Category Archive Comunicados

PorPAH_Bcn

Levantamos la acampada frente las oficinas de UCI

Una vez más, demostramos que la presión y la fuerza colectiva funcionan frente a la estafa bancaria

Esta mañana hemos iniciado un acampada, con la intención de alargarla todo lo que fuera necesario, para conseguir que UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), financiera del Banco Santander, cediera a las demandas de Maria, estafada por la entidad en 2005, bajo riesgo de perder su hogar por no poder hacer frente a la cuota mensual de su hipoteca.

Maria compró su piso por 215.000 euros con una cuota de 500 euros mensuales. Trece años después, explica que sólo ha pagado 7.000 euros del piso porque todo el resto del dinero ha sido para intereses y cláusulas “abusivas”, mientras la deuda ha subido hasta 380.000 euros. Una situación que, ha asegurado, no puede asumir con su sueldo, ya que la cuota es actualmente de 1.300 euros.

Estafada y engañada, María lleva 18 meses intentando negociar con UCI la eliminación del IRPH y una quita de la deuda que le permitiera rebajar a una cuota asumible y mantener su vivienda. UCI le está negando toda solución para poder quedarse con su casa y especular con ella.

Hoy, tras 6 horas de acampada con el apoyo de las PAHs más cercanas que han acudido a reforzar, de presión en la calle, en medios, en redes sociales, difusión de octavillas y varias negociaciones, finalmente hemos retirado el campamento tras arrancar un firme compromiso por parte de UCI, que el martes cederá a sus demandas.

El martes por la mañana, volveremos con toda la artillería cargada y dispuestas a lo que haga falta dependiendo de lo que Maria se encuentre sobre la mesa.

Las demandas de Maria son de justicia y de sentido común. La PAH vamos a seguir a su lado hasta que logre la tranquilidad que se merece y la disfrute en ese hogar que tantos sacrificios le ha costado construir.

#AcamPAHdaUCI

Álbum de fotos en Flickr

#AcamPAHdaUCI

PorPAH_Bcn

Iniciamos una acampada frente las oficinas de UCI en defensa de las familias estafadas

En los años de la burbuja inmobiliario, UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), financiera del Banco Santander,  derivaba a esta entidad aquellos préstamos de alto riesgo, bien por la precariedad de los hipotecantes, era conocida en estos ambientes como “La Unión de Créditos Imposibles”, aludiendo a que cuando un préstamo, refinanciación o reunificación de préstamos era inviable para la mayoría de las entidades, UCI aprobaba la operación.

Hoy, 17 de febrero de 2018, PAH Barcelona iniciamos una acampada frente a las oficinas de UCI de la Gran Vía de les Corts Catalanas, 16-20, en apoyo y defensa de María, estafada por UCI en 2005 y bajo riesgo de que la entidad de quede con su casa, tras años de sacrificios para pagarla y mantenerla.

María, compró su vivienda en plena burbuja inmobiliaria y boom de la estafa hipotecaria. Una estafa que llevamos denunciando y visibilizando desde 2009. Durante estos años de denuncia y desobediencia pacífica, la PAH hemos arrancado miles de soluciones a los bancos a pesar de que en un principio de tachaban de locas y afirmaban, que las cosas eran así y que era imposible luchar contra ellas.

María fue estafada al firmar una hipoteca repleta de cláusulas abusivas, incluida el IRPH, índice hipotecario vendido sin transparencia y manipulable por los bancos, que la Unión Europea obligó a España a suprimirlo en 2011 pero el Gobierno ha mantenido. Como tantas otras personas, María fue engañada y mal informada sobre este índice, asegurándole, que en contra de lo que podría pasar con el Euribor, su cuota no aumentaría exageradamente y que cuando desapareciera el IRPH se le substituiría por Euribor. Algo que aún no ha pasado y María ha vivido como su cuota inicial de 500€ aumentaba hasta los 1300€, una cuota que a pesar de tener trabajo fijo, no puede pagar.

María lleva año y medio intentando negociar la eliminación del IRPH y una quita que le permita reducir la cuota lo suficiente para poderla pagar y seguir manteniendo su casa. Pero UCI le está negando esas demandas, prefiriendo arrebatarle su hogar para poder especular con la vivienda.

Desde la PAH llevamos años denunciando estas prácticas mafiosas y antisociales de la banca, pensadas únicamente para beneficio de unas pocas sin pensar en el bienestar de las familias. Unas prácticas avaladas por una ley hipotecaria criminal que ya suman hasta  8 sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarándola ilegal por vulnerar los Derechos Humanos, junto al Dictamen de las Naciones Unidas que estableció un plazo para aplicar medidas para resolver la situación de emergencia habitacional que se vive en España. Plazo que acabó el 5 de diciembre de 2017 sin que el Gobierno del PP pusiera soluciones prefiriendo pagar una multa de miles de euros con dinero público. 

También denunciamos que el Banco Santander, fue uno de los beneficiarios por el rescate bancario de 2010. Un dinero público recibido sin ningún tipo de contraprestación social, que les sirvió para deshacerse del ladrillo tóxico, para que en lugar de servir para ampliar el parque público de vivienda siguiera siendo usado para su especulación. No solo eso sino que gracias a ese rescate, años después pudieron permitirse el lujo de adquirir el Banco Popular por un euro, para posteriormente vender su cartera inmobiliaria a un fondo de inversión  yanki por 5.100 millones de euros.

Por todo esto, hoy les volvemos a desenmascarar usando el caso de María como bandera de toda esta estafa hipotecaria, llevada a cabo por el Banco Santander escudándose en su financiera inmobiliaria UCI.

Desde la PAH, sabedoras que la única lucha que se pierde es la que se abandona, hoy iniciamos una acampada frente a UCI que solo se levantará con una respuesta positiva a María, en la que acepten sus demandas y pueda seguir pagando su vivienda, frenando la intención de la entidad de arrebatársela.

Hacemos un llamamiento colectivo a todas las PAHs y movimientos por el derecho a la vivienda a venir a apoyar a María, así como a traer sus casos de otras familias estafadas en fase de negociación enquistada con UCI.

UCI  estafa, engaña y echa a la gente de sus casas y no vamos a tolerarlo más ni a dar un paso en la defensa de las familias. ¡Basta de tratar como mercancía un derecho como la vivienda!

#AcamPAHpadaUCI

PorPAH_Bcn

Primera reunión de trabajo del grupo promotor con los grupos municipales para implementar la moción para ampliar el parque público de vivienda de Barcelona

Hoy se ha constituido el grupo de trabajo para concretar de forma urgente la activación de las medidas que incluye la moción aprobada en el mes de febrero.

El pasado 13 de febrero la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el Observatorio DESC, la FAVB (Federación de Asociaciones de vecinos y vecinas de Barcelona), la ABTS (Asamblea de barrios para un turismo sostenible) y el Sindicato de Locatarios, presentamos públicamente una moción municipal para la ampliación del parque público de vivienda. Esta moción quiere activar nuevas herramientas para dar respuesta a la emergencia habitacional que sufrimos en Barcelona y que se ha visto agravada por la burbuja especulativa de los precios del alquiler, que ha provocado un incremento del precio medio del alquiler en un 24% durante los últimos tres años, llegando hasta el 66% en algunos barrios. A esto hay que añadir los efectos de la compra de edificios enteros por parte de fondo de inversión, que provocan desahucios y expulsión de vecinas: de los 12.322 desahucios que ha sufrido Barcelona en los últimos 3 años, el 84% son de alquiler. La moción también busca revertir la tendencia negativa histórica de no priorizar la vivienda de protección oficial de alquiler: la poca vivienda de protección oficial existente, la hemos perdido porque era de compra y no de alquiler.

Esta situación, provocada por la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y por una legislación y políticas, que facilitan la especulación con la vivienda y nunca ha promovido la vivienda social, hace que Barcelona tenga grandes dificultades en realojar a las personas desahuciadas o para facilitar el acceso asequible a la vivienda a toda la población al contar sólo, con un parque público de alquiler que ronda el 1%, muy lejos del 15% o 20% que acumulan otras ciudades europeas, y que es el objetivo al que hay que llegar, por sentido común y porque la Ley del derecho a la vivienda catalana así lo marca.

La moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona el 23 de febrero de 2018, con los votos a favor de los grupos municipales de Barcelona en Comú, Grupo Municipal Demócrata, Ciutadans, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido de los Socialistas de Cataluña, CUP Cambiamos Barcelona, Regidor no adscrito y con los votos en contra del Partido Popular de Cataluña, incluye medidas claras, valientes y efectivas para revertir esta situación. Nuestras demandas son perfectamente viables, ya que se basan en exprimir las leyes vigentes, como la Ley catalana del derecho a la vivienda y en replicar los modelos de vivienda pública que ya están funcionando en otras capitales europeas, como París y otras grandes ciudades como Nueva York:

  • Destinar el 30% del techo de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral a viviendas de protección oficial de gestión pública y municipal.
  • Regulación de la implantación de establecimientos de alojamiento turístico (así como de albergues de juventud) y de viviendas de uso turístico (HUTs) y reserva del equivalente del 40% de su techo a vivienda pública en otro edificio dentro del mismo distrito.
  • Declaración de ciertas zonas de la ciudad como Áreas de Conservación y Rehabilitación a partir de un informe previo en el ámbito de todo el municipio.
  • Conversión de edificios de titularidad pública destinados a usos no residenciales en edificios de uso residencial
  • Implementación de un grupo de trabajo específico que asegure la ejecución, revisión y fiscalización de todas estas iniciativas, y que el citado grupo de trabajo esté integrado por las entidades promotoras de la moción y por los grupos municipales.

Hoy, viernes 11 de mayo, se ha constituido el grupo de trabajo para concretar de forma urgente la activación de las medidas que incluye la moción aprobada, donde han asistido todos los grupos municipales de la ciudad.

A la reunión hemos presentado, a los grupos políticos municipales, una propuesta técnica efectiva y solvente para activar ya las medidas de la moción. Para dar fundamento a nuestra propuesta, hemos hecho varias consultas a expertas en vivienda, arquitectura y urbanismo, por lo tanto, tenemos la seguridad que la propuesta de implementación es rigurosa, viable y muy muy fundamentada jurídicamente.

Además, el documento que hemos aportado es un paso más de la sociedad civil y de los movimientos sociales, en la línea de aportar soluciones reales al problema de la vivienda. Tanto la moción, como la propuesta de implementación, contienen nuevas medidas no utilizadas de las leyes actuales u otras que se han utilizado de forma tímida y desfasada sobre las dinámicas de mercantilitzación de la vivienda que sufrimos actualmente.

Nuestra propuesta ha sido muy bien recibida por los grupos, a pesar de que no ha habido muchas aportaciones técnicas: por eso hemos emplazado a los grupos a una segunda y última reunión del grupo de trabajo el cercano 22 de mayo, que tiene que servir para cerrar la forma de aplicar las medidas de la moción.

Nos encontramos, de nuevo, ante un momento clave y hace falta que todos los grupos políticos representados en el Pleno, demuestren responsabilidad para cumplir lo que votaron y fue aprobado, pues es lo que necesita la ciudad. Ahora hace falta que los grupos municipales hagan aportaciones a la propuesta que las entidades hemos puesto sobre la mesa, las cuales esperamos recibir en los próximos días.

Desde el Grupo Promotor de la moción trabajaremos decididamente porque la moción aprobada en el Pleno acabe siendo una realidad y que la población de Barcelona perciba sus resultados reales: más vivienda de protección oficial de alquiler y medidas decididas para proteger el derecho a la vivienda, contra la gentrificación y la exclusión

#SenseExcuses queremos #LloguerPúblicBcn

 

PorPAH_Bcn

La Ley del PDeCAT criminaliza familias vulnerables que necesitan soluciones

Ciudadanos, PP, PSOE, PNV y PDeCAT crean un frente común para seguir vulnerando los Derechos Humanos de la ciudadanía, algo que son incapaces de hacer cuando se trata de defenderlos.

El martes 24 de abril el Congreso de los diputados protagoniza un recorte de derechos fundamentales de las familias más vulnerables, que se han visto forzadas a ocupar por necesidad. En relación con la proposición de modificación de la Ley 1/2000, propuesta por el PDeCAT, y que está prevista su aprobación a lo largo de la mañana en el Congreso, desde la PAH consideramos:

1) Que esta modificación que tiene como presunto objetivo facilitar los desahucios por ocupación, a velocidades de vértigo, no ofrece ninguna solución a las familias que se ven obligadas a ocupar para no quedarse en la calle. Este drama se está dando en nuestras ciudades y barrios ante la incapacidad de las familias de acceder a una vivienda. La compra no es una opción. El alquiler, con un aumento anual del 9% de los precios, tampoco es una alternativa. Y el parque público de vivienda no supera ni un 2%. Estos datos muestran una realidad a la que se enfrentan miles de familias: o vivir en la calle con sus hijos, u ocupar por necesidad.

2) El problema son los desahucios y la falta de políticas públicas que garanticen el Derecho a la Vivienda. El PDeCAT no ofrece ninguna solución, tan solo alienta a la persecución y criminalización de las familias. El mayor ejemplo es que esta modificación, eleva la anécdota a categoría, ya que siendo muy escasas las situaciones descritas en su preámbulo, se da a las mismas un tratamiento propio de situaciones multi-reiteradas. Permitiendo, además, la posibilidad de entrada por parte de la policía para la identificación de los ocupantes de una vivienda: lo que nos recuerda a la patada en la puerta que forzó la dimisión del exministro Corcuera, siendo esta práctica radicalmente contraria a la inviolabilidad del domicilio, recogida en la Constitución Española como derecho fundamental. Y que choca directamente con el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que España suscribió en 1976. Por lo que, desde la PAH, ya anunciamos que acudiremos al Comité DESC de la ONU para impedir su aplicación. Y recordamos que hablamos del mismo comité de la ONU que recientemente sentenció que los desahucios sin alternativa habitacional suponen una violación directa de los Derechos Humanos.

3) La PAH, en cambio, sí ofrece soluciones a las familias en emergencia. Durante 9 años, las familias que se han visto forzadas a ocupar se han encontrado desatendidas por los ayuntamientos e ignoradas por los gobiernos de todo color político. En ese contexto de aislamiento, han encontrado refugio en los movimientos sociales de vivienda. Es cada vez más corriente encontrarnos en la PAH a familias que acuden, explicando que la Administración Pública les ha cerrado las puertas e incluso incitado a ocupar viviendas, cuando las personas afectadas lo que buscan es regularizar su situación. En la PAH, mediante acciones de protesta, hemos forzado a los ayuntamientos y gobiernos autonómicos a conceder alquileres sociales a las familias en pisos públicos. Lo que hemos aprendido todos estos años, es que, para conseguir respuesta por parte de las instituciones, debemos movilizarnos en las calles.

4) La autotutela de derechos que realizamos ha demostrado, además, que se puede dar uso a los millones de pisos vacíos que acumula la banca. A través de nuestra campaña Obra Social La PAH, hemos recuperado viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público. Realojando así a familias vulnerables que conseguían regularizar su situación mediante alquileres sociales. Con esta campaña, hemos conseguido realojar a más de 4.000 personas. Hogares que quedan protegidos, desde la ciudadanía y para la ciudadanía. Una cifra récord en realojos que demuestra que es solo cuestión de voluntad política encontrar soluciones.

Nos resulta alarmante que PP, PSOE, Ciudadanos y PNV hagan frente común con el PDeCAT para perseguir policial y judicialmente a familias que necesitan soluciones. Estos partidos, juegan a silenciar a las víctimas de un modelo de vivienda que ha resultado fallido a todas luces, tratando de ocultar que son responsables de la emergencia actual y su falta de valentía para solventar la situación. Si estos partidos tuvieran altura democrática, irían a exigir a los bancos y a los grandes propietarios que cedan sus viviendas vacías y marquen alquileres asequibles. En vez de cumplir su papel, piden cuentas a las familias más vulnerables, incitando a una guerra entre pobres por los escasos recursos que se derivan a vivienda. Estos partidos, no tienen el valor necesario para gobernar. Son los cobardes que exigen “desahucio” para las vidas que hay en juego, mientras no tocan ni uno solo de los privilegios de la banca y los fondos buitre. Son los partidos que criminalizan los hogares.

En cambio, la PAH no solo ha demostrado desde abajo y sin recursos que es posible conseguir soluciones para las familias. Soluciones que las rescaten del ciclo de ocupación y desahucio en el que se ven involuntariamente inmersas. También hemos presentado en el Congreso una propuesta de ley, llamada la Ley Vivienda PAH, que en primer lugar regularía los precios del alquiler, permitiendo que muchas familias pudieran acceder de manera regular a una vivienda pagando un precio asequible. Y, en segundo lugar, obligaría a bancos, fondos buitre y grandes propietarios de vivienda a ceder sus pisos vacíos a las Administraciones Públicas, aumentando así los recursos necesarios para realojar a las familias más vulnerables que se encuentran sin ingresos. El debate democrático de esta ley tan necesaria fue vetado por el PP y Ciudadanos. Sin embargo, nosotras no nos rendiremos. Forzaremos con un recurso a que la Ley Vivienda PAH vuelva a ser considerada por el Congreso para su debate democrático. Porque nosotras somos las familias que protegen los hogares.

Existen soluciones para salvar a las familias que PDeCAT pretende perseguir, criminalizar y encarcelar. Existen soluciones para hacer valer la democracia y los Derechos Humanos. Existen soluciones para que las familias no se vean obligadas a ocupar por necesidad. Existen soluciones para que nuestros hogares estén protegidos. Estas soluciones, las tienen las familias organizadas en la PAH. Las conseguimos cada día en las calles y están recogidas en la Ley Vivienda PAH. Y lucharemos por hacerlas realidad.

¡Sí Se Puede!
#HogaresCriminalizados

 

PorPAH_Bcn

Agbar lleva a juicio a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE)

La compañía denuncia a tres activistas por una acción del pasado mes de febrero, intentando frenar así la lucha por el derecho a los suministros básicos

 

Barcelona, 7 de mayo de 2018

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) hemos trabajado desde nuestro nacimiento para detener los cortes de suministro en Cataluña y hemos confrontado las grandes multinacionales de agua, luz y gas para exigir la protección de derechos tan esenciales como el acceso al agua y la energía. Hemos conseguido conjuntamente con la PAH y el Observatorio DESC, así como con el apoyo de muchas otras entidades y colectivos, impulsar una ley que ha parado más de 40.000 cortes de suministro en Cataluña y hemos situado a las empresas suministradoras en el centro del problema, señalando a estas compañías, con beneficios multimillonarios, como responsables de una lacra que afecta a más del 10% de la población en Cataluña.

A día de hoy, Aguas de Barcelona (Grupo Agbar-Suez) ha decidido llevar a juicio a tres compañeras de la APE por una acción de denuncia que tuvo lugar en sus oficinas comerciales de Barcelona el pasado 27 de febrero. Con esta acción, Agbar demuestra ir en contra de quienes defienden los derechos de la ciudadanía y elige la vía de la represión contra la sociedad civil organizada

La compañía persigue a la APE por la vía judicial por una acción que se enmarcaba dentro de la campaña de condonaciones de deuda a familias en situación de vulnerabilidad. Esta se inició en julio de 2017 y reclamaba básicamente la condonación total de las deudas de facturas impagadas de agua contraídas en situaciones de vulnerabilidad y a las que de ninguna manera las familias podían hacer frente. En algunos casos se trataba de cantidades que superaban los 1.000 € y Aguas de Barcelona, en lugar de responder a la solicitud de condonación de deuda presentada por las personas afectadas, se dedicaba a hacerles recordatorios periódicos sobre sus impagos. Este hecho llevó a la APE a realizar una acción pública de denuncia para buscar una solución a la angustia que estaba generando la acumulación de estas deudas a las familias. Ese día, las representantes de la compañía, entre ellas su Directora de Clientes Núria Latorre, nos aseguraron que las demandas de la APE eran imposibles de cumplir..

Diez días más tarde, algunas de las afectadas que solicitaban la condonación, así como miles de familias de Barcelona y otros municipios del entorno, recibían en casa una carta de Aguas de Barcelona que les confirmaba la condonación de la mayor parte de su deuda. En este sentido, nos constan deudas de más de 1.000 € que se llegaron a reducir a 98 € (más información.

Desde la APE tenemos muy claro que no se trata de una casualidad y que la acción del 27 de febrero provocó la condonación de estas deudas, lo que refleja que nuestras demandas no solo eran legítimas sino que eran posibles y que era solo falta de voluntad de la empresa para buscar una verdadera solución para las familias. La APE ha demostrado una vez más la importancia de la organización ciudadana y la conquista de derechos fundamentales a través de acciones de denuncia y desobediencia pacífica. Como respuesta, a pesar de haber aceptado parte de nuestras demandas, Agbar ha elegido la vía de la represión judicial y el castigo para difundir el miedo entre las activistas y las afectadas que no pueden pagar los servicios más básicos.

La actitud criminalizadora de la compañía frente a la APE se demuestra en que no solo se persona como acusación particular sino que aunque en el primer auto del Juzgado solo incluía una persona denunciada, Agbar ha presentado un recurso para pedir encausar a dos activistas más, entre ellas la portavoz del movimiento Maria Campuzano, buscando un mayor impacto sobre el colectivo y queriendo demostrar su posición dominante. Es indignante ver cómo Agbar, que tiene el incomprensible privilegio de gestionar el agua en una ciudad como Barcelona, ha gastado en los últimos meses millones de euros en una campaña publicitaria de lavado de imagen y en procesos judiciales para intentar frenar a la sociedad civil que se organiza para defender sus derechos.

Desde la APE queremos hacer público que la deriva represiva de Agbar no hará cambiar nuestra manera de luchar en favor de los derechos de la ciudadanía y las familias en situación de vulnerabilidad para garantizar el acceso a los suministros básicos. Por eso, desde hoy y hasta el día del juicio, previsto para el día 16 de mayo, iniciamos una campaña de difusión pública del caso para que todo el mundo tenga claro en qué consiste realmente la “gestión responsable” de Aguas de Barcelona. Diversas entidades y colectivos, con las que la APE lleva colaborando desde sus inicios, comparten la indignación por la actitud beligerante de la compañía frente a la defensa de los derechos fundamentales firmando este comunicado y apoyando la campaña que hoy se pone en marcha.

La defensa de los derechos fundamentales y el derecho de la ciudadanía a luchar por lo que considera, no solo justo, sino de una necesidad imperante, no puede estar nunca a merced de lo que convenga a las grandes empresas para seguir ampliando su lucro. El derecho a los suministros básicos no se negocia, ni nuestra labor se para, ante la criminalización de la protesta. No tenemos miedo de la estrategia represiva de Agbar y los derechos de todas no se llevan a juicio. Seguiremos luchando junto a las demás entidades y colectivos que nos acompañan, como siempre hemos hecho, para acabar con los abusos de las grandes compañías suministradoras y para alcanzar un país ¡SIN SED, FRÍO, NI OSCURIDAD!

#EncausadesPerAgbar.

Apoyos:

Assemblea Nacional Catalana
Associació Benestar i Desenvolupament – ABD
Bombers indignats
Catalunya Sense TCIs
CIEMEN
Coordinadora d’Aturats/es de Catalunya
Ecologistes en Acció
Ecoserveis
Energia Gara Nafarroa
Enginyeria sense Fronteres – ESF
Entrepobles
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona – FAVB
Front Civic
Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC
Iridia
Metromuster
Observatori de Drets Econòmics Socials i Culturals – ODESC
Observatori del Deute en la Globalització – ODG
Plataforma de Afectados Por La Hipoteca
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Barcelona
Plataforma Aigua és vida
‏Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Red agua publica
Sindicat de Llogaters
Stop Mare Mortum
Tanquem els CIES
UGT-Bombers
Xarxa per la sobirania energètica – Xse

Apoyos Internacionales
European Water Movement
Fuel Poverty Action – Regne Unit
Global Justice Now – Regne Unit
mke Meyer, Frankfurt am Main – Alemanya
Romania Without Them Association – Rumania
Transnational Institute – Bèlgica
Switched On London- Regne Unit
Platform – Regne Unit
Movimiento Afectadas por las Represas – MAB

PorPAH_Bcn

Manifesto #BcnNoEstàEnVenda

Durante los últimos 40 años Barcelona se ha ido construyendo con errores y aciertos presididos por dos factores fundamentales: por un lado, la especulación inmobiliaria y, por otro, la lucha de los barrios por una ciudad digna y cosmopolita, que atesora una larga historia para la supervivencia de la ciudad y su gente. En 2018, esta codicia no tiene freno y asistimos a un agravamiento progresivo de la situación. El modelo de gentrificación de la ciudad expulsa al vecindario de los barrios, fomentando la sobreexplotación turística de Barcelona como sucede en otras ciudades. ¡Nos plantamos y decimos basta!

Ante esta situación, que lleva al colapso de la ciudad, es necesario que las vecinas y vecinos levantemos nuestra voz y nos sigamos organizando, uniendo nuestras fuerzas para cerrar el paso a los “enemigos de la ciudad”. El sábado 12 de mayo a las 18h en los Jardinets de Gràcia, manifestación: Barcelona no está en venta.

Todas aquellas personas que sufrimos las consecuencias de las políticas neoliberales, de los fondos de inversión y de los grandes tenedores que controlan la ciudad tenemos que salir a la calle a dejar bien claro que los buitres no son bienvenidos en Barcelona. Nosotras hemos decidido luchar por quedarnos en nuestros barrios, y no pararemos de luchar hasta conseguir que la ciudad sea para vivir dignamente y no para especular con los barrios y nuestras vidas.

Por todo ello, exigimos a las administraciones y nos comprometemos a luchar por:

  • Derogar la actual LAU. Asegurar contratos estables, con renovación automática, excepto cuando haya necesidad familiar de primer grado de la propiedad. Ningún desahucio más sin alternativa habitacional. Acabar con los privilegios fiscales de las SOCIMI, que no pagan impuesto de sociedades. Multar y expropiar todas las viviendas en manos de grandes propietarios que hayan permanecido vacíos durante 2 años, para hacer vivienda pública de alquiler.
  • Derogar las reformas laborales que han promovido la inestabilidad y el aumento de los trabajos precarios, mal remunerados, sin derechos laborales y con recortes de los derechos sociales.
  • Un turismo respetuoso con la convivencia vecinal.
  • Un espacio público para disfrutar de la ciudad y convivir, no para hacer negocio.
  • Detener la destrucción del comercio de proximidad.
  • Detener la destrucción del medio ambiente por la contaminación que generan los vehículos privados y los cruceros del puerto y promover el transporte público eficiente y no contaminante, y los medios alternativos como la bicicleta.
  • Políticas activas y decididas de igualdad de género.
  • Derogar la ley mordaza que reprime a las que luchan por los derechos políticos, sociales y laborales.

¡Nos vemos el sábado 12 de mayo a las 18h en Jardinets de Gracia!

¡Juntas, lo podemos todo!

Material
PorPAH_Bcn

Hay que utilizar todas las herramientas para conseguir que los bancos asuman responsabilidades en la estafa hipotecaria

11.04.2018

La semana pasada se levantó la suspensión del Tribunal Constitucional a tres artículos concretos de la Ley 4/2016, entre ellos el artículo 15 que permite la expropiación del uso temporal de la vivienda por un periodo de cuatro años como mínimo y de diez años como máximo, siempre que los inmuebles estén situados en áreas con una demanda residencial fuerte y acreditada.

Hoy se ha hecho público que en el área de Barcelona el BBVA tiene más de 871 pisos, según datos oficiales del consistorio y que se retomarán 5 procesos de expropiación de viviendas vacías que están incumpliendo su función social.

Desde la PAH de Barcelona celebramos, por un lado, que el TC haya levantado la suspensión de este artículo si. Por otro lado, exigimos a las instituciones, Generalitat y Ayuntamiento, que den todos los pasos posibles para conseguir que las entidades financieras, responsables de la estafa hipotecaría, se responsabilicen y cedan sus viviendas, en este caso los 2.021 pisos que se han detectado en Barcelona en manos de las entidades financieras, y pasen a estar dentro del listado de pisos de la Generalitat. Ayer en una reunión conjunta con las dos administraciones, conseguida gracias a la presión social, ya arrancamos compromisos para avanzar en este tema y poder ampliar el parque público de vivienda para combatir con agilidad la emergencia habitacional que sufren miles de familias.

Queremos poner énfasis en los 871 pisos del BBVA. Entidad que recordamos ha sido rescatada y ha estafado, engañado y desahuciado a miles de personas y por lo tanto, quien más vivienda ha acumulado en este periodo. En las asambleas de la PAH de Barcelona tenemos constancia del trato denigrante y de los abusos de esta entidad a las familias. Es por eso que exigimos que estos pisos detectados pasen inmediatamente a la lista de pisos de la Mesa de emergencia que se gestiona desde el Consorcio de vivienda con colaboración de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. No podemos permitir que los bancos sigan vendiendo su cartera inmobiliaria a fondos buitres y SOCIMIS, priorizando la especulación por encima de las necesidades sociales.

En los últimos años hemos acumulado en la ciudad de Barcelona más de 14.841 desahucios, y en Cataluña 74.548. Ante la carencia de políticas valientes que garanticen el derecho a la vivienda en el ámbito estatal y la sobreprotección a los intereses inmobiliarios, desde la PAH de Barcelona queremos señalar a los culpables y exigir las cesiones de los pisos de la banca, especialmente de la SAREB. Hacen falta sanciones a los pisos que no están cumpliendo su función social y presionar para que los cedan, así como esperamos que la suspensión de los artículos de la ley 24/2015 sobre la cesión de uso, suspendidos por el TC, también acaben siendo levantada para recuperar una herramienta que garantiza un proceso más ágil y a menos coste, para movilizar los pisos vacíos.

Demostremos que #SiSePuede

PorPAH_Bcn

La presión de la PAH consigue arrancar acuerdos a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para reducir la lista de espera de la Mesa de emergencia

Ayer nos reunimos con la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda, organismo que gestiona la Mesa de emergencia, formada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Gracias a la presión de la PAH, hemos conseguido que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pongan medidas conjuntas para combatir la carencia de pisos para garantizar el derecho a la vivienda a las familias desahuciadas. Ayer tuvimos una reunión conjunta, con representantes de las dos administraciones, fruto de la acción que hicimos el pasado miércoles 4 de abril a la Oficina de Vivienda de la calle Bolivia 105,  para exigir soluciones y explicaciones a la carencia de efectividad de Mesa de emergencia, a la hora de garantizar el realojo de las familias desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional.

Las familias que se ven obligadas a vivir un desahucio tras otro, mientras esperan que se los adjudique un piso de emergencia, no pueden esperar más. Por eso, avanzándonos una vez más a la Administración, teniendo claro que el problema base viene producido por la carencia de un parco público de vivienda a la altura de la emergencia, planteamos medidas para dar respuesta a los más de 300 casos que están a la espera se los asigne una vivienda y exigir un plan concreto que ofrezca soluciones de aquí a la finalización del año.

La reunión acabó con los siguientes compromisos por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona:

  • La Generalitat aplicará en Barcelona el 60/40, una cofinanciación de ayuda al pago del alquiler. La Generalitat asume el 60% y el Ayuntamiento el 40%. Esta es una medida que sólo se estaba aplicando a municipios que no dispusieran de Mesa de emergencia y que desde ahora se vinculará también a la bolsa de alquiler, tanto por los pisos de particulares, como a los cedidos por Habitado 3. Esta medida es para garantizar el pago del alquiler y se prevé poder aumentar así la bolsa en 200/300 pisos más.
  • Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento, pondrán más énfasis, a la expropiación de usufructo, fruto de la modificación del Tribunal Constitucional, que ha levantado la suspensión de la ley 4/2016, que los permitirá iniciar este proceso y aumentar el presupuesto por los realojos. Los costes de estas expropiaciones se financiarán conjuntamente entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
  • Aplicación en Barcelona del tanteo y retracto, con cofinanciación por parte de las dos administraciones.
  • Sobre los convenios de cesión de pisos en manos del BBVA con la Generalitat, de los 1800 pactados, sólo se han cedido 1.100 y de estos 110 en Barcelona. La Generalitat se compromete a acelerar lo entrega inmediata.
  • Sobre el convenio de cesión de pisos vacíos del Ayuntamiento con La Sareb (200 pisos) y con Caixabank (50 pisos) en 2 años sólo se han cedido 151.

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento dejaron claro las dificultades y trabas de los bancos a la hora de cumplir estos convenios. Nosotros los exigimos que aumenten la presión para hacer realidad estas cesiones, recordamos las sanciones marcadas por la ley catalana por el Derecho a la vivienda por la tenencia de pisos vacíos, y que hagan denuncia pública de esta actitud de las entidades bancarias.

Todos estos planes y compromisos han sido verbales, pero se ha levantado un acto donde queda todo recogido. Desde la PAH estaremos atentas y haremos seguimiento, para garantizar que de aquí a finales de año, se haya acabado la larga lista de espera de Mesa de emergencia. De momento a principios de mayo, tendremos una nueva reunión para ver los avances realizados.

No daremos ningún paso atrás hasta garantizar que todas las familias vulnerables tengan garantizado el acceso a un hogar digno y asequible. Seguiremos poniendo encima de la mesa todas las medidas posibles para que los pisos de la banca pasen a incrementar el parque público de vivienda y no sigan siendo vendidos a SOCIMIS y fondos buitre, para hinchar la burbuja del alquiler tratando el derecho a la vivienda como una mercancía.

PorPAH_Bcn

Presentación del informe “Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona”

La PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética, el Observatorio DESC, Ingenieros Sin Fronteras y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, presentan los primeros resultados de un estudio sobre la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona

Martes 27 de marzo 2018

Hoy presentamos el informe “Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona”. Este primer informe se marca en un trabajo conjunto de la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética, el Observatorio DESC, Ingenieria Sin Fronteras y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, donde se está realizando un estudio sobre la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona.

En el informe se muestra los 100 primeros casos de los datos recogidos en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH BCN) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) en el periodo de julio a diciembre de 2017. Para llevarlo a cabo se ha elaborado un cuestionario de 247 preguntas donde se recogen datos de perfil sociológico, de salud, de vivienda y de pobreza energética de cada caso. Estos cuestionarios han sido ordenados y sistematizados en una base de datos que nos ha permitido hacer el análisis exhaustivo de la problemática de emergencia habitacional y acceso a suministros básicos de las personas encuestadas.

El informe, después de un análisis del marco jurídico y legal del derecho a la vivienda y la energía en clave salud, trata los casos de 100 familias afectadas por problemas de vivienda (tanto de hipoteca, alquiler y ocupaciones) y de su acceso a los suministros básicos. Se analiza el perfil sociológico de las familias, el estado de salud autopercibida, la tipología del problema en régimen de tenencia de la vivienda de la persona encuestada y la garantía al acceso de los suministros básicos y la pobreza energética.

Con la publicación de este estudio, donde se exponen datos reales de personas en situación de inseguridad residencial, se pretende visibilizar la situación de crisis económica-habitacional actual, es decir, las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria del 2007 y la acumulación por desposesión de derechos fundamentales, como ha sido la privatización de suministros básicos y la financiarización en el acceso de un derecho como es la vivienda, sumado a la burbuja del precio de alquiler que estamos viviendo el día de hoy en ciudades como Barcelona. Creemos que este estudio puede ser una herramienta importante para sensibilizar la opinión pública y ofrecer, a través de estos datos únicos, una perspectiva diferente sobre la situación mencionada.

La importancia del estudio radica en la necesidad de poner luz a estos datos hasta la fecha inexistentes, sobre todo dando voz a las familias y demostrando la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos.

Las entidades que hemos elaborado este primer estudio hemos sido las primeras que estamos alertando de la gravedad de esta situación desde nuestros ámbitos. Denunciado reiteradamente la carencia de datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que supone la legislación española en materia de vivienda y de suministros básicos para orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que desde el Observatorio DESC se apuesta para recoger datos estadísticos y generar información que desde los órganos competentes no están haciendo.

Podéis consultar el estudio completo aquí -> INFORME

PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona ha ocupado hoy la Oficina de Habitatge de la Calle Bolivia para exigir compromisos a los responsables de la mesa de emergencia de Barcelona

En Barcelona hay más de 36.000 unidades familiares en lista de espera para acceder a un piso con alquiler social, según constata el informe anual del Síndic de Greuges de Barcelona de 2017. En 2017 se produjeron 2.591 desahucios en la ciudad, más del 85% por impago de alquiler.

4 abril de 2018

Las familias de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona (PAH BCN) hemos dicho basta.
Basta a las trabas administrativas para acceder a la mesa de emergencia.
Basta al menosprecio por parte de las Oficinas d’Habitatge, criminalizándonos por no poder pagar el alquiler.
Basta a una lista de espera de más de 9 meses para que nos adjudiquen un piso de alquiler social y poder comenzar de cero.
Basta ya de enviar pelotas fuera por parte de las administraciones y de no asumir responsabilidades.

Hoy hemos ocupado el Consorci d’Habitatge en la Calle Bolivia 105 para poner de manifiesto, en primer lugar, que la mesa de emergencia no da respuesta a las familias que se encuentran en situación de emergencia habitacional. Hablamos de familias que han accedido a la mesa de emergancia y que durante su espera pueden haber sido desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional o en el mejor de los casos, reubicadas en una pensión durante unos días y después “sálvese quien pueda”.

Saadia, Nadia, Irene, Rachid, Marina y Theo entre otras han accedido a la mesa de emergencia y están a la espera de adjudicación de una vivienda con alquiler social. Todas ellas han sufrido más de dos desahucios estando en lista de espera de la mesa de emergencia. Ellas, que no están solas, ya que cuentan con el apoyo de la PAH de Barcelona, aún resisten en sus hogares gracias a la solidaridad de la ciudadanía y a las convocatorias de #StopDesahucios que han podido parar sus desahucios, pero tienen nuevas fechas de lanzamiento: 10 de abril, 15 de abril, 23 de mayo… Mientras tanto, a la espera de la adjudicación de un alquiler social vía mesa de emergencia que no llega tienen que (re)sufrir las consecuencias más violentas de la emergencia habitacional, como son los desahucios, con todos los efectos sobre su salud que conllevan, por no hablar de los efectos sobre la salud de los menores a su cargo.

En segundo lugar, hoy hemos ocupado la sede de la Calle Bolivia para exigir información referente a las cesiones de pisos de entidades financieras. ¿Qué ha sido de los 1.800 pisos que debía ceder el BBVA, de los cuales solo han cedido 14 al Ayuntamiento de Barcelona? ¿Dónde están las 1.000 viviendas que la Generalitat iba a ceder a la Oficina d’Habitatge? ¿Qué cesiones de otros bancos o fondos buitre se han llevado a cabo? Estas son algunas de las preguntas que queremos que nos respondan los responsables de la mesa de emergencia.

En segundo lugar y para concluir, desde la PAH de Barcelona, como viene siendo habitual, nos adelantamos a las instituciones y proponemos una serie de medidas que paliarían la situación de colapso que se vive hoy en día en la mesa de emergencia de Barcelona. Medidas de sentido común como son:

  • Moratoria de desahucios antes del realojo, pues no se entiende que las familias con dictamen favorable de la mesa de emergencia y que están esperando que se les adjudique un piso de emergencia tengan que sufrir durante la espera varios desahucios con las consecuencias sobre la salud que causa la situación de verse constantemente amenazadas.
  • Finalización del censo de pisos vacíos antes de que finalice el año y comenzar de inmediato el proceso de sanciones por tenerlos desocupados 
  • Cesión de todas las viviendas vacías en manos de grandes tenedores (fondos buitres y entidades financieras).
  • Alquiler social a cargo de los grandes tenedores para las familias a las que pretenden desahuciar, tal como establece la Ley 24/2015: ni un desahucio por parte de grandes tenedores sin un alquiler social.
  • Creación de pisos puente, Cataf y vivienda temporal, a través del proyecto APROP, para evitar las pensiones y los albergues.
  • Qué las familias que viven en locales comerciales sin cédula de habitabilidad, puedan entrar en mesa de emergencia al ser desahuciadas

Desde la PAH de Barcelona no permitiremos que se sigan vulnerando los derechos humanos y que las familias en situación de vulnerabilidad continúen sufriendo las consecuencias de la inacción de los poderes públicos que deben protegerlas y garantizarles el derecho a la vivienda.