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Djamila, escucha, tu lucha es nuestra lucha

Hoy hemos estado en la oficina de CaixaBank de la c/Sicilia 91-97 de Barcelona para acompañar a nuestra comPAH Djamila y exigir a #CoralHomes que cumpla con la Ley antidesahucios catalana.

Djamila lleva tiempo exigiendo un alquiler social, en un primer momento a la Caixa y ahora a Coral Homes, un fondo buitre norteamericano, donde la Caixa es accionista.

Hace tiempo que nos ningunean: que ellos no tienen que ver con Coral Homes, que no pueden obligar al fondo a que cumpla la Ley, que la Generalitat es la responsable, etc., y el tiempo pasa y la salud de nuestra comPAH se va deteriorando.

No podemos permitir más que se pasen la pelota unos a otros, porque sabemos que son lo mismo, todas están metidas dentro del fondo Lone Star, una telaraña para volver a hacer una nueva estafa bancaria basada en el ladrillo.

Desde la PAH hemos arrancado un compromiso: que van a hacerle una oferta en los próximos días. Si esto no se cumple, volveremos a sus oficinas hasta conseguir una solución para Djamila, que perdió su casa y su negocio por no poder pagar su hipoteca y CaixaBank se lo quedó todo, engañándola, estafándola y ahora vendiendo la vivienda a un fondo amigo para que la eche de su casa.

Si tú también te sientes estafada por tu banco, ven a nuestras asambleas en la calle Leiva 44 bis de Barcelona. ¡Juntas sí se puede!

Gracias 15M

10 años después del 15M podemos afirmar que la PAH ha seguido trabajando y afianzándose, generando escuela de todos los aprendizajes hechos a lo largo de los años

El 15M supuso a la PAH su expansión territorial de manera exponencial. Allí donde había asambleas de StopDesahucios, al cabo de los años se transformaron en PAH, contribuyendo a una maduración del colectivo a nivel estatal.

En un momento donde la PAH estaba afianzando el movimiento por el derecho a la vivienda y tenía claras sus demandas, el 15M ayudó a sistematizar las prácticas que se estaban haciendo y a catalizarlas. Con el lema «Gente sin casa y casas sin gente, no se entiende» se expresaba la incongruencia que existía y sigue existiendo frente a los desahucios, el resultado más dramático de no tener leyes ambiciosas y políticas valientes en temas de vivienda, donde no se defiende la parte más vulnerable de la demanda judicial: las familias vulnerables. La campaña de StopDesahucios pudo coger fuerza gracias a las asambleas de vivienda de los barrios y ciudades que crearon los grupos «StopDesahucios», donde se organizaban para ir a parar los desahucios de familias vulnerables, utilizando las prácticas de funcionamiento PAH donde no había PAH locales. A la larga, muchos de estos grupos StopDesahucios se convirtieron en nodos de la PAH, haciendo crecer el movimiento.

Las plazas y las diferentes comisiones, llenas de frescura y gente joven con ganas de canalizar la indignación en propuestas claras y objetivos concretos, también ayudaron a innovar en acciones directas para expresar alto y claro que «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros».

La PAH consiguió un altavoz en el 15M con el que elevar sus demandas y visibilizar prácticas concretas. Así, las ocupaciones a entidades financieras para exigir soluciones a casos individuales tuvieron mucha aceptación, igual que la campaña de «Obra social de la PAH» donde, después de agotar todas las vías posibles en las Administraciones y exigencias de soluciones a bancos, recuperábamos vivienda vacía de las entidades financieras para realojar a familias que habían sido desahuciadas. Hoy en día seguimos con la campaña, aunque por parte de algunos sectores se haya querido demonizar a las familias que han tenido que escoger entre ocupar una vivienda vacía de un banco o dormir debajo de un puente. En este sentido, a lo largo de 2019 se ha puesto mucho interés en proteger las viviendas vacías de los fondos de inversión, como Blackstone, en vez de conseguir que pusieran dichas viviendas en alquiler social, evitando así un desahucio y también una ocupación.

Hoy podemos decir que el movimiento por el derecho a la vivienda es de los más fuertes de la última década y el que ha conectado más directamente con el sentir social mayoritario de la ciudadanía, por lo que no dar respuestas a la altura sería inaceptable. No se puede hablar de un cambio de época –ni lo habrá– si no se garantiza el derecho a la vivienda en España.

Es por ello que desde la PAH y diferentes colectivos nos hemos unido en la Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda, para exigirle al Gobierno que incluya las medidas que proponen las personas afectadas, aquellas que llevamos años viendo cómo se legisla a espaldas de la ciudadanía, y de una vez por todas acabar con la emergencia habitacional.

La ley debe garantizar medidas de mínimos y de sentido común como:

  1. El derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
  2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
  3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
  4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
  5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital, como parte de una vivienda digna.
  6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
  7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
  8. Participación activa de la población en toda política de vivienda y urbanismo.
  9. Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas de afectadas y sociedad civil, que afectan a la dignidad de las personas y a los Derechos Humanos, blinde las legislaciones autonómicas más progresistas y dé cumplimiento de una vez por todas al PIDESC y a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos, sin retrasar su aplicación a desarrollos normativos posteriores.

Desde la PAH vemos que estas medidas concretas no pueden esperar y serán una de las pruebas del algodón del nuevo Gobierno en materia de derechos fundamentales. Prueba del algodón o prueba de fuego: escojan la que más les guste.
Llevamos muchos años exigiendo estas medidas, ahora somos más y más organizadas. ¡Estamos seguras de que vamos a conseguir legislar una Ley que garantice el derecho a la vivienda! Para ello nos seguiremos encontrando en las asambleas, en las plazas, en las calles y en Internet 😉

¡Sí se puede!

Distancia, manos y Ley Mordaza. PAH BCN denunciamos la estrategia represora del Gobierno de la Generalitat y las sanciones impulsadas por su Departamento de Interior

Un miembro de PAH-BCN, entre la treintena de activistas multadas en un desahucio en la izquierda del Eixample

Desde la llegada del nuevo consejero, Miquel Sàmper, el cuerpo de Mossos d’Esquadra ha incrementado su represión contra el movimiento en defensa del derecho a la vivienda

El pasado 7 de noviembre entró en vigor el Decreto Ley 37/2020, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda, que introduce medidas de suspensión temporal de aquellos desahucios de grandes tenedores, al tiempo que insiste en la obligación de ofrecer alquiler social en los supuestos previstos en la Ley 24/2015. Conseguida gracias a una iniciativa legislativa popular y a la presión ciudadana, la Ley 24/2015 fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya y fue pionera en Europa. Posteriormente se vio ampliada, de nuevo gracias a la fuerza del movimiento por la vivienda, por los decretos ley descritos.

El Gobierno presentó estas nuevas iniciativas como muestra de que está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar la ejecución de lanzamientos. Sin embargo, este discurso choca de lleno con la forma en que se está procediendo desde el Departamento de Interior, liderado desde principios de septiembre por el nuevo consejero Miquel Sàmper.

Durante la ejecución de desahucios, que no deberían tener lugar, nos estamos encontrando con dispositivos policiales y de unidades antidisturbios desproporcionados, que ponen en riesgo la salud de las afectadas, de las vecinas y de toda la comunidad.

Las activistas somos identificadas y sancionadas de manera sistemática, con multas desde 601 euros por persona, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. Se nos criminaliza por denunciar pacíficamente violaciones de derechos que deberían estar tutelados por la Administración. Las sanciones, en virtud de la Ley 24/2015 y la Ley del Derecho a la Vivienda, deben ser para los especuladores que promueven desahucios sin ofrecer el alquiler social, no para las que defendemos los derechos humanos, que en ningún caso podemos ser sancionadas por ejercer el derecho de manifestación, tal como queda patente según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El último ejemplo, las sanciones tramitadas contra más de una treintena de activistas por un desahucio a principios de octubre en el barrio de la Izquierda del Eixample, entre los que se encuentra un activista de PAH Barcelona, que se acercó ese día a dar su apoyo.

Exigimos a la Generalitat y al Departamento de Interior (ERC y JuntsxCat) que cesen en su ataque a la protesta pacífica, que garanticen la suspensión de todos aquellos desahucios instados por sus instituciones y que sigan blindando, desarrollando y ampliando la protección del derecho a la vivienda. Tenemos sospechas fundadas de que hay nuevos protocolos de los Mossos d’Esquadra para aplicar las sanciones previstas en la ley mordaza a las activistas por el derecho a la vivienda, con el fin de asustar y desincentivar a la ciudadanía a luchar por sus derechos. Nos quieren solas y atemorizadas, pero nos encontrarán juntas y en comunidad, alegres y combativas. Desde ahora, anunciamos expresamente que recurriremos estas sanciones hasta donde haga falta, hasta que estas sean anuladas. En un contexto de crisis y con más falta de recursos que nunca, ¿será aceptable que el Gobierno y el Departamento de Interior destinen recursos económicos a impulsar estas multas y sufragar gastos judiciales para todos los procedimientos de recurso?

Al mismo tiempo, al Gobierno del Estado (PSOE y Unidas Podemos), le exigimos la aprobación de un decreto urgente que detenga todos los desahucios, y la derogación inmediata de la ley mordaza, tal como prometieron en su acuerdo de gobierno de coalición. Es indignante que no se anule este instrumento represivo dirigido a la lucha pacífica por la justicia social, que nos acerca al Estado policial y nos aleja de la democracia, como ya han dicho organizaciones por los derechos humanos, como la misma Amnistía Internacional.

Finalmente, insistimos a la judicatura para que suspenda todos los desahucios de inmediato, sin excusas, y aplique las leyes vigentes de forma garantista. Ante una pandemia global como la que estamos viviendo, no tiene ningún sentido pedir a las familias vulnerables que cumplan un toque de queda en las noches para evitar contagios y expulsarlas de sus casas a la mañana siguiente.

Nosotras, junto al resto de colectivos, seguiremos siendo la última barrera ante los desahucios. ¡Luchamos por lo que es justo y lo seguiremos haciendo, la represión no nos detendrá!

¡Sí SE PUEDE!

El Gabinete de Crisis no cumple con las expectativas de las 600 familias

La reunión con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con la ausencia de la Delegación del Gobierno del Estado, finaliza sin propuestas en un corto plazo para acabar con el sufrimiento de las 600 familias realojadas indignamente

A raíz de la reunión mantenida la semana pasada entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado en Barcelona, la PAH de Barcelona conseguimos crear un Gabinete de Crisis para dar respuesta a las 600 familias que se encuentran hoy en día realojadas indignamente en pensiones o albergues.

En el encuentro han participado representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Hoy mismo la Delegación del Gobierno del Estado nos ha informado de que no participaría en la reunión. Nos sorprende su postura dado el compromiso que habían adquirido con las 600 familias y ante toda la ciudadanía en el último encuentro. Esperamos que reconsideren su postura y que se reincorporen lo antes posible al Gabinete de Crisis, tal como se habían comprometido públicamente.

Desde la PAH de Barcelona hace tiempo que denunciamos las pensiones o albergues indignos donde son realojadas las familias que han sufrido un desahucio. Muchas de ellas sin tener en cuenta sus necesidades, o en alojamientos que no cumplen unos mínimos de higiene. Espacios pequeños donde una silla de ruedas casi no se puede mover, muchas de ellas sin un lugar donde poder hacer los deberes los más pequeños o incluso sin una cocina o nevera para poder garantizar una alimentación adecuada. 

Con el compromiso acordado la semana pasada por parte de las administraciones de colaborar conjuntamente en el realojo digno de las familias, hoy se ha llevado a cabo el segundo encuentro en el que cada una de ellas se comprometió a explorar medidas concretas para hacer efectivo un plan ejecutivo a principios de septiembre. 

Las dos administraciones presentes en la reunión, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña, se han comprometido a llevar un plan ejecutivo la segunda semana de septiembre especificando medidas, presupuesto y calendario de implementación. Como requiere la situación de emergencia y exigíamos desde la PAH de Barcelona, no han podido concretar ninguna medida innovadora más allá de medidas que ya están intentando implementar y que se han demostrado insuficientes, ya no solo para dar soluciones a las actuales 600 familias sino para frenar el aumento de esta realidad.

Recordemos que el Gabinete de Crisis no solo está formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña sino también por el Gobierno del Estado, que no ha estado presente en este encuentro. Es necesario que aporten lo que se comprometieron en la primera reunión, entre otros, la cesión de las viviendas de la Sareb y Bankia, el censo de las viviendas, edificios y solares de su titularidad y el destino de la parte del presupuesto del «Plan de Vivienda». El Gobierno del Estado debe asumir responsabilidades y aportar soluciones concretas.

Las propuestas, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Cataluña, son totalmente insuficientes para acabar con el grave problema de los realojos indignos. Las administraciones responsables no están a la altura y no actúan a la velocidad que la emergencia requiere.

Una vez más somos los movimientos sociales los que forzamos a la Administración a trabajar por la ciudadanía. La emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y todo el Estado es un grave problema que las diferentes administraciones competentes deben afrontar. Desde la PAH de Barcelona estaremos vigilantes para que este plan ejecutivo dé respuesta a las familias indignamente realojadas. Tenemos claro que es cuestión de voluntad política, hace 10 años que demostramos que «sí se puede» y no cejaremos hasta conseguir garantizar el derecho a la vivienda en todo el territorio.

 

Los partidos responden a las demandas de la PAH

¿Cuál es la postura de los diferentes partidos ante las demandas de la PAH Barcelona?

El pasado 6 de mayo, en la asamblea de bienvenida habitual, recibimos a los diferentes partidos políticos para dar a conocer la realidad de la ciudadanía en materia de vivienda. En el encuentro aprovechamos para trasladar 8 demandas claras de cara a las próximas elecciones municipales para hacer frente a la emergencia habitacional que sufrimos en la ciudad de Barcelona, solicitando cuál era la postura de todas y cada una de las candidaturas ante nuestras propuestas.
De las siete candidaturas a quienes trasladamos las propuestas, solo cinco han respondido: JuntsXCat BCN, ERC, Barcelona en Comú, CUP y PSC. El PP y Ciudadanos han seguido dando la espalda a la ciudadanía negándose a contestar y sin posicionarse por el derecho a la vivienda.
A continuación damos a conocer la respuesta de cada una de las demandas:

1. Protocolo de acceso a la Mesa de emergencia.

Revisión del protocolo para permitir el acceso de muchas familias en situación de vulnerabilidad que actualmente no lo pueden hacer, como son las que provienen de locales, las que han vivido un proceso de separación y la demanda judicial no iba a su nombre.

  • CUP: «Se deben utilizar todos los recursos que se destinan a alojamientos precarios, pensiones, hoteles, que son muchos, a la vivienda social digna y la prevención de los desahucios».
  • JxCAT: «Se ha normalizado la comercialización de estos espacios como vivienda y pensamos que si se acepta como tal, no podemos desproteger a los ocupantes».
  • BComú: «Nuestra prioridad en estos momentos es dejar a cero la lista de espera de 500 familias, cosa que podríamos hacer si la Generalitat asumiera la responsabilidad que no ha cubierto durante este mandato».
  • PSC: «Estamos abiertos a estudiarlo y a trabajar de la mano de la PAH y otras entidades».
  • ERC: «Si algo hace complicada la solución de la problemática de la vivienda es que responde a una persona o personas diversas con una situación diferente cada una, por eso se necesitan protocolos que permitan dar respuesta a todas las situaciones».
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

2. Realojo después de desahucio.

Acordar el destino del realojo con antelación a la fecha del desahucio, evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Cumplimiento con la Ley 24/2015.
  • CUP: “Crear un observatorio específico para evitar los desahucios y personarse como defensa de las personas amenazadas de desahucio e impedir por todos los medios que se ejecute ninguno”.
  • JxCAT: “Según cada caso no podemos descartar ni excluir ninguna solución que proporcione una solución temporal antes de un realojo definitivo”.
  • BComú: “Hemos puesto la maquinaria municipal al máximo para ampliar el parque público e innovando con Alojamientos Temporales para evitar estas situaciones, pero es cierto que en 4 años no podemos reparar el déficit histórico de políticas públicas municipales dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda”.
  • PSC: “Incorporaremos pisos destinados al alojamiento de los casos aprobados por la Mesa de emergencia, para evitar el destino a pensiones y para reducir el plazo de espera”.
  • ERC: “Hay que acordar un destino y un acompañamiento para estas familias, en entornos donde puedan crecer y se les permita salir de la vulnerabilidad”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

3. Lista de espera de la Mesa de emergencia.

Reducción urgente del plazo de espera que actualmente supera los dos años en muchos casos. Plan de choque para ponerla a cero.

  • CUP: “La respuesta a estas situaciones de emergencia debe ser inmediata y efectiva globalmente por parte de la Administración pública de forma directa (titularidad, gestión y provisión)”.
  • JxCAT: “Hay que hacer un plan de choque para reducir la espera que actualmente sufre la Mesa de Emergencia. Ahora bien, poner la Mesa de Emergencia a cero con el parque de vivienda asequible actual, no es posible”.
  • BComú: “Continuaremos ampliando los recursos habitacionales del Ayuntamiento con el tanteo y retracto, la compra y construcción de viviendas, así como con las nuevas viviendas que debe incorporar durante este año Habitat 3 y garantizando que se cumple la Ley 24/2015”.
  • PSC: “Ampliaremos de forma inmediata y con una posición muy proactiva de negociación con la SAREB y las entidades financieras para incorporar del orden de 5.000 pisos de alquiler que tienen estas entidades, en el parque de alquiler social de la ciudad”.
  • ERC: “Hay que explorar seriamente y con contundencia la movilización de las viviendas de la Sareb para responder a la emergencia habitacional”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

4. Aumento del parque público.

Promociones públicas de alquiler indefinido, implicación con la medida del 30%, uso intensivo del mecanismo de tanteo y retracto, cumplimiento del 15% de vivienda pública.

  • CUP: “El Ayuntamiento debe expropiar, inmediatamente y sin indemnización, los pisos vacíos propiedad de la SAREB y de grandes tenedores. Estos pisos deben pasar a formar parte, en primer lugar, del parque de vivienda pública de alquiler social, y en segundo lugar, del parque de vivienda pública de alquiler”.
  • JxCAT: “De acuerdo con la medida, pero se tendría que saber qué cambios se quieren propiciar en los criterios de acceso a la VPO para poder concretar nuestro posicionamiento”.
  • BComú: “Estamos totalmente de acuerdo en que la promoción pública debe garantizar que la vivienda mantenga la protección de forma permanente, es por ello que hemos hecho esta demanda a la Generalitat de Cataluña, ya que es de su competencia”.
  • PSC: “Volveremos a construir 4.000 viviendas públicas y promoveremos los dispositivos de gestión necesarios para desarrollar el objetivo de disponer de un parque de 25.000 viviendas en Barcelona”.
  • ERC: “El parque debe promover la rotación para responder siempre a aquellos que no tienen alternativa, pero no puede ser permanente para aquellos que no tienen necesidad. Implicación en el 30% y el tanteo y retracto”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

5. Alquiler.

Cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración, que actualmente se abren solo durante un breve plazo a lo largo del año.
  • CUP: “Prohibición inmediata del uso de viviendas para alquiler turístico; exigimos implicación y compromiso con la medida del 30% y un uso intensivo del mecanismo del tanteo; y el importe del alquiler no podrá ser superior al marcado por el Ayuntamiento”.
  • JxCAT: “Estamos de acuerdo en revisar las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento que actualmente solo se abren durante un breve plazo a lo largo del año y, también, estudiar la posibilidad de su ampliación”.
  • BComú: “Estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar para que las convocatorias no se limiten a un determinado período”.
  • PSC: “La Ley 24/2015, es evidente que se debe cumplir y tenemos que intentar no llegar a los juzgados para hacerla cumplir. En relación a la bolsa de alquiler, estamos abiertos a estudiar los plazos de las convocatorias. En cuanto a los precios de alquiler, aplicaremos una subvención del 50% del IBI para los pisos que los inquilinos pongan a disposición en régimen de alquiler, según el precio de referencia o inferior, y ampliaremos de manera inmediata y con una posición muy proactiva de negociación con la SAREB”.
  • ERC: “A favor de la Regulación de los alquileres y mayor duración de los contratos (6-10 años)”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

6. Ocupaciones.

Facilitar la negociación de las familias con la propiedad para llegar a acuerdos de alquiler social, instaurar un servicio municipal de mediación comunitaria para resolver conflictos con vecinas, facilitar la regularización de los suministros básicos, publicar datos sobre el fenómeno que ayuden a tener una idea clara del número de hogares que se encuentran en esta situación.
  • CUP: “Defenderemos que se garantice el empadronamiento, el acceso a los suministros y las condiciones de habitabilidad de la vivienda, más allá de si hay relación contractual entre la persona que vive y la propiedad. Priorizando siempre el derecho al uso por encima del derecho a la propiedad”.
  • JxCAT: “Apostamos por un análisis que sea individualizado y caso por caso y ver si hay vulnerabilidad en las personas que ocupan para dar soluciones a estas familias. En una regulación general no estamos de acuerdo”.
  • BComú: “Hemos hecho cambios como dejar de excluir a estas unidades familiares de la Mesa de Emergencia y por otro lado, con la creación del servicio SIPHO hemos mediado en todos los casos de vulnerabilidad para intentar regular su situación con un alquiler social”.
  • PSC: “Con las medidas antidesahucios, esperamos que las ocupaciones se reduzcan”.
  • ERC: “Hay que saber discernir bien el tipo de ocupaciones y en cada caso se necesitan medidas diversas”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

7. Funcionamiento de Servicios Sociales/Vivienda/SIPHO.

Unificar las visitas a Servicios Sociales y Vivienda para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones, reducir el plazo de espera para las citas previas. Refuerzo del servicio SIPHO.
  • CUP: “Hay que remunicipalizar todos los servicios dedicados a la vivienda, comenzando por los más sensibles para las personas”.
  • JxCAT: “De acuerdo con la medida”.
  • BComú: “Se han reforzado las oficinas de Vivienda incorporando Puntos de Asesoramiento Energético y ampliando la presencia de abogadas, y se han creado nuevas oficinas”.
  • PSC: “Estamos dispuestos a estudiarlo porque es evidente que la coordinación entre Servicios Sociales y Vivienda no ha funcionado con suficiente eficiencia en el pasado mandato, así como el refuerzo de la SIPHO”.
  • ERC: “Equipos transversales mejor coordinados con Salud y Asuntos Sociales, aumentar los recursos de las oficinas de Vivienda y ampliar las oficinas en los lugares de mayor demanda”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

8. Bloques.

Seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento, agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.
  • CUP: “Se hará efectiva la Declaración de tratar toda la ciudad de Barcelona como área sujeta al derecho a tanteo y retracto aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona (de forma directa, pública y sin intermediaciones)”.
  • JxCAT: “Nuestro compromiso es luchar contra el acoso inmobiliario y debemos acompañar en estos casos. En cuanto a la intermediación, apostamos por hacerla de manera individualizada y viendo la situación de cada caso”.
  • BCcomú: “Proponemos la creación de un centro de atención y defensa de los y las inquilinas en coordinación con las entidades sociales especializadas que sirva para asesorar, mediar, y denunciar casos de acoso”.
  • PSC: “Fortaleceremos los distritos como Administración cercana con capacidad de abordar la inspección sistemática de pisos vacíos de grandes tenedores, viviendas turísticas, problemas de ruidos y detección de situaciones de ocupación no consentida generadora de conflicto vecinal”.
  • ERC: “El Ayuntamiento debería personarse en los casos de acoso inmobiliario”.
  • C’s: Sin respuesta.
  • PP: Sin respuesta.

 Compartimos también las respuestas completas de cada uno de los partidos: