Las activistas protestamos por la celebración de un seminario sobre la “persistencia” de la “okupación”, aunque las cifras demuestran que los casos de ocupación han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019

El ICAB es uno de los principales impulsores de la reforma anunciada por el PSOE de modificar la LECrim para facultar a los jueces a poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas

Las PAH Catalanas hemos organizado una acción sorpresa en la sede del Colegio de la Abogacía en Barcelona coincidiendo con la celebración, en el mismo edificio, del seminario Okupación, el problema persiste. Una treintena de activistas de la PAH hemos accedido pacíficamente a la Sala de Actos de la entidad, hemos explicado a los asistentes que nos hemos visto obligadas a irrumpir en esta formación porque desde el Colegio se ha decidido abordar el fenómeno de la ocupación desde una perspectiva criminalizadora de aquellas familias que ocupan en precario debido a su situación de vulnerabilidad. Jesús M. Sánchez, Decano del Colegio, ha exigido varias veces a las activistas que nos vamos, bajo el pretexto de no estar inscritas y argumentando que otras veces sí que se nos ha invitado al Colegio -pero no en esta ocasión- y que esta es una formación “puramente técnica”, todo ello mientras varios asistentes se han dedicado a abuchearnos, demostrando una absoluta y preocupante falta de empatía y tacto hacia aquellas personas más vulnerables que se supone que han de defender en un proceso legal.

Según la misma nota de prensa de la entidad, el motivo de celebración de esta jornada es que la “okupación” es “una problemática que persiste y que genera preocupación y malestar a la ciudadanía ante la falta de una respuesta rápida y eficiente para acabar con esta práctica”. Nos sorprende que en esta jornada no se cuente con la participación de ninguna entidad social -de las muchas que tratamos este fenómeno en nuestro día a día- o ni siquiera el testimonio de una familia que se ve obligada a vivir en precario por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Por otra parte, vemos que entre los ponentes encontramos nombres de “expertos” y antiguos cargos públicos, como Lourdes Ciuró, exconsejera de Justicia de la Generalitat, o Carles Sala, exsecretario de Vivienda, quien tan solo 14 días después de ser destituido se incorporó a la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en un caso claro de puertas giratorias. Asimismo, sorprende que el Colegio barcelonés no conozca que la realidad de este fenómeno en la ciudad vaya a la baja, ya que según datos del Ayuntamiento, las ocupaciones de inmuebles han disminuido un 18% en la ciudad desde 2019. En último lugar, nos resulta extraño que un colegio profesional decida abordar “técnicamente” este fenómeno, pero que en todo el programa de la jornada no se haga ni una sola mención a la Ley antidesahucios catalana (Ley 24/2015) que precisamente aborda el fenómeno de la ocupación y provee de herramientas a jueces y abogados para eliminarla.

El ICAB y el fantasma de la okupación

A las organizaciones que defendemos el derecho a la vivienda nos indigna que organismos como el ICAB agiten el fantasma de la okupación -a menudo utilizado por la derecha y la ultraderecha- entre la población, en un contexto de emergencia habitacional en el que ya es evidente que la mayoría de las ocupaciones se producen en pisos de grandes tenedores como bancos y fondo buitre quienes, además, mantienen más de 30.000 pisos vacíos en Catalunya, según datos de Crític. El Colegio, además, ha mostrado en varias ocasiones su discurso criminalizador hacia las familias vulnerables que se ven obligadas a ocupar una vivienda, organizando, junto con los colegios de Málaga y Mataró, el I Congreso de Ocupación Ilegal celebrado en la ciudad andaluza el pasado mes de mayo y que fue inaugurado por la ministra de Justicia del gobierno español, Pilar Llop. Sabemos, además, que el ICAB es uno de los principales instigadores de la reciente propuesta del PSOE de impulsar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para habilitar a los jueces para poder desalojar a familias que ocupan un inmueble en 48 horas, así como habilitar a ayuntamientos y comunidades de vecinos para poder solicitar un lanzamiento, proposición que Junts i Ciutadans pretenden aprobar en pocos días en el Parlament de Catalunya.

Desde la PAH tenemos claro que la mejor manera de evitar que una familia se vea obligada a ocupar un inmueble es garantizándole una vivienda digna. Tenemos muchas propuestas que el Colegio de la Abogacía podría tener en cuenta a la hora de abordar el problema: la Ley 24/2015 antidesahucios -que contempla la obligación, por parte de los grandes tenedores, de hacer alquiler alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad y movilizar los pisos vacíos; o bien, la futura Ley de Vivienda -actualmente bloqueada en el Congreso porque el PSOE se niega a incluir medidas de mínimos, como la de ofrecer alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad– o bien movilizar los pisos de la Sareb -una entidad rescatada y que actualmente está controlada por el Estado- y ponerlos a disposición del parque público. 

Desde la PAH estamos haciendo toda la presión necesaria en la calle para evitar que desde los poderes públicos se criminalice a aquellas familias que no tienen más remedio que ocupar una vivienda por no quedarse en la calle. Y exigimos a organismos “profesionales” como el ICAB que abandonen los discursos populistas y se decidan a abordar el fenómeno de la ocupación con rigor y seriedad, con datos contrastados y contando con la debida pluralidad de opiniones. ¡Es escandaloso que una profesión -la abogacía-, que se supone sensible y comprometida con los derechos fundamentales no esté al lado de las familias más vulnerables!