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PorPAH_Bcn

Demandas de los movimientos sociales ante el nuevo gobierno de Barcelona

Estos días presenciamos cómo los resultados de las elecciones municipales se convierten en una lucha por el poder que obvia qué medidas se implementarán a lo largo del próximo mandato para garantizar una vida digna de las personas y la preservación de la biodiversidad que la hace posible. Desgraciadamente se ha continuado con la priorización del choque de bloques por sobre las necesidades de las personas.

Por todo ello, en un momento donde los grandes lobbies presionan en la dirección contraria, desde los movimientos sociales de la ciudad exigimos que se posen en el centro las políticas sociales y las necesidades de las personas y el planeta.

Ante los abusos y ataques a la democracia de los poderes económicos, las persistentes desigualdades, el grave deterioro ambiental y la emergencia habitacional de la ciudad, se hace imprescindible abordar de forma inmediata las siguientes demandas en la acción de gobierno en Barcelona:

Desigualdades y justicia social

  • Hay que mantener el compromiso con el plan decenal de inclusión, revisar, reforzar y ampliar los planes de barrios, reforzar las políticas públicas en sanidad, servicios sociales y educación, luchando contra la segregación escolar, desarrollando políticas de ocupación claramente orientadas a hacer frente a la precariedad y los bajos salarios, incorporando medidas urbanísticas que hagan frente a la gentrificación y la apropiación privada del espacio público.
  • Exigimos garantizar el acceso universal a los suministros básicos, sea cual sea el nivel de renta de la familia o el régimen de tenencia de su vivienda. En este sentido, toda política municipal tendría que integrar la defensa y la aplicación en forma de sanciones de la Ley 24/2015, como norma que protege los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, hay que consolidar el enfoque de la pobreza energética desde una perspectiva de derechos, ampliando de este modo los recientemente creados Puntos de Asesoramiento Energético para que sean un servicio conocido y empleado por el conjunto de la ciudadanía y fomenten el apoderamiento colectivo. Igualmente, hay que avanzar de manera decidida hacia la soberanía energética, haciendo de Barcelona Energia un espacio de participación colectiva por un control democrático de la producción, distribución y consumo energético.

Emergencia climática y justicia ambiental

Es necesaria una visión global de la cuestión y abordar prioritariamente la emergencia climática donde las siguientes medidas su fundamentales:

  • Hace falta un cambio en el modelo de movilidad, con una apuesta decidida por el transporte público: tranvía, metro, red de transporte en superficie con perspectiva metropolitana, puesta en marcha de una extensa red de parkings disuasorios, fomento del uso de la bicicleta y planificación de un urbanismo favorable a los peatones y de una extensa red de espacios verdes con la renaturalización de los ríos Llobregat y Besòs.
  • Apostar por una política de transformación del modelo energético local. Con un operador municipal verde, que no participe de la incineración de residuos, con gobierno público-comunitario, que ejerza como verdadero agente de cambio, hacia una transición energética social y ambientalmente justa en la ciudad de Barcelona.
  • Luchar contra los grandes contaminantes limitando al máximo el tráfico de vehículos movidos por energías fósiles, la llegada de cruceros, la generación de energía mediante incineración o centrales de ciclo combinado de gas o carbón.
  • Una política de gestión de residuos orientada al residuo cero, implementación en toda la ciudad del sistema de recogida puerta a puerta con una fuerte limitación del uso de plásticos, fomento de envases retornables, reutilización, reciclaje y que elimine la incineración.
  • Implementar la remunicipalización del agua de Barcelona y el Área Metropolitana, así como poner en marcha un espacio de concertación entre actores sociales e institucionales para velar por la gestión del agua como un bien común, el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y la preservación de los ecosistemas que abastecen de agua a Barcelona y el Área Metropolitana. Tal como piden más de 250 entidades, algunas de 3er nivel, en el Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica de L’AMB*.

Emergencia habitacional, alquiler y turismo

  • Políticas decididas para una transición en forma de decrecimiento turístico acompañadas de alternativas económicas más justas. Sustitución del consorcio público-privado Turismo de Barcelona por una agencia pública encargada de controlar y contener el sector. Ampliación de la zona 1 del actual plan de alojamientos turístico (PEUAT) a toda la ciudad, parando la concesión de licencias de cualquier tipo de alojamiento turístico en la ciudad y poniendo en marcha un proceso análogo en el ámbito metropolitano.
  • Abordaje de las grandes infraestructuras de movilidad como factor fundamental de la turistificación; por ser puerto y aeropuerto competencias supra-municipales, hace falta un acuerdo de ciudad y un proceso de diálogo con el resto de administraciones para que sea la ciudad quien gestione estas infraestructuras. Cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de la gestión del 100% de la recaudación de la tasa turística para destinarla por ley a finalidades como por ejemplo el parque público de alquiler, a reforzar el tejido vecinal o la financiación del proceso de decrecimiento turístico.
  • En política de vivienda es imprescindible el aumento del parque público de alquiler en cumplimiento de la medida del 30% y 15% de vivienda pública. Hace falta un cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, así como ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración. Hay que facilitar acuerdos de alquiler social ante problemáticas como la de las familias forzadas a ocupar, así como publicar datos del fenómeno.
  • Para hacer frente a la emergencia hay que modificar el protocolo de acceso a la Mesa de emergencias y una reducción drástica de la lista de espera que actualmente supera los dos años. Hay que acordar el destino del realojamiento después del desahucio con antelación a la fecha de éste y evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Hay que unificar las visitas a Servicios Sociales y Habitatge para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones.
  • Hace falta un seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento, agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.

Y por todo esto es imprescindible que el próximo gobierno de la ciudad tenga como prioridad estas cuestiones, con transparencia y facilitando la participación de los movimientos sociales para seguir con la profundización de la democracia, y hacer frente a los lobbies y a los poderes que intenten apropiarse de la ciudad.

Barcelona, 11 de junio de 2019

Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, Assemblea de Barris per a un  Turisme Sostenible, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la PAH, Sindicat de Llogateres i la Xarxa per la Sobirania Energètica

* Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica https://aiguabcn.org/compromis/compromis/

PorPAH_Bcn

Exigimos al Ayuntamiento de Hospitalet soluciones para Juan y su familia

El Ayuntamiento, liderado por Núria Marín y el PSC, incumple la Ley 24/2015 y deja a Juan y su familia en la calle tras sufrir un desahucio abierto.

El pasado martes 28 de mayo Juan y su familia con dos menores y su mujer embarazada, fueron desalojados de su vivienda después de que el Juzgado de Primera Instancia de Hospitalet de Llobregat decretase un desahucio con fecha abierta, una práctica específicamente prohibida por el Real Decreto 7/2019.

El Ayuntamiento, a pesar de conocer a través de sus departamentos que este desahucio se podía producir a partir del día 20 del mes pasado, no ha hecho absolutamente nada para encontrar un realojo digno antes de suceder y evitar de esta manera el insoportable nivel de angustia que supone este tipo de prácticas inhumanas.

Una vez producido el desahucio y después de un día entero esperando la actuación de Servicios Sociales, se acaba derivando a la familia a una teórica pensión en el número 578 de la Avenida Diagonal de Barcelona. Al llegar, Juan y Aurora comprueban horrorizados cómo el lugar no cumple los mínimos estándares de higiene y dignidad: el piso huele mal, las sábanas de su habitación están sucias, el suelo y las paredes llevan tiempo sin limpiarse y los lavabos no tienen unas mínimas condiciones de salubridad. Además, encuentran que algunos de los huéspedes escupen en el suelo e incluso fuman dentro de la estancia. Ante esta situación y, recordemos, con dos menores a cargo, la familia toma la decisión de abandonar el espacio y consiguen dormir con unos colchones en el suelo del comedor de una vecina del bloque de donde acababan de ser desahuciados y con la que habían mantenido una buena relación durante su convivencia como vecinas.

Al día siguiente, el miércoles 29, solicitamos reuniones con cargos de la Administración y una campaña para denunciar la situación de Aurora y de Juan, sin ningún éxito, por lo cual tienen que pasar una segunda noche durmiendo indignamente en un comedor ajeno, porque el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat incumple el artículo 5.6 de la Ley 24/2015, que establece que «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio». Es por este motivo que desde la PAH de Barcelona decidimos realizar una acción de denuncia al Ayuntamiento el jueves 30, y después de una reunión con el regidor José Castro y los responsables de Vivienda y Servicios Sociales, se decide realizar una nueva visita a la pensión de Diagonal para aclarar si realmente se encuentra en condiciones.

Junto con Aurora y Juan, acudimos al lugar aquel mismo mediodía y, al llegar, detectamos que el piso se acaba de limpiar deprisa y corriendo. A pesar de encontrarnos con las ventanas abiertas de par en par, constatamos que el olor todavía es fuerte y que, si se inspeccionan algunas zonas más escondidas, se ve claramente que el lugar está muy sucio, incluyendo la cocina y los lavabos. Además, encontramos en el interior un cenicero con cigarrillos apagados. Para tener constancia, tomamos fotografías y grabamos un video donde se ven claramente las malas condiciones de salubridad.

Es cuando nos disponemos a salir cuando aparece el teóricamente responsable del hostal, quien, muy nervioso, nos amenaza y nos pregunta cómo hemos entrado al lugar. Su compañero, quien nos había abierto, se sitúa detrás grabando la discusión con su móvil. Intentamos explicarle la situación, pero esta persona se pone cada vez más nerviosa y traspasa la línea de la agresividad, llegando incluso a bloquear el paso hacia la salida, generando momentos de tensión en los cuales tememos por nuestra integridad física. Finalmente, conseguimos abandonar el piso, momento en el cual esta persona se encara con una vecina del piso de arriba que estaba bajando las escaleras.

Después de explicarle todo lo que había pasado al responsable de Vivienda, y después de que éste hiciese una llamada al encargado de Servicios Sociales, se nos deriva a los trabajadores sociales de referencia de la familia en la sede de Can Serra, donde aquella tarde mantenemos una reunión de más de una hora con su personal. La única alternativa que se ofrece entonces a la familia es una pensión en el barrio de Sants de Barcelona, con una habitación doble (cuando la familia está compuesta por 4 personas, incluyendo dos menores y una mujer embarazada) por aquella noche, con la particularidad de que esta pensión es del mismo propietario que nos acaba de amenazar unas horas antes. Después de la angustia vivida, lógicamente la familia decide no aceptar esta alternativa por miedo a encontrarse allí de nuevo con esta persona.

Las mismas trabajadoras sociales y su jefa nos confirman que el Ayuntamiento no está en disposición de ofrecer ninguna otra alternativa. A pesar de tratarse de la segunda ciudad más poblada de Cataluña, parece que solo hay un convenio para alojar a las familias desahuciadas en tres o cuatro pensiones y, cuando estas se encuentran llenas, no hay ninguna otra vía para garantizar este realojo.

A día de hoy, la familia sigue durmiendo en el suelo del comedor de la vecina y el Ayuntamiento no le ofrece ninguna alternativa, incumpliendo de forma clara la legislación vigente en materia de vivienda, la ley 24/2015.

Estamos hoy en el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat para exigir una solución digna para Juan y su familia. ¡La vivienda es un derecho y desde la PAH lo vamos a demostrar!

PorPAH_Bcn

Exigimos a la Alcaldesa Núria Marín solución para Juan y su familia

Ayer desahuciaron a Juan y a su familia con menores y su mujer embarazada. Tenía un desahucio abierto desde el 20 de mayo. El Ajuntament de L’Hospitalet sabía del caso y no contactó con la familia para realojarla o saber dónde iba a ir. ¡Ojo! Desde la PAH de Barcelona pusimos una denuncia por el desahucio, ya que lo considerábamos ilegal (ya se legisló en marzo para que nunca más se produjeran), y además porque la propiedad que los desahucia es una immobiliaria, y según la 24/2015, Juan y su familia deben estar con un alquiler social.

En vez de hacer cumplir las leyes, el Ayuntamiento de la alcaldesa Núria Marín las desobedece y prefiere proteger los intereses financieros en vez de a sus ciudadanas.

La Plataforma de Afectados Por la Hipoteca de Barcelona estuvo con la familia durante todo este proceso, porque nosotras defendemos a las familias y los derechos humanos. REPETIMOS que el Ayuntamiento de Hospitalet sabía del desahucio y el caso de la familia de Juan y ni se personó a ayudarlos. Tuvo que ser la PAH Barcelona quien acompañara a la familia a Servicios Sociales a buscar una solución digna.

Ayer anunciamos que habíamos conseguido una solución temporal: un día alojados en un albergue, que ayer ya denunciamos las condiciones en las que estaba y que la familia con menores no pudo estar allí por la falta de higiene y el ruido; y otros días alojados en una pensión en el barrio de Sants. Hoy la sorpresa ha sido que los dejan en la calle, que no hay pensión y que se desentienden de la familia. Es decir, nos engañaron y no tienen ningún remordimiento de no estar cumpliendo con sus funciones, que es proteger a la gente, ayudarla y hacer cumplir las leyes, todo fueron promesas vacías.

La realidad a 29 de mayo a las 16:30 horas, es que Juan y su familia están en la calle. En 2018 hubo 549 desahucios. La responsabilidad de Núria Marín y su Gobierno, del PSOE de Pedro Sánchez, es que ninguna familia se quede en la calle, y se está incumpliendo. No es la primera vez que nos encontramos con una situación así del Ayuntamiento de Hospitalet, no vamos a dejar que se vulneren los derechos de las personas.

Frente a la inacción la PAH actua. ¡Exigimos solución digna para las familias! ¡Por nuestros derechos! ¡Vamos a demostrar que sí se puede!

#JuanSeQueda #vergüenzaPSOEHospitalet

PorPAH_Bcn

Caixabank no solo vulnera derechos fundamentales, también incumple las leyes

Caixabank es una de las entidades bancarias que más intenta cuidar su buena imagen con infinidad de campañas de publicidad y sobre todo a través de su Obra Social La Caixa. Pero la realidad es otra muy diferente, y las prácticas antisociales y la vulneración de derechos fundamentales como el de la vivienda, forman parte de su día a día como en cualquier otro banco.

Hoy PAH Barcelona ocupamos una oficina de Caixabank para exigir una solución para Kerly, a quien le están negando el alquiler social y la condonación de la deuda tras haber sido doblemente estafada, por la entidad y por la inmobiliaria que gestionó en su momento la compra de su hogar, un antiguo local comercial convertido en vivienda pero sin cédula de habitabilidad. Un detalle del que nadie le informó, y ahora es el motivo principal para negarle la dación en pago.

Kerly lleva desde 2013 intentando una entrega voluntaria de llaves al no poder afrontar el pago de la hipoteca, pero Caixabank le ha estado negando toda alternativa y finalmente, en octubre de 2017, la vivienda fue subastada y pasó a ser propiedad del Building Center, inmobiliaria de la propia Caixabank. Actualmente la ha vendido a Coral Homes, que tiene detrás al fondo buitre Lone Star. Un ejemplo claro del entramado que está realizando la mafia bancaria organizada, más interesada en seguir amasando beneficios, priorizando la venta a Socimis y fondos de inversión, por encima de los derechos de las familias que previamente habían sido engañadas con la estafa hipotecaria.

Las demandas de Kerly son de justicia y sentido común: alquiler social y condonación de deuda del remanente pendiente. Desde que empezó este periplo de angustia y lucha, Caixabank ya le ha arrebatado dos propiedades, la suya a la de su avalista, perdiendo Kerly 50.000€ en 5 años, pagando la hipoteca además de perder sus ahorros por seguir pagando, mostrando ser deudora de buena fe. Caixabank no solo le está dando la espalda, ya le ha hecho pasar por tres intentos de desahucio, suspendidos gracias a la PAH.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP popular impulsada por la PAH, el Observatori DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecerle a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir la ley. Actualmente la ejecución hipotecaria está archivada, pero a pesar de haber presentado recurso de reposición, tras la venta a Coral Homes, cada día que pasa, Kerly está en riesgo de recibir una demanda por precario.

Recordemos que Caixabank fue una de las entidades beneficiadas por el rescate bancario con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Kerly no está sola, tiene a la PAH de su lado y no desfalleceremos hasta que se haga justicia tras tantos años de mentiras y sufrimiento. Denunciamos públicamente la actitud de Caixabank y exigimos el cumplimiento de la Ley 24/2015, creada no solo para obligar a la banca a ofrecer alquileres, también para obligarles a la movilización de sus viviendas, cediéndolas a la Administración y ampliar así el inexistente parque público de viviendas, que serviría para dar respuesta a los casi 200 desahucios diarios que se siguen produciendo a día de hoy.

La PAH nació hace 10 años para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Hemos logrado miles de soluciones con desobediencia civil y pacífica, y lo seguiremos haciendo hasta lograr una legislación en materia de vivienda que realmente proteja a las familias y no al sistema capitalista, que nos está echando de nuestras casas para convertirlas en una mercancía especulativa en manos de unos pocos. 

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos solución para Kerly

#SoluciónPAHKerly
#CaixabankDesahucia

 

PorPAH_Bcn

[Comunicado] El nuevo Decreto ley de alquiler, otro error histórico sin contar con la ciudadanía

La norma no servirá para pinchar la burbuja de los alquileres y se ha hecho de espaldas a los movimientos sociales

Desde PAH Barcelona reclamamos a la Generalitat transparencia y la participación de los colectivos de vivienda

En plena campaña de elecciones municipales, la consejera Capella y el consejero Calvet anunciaron ayer en rueda de prensa la aprobación de un decreto ley para, teóricamente, regular el precio del alquiler y contener la actual burbuja que sufre Barcelona y muchos otros municipios catalanes. La propuesta, como fue el caso del Decreto ley 5/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda -ahora ya derogado-, no solo se ha impulsado sin consensuarla con el resto de los partidos políticos, sino que se ha hecho de espaldas a los movimientos sociales y a los colectivos que trabajamos cada día por el derecho a la vivienda en el territorio

Aunque celebramos cualquier iniciativa desde el ámbito legislativo para revertir la actual situación de emergencia habitacional y de extrema dificultad para acceder a una vivienda, tras un primer análisis del texto entregado a los medios de comunicación, dado que a pesar de haberse anunciado en rueda de prensa y que no se ha publicado aún en el Diario Oficial de la Generalitat, entendemos que la norma se encuentra lejos de ser satisfactoria y funciona más como un titular de campaña que como una medida efectiva para poner fin a la burbuja de los alquileres.

Cabe recordar que la regulación del precio de los alquileres es una reivindicación que llevamos reclamando desde la sociedad civil organizada y las asambleas de barrio desde hace años, y es precisamente la presión que se ha hecho desde la calle la que ha conseguido poner el tema sobre la mesa. Una vez más, los colectivos de vivienda, como en el caso de la Ley 24/2015, llevamos la iniciativa respecto a la clase política.

Sin embargo, a diferencia de lo que se trasladó en la rueda de prensa de ayer, consideramos que el texto no tendrá una eficacia real en cuanto a revertir la escalada de precios del alquiler. La medida estrella del texto consiste en situar el tope máximo de los nuevos contratos de alquiler en un 10% más de lo que establece el Índice de referencia de precios de alquiler de la Generalitat como precio medio en la zona. Es decir, se pretende tomar como punto de partida la media de los alquileres de aquel barrio o municipio, asumiendo las subidas abusivas de los últimos años, y encima permitir un incremento del 10% en ese precio. 

En este sentido, es importante destacar que los precios del alquiler en la ciudad de Barcelona han tenido un incremento de casi el 40% en los últimos cinco años. Según los datos oficiales publicados recientemente por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat, el precio medio de un nuevo alquiler en la ciudad el año pasado se situó en 929,57 euros, unos 52 euros más que en 2017. Y los 954,29 euros del periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2018 también representan el récord histórico en un trimestre. De este modo, en 2018 los alquileres subieron en 68 de los 73 barrios de la ciudad.

Con el texto aprobado ayer, y teniendo en cuenta que, por culpa de la reforma por parte del PP de la LAU de 2013, muchos contratos se han ido renovando cada tres años y por lo tanto ya incorporan los efectos de la burbuja de los precios del alquiler, la Generalitat asume estos incrementos abusivos sin tener en consideración las rentas de las familias ni buscar una imprescindible reversión, haciendo de este Decreto una medida sin impacto efectivo en la actual situación de emergencia que ahoga a la ciudadanía. Advertimos así que, tal y como se explicita en la exposición de motivos, la sobrecarga de las inquilinas de la ciudad, es decir, el porcentaje de sus ingresos que deben destinar al pago de las cuotas del alquiler, sobrepasa el 40 % en Barcelona, cuando el límite recomendado por Naciones Unidas es de un tercio.

Además, el texto incluye una serie de excepciones que permiten que el 10% que hemos comentado antes aún se pueda incrementar. Es el caso de las viviendas con características especiales (vistas, piscinas, jardín) que podrán sufrir una diferencia del 15% respecto al índice de referencia. Por otra parte, en el caso de nuevas construcciones o aquellas viviendas que han sido rehabilitadas de forma integral, la norma no se aplicará durante los primeros tres años de vigencia y posteriormente el porcentaje podrá llegar al 20%.

Además, el texto incluye una excepción absolutamente escandalosa. Todas las renovaciones de alquiler o nuevos contratos en la misma vivienda cuando finaliza el anterior pueden estar exentos de cumplir el tope. En estos casos, la propiedad podrá decidir repetir la misma renta, aunque supere con creces el índice de referencia. Esta cuestión concreta es totalmente intolerable, ya que la Generalitat legitima de facto las abusivas subidas que se han producido estos últimos años.

Por último, al ser una iniciativa basada en el Código Civil catalán, la norma no contiene un régimen sancionador para penalizar duramente sus incumplimientos sino que deja en manos de los Juzgados la resolución de los casos en que la propiedad cobre unas rentas superiores a las permitidas, volviendo a evidenciar el importante desequilibrio entre la propiedad y las arrendatarias. De esta forma, la Generalitat pasa el balón a estas últimas y las empuja a contratar una abogada y a iniciar un procedimiento civil asumiendo todo los costes asociados hasta que no haya una sentencia favorable, es decir, impacto en la contención de los precios cero. Para contrarrestar esta anomalía, ayer en la rueda de prensa se anunció también la existencia de mecanismos de mediación extrajudicial, que desde ya criticamos porque nunca han ofrecido una respuesta eficaz en el pasado.

A la espera de que se publique el texto en el Diario Oficial, y después de las tensiones entre Esquerra y el PDeCAT por la iniciativa, entendemos que la propuesta responde más, en primer lugar, a un anuncio bomba en plena campaña electoral en los municipios de Cataluña, y en segundo lugar, a un intento de calmar las aguas entre los dos socios de gobierno. No concebimos que este texto, que se anunció en un primer momento en la sede del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y que se ha hecho sin consultar a los movimientos por el derecho a la vivienda, haya sido la versión original, viendo el resultado descafeinado y totalmente insuficiente expuesto ayer.

Desde la ciudadanía seguiremos exigiendo que de una vez por todas se pinche la burbuja de alquileres y que se haga efectivo el derecho a una vivienda digna. Tener una #ciutatperviure significa también poder pagar un alquiler asequible y tener mecanismos para que así sea. Y como no puede ser de otra manera, que sea una medida retroactiva. Llevamos 10 años defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad y en el territorio y no podemos aceptar que una iniciativa de esta importancia se vuelva a hacer sin contar con los colectivos de vivienda que día a día seguimos defendiendo los derechos de la ciudadanía y conocemos la problemática mejor que nadie

Por ello, desde la PAH de Barcelona reclamamos a la Generalitat transparencia total en cualquier iniciativa legislativa similar y que se escuche nuestra voz en un proceso participado.

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Exigimos la dimisión de la Jueza Decana de Barcelona y la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por seguir permitiendo los desahucios abiertos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña defiende al lobby financiero y desprotege a las familias vulnerables

A partir de hoy 6 familias de PAH Barcelona pueden ser desahuciadas en cualquier momento

Un desahucio abierto es aquel que se produce sin una fecha ni hora concreta, es decir, que la policía con la comitiva judicial puede ir a desahuciar a una familia vulnerable sin previo aviso. Hace casi un año la PAH de Barcelona denunció esta práctica ilegal e inhumana.

Después de una amplia campaña con más de 200 entidades adheridas a un manifiesto y denunciando este modus operandi, que genera una gran dosis de sufrimiento y angustia a las personas que se han visto forzadas a llegar a esta situación por una falta absoluta de recursos, conseguimos que el Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler se legislara expresamente para ponerle fin.

Durante estos años hemos sido testigos de que la justicia es en muchas ocasiones un títere del lobby financiero. Lo vimos en la penosa sentencia del Tribunal Supremo de actos judiciales de 2018 donde defendieron de nuevo al sector financiero en vez de a la ciudadanía al devolver un impuesto que debía ser asumido por el banco, o en las diferentes sentencias europeas sobre cláusulas abusivas que han dado cada vez una colleja a la justicia española.

Ahora le toca al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al conjunto de la judicatura catalana que, en vez de regirse por el Real Decreto-Ley 7/2019, hace caso omiso y continúa permitiendo que se hagan lanzamientos con fecha abierta.

Desde la PAH Barcelona denunciamos esta práctica y exigimos la dimisión de la Jueza Decana de Barcelona, Mercè Caso, y de la sala de Gobierno del TSJC -la cual tiene entre sus objetivos el adecuado funcionamiento de todos los juzgados de Cataluña- por no cumplir con la norma. Recordemos que esta práctica quiere anular la solidaridad de las personas que van cada día a parar desahucios a puerta mientras los bancos y fondos buitres especulan con nuestras vidas.

No podemos permitir que la Justicia esté en manos de los intereses financieros y que a partir de hoy las familias como Pampa, Vega, Alba, Estefanía, Rachid y la de Juan (esta última de Hospitalet, a partir del 20 de mayo) se enfrenten a un desahucio inhumano, ilegal, que teníamos que dejar atrás. Desde la PAH Barcelona estaremos, como no puede ser de otra manera, al lado de las familias, defendiendo el derecho a la vivienda, y estudiaremos otras vías para hacer frente a las actitudes de determinados jueces i juezas que parece que se toman la ley por su cuenta.

Queremos una #CiutatPerViure dignamente y sin #DesnonamentsOberts

PorPAH_Bcn

Propuestas de vivienda y modelo de ciudad a debate

De cara a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, las entidades promotoras de la medida del 30% organizamos el único debate en materia de vivienda y modelo de ciudad en Barcelona con la presencia de las candidatas a alcaldables.

La ciudad de Barcelona sufre, como muchas otras ciudades, el problema de acceso a la vivienda que el próximo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona deberá afrontar de manera contundente: algunos de los asuntos principales a superar durante el próximo mandato tienen que ver justamente con los más de 9 desahucios diarios, las subidas constantes de precios de alquiler, el insuficiente parque de vivienda pública y social o la turistización creciente, desde hace décadas, que multiplica los impactos sociales empezando por el acceso a la vivienda y continuando por tantos otros que también redundan en expulsión del vecindario.

Las entidades promotoras de la medida del 30% (PAH Barcelona, Observatorio DESC, Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, Sindicato de Inquilinas) junto con el medio de comunicación Crític, organizamos el único debate en materia de vivienda y modelo de ciudad en Barcelona con la presencia de las candidatas a alcaldables. El debate, que será presentado por Leilani Farha, relatora de Naciones Unidas en materia de Vivienda, contará con la participación de: Ada Colau (BeC), Anna Saliente (CUP), Elsa Artadi (JxCAT), Ernest Maragall (ERC), Laia Bonet (PSC), Josep Bou (PP) y Manuel Valls (C’s).

Agradecemos la participación de todas las personas alcaldables en la ciudad de Barcelona, entendiendo su interés en el principal problema de la ciudad: vivienda y modelo de ciudad. Nos habría gustado, sin embargo, que Jaume Collboni (PSC) hubiera considerado la misma importancia que el resto de alcaldables y participara para debatir sobre los problemas que realmente importan a la ciudadanía.

Ante los datos, que hablan por sí solos, queremos confrontar y abordar respuestas en tres planos:

  • Medidas y respuestas para erradicar la emergencia habitacional.
  • Propuestas estructurales para hacer frente al acceso a la vivienda y detener la burbuja del alquiler.
  • Posición sobre el crecimiento/decrecimiento del turismo en la ciudad y medidas para compatibilizar tal modelo con una ciudad vivible.

El acto se llevará a cabo el próximo lunes 20 de mayo de 10 a 12 h en Barcelona (espacio a confirmar)

¡Os esperamos!

PorPAH_Bcn

La PAH Barcelona acerca la realidad de la vivienda de la ciudad a las candidaturas municipales

Representantes de las principales listas electorales, con la excepción del PP, visitan nuestro local y viven de primera mano un asesoramiento colectivo. El encuentro también sirve para trasladarles las propuestas del colectivo en relación al acceso a la vivienda en la ciudad.

Barcelona, 7 de mayo de 2019

La asamblea que la PAH Barcelona celebra cada lunes, de asesoramiento colectivo a personas en riesgo de perder su casa y/o que ya la han perdido, contó ayer con la participación de representantes de las principales candidaturas que competirán el próximo 26 de mayo en las elecciones municipales de la capital catalana. El principal objetivo del encuentro fue mostrar a las futuras gobernantes de la ciudad la realidad de miles de familias que a día de hoy no tienen garantizado el acceso a la vivienda.

Entre las asistentes estaban Lucía Martín (BComú), Albert Civit (JxC), Celestino Corbacho (BCN Canvi – Cs), Maria Buhigas (ERC), Laia Bonet (PSC), y Anna Saliente (CUP), todas ellas presentes en las listas de sus respectivos partidos. Algunas de las representantes vinieron acompañadas también de sus asesores en materia de vivienda.  Lamentablemente, el PP no ha sido capaz de aportar ninguna candidata al encuentro, demostrando una vez más su nulo compromiso con el derecho a la vivienda y su desprecio hacia los movimientos sociales.

Después de que las candidatas fueran testigos durante una hora del habitual asesoramiento colectivo, llegó el turno de trasladarles los principales problemas que día a día vivimos en nuestras asambleas y que afectan a miles de familias en toda la ciudad. Esta parte se dividió en 8 bloques en los que una integrante de la PAH, afectada por la problemática concreta, pudo explicarles de primera mano su situación personal, ejemplos de otras compañeras, así como ofrecer propuestas concretas surgidas de la propia asamblea.

La idea a partir de ahora es clara: trasladaremos estas demandas físicamente a las diferentes candidatas para que en el plazo de una semana nos confirmen si tienen previsto cumplirlas en el caso de que lleguen al gobierno municipal, y haremos incidencia en la campaña electoral que se inicia el próximo lunes para que la ciudadanía sepa qué candidaturas se encuentran a favor del derecho a la vivienda y cuáles tienen intención de hacer política desde sus despachos sin escuchar a la sociedad civil.

Entre los temas tratados, se incluyeron las dificultades para acceder a la Mesa de emergencia, con algunas exclusiones arbitrarias, como es el caso de las familias que provienen de desahucios en locales o viviendas públicas; la larga lista de espera para acceder a un piso definitivo, que en algunos casos sobrepasa los dos años y que conlleva que muchas familias tengan que malvivir durante este tiempo en pensiones sin cocina; la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, que se encuentra muy lejos de las principales ciudades europeas; o el incremento de los precios del alquiler, fruto de la actual burbuja, y que está expulsando a miles de familias de sus barrios.

El espacio también sirvió para plantear los problemas que muchas personas tienen que afrontar cuando solo les queda la opción de ocupar en precario una vivienda y que en muchos casos la Administración abandona a su suerte; o el trato que muchas familias reciben por parte de los entes públicos, desde Servicios Sociales, pasando por las oficinas de Vivienda o las nuevas unidades creadas de mediación (SIPHO). Por último, se compartió un problema que cada vez es más común en la ciudad como es la expulsión de todas las vecinas de un bloque después de que un fondo buitre lo adquiera en su totalidad.

Entre las principales demandas de la PAH de Barcelona que trasladamos a las asistentes, destacamos:

  • Protocolo de acceso a la Mesa de emergencias. Revisión del protocolo para permitir el acceso de muchas familias en situación de vulnerabilidad que actualmente no lo pueden hacer, como son las que provienen de locales, las que han vivido un proceso de separación y la demanda judicial no iba a su nombre.
  • Realojamiento después de desahucio. Acordar el destino del realojo con antelación a la fecha del desahucio, evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Cumplimiento de la Ley 24/2015.
  • Lista de espera de la Mesa de emergencias. Reducción urgente del plazo de espera que actualmente supera los dos años en muchos casos. Plan de choque para ponerla a cero.
  • Aumento del parque público. Promociones públicas de alquiler indefinido, implicación con la medida del 30%, uso intensivo del mecanismo del tanteo y retracto, cumplimiento del 15% de vivienda pública.
  • Cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración, que actualmente se abren solo durante un breve plazo a lo largo del año.
  • Facilitar la negociación de las familias con la propiedad para llegar a acuerdos de alquiler social, instaurar un servicio municipal de mediación comunitaria para resolver conflictos con vecinas, facilitar la regularización de los suministros básicos, publicar datos sobre el fenómeno que ayuden a tener una idea clara del número de hogares que se encuentran en esta situación.
  • Funcionamiento de Servicios Sociales/Vivienda/SIPHO. Unificar las visitas a Servicios Sociales y Vivienda para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones, reducir el plazo de espera para las citas previas. Refuerzo del servicio SIPHO.
  • Seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento, agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.

Posteriormente, las representantes políticas dispusieron de unos minutos para ofrecernos su punto de vista de todo lo que se les había trasladado y si se comprometían a llevar a cabo algunas de las demandas en caso de que llegaran al poder. En líneas generales, las asistentes agradecieron la invitación y el hecho de poder poner caras a las estadísticas con las que trabajan desde sus gabinetes y se comprometieron a estudiar las propuestas de la PAH y a ofrecernos una respuesta en los próximos días.

Previo a este momento, la asamblea se había iniciado con una introducción del origen de la PAH y todo lo que hemos conseguido en nuestros 10 años de historia, tanto en el ámbito municipal como en el autonómico y el estatal. En cuanto a Barcelona, repasamos el éxito conseguido el año pasado con la medida del 30%, impulsada conjuntamente con la ABTS, la FAVB, el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinas; las victorias logradas en forma de alquileres sociales, daciones en pago y condonaciones de deuda ante entidades financieras y grandes tenedores de vivienda; los asesoramientos colectivos, que cuentan con la participación de un promedio de 100 familias cada lunes; los acompañamientos y acciones que hemos realizado, pieza fundamental para desatascar casos que parecían no tener salida; así como los más de 100 desahucios parados a lo largo de los primeros meses de este 2019.

Desde la PAH de Barcelona valoramos positivamente este tipo de encuentros, que acercan la realidad de la calle a las representantes políticas, en demasiadas ocasiones alejadas del día a día y de las consecuencias que sus decisiones tienen para miles de familias en nuestra ciudad.Sin embargo, como hemos adelantado antes, esto es solo un punto de partida para seguir haciendo incidencia durante la campaña electoral y el próximo mandato hasta que consigamos que el acceso a la vivienda en nuestra ciudad no sea una quimera, sino un derecho garantizado a todos los niveles.

Nos tendrán cara a cara con la realidad de la vivienda

¡Sí se puede!

Queremos una #CiutatPerViure

PorPAH_Bcn

Ni precarización ni privatización de las ciudades. Barcelona no está en venta

Barcelona no està en venda

El gener de 2017, la coordinadora d’entitats veïnals, organitzacions sindicals i grups de lluita de barri Barcelona no està en venda, portava a terme la seva primera acció contra la gentrificació de la ciutat, la precarització dels col·lectius de veïnes més vulnerables, i la defensa dels drets polítics, socials, culturals i laborals, exigint la derogació de la llei mordassa.

Des d’aquell gener de 2017 ens hem continuat mobilitzant per denunciar la creixent precarització de les condicions materials de las nostres vides i l’emergència habitacional que suportem.

En aquest darrers anys, la gentrificació i la turistització s’han estès com taca d’oli per tota l’àrea metropolitana i per les zones del territori menys visibilitzades fins ara. El resultat ha estat una violació sistemàtica del dret a l’habitatge, a la vegada que es degradaven les condicions laborals de les treballadores.

Malauradament, la manca de mesures polítiques ha cronificat aquesta situació.

L’assetjament immobiliari i l’expulsió del veïnat per part dels fons d’inversió i grans tenidors s’han disparat, i els desnonaments continuen sent un fet quotidià inclús en la seva versió més cruel, la dels desnonaments oberts. La violència policial contra les veïnes en els desnonaments s’ha convertit en una constant que no podem tolerar.

Gràcies a la pressió del moviment veïnal per l’habitatge s’ha aconseguit aturar desenes de desnonaments i impulsar mesures, com la del 30%, la recuperació de la llei 24/2015 o l’aprovació d’algunes mesures, com el PEUAT, que podrien ajudar a reduir la segregació urbana i millorar l’accés a l’habitatge.

Malgrat tot, la xifra de pernoctacions i de desplaçaments turístics no ha parat de créixer, i els plans d’ampliació del port, de l’aeroport i la signatura del nou conveni amb Fira d Barcelona, amenacen amb agreujar la massificació turística.

El passat 6 d’abril, més de 40 ciutats europees han reivindicat la urgència de mesures per garantir l’accés a un habitatge digne per a totes.

Desenes d’entitats a Europa estan impulsant la ILP “Housing for All’ per reclamar un marc jurídic i financer que faciliti aquestes mesures.

D’altra banda la xarxa SET està articulant la lluita de cada vegada més ciutats i territoris contra la turistització, i arreu del món ciutats, entitats i persones a títol individual estan donant suport al Manifest Ciutats per l’habitatge adequat, presentat a Nacions Unides el juliol de 2018.

En l’àmbit laboral, el capitalisme de plataforma, la híper-flexibilització de les condicions de treball, les successives (contra)reformes laborals, la cronificació de la taxa d’atur i de les falses autònomes, l’atac al sistema de pensions i la pèrdua dels drets de les treballadores indefinides han incrementat la precarització i l’explotació.

Tanmateix, darrerament s’ha produït la mobilització del sector del taxi contra les VTC (Uber i Cabify) i estan apareixent noves formes d’auto-organització laboral i/o sindical, com las de les cooperatives de riders i la dels col·lectius de les kellys.

La crisi ecològica, el masclisme i el creixement de l’extrema dreta, estan topant amb el naixement i el creixement de moviments per a la transformació social que són l’expressió de la voluntat d’un mon plural format per moviments socials, entitats, col·lectius i persones que volen seguir teixint espais i processos horitzontals i alliberadors.

Ens retrobem el proper 11 de maig, juntament amb altres ciutats de l’estat i d’Europa, per reiterar les reivindicacions de fa tres anys, però també per entendre i per parlar sobre allò que està passant avui.

Exigim a totes les administracions responsables (Unió Europea, Estat Espanyol, Generalitat de Catalunya i governs municipals):

  • La derogació de la llei mordassa, el cessament dels desnonaments oberts i la fi de la violència policial.
  • La introducció de mecanismes democratitzadors de participació política ciutadana (reforma de la llei electoral, llistes obertes, referèndums i formules de revocació dels càrrecs polítics).
  • L’establiment de processos participatius vinculants sobre els projectes de gran abast.
  • La derogació de la LAU i l’adopció de mesures polítiques i fiscals per tal d’adequar els preus dels lloguers a la renda disponible de la llar.
  • L’expropiació dels habitatges buits que estan en mans de la banca rescatada i dels grans tenidors.
  • La prohibició de la desqualificació de l’HPO, de la privatització del sòl públic i la destinació per lloguer de tot l’HPO que es construeixi.
  • La destinació de les herències intestades a habitatge públic de lloguer.
  • L’augment significatiu del parc públic de lloguer per acomplir amb el 15% que marca la Llei pel dret a l’habitatge.
  • L’establiment de mesures inequívoques i executives per al decreixement turístic: allotjament, desplaçaments, fiscalitat, condicions laborals, etc.
  • La restricció dels usos privats de l’espai públic i el foment dels veïnals.
  • L’aplicació de mesures per lluitar contra la bretxa salarial i per la socialització dels treballs de cures.
  • L’establiment del salari mínim de 1200 €, i l’acompliment de la Llei de Renda Garantida.
  • La reversió de les privatitzacions dels recursos naturals i les externalitzacions dels serveis bàsics: sanitat, pensions, educació, etc.
  • L’adopció de mesures concretes per aturar el canvi climàtic i, a curt termini, d’objectius urgents com evitar la pujada d’1’5ºC el 2030.
  • L’establiment d’un pla per a la transició energètica que impliqui tots els nivells de l’administració territorial i totes les activitats productives.
  • Assumpció de l’agenda política del moviment feminista, tant per part de les administracions com dels moviments socials.
  • La derogació de la llei d’estrangeria, el tancament del CIES i l’establiment del ius soli.

Ni precarització ni privatització de les ciutats. Barcelona no està en venda.

Adhesió al manifest.

Totes l’11 de maig, a les 18:00 hores, a la Plaça Universitat.

PorPAH_Bcn

PER UN NOU DECRET LLEI VALENT I PEL DRET REAL A L’HABITATGE DIGNE!

El passat 2 d’abril, les entitats socials impulsores del 30% d’habitatge protegit i de la ILP Habitatge – Llei 24/2015 ens vam reunir amb tots els grups del Parlament de Catalunya per traslladar-los la nostra valoració inicial del nou Decret-Llei 5/2019 d’habitatge i escoltar les seves opinions al respecte.

Com ja vam expressar dies abans en una roda de premsa just davant del Parlament el Decret creuava vàries “línies vermelles” no acceptables i per tant vam plantejar la necessitat de tirar enrere aquest Decret, tornant a la casella de sortida a través de la redacció d’un de nou, comptant amb la participació de la ciutadania i tenint presents la realitat existent i les mancances del text que hi havia sobre de la taula.

Estem parlant d’una norma feta des del secretisme i sense la veu de les entitats que han engegat mesures que el Decret diluïa o modificava a la baixa, com és el 30% d’habitatges protegit o la pròpia Llei 24/2015, amb efectes tant greus i concrets com, entre d’altres i com a més destacats:

  1. L’encariment de l’habitatge de protecció oficial (HPO) per barris, buidatge artificial de la llista d’espera i falta de mesures inequívoques perquè tot l’HPO sigui de lloguer i indefinit.
  2. Una menor garantia de reallotjament en cas de desnonament i una reubicació en allotjaments temporals inexistents a dia d’avui, sense dotació pressupostària perquè els Ajuntaments els facin.
  3. Un índex de preus que no anava més enllà d’un simple exercici de transparència que ni tan sols limitaria els preus de lloguer, amb el problema actual d’expulsió de veïnes a les grans ciutats.

A les reunions de la setmana passada, amb els grups parlamentaris hi havia un sentiment comú majoritari de refer i començar de nou amb un Decret que aglutini les entitats socials que venim treballant i fent propostes que funcionen tant a nivell local, autonòmic com estatal.

És per això que volem posar en valor el pas de retirar el Decret Llei  fet pel Govern, alhora que l’emplacem a començar a treballar per fer-ne un de nou que inclogui les propostes i solucions de la ciutadania. Volem recordar que seguim liderant el rànquing de la vergonya de desnonaments (55 al dia a Catalunya) amb una llista d’espera de més de 1500 persones. I més de 125.000 demandants per un habitatge protegit, mentre el parc públic no arriba al 2% del total.

Acostumem a treballar més  des de la iniciativa pròpia, tant al carrer com en iniciatives legislatives (ILP Habitatge – Llei 24/2015, el 30%…), que reaccionant a mesures institucionals, però en aquest cas no vam poder quedar-nos al marge del debat que plantejava el Decret, ja que es posava en risc el model del poc habitatge protegit que tenim i els avenços de les lleis d’impuls ciutadà en el camp de l’emergència.

A partir cal treballar en un nou Decret llei que no retalli el dret a l’habitatge, sinó que el protegeixi i que posi a cooperar les administracions per garantir-lo, amb els recursos que es mereix. Necessitem avenços reals pel dret a l’habitatge i no ens podem permetre passos en fals!

Exigim mesures urgents per acabar amb l’emergència, i estructurals per posar els ciments d’un model amb dret a l’habitatge que deixi enrere per sempre la bombolla i ens equipari als països més avançats. Amb les entitats socials serà possible!

Confiem que els grups parlamentaris i el Govern, en els propers dies es posin en contacte amb nosaltres per poder treballar conjuntament en un nou Decret-Llei que atengui a les necessitats urgents i estructurals de la gent en relació a un veritable dret a l’habitatge digne i adequat.

DEFENSEM EL DRET A L’HABITATGE I A LES CIUTATS!