Archivo de categoría Comunicados

La PAH de Barcelona denunciamos la situación de realojo de una familia con 2 menores que llevan 1 año esperando la vivienda de la Mesa de Emergencia

Hoy, miembros de PAH Barcelona hemos acudido a la Oficina de Servicios Sociales de Horta, calle Santuario 29, para denunciar las condiciones en las que está viviendo Muhammad y su familia y conseguir que le ofrezcan una alternativa digna, hasta que les den la vivienda de la Mesa de Emergencia.

El 20 de febrero fueron desahuciados de la que ha sido su casa desde hace muchos años. Quien les alquiló la vivienda resultó no ser el propietario y, aunque ellos pagaban su alquiler, el estafador no pagaba al propietario, por lo que se acabaron encontrando con un desahucio. 

La familia, con dos menores a cargo, lleva más de un año con el expediente aprobado para obtener un piso de la Mesa de Emergencia, pero éste nunca llega. Tanto la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento como Servicios Sociales (SS) eran conocedores de la situación y el día del desahucio, como es práctica habitual, la familia no sabía dónde iba a terminar realojada si el desahucio se ejecutaba. Al final, con la excusa de que la ciudad estaba llena por culpa del Mobile World Congress, lo que supone que esta ciudad antepone congresistas y turistas a su propia ciudadanía, la única alternativa que se les ofreció fue compartir una habitación con más personas en el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), sin tan siquiera poder cocinar, y teniendo que estar en la calle desde las 8 am hasta las 20 pm, lo que constituye una vulneración flagrante del derecho a una vivienda digna.

A todo el estrés, angustia y desesperación que supone un desahucio, Muhammad y su familia han tenido que añadir la incertidumbre y el maltrato por parte de la Administración. Por lo tanto, exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que asuma el compromiso de realojar a Muhammad y su familia en una alternativa habitacional digna. Es vergonzoso que un recurso que se supone de emergencia, como la Mesa, no sea capaz de dar un techo a una familia que lleva un año esperando. La Administración en general tiene la obligación de poner en marcha todos los mecanismos disponibles para evitar situaciones tan penosas como la que está viviendo esta familia.

¡Estad atentas a nuestras redes, iremos actualizando novedades del caso!

El derecho humano a una vivienda digna no está garantizado: la PAH advertimos que a partir de enero habrá más desahucios

La caída de la moratoria que mantiene paralizados aproximadamente 9.000 desahucios en Catalunya podría provocar un récord de lanzamientos en el 2024

La PAH de Barcelona entregamos a la Delegación de Gobierno una petición al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez para que mantenga las medidas del escudo social y las haga estructurales y les dirigimos a tener una reunión con la PAH

El 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración de Derechos Humanos. Desde la PAH salimos a las calles a defender y reivindicar el derecho a la vivienda que recoge el artículo 25 de la Declaración y el 47 de nuestra Constitución, que en España son sistemáticamente vulnerados.

A partir del 31 de diciembre la situación se volverá aún más insostenible: si nada cambia, las medidas antidesahucios y contra los cortes de suministros de familias vulnerables del escudo social, que se implementaron por la pandemia, desaparecerán. Según nuestros cálculos, en Catalunya hay 9.000 familias que tienen suspendidos sus procesos de lanzamiento por esta medida y que podrían verse expulsadas de su casa durante los próximos meses. Por ello, desde la sociedad civil exigimos al Gobierno que prolongue el escudo de protección social existente, y que adopte estas medidas de forma estructural. La emergencia habitacional en la que se encuentran decenas de miles de familias, la angustia y el sufrimiento que conllevan, no pueden alargarse más. Por tanto, solicitamos al Gobierno una reunión urgente antes de que acabe el año, para hacerles llegar la voz de las afectadas, para promover medidas en 2024 para garantizar el derecho a la vivienda y exigir responsabilidades a la banca rescatada que acumula miles de pisos vacíos y a los fondos buitre que se lucran, con la complicidad fiscal de la Administración −las SOCIMI, el vehículo inmobiliario de estos fondos, pagan menos impuestos que una empresa tradicional.

Recordemos, una vez más, los compromisos en materia del derecho a la vivienda a los que España está obligada:

Artículo 25. de la Declaración Universal:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a la familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; también tendrá derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los infantes, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a la misma protección social.

Artículo 47 de la Constitución española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Hoy queremos poner de manifiesto que somos miles de personas parando desahucios cada día y autotutelándonos nuestros derechos. Que nos han hecho creer que no se puede y que estamos solas, pero la realidad es que en estos más de 14 años de existencia hemos demostrado que ¡sí se puede! Porque hemos hecho posible lo que parecía imposible, miles de veces, consiguiendo daciones en pago, cambiando leyes y recuperándolas, conquistando el 30% de nuevas promociones para que se destinen a vivienda asequible, consiguiendo alquileres sociales, recuperando viviendas en manos de fondo buitre y cientos de victorias más.

Y sobre todo, hemos sido capaces de generar un movimiento ciudadano de cuidados, de solidaridad y de defensa de derechos humanos, que por más que algunos partidos políticos y banksters hayan querido eliminarnos, aquí estamos, vivas y guerreras, para hacer cumplir el art. 47 de la Constitución española y el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, hoy aprovechamos esta acción para celebrar el Día Mundial de los DDHH, porque ante cualquier vulneración de este derecho nos levantamos y organizamos para que nuestros derechos en materia de vivienda estén garantizados.

Sabemos que la situación ha mutado y que nuestras demandas y consignas, aunque tengan el apoyo de la mayoría de la sociedad, los gobiernos de turno no han sido valientes a la hora de hacer efectivas las demandas. Ahora, con un nuevo gobierno −y una ministra nueva−, desde la PAH insistimos en las propuestas que durante años hemos hecho para solucionar esta crisis de vivienda y que desgraciadamente no hemos visto reflejadas en la Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de abril, ya que sigue sin abordarse la cuestión de fondo: considerar la vivienda un activo de mercado en vez del derecho básico que realmente es.

Por ello, desde la PAH nos hemos organizado para levantar la voz y hacer saber a toda la ciudadanía que España es la primera en desahucios y en falta de políticas valientes que pongan freno a los fondos buitre sin escrúpulos. Que estamos revirtiendo esta situación, pero que nos necesitamos a todas para meter nuestras demandas en el Congreso de los Diputados en esta legislatura.

 

Miles de familias acabarán en la calle si el gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre

La PAH acude al encuentro de ministros de vivienda europeos en Gijón para denunciar la situación de emergencia habitacional en España y exigir que las medidas antidesahucios que ahora son temporales se consoliden

Exigimos voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y exigir alquileres sociales. Queremos dejar de ser una anomalía en Europa


Martes 14 de noviembre de 2023

Hoy una representación de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) se ha desplazado a Gijón para llevar la voz de miles de familias afectadas que forman el movimiento, a la reunión ministerial sobre vivienda y desarrollo urbano que se celebra en la Laboral Ciudad de la Cultura, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. También nos han acompañado otras luchas comprometidas con la vivienda, como COESPE y ecologistas en acción de Asturias.

No queríamos perder la ocasión para explicar a todos los ministros y ministras europeas y a la ciudadanía en general la situación dramática que se vive en España en materia de vivienda. Nos vemos obligadas a hacerlo, porque mientras el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba a bombo y platillo medidas para paliar la emergencia habitacional, como la obtención de más de 20.000 viviendas para el alquiler a precios asequibles, poner a la disponibilidad más de 10.000 viviendas de la Sareb o varios planes para aumentar el parque social en más de 200.000 viviendas, a día de hoy, la realidad es que no se ha ampliado el parque público de alquiler, las viviendas de la Sareb siguen en manos de fondos como Blackstone y Cerberus  y no hay ni rastro de que ningún plan para revertir la situación esté ejecutándose, ya que en el territorio español seguimos con un parque de vivienda social del 1,5%, de los más bajos de toda la Unión Europea.

Asimismo, hacemos un llamamiento para que el gobierno asuma al fin el compromiso de acabar con los desahucios: en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido “escudo social” que lleva vigente desde 2020 y que está previsto que decaiga el próximo 31 de diciembre. Es por eso que desde la PAH exigimos que la moratoria actual de desahucios se convierta en una medida estructural y que se ponga en marcha un plan de choque que obligue a los bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales a las familias vulnerables, todo ello para evitar un tsunami de desahucios en 2024 y que los juzgados colapsen por unos casos que ni tan siquiera tendrían que estar allí.

En mayo de 2023 se aprobó la primera Ley de vivienda de España desde que se aprobó la Constitución en 1978, una exigencia histórica de la PAH y de los movimientos en defensa del derecho a la vivienda. Esta Ley debía sentar las bases para que a ninguna ciudadana le sea vulnerado el art.47 de la Constitución Española, garantizando el acceso a ella de forma universal. Desde la PAH en su momento hicimos alegaciones y propusimos medidas que sabemos que funcionan -ya que se aplican en comunidades como Cataluña-, pero desde el Gobierno de PSOE y Podemos/Sumar hicieron caso omiso y aprobaron una primera Ley de vivienda que no acaba con los desahucios, ni tampoco  ofrece alternativas a ellos, y ni mucho menos responsabiliza de alguna manera a quienes han cocinado esta nueva  burbuja inmobiliaria: los bancos y fondos buitre.

La situación es insostenible. La vivienda asfixia a 3 millones de hogares: 6 de cada 10 euros se destinan a la casa y a la comida, según el último informe de Cáritas Española y la Fundación Foessa. Datos que complementan estudios que se han realizado desde la PAH, donde se corrobora que 3 de cada 4 personas presentaron mala salud mental y la mitad presentaron depresión. Datos que corroboran que hay que actuar ahora y no de aquí a 10 años. Exigimos voluntad política al Gobierno para dejar atrás los desahucios y obligar a bancos y fondos de inversión a hacer alquileres sociales, ya que, recordemos, acumulan vivienda vacía procedente de la burbuja inmobiliaria y han sido rescatados por toda la ciudadanía sin ninguna contraprestación. ¡Ahora es el momento!

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca denunciamos que la situación de emergencia habitacional que se da en España es una anomalía, ya que se trata del país europeo con más desahucios y en el que existe más vivienda vacía. Asimismo, aprovecharemos para instar de nuevo a las instituciones europeas a actuar frente a la vulneración de derechos fundamentales que se dan en territorio europeo y cambiar las leyes y políticas de vivienda si quieren recuperar la confianza de la ciudadanía.

¡Sí Se Puede!

[Comunicado] Las entidades sociales publican datos sobre la efectividad de las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a nivel estatal

  • Los colectivos ven con preocupación la posibilidad de que las medidas decaigan a partir del 31 de diciembre y exigen que se prorroguen y se consoliden 

  • Las leyes y medidas impulsadas por los movimientos sociales habrían evitado como mínimo 1.000 desahucios en el año y  200.000 cortes de suministros en Cataluña desde el 2015

  • El perfil mayoritario de personas en riesgo de exclusión residencial y/o pobreza energética es el mismo: mujeres con menores a cargo

Las entidades sociales presentamos por primera vez en castellano un informe con datos sobre la efectividad de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que se aprobó a raíz de la crisis del coronavirus en 2020, las cuales se prevé que decaigan a partir del 31 de diciembre -a menos que el gobierno decida aprobar una nueva prórroga. Por ejemplo, tan solo en 2021 se emitieron 15.311 informes sociales emitidos a efectos de aplicar la moratoria de desahucios en todo el Estado. A nivel catalán, estas medidas hasta ahora han evitado un 42,8% de los 9.398 desalojos que se notificaron aquel mismo año. Es por eso que, si bien estas moratorias han demostrado ser insuficientes, las entidades están sumamente preocupadas por las consecuencias que puede tener el levantamiento del veto en 2024 -desahucios y cortes generalizados- para aquellas familias que aún no han podido resolver su situación.

Estos datos han sido obtenidos a través de la Administración Pública y de 650 encuestas realizadas a personas afectadas por emergencia habitacional y pobreza energética, y forman parte del informe Estado de la Exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta elaborado por el Observatorio DESC -ahora DESCA-, Asociación internacional de Ingeniería Sin Fronteras, la PAH de Barcelona, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE)  y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Si bien el foco se sitúa en la Ley 24/2015, (una norma impulsada por la PAH, la APE y el Observatorio DESCA), también se hace un repaso de los diferentes cambios legislativos y las políticas tanto a nivel local, autonómico y estatal -incluyendo las moratorias- que se han ido consiguiendo hasta 2022, y el impacto de éstas en las personas en riesgo de exclusión residencial. Este informe se publicó en catalán en 2022 y desde ahora ya está disponible en castellano

Aunque las entidades se reafirman en la -aún limitada- eficacia de estas leyes y medidas, admiten grandes dificultades a la hora de medir su impacto: en el caso de la moratoria estatal de desahucios y cortes de suministro todavía es difícil medir el impacto real por la falta de datos, ya que algunas Comunidades Autónomas no los han facilitado, y también el hecho de que muchas familias ignoraban sus derechos y no han podido acogerse a ella. Aun así, los testimonios de las afectadas y los hitos conseguidos por parte de las organizaciones indican que las medidas están funcionando.

Mujeres y niños, los colectivos más susceptibles de sufrir exclusión residencial y pobreza energética -y sus consecuencias en la salud

Siguiendo con el testimonio de las familias, uno de los apartados del informe se centra en el impacto en las personas afectadas, poniendo énfasis en la salud mental -siguiendo la línea de trabajo del anterior informe- y la infancia. Respecto al perfil de las personas afectadas, los datos muestran una clara diferencia de género: casi el 69% son mujeres mientras que los hombres apenas logran el 30%. Y si se mira con más detalle la composición de los hogares, el 32% están formadas por una pareja con hijos y el 26% corresponde a familias monomarentales, de las cuales el 90,53% son mujeres con hijos a cargo suyo. Así mismo, si bien hay un porcentaje elevado de personas en situación de paro, el 30% de las encuestadas afirma tener un contrato de trabajo, hecho que refuerza todavía más la existencia del fenómeno del trabajo precario.

En en cuanto a la relación entre la pobreza energética y la exclusión residencial y su impacto en la salud mental, el informe calcula que borde el 15% de niños y adolescentes de 0-17 años en Barcelona viven a hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada los meses de invierno y un 13,4% sufren atrasos en las facturas. Así mismo, de entre las familias que declaran haber tenido dificultades para pagar agua, luz o gas, el 60,5% tienen hijos a cargo, y el 27% están formadas por niños con un solo adulto, en este caso siempre una mujer. Así mismo, el informe mide el estado de salud de las personas afectadas. Según el informe, 3 de cada 4 personas presentaron malestar psicológico y la mitad presentaron depresión, con cifras similares en hombres y mujeres. Estos valores son mucho más elevados que los que se observan en población general (16,4% de malestar psicológico y 4,7% de depresión media en población española). En relación a los niños, el informe destaca que un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas presentaron un estado de salud regular o malo, una proporción mucho más elevada que los niños de la población general de la ciudad de Barcelona (2,8% y 2%, respectivamente).

Por último, el informe apunta algunas conclusiones y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis habitacional. Por un lado, se propone no sólo prorrogar, sinó también consolidar las moratorias de desahucios y de cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad que a día de hoy son temporales -por la crisis de la covid y posteriormente mantenidas por la crisis de precios de la energía. Por la otra, se insta a las diferentes Administraciones a aprobar nuevas leyes e impulsar nuevos servicios que consoliden y amplíen el derecho a una vivienda digna -como la instalación de contadores sociales a los hogares vulnerables o ampliar el servicio de intervención de desahucios en otros municipios fuera de Barcelona- y, sobre todo, a hacer cumplir y contabilizar el impacto de las medidas que ya están en vigor a través de la implementación de mecanismos de control y sanciones contra quienes se nieguen a cumplirlas.

La PAH de Barcelona denunciamos el desahucio de una familia con menores que lleva casi 3 años en la Mesa de Emergencia

Hoy miembros de la PAH hemos acudido a la Oficina de Vivienda de Gràcia y a Servicios Sociales para presionar y que le den una alternativa digna a la familia

Irina, vecina del barrio del Coll, está pendiente de un lanzamiento el próximo 6 de octubre por impago del alquiler

Hoy la PAH de Barcelona hemos acudido a la Oficina de Vivienda de Gracia y a los Servicios Sociales de Vallcarca para acompañar a Irina, vecina del barrio del Coll, que está pendiente de un desahucio el próximo 6 de octubre por impago del alquiler. La familia, con dos menores a cargo, lleva más de dos años con el expediente aprobado para obtener un piso de la Mesa de Emergencia, pero éste nunca llega. Tanto desde Vivienda como desde Servicios Sociales hasta ahora han sido incapaces de ofrecerle una alternativa y, por tanto, si nada cambia, este viernes una familia con dos criaturas de 10 y 12 años acabará en la calle, lo que constituye una vulneración flagrante del derecho a una vivienda digna.

La historia de Irina se remonta al 2019, cuando dejó de pagar el alquiler porque, tanto ella como su marido, perdieron su trabajo en el sector de la hostelería, situación que se complicó aún más con la llegada de la pandemia a principios del 2020. Es por ello que ese mismo año tramitó la solicitud para pedir un piso de la Mesa de Emergencia que ha esperado hasta ahora. Mientras tanto, las órdenes de desahucio se han ido sucediendo, si bien, se han ido deteniendo hasta ahora, gracias a la moratoria antidesahucios.

Por lo tanto, exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que asuma el compromiso de no permitir que se expulse a Irina de su casa sin una alternativa habitacional digna. Es vergonzoso que un recurso que se supone de emergencia, como la Mesa, no sea capaz de dar un techo a una familia que lleva casi 3 años esperando. La Administración en general tiene la obligación de poner en marcha todos los mecanismos disponibles para evitar situaciones tan penosas como la que está viviendo esa familia. 

Por otro lado, desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas para que se movilicen de forma solidaria el próximo 6 de octubre frente a la calle Móra d’Ebre, 51 (hora por confirmar) para detener esta barbaridad y buscar una solución digna para Irina y su familia. ¡Estad atentas a nuestras redes, iremos publicando novedades del caso!