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PorPAH_Bcn

Hay vidas en juego: exigimos una respuesta inmediata a la petición de reuniones con los Presidentes Quim Torra y Pedro Sánchez para recuperar la Ley 24/2015

Hacemos un llamamiento a entidades y Ayuntamientos para unirse a la petición a Pedro Sánchez para que retire el recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre la Ley.

Desde el Grupo Promotor de la ILP Habitatge, tenemos muy claro que con los nuevos gobiernos liderados por Pedro Sánchez y Quim Torra, tenemos una oportunidad de recuperar la Ley 24/2015, la ley más garantista en materia de vivienda y pobreza energética de todo el Estado español y de Europa.

Esta ley es fruto de una ILP impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca [La PAH], la Alianza Contra la Pobreza Energética [APE] y el Observatorio DESC, a pesar de haber sido aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, muchos de sus artículos están suspendidos debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno del Partido Popular.  Hablamos de las medidas para extinguir las deudas de por vida, del alquiler para parar los desahuicios de hipoteca y de alquiler de bancos y grandes propietarios, y de los mecanismos para obligar a la banca a poner en alquiler social sus pisos vacíos.Todo un acto de favor a la banca, hecho sin ningún tipo de remordimiento ni empatía, condenando a centenares de miles de familias a vivir en la calle. Un golpe de estado más, que dejó a las familias sin soluciones y a los Ayuntamientos catalanes sin herramientas eficaces para combatir la emergencia habitacional.

Con los cambios de gobierno que se han producido, tanto en el Estado español como en Cataluña, y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con esta ley por los partidos que los lideran, tenemos muy claro que el levantamiento del recurso de inconstitucionalidad tiene que ser una prioridad en las agendas de ambos gobiernos. 

Por este motivo llevamos semanas interpelándolos, primero con una carta a Quim Torra y después a Pedro Sánchez, con la intención de poner la recuperación de la Ley 24/2015 como prioridad urgente en su agenda. A los dos les hemos pedido una reunión urgente y una respuesta pública que aún no ha llegado.

Las últimas semanas, también nos hemos reunido con los grupos parlamentarios, tanto en Cataluña como en el Congreso, para reafirmar el compromiso adquirido con la Ley 24/2015, tanto en el momento en que votaron a favor de hacerla efectiva, ahora hará tres años, como cuando la amenaza de recurso planeaba sobre nuestra ley y todos los partidos, destacadamente el PSOE, firmaron un compromiso de desistir y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de formar Gobierno. Ahora ha llegado la hora de cumplir el compromiso y mostrar la palabra y altura política del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Igual que en el momento d’aprobarla, ahora necesitamos de nuevo, más apoyo social que nunca: por este motivo, queremos hacer un llamamiento para que las entidades que durante todo el proceso de impulso la ILP Habitage estuvieron apoyando, y a los Ayuntamientos que durante los 9 meses que la ley estuvo en vigor y vieron cómo era una herramienta efectiva, a que apoyen, pública e inequivocamente, esta campaña y se sumen a pedir el levantamiento del recurso de inconstitucionalidad. 

Queremos recordar al gobierno de Pedro Sánchez y de Quim Torra que estamos hablando de situaciones de emergencia, más de 31.000 desahucios entre 2016 y 2018 en Cataluña, que requieren una respuesta inmediata por parte de sus gobiernos; y el gesto más claro e inequívoco hacia dar una solución a las situaciones de emergencia habitacional que están sufriendo las familias, es retirar el recurso de inconstitucionalidad que pesa sobre la Ley 24/2015.

Reiteramos la urgencia de reunirnos con ambos gobiernos antes de que acabe el mes de julio y pedimos una fecha para la próxima semana, si no se posible con los presidentes, con quien ellos deleguen, para dar una respuesta clara a nuestra petición. 

Es esencial que la sociedad civil y el mundo municipal hagamos frente común para defender la única ley que ha dado respuesta a la situación de emergencia habitacional que sufrimos, garantizando el cumplimento de la normativa internacional en materia de derechos fundamentales, el artículo 47 de la Constitución Española y la Ley del Dereccho a la Vivienda catalana:todas tenemos  derecho a una vivienda digna.

#RecuperemLa24

Formulario de adhesiones 

PorPAH_Bcn

STOP MOBBING: ¡Paremos el acoso inmobiliario!

Hoy queremos comunicar una buena noticia: la violencia inmobiliaria, el mobbing, el acoso inmobiliario, no volverán a actuar con impunidad nunca más en la ciudad de Barcelona. Hoy queremos comenzar un camino, una vía para denunciar directamente todos aquellos abusos que se cometen en nuestra ciudad cada día, cuando especuladores, grandes propiedades, administradores de fincas y fondos buitre actúan de manera deliberadamente nociva contra las personas inquilinas que habitan sus hogares, algunas veces incluso utilizando la violencia, degradando sus condiciones de vida para conseguir, sea como fuere, su objetivo: forzarlos a abandonar la vivienda.

El mobbing o acoso inmobiliario es una pieza clave en la operativa de las expulsiones de vecinas. La avidez de los grandes operadores inmobiliarios no tiene bastante con una ley de arrendamientos urbanos “hecha a medida” para subir precios y no renovar cada tres años, aumentando el margen de beneficios a expensas de la vida de las personas. Para vaciar todavía más rápido los edificios: mobbing. Para venderlos antes al mejor postor “sin inquilinas”: mobbing. Para rehabilitar y hacer pisos de lujo o alojamientos turísticos: mobbing. El acoso inmobiliario, infligido en múltiples formas como una tortura, más rápida o más lenta, recae primero sobre las inquilinas con contratos de 3 años y después ataca a las vecinas de contratos indefinidos. Habitualmente afecta a edificios enteros, pero no solamente, también a inquilinas solas porque el resto de la escalera ya son oficinas o pisos turísticos. El acoso, por lo tanto, no es un fenómeno extraño, aislado, ni poco frecuente. Forma parte de una estrategia por parte de la propiedad para obtener beneficios a expensas del derecho a una vivienda digna de las vecinas inquilinas de la ciudad.

Para dar respuesta al acoso inmobiliario hoy presentamos en primicia, una denuncia administrativa para poder actuar y multar a los responsables del acoso inmobiliario. Una herramienta para defender el derecho a la vivienda de las vecinas y vecinos de nuestras ciudades y barrios.

No nos estamos inventando nada: la Ley del derecho a la vivienda de Cataluña, aprobada en 2007, dice muy claramente que el acoso inmobiliario es una discriminación en el acceso a la vivienda. El artículo 45 dice literalmente que acoso es «toda actuación u omisión con abuso de derecho que tenga por objetivo perturbar a la persona asediada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda». Además, la Ley entiende que cometer acoso es una infracción muy grave que puede comportar multas de 90.000 a 500.000 euros en el caso de Barcelona. 

Esta medida es aplicable por parte de todos los municipios catalanes y por la Generalitat desde hace 10 años, pero no se ha utilizado todavía. Del mismo modo que pasó con las multas a las viviendas vacías de bancos, no fue hasta que la sociedad civil lo puso sobre la mesa, que se utilizó. Es importante saber que, según la Ley de vivienda, el acoso inmobiliario, es ilegal y las administraciones tienen la obligación de actuar para pararlo. No pueden seguir mirando hacia otro lado con pasividad; se tendría que haber actuado hace tiempo con contundencia.

El acoso inmobiliario no es algo nuevo: hace tiempo que lo sufrimos y denunciamos. Barcelona ha visto un montón de luchas de denuncia de la especulación feroz, la violencia inmobiliaria, la gentrificación de los barrios y la vulneración sistemática diaria del derecho a la vivienda. En este momento hay más grupos que nunca defendiendo el derecho a la vivienda y a la ciudad de las vecinas de Barcelona.

Esta nueva herramienta nace con la voluntad de aportar y de sumarse a todas las luchas que nos preceden y que están activas hoy en la ciudad. Por este motivo no solo hacemos las primeras denuncias y anunciamos que vendrán más que ya estamos preparando, sino que ponemos la herramienta al servicio de quien la quiera usar. Animamos a todas las personas que están sufriendo mobbing a que se acerquen a los grupos de vivienda y vecinales de la ciudad para usar el modelo de denuncia que ponemos desde hoy al servicio de todas ellas y de la defensa del derecho a la vivienda.

Las organizaciones convocantes, la PAH de Barcelona, el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinos, queremos lanzar un mensaje en tres direcciones: 

  • A las vecinas que están sufriendo acoso: les hacemos llegar toda nuestra solidaridad y apoyo. Les queremos decir que “no están solas”, que el acoso es ilegal y que tienen una nueva herramienta importante para defenderse. 
  • Al Ayuntamiento de Barcelona y al resto de municipios: tenéis la obligación de defender a las inquilinas que habitan la ciudad, y de perseguir y usar todo el peso de la ley para sofocar todos y cada uno de los casos de acoso inmobiliario. Poned recursos y tiempos. Haced cumplir la ley. Hay que parar el acoso inmobiliario.
  • Y en especial, queremos mandar un mensaje alto y claro a los responsables del acoso inmobiliario. A los grandes operadores, SOCIMIS o fondos buitre, propietarios y administradores de fincas: a partir de ahora ya no podréis seguir actuando de forma impune vulnerando los derechos de los inquilinos/as y saltándoos una ley que protege el derecho a la vivienda, atacando la dignidad y seguridad de las vecinas. Sabemos que los responsables tan solo reaccionan cuando se les denuncia públicamente y que solo entienden el lenguaje “del dinero”, motivo por el cual denunciaremos sin excepciones y exigiremos multas contra todos los casos de mobbing.

Hoy ponemos las primeras denuncias y esperamos resultados reales. Pondremos más y trabajaremos para extenderlas por todas partes. Estaremos vigilantes para denunciar a los responsables de mobbing hasta conseguir erradicar el acoso inmobiliario de nuestros barrios y ciudades.

¡Stop mobbing! ¡Paremos el acoso inmobiliario!

DESCARGA EL DOCUMENTO DE DENUNCIA

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STOP MOBBING: Aturem l’assetjament immobiliari!
PorPAH_Bcn

Contra la especulación QUEREMOS EL 30%

La ciudad de Barcelona tiene en la mano la posibilidad de aumentar el parque de vivienda asequible con 400 pisos el año, si se hace realidad la propuesta puesta en marcha desde la sociedad civil de reservar el 30% de nuevas construcciones y rehabilitaciones integrales para vivienda de protección oficial (VPO). En un contexto de burbuja de alquiler, encarecimiento de los precios de la vivienda y de contratos precarios, Barcelona dispone solamente de un 1,6% de vivienda pública, muy lejos de ciudades europeas como Londres (23%), Berlín (30%) o París (20%).

La vivienda, derecho humano básico para una vida digna, es en la actualidad un negocio muy lucrativo. Nuestra propuesta pretende que, aquellos que se dedican al negocio inmobiliario, destinen un 30% de sus promociones de más de 600 m2 a viviendas a precio asequible. De este modo, más personas en la ciudad podrán asumir el coste de acceder a una vivienda, de forma distribuida por toda la ciudad, como sucede por ejemplo en París o Nueva York. Hasta un 75% de la población de Barcelona es susceptible de acceder a HPO. Es una medida pensada para el conjunto de las barcelonesas. El 30% de vivenda protegida se podría aplicar en toda Catalunya y es una herramienta nueva en el urbanismo para limitar la especulación urbana y aumentar el parque de vivenda asequible.

Esta medida se aprobó al pleno del Ayuntamiento de Barcelona el 23 de febrero de 2018, y ahora se tiene que traer a la práctica. Se trata de una propuesta impulsada por la ciudadanía organizada: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH), el Sindicato de Locatarios (SLL), la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) y el Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ODESC).

La aprobación inicial de la medida del 30%, el mes de junio, es un primer éxito. Hay que continuar luchando hasta conseguir la definitiva. Para superar las lógicas partidistas y la presión del sector de la construcción, queremos extender la propuesta a toda la ciudad, empezando por las entidades y colectivos sociales. Entre todas tenemos que hacer entender que, en medio de la actual situación de emergencia habitacional en Barcelona, todas las iniciativas sociales dirigidas a superarla son necesarias. Como la lucha diaria contra los desahucios, parar las subastas de vivienda o conquistar más derechos para los locatarios, el aumento del parque de vivienda pública, protegida y asequible tiene que ser una lucha compartida. Estamos ante una ocasión histórica para corresponsabilizar el sector privado y no la dejaremos pasar.

Cada día son más las que se adhieren a este manifiesto, ¿y tú? ¿Ya lo has hecho?

Hazlo aquí

El Grupo Promotor os invitamos, a todas las que compartimos la lucha por el derecho a la vivienda, a un encuentro con otros movimientos afines que tendrá lugar el próximo martes 17 de julio a las 19h a la Ágora Juan Andrés Benítez. Más info aquí

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COLLECTIVOS ADHERIDOS

AAUP arquitectes
ABTS
Antoni Santos Renom
Apropem-nos
ASiA- Assoc Salut i Agroecologia
ASiA-Associació Salut i Agroecologia
Asociació de Veïns Sagrada Familia
Assemblea 15-M Sarrià – Sant Gervasi
Assemblea d’aturades de Nou Barris
Assemblea d’Aturats/es Bcn
Associació acció iniciatives socials
Associació de Veïnes i Veïns de La Satalia
Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat
Associació de Veïnes i Veïns del barri de Porta
Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa
Associaciò de veïns del barri de Sant Antoni
Associació de Veïns del Raval
associació de veïns i veïnes del Barri Gòtic
Associació de Veïns i Veïnes d’Horta
Associació de veïns i veïnes Joan Maragall del Guinardó
Associació de veïns i veïnes Sagrada Família
Associació de Veïns Sant Ramon
Associació de Venïns del Maresme
Associació Entrepobles
Associació Veïnal Vila de Gràcia
Associació Veïns de l’Ostia
Associacio Veins Prosperitat
Assosiaciò de Veïns i Veïnes el Besòs
AVV de la Dreta de l’Eixample
AVV de la Sagrera
AVV de La Satalia
Centre Social de Sants
CICLO Coordinadora de Sindicatos y Movimientos Sociales
Ciutat Vella No Està en Venta
Col·lectiu Punt 6
Comissió d’Habitatge de la Barceloneta
Consell d’Associacions de Barcelona
Constituents per la Ruptura
Ecologistes en Acció Catalunya
ECOM
EnClau d’Espais Integrals SCCL
Escuela Mediterráneo
Fem Sant Antoni
Fundació Foment de l’Habitatge Social
Gént Grant 15M
Grup d’habitatge del Casc Antic
IAC Catac Bdn
La Barceloneta diu Prou
La Dinamo Fundació
Lluita Internacionalista
Marxa de la Dignitat Catalunya
Observatori guinardó-can baró
Oficina de Vida Independent
P.A.C. Mataró (Plataforma d’Afectats per la Crisi)
Plataforma Gràcia, cap a on vas?
Plataforma Sant Roc som Badalona
Plataforma veïnal Som Paral·lel
Podem Catalunya
PrC
Proces constituent
Resistim al Gòtic
Salvem les Drassanes
Sindicat de comissions de base
Straddle3 Constructors SL
Voltes Arquitectes

 

PorPAH_Bcn

La presión de la PAH ha conseguido arrancar al Consorcio de vivienda medidas claras para solucionar el problema de la Mesa de emergencia

¡La tercera es la buena!

Gracias a la acción que PAH Barcelona hicimos a principios de abril para denunciar la ineficacia de la Mesa de emergencia y presionar para arrancar soluciones para las 360 familias que a estas alturas tienen un piso adjudicado, pero están sufriendo un desahucio detrás de otro por culpa de la falta de vivienda pública.

La Mesa de emergencia está gestionada por la Comisión Permanente del Consorcio de Vivienda formado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, es el único mecanismo que tienen las familias que sufren un desahucio, para garantizarles un alojamiento, pero a estas alturas no funciona, tiene una lista de espera de más de un año y mientras, las familias se ven volcadas en un círculo vicioso de desahucios, con los graves efectos que este proceso tiene sobre la salud de todos los miembros de la unidad familiar.

A raíz de esta acción hemos mantenido, con la de hoy, tres reuniones para exigir un plan de choque que garantizara el fin de la lista de espera de aquí a finales de año. Han sido tres meses de excusas y declaraciones de intenciones sin concretar nada, mientras aumentaban los desahucios y el colapso de la Mesa de emergencia.

Hoy por fin han puesto sobre la mesa medidas concretas, en las que la Generalitat se ha comprometido a:

  • Ceder 4 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 3 años, que servirán para conseguir 100 viviendas.
  • Abrir una nueva línea de crédito para financiar la compra, con tanteo y retracto, de pisos de la banca, que garantizará 400 viviendas de aquí a finales de año para cubrir la lista de espera de la Mesa de emergencia.

Estas medidas son buenas noticias que dan nuevas herramientas para garantizar el derecho a la vivienda de las familias desahuciadas, a pesar de que desde la PAH no podemos ver con buenos ojos que se vuelvan a repagar los pisos vacíos de la banca, pero reconocemos que así también se frenará la venta frenética de estas viviendas a fondos de inversión.

Celebramos más, el compromiso arrancado por parte del Consorcio para defender la recuperación de la Ley 24/2015, una ley que fuerza a los bancos y fondos buitre a realojar y dar alquileres sociales en sus viviendas, para las familias en exclusión residencial.

Una vez más, hoy ha quedado demostrado que es la sociedad civil quien lidera la defensa de nuestros derechos cuando las administraciones miran hacia otro lado, con presión social y soluciones claras y concretas. Hoy ha estado la Mesa de emergencia frente a la carencia de vivienda. Recordamos que en este sentido también estamos trabajando junto con el Sindicato de inquilinos, la ABTS, la FAVB y el Observatorio DESC para hacer efectiva lo antes posible, la primera medida de la moción que presentamos en febrero, para obligar al sector privado a ceder el 30% de todos los edificios de nueva construcción y rehabilitaciones integrales, una medida que de hacerse efectiva también ampliará el parque público de vivienda de protección oficial en Barcelona.

¡Seguimos demostrando que sí se puede y que donde falta voluntad política está la voluntad de la PAH!

PorPAH_Bcn

Carta a Pedro Sánchez

Interpelamos al Presidente Pedro Sánchez con una carta para que retire el recurso, interpuesto por el PP, que tiene suspendidos algunos artículos de la Ley 24/2015

Julio de 2015, siendo aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, nace la Ley 24/2015, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social -cerca de 150.000 firmas-, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC).

Mayo de 2016, el Partido Popular no ve constitucional que la banca y grandes propietarios de vivienda se corresponsabilicen en garantizar los derechos de las familias y opta, una vez más, por secuestrar los derechos más fundamentales presentando el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016, provocando la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores.

Esta suspensión nos privó de herramientas que garantizaban una segunda oportunidad a las familias. Durante los meses que la Ley 24/2015 estuvo plenamente vigente paró miles de desahucios, corresponsabilizó a los grandes propietarios asegurando realojos adecuados cediendo su vivienda vacía; y la parte de pobreza energética, que no se tocó, continúa en estos momentos, parando miles de cortes de suministro. La efectividad de esta ley, está avalada por los Ayuntamientos catalanes, las profesionales de los servicios sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.

Desde la suspensión de la Ley 24/2015, la emergencia habitacional, lejos de reducirse, no ha hecho más que aumentar. En Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acumulan casos con esperas de más de 6 meses, ante la carencia de vivienda con un parque público que no llega al 2%. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses

En relación con la pobreza energética, a pesar de la vigencia de esta parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, a la vez que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y se resisten a asumir su responsabilidad negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.

Debido a la suspensión de herramientas legislativas para hacer frente a la realidad que sufrimos, continúan habiendo vidas en juego, como demuestran la muerte de Rosa de Reus después de que Gas Natural le cortara la luz, contraviniendo la Ley 24/2015; o recientemente la muerte de Jordi en Cornellà, que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone, estando en situación de exclusión residencial. Dos muertes que se podrían haber evitado.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez puede retirar el recurso del PP contra nuestra Ley 24/2015. Por eso, hoy hacemos pública una carta dirigida al actual presidente del Estado español, para que la recupere con carácter de urgencia, tal como se comprometió el PSOE en el documento que firmaron el 20 de abril de 2016, cuando la amenaza de recurso planeaba sobre nuestra ley y fuimos al Congreso a presionar a todos los partidos. Un documento firmado de puño y letra por la responsable de vivienda Mar Rominguera, cuando Pedro Sánchez era líder del grupo parlamentario socialista, donde se comprometían a:

  • Defender públicamente la Ley 24/2015 y la necesidad de esta para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética.
  • Desistir y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo.
  • Ampliar los derechos que la Ley 24/2015 otorga al resto del Estado, con la aprobación de la Ley de Vivienda de la PAH y retirando todos los recursos contra leyes de emergencia habitacional.

La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular y Mariano Rajoy, por lo cual es imprescindible recuperarla. Existen numerosos precedentes en los cuales un cambio de Gobierno ha significado la retirada de recursos interpuestos contra leyes socialmente destacadas.

El mismo PSOE, bajo la Presidencia del Sr. Zapatero, desistió de como mínimo 21 recursos contra leyes de Andalucía, Aragón, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura impulsados por el Partido Popular, la mayoría de estas de materias sociales, como la educación, la sanidad exterior y su ordenación, el derecho civil y la regulación de la adopción por parte de parejas de hecho.

Frente a la emergencia habitacional, desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.

El pasado viernes interpelamos el Presidente Quim Torra con una carta para que pusiera prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley, puesto que parece que su intención y la del Gobierno catalán es enterrar nuestra ley y quedarse con la 4/2016, creada para cubrir el vacío dejado con la suspensión de la 24/2015, pero mucho menos garantista y que también está suspendida.

Hoy es el turno de hacer lo mismo con Pedro Sánchez, que es quien realmente tiene la capacidad de recuperar la Ley 24/2015, demostrando su altura política y dando un paso adelante en la conquista del derecho a la vivienda, pasando de las palabras a los hechos.

¡Recuperamos la Ley 24/2015! Hoy es posible y solo hace falta voluntad política. 

#CartaASanchez #RecuperemLa24

 

PorPAH_Bcn

Recuperar la Ley 24/2015 ahora es posible

Frente a la emergencia habitacional es urgente retirar el recurso que mantiene en suspensión algunos artículos de la ley más garantista de Europa en materia de vivienda.

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC), impulsamos una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Habitatge de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que recibió un gran apoyo social -cerca de 150.000 firmas- y fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015. ¡Había nacido la Ley 24/2015! Una ley que quería garantizar una segunda oportunidad a las familias, que paró miles de desahucios, que corresponsabilizaba a la banca y a los grandes propietarios, que asegura realojos adecuados y para, a día de hoy, miles de cortes de suministro. Nos consta que así lo consideran también los Ayuntamientos catalanes, las profesionales de los servicios sociales, las entidades del tercer sector y el resto de territorios que siguieron su estela aprobando leyes autonómicas similares.

Desgraciadamente el Gobierno del PP decidió, una vez más, actuar en contra de los derechos fundamentales y en mayo de 2016 interpuso el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016. Esto supuso la suspensión de las medidas urgentes de vivienda que implicaban a las entidades financieras y a los grandes tenedores. Pero lo cierto es que nuestra Ley no es inconstitucional, al contrario, es la garantía del cumplimiento del artículo 47 de la Constitución y de la Declaración de los Derechos Humanos.

A estas alturas, en Cataluña continúa habiendo diariamente 43 desahucios, el 65% de los cuales son de alquiler, siguen los de hipoteca y aumentan los de familias que acceden precariamente a viviendas vacías. Los bancos y grandes tenedores de vivienda no garantizan realojo ni ofrecen alquileres sociales, mientras sufrimos una grave carencia de parque público de vivienda para combatir la emergencia, como demuestra la ineficacia de las Mesas de Emergencia, que no cumplen su función y acumulan casos con esperas de más de 6 meses. Tan solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de 9 meses. El parque público de vivienda no llega al 2% y la movilización de vivienda social ha sido muy por debajo de las necesidades de la población catalana.

En relación con la pobreza energética, a pesar de la vigencia de parte de la Ley 24/2015, se continúan produciendo cortes, al mismo tiempo que las suministradoras asedian a las familias vulnerables para cobrar la deuda acumulada y siguen sin asumir su responsabilidad, negándose a hacerse cargo de la deuda acumulada de las familias más vulnerables.

Esta carencia de herramientas legislativas choca lamentablemente con la realidad, porque más que nunca hay vidas en juego: la muerte de Rosa en Reus, después de que Gas Natural le cortara la luz contraviniendo la Ley 24/2015, o recientemente la muerte de Jordi, un vecino de Cornellà que no podía hacer frente a su alquiler y se suicidó cuando la comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone. No son casos aislados y se podrían haber evitado.

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015, estamos convencidas de que ha llegado la hora, aprovechando los últimos cambios de Gobierno, de retirar el recurso a la única ley que garantiza el derecho a una vivienda digna a día de hoy.

Por eso, hoy interpelamos al Presidente Quim Torra con una carta [link: carta] para que ponga prioritariamente en su agenda recuperar nuestra ley.

Cataluña no puede continuar liderando el vergonzoso ranking de los desahucios, tiene que liderar el ranking de la conquista de los derechos sociales para todo el mundo. Cataluña ha sido pionera en la legislación contra la emergencia habitacional. La Ley 24/2015 es el principal exponente.

Esperamos una respuesta pública a esta carta, así como un encuentro para trasladarle la voz de las familias, antes de su reunión con el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

¡Recuperamos la Ley 24/2015! ¡Se puede! Solo es cuestión de voluntad política.

#CartaATorra #RecuperemLa24 #AvuiEsPot

Descarga aquí la carta

PorPAH_Bcn

Aprobada la obligación de dedicar el 30% de los nuevos pisos o grandes rehabilitaciones vivienda social en la ciudad de Barcelona

El liderazgo y la fuerza de movimientos sociales y entidades consigue que se active esta medida por primera vez en Cataluña

Hoy es un día histórico para Barcelona y por el derecho a la vivienda. La moción para ampliar el parque de vivienda asequible de la ciudad ha dado un paso importante para que se aplique la primera medida contemplada y una de las más importantes: que las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones tengan que destinar un 30% a vivienda asequible.

Hoy lunes 18 de junio, la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad ha votado la modificación del Plano General Metropolitano que tiene que hacer posible que esta medida se aplique de forma real. Sin la aprobación inicial a la que han  dado apoyo los grupos municipales de Barcelona en Comú (BeC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Partido Socialista de Cataluña (PSC) y la CUP Capgirem Barcelona, la medida hubiera quedado directamente descartada y no se hubiera aplicado nunca. El posicionamiento del Grupo Municipal Demócrata, Ciutadans (C’s), y del Regidor no adscrito de Demócratas de Cataluña ha sido la abstención. El PP ha sido de nuevo el único que ha votado en contra.

Este importante hito no habría sido posible sin la fuerza de la sociedad civil barcelonesa que lucha diariamente para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad, en esta ocasión a través del Grupo Promotor de la Moción “Lloguer Públic Bcn“, formado por una amplia coalición de entidades con reconocida trayectoria en la defensa del derecho a la vivienda: la PAH de Barcelona (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el Observatori DESC, la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona), la ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible) y el Sindicat de Llogaters Llogateres.

Es esta coalición la que puso, por primera vez en la agenda, la necesidad de implicar a los promotores inmobiliarios para aumentar el parque público de vivienda en Barcelona en medio de una cruenta emergencia habitacional. Ha sido esta coalición la que ha liderado el proceso desde el principio y ha hecho presión para que los grupos municipales tomaran conciencia de que es necesario emprender medidas inmediatas para aumentar el parque público de vivienda que actualmente no supera el 1,5%, muy lejos de la media europea (alrededor del 20%).

En este proceso de más de 4 meses, las entidades sociales hemos aportado propuestas técnicas y fórmulas jurídicas que hemos compartido con todos y cada uno de los grupos municipales en un espacio de trabajo conjunto, para conseguir un amplio consenso respecto al fondo de la medida y para evitar batallas entre partidos. Este grupo, donde participan todas las formaciones políticas, se ha reunido hasta tres veces en el último mes y la información ha estado siempre al alcance de todos ellos de forma transparente. 

A pesar de que no aparecía en la moción original que presentamos y se aprobó en el Pleno el pasado 23 de febrero, la posibilidad de activar una suspensión de las licencias hasta la aprobación definitiva, era un elemento importante para evitar que algunos operadores esquiven la obligación pidiéndolas antes de la misma. No obstante, los grupos de ERC y el PSC la rechazaban, de forma que la mayoría simple necesaria para aprobar la propuesta no era viable. Ante esta negativa, desde el Grupo Promotor hemos valorado que era más importante  poder activar la medida del 30% el mes de septiembre con su aprobación final, que no acabar con un bloqueo a su aprobación inicial. Las entidades promotoras hemos entendido que la aplicación de estas medidas era prioritaria , y no queríamos que los vecinos y vecinas vieran rechazadas sus reclamaciones.

En consecuencia, desde el Grupo Promotor hemos exigido que la aprobación definitiva sea en septiembre y en los términos que presentamos en la moción (porcentaje del 30% en edificaciones de más de 600 m2), motivo por el cual hemos pedido a los partidos políticos favorables que firmen el compromiso que lo recoge. Hasta ahora, Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya lo han firmado. Exigimos al resto de partidos que se comprometan con urgencia.

En los últimos días, algunos de los lobbies más poderosos del sector inmobiliario -lejos de asumir responsabilidades- han activado fuertes presiones que atendían a sus intereses privados y no al interés general. Lo han hecho en base a falacias y miedos infundados, sin considerar los informes que hemos ido presentando. Ha sido el trabajo de las organizaciones ciudadanas hasta el último minuto lo que ha permitido obtener una mayoría absoluta, por encima de la mayoría simple necesaria para aprobar la medida.

Ahora bien, a partir de hoy será más importante que nunca el apoyo de la sociedad civil, asociaciones vecinales, entidades del tercer sector social y sindicatos para conseguir una aprobación definitiva de la medida lo antes posible. La modificación del planeamiento que hoy se ha aprobado por primera vez entra ahora en el período de alegaciones previas a su aprobación definitiva el mes de septiembre. Durante estos meses, promotoras e inmobiliarias se volverán a movilizar para presionar a todos los grupos políticos. Será absolutamente imprescindible construir una coalición vecinal y ciudadana muy robusta para fiscalizar a los partidos, ganar el pulso a los lobbies y asegurar que los grupos políticos obedecen al vecindario garantizando el derecho a la vivienda. 

Hoy damos el primer paso importante en una medida histórica, que ya existe en otros países pero que en el caso de Cataluña se aplicará por primera vez en Barcelona. Es el principio de un cambio que hay que extender a todos los municipios de Cataluña.

Celebramos esta victoria de la ciudadanía organizada. No permitiremos que, fruto de presiones de los poderes económicos y de batallas partidistas, se eche por la borda una oportunidad histórica para hacer real el derecho a la vivienda.

#VotacióHabitatgePúblic

PorPAH_Bcn

Lo llamarán como quieran pero lo sucedido en Cornellá ha sido un asesinato

La mañana del 14 de junio de 2018 la prensa se hacía eco de una nueva vida arrebatada por un sistema criminal promovido por la banca.

Un hombre de 45 años ha muerto a manos del sistema bancario y de la legislación criminal en materia de vivienda de este país. Iba a ser desahuciado porque no podía hacer frente al pago del alquiler de su vivienda al Banco Popular. Una vivienda recientemente adquirida por el fondo buitre Blackstone. Precisamente, este indignarte suceso ha ocurrido el mismo día que la PAH arrancábamos una nueva campaña internacional contra estos carroñeros.

La víctima se enfrentaba a su segundo desahucio, pero justo hoy, cuando una comitiva judicial acompañada de agentes de los Mossos d’Esquadra iba a desalojar a la familia de la vivienda, situada en la décima planta del bloque, ha decidido acabar con su vida fruto de la desesperación.

La familia era usuaria de Servicios Sociales y se encontraba a la espera de recibir ayudas de la Administración que nunca llegaron, eso quebró su esperanza. Y hay muchas esperanzas al borde de la quiebra, al borde de un suicidio que en realidad es un asesinato. Los bancos que le han matado no lo están, pero su avaricia les priva de sentimientos. Y ahora, todos (servicios sociales, bancos, justicia…) echarán balones fuera.

Desde la PAH exigimos medidas urgentes que rescaten esas esperanzas y acaben con tanta injusticia, con tanto sufrimiento, con tanta muerte.

En su memoria y en la de todas las personas asesinadas previamente,  para impedir que vuelva a suceder, desde la PAH llamamos a concentrarnos mañana a las 12, frente a las puertas del Banco Popular y posteriormente ante las sedes del PSOE, con unas exigencias bien claras y que llevamos planteando hace años:

Moratoria indefinida de los desahucios a familias en situación de exclusión y vulnerabilidad social.

Que el Gobierno de Pedro Sánchez retire inmediatamente todos los recursos a las leyes de vivienda autonómicas pendientes en el TC.

Que se tramite y apruebe de manera urgente la Ley de Vivienda de la PAH, la única que recoge todos los mecanismos para acabar de una vez por todas con la usura de los bancos, la especulación de nuestros derechos más fundamentales, y lograr que en este país podamos decir que tenemos una ley que garantiza el Derecho a la vivienda para todos sin excepción.

¡No es un lema, es una realidad! Hay vidas en juego y ha llegado el momento de poner una solución, para evitar que se sigan segando.

#StopDesahuciosCriminales

PorPAH_Bcn

Concentraciones #StopdesahuciosCriminales el 15 de junio ¡No son suicidos, son asesinatos!

¡Atentas a todos los canales de las PAHs!

Mañana la PAH convoca concentraciones en todas las ciudades contra la banca criminal y para exigir soluciones por el suicidio de un hombre en Cornellá que iba a ser desahuciado.

¡No son suicidios, son asesinatos! Causados por las políticas de vivienda que se han llevado a cabo durante estos años, y la inacción de los Gobiernos favoreciendo las practicas de acoso de las entidades financieras y ahora también de los fondos de inversión.

¡Exigimos soluciones dignas!

#StopDesahuciosCriminales
#CambiemosLasLeyes

Concentración en Barcelona

PorPAH_Bcn

La PAH vuelve a la carga en defensa de las familias afectadas por la extorsión de Anticipa/Blackstone

Desde que posó sus garras sobre nuestras casas, Blackstone, a través de un complejo entramado de sociedades, se ha convertido en la primera inmobiliaria privada en España, despachando un trato indigno a sus inquilinas, dejando proliferar narcopisos en los barrios y contribuyendo a inflar la escandalosa burbuja del alquiler. 

Hoy la PAH emprendemos una nueva acción internacional con la intención de subir la presión contra Anticipa/Blackstone y ganar el pulso que llevamos teniendo hace tiempo, en defensa de cientos de familias por todo el Estado que tienen sus casos enquistados y las garras del buitre por excelencia, en el cuello. 
 
Blackstone, el mayor fondo buitre del mundo, aterrizó en nuestro país en 2013 cuando la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le vendió 1.860 viviendas protegidas en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por 128,5 millones de euros. Una operación escandalosa que abrió las puertas a que, a día de hoy, Blackstone sea el mayor gestor inmobiliario y hotelero en España, patrocinando cientos de desahucios y la actual burbuja de alquiler.
 
Un año más tarde compró 40.000  hipotecas por 4.000  millones  de  euros,  con un fuerte descuento (que no se ofreció a los hipotecados), en un proyecto llamado Hércules, a CatalunyaCaixa: una banca previamente rescatada con 12.000 millones de dinero público cedidos sin ninguna contraprestación social a cambio, que no dudó en deshacerse de sus activos tóxicos en lugar de rescatar a las familias, que previamente había estafado. Blackstone creó Anticipa, su filial en España, para gestionar estos casos. Desde entonces, este fondo buitre ha creado decenas de SOCIMIS, empresas que gracias al Partido Popular y su creación de un régimen fiscal privilegiado, están libres de pagar  el impuesto  de  sociedades y un sinfín de operaciones que han dejado a las familias con hipotecas o alquileres en manos de bancos como Catalunya Caixa, BBVA, Santander o Banco Popular, en total indefensión.
 
Familias que se están enfrentando a la pérdida de su vivienda, ya sea con desahucios silenciosos, vía subastas o daciones en pago sin más alternativa, ya sea vía desahucios invisibles producidos por la no renovación de los contratos de alquiler social. Las familias a las que Catalunya Caixa dejó en la cuneta en 2014, se ven ante un trato vejatorio y ninguna voluntad por parte de Anticipa/Blackstone de negociar ningún tipo de trato, que no sea quedarse con las viviendas para su posterior especulación. Por el camino dejan un sinfín de prácticas mafiosas como la extorsión, el chantaje, el soborno, alquileres superiores a las capacidades de pago (excusados en las ayudas de la Administración), cláusulas abusivas o la venta de las viviendas antes de la finalización de los contratos de alquiler social para provocar la expulsión de las inquilinas.
 
Por todo esto, hoy las PAHs Catalanas tomamos la sede de Anticipa/Blackstone en el Prat de Llobregat, para exigir una solución digna a todas las familias que llevan años viendo cómo son maltratadas, en general, por todo este entramado financiero que convirtió su derecho a techo en mera mercancía para la especulación de unas pocas, y en particular por Anticipa/Blackstone y sus practicas más que cuestionables. 
 
No desfalleceremos, ni daremos un paso atrás en este duelo de titanes, hasta que las afectadas vean garantizadas sus demandas para poder volver a empezar dignamente y rehacer sus vidas. Ya sea dación a cero sin condicionantes ni remanentes, alquiler social sin chantajes, sin claúsulas abusivas y renovable, o quitas de deuda que permitan mantener el hogar que tanto sacrificio ha conllevado a las familias. Así como exigencias generales como mejorar el protocolo de atención telefónica de Anticipa donde se acabe con  el trato vejatorio, amenazas, mentiras, presión y abuso, junto a la creación de oficinas físicas en cada capital de provincia para que las afectadas puedan ir a exponer sus casos.
 
El buitre campa a sus anchas gracias a la complicidad política, y no estamos dispuestas a permitirlo más. Seguiremos golpeando desde abajo, peleando caso a caso, hasta lograr que se legislen nuestras demandas recogidas en la #LeyViviendaPAH, logrando esos cambios estructurales que garanticen de una vez por todas en este país el derecho a una vivienda digna, estable y asequible.
 
#StopBlackstone