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Mañana martes, 16 de abril, BBVA & Whitehead Invest SL pretenden desahuciar a Roxana

A pesar de las leyes actuales que impiden poder desahuciar a Roxana por su vulnerabilidad, el Juez ha dictaminado no suspender el desahucio

 

Mañana 16 de abril, desde PAH Barcelona nos movilizamos en la puerta de Roxana, calle Ferrocarrils Catalans 91, de Barcelona, con el objetivo de paralizar el desahucio y hacer que el BBVA y Whitehead Invest SL cumplan la ley y le ofrezcan un alquiler social.

El de Roxana es uno de los muchos ejemplos en que la precariedad laboral la ha llevado a tener que alquilar una habitación; y engañada por la persona que le alquiló la vivienda, al desconocer que la vivienda no era de su propiedad hasta que recibió una orden de desahucio, fue entonces cuando llegó a PAH Barcelona.

Es el segundo intento de desahucio. El primero se paralizó mientras le concedían la Justicia Gratuita. Seguida por Servicios Sociales y Habitatge, sin alternativa habitacional, ya que a pesar de llevar 7 años residiendo en la vivienda, no fue hasta finales del 2021 que, asesorada por PAH Barcelona, consiguió empadronarse, no cumpliendo así con uno de los requisitos para poder entrar en la Mesa de Emergencia.

Denunciamos públicamente esta situación, ya que todos los mecanismos que existen para que Roxana firme el alquiler social, le han dado la espalda: un Banco como el BBVA que, a pesar de haber sido rescatado con dinero público y que en 2023 generó unas ganancias de 8.019 millones de euros, elude de manera reiterada la Ley, escudándose detrás de fondos buitre como Whitehead Invest SL; jueces que incumplen las Leyes https://ilphabitatge.cat/wp-content/uploads/2022/05/Guia_ILP_Castell%C3%A0_v2.pdf ; una Administración que no utiliza los mecanismos de denuncia por el incumplimiento por parte de la Banca del ofrecimiento de un alquiler social; y no solo eso sino que no le dan una alternativa habitacional en caso de que se ejecute el desahucio, ofreciendo como única opción a Roxana, una pensión por un tiempo limitado.

Estaremos movilizadas en la puerta de Roxana con el fin de impedir esta violación de derechos humanos, evitar el desahucio y seguir ganando tiempo para lograr un alquiler social para ella.

Donde no llega la Administración llega la ciudadanía organizada.

La PAH de Barcelona denunciamos la situación de realojo de una familia con 2 menores que llevan 1 año esperando la vivienda de la Mesa de Emergencia

Hoy, miembros de PAH Barcelona hemos acudido a la Oficina de Servicios Sociales de Horta, calle Santuario 29, para denunciar las condiciones en las que está viviendo Muhammad y su familia y conseguir que le ofrezcan una alternativa digna, hasta que les den la vivienda de la Mesa de Emergencia.

El 20 de febrero fueron desahuciados de la que ha sido su casa desde hace muchos años. Quien les alquiló la vivienda resultó no ser el propietario y, aunque ellos pagaban su alquiler, el estafador no pagaba al propietario, por lo que se acabaron encontrando con un desahucio. 

La familia, con dos menores a cargo, lleva más de un año con el expediente aprobado para obtener un piso de la Mesa de Emergencia, pero éste nunca llega. Tanto la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento como Servicios Sociales (SS) eran conocedores de la situación y el día del desahucio, como es práctica habitual, la familia no sabía dónde iba a terminar realojada si el desahucio se ejecutaba. Al final, con la excusa de que la ciudad estaba llena por culpa del Mobile World Congress, lo que supone que esta ciudad antepone congresistas y turistas a su propia ciudadanía, la única alternativa que se les ofreció fue compartir una habitación con más personas en el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), sin tan siquiera poder cocinar, y teniendo que estar en la calle desde las 8 am hasta las 20 pm, lo que constituye una vulneración flagrante del derecho a una vivienda digna.

A todo el estrés, angustia y desesperación que supone un desahucio, Muhammad y su familia han tenido que añadir la incertidumbre y el maltrato por parte de la Administración. Por lo tanto, exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que asuma el compromiso de realojar a Muhammad y su familia en una alternativa habitacional digna. Es vergonzoso que un recurso que se supone de emergencia, como la Mesa, no sea capaz de dar un techo a una familia que lleva un año esperando. La Administración en general tiene la obligación de poner en marcha todos los mecanismos disponibles para evitar situaciones tan penosas como la que está viviendo esta familia.

¡Estad atentas a nuestras redes, iremos actualizando novedades del caso!

¿Hasta cuándo? ¡Decimos basta al genocidio!

No sabemos desde cuántos días dura el genocidio, la barbarie, la deshumanización.
Hemos perdido la cuenta de los muertos.
Si el mundo no para el genocidio, nosotras pararemos el mundo.

El 7 de febrero seguiremos en la lucha, pues está en nuestras manos defender la vida y mostrar que no nos olvidamos de Palestina.

7 de febrero, jornada de lucha.

Ya no sabemos ni cuántos días lleva durando.
El genocidio, la barbarie,
la deshumanización.

Hemos perdido la cuenta
de los muertos y las masacres.
De discursos insultantemente hipócritas,
de gobiernos cínicamente cómplices,
de instituciones eternamente impotentes.

Lo que sí sabemos es
que en estos meses nos hemos encontrado.
A miles.
En las calles.
Acciones pequeñas.
Acciones grandes.
Conversaciones, concentraciones,
manifestaciones,
bloqueos y huelgas.
Y sabemos que no ha sido en vano.

Frente a la historia,
muerta y macabra,
que nos quieren imponer,
la solidaridad va dibujando
otra historia
hecha de empatía,
lucha,
amor y valentía.

Una historia que todavía
está por escribir,
y que sabemos que habla
de un mundo común
donde defendemos la vida
y la libertad,
donde no hay sitio para
guerras ni opresiones
y donde Palestina es libre,
del río hasta el mar.

Nosotras,
las que amamos Palestina,
las que defendemos la vida,
hacemos un llamamiento a levantarnos.
A desobedecer la idea
de que no podemos ser
más que espectadoras,
más o menos ruidosas,
de un genocidio.

Un llamamiento a apostar
que la fuerza sí
está con nosotras,
que somos cientos de millones.
Por todas partes.

Un llamamiento a luchar juntas,
diversas y organizadas.
Un llamamiento a dejar bien claro
que si el mundo no para el genocidio,
nosotras paramos el mundo.
Está en nuestras manos.

Este 7F seguimos,
incapaces de abandonar
la posibilidad de la revuelta.

¡PAREMOS EL MUNDO!

Miles de familias acabarán en la calle si el gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre

La PAH acude al encuentro de ministros de vivienda europeos en Gijón para denunciar la situación de emergencia habitacional en España y exigir que las medidas antidesahucios que ahora son temporales se consoliden

Exigimos voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y exigir alquileres sociales. Queremos dejar de ser una anomalía en Europa


Martes 14 de noviembre de 2023

Hoy una representación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se ha desplazado a Gijón para llevar la voz de miles de familias afectadas que forman el movimiento, a la reunión ministerial sobre vivienda y desarrollo urbano que se celebra en la Laboral Ciudad de la Cultura, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. También nos han acompañado otras luchas comprometidas con la vivienda, como COESPE y ecologistas en acción de Asturias.

No queríamos perder la ocasión para explicar a todos los ministros y ministras europeas y a la ciudadanía en general la situación dramática que se vive en España en materia de vivienda. Nos vemos obligadas a hacerlo, porque mientras el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba a bombo y platillo medidas para paliar la emergencia habitacional, como la obtención de más de 20.000 viviendas para el alquiler a precios asequibles, poner a la disponibilidad más de 10.000 viviendas de la Sareb o varios planes para aumentar el parque social en más de 200.000 viviendas, a día de hoy, la realidad es que no se ha ampliado el parque público de alquiler, las viviendas de la Sareb siguen en manos de fondos como Blackstone y Cerberus  y no hay ni rastro de que ningún plan para revertir la situación esté ejecutándose, ya que en el territorio español seguimos con un parque de vivienda social del 1,5%, de los más bajos de toda la Unión Europea.

Asimismo, hacemos un llamamiento para que el gobierno asuma al fin el compromiso de acabar con los desahucios: en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido “escudo social” que lleva vigente desde 2020 y que está previsto que decaiga el próximo 31 de diciembre. Es por eso que desde la PAH exigimos que la moratoria actual de desahucios se convierta en una medida estructural y que se ponga en marcha un plan de choque que obligue a los bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales a las familias vulnerables, todo ello para evitar un tsunami de desahucios en 2024 y que los juzgados colapsen por unos casos que ni tan siquiera tendrían que estar allí.

En mayo de 2023 se aprobó la primera Ley de vivienda de España desde que se aprobó la Constitución en 1978, una exigencia histórica de la PAH y de los movimientos en defensa del derecho a la vivienda. Esta Ley debía sentar las bases para que a ninguna ciudadana le sea vulnerado el art.47 de la Constitución Española, garantizando el acceso a ella de forma universal. Desde la PAH en su momento hicimos alegaciones y propusimos medidas que sabemos que funcionan -ya que se aplican en comunidades como Cataluña-, pero desde el Gobierno de PSOE y Podemos/Sumar hicieron caso omiso y aprobaron una primera Ley de vivienda que no acaba con los desahucios, ni tampoco  ofrece alternativas a ellos, y ni mucho menos responsabiliza de alguna manera a quienes han cocinado esta nueva  burbuja inmobiliaria: los bancos y fondos buitre.

La situación es insostenible. La vivienda asfixia a 3 millones de hogares: 6 de cada 10 euros se destinan a la casa y a la comida, según el último informe de Cáritas Española y la Fundación Foessa. Datos que complementan estudios que se han realizado desde la PAH, donde se corrobora que 3 de cada 4 personas presentaron mala salud mental y la mitad presentaron depresión. Datos que corroboran que hay que actuar ahora y no de aquí a 10 años. Exigimos voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y obligar a bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales, ya que, recordemos, acumulan vivienda vacía procedente de la burbuja inmobiliaria y han sido rescatados por toda la ciudadanía sin ninguna contraprestación. ¡Ahora es el momento!

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca denunciamos que la situación de emergencia habitacional que se da en España es una anomalía, ya que se trata del país europeo con más desahucios y en el que existe más vivienda vacía. Asimismo, aprovecharemos para instar de nuevo a las instituciones europeas a actuar frente a la vulneración de derechos fundamentales que se dan en territorio europeo y cambiar las leyes y políticas de vivienda si quieren recuperar la confianza de la ciudadanía.

¡Sí Se Puede!

El alcalde Collboni busca favorecer los intereses de las inmobiliarias desactivando la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona

Las entidades impulsoras hacemos pública la nueva campaña “¡Contra la especulación, defendamos el 30%!” para detenerla

Las entidades sociales impulsoras de la medida del 30% de vivienda protegida en Barcelona hemos celebrado hoy una rueda de prensa para denunciar la voluntad firme del ayuntamiento socialista de Jaume Collboni de desactivarla con modificaciones. Recordemos que estamos hablando de una medida que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% de las nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones para vivienda protegida -tanto de compra como de alquiler.

La ubicación escogida para la rueda de prensa no es casual. Se trata de la futura nueva promoción del número 1B de la calle Pelayo, que hoy día son apenas los cimientos y el primer piso de un futuro nuevo edificio de 13 viviendas a menos de 500 metros de plaza Catalunya, que incorporará viviendas a precio regulado, todo un ejemplo de la utilidad de esta medida como herramienta de cohesión social, evitando que las vecinas sean expulsadas hacia una periferia cada vez más lejana y dejando el centro como una ciudad-escaparate para el turismo y para una minoría de superricos que pueden comprar pisos de lujo.

Hasta diciembre de 2018, año en que se aprobó el 30% en Barcelona, la primera ciudad de toda Cataluña donde se ganó, la vivienda protegida sólo podía situarse en nuevas zonas de crecimiento, fuera de la ciudad (suelo urbanizable) o en zonas de grandes transformaciones internas (suelo urbano no consolidado: como el 22@ o la Sagrera), por lo tanto, en la ciudad construida prácticamente no se podía hacer. Con el 30% son los propios promotores privados quienes tienen la obligación de incluir vivienda asequible en los nuevos edificios, por lo que podemos distribuir vivienda por debajo del precio de mercado y favorecer la cohesión social y urbana (los criterios de acceso a la vivienda protegida son extensibles al 75% de la población), igualándonos a las experiencias europeas más avanzadas. Ciudades como París o Viena ya aplican medidas similares, por lo que el parque de vivienda asequible es del 20%, cuando en Barcelona y en el resto de Cataluña es del 1,5%, una de las tasas más bajas de Europa.

Jaume Collboni, líder del Partido Socialista y alcalde de la ciudad de Barcelona, creó a finales de septiembre un grupo de expertos para “ajustar” la medida, después de constatar que “no funciona”, sin aportar ningún estudio que lo demuestre, y de intentar −primero en el Pleno sin conseguirlo en plena campaña electoral, y tras las elecciones en la comisión de urbanismo aliándose con Trias y PP− aprobar dos resoluciones que proponen recortar el 30%. ¿Pero, realmente la medida no ha funcionado tal y como dicen los socialistas?

Boicot a la medida desde el primer minuto

En estos últimos años la medida ha logrado unos 60 pisos protegidos. Si bien no es una cifra particularmente alta, esto se debe a varias cuestiones que nada tienen que ver con su potencial.

En primer lugar, porque tanto el PSC como ERC pusieron como condición para aprobar la norma que no se aplicara la suspensión de licencias mientras ésta se tramitaba. Por tanto, los promotores tuvieron unos cuantos meses para solicitar licencias antes de que entrara en vigor, lo que provocó un alud de casi 600 licencias de obras mayores y certificados de aprovechamiento urbanístico más que en el 2017.

En segundo lugar, se aplazó durante 2 años la entrada en vigor de la norma para las operaciones en curso, lo que supuso que unos 57 expedientes quedaran exentos de cumplir con el 30%, porque ya tenían certificado urbanístico o por haber justificado una compraventa antes de julio de 2016. Estos expedientes, de no haberse dejado pasar, habrían sumado 425 viviendas protegidas en la ciudad.

Por si fuera poco, la crisis sanitaria del 2020 lo empeoró todo, quedando parada la actividad constructiva en todas partes, lo que retrasó 2 años más la aplicación de la norma, que funciona en las grandes promociones y rehabilitaciones. Por no hablar de las picarescas de los promotores, que en algunos casos optaban por pedir un enterado o comunicado de obras menores, o subdividían las promociones de las fincas para evitar sobrepasar el número de m2 que les obliga a cumplir la norma.

Por otra parte, también ha tenido que ver la pasividad del propio ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la norma, ya que no ha hecho suficientes inspecciones ni ha sancionado a quien se saltaba la ley. De hecho, como mínimo habríamos ganado otras 120 viviendas protegidas, contando los incumplimientos detectados y por los que se anunció la apertura de expedientes sancionadores en 2022. Con una vigilancia real del cumplimiento del 30%, podrían ser muchas más.

Por todo ello, no es casual que en el 2023, cuando la medida apenas empieza a funcionar al 100%, hayan surgido las críticas sobre su funcionamiento. Conocemos sobradamente las maniobras de los lobbies especuladores para no perder ni un pedazo del negocio que hacen con la vivienda: primero amenazaron con un “Armagedón” o la ruina si se aprobaba el 30% y no fue tal; después presionaron para que no se suspendieran las licencias, restando potencial inicial a la medida; una vez aprobada, la impugnaron en los Juzgados para tumbarla sin que les dieran la razón; y actualmente, pregonan que no funciona, en una especie de “profecía auto-cumplida” y con el altavoz de Collboni y Trias para que la recorten o la vacíen de contenido.

Es evidente que estos intentos de derogarla tienen el objetivo de proteger los beneficios de las promotoras, y por eso Collboni ha formado un grupo de “expertos” para “modificar” la norma, entre ellos, por alguna razón, no hay ningún representante de la sociedad civil ni mucho menos ninguna de las organizaciones que la impulsamos. En cambio, aunque el alcalde no ha hecho público quién conforma este grupo, no nos extrañaría que participe la propia Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), y por ello exigimos que se haga pública su composición. De ser así, claramente este grupo de expertos liderados por Carme Trilla no tendrá ningún tipo de credibilidad. 

Lo que debería hacer el actual gobierno es destinar recursos al despliegue de toda la medida y a velar por que todos los promotores la cumplan, incluyendo recursos humanos y económicos destinados a inspección y sanción. En el supuesto de que se quiera reforzar, se debería ir en la línea de que la vivienda protegida sea de alquiler o de reducir la superficie mínima donde se aplica a las zonas de la ciudad donde el tejido urbano y los solares son más pequeños, como ya se hizo en el barrio de Gràcia. Es inadmisible el cuestionamiento de esta norma en un contexto en el que el 60% de la población de Barcelona cumple los criterios de ingresos para optar a una VPO, sobre todo sabiendo que el parque actual se está perdiendo: en 2018 quedaban 19.000 VPO con calificación vigente y se calcula que en 30 años (en 2048) se habrán descalificado el 88%. Por otro lado, la población está destinando más del 40% de su sueldo a pagar la vivienda, con unas cifras de precio de alquiler completamente disparadas.

La ciudadanía de Barcelona no merece dar pasos atrás en materia de vivienda. Nos jugamos la posibilidad de permitir que las familias puedan quedarse a vivir en su ciudad −tanto en el centro como en los barrios− a un precio asequible a través de aportaciones de los privados a las nuevas grandes promociones o rehabilitaciones. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los pisos de lujo colonizan sin cesar los barrios centrales y el Eixample y las vecinas son expulsadas de su casa.

Advertimos que si no se detiene este intento de recortar el 30%, ¡nos movilizaremos en la calle! ¡Hacemos también un llamamiento a todo el tejido social de Barcelona para que participe y apoye las acciones de protesta que convocaremos a partir de hoy!

El 30 por ciento no se toca. ¡Defendamos la vivienda protegida!