A falta de conocer el texto definitivo que salga del Consejo de Ministros, desde la PAH consideramos que el acuerdo anunciado no implica ninguna obligación real para la banca
Hoy hemos conocido el anuncio del Gobierno de un “principio de acuerdo” con la banca para, supuestamente, paliar la situación de miles de familias que ahora tienen problemas para pagar su hipoteca debido a la subida del euríbor en los últimos meses y por la situación de inflación generalizada. El acuerdo, anunciado por la ministra Nadia Calviño esta mañana, incluye medidas para rentas inferiores a 29.400€, que implican reestructuraciones, daciones en pago, carencias y traspasos a hipotecas de tipo fijo, etc.
Nuestra valoración -inicial- es la siguiente: en primer lugar, nos parece un fraude que el gobierno anuncie estas medidas a bombo y platillo cuando ni tan siquiera ha conseguido que la banca lo suscriba completamente. Esto nos recuerda al Código de Buenas Prácticas que el gobierno del Partido Popular firmó con la banca en 2012 para, supuestamente, «parar los desahucios» pero, como es bien sabido, los desahucios continúan hoy en día en un año 2022 que, a pesar del llamado «escudo social» del gobierno en vigor, se encamina a superar al 2021 con 10.816 nuevos desahucios registrados en el 2º trimestre. Por mucho que la ministra Calviño dé ultimátums a la banca para que lo suscriban, los bancos tienen total libertad para aplicar el acuerdo, por lo que entendemos que la ministra realmente no ha sido capaz de obligar a la banca a absolutamente nada, igual que el Partido Popular en su momento.
A falta de conocer el texto definitivo del acuerdo –que en cuanto lo tengamos haremos la valoración correspondiente-, todas las medidas que vemos recogidas en el anuncio son medidas ya conocidas por quienes llevamos años luchando contra los desahucios. Entramos al detalle partiendo de lo que conocemos:
Por un lado, hablemos de los supuestos de las familias beneficias: aquellas consideradas vulnerables, es decir, aquellas que ingresan menos de 25.200€ anuales (unos 1.500€ mensuales), y que dediquen más del 50% de sus ingresos a pagar la hipoteca. En este caso partimos de un supuesto que es irreal, puesto que difícilmente una familia podrá mantenerse con tan solo 750€ al mes para pagar suministros, alimentos y otros bienes básicos cuyo precio ahora está disparado por la inflación. Por otra parte, ¿qué pasa con aquellas familias que dedican un 45%? Que quedan totalmente desprotegidas a pesar de sufrir una sobrecarga en sus ingresos -recordemos que la ONU recomienda que el gasto en vivienda y suministros no debe superar el 30% de los ingresos. Respecto al segundo tramo, el de aquellos hogares con unos ingresos de 29.400€ anuales, con hipotecas que se hayan firmado hasta el 31 de diciembre de 2022 y cuya carga hipotecaria sea superior al 30% de su renta y, además, hayan tenido un aumento del 20% su gasto en la hipoteca. Si bien este tramo puede ser más realista que el anterior, las medidas propuestas para este colectivo se resumen principalmente en aumentar su deuda; no implica ningún alivio real para sus economías.
En general, nada ha cambiado: todo se resume en refinanciar la vivienda (con carencias, alargamiento de plazos, reestructuración de deuda, una dación en pago sin especificar, etc.) y endeudar todavía más a las familias, que en un futuro puede que se encuentren en la misma o peor situación que la actual. De la banca no podemos esperar ningún tipo de compasión ni buena voluntad: su negocio consiste en lucrarse a costa de nuestras necesidades básicas, como la vivienda. Es por ello que no confiamos en que la banca renegocie estas medidas sin ninguna contraprestación; no puede ser que el gobierno se dedique a anunciar paquetes de medidas presuntamente «beneficiosas» pero consensuadas solo con una de las partes interesadas.
No podemos dejar de recordar, además, que los gobiernos desde 2011 impusieron recortes a pensiones, salarios y servicios públicos, así como a los derechos sociales. Estos recortes no se han revertido y todos se siguen arrastrando. En agradecimiento, la banca continuó desahuciando desaforadamente, vendiendo lotes de casas embargadas a precios irrisorios a fondos buitre, y librándose de otras (los llamados «activos tóxicos») mediante el invento que nos «iba a salir gratis»: la Sareb. Por cierto, que el Gobierno sigue sin querer recuperar el préstamo de más de 66.000 millones de euros que costó el rescate bancario y que salió de nuestros bolsillos.
Por último, desde la PAH tenemos claro que las medidas anunciadas hoy por el Partido Socialista son un brindis al sol: si el gobierno no quiere dejar a nadie atrás tiene que impulsar medidas estructurales para abordar el problema del acceso a la vivienda. La oportunidad está ahí: la Ley de Derecho a la Vivienda sigue atascada en el trámite parlamentario porque precisamente el PSOE se niega a aprobar medidas de gran impacto en favor de la ciudadanía, como el alquiler social obligatorio para banca y fondos buitre, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y el control efectivo de los alquileres. Por todo ello, instamos a todas las familias que tengan problemas para pagar su hipoteca que se acerquen a nuestras asambleas, puesto que somos la única garantía que tienen de conseguir solucionar sus problemas sin tener que endeudarse -todavía más- en el futuro.
