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Porimpahrable

Miles de familias acabarán en la calle si el gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre

La PAH acude al encuentro de ministros de vivienda europeos en Gijón para denunciar la situación de emergencia habitacional en España y exigir que las medidas antidesahucios que ahora son temporales se consoliden

Exigimos voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y exigir alquileres sociales. Queremos dejar de ser una anomalía en Europa


Martes 14 de noviembre de 2023

Hoy una representación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se ha desplazado a Gijón para llevar la voz de miles de familias afectadas que forman el movimiento, a la reunión ministerial sobre vivienda y desarrollo urbano que se celebra en la Laboral Ciudad de la Cultura, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. También nos han acompañado otras luchas comprometidas con la vivienda, como COESPE y ecologistas en acción de Asturias.

No queríamos perder la ocasión para explicar a todos los ministros y ministras europeas y a la ciudadanía en general la situación dramática que se vive en España en materia de vivienda. Nos vemos obligadas a hacerlo, porque mientras el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba a bombo y platillo medidas para paliar la emergencia habitacional, como la obtención de más de 20.000 viviendas para el alquiler a precios asequibles, poner a la disponibilidad más de 10.000 viviendas de la Sareb o varios planes para aumentar el parque social en más de 200.000 viviendas, a día de hoy, la realidad es que no se ha ampliado el parque público de alquiler, las viviendas de la Sareb siguen en manos de fondos como Blackstone y Cerberus  y no hay ni rastro de que ningún plan para revertir la situación esté ejecutándose, ya que en el territorio español seguimos con un parque de vivienda social del 1,5%, de los más bajos de toda la Unión Europea.

Asimismo, hacemos un llamamiento para que el gobierno asuma al fin el compromiso de acabar con los desahucios: en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido “escudo social” que lleva vigente desde 2020 y que está previsto que decaiga el próximo 31 de diciembre. Es por eso que desde la PAH exigimos que la moratoria actual de desahucios se convierta en una medida estructural y que se ponga en marcha un plan de choque que obligue a los bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales a las familias vulnerables, todo ello para evitar un tsunami de desahucios en 2024 y que los juzgados colapsen por unos casos que ni tan siquiera tendrían que estar allí.

En mayo de 2023 se aprobó la primera Ley de vivienda de España desde que se aprobó la Constitución en 1978, una exigencia histórica de la PAH y de los movimientos en defensa del derecho a la vivienda. Esta Ley debía sentar las bases para que a ninguna ciudadana le sea vulnerado el art.47 de la Constitución Española, garantizando el acceso a ella de forma universal. Desde la PAH en su momento hicimos alegaciones y propusimos medidas que sabemos que funcionan -ya que se aplican en comunidades como Cataluña-, pero desde el Gobierno de PSOE y Podemos/Sumar hicieron caso omiso y aprobaron una primera Ley de vivienda que no acaba con los desahucios, ni tampoco  ofrece alternativas a ellos, y ni mucho menos responsabiliza de alguna manera a quienes han cocinado esta nueva  burbuja inmobiliaria: los bancos y fondos buitre.

La situación es insostenible. La vivienda asfixia a 3 millones de hogares: 6 de cada 10 euros se destinan a la casa y a la comida, según el último informe de Cáritas Española y la Fundación Foessa. Datos que complementan estudios que se han realizado desde la PAH, donde se corrobora que 3 de cada 4 personas presentaron mala salud mental y la mitad presentaron depresión. Datos que corroboran que hay que actuar ahora y no de aquí a 10 años. Exigimos voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y obligar a bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales, ya que, recordemos, acumulan vivienda vacía procedente de la burbuja inmobiliaria y han sido rescatados por toda la ciudadanía sin ninguna contraprestación. ¡Ahora es el momento!

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca denunciamos que la situación de emergencia habitacional que se da en España es una anomalía, ya que se trata del país europeo con más desahucios y en el que existe más vivienda vacía. Asimismo, aprovecharemos para instar de nuevo a las instituciones europeas a actuar frente a la vulneración de derechos fundamentales que se dan en territorio europeo y cambiar las leyes y políticas de vivienda si quieren recuperar la confianza de la ciudadanía.

¡Sí Se Puede!

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Las entidades sociales publican datos sobre la efectividad de las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a nivel estatal

  • Los colectivos ven con preocupación la posibilidad de que las medidas decaigan a partir del 31 de diciembre y exigen que se prorroguen y se consoliden 

  • Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado como mínimo 1.000 desahucios en el año y  200.000 cortes de suministros en Cataluña desde el 2015

  • El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

Las entidades sociales presentamos por primera vez en castellano un informe con datos sobre la efectividad de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que se aprobó a raíz de la crisis del coronavirus en 2020, las cuales se prevé que decaigan a partir del 31 de diciembre -a menos que el gobierno decida aprobar una nueva prórroga. Por ejemplo, tan solo en 2021 se emitieron 15.311 informes sociales emitidos a efectos de aplicar la moratoria de desahucios en todo el Estado. A nivel catalán, estas medidas hasta ahora han evitado un 42,8% de los 9.398 desalojos que se notificaron aquel mismo año. Es por eso que, si bien estas moratorias han demostrado ser insuficientes, las entidades están sumamente preocupadas por las consecuencias que puede tener el levantamiento del veto en 2024 -desahucios y cortes generalizados- para aquellas familias que aún no han podido resolver su situación.

Estos datos han sido obtenidos a través de la Administración Pública y de 650 encuestas realizadas a personas afectadas por emergencia habitacional y pobreza energética, y forman parte del informe Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta elaborado por el Observatorio DESC -ahora DESCA-, Asociación internacional de Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE)  y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Si bien el foco se sitúa en la Ley 24/2015, (una norma impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESCA), también se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas tanto a nivel local, autonómico y estatal -incluyendo las moratorias- que se han ido consiguiendo hasta 2022, y el impacto de éstas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Este informe se publicó en catalán en 2022 y desde ahora ya está disponible en castellano

Aunque las entidades se reafirman en la -aún limitada- eficacia de estas leyes y medidas, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: en el caso de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministro todavía es difícil medir el impacto real por la falta de datos, ya que algunas Comunidades Autónomas no los han facilitado, y también el hecho de que muchas familias ignoraban sus derechos y no han podido acogerse a ella. Aun así, los testimonios de las afectadas y los hitos conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

Mujeres y niños, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética -y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mental -siguiendo la línea de trabajo del anterior informe- y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres mientras que los hombres apenas logran el 30%. Y si se mira con más detalle la composición de los hogares, el 32% están formadas por una pareja con hijos y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con hijos a cargo suyo. Así mismo, si bien hay un porcentaje elevado de personas en situación de paro, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, hecho que refuerza todavía más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En en cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que borde el 15% de niños y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven a hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada los meses de invierno y un 13,4% sufren atrasos en las facturas. Así mismo, de entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos a cargo, y el 27% están formadas por niños con un solo adulto, en este caso siempre una mujer. Así mismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho más elevados que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión media en población española). En relación a los niños, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho más elevada que los niños de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone no sólo prorrogar, sinó también consolidar las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad que a día de hoy son temporales -por la crisis de la covid y posteriormente mantenidas por la crisis de precios de la energía. Por la otra, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna -como la instalación de contadores sociales a los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona- y, sobre todo, a hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra quienes se nieguen a cumplirlas.

Porimpahrable

La PAH de Barcelona denunciamos el desahucio de una familia con menores que lleva casi 3 años en la Mesa de Emergencia

Hoy miembros de la PAH hemos acudido a la Oficina de Vivienda de Gràcia y a Servicios Sociales para presionar y que le den una alternativa digna a la familia

Irina, vecina del barrio del Coll, está pendiente de un lanzamiento el próximo 6 de octubre por impago del alquiler

Hoy la PAH de Barcelona hemos acudido a la Oficina de Vivienda de Gracia y a los Servicios Sociales de Vallcarca para acompañar a Irina, vecina del barrio del Coll, que está pendiente de un desahucio el próximo 6 de octubre por impago del alquiler. La familia, con dos menores a cargo, lleva más de dos años con el expediente aprobado para obtener un piso de la Mesa de Emergencia, pero éste nunca llega. Tanto desde Vivienda como desde Servicios Sociales hasta ahora han sido incapaces de ofrecerle una alternativa y, por tanto, si nada cambia, este viernes una familia con dos criaturas de 10 y 12 años acabará en la calle, lo que constituye una vulneración flagrante del derecho a una vivienda digna.

La historia de Irina se remonta al 2019, cuando dejó de pagar el alquiler porque, tanto ella como su marido, perdieron su trabajo en el sector de la hostelería, situación que se complicó aún más con la llegada de la pandemia a principios del 2020. Es por ello que ese mismo año tramitó la solicitud para pedir un piso de la Mesa de Emergencia que ha esperado hasta ahora. Mientras tanto, las órdenes de desahucio se han ido sucediendo, si bien, se han ido deteniendo hasta ahora, gracias a la moratoria antidesahucios.

Por lo tanto, exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que asuma el compromiso de no permitir que se expulse a Irina de su casa sin una alternativa habitacional digna. Es vergonzoso que un recurso que se supone de emergencia, como la Mesa, no sea capaz de dar un techo a una familia que lleva casi 3 años esperando. La Administración en general tiene la obligación de poner en marcha todos los mecanismos disponibles para evitar situaciones tan penosas como la que está viviendo esa familia. 

Por otro lado, desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas para que se movilicen de forma solidaria el próximo 6 de octubre frente a la calle Móra d’Ebre, 51 (hora por confirmar) para detener esta barbaridad y buscar una solución digna para Irina y su familia. ¡Estad atentas a nuestras redes, iremos publicando novedades del caso!

PorPAH_Bcn

Nada a celebrar y mucho trabajo por hacer: 174 desahucios ejecutados diariamente en el segundo trimestre de 2023 en España y 38.266 desahucios en 2022, según los datos del Consejo General del Poder Judicial

Hoy lunes 2 de octubre, como cada primer lunes de octubre, se celebra el Día Mundial del Hábitat, designado por las Naciones Unidas desde 1985 para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todas a una vivienda adecuada.

Desde la PAH ponemos de manifiesto que, lejos de erradicar la emergencia habitacional, se ha cronificado. Es urgente que las administraciones competentes en materia de vivienda, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y gobierno de España, desarrollen políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda a toda la ciudadanía. Cada una de ellas según sus competencias pero a la vez en colaboración entre sí. Ante situaciones excepcionales son necesarias soluciones novedosas e innovadoras que solo se conseguirán con medidas valientes, pensando en las personas y no en los grandes bancos y fondos de inversión.

Los datos son alarmantes y las medidas adoptadas son claramente insuficientes. ¿Cómo puede ser que con una moratoria estatal de desahucios se sigan desahuciando 174 familias diariamente? Nosotras nos lo preguntamos y sabemos la respuesta.

¿Cómo puede ser que en Cataluña no se multe ejemplarmente a fondos de inversión como Cerberus, Anticipa, por tomarse la Ley por su cuenta y desahuciar a familias cuando deberían ofrecerles alquileres sociales? ¿Por qué la Generalitat no está exprimiendo en todo su potencial las herramientas que tienen para evitar desahucios?

¿Cómo puede ser que en Barcelona se quiera derogar una medida que suma pisos tan necesarios al parque público, como es el famoso 30%, en vez de potenciarlo? ¿Cómo puede ser que tengamos gente malviviendo en pensiones que cuestan unos 3000€ al mes, en vez de buscar acuerdos con la propiedad y aplicando la Ley 24/2015?

Claramente, nos demuestran que estas administraciones no son bastante valientes, son ninguneadas por bancos y fondos de inversión que consideran la vivienda como un bien de mercado en vez de como un derecho; y lo más grave, están dando la espalda a la ciudadanía, negándose a asumir ningún tipo de responsabilidad.

Estos son solo algunos de los graves problemas habitacionales contra los que nos enfrentamos diariamente en nuestras asambleas, pero hay muchos más. Desde la PAH tenemos unas demandas muy claras para revertir esta situación, que hemos trasladado, tanto al Ayuntamiento de Barcelona como a la Generalitat de Cataluña, una vez recuperada íntegramente la Ley 24/2015 el pasado mes de febrero de 2022. Así como también trasladamos al Gobierno de España y a Pedro Sánchez una propuesta de Ley vivienda de la ciudadanía, junto con las ‘Propuestas de la PAH para abordar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional’ del 2019, plenamente vigente, antes de que se aprobara el pasado mes de mayo la primera Ley de vivienda estatal que dista un mundo de las demandas que llevaba la ciudadanía.

Mientras esta grave situación de emergencia habitacional la sufren las familias diariamente, las respuestas de las administraciones competentes están siendo totalmente insuficientes. Desde la PAH tenemos claro que es cuestión de voluntad política. Es necesario que nuestros políticos, que hemos elegido democráticamente, estén del lado de la ciudadanía, sobre todo de aquellas familias más vulnerables. Y mientras esto no sea así, nos encontrarán de frente. 

Los datos oficiales, como los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), marcan una nefasta realidad, pero no es la única. Existe una realidad verde, de pulso continuo frente a los lobbies económicos. Somos miles de personas parando desahucios cada día y autotutelando nuestros derechos. ¡Sabemos que sí se puede! Porque hemos hecho posible lo imposible miles de veces, arrancando daciones en pago, cambiando leyes y recuperándolas, conquistando el 30% de nuevas promociones para que se destinen a vivienda asequible, consiguiendo alquileres sociales, recuperando viviendas en manos de fondos buitre, y centenares de victorias más. 

Y sobre todo, hemos sido capaces de generar  un movimiento ciudadano de cuidados, de solidaridad y de defensa de derechos humanos, que por mucho que algunos partidos políticos y banksters nos hayan querido eliminar, aquí estamos, vivas y guerreras, para hacer cumplir el art. 47 de la Constitución Española y el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, hoy celebramos el Día Mundial del Hábitat, para que frente a cualquier vulneración de este derecho nos levantemos y organicemos para que nuestros derechos en materia de vivienda estén garantizados. Desde la PAH no vamos a permitir que estos se vulneren, y vamos a seguir luchando para defenderlos, como venimos haciendo desde hace más de 14 años. Porque sabemos que somos muchas, que estamos organizadas y que ¡Sí Se Puede!



PorPAH_Bcn

¡¡Es necesario que detengamos un nuevo ataque al 30% de vivienda protegida en Barcelona!!

Denunciamos una nueva maniobra contra el derecho a la vivienda por parte de los lobbies y sus representantes, Collboni y Trias, en el Pleno del Ayuntamiento

Hoy por la mañana se han presentado dos proposiciones de Junts y PP sobre el 30% de vivienda protegida en suelo urbano consolidado, en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.

La de Junts propone, bajo el cínico pretexto de trabajar por la vivienda digna y camuflada entre otras medidas de vivienda, modificar el 30% para pasar a monetizarla, reducir porcentajes de aportación de VPO por parte de los privados o trasladarlo a localizaciones menos céntricas. Además, Junts defiende acordarlo con la Asociación de Promotores, la Cámara de la Propiedad, el Colegio de Arquitectos y otros agentes, olvidando casualmente (!) a las entidades y movimientos sociales que impulsamos la medida, consiguiendo su aprobación en 2018.

El PP propone directamente derogar al 30%. Ninguna sorpresa: los «amigos de los lobbies» atacan de nuevo el 30%, demostrando que les importan más los intereses de los grandes poderes económicos que el derecho a la vivienda de las barcelonesas.

¿Es casualidad que esta proposición se vote la semana que los fondos buitre de todo el mundo se reúnen en la ciudad en el congreso «The District» y cuando comienza un nuevo macroevento que subirá precios de los alquileres y expulsará a vecinas, como la Copa América de Vela? ¿Cómo se puede renunciar a ganar vivienda protegida en los edificios rehabilitados y en las nuevas promociones en los barrios céntricos con alquileres imposibles y gentrificados, cuando la ciudad necesita urgentemente vivienda asequible? La respuesta es clara: Collboni y Trias defienden sin tapujos la «alfombra roja» a los grandes poderes, por encima de la vida digna de las vecinas.

Antes de elecciones, ya denunciamos, por inaceptable, oportunista y clasista, la propuesta del actual alcalde Collboni en la misma línea y hoy ha recibido la ayuda de Junts para dar por hecho que no es necesario cumplir el 30% porque lo recortarán en breve.

De momento, la «proposición anti 30%» y «en favor de la especulación», que hoy han votado Collboni, Trias, PP y la ultraderecha, es una declaración de intenciones y no modifica el Plan General Metropolitano, trámite que deberían hacer para modificar la medida. Votando a favor de la propuesta de Junts, el PSC se ha alineado con la derecha y en contra del derecho a la vivienda. Han votado en contra, coincidiendo con la posición de las entidades sociales promotoras, ERC y Barcelona en Comú.

Las entidades sociales hemos entendido el mensaje y advertimos a quienes pisotean el derecho a la vivienda, que defenderemos el 30% y denunciaremos a quien pretenda gobernar para quienes se lucran a costa de los derechos de todas las barcelonesas, destruyendo los barrios, desahuciando y expulsando a las vecinas.

Por el derecho a la vivienda y contra la especulación: ¡¡defendamos el 30%!!

 

Grupo Promotor del 30% en Barcelona 

Sindicat de Llogateres, Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH), Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Observatori DESC.