comunicación y, por eso, siempre es necesario informarse de forma crítica. Al mismo tiempo, aprovechamos para hacer un llamamiento a la ciudadanía para implicarse más aún en las luchas y las iniciativas sociales y solidarias.
