Archivo mensual noviembre 15, 2023

El Megáfono 04: Más allá de la enfermedad

El cuarto capítulo de El Megáfono, Más allá de la enfermedad, lo grabamos en directo desde las Ramblas de Barcelona hablando de salud con dos asociaciones de la ciudad. Por un lado, contamos con Antonia Romero de ALCER, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales y, por otro, con Maria Teresa Gimeno, de Superar l’Ictus Barcelona. A partir de sus experiencias hablamos de los impactos psicológicos y sociales de sobrevivir a una enfermedad y de la importancia del apoyo mutuo.

También contamos con una nota de voz a Juli Carrere, del grupo de vivienda y salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que nos habla de cómo la inseguridad residencial perjudica la salud.

Este capítulo lo hemos grabado desde Ràdio Rambles en el marco de Associa’t a la Festa, la fiesta de las asociaciones de Barcelona, en colaboración con la Xarxa de Ràdios Comunitàries y Torre Jussana. El Megáfono lo hacemos con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg y con mucho amor desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona. Podéis seguir todos los capítulos de El Megáfono descargando la app de la XRCB, donde encontraréis nuestro podcast y otras radios comunitarias de Barcelona. También lo podéis encontrar en la web de la XRCB y en Spotify. 📢💚

Miles de familias acabarán en la calle si el gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre

La PAH acude al encuentro de ministros de vivienda europeos en Gijón para denunciar la situación de emergencia habitacional en España y exigir que las medidas antidesahucios que ahora son temporales se consoliden

Exigimos voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y exigir alquileres sociales. Queremos dejar de ser una anomalía en Europa


Martes 14 de noviembre de 2023

Hoy una representación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se ha desplazado a Gijón para llevar la voz de miles de familias afectadas que forman el movimiento, a la reunión ministerial sobre vivienda y desarrollo urbano que se celebra en la Laboral Ciudad de la Cultura, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. También nos han acompañado otras luchas comprometidas con la vivienda, como COESPE y ecologistas en acción de Asturias.

No queríamos perder la ocasión para explicar a todos los ministros y ministras europeas y a la ciudadanía en general la situación dramática que se vive en España en materia de vivienda. Nos vemos obligadas a hacerlo, porque mientras el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba a bombo y platillo medidas para paliar la emergencia habitacional, como la obtención de más de 20.000 viviendas para el alquiler a precios asequibles, poner a la disponibilidad más de 10.000 viviendas de la Sareb o varios planes para aumentar el parque social en más de 200.000 viviendas, a día de hoy, la realidad es que no se ha ampliado el parque público de alquiler, las viviendas de la Sareb siguen en manos de fondos como Blackstone y Cerberus  y no hay ni rastro de que ningún plan para revertir la situación esté ejecutándose, ya que en el territorio español seguimos con un parque de vivienda social del 1,5%, de los más bajos de toda la Unión Europea.

Asimismo, hacemos un llamamiento para que el gobierno asuma al fin el compromiso de acabar con los desahucios: en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido “escudo social” que lleva vigente desde 2020 y que está previsto que decaiga el próximo 31 de diciembre. Es por eso que desde la PAH exigimos que la moratoria actual de desahucios se convierta en una medida estructural y que se ponga en marcha un plan de choque que obligue a los bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales a las familias vulnerables, todo ello para evitar un tsunami de desahucios en 2024 y que los juzgados colapsen por unos casos que ni tan siquiera tendrían que estar allí.

En mayo de 2023 se aprobó la primera Ley de vivienda de España desde que se aprobó la Constitución en 1978, una exigencia histórica de la PAH y de los movimientos en defensa del derecho a la vivienda. Esta Ley debía sentar las bases para que a ninguna ciudadana le sea vulnerado el art.47 de la Constitución Española, garantizando el acceso a ella de forma universal. Desde la PAH en su momento hicimos alegaciones y propusimos medidas que sabemos que funcionan -ya que se aplican en comunidades como Cataluña-, pero desde el Gobierno de PSOE y Podemos/Sumar hicieron caso omiso y aprobaron una primera Ley de vivienda que no acaba con los desahucios, ni tampoco  ofrece alternativas a ellos, y ni mucho menos responsabiliza de alguna manera a quienes han cocinado esta nueva  burbuja inmobiliaria: los bancos y fondos buitre.

La situación es insostenible. La vivienda asfixia a 3 millones de hogares: 6 de cada 10 euros se destinan a la casa y a la comida, según el último informe de Cáritas Española y la Fundación Foessa. Datos que complementan estudios que se han realizado desde la PAH, donde se corrobora que 3 de cada 4 personas presentaron mala salud mental y la mitad presentaron depresión. Datos que corroboran que hay que actuar ahora y no de aquí a 10 años. Exigimos voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y obligar a bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales, ya que, recordemos, acumulan vivienda vacía procedente de la burbuja inmobiliaria y han sido rescatados por toda la ciudadanía sin ninguna contraprestación. ¡Ahora es el momento!

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca denunciamos que la situación de emergencia habitacional que se da en España es una anomalía, ya que se trata del país europeo con más desahucios y en el que existe más vivienda vacía. Asimismo, aprovecharemos para instar de nuevo a las instituciones europeas a actuar frente a la vulneración de derechos fundamentales que se dan en territorio europeo y cambiar las leyes y políticas de vivienda si quieren recuperar la confianza de la ciudadanía.

¡Sí Se Puede!

El alcalde Collboni busca favorecer los intereses de las inmobiliarias desactivando la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona

Las entidades impulsoras hacemos pública la nueva campaña “¡Contra la especulación, defendamos el 30%!” para detenerla

Las entidades sociales impulsoras de la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona hemos celebrado hoy una rueda de prensa para denunciar la voluntad firme del ayuntamiento socialista de Jaume Collboni de desactivarla con modificaciones. Recordemos que estamos hablando de una medida que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% de las nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones para vivienda protegida -tanto de compra como de alquiler.

La ubicación escogida para la rueda de prensa no es casual. Se trata de la futura nueva promoción del número 1B de la calle Pelayo, que hoy día son apenas los cimientos y el primer piso de un futuro nuevo edificio de 13 viviendas a menos de 500 metros de plaza Catalunya, que incorporará viviendas a precio regulado, todo un ejemplo de la utilidad de esta medida como herramienta de cohesión social, evitando que las vecinas sean expulsadas hacia una periferia cada vez más lejana y dejando el centro como una ciudad-escaparate para el turismo y para una minoría de superricos que pueden comprar pisos de lujo.

Hasta diciembre de 2018, año en que se aprobó el 30% en Barcelona, la primera ciudad de toda Cataluña donde se ganó, la vivienda protegida sólo podía situarse en nuevas zonas de crecimiento, fuera de la ciudad (suelo urbanizable) o en zonas de grandes transformaciones internas (suelo urbano no consolidado: como el 22@ o la Sagrera), por lo tanto, en la ciudad construida prácticamente no se podía hacer. Con el 30% son los propios promotores privados quienes tienen la obligación de incluir vivienda asequible en los nuevos edificios, por lo que podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión social y urbana (los criterios de acceso a la vivienda protegida son extensibles al 75% de la población), igualándonos a las experiencias europeas más avanzadas. Ciudades como París o Viena ya aplican medidas similares, por lo que el parque de vivienda asequible es del 20%, cuando en Barcelona y en el resto de Cataluña es del 1,5%, una de las tasas más bajas de Europa.

Jaume Collboni, líder del Partido Socialista y alcalde de la ciudad de Barcelona, creó a finales de septiembre un grupo de expertos para “ajustar” la medida, después de constatar que “no funciona”, sin aportar ningún estudio que lo demuestre, y de intentar −primero en el Pleno sin conseguirlo en plena campaña electoral, y tras las elecciones en la comisión de urbanismo aliándose con Trias y PP− aprobar dos resoluciones que proponen recortar el 30%. ¿Pero, realmente la medida no ha funcionado tal y como dicen los socialistas?

Boicot a la medida desde el primer minuto

En estos últimos años la medida ha logrado unos 60 pisos protegidos. Si bien no es una cifra particularmente alta, esto se debe a varias cuestiones que nada tienen que ver con su potencial.

En primer lugar, porque tanto el PSC como ERC pusieron como condición para aprobar la norma que no se aplicara la suspensión de licencias mientras ésta se tramitaba. Por tanto, los promotores tuvieron unos cuantos meses para solicitar licencias antes de que entrara en vigor, lo que provocó un alud de casi 600 licencias de obras mayores y certificados de aprovechamiento urbanístico más que en el 2017.

En segundo lugar, se aplazó durante 2 años la entrada en vigor de la norma para las operaciones en curso, lo que supuso que unos 57 expedientes quedaran exentos de cumplir con el 30%, porque ya tenían certificado urbanístico o por haber justificado una compraventa antes de julio de 2016. Estos expedientes, de no haberse dejado pasar, habrían sumado 425 viviendas protegidas en la ciudad.

Por si fuera poco, la crisis sanitaria del 2020 lo empeoró todo, quedando parada la actividad constructiva en todas partes, lo que retrasó 2 años más la aplicación de la norma, que funciona en las grandes promociones y rehabilitaciones. Por no hablar de las picarescas de los promotores, que en algunos casos optaban por pedir un enterado o comunicado de obras menores, o subdividían las promociones de las fincas para evitar sobrepasar el número de m2 que les obliga a cumplir la norma.

Por otra parte, también ha tenido que ver la pasividad del propio ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la norma, ya que no ha hecho suficientes inspecciones ni ha sancionado a quien se saltaba la ley. De hecho, como mínimo habríamos ganado otras 120 viviendas protegidas, contando los incumplimientos detectados y por los que se anunció la apertura de expedientes sancionadores en 2022. Con una vigilancia real del cumplimiento del 30%, podrían ser muchas más.

Por todo ello, no es casual que en el 2023, cuando la medida apenas empieza a funcionar al 100%, hayan surgido las críticas sobre su funcionamiento. Conocemos sobradamente las maniobras de los lobbies especuladores para no perder ni un pedazo del negocio que hacen con la vivienda: primero amenazaron con un “Armagedón” o la ruina si se aprobaba el 30% y no fue tal; después presionaron para que no se suspendieran las licencias, restando potencial inicial a la medida; una vez aprobada, la impugnaron en los Juzgados para tumbarla sin que les dieran la razón; y actualmente, pregonan que no funciona, en una especie de “profecía auto-cumplida” y con el altavoz de Collboni y Trias para que la recorten o la vacíen de contenido.

Es evidente que estos intentos de derogarla tienen el objetivo de proteger los beneficios de las promotoras, y por eso Collboni ha formado un grupo de “expertos” para “modificar” la norma, entre ellos, por alguna razón, no hay ningún representante de la sociedad civil ni mucho menos ninguna de las organizaciones que la impulsamos. En cambio, aunque el alcalde no ha hecho público quién conforma este grupo, no nos extrañaría que participe la propia Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), y por ello exigimos que se haga pública su composición. De ser así, claramente este grupo de expertos liderados por Carme Trilla no tendrá ningún tipo de credibilidad. 

Lo que debería hacer el actual gobierno es destinar recursos al despliegue de toda la medida y a velar por que todos los promotores la cumplan, incluyendo recursos humanos y económicos destinados a inspección y sanción. En el supuesto de que se quiera reforzar, se debería ir en la línea de que la vivienda protegida sea de alquiler o de reducir la superficie mínima donde se aplica a las zonas de la ciudad donde el tejido urbano y los solares son más pequeños, como ya se hizo en el barrio de Gràcia. Es inadmisible el cuestionamiento de esta norma en un contexto en el que el 60% de la población de Barcelona cumple los criterios de ingresos para optar a una VPO, sobre todo sabiendo que el parque actual se está perdiendo: en 2018 quedaban 19.000 VPO con calificación vigente y se calcula que en 30 años (en 2048) se habrán descalificado el 88%. Por otro lado, la población está destinando más del 40% de su sueldo a pagar la vivienda, con unas cifras de precio de alquiler completamente disparadas.

La ciudadanía de Barcelona no merece dar pasos atrás en materia de vivienda. Nos jugamos la posibilidad de permitir que las familias puedan quedarse a vivir en su ciudad −tanto en el centro como en los barrios− a un precio asequible a través de aportaciones de los privados a las nuevas grandes promociones o rehabilitaciones. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los pisos de lujo colonizan sin cesar los barrios centrales y el Eixample y las vecinas son expulsadas de su casa.

Advertimos que si no se detiene este intento de recortar el 30%, ¡nos movilizaremos en la calle! ¡Hacemos también un llamamiento a todo el tejido social de Barcelona para que participe y apoye las acciones de protesta que convocaremos a partir de hoy!

El 30 por ciento no se toca. ¡Defendamos la vivienda protegida!

[Comunicado] Las entidades sociales publican datos sobre la efectividad de las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a nivel estatal

  • Los colectivos ven con preocupación la posibilidad de que las medidas decaigan a partir del 31 de diciembre y exigen que se prorroguen y se consoliden 

  • Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado como mínimo 1.000 desahucios en el año y  200.000 cortes de suministros en Cataluña desde el 2015

  • El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

Las entidades sociales presentamos por primera vez en castellano un informe con datos sobre la efectividad de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que se aprobó a raíz de la crisis del coronavirus en 2020, las cuales se prevé que decaigan a partir del 31 de diciembre -a menos que el gobierno decida aprobar una nueva prórroga. Por ejemplo, tan solo en 2021 se emitieron 15.311 informes sociales emitidos a efectos de aplicar la moratoria de desahucios en todo el Estado. A nivel catalán, estas medidas hasta ahora han evitado un 42,8% de los 9.398 desalojos que se notificaron aquel mismo año. Es por eso que, si bien estas moratorias han demostrado ser insuficientes, las entidades están sumamente preocupadas por las consecuencias que puede tener el levantamiento del veto en 2024 -desahucios y cortes generalizados- para aquellas familias que aún no han podido resolver su situación.

Estos datos han sido obtenidos a través de la Administración Pública y de 650 encuestas realizadas a personas afectadas por emergencia habitacional y pobreza energética, y forman parte del informe Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta elaborado por el Observatorio DESC -ahora DESCA-, Asociación internacional de Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE)  y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Si bien el foco se sitúa en la Ley 24/2015, (una norma impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESCA), también se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas tanto a nivel local, autonómico y estatal -incluyendo las moratorias- que se han ido consiguiendo hasta 2022, y el impacto de éstas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Este informe se publicó en catalán en 2022 y desde ahora ya está disponible en castellano

Aunque las entidades se reafirman en la -aún limitada- eficacia de estas leyes y medidas, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: en el caso de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministro todavía es difícil medir el impacto real por la falta de datos, ya que algunas Comunidades Autónomas no los han facilitado, y también el hecho de que muchas familias ignoraban sus derechos y no han podido acogerse a ella. Aun así, los testimonios de las afectadas y los hitos conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

Mujeres y niños, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética -y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mental -siguiendo la línea de trabajo del anterior informe- y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres mientras que los hombres apenas logran el 30%. Y si se mira con más detalle la composición de los hogares, el 32% están formadas por una pareja con hijos y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con hijos a cargo suyo. Así mismo, si bien hay un porcentaje elevado de personas en situación de paro, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, hecho que refuerza todavía más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En en cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que borde el 15% de niños y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven a hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada los meses de invierno y un 13,4% sufren atrasos en las facturas. Así mismo, de entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos a cargo, y el 27% están formadas por niños con un solo adulto, en este caso siempre una mujer. Así mismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho más elevados que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión media en población española). En relación a los niños, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho más elevada que los niños de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone no sólo prorrogar, sinó también consolidar las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad que a día de hoy son temporales -por la crisis de la covid y posteriormente mantenidas por la crisis de precios de la energía. Por la otra, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna -como la instalación de contadores sociales a los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona- y, sobre todo, a hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra quienes se nieguen a cumplirlas.

Stop Desahucios Noviembre 2023

Contador desahucios mes: 7

Contador total 2023: 66

Parados 3Suspendidos 3Entrega llavesRealojoEjecutados 1

Desahucios por hipoteca

Martes 21
Demandante: Banc Sabadell SUSPENDIDO
Dirección: C/Sant Ramon de Penyafort, 40 Sant Adrià de Besòs

Desahucios por alquiler

Lunes 6
Demandante: PARADO
Dirección: Passeig de la Zona Franca, 226 Barcelona

Martes 14
Demandante: SUSPENDIDO
Dirección: C/Mestre Nicolàs, 21 Barcelona

Jueves 16
Demandante: Suelos Base SL EJECUTADO
Dirección: Passeig de la Zona Franca, 39 Barcelona

Martes 21
Demandante: Coral Homes PARADO
Dirección: Pl. Blocs de la Florida, 20 Hospitalet de Llobregat

Jueves 30
Demandante: Barca Co PARADO
Dirección: C/Pins, 2 Hospitalet de Llobregat

Desahucios por ocupación

Jueves 2
Demandante: SUSPENDIDO
Dirección: C/Segle XX, 8 Barcelona