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PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona llevamos al pleno del Ayuntamiento de Barcelona una moción para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa

Exigimos que la moratoria propuesta deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva ley estatal del derecho a la vivienda, que debe regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios de familias vulnerables que no cuenten con una vivienda alternativa

La moción será aprobada con los votos a favor de ERC, Barcelona en Comú, Junts per Catalunya y PSC. Ciudadanos, PP y Barcelona pel Canvi, una vez más vuelven a dar la espalda a la ciudadanía

Barcelona, 27 de noviembre de 2020

Hoy, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona llevamos al pleno del Ayuntamiento de Barcelona una moción para parar TODOS los desahucios de familias vulnerables que no tengan la alternativa de una vivienda digna, segura y estable, así como la ampliación de la moratoria de cortes de suministro. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez anunció en marzo la aprobación de una moratoria de los desahucios mintió, ya que esta medida solo cubre a las familias directamente afectadas económicamente por la crisis de la COVID-19 y no al conjunto de familias vulnerables precarizadas antes de la pandemia. Creando, ante una misma situación de vulnerabilidad, ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda.

Desde entonces, la PAH, con su campaña #DecretoStopDesahucios, ha estado trabajando para conseguir la aprobación de una verdadera moratoria, y el pasado 11 de noviembre presentamos en Madrid un documento con estas demandas, con el apoyo de los grupos parlamentarios de ERC, CUP, EH-Bildu, JxCat, Unidas Podemos, Compromís, Nueva Canarias, Más País y BNG, demostrando así que, si el PSOE realmente quisiera parar los desahucios y los cortes de suministro, tendría una amplia mayoría parlamentaria para su aprobación.

La votación en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, que está prevista para este mediodía, contará con los votos afirmativos de los grupos municipales de ERC, Barcelona en Comú, Junts per Catalunya y PSC. Ciudadanos, PP y Barcelona pel Canvi vuelven a dar una vez más la espalda a la ciudadanía en una cuestión tan sensible como son los desahucios y los cortes de suministro.

Desde la PAH y los movimientos por el derecho a la vivienda no cejaremos hasta conseguir que nuestros derechos sean garantizados y consigamos un #DecretoStopDesahucios que esté a la altura de la grave situación de emergencia habitacional que estamos sufriendo.

Hay vidas en juego.

A continuación compartimos el texto de la moción presentada:

Por salud pública y responsabilidad política: ¡Acabemos con los desahucios en plena pandemia!

Los más de un millón de desahucios que ha sufrido la sociedad española, desde el inicio de la crisis anterior en 2008, han sido una vulneración injustificable de un derecho humano y constitucional tan importante como es el de la vivienda, apoyo de otros derechos fundamentales.

Como se puede comprobar por los datos del CGPJ, los desahucios siguen siendo una realidad cotidiana. Tal como indica el último informe del Ayuntamiento de Barcelona, en solo 5 semanas (14 de septiembre – 23 de octubre de 2020) hubo 443 órdenes judiciales de desahucio que afectaron a 1211 vecinos y vecinas (463 menores de edad) en situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, y tal como indicó Leilani Farha, exrelatora de vivienda de la ONU, la vivienda debería ser la primera línea de defensa ante la COVID‐19. Parece que no es el caso ni en Barcelona ni en España.

En tiempos de pandemia se le está pidiendo a la ciudadanía que haga todo tipo de sacrificios y, en nombre de la salud pública, se le recortan libertades y capacidad de movimiento; es insistente el requerimiento de quedarse en casa. Nuestro estado social y de derecho no puede, al mismo tiempo, mirar a otro lado ante la continuidad de los desahucios de un sector importante de la población: la de familias y personas vulnerables, poniendo en riesgo su salud y la de todas.

El tercer trimestre traerá cifras demoledoras de desahucios a la vista de las convocatorias diarias para evitarlos por parte de PAH Barcelona y de los numerosos colectivos que luchan cada día por el derecho a una vivienda digna. Desahucios, incluso de Bankia y de la SAREB, entidades de mayoría de capital público, que debieran, por tanto, actuar de manera coherente y comprometida con el artículo 47 de la Constitución.

La PAH y otras entidades sociales indicamos que las medidas iniciales que se aprobaron para paliar los efectos de la COVID-19 en temas de vivienda supusieron un alivio temporal para muchas personas, pero que eran claramente insuficientes porque dejaban sin protección a las familias que ya estaban en vulnerabilidad con anterioridad al estallido de la pandemia, a las que tenían procesos judiciales en curso y a las que se han visto obligadas a vivir en precario debido a la falta clamorosa de un parque público de vivienda, del que sí que disponen países de nuestro entorno. Además, la reciente supresión de la moratoria de las hipotecas y de los cortes de suministros ha agravado más la situación de vulnerabilidad de las familias.

Es por todo lo explicado anteriormente que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona expresa su más absoluto apoyo a la petición de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y del resto de asociaciones en defensa del derecho a la vivienda, al Gobierno del Estado, para la aprobación inmediata de un nuevo decreto que suspenda TODOS los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que no tengan la alternativa de una vivienda digna, segura y estable, adoptando las compensaciones adecuadas, en caso de que fuera necesario, en los desahucios de pequeño propietario. La moratoria deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda que debe regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios que no cuenten con una vivienda alternativa, dando cumplimiento al art. 47 de la Constitución y a las diferentes medidas que las Naciones Unidas recomienda al Estado español para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales suscritos por España en materia de Derechos Humanos.

No solo por Justicia Social y en cumplimiento de los Derechos Humanos, ni siquiera para dar respuesta a las indicaciones del reciente informe presentado por el Sr. Philip Alston, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza, ni siquiera solo para cumplir con los dictámenes condenatorios a España por vulneración de este derecho, y con las recomendaciones que ambos contienen, sino también y muy especialmente, por razones de salud pública.

Hoy más que nunca, hay vidas en juego.

PorPAH_Bcn

¿Desahucio sin alquiler social? ¡Multa!

Los Ayuntamientos de toda Cataluña no están exprimiendo la Ley en su potencia, y así permiten y son cómplices de los desahucios.

Exigimos las sanciones correspondientes por parte de los Ayuntamientos que contempla la Ley para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y garantizar los derechos de la ciudadanía. Exigimos a los Ayuntamientos y a la Generalitat que pongan las sanciones que contempla la Ley 24/2015 a los grandes tenedores que incumplen la obligación de ofrecer alquiler social.

Casi hace dos años que recuperamos de la impugnación por parte del Gobierno de Rajoy y la banca la Ley 24/2015 gracias a la lucha incansable de las entidades sociales promotoras, junto con el apoyo de una mayoría abrumadora de la sociedad catalana. Y hace 10 meses conseguimos la aprobación de un nuevo decreto que amplía los supuestos de la norma y la adapta a las nuevas caras de la emergencia habitacional. Durante este tiempo hemos recuperado herramientas imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores a personas afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios por impago de alquiler cuando el propietario es un gran tenedor, y la cesión obligatoria de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores a la Administración pública para poder ampliar el parque de vivienda para alquiler social y hacer frente a los desahucios.

También hemos ampliado la obligación de alquiler social por parte de grandes tenedores a los casos de vencimiento de contrato de alquiler. Además, las familias que viven en pisos de pequeños propietarios o que no están amparados por el alquiler social obligatorio, serán realojadas por ley por parte del Ayuntamiento en coordinación con la Generalitat. Las Mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial. Con un 2% de parque público de vivienda frente un 15% de media europea, nos encontramos a la cola en la garantía de los derechos esenciales.

Desgraciadamente los grandes tenedores están incumpliendo la obligación de ofrecer alquiler social a personas y familias que se encuentran en situación de exclusión residencial. Queremos denunciar que estamos detectando muchos casos en que los grandes tenedores intentan saltarse la Ley, o directamente se la saltan, y se llega al desahucio a pesar de estar obligados a ofrecer el alquiler social como estipula nuestra Ley 24/2015.

Esta situación es inadmisible porque la mencionada ley, en su Disposición Final Tercera que modifica la Ley 18/2007 en sus artículos 5.2 y 124.2, considera infracción grave no formular la
propuesta obligatoria de alquiler social, y por tanto, permite y obliga a los Ayuntamientos a multar esta infracción con sanciones de hasta 90.000 euros. Asimismo también denunciamos que hay muchos casos en que el Ayuntamiento se desentiende de los realojos de las personas afectadas que han sufrido un desahucio, vulnerando así la norma y los derechos fundamentales.

Hoy las PAH de toda Cataluña nos hacemos presentes ante los Ayuntamientos para instarles urgentemente a que la hagan efectiva y sean garantes de esta ley con contundencia y que:

  1. Sancionen a todos aquellos grandes tenedores que no hagan la oferta de alquiler social a las familias y personas afectadas por impagos, ejecución hipotecaria, renovaciones de contratos de alquiler o ocupación en precario. Un desahucio sin una oferta alquiler social es un incumplimiento flagrante de la ley anti-desahucios catalana.
  2. Garantizar realojos dignos para todas aquellas personas y familias que han sufrido un desahucio.
  3. Inicien los procedimientos contradictorios para la cesión obligatoria de pisos vacíos propiedad de grandes tenedores. Hagan un censo exhaustivo de pisos vacíos de grandes tenedores del municipio.
  4. Identifiquen claramente todas las necesidades de vivienda del municipio.
  5. La Mesa de emergencia debe reducir inmediatamente las esperas y ofrecer una vivienda alternativa antes del desahucio.
  6. Facilitar el empadronamiento en el municipio de todas las personas que viven, sea cual sea la su situación de tenencia regular o no de la vivienda.
  7. Sancionar los cortes ilegales de suministros básicos.
  8. Facilitar contadores «solidarios» de los suministros a aquellas personas y familias vulnerables que tienen dificultades para acceder.
  9. Que las oficinas locales de vivienda sean un espacio de referencia cercano donde las personas encuentren asesoramiento de calidad y apoyo en la tramitación de gestiones de todos los aspectos relacionados con la vivienda (acceso, prevención de la pérdida, gestión del parque de vivienda, ayudas …)

Las entidades del Grupo Promotor (PAH, APE y Observatorio DESC) estaremos pendientes y movilizadas para evitar los desahucios, para que no haya ningún desahucio sin su correspondiente multa de hasta a 90.000 euros, para que los grandes tenedores cedan sus viviendas y para que las administraciones públicas protejan efectivamente a las personas con su realojo digno, y garanticen su derecho a la vivienda ..

Recordemos que la Ley 24/2015 es una ley nacida de la iniciativa legislativa popular (ILP), que se pone en marcha en 2014 con casi 150.000 firmas para garantizar la aplicación del art. 47 de la CE, y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Ha sido posible gracias a las familias afectadas, movimientos sociales y a las personas que han puesto su tiempo y cuerpo desinteresadamente para garantizar el derecho a la vivienda, a aquellas juristas que han creído que las leyes injustas deben cambiar, a las que ya no están pero nos dan fuerza para seguir batallando, a todas las entidades sociales que nos han apoyado, y a todas aquellas personas firmantes de la ILP.

Exigimos sanciones a los grandes tenedores para no hacer la oferta de alquiler social a las familias y la aplicación total y inmediata de la Ley 24/2015 para garantizar el derecho a la vivienda en Cataluña. Entenderemos, sino, que los Ayuntamientos y la Generalitat son cómplices, de los casi 50 desahucios que se producen cada día en Cataluña porque no están haciendo todo el esfuerzo posible para detenerlos., Más ahora, con la ola de desahucios que ha llegado después de la reapertura de los Juzgados el 4 de julio, después de que acabara el primer estado de alarma.

La Ley 24/2015 para desahucios. ¡Ahora es necesario que los Ayuntamientos la hagan cumplir! ¡Es cuestión de voluntad política y no pararemos hasta conseguir que se garanticen nuestros derechos y se haga cumplir la Ley!

¡Sí se puede!

PorPAH_Bcn

Nuevos Documentos Útiles adaptados al Decreto Ley 37/2020 que protege el derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19

Exigimos a los juzgados que paren inmediatamente todos los desahucios y que la Generalitat suspenda todos aquellos desahucios instados por sus propios entes, como Incasòl y la Agencia de la Vivienda

El pasado jueves, 5 de noviembre, entró en vigor el Decreto Ley 37/2020, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19, aprobado por el Gobierno de la Generalitat.

A grandes rasgos, este Decreto refuerza los avances que supuso la ampliación de la Ley 24/2015 en la protección del derecho a la vivienda para todas, y por otro lado, supone la suspensión de los desahucios mientras se encuentre en vigor el estado de alarma o restricciones a la movilidad por razones sanitarias. El Decreto suspende todos los desahucios que afectan a personas o unidades familiares que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial, en viviendas de grandes tenedores (definidos por el artículo 5 de la Ley 24/2015). Publicamos un breve resumen del nuevo Decreto Ley para facilitar que se exprese al máximo para defender a la población.

El Grupo promotor de la Ley 24/2015 apelamos de nuevo a la judicatura para que suspenda los desahucios de inmediato y sin excusas en aplicación de la Ley 24/2015 y del nuevo Decreto Ley 37/2020.

Asimismo exigimos al Gobierno de la Generalitat, como impulsor de este DL, que sea ejemplo y garante principal del derecho a la vivienda como es su obligación, y pida la suspensión de todos aquellos desahucios instados por sus propias instituciones como INCASÒL y la Agencia de la Vivienda de Catalunya. La ciudadanía no entendería de ninguna manera que no fuera así. También queremos denunciar que no se han incluido en la suspensión temporal los desahucios de familias en exclusión residencial de viviendas de pequeños tenedores, mientras Generalitat y ayuntamientos incumplen la obligación de realojo en viviendas sociales que establece el artículo 5.6 de la Ley 24/2015.

Asimismo, hacemos públicos y ponemos a disposición de toda la ciudadanía y la abogacía nuevos Documentos Útiles con el fin de exigir a los juzgados el cumplimiento de este Decreto Ley 37/2020, junto con las ofertas de alquiler social obligatorio de la Ley 24/2015. Son los siguientes:

Desde los inicios de la entrada en vigor de la Ley 24/2015, fruto de una iniciativa legislativa popular, hemos creado diferentes Documentos Útiles que han servido a la ciudadanía para hacer cumplir la ley. De esta manera las familias tienen a su disposición a través de nuestra página web herramientas efectivas para hacer garantizar sus derechos habitacionales.

Después de haber recuperado de la impugnación del PP y la banca las medidas antidesahucios de la Ley 24/2015, después de haber conseguido que el Gobierno de la Generalitat retirara un primer Decreto para mejorarlo con las aportaciones de las entidades sociales, y tras conseguir la ampliación de la Ley, y con este nuevo Decreto Ley 37/2020 en tiempos de pandemia de la COVID-19, no desaprovecharemos la oportunidad de aplicar las leyes contra la emergencia en la vivienda al máximo de su potencial, para conseguir de una vez por todas una Catalunya libre de desahucios.

Encontrareis todos los Documentos Útiles en nuestra web.

PorPAH_Bcn

Valoración de la postura del Supremo sobre el IRPH

A raíz de la nota de prensa por parte del Tribunal Supremo (TS) a 21 de octubre de 2020

En lo que refiere a las manifestaciones de este organismo jurisdiccional, que es la cúpula del Poder Judicial a nivel nacional, desde la Comisión de IRPH de PAH Catalanas nos corresponde apreciar las siguientes consideraciones:

  1. Que la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, establece que: “el consumidor se encuentra en una situación de inferioridad respecto al profesional”. Por lo tanto, el nivel de información y comprensión exigido no son un capricho, sino un requisito legal.
  2. Que las últimas reformas legislativas en materia de protección de la persona consumidora, especialmente a nivel europeo, ponen de manifiesto que la banca ha realizado malas prácticas durante muchos años sin ningún tipo de
    consecuencias.
  3. Que se intenta nuevamente desacreditar los recursos que llegan al Tribunal Supremo, y este pretende defender que cada caso de IRPH es diferente, cuando las condiciones son comunes y muy conocidas por todo el mundo. Estas se resumen en una falta de información e imposición del índice IRPH, por parte de las entidades financieras versus las personas consumidoras más desfavorecidas.
  4. Resulta curioso que el Tribunal Supremo haya modificado el anterior discurso, cuando en 2017 (1) argumentaba que la presencia del índice IRPH en el BOE era suficiente para superar el control de transparencia. Si bien, ahora se nos manifiesta abiertamente que en los recursos anteriores apreció falta de transparencia.
  5. Que también sorprende, que de no haber facilitado la evolución histórica del índice IRPH en los últimos dos años, previos a la contratación, ahora se nos dice que es suficiente para estimar falta de transparencia. No acabamos de entender los dos años, ¿y por qué no 3, 5 o 10? ¿O quizás es por el hecho de que habría peligro de que el consumidor, en series más largas de tiempo, pudiera apreciar las cosas más claras? ¿Tiene sentido firmar un producto a 30 y 40 años, y solo observar la evolución de los últimos dos años? Aun así, creemos firmemente que muy pocas personas
    consumidoras contaban con esta información.
  6. Que de cara a la galería se tiene que blanquear la actitud del mismo Tribunal Supremo, y por este motivo se nos dice burlescamente que: “ha seguido la jurisprudencia del TJUE” . Y pese afirmar que no supera el control de transparencia, el Tribunal se queda tan ancho al declarar que no estiman que exista abusividad. Tampoco es nada nuevo, España es conocida por contradecir las sentencias a nivel europeo y preguntar 50 veces lo mismo al TJUE.
  7. Que las tácticas del Tribunal Supremo, siendo consciente que el TJUE dará la razón a las personas consumidoras, pasan por evitar que la cláusula IRPH pueda ser declarada nula y expulsada de los contratos, y en especial evitar cualquier actuación que pudiera afectar de forma masiva.
  8. Que las maniobras realizadas por el Tribunal Supremo solo buscan ganar tiempo y seguir dejando miles de cadáveres por el camino, personas sin hogar y deudas impagables, al margen de los infiernos y dramas familiares que esto implica.
  9. Que tampoco nos sorprende la decisión. Pues este Tribunal Supremo, es el mismo que en 2018 (2), con una actuación propia de una película americana, de un día para otro se retractó y decidió que el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) lo pagaban las personas consumidoras, justo lo contrario de lo que se establece hoy con el decreto actual.
  10. Que en un Tribunal Supremo de color monolítico, supone una brizna de esperanza observar cómo jueces valientes van contracorriente. Tanto por Francisco Arroyo Fiestas, que mantiene su voto discrepante, como por el exmagistrado Javier Orduña Moreno, que en su momento abrió camino en la causa de las cláusulas suelo y posteriormente también lo hizo con el IRPH. Aun así, estos escasos aguerridos se enfrentan a un sistema que los aparta cuando molestan, ya sea mediante presiones o aprovechando que su tiempo laboral se acaba.
  11. Que contemplamos impotentes y atónitas el rifirrafe del poder del Tribunal Supremo, pero que mientras tanto miles de familias sufren las consecuencias de las decisiones que se siguen tomando en este organismo.
  12. Que el hecho de reconocer que el índice IRPH iba acompañado de abusividad, implicaría consecuencias económicas que el lobby bancario no está dispuesto a aceptar. Queda claro que los intereses de unos pocos pasan por encima de los de una mayoría.
  13. Que igualmente compartimos la visión por parte de las compañeras de IRPH STOP GIPUZKOA, y sus voluntarios Maite Ortiz y José María Erauskin, y que si hoy estamos aquí es gracias a ellas.

Nosotras somos más, y tenedlo por seguro que ¡ACABAREMOS CON EL IRPH!

¡¡¡SEGUIMOS!!!

PorPAH_Bcn

Hoy han ejecutado el desahucio de la calle Aragó 477 dejando a cuatro familias vulnerables sin hogar en plena pandemia

La PAH denunciamos el desmesurado despliegue de Mossos, así como la actitud de la comitiva judicial

Exigimos además, las sanciones correspondientes a Norvet por mantener vivienda vacía y por no ofertar los correspondientes alquileres sociales

Hoy han ejecutado el desahucio previsto en el bloque Aragó 477 con un despliegue policial desproporcionado y sin importar que en el edificio había una menor en cuarentena por COVID-19.
Desde la noche anterior algunas compañeras de la PAH de Barcelona hemos estado en el bloque para acompañar a las familias, y desde primera hora de la mañana más compañeras, junto a grupos de vivienda de la ciudad, han ido llegando para dar apoyo a las 4 familias. Finalmente el desalojo se ha producido, incumpliendo Norvet de esta manera la Ley 24/2015, negándose a ofrecer alquileres sociales a las familias.

Desde la PAH queremos denunciar que:

  • La actitud de la comitiva judicial que ha asistido al desahucio no es profesional y se posiciona claramente a favor del fondo de inversión Norvet. No es la primera vez que esta comitiva actúa de esta manera, no escuchando a las familias vulnerables, ni a los recursos jurídicos interpuestos, ni al propio Ayuntamiento. Para nosotras esta actitud no se puede permitir nunca, pero menos en una situación de pandemia, donde nos dicen que nos quedemos en casa pero a la vez nos la están arrebatando.
  • En segundo lugar, exigimos la dimisión de Miquel Samper, Consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya, ante el desproporcionado despliegue policial, enviando 12 furgones de Mossos para desalojar a 4 familias vulnerables, que, además, parece ser una tónica habitual en los últimos meses.
  • Y en tercer lugar, exigimos al Ayuntamiento de Barcelona las 4 sanciones anunciadas ayer por tener viviendas vacías, y las otras dos sanciones más por no ofertar el alquiler social a familias vulnerables y desahuciarlas. Es importante que se ponga toda la maquinaria para hacer cumplir las leyes que la ciudadanía ha conseguido llevar al Parlament de Catalunya y hacer de una ley una herramienta para erradicar los desahucios. ¡Exigimos ya las sanciones correspondientes!

Por último, decir que en la PAH no nos rendimos, y frente a esta vulneración del derecho a la vivienda nos tendrán enfrente. Las familias de Karima, Antonio, Mariela y Angy podrán dormir y descansar hoy en un realojo que hemos conseguido con Servicios Sociales.

Hoy hemos luchado por nuestra dignidad, por solidaridad, por nuestras casas robadas y entregadas a los poderosos. Quizás hemos caído, pero no nos hemos rendido, ni hoy, ni nunca; cada día seguiremos luchando para que lo de hoy no vuelva a ocurrir nunca más.

#Arago477SeQueda

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