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Kit alquileres COVID-19: Guía y documentos útiles para hacer efectivas las medidas

El pasado viernes publicamos un resumen del Real Decreto-ley 11/2020 de las medidas para enfrentarnos a la COVID-19 en materia de alquileres. Hoy publicamos el “Kit alquileres COVID 19”, que incluye una guía más concreta y 3 documentos útiles: el primero, para para solicitar una prórroga de 6 meses en tu alquiler si ha vencido o va a vencer en los próximos días; el segundo, para solicitar la condonación del pago de la renta si tu propietario es un banco, fondo buitre o sabes que tiene más de 10 viviendas; y un tercero, por si no puedes pagar el alquiler de un pequeño propietario.

La PAH lleva 11 años defendiendo el derecho a la vivienda: luchando contra los abusos de la banca, exigiendo a los gobiernos medidas a la altura y acompañando a las personas en su lucha. Así que si en esta situación de crisis sanitaria ves que no llegas a fin de mes, y estás pensando en saltarte alguna comida o continuar pagando tu alquiler, no lo dudes, ¡no estás sola! Desde la PAH te aconsejaremos y nunca te dejaremos sola. Ninguna deuda vale más que una vida, y recordemos que la vivienda es un derecho.

Para saber si puedes acogerte a las diferentes medidas anunciadas por el Gobierno, en primer lugar te aconsejamos que leas con atención todo el escrito y sigas los pasos que te indicamos. Si por algún motivo no entras en algún supuesto, no tires la toalla, contacta con nosotras en lapahdebarcelona@gmail.com y te ayudaremos en tu situación. 

Sabemos que las medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisis sanitaria son poco ambiciosas y dejan fuera a muchas familias. Por eso es importante organizarnos y exigir un plan de choque social donde no dejemos a nadie atrás. Cuando dobleguemos la curva de los contagios exigiremos poner a cero la de los desahucios y no vamos a parar hasta conseguirlo.

Los documentos que tienes que leer para defender tus derechos, son:

Lee atentamente este kit o manual y sobre todo, ¡insiste y defiende tus derechos!

Es importante tener en cuenta que toda esta documentación es un material que se irá adaptando, en base a cómo evolucione la situación, y a su uso en casos concretos. Si tienes alguna sugerencia en base a tu experiencia, escríbenos y los mejoraremos.

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La moratoria hipotecaria decretada por la COVID-19 comienza a demostrarse insuficiente

Lo estamos diciendo desde el primer día, hay que rescatar a las familias y no a los bancos

La actual crisis sanitaria nos tiene a las puertas de una nueva crisis económica. Casi 1 millón y medio de personas han perdido su trabajo o tienen un ERTE desde que estalló el estado de alarma y el confinamiento, con la consiguiente pérdida de ingresos por una epidemia ajena a su voluntad. Desde el Gobierno han intentado parchear esta sobrevenida situación bajo un supuesto escudo social que amortigüe el impacto de la recesión sobre las familias afectadas. Decimos supuesto, ya que, si algo está quedando claro de nuevo, es la falta de valentía para enfrentarse a quienes realmente gobiernan este país, el sistema financiero, impune responsable de la crisis de vivienda anterior.

Esta afirmación queda reforzada viendo las medidas de emergencia aprobadas en lo que a vivienda se refiere, y especialmente en el caso de las hipotecas. Desde su aprobación, estamos diciendo que la moratoria hipotecaria es insuficiente, que todo lo que no sea exonerar los pagos y que los bancos también arrimen el hombro, no deja de ser un nuevo rescate a la banca. Exigimos al autoproclamado gobierno progresista que modifique los Decretos-ley 8/2020 y 11/2020, para realmente no dejar a ninguna familia vulnerable sin cobertura. La obligatoriedad actual de cumplir con los 4 requisitos de vulnerabilidad deja a la inmensa mayoría de unidades de convivencia sin ningún tipo de protección, como ya se está comprobando.

Aplazar los pagos 3 meses es insuficiente, volver a gastar dinero público en lugar de pedir responsabilidad a los bancos que aún nos deben 65.725 millones de euros, un escándalo. Ante la crisis sanitaria que sufrimos, los efectos por llegar, y sin haber sido capaces de reparar todavía los estragos de la crisis económica de hace 12 años, exigimos altura política para que esta no la paguemos la ciudadanía de a pie. El Gobierno debería exigir la devolución del rescate bancario para afrontar la crisis sanitaria minimizando el gasto público.

¿Es necesario recordar la estafa bancaria que generó la crisis de 2008? ¿Es necesario recordar que a pesar de ser los responsables directos de desahuciar a más de 1 millón de familias, fueron los bancos los que fueron rescatados con dinero público, sin ningún tipo de prestación social? ¿De verdad pretende el Gobierno Progresista repetir la historia con aplazamientos de cuotas a devolver con microcréditos? Ya solo falta que nos vuelvan a decir que estiramos más el brazo que la manga, que si sabíamos que pasados los años, una crisis tras otra, nos iban a dejar sin trabajo y sobreendeudadas por hipotecarnos. Somos clase trabajadora, no clarividentes. ¿De verdad los bancos y las grandes inmobiliarias van a ser las únicas que tendrán garantizadas por el Estado y con nuestros impuestos, una vez más, la totalidad de sus ingresos?

Han pasado poco más de 20 días desde que se decretó la moratoria de hipotecas y, de nuevo, el tiempo nos da la razón. Donde el Gobierno dice no dejar a nadie atrás, la realidad dice que diariamente son miles las peticiones para acogerse a la moratoria, y casi 9 de cada 10 las que se quedan fuera, por la dificultad de cumplir a la vez los 4 supuestos de vulnerabilidad. Los bancos, como solución si no puedes acogerte a la moratoria, están proponiendo préstamos puente, novaciones…, las mismas tácticas de pan para hoy y hambre para mañana, y que tampoco van a hacer gratis. Los conocemos demasiado bien y blanquearán cláusulas abusivas, meterán comisiones, intereses y lo que se les ocurra, con el único propósito de no perder un euro y continuar haciendo caja con el sufrimiento de las familias, y cuando la cosa vaya a peor para las familias, seguir quedándose con sus hogares. Recordemos que, gracias a la Ley de Crédito Inmobiliario y la sentencia del Tribunal Supremo, la espada de Damocles ya pende sobre más de 6 millones de Hipotecas.

Llegamos al confinamiento superando los 200 desahucios diarios. Que el coronavirus no sea la excusa para que, en pocos meses, estas cifras inaceptables en cualquier otro país de nuestro entorno, aumenten todavía más

Los detalles sobre esta moratoria insuficiente y cómo acogerse a ella los encontrarás aquí

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El nuevo Decreto del Gobierno sigue siendo insuficiente

A pesar de contener algunos avances, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al estado de emergencia provocado por la COVID-19, sigue dejando a mucha gente atrás con carencias importantes

Las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de Vivienda, para paliar los efectos de la paralización de la actividad económica, son un nuevo rescate encubierto a la banca y grandes propietarios, basándose otra vez en una transferencia de dinero público al sector inmobiliario español. Hablamos de medidas muy limitadas en su efecto sobre las familias, que son empujadas a endeudarse aplazando los pagos, con el único objetivo de pagar las rentas a los fondos buitre, Socimis y la banca. La moratoria inicial de un mes en el pago de la hipoteca, ya resulta claramente insuficiente, con grandes complicaciones para acogerse a ella. La moratoria de alquileres genera soluciones a nuestro cargo e incompletas, y lo mismo pasa con la moratoria en el pago de suministros básicos. También es totalmente injusto, y crea sectarismo social, la diferencia de trato hacia las personas hipotecadas y las inquilinas. Valoramos como positiva la prórroga extraordinaria de contrato de 6 meses, manteniendo así los términos y condiciones del contrato actual y evitando las subidas de alquiler, pero nos parece que es un tiempo escaso, ya que la salida de esta crisis sanitaria nos va dejar en una situación de recesión económica.

El Gobierno va en camino de repetir la historia de la crisis financiera, abandonando a las familias, que no son responsables de su situación. La solución socialmente más justa, para que esta crisis no la volvamos a pagar las de siempre, pasa por exigir la exoneración de las cuotas de alquiler a los grandes propietarios y facilitar líneas de crédito a los pequeños.

La PAH, desde el comienzo de la crisis sanitaria, hemos defendido la exoneración total del pago, tanto de hipotecas como de alquileres ‒mientras dure la crisis y algunos meses más‒, para las familias en situación de vulnerabilidad. Esta petición no es gratuita, dado que, por una parte, los cobradores de las hipotecas son los bancos, a quienes rescatamos con más de 65.725 millones de euros que no han devuelto. Los grandes tenedores de vivienda son de nuevo los bancos, las Socimis y los fondos buitre. Estos últimos, además, se han hecho propietarios de sus enormes parques comprando lotes completos de viviendas a los bancos, muchas de las cuales proceden del millón largo de desahucios ejecutados desde 2008.

Sí es importante la medida de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional derivado de contratos de arrendamientos por 6 meses, pero es por un tiempo muy limitado y quedan fuera los desahucios por precario. Por eso la PAH llevamos años exigiendo la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional de forma indefinida, sea cual sea la causa, ya que nosotras no nos olvidamos de aquellas familias que se han visto obligadas a vivir en precario, para dar respuesta al acuerdo internacional que España firmó y por el incumplimiento del cual ya ha recibido 2 informes condenatorios por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU. Solo pedimos que España cumpla sus compromisos y que proteja a las familias vulnerables, hoy y siempre. Es necesario cambiar el terreno de juego. Optar por los derechos humanos y constitucionales por encima de los intereses de la banca, del resto del lobby del capital especulativo de Fondos y Socimis. Hacer una política valiente que permita la expropiación temporal del uso de viviendas vacías de la banca y la Sareb. Y, con una fiscalidad progresiva, imponer a Fondos y Socimis unas reglas de corresponsabilidad social, para poder dar respuesta a la emergencia habitacional. 

Ayer conocimos la destrucción de 900.000 empleos desde el inicio del estado de alarma, con un aumento histórico del paro en marzo, de 302.265 personas, sumado a la incertidumbre de cómo se resolverán los miles de ERTES presentados, que podrían terminar elevando las cifras del paro a términos que no queremos ni imaginar.  Esta pandemia está destruyendo vidas (en todos los sentidos) y empleos. Cuando esto acabe, muchas pequeñas empresas, autónomos y trabajadores habrán perdido mucho, pero los bancos rescatados, los fondos buitre, las Socimis y las energéticas no habrán aportado nada, cobrarán sus cuotas de hipotecas, sus rentas de alquiler y sus recibos de consumo, volviendo a irse de rositas, como de costumbre; con el hacha preparada para seguir desahuciando. Si hay que apretarse el cinturón, nos lo apretamos todas. Si hay parón de producción, que afecte a todas las actividades, también a las rentas del capital, y que paguen su parte correspondiente de la crisis.

En el nuevo Decreto se alude a la existencia de un porcentaje del 85% de pequeños propietarios dentro de la estructura de tenedores de vivienda en alquiler, lo que representaría por tanto un volumen considerable de personas que dependen de esta renta para vivir. No obstante, esto no coincide con la realidad que llevamos años denunciando; invitamos al Gobierno a publicar los datos oficiales que avalen tal afirmación. Como publicaba ayer l’Observatori Metropolità d’Habitatge de Barcelona, en la ciudad de Barcelona el 17% del parque de viviendas está en manos de propietarios con más de 10 pisos.  Además, cuestionamos la definición de gran tenedor que ofrece el Gobierno, aludiendo a aquellas personas físicas con más de 10 viviendas; nos parece abusivo e irreal que se meta en el mismo saco a pequeños tenedores que sí necesitan cobrar el alquiler, con los que viven muy bien de las rentas de alquiler, con el precio medio de cualquier ciudad multiplicado por 10.

Denunciamos que este Gobierno no haya sido capaz de hacer pagar un euro a los grandes propietarios de vivienda. Nos parece inconcebible que el lobby de la banca, fondos y Socimis hayan impuesto su ley, y que se siga subvencionando con dinero público las ayudas que vuelven a ir a parar a los bolsillos de los especuladores. No se puede entender la falta de responsabilidad de la Banca rescatada, con una deuda aún pendiente de 65.725 millones de euros; que ha instado 1.002.000 desahucios; que se quedó con nuestras viviendas utilizando prácticas mafiosas de cláusulas abusivas; que se ha enriquecido titulizando centenares de miles de créditos. Esta Banca que ha conseguido que la Administración haya estado a su servicio, rematando la jugada con la creación de la SAREB y la reventa de centenares de miles de vivienda a los Fondos Buitre. Fondos a quienes se les ha permitido adquirir viviendas sin control, a unos precios tirados, que están instalados en paraísos fiscales y que, cada vez que se les señala, cortan dedos. Faltaba la creación de las Socimis, donde todos ellos y más confluyen en unas sociedades que buscan en el alquiler el lucro sin medida, y que no pagan el impuesto de sociedades, manipulan los precios a través de los portales inmobiliarios, y se les permite saltarse eso que llaman libertad de mercado, introduciendo prácticas de tiempos monopolistas para imponer precios impagables a miles y miles de ciudadanos.

Esta crisis no puede ser el motivo para causar mayor sufrimiento a los de siempre y que un mayor número de personas pierdan su hogar. Por eso esperamos del gobierno una voluntad política más consecuente, que dé seguridad a las personas y familias vulnerables de que eso no va a suceder. Porque si algo nos demuestra esta crisis sanitaria, es que hay que poner la vida en el centro, y sin vivienda esto no es posible.  Hay que dejar atrás la especulación y la mercantilización de nuestros hogares. No queremos viviendas vacías; queremos que tengan una función social y que la propiedad esté al servicio también del interés colectivo para conseguir el necesario Parque Público de vivienda.

Si el Estado y el Gobierno no dan una respuesta social suficiente a la crisis económica rescatando a las personas, como hizo con los bancos, nos tendrá enfrente. Y cuando acabe el confinamiento retomaremos nuestra campaña de movilizaciones. No vamos a consentir que siga habiendo más vidas en juego pagando los efectos de esta nueva dramática crisis. Esta sociedad no puede darnos la opción de comer o vivir bajo un techo. O de comer y pagar los suministros.

El horizonte está marcado por los derechos humanos y constitucionales. Lo seguiremos defendiendo, ya sea desde el confinamiento o cuando volvamos a retomar las calles. Seguiremos presionando para construir un hoy esperanzador y un mañana digno, con nuestra campaña #ViviendaPorDerecho y junto a todas las organizaciones sociales, unidas para hacer efectivo un Plan de Choque Social real.

En este enlace encontrarás un análisis de las medidas en alquileres para enfrentar la COVID-19, que te ayudarán a conocer en qué situación te encuentras.

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Nuevas medidas para enfrentar la COVID-19 en alquileres

El pasado 1 de abril, enmedio de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se publicó un nuevo paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la situación, complementando la moratoria hipotecaria impulsada dos semanas antes. Entre ellas, se encuentran medidas a tener en cuenta, aunque claramente insuficientes, en materia de alquileres, hipotecas y otros créditos. 

Las medidas para hipotecas, sobre las cuales ya advertimos que eran limitadas e insuficientes, la trataremos próximamente, ampliando el resumen y los documentos útiles que publicamos hace dos semanas (consultar aquí resumen y documentos útiles para pedirla).

Respecto a las medidas para alquileres, la PAH reclama que se exonere a las afectadas y que no haya ni un euro más de dinero público que pueda subvencionar alquileres especulativos de grandes propietarios. En cambio, hay que compensar al pequeño propietario que tiene una vivienda alquilada a un precio asequible para poder vivir y no puede llegar a un arreglo con su inquilino.

Todo el mundo sabe que el problema de la burbuja de precios para inquilinas e inquilinos viene de antes de la COVID-19. Lo demuestran los 253.473 desahucios de alquiler de 2013 a 2019 en España, 65.410 en Catalunya y 16.149 en Barcelona. A la vez que frenamos la curva de contagio, hace falta proteger a las inquilinas de los impagos. Y después de ganar al coronavirus habrá que doblegar la curva de desahucios: los acumulados y los que se fijarán si no se protege ahora a las inquilinas. Necesitamos un plan de choque social.

No obstante, aun con las grandes limitaciones de las medidas que han sido aprobadas, es importante facilitar información a quienes este mes tendrán dificultades para pagar el alquiler.

¿Cuáles son las medidas para inquilinas que se han aprobado?

1) Suspensión excepcional de los desahucios de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa: habrá que acreditar en los juzgados que la familia se encuentra en una situación de vulnerabilidad sobrevenida por culpa de la crisis de la COVID-19, se a podrá solicitar una vez se levante el estado de alarma, ya que mientras dure los procedimientos de desahucio y los plazos administrativos asociados están suspendidos. También se podrán suspender los juicios durante 6 meses hasta el mes de octubre.

2) Prórroga de los alquileres que finalicen entre el 2 de abril y hasta dos meses después del fin del estado de alarma: por un máximo de 6 meses manteniendo las mismas condiciones, y el arrendador deberá aceptar la solicitud, a no ser que haya otro acuerdo más beneficioso entre las partes.

3) Moratoria de la deuda de alquiler en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda: aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma por acuerdo y sino lo hay, se podrá solicitar hasta el 2 de mayo el aplazamiento temporal y extraordinario (moratoria). La Propiedad podrá elegir entre reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma y posteriores (máximo 4 meses) o una moratoria por el mismo tiempo de éste que se pagará fraccionado sin intereses durante al menos 3 años siempre dentro de la vigencia del contrato.

4) Modificación de las condiciones contractuales en el caso de pequeños propietarios: aplazamiento o la condonación total o parcial de los alquileres con carácter voluntario-acuerdo; y si no se alcanza, se podrá pedir hasta el 2 de mayo el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, al cual la Propiedad debe responder en 7 días laborables las condiciones que acepta o posibles alternativas. 

5) Avales estatales para pagar los alquileres y ayudas públicas para devolver los microcréditos:  los primeros se solicitan a las entidades bancarias con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogables y sin gastos e intereses para el solicitante, por un importe máximo de 6 mensualidades y para ambas situaciones (3 y 4). Las ayudas son para devolver las ayudas transitorias de financiación (microcréditos) de aquellos hogares que no se hayan recuperado, hasta 900 €/mes y hasta el 100% de la renta de alquiler. Se pedirán a las comunidades autónomas y aún no están activas. 

¿Entramos mi familia y yo en estas medidas? 

Para poder acogerse a cualquiera de estas medidas, la unidad familiar debe estar y poder acreditar una situación de vulnerabilidad económica definida por la ley (ver documento de resumen), cumpliendo dos supuestos: (a) situaciones de impacto económico laboral por COVID-19 (desempleo, ERTE, reducción de jornada por cuidados en caso de ser empresario, otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos), siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen el mes anterior a la moratoria los 1.613,52€* (3 IPREM mensual, con ampliaciones por supuestos concretos); y (b) cuota de alquiler + suministros ≥ 35% ingresos netos de la unidad familiar.

¿El que me alquila es un gran tenedor-propietario o un pequeño propietario?

Es un gran tenedor la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos (viviendas, locales, solares, edificios en construcción), excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m². El resto son considerados pequeños tenedores por esta ley (aunque una empresa con menos de 10 inmuebles o un particular con 9 viviendas, debería ser considerado como tal).

¿Qué plazos tenemos para solicitarlas? 

Muchos alquileres se pagan antes del 2-5 de abril, por lo que aunque el plazo para la solicitud de condonaciones o moratorias es hasta el 2 de mayo, sí tiene urgencia presentar cuanto antes los escritos y documentación acreditativa. No hay que preocuparse por los plazos de solicitud para la suspensión de los desahucios de alquiler, ya que aplican a partir de que se levante el estado de alarma, estando actualmente parados.

¿Cuándo podré acceder a los documentos útiles para solicitarlas?

Para facilitar el empoderamiento y defensa de las personas y puedan beneficiarse de las medidas, se ha resumido todo ello en un documento con la información básica (ver adjunto).

En este momento, estamos trabajando ya en documentos útiles para solicitar tales medidas, que próximamente colgaremos en nuestras webs, priorizando primero los más urgentes.

La ley que hay que consultar para más información es el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Las medidas de alquileres están en los artículos del 1 al 15, y las de hipotecas y otros créditos en los artículos del 16 al 27. 

Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a lapahdebarcelona@gmail.com. Es importante tener en cuenta que toda esta documentación es un material que se irá adaptando, en base a cómo evolucione la situación y a su uso en casos concretos.

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Valoración de PAH Barcelona de las medidas en materia de vivienda tomadas por el Ayuntamiento de la ciudad a raíz de la crisis del COVID-19

Valoramos las medidas del Ayuntamiento de Barcelona con ánimo de ser constructivas y de poder ayudar con propuestas que creemos que beneficiarían a más familias que se puedan encontrar en situación de inseguridad residencial actualmente

Llevamos semanas en una situación extraordinaria debida a la pandemia por el coronavirus. Desde el 14 de marzo, en que el Gobierno de Pedro Sánchez declaró el estado de alarma, la situación en los municipios y en los miles de hogares ha comportado y comportará consecuencias económicas importantes.

Situaciones de pérdida de ingresos que se suman a las ya existentes antes de la pandemia, y es que desde 2008 estamos viviendo otra pandemia, como es la de los desahucios, y prevemos que se incrementen una vez finalice esta situación, si las administraciones correspondientes no abordan la situación de emergencia como es debido.

Desde la PAH de Barcelona hemos analizado con detalle las medidas que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda en el contexto de la crisis del COVID-19, con ánimo constructivo y de poder ayudar con propuestas que creemos que beneficiarían a más familias que se puedan encontrar en situación de inseguridad residencial actualmente, o puedan encontrarse en un futuro próximo, dada la grave situación que estamos sufriendo.

En resumen, las medidas que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona son las siguientes:

Moratoria alquiler IMHAB 

  • Moratoria de las cuotas de alquiler de las viviendas gestionadas por el IMHAB (Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación) durante los meses de abril, mayo y junio de 2020.
    A partir de julio de 2020, se prorrateará en los 18 meses siguientes, entre julio 2020 y diciembre 2021 los importes de las cuotas de los alquileres.
  • Revisión de las cuotas de alquiler de vivienda para familias con reducciones significativas de ingresos a raíz de la crisis del Covid-19 y rebaja para adecuarlas a la nueva situación económica en la que se encuentren. Esta revisión también afectará a los 250 pisos gestionados por Hàbitat 3.
  • Ayudas para los inquilinos de pisos de la Bolsa de Alquiler de Barcelona (891 viviendas). Deberán comunicarlo previamente al IMHAB.
  • Aplicación de la moratoria y prorrateo a 1.400 VPO (Viviendas de Protección Oficial) en régimen de propiedad promovidos por el IMHAB.
  • Aplicación de la moratoria a los 400 locales comerciales de los bajos de los edificios promovidos por el IMHAB.
  • Estas ayudas beneficiarán a un total de 11.689 inquilinos del IMHAB con una partida extraordinaria de 3,5 millones de euros.

Desde la PAH de Barcelona valoramos que esta medida puede ser positiva inicialmente para las familias que realmente no puedan continuar pagando su alquiler debido a la falta de ingresos provocada por la crisis del COVID-19, pero queremos manifestar que se deberían aclarar mejor los criterios y/o requisitos que deben cumplir las familias que podrán beneficiarse, así como de la posible condonación del pago. 

La parte burocrática que supondrá estos trámites no debe ser una excusa para llevar a cabo esta gestión. Pedimos agilidad y recursos para hacer frente a la avalancha de tramitaciones una vez finalice el estado de alarma, y que ninguna familia se pueda ver perjudicada por estos trámites y se vea obligada a realizar un impago antes de poder completar el procedimiento.

A la vez queremos poner de manifiesto que los precios del IMHAB no corresponden a los baremos de la Ley 24/2015, precios que llevamos denunciando que son superiores a lo que la Ley prevé y que, por ejemplo, para una familia con 300 € mensuales de ingresos familiares cada euro cuenta. Pedimos que el precio total del alquiler de las familias vulnerables quede enmarcado dentro de los niveles del 10%, 12%, 18% de los ingresos familiares que marca la Ley 24/2015 y no se sumen costes extraordinarios como los gastos de comunidad al precio final.

Una medida similar ha puesto en marcha también la Generalitat de Cataluña, a la que evidentemente le queremos hacer llegar nuestras preocupaciones y dudas. En este sentido, el Gobierno catalán ha aprobado una moratoria en el pago del alquiler a todas las viviendas y locales comerciales de su parque público debido a la pandemia del coronavirus. Pero no se plantea una revisión de las cuotas para las familias que hayan sufrido reducciones significativas de ingresos a raíz de la crisis del COVID-19 y rebajarlas para adecuarlas a la nueva situación económica en la que se encuentren, o la condonación total del pago para aquellas familias que hayan sufrido más esta crisis.

Atención telefónica y telemática para atender urgencias

El IMHAB ha adaptado la actividad a la situación de emergencia sanitaria manteniendo solo los servicios que se consideran esenciales:

  • Reparaciones urgentes de viviendas del parque público.
  • Servicios SIPHO (Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de la Vivienda y/Ocupaciones) y SPIMH (Servicio de Prevención, Intervención y Mediación en Viviendas Públicas) para situaciones excepcionales y no previsibles.
  • Atención telefónica para otras incidencias urgentes.

Valoramos positivamente que se informe a la ciudadanía de sus derechos y que se mantenga una vía para poder comunicarse para situaciones no previsibles. Es lo que en una situación normal debe funcionar y en situaciones excepcionales se debe reforzar y no detener el servicio. 

Subvenciones públicas para alquileres privados

  • Garantía de las ayudas públicas para el pago de alquileres privados (9.000 familias beneficiarias).
  • Posibilidad de enviar la fotocopia del recibo mensual por correo electrónico (habitualmente se hace mediante fotocopia en la Oficina de Vivienda) para recibir la subvención.
  • Tramitación exprés de las ayudas. Cuando se levante el Estado de Alarma, se revisarán y completarán los expedientes.

Creemos que estas medidas deben mantenerse en un futuro una vez levantado el estado de alarma, ya que suponen una mejora en la eficiencia del sistema. Este tipo de herramientas informáticas permitiría que las familias no tuvieran que desplazarse físicamente a las oficinas con los inconvenientes que ello conlleva en el día a día de las personas. 

Pedimos también que se prorroguen todas aquellas ayudas y subvenciones públicas para pagar los alquileres, tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat y del Estado mientras dure el estado de alarma y no se abran las nuevas convocatorias para solicitarlas nuevamente.

Llamamiento a ceder pisos a la Bolsa de Alquiler

  • Llamamiento a propietarias de viviendas destinadas a usos turísticos a incorporarlos a la Bolsa de Alquiler Social de Barcelona.

Desde la PAH de Barcelona queremos hacer extensivo este llamamiento a toda la ciudadanía en general, no tan solo a propietarias de viviendas destinadas a usos turísticos a incorporarlos a la Bolsa de Alquiler Social. Es necesario que aquellas viviendas vacías y en desuso pasen al parque público, casi inexistente, de vivienda social de la ciudad. Esperamos que una emergencia como la actual nos ayude a ordenar nuestras prioridades y a repensar el modelo de sociedad que queremos, del que todas somos responsables, tanto las administraciones públicas como las empresas y la ciudadanía en general.

Dispositivo de alojamiento para personas vulnerables

  • Puesta en marcha desde el miércoles 25 de marzo del nuevo dispositivo de alojamiento en la Fira de Barcelona.
    • 225 plazas en la Feria de Barcelona, ampliables hasta 1.000 plazas.
  • Otras plazas adicionales más, distribuidas en los siguientes espacios:
    • 53 plazas en Pere Calafell, desde el viernes 20 de marzo.
    • 72 plazas en Dos de Mayo (exclusivamente para mujeres).
    • 30 plazas en un dispositivo de San Juan de Dios Servicios Sociales.
  • En total en la ciudad se han habilitado 380 nuevas plazas; contando con las que ya existían previamente hay un total de 2.580 plazas.
  • 200 apartamentos turísticos que el Ayuntamiento alquilará durante los próximos dos meses, dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista, familias con niños a cargo o bien personas sin hogar.

En primer lugar creemos que el esfuerzo que se está haciendo para ampliar las plazas adicionales para personas sin hogar se debe valorar muy positivamente en una situación de emergencia sanitaria, pero creemos que se deben adecuar equipamientos que estén preparados para este tipo de realojamiento, teniendo en cuenta siempre a las entidades que llevan años trabajando en primera línea.

Medidas de este tipo deberían hacerse extensivas a emergencias crónicas que sufrimos en la ciudad de Barcelona. Desde la campaña de Realojamientos Dignos, en la que participamos diferentes colectivos que trabajamos por el derecho a la vivienda, hemos denunciado en multitud de ocasiones la situación inadmisible en la que se encuentran más de 600 familias de la ciudad que han sido desahuciadas y que se ven obligadas a malvivir en pensiones y albergues hasta que no les llega el piso público al que tienen derecho por ley. Habitaciones sin un lugar donde cocinar o estudiar, muchas de ellas en un estado lamentable y que en la situación de confinamiento actual se convierten en lugares imposibles donde vivir.

Servicios esenciales

  • Centros de Servicios Sociales: se mantendrán 9 operativos de los 42 existentes en la ciudad.
  • Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB): continúa operativo las 24 horas del día.
  • Oficinas de Vivienda: permanecerán cerradas, con la atención telefónica y/o telemática comentada anteriormente.

Como está pasando con los servicios sanitarios, los servicios sociales y de urgencias sociales deben cuidarse y cuidar a las personas que trabajan en ellos. Se mantienen 9 centros de servicios sociales operativos de un total de 42, y creemos que habría que reforzar el servicio para que las trabajadoras sociales se sientan cuidadas y puedan descansar en estos momentos de máxima carga.

Necesitamos que las diferentes administraciones se corresponsabilicen con las competencias que tienen cada una, y que en estos momentos den el 200% para proteger a las familias vulnerables e implementen medidas valientes y ambiciosas. En concreto, esperamos que hoy en el Consejo de Ministros extraordinario se apruebe una suspensión de alquileres, una medida para que ninguna familia que no pueda pagar su alquiler por falta de recursos económicos, no solo no sea desahuciada sino que se pueda condonar la deuda si su propietario es un gran tenedor, y si es pequeño poner en marcha ayudas económicas para evitar la pérdida de la vivienda. Hay que buscar mecanismos y revisar lo que ya teníamos, y es que en situaciones extremas es necesario que todas nos pongamos de verdad en no dejar a nadie atrás, ni ahora ni nunca.

Desde la PAH estaremos vigilantes y exigiendo un plan de choque social, porque hay vidas en juego.