Posicionamiento de organizaciones y movimientos sociales sobre la propuesta de reforma del delito de desórdenes públicos: genera graves afectaciones al derecho a la protesta
Ante la proposición de ley orgánica de reforma del Código Penal presentada en el Congreso de los Diputados, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta relativa a la modificación del delito de desórdenes públicos del Código Penal.
La derogación del delito de sedición debe celebrarse. A pesar de ser un delito en desuso, fue utilizado para condenar a los presos políticos en 2019. Si bien celebramos la propuesta de derogación del delito de sedición, valoramos que la actual propuesta de reforma genera graves afectaciones y limitaciones al libre ejercicio del derecho a la protesta y que si sigue adelante constituye una nueva agresión a los derechos fundamentales de la ciudadanía y un retroceso en términos de democracia.
- La proposición de ley comporta aspectos negativos que pueden vulnerar el ejercicio del derecho a la protesta. Se deroga la sedición, pero se incorpora un tipo agravado de desórdenes públicos que, con una nueva terminología, persigue algunas de las actuaciones que perseguía la sedición.
- Este tipo agravado de desórdenes públicos incorpora varios conceptos genéricos, subjetivos e indeterminados que permiten criminalizar un gran número de acciones, adscritas dentro del derecho a la protesta, lo que puede acarrear penas elevadas e incluso cárcel.
- En el Código Penal actual, para que una conducta pueda ser considerada desorden público exige un acto de violencia contra las personas o las cosas, o bien una amenaza de violencia. La propuesta de reforma plantea que los desórdenes públicos también pueden cometerse por “intimidación”, concepto que conllevaría más arbitrariedad, subjetividad y previsiblemente una mayor incriminación, ya que esta redacción permite criminalizar muchas actuaciones del derecho a la protesta, frecuentes en nuestra sociedad y que son necesarias para visualizar el rechazo o malestar social.
- Asimismo, se introduce como delito la invasión u ocupación de locales o espacios públicos o privados explícitamente sin violencia ni intimidación con penas de hasta 6 años de cárcel o 12 meses de multa. Una vez más, se criminaliza de forma clara una expresión del derecho a la protesta pacífica.
- La propuesta agrava el tipo básico si los hechos (incluyendo, por tanto, una protesta con intimidación, pero no violencia) son llevados a cabo por una “multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar el orden público”; como resultado, se abre el abanico para criminalizar actuaciones de organizaciones que podrían haber puesto en peligro el orden público sin necesidad de que haya pasado efectivamente.
- El derecho a la protesta es el derecho de los derechos, un mecanismo efectivo de participación ciudadana en asuntos públicos, que permite impulsar transformaciones sociales y políticas significativas, así como establecer un diálogo entre la ciudadanía y el poder representativo. Si bien el derecho a la protesta no está codificado como tal en la normativa internacional, es un concepto que integra un grupo de derechos fundamentales: el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de información. En el Estado español, la normativa estatal reconoce el derecho de reunión y manifestación como derechos fundamentales (artículo 21 de la Constitución Española); ambos permiten la protección armónica y conjunta del derecho a la protesta social. De la misma manera, la normativa europea −a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos− reafirma el «derecho a la reunión y manifestación como un derecho fundamental de cualquier sociedad democrática» y destaca que no se pueden interpretar de forma restrictiva. De acuerdo con lo anterior, recordemos que estos derechos son individuales (no colectivos) y que cada una de las participantes se reconoce de forma individual, por el simple hecho de ser personas.
Desde 2015, la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 2/2015, 30 de marzo) y la aprobación y vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana −popularmente conocida como Ley Mordaza (actualmente en trámite de reforma)−, se han consolidado como una respuesta represiva frente al auge de la movilización social en nuestras calles, también como respuesta contra el derecho a la autodeterminación. Hace años que la acción colectiva y organizada se ha visto repetidamente perseguida, reprimida y criminalizada.
Ante la actual tramitación de la proposición, exigimos que el Código Penal se adecue a los estándares internacionales de derechos humanos.
Pedimos que durante el trámite parlamentario se modifique el delito de desórdenes públicos para garantizar que los elementos que supongan una clara vulneración de derechos se corrijan con el objetivo de proteger el libre ejercicio del derecho a la protesta, un derecho fundamental de la ciudadanía.
Organizaciones impulsoras:
- Alerta Solidària
- Aliança de Marees i Moviments Socials
- Arran
- Calala – Fondo de Mujeres
- CGT Catalunya
- CONFAVC
- Contracorrent i Corrent Revolucionària de Treballadors (CRT)
- Coordinadora Movimientos Sociales y Sindicales de Cataluña
- Coordinadora Obrera Sindical
- Ecologistes en Acció Catalunya
- Elite Taxi
- End Fossil Barcelona
- Endavant-OSAN
- Front Comú Contra la Repressió
- Intersindical Alternativa de Catalunya – IAC
- Irídia – Centre per la defensa dels drets humans
- La Intersindical (CSC)
- Lluita Internacionalista
- Marea Blanca Catalunya
- Marea Pensionista
- Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
- Novact
- Òmnium Cultural
- Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH)
- PAH Barcelona
- Pirates de Catalunya
- Plataforma 3 d’octubre
- Plataforma Antirepressiva de Barcelona
- Plataforma per la Pau – OTAN NO
- Procés Constituent
- Constituents per la República
- Rebel·lió o Extinció
- Sectorial de Persones Represaliades de l’ANC
- Sindicat de Llogateres
- Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
- Tanquem els CIES
- Unió de Pagesos de Catalunya
- Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes
- Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixampe (XHEE)
- Xarxa per la Justícia Climàtica
