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PorPAH_Bcn

Comunicado: ¡Alerta! ¡Junts per Catalunya quiere recortar la nueva ley antidesahucios!

El partido se desdice de su compromiso del pasado mes de junio para sacar adelante la nueva Ley antidesahucios dando un paso atrás y posicionándose al lado de los lobbies inmobiliarios y la banca

El pasado mes de junio presentamos y registramos la futura ley antidesahucios catalana. Lo hicimos con un apoyo mayoritario y suficiente para sacar adelante la ley con tramitación de urgencia y con el compromiso de los Grupos Parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, En Comú Podem y CUP de tenerla aprobada a finales de octubre.

La nueva ley antidesahucios, acordada con las entidades sociales, quiere recuperar urgentemente los alquileres sociales antidesahucios anulados por el Constitucional debido al nuevo recurso del PP contra el Decreto Ley 17/2019, que amplió la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes de suministros.

Como resultado de mucha negociación y de un esfuerzo de consenso importante, la futura “Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional” nació incorporando mejoras para proteger a más gente y para evitar que los grandes tenedores se la salten.

Pasado el verano, justo cuando se acerca la votación final en el Parlament, prevista en noviembre, Junts se ha desdicho sorprendentemente y ha presentado 7 enmiendas que recortan la proposición de ley. Una parte de Junts cambia las prioridades y quiere proteger a los lobbies, algo que ya ocurrió con la ley catalana de regulación de los alquileres y gracias a la presión social, se evitó.

Las 7 “enmiendas recortadoras” de Junts, se pueden resumir en los siguientes puntos:

  • Compensación a grandes tenedores: quieren compensar a los grandes tenedores de más de 15 viviendas, sean personas físicas o grandes empresas, la diferencia entre el precio del alquiler social y el de mercado. Esta enmienda impugna el espíritu de la Ley 24/2015: alquiler social obligatorio para los grandes propietarios que pretenden desahuciar familias y realojamiento público o ayudas para evitar los desahucios de pequeños tenedores.
  • Rebaja de la definición de gran tenedor: se niegan a homologarla a la definición estatal de 10 viviendas, subiéndola a 15 pisos, tanto para personas físicas como empresas, que tan solo contarán si están en Catalunya y no en el resto del Estado. También rechazan la mejora de la definición en las partes por las que se escapan, troceando, por ejemplo, el patrimonio.
  • Debilitación de la definición de vivienda vacía: quieren que la compra de una vivienda vacía ponga a cero el contador de los dos años para poder penalizarlo o movilizarlos. Esto pondría más difícil multar los pisos vacíos de bancos y buitres, obligar a cederlos o expropiarlos.
  • Menos familias que ocupan pisos de bancos, protegidas: excluyen del alquiler social a las familias que ocupan pisos de bancos desde octubre del 2020, cuando la ley registrada incluía hasta junio de 2021. Esta enmienda deja fuera a las familias sin alternativa que han entrado a vivir en pisos vacíos de bancos o buitres a raíz de las dificultades del último año, y en vez de dar seguridad habitacional, puede provocar miles de desahucios.
  • Recortan el alquiler social para arrendatarias: la nueva ley aumentaba el tiempo durante el cual se aplican los alquileres sociales obligatorios cuando se acaban los contratos o no se renuevan para subir el precio y desahuciar, a 6 y 12 años, según si el gran propietario era persona física o jurídica. Junts quiere reducirlo a 5 o 7, según el tipo de gran tenedor.

Estas enmiendas recortan o impugnan directamente la Ley y podrían haber sido redactadas por el PP. ¿Las aprobará Junts con la complicidad de C’s, PP y VOX? Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y la ciudadanía organizada responderemos a la anulación del Tribunal Constitucional por el enésimo recurso del PP con una rebaja de la Ley. Sería un escándalo y por ello hoy salimos a la calle a denunciarlo.

Junts falta a su palabra, al texto que firmó y registró antes del verano, por eso no podemos confiar en ellos, si no retiran las enmiendas presentadas. Debido a los intentos que se han hecho para evitar que se registren estas enmiendas, nos consta que hay una parte del partido que duda al respecto: deben hacerse valer para volver al «SÍ» a la ley, al «SÍ» a poner fin a los desahucios.

¡No podemos rebajar la protección a las familias que han sido o pueden ser desahuciadas! La lista de espera de la mesa de emergencia ha aumentado en 1.000 familias desde el 2019 y hoy es de 2.242 unidades familiares que necesitan ya una vivienda.

Tampoco podemos transferir dinero público a los grandes propietarios que pretenden desahuciar: que son para realojar familias, evitar desahucios de pequeños tenedores o construir vivienda protegida. Ya se hizo con los bancos y ahora no puede volver a pasar con el sector inmobiliario.

¡No nos podemos permitir ningún paso atrás en la lucha contra los desahucios! ¡Queremos la ley entera!

#JuntesContraElsDesnonaments

PorPAH_Bcn

Ni jueces ni mossos pararán el movimiento

El movimiento por la vivienda de Catalunya, decenas de colectivos y entidades y cientos de personas que defendemos el derecho a la vivienda en este país, nos plantamos y denunciamos la situación de represión a la que nos somete el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya

A través de la organización colectiva, el apoyo mutuo y la solidaridad, cada semana y cada día trabajamos para que todas las personas podamos acceder y mantener viviendas dignas y adecuadas donde construir y compartir nuestras vidas. Lo hacemos en las asambleas, lo hacemos utilizando todos los recursos a nuestro alcance, conociendo y haciendo valer nuestros derechos y, cuando es necesario, también poniendo el cuerpo cuando jueces y policías vienen a echarnos de nuestras casas. El desahucio es la expresión de la quiebra de todo un sistema que debería estar garantizando el derecho a la vivienda. Y somos nosotras quienes, ante la inoperancia de la Administración, nos plantamos ante la puerta de casa para defender nuestros hogares.

Su respuesta: multas y represión. Desde marzo de 2019, hemos contabilizado hasta 364 multas al movimiento por la vivienda, 351 de estas puestas en desahucios, que suman un total de 206.141,00 €, aunque sabemos que seguramente son muchas más. El Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya nos acusa de obstrucción, desobediencia y falta de respeto, amparándose en la ley mordaza. La misma ley que unos y otros han prometido derogar tantas veces es la que utilizan para acusarnos ahora e intentar atemorizarnos. Y lo hacen, además, enviando la Brimo y el ARRO, unidades de los Mossos d’Esquadra que también se comprometieron a retirar de los protocolos de ejecución de desahucios.

Ante esta situación, exigimos:

  1. Que se retiren inmediatamente todas las multas interpuestas a las personas que participaban en acciones para parar desahucios.
  2. Que no se impongan nuevas multas amparadas en la ley mordaza en los desahucios.
  3. Que la Brimo y el ARRO no sean utilizados para ejecutar desahucios en Catalunya.

Y, con estas exigencias, lanzamos también un mensaje muy claro. Las multas y la represión, los jueces y los Mossos, no han logrado parar hasta ahora a este movimiento, ni lo harán. Seguiremos en cada asamblea y en cada intento de desahucio, poniendo el cuerpo, el coraje y la inteligencia para que toda persona pueda tener un hogar digno y adecuado.

¡Ni mordaza, ni desahucios!

PorPAH_Bcn

Junts per Catalunya quiere recortar la nueva Ley antidesahucios

En junio, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 presentamos y registramos, con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria (ERC, Junts, En Comú Podem y CUP) la que será la nueva Ley antidesahucios que restituirá los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional, unos artículos que ampliaban la cobertura de la Ley 24/2015.

El pasado lunes 20 de septiembre finalizó en el Parlament la ronda de comparecencias de las diferentes entidades, instituciones, organizaciones y expertos para hacer aportaciones en el texto registrado que acabará con miles de desahucios. Durante las casi dos semanas de esta fase han comparecido en el Parlament una amplia representación de diferentes actores: Entidades sociales o de vivienda, organismos o representantes públicos, expertos, colegios profesionales, asociaciones y representantes de la propiedad, aportando cada una su visión de la importancia o necesidad de esta ley.

Ahora en la fase de enmiendas del procedimiento parlamentario:

Junts per Catalunya quiere recortar la nueva ley antidesahucios

A pesar de su compromiso inicial, Junts ha presentado importantes enmiendas a la nueva Ley. Enmiendas tan fundamentales como compensar económicamente a los desahuciadores o cambiar de nuevo la definición de gran tenedor a 15 viviendas en vez de 10, como está registrado, dando de esta manera un paso atrás y dejando fuera algunos casos de familias vulnerables que tuvieron que ocupar, posicionándose al lado de quienes desahucian, en vez del de las familias vulnerables.

De nuevo, Junts se comporta como hicieron con la Ley de Alquileres.

Concentración

El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 advertimos desde ya, que no vamos a permitir a Junts ni a ningún otro partido ninguna enmienda que recorte la proposición de Ley.

Por todo ello, convocamos a toda la ciudadanía y al movimiento por el derecho a la vivienda a sumarse a la concentración que organizamos el próximo jueves 14 de octubre a las 18:30h en Arco de Triunfo de Barcelona, para señalar a Junts per Catalunya por querer recortar la nueva ley antidesahucios.

PorPAH_Bcn

Presentamos y registramos la propuesta alternativa al Gobierno en materia de derecho a la vivienda

Más de 150 entidades y 9 grupos parlamentarios exigen la Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada

En la mañana de hoy, hemos registrado en el Congreso la proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, una ley elaborada por la ciudadanía en un ejercicio de defensa propia ante la sistemática vulneración de este Derecho por parte de los poderes públicos en nuestro país.

Esta Propuesta de Ley ha sido elaborada por organizaciones de la sociedad civil que llevan muchos años trabajando sobre el terreno la problemática de la vivienda ante la falta de soluciones y la escasez de recursos por parte de la administración pública, y cuenta con el respaldo de más de 120 organizaciones de todos los ámbitos: sociales, sindicales, juveniles, de pensionistas, de consumidores…

Nuestra Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada afronta los diferentes aspectos que se deben abordar si se quiere garantizar el Derecho a la Vivienda y resolver la crisis habitacional que arrastra nuestro país.

Para su registro, hemos contado con el apoyo de los partidos políticos Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y BNG, que han comprometido con sus firmas el apoyo, tanto a esta ley como a las medidas que contiene.

Un paso adelante frente al bloqueo del PSOE

La elaboración y el registro de la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda se da frente al inmovilismo de un PSOE que prometió la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda para el pasado mes de febrero y que también ha incumplido su compromiso con la sociedad y con sus socios de Gobierno de regular el alquiler e impedir los desahucios. Un compromiso que le permitió aprobar los presupuestos 2021.

Pero esta ley no surge de un conflicto entre socios, sino de un conflicto social que enfrenta a poderosos lobbies financieros e inmobiliarios ‒que ven en la vivienda una forma de especulación y enriquecimiento‒, con el resto de la sociedad: en los primeros seis meses de 2021 llevamos acumulados 22.532 desahucios a pesar de las medidas especiales de protección por la pandemia, confirmando el carácter sistémico de la emergencia habitacional que sufrimos en España. Y precisamente, España es uno de los países del mundo en los que las familias destinan mayor proporción de sus ingresos a pagar el alquiler a causa de las desproporcionadas subidas durante los últimos seis años, hecho que ha generado un empobrecimiento total en los hogares inquilinos.

Por todo ello, las organizaciones que defendemos la vivienda damos un paso adelante y registramos esta ley para garantizar la protección del Derecho a la Vivienda. Este gesto lo hacemos acompañadas de una gran mayoría social representada a través de más de 120 organizaciones sociales, sindicales, juveniles, de pensionistas, de consumidores… En definitiva, con una  transversalidad tan amplia como lo es este Derecho.

El contenido de la ley

Esta ley se desarrolla en cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos, así como del propio mandato constitucional, para garantizar el Derecho a la Vivienda y eliminar las trabas que impiden a cientos de miles de ciudadanas el acceso a una vivienda adecuada y digna.

La Ley que hemos registrado hoy se estructura en nueve títulos, con un total de 94 artículos, en los que se establecen las bases para hacer efectivo el derecho a la vivienda.
Como aspectos fundamentales:

  • Se establece el Derecho a la Vivienda como derecho subjetivo exigible para asegurar su protección, y se establecen nuevas garantías judiciales muy definidas para evitar el abuso de Derecho contra los habitantes susceptibles de desahucio, lo que ha sido condenado reiteradamente por los Tribunales de Justicia Europeos y el Comité DESC de Naciones Unidas.
  • En materia de desahucios, la ley prohíbe los desahucios a personas o familias vulnerables mientras no haya garantía de un realojo digno y adecuado, y obliga a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales como opción prioritaria ante el desahucio. Se prohíben expresamente los desahucios con fecha abierta y se legislan diferentes medidas para evitar el sobreendeudamiento, como son la dación en pago y se limita la responsabilidad al bien hipotecado incluyendo mayor efectividad a una segunda oportunidad y lograr dejar atrás la ley hipotecaria injusta que se ha llevado por delante el sueño de miles de familias y de sus avalistas.
  • En materia de alquileres, la ley presentada implementa una regulación de los alquileres flexible en base a un índice de mercado, con el objetivo de limitar y bajar el precio de las rentas para que supongan un coste asumible para la mayoría de la población. Así mismo, la renovación automática y obligatoria de los contratos de arrendamiento, siempre y cuando el inquilino haya cumplido con sus obligaciones y el arrendador no precise de la vivienda para disfrute propio o de un familiar. Los honorarios, serán siempre a cargo de la parte arrendataria.
  • En el ámbito del sinhogarismo, la Ley establece el Derecho a la Vivienda como Derecho subjetivo y garantiza la protección inmediata en alojamientos adecuados para toda persona que caiga o se encuentre en situación de sinhogarismo.
  • En cuanto al parque de vivienda pública, con el objetivo de protegerlo y ampliarlo se prohíbe su venta y se fija un objetivo de solidaridad urbana del 20% antes del año 2050 para movilizar vivienda mediante diferentes herramientas, como son la cesión obligatoria, el tanteo y retracto de grandes tenedores como puede ser la SAREB y entidades financieras rescatadas con dinero público en 2009.
  • Así mismo se garantiza el acceso a suministros básicos, creando una tarifa social y prohibiendo los cortes de agua, luz o gas a personas en exclusión residencial.
  • Para finalizar, la Ley desarrolla la participación ciudadana en políticas de vivienda y se aborda el régimen de control y sancionador para desarrollar las diferentes medidas explicadas.

Este conjunto de medidas estructurales son necesarias para revertir un modelo antisocial de vivienda basado en el trasvase sistemático de dinero público a bolsillos privados, sin generar ningún valor al patrimonio público (la libre especulación), que ha llevado a decenas de miles de personas a perderlo todo ante la inacción de los diferentes Gobiernos.

En este momento y con los apoyos parlamentarios que ya se han comprometido a respaldarla, solo la negativa del PSOE impide que el Derecho a la Vivienda pase a estar protegido con todas las garantías.

Agradecemos a los partidos firmantes su compromiso para defender dentro del Congreso la aprobación de esta Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda, y exigimos al PSOE que se ponga también del lado de la ciudadanía y allane el camino para la aprobación de esta Ley, comenzando por agilizar su paso por la Mesa del Congreso y por dar luz verde votando Sí a su toma en consideración.

Por nuestra parte, desde hoy mismo comenzamos a organizarnos para redoblar la presión y movilizar a la población general para conseguir este objetivo y garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada, asequible y accesible.

¡Sí se puede!

Consulta la Ley y la campaña en: www.iniciativaLeyVivienda.com

Ley completa

PorPAH_Bcn

A pesar de la moratoria, los desahucios siguen subiendo

Durante el segundo trimestre de este año se han producido 11.571 desahucios

Recién publicados los datos del Poder Judicial sobre los desahucios durante el segundo trimestre de 2021, se sigue constatando la ineficacia de la moratoria decretada a raíz de la COVID-19. Lejos de reducirse el problema, los desahucios siguen en aumento, como llevamos avisando que pasaría desde marzo de 2020. Si comparamos este trimestre con el primero de 2020 –pre COVID-19 y sin ningún tipo de escudo social–, el aumento en plena pandemia ha sido de un 736,7%.

Desahucios segundo trimestre 2021:

  • Derivados de ejecución hipotecaria 2.849: incremento del 849,7% respecto al mismo trimestre de 2020
  • Derivados de LAU (alquileres) 8.028: incremento del 692,5% respecto al mismo trimestre de 2020
  • Otras causas 684: incremento del 891,4% respecto al mismo trimestre de 2020
  • Total desahucios 11.571: incremento del 736,7% respecto al mismo trimestre de 2020.

A estas cifras cabe añadir los 2.732 procedimientos verbales por ocupación que están en trámite a la espera de resolución. Un dato que puede resultar alarmante y utilizable para aquellos que quieren criminalizar a las familias que se ven empujadas a esto ante la falta de solución política y administrativa, pero que sigue siendo anecdótico si comparamos con el resto de cifras y el problema real.

Las medidas de protección, según el Gobierno las ”más ambiciosas” que se han desarrollado, caducan el próximo 31 de octubre. ¿Cuánta gente debe quedarse en la calle para que reconozcan que no han protegido a las familias vulnerables en su totalidad? Si la moratoria no se prorroga y mejora para que acoja a más perfiles (el hipotecario, por ejemplo, está en total indefensión y ya está generando estragos) y no dé pie a la reinterpretación de algunos jueces, que prefieren optar por desahuciar que por defender derechos y familias vulnerables, el tsunami de desahucios que se está generando será una catástrofe.

Una vez más, los movimientos sociales somos los únicos actores que trabajamos para revertir la situación. No solo parando desahucios en puerta, asesorando o logrando soluciones a base de negociación directa, también elaborando la única Ley pensada para garantizar realmente el derecho a la vivienda y no ese parche, que lleva meses llenando titulares, sin avanzar y que de legislarse según los términos que nos llegan, no valdrá más que para proteger y enriquecer a los de siempre.

Más que nunca hay vidas en juego y falta altura política para revertir la situación. El coste humano para beneficiar a los buitres es demasiado alto y no lo podemos seguir pagando.