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PorPAH_Bcn

Manifiesto contra la celebración de The District

Vivimos momentos de estrangulamiento y asfixia de la mayoría de la población, debido a la especulación de los precios de la energía, de la alimentación, de la vivienda, con una inflación galopante que está llegando a cifras incontrolables, especialmente en Barcelona y su área metropolitana, que encabeza en todos los indicadores los precios más caros de todo el Estado en la vivienda o la alimentación. El poder adquisitivo de la mayoría de economías domésticas se ha visto reducido más de un 10%, mientras la pobreza estructural se extiende de manera imparable entre la población. Las noticias sobre beneficios millonarios de las grandes entidades financieras y fondos de inversión se suceden, mientras miles de familias no llegan a los mínimos de subsistencia y las administraciones de todos los niveles incumplen el deber de hacer efectivos los derechos sociales más elementales.

En una ciudad castigada por este contexto económico, donde cada día hay más de 20 desahucios, hemos conocido que los principales promotores de la miseria de la mayoría de la población, se reunirán en Barcelona a seguir elaborando estrategias para explotar el territorio y los recursos, especular y profundizar en los procesos de empobrecimiento y expulsión social. Del 19 al 21 de octubre se pretende celebrar el congreso internacional «The District», con más de 250 firmas, como AEDAS Homes, Anticipa, CBRE, JLL, NEINOR Homes o Servihabitat, con la participación de los fondos de inversión, de las principales promotoras inmobiliarias, de los grandes tenedores de suelo, administradores, operadores, promotores, brokers, agencias comercializadoras, consultoras o gestores de propiedades. De manera insultante, el presidente de la feria, Juan Velayos, ha subrayado que The District tiene la intención de “reposicionar de nuevo la ciudad condal como un territorio ‘Real Estate Friendly’ para los inversores”. Esto se hace con la complicidad de instituciones que, a pesar de la destrucción causada por las economías especulativas a todos los niveles, no solo mantienen este modelo sino que se prestan a sus necesidades estratégicas, por las cuales este evento es clave, como muestra el momento y el lugar donde se llevará a cabo.

Ante esta declaración de intenciones, exigimos la anulación del encuentro internacional The District. Las entidades abajo firmantes, hacemos responsables a las administraciones y partidos representados en el Consejo de Administración de la Feria de Barcelona (con Ada Colau y Roger Torrent como presidenta y vicepresidente) de su celebración y de las consecuencias que la actividad de lobby y presión de este acontecimiento hará sobre los representantes públicos. Advertimos que, si no se anula este acontecimiento desde las administraciones públicas, seremos las vecinas organizadas quienes tendremos que hacerlo.

La única tendencia que esperamos es que desaparezcan del mapa estas empresas y fondos de inversión que dominan el mundo y destruyen barrios, tierras y personas en todo el mundo por el afán del dinero y de acumular más y más capital. Los fondos de inversión no son bienvenidos, ni en Barcelona ni en ninguna parte.

Entidades firmantes:

Sindicat de Llogateres de Catalunya
CooperaSec
SHC Cassoles
Ateneu la Base
Ecologistes en Acció
Feministes de Gràcia
Sindicat d’Habitatge de Gràcia
Heura Negra
Sindicat d’Habitatge de Nou Barris
Sindicat de Barri de Poble-sec
Xtinción Rebelion
Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic
CUP Barcelona
Resistim el Gòtic
PAH Barcelona
Raval Rebel
Xarxa d’Habitatge Observatori del Clot-Camp de l’Arpa
Xarxa d’Habitatge Horta-Guinardó
Elite Taxi
CGT Catalunya
Sindicat d’Habitatge de Vallcarca
Sindicat d’Habitatge del Casc Antic
Associació de Veïnes i Veïns del barri Gòtic
Escola Popular de Sants
IAC
Anticapitalistes
Endevant (OSAN)
Habitatge del Poblenou
Coordinadora Obrera Sindical
AVV del Clot-Camp de l’Arpa
Grup d’Habitatge dels Tres Turons
Es X Una Vida Digna
Associació l’Horitzó Dansa

PorPAH_Bcn

PAH BARCELONA valora positivamente congelar hipotecas y alquileres, pero exige medidas estructurales en la futura Ley Vivienda

Criticamos al PSOE por su bloqueo de la medida que beneficia a la banca y a los fondos buitre

Esta semana hemos conocido las propuestas de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra de limitar el aumento de las cuotas hipotecarias variables de familias vulnerables al 0,1% y la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de topar el precio de los alquileres y vetar los desahucios, al menos de forma temporal, imitando las medidas anunciadas por el ejecutivo escocés hace unos días. Estas medidas se anuncian en un contexto de una nueva recesión económica en el horizonte y una población aún castigada por la crisis financiera y los estragos de la covid-19.

Desde la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona valoramos positivamente la propuesta de estas medidas, si bien estamos a la espera de más información al respecto, puesto que hasta ahora el anuncio se ha hecho a través de las redes sociales y la prensa y no por los contactos habituales entre la Administración y los movimientos sociales. Como los movimientos de defensa de la vivienda llevamos años indicando, limitar el gasto en vivienda -ahora disparado por la burbuja del alquiler- para las familias es clave para evitar una nueva ola de desahucios, que ya se adivina cruda porque hemos observado que, a pesar de la moratoria decretada por la pandemia, siguen produciéndose lanzamientos y la tendencia es que aumenten en 2022.

Por otra parte, desde PAH Barcelona vemos que, en el caso de que estas medidas se hagan efectivas, estas solo serán provisionales, ya que las relacionadas con las cuotas hipotecarias solo beneficiarán a las familias más vulnerables -y no a aquellas que, por culpa de la crisis actual, pueden llegar a serlo- y no solucionan el problema principal: que la vivienda (o más bien la falta de acceso a ella) es un problema endémico en España. Es por ello que sabemos que la mejor manera de solucionarlo y garantizar este derecho (¡básico!) es con medidas estructurales. Si bien la Constitución Española señala en su artículo 47 que “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, jamás en España se ha promovido una ley sobre vivienda integral. Pero esto podría cambiar: a día de hoy existe el proyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, pero que se ha quedado atascada en el camino por la reticencia del PSOE a limitar los alquileres, entre otras cosas. 

Y eso no es lo único: desde los movimientos sociales ya concluimos que el proyecto de ley es a todas luces insuficiente, e instamos al resto de partidos en el Congreso a no aprobar la ley en caso de que esta no incluya una serie de enmiendas propuestas por los movimientos sociales: garantizar el derecho a la vivienda; suspender los desahucios sin alternativa habitacional; ampliar el parque público de alquiler social; regulación de alquileres; garantizar los suministros básicos y telecomunicaciones; la aprobación de una Ley de Segunda Oportunidad y medidas contra el sobreendeudamiento

Por todo ello instamos al ejecutivo, y en especial al PSOE, para que deje de actuar en beneficio de los poderosos como la banca y los fondos buitre y apruebe una ley que beneficie al 99% de la población; por otra parte, queremos recordar al resto de partidos -ERC, PNV, Compromís, EH-Bildu, BNG y Más País- su compromiso para con el movimiento por la vivienda e incorporen nuestras enmiendas y, en última instancia, voten en contra de la actual propuesta si esta sigue adelante tal y como está.

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

PorimPAHrable

[COMUNICADO] El acoso contra las entidades sociales en Barcelona vuelve a perder en los tribunales

Barcelona, 1 de julio de 2022


Hoy hemos conocido que el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha archivado la causa contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, al cual se acusaba de trato de favor hacia algunas entidades de defensa de derechos humanos de Catalunya, como son el Observatorio DESC, Ingeniería Sin Fronteras, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona, o la Alianza contra la Pobreza Energética.
Se han cumplido los pronósticos que hicimos a principios de año: los tribunales no han encontrado ningún indicio ni prueba de los hechos a los que se ha acusado al consistorio barcelonés. 

Lo que hemos vivido estos meses es un nuevo episodio de “lawfare”, una práctica que cada vez está más presente en el imaginario colectivo y que consiste en la instrumentalización, la utilización abusiva del ordenamiento jurídico y de la esfera judicial para intentar condicionar, inhibir y desgastar el trabajo de organizaciones sociales y periodistas. Estas acciones judiciales tienen una baja probabilidad de éxito, pero buscan alargarse en el tiempo, captar la atención de los medios y condicionar la opinión de la ciudadanía. De forma más sencilla: es la estrategia que determinados poderes fácticos de la ciudad están utilizando para obstaculizar aquellas políticas o acciones que amenazan sus intereses, de la mano de entidades opacas utilizadas a tal efecto.

Los intentos de criminalizar la tarea de defensa de derechos humanos y de desprestigiar una institución pública, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, para incorporar a determinadas entidades sociales en el marco de políticas de defensa y ejercicio de derechos son ya numerosos y hace años que duran. De hecho, hace justo un año ya vivimos una situación muy similar: la Fiscalía archivó una denuncia prácticamente idéntica, en este caso de la asociación “Abogados Catalanes por la Constitución”. Que ninguna de estas estrategias haya prosperado demuestra que nuestra tarea como entidades en el marco de convenios o proyectos financiados viene fundamentada por nuestra larga y sólida trayectoria en la defensa de los derechos humanos; una tarea que choca frontalmente con los intereses privatizadores y especulativos de grandes corporaciones.

Una vez más, nos toca rechazar de plano estas acciones de lawfare que, a pesar de que una y otra vez se queden sin recorrido, generan meses de incertidumbre que perjudican no solo a las entidades sino también a aquellos y aquellas para quienes trabajamos: la sociedad civil. Hoy, de nuevo, se ha demostrado que nuestra tarea es de interés público y reiteramos la importancia de que desde las administraciones se apoye a las organizaciones sociales para avanzar conjuntamente hacia una sociedad más justa.

PorimPAHrable

La PAH de Barcelona denuncia la situación de precariedad de familias realojadas por los servicios sociales de l’Hospitalet

Las familias afectadas denuncian que viven en condiciones de insalubridad

El consistorio hace años que conoce la situación y hasta ahora no ha actuado para remediarlo

La PAH de Barcelona ha celebrado una rueda de prensa hoy ante el Ayuntamiento de l’Hospitalet para denunciar la grave situación de precariedad de 5 familias realojadas por sus servicios sociales municipales. Las familias denuncian que el establecimiento hotelero donde ahora residen se encuentra en condiciones de insalubridad que mostramos en este vídeo, lo que ha provocado varias denuncias por parte de las afectadas, que han acabado con la clausura de la cocina después de una inspección de Sanidad. Desde entonces, la propiedad está acosando a las familias y toma represalias contra ellas, como impedirles permanentemente el acceso a los baños.

Las familias denuncian, además, que hace semanas que se pusieron en contacto con los servicios sociales hospitalenses, pero que hasta ahora no han actuado para encontrarles una alternativa. Lo peor de todo es que el Ayuntamiento ya hace tiempo que tiene conocimiento de las deplorables condiciones del hostal −ya que en 2019 la PAH de Barcelona acompañamos a otra familia afectada que también se alojó en este hostal− y, aun así, sigue derivando a personas extremadamente vulnerables, con la dificultad extra que ello supone a la hora de encontrar mecanismos para denunciar y defenderse ante semejante situación de abuso.

Estos hechos tan graves nos demuestran, de nuevo, la nula sensibilidad del consistorio de la socialista Núria Marín a la hora de dar apoyo a la ciudadanía más vulnerable, por no hablar de su escaso compromiso con el derecho a la vivienda en general. Desde PAH Barcelona no toleraremos que las familias continúen en esta situación tan indigna ni un minuto más; por ello, hemos acudido a la sede municipal para denunciar estos hechos públicamente y exigir una reunión urgente con el concejal responsable del Área de Bienestar y Derechos Sociales, Jesús Husillos, o bien con el jefe o la jefa de Servicios Sociales para encontrar una solución.

Por otra parte, apelamos al Ayuntamiento de Barcelona, ya que el establecimiento se encuentra en este municipio, con el fin de que realice una inspección en el Hostal y lo clausure definitivamente.

#RealojosDignos

PorimPAHrable

Las ocupaciones, una forma precaria de vivir y un síntoma de la falta de acceso a la vivienda en Barcelona

Los datos publicados hoy por el Ayuntamiento de Barcelona muestran que muchas de las afirmaciones alarmistas que hacían ciertos partidos y medios son totalmente falsas

Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho público un informe basado en los datos del Ministerio del Interior sobre denuncias por ocupación a nivel de comunidades autónomas y provincias y en datos de denuncias totales por ocupaciones en la ciudad de Barcelona facilitados por los Mossos d’ Escuadra.

En el informe se detalla la evolución del número de denuncias por ocupación en precario en 2019 y 2021, que es la siguiente:

Hay que poner el foco en los siguientes datos del informe para analizarlos en su globalidad: que de las personas atendidas por el servicio SIPHO, el 40% eran situaciones en precario/ocupaciones; solo 3 de estas situaciones fueron ocupación del domicilio habitual, es decir, un 0,1%; y que el grueso de las ocupaciones (73%) tienen lugar en viviendas de grandes tenedores −el 79% de las cuales son entidades financieras−, datos que desmienten las campañas comunicativas de algunos partidos políticos y medios que repiten año tras año, especialmente en esta época, que cualquiera puede perder el hogar en manos de quien se ve obligado/a a ocupar. Campañas que solo quieren alarmar a la ciudadanía y criminalizar a las personas vulnerables.

Desde la PAH de Barcelona afirmamos que estos datos reafirman nuestra tesis: las ocupaciones sin título habilitante son una forma precaria de acceso a la vivienda, inestable e insegura, que es causada por el aumento de desahucios, el alza de los precios de alquiler y la falta de un parque público para realojar o acceder a una vivienda a precio asequible. En el informe “Emergencia habitacional, pobreza energética y salud. Informe sobre la inseguridad residencial en Barcelona 2017-2020” se detalla que el 19% de personas que se ven obligadas a ocupar una vivienda lo hacen porque previamente han sufrido un desahucio por impago o incremento repentino del alquiler. Asimismo, estos datos demuestran que la mayoría de ocupaciones tienen lugar en pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre −paradójicamente, los propietarios que más desahucian, por lo que es fácil deducir que estos tenedores están manteniendo grandes volúmenes de pisos vacíos con el objetivo de especular a expensas de un derecho fundamental. La Administración tiene el deber de hacer cumplir con la función social de la vivienda y, por lo tanto, de utilizar herramientas como la Ley 24/2015 y la Ley 1/2022 antidesahucios, que contemplan la obligación, para los grandes tenedores, de hacer alquileres sociales a las familias, así como obligarles a ceder viviendas vacías.

Hay que entender, pues, que la realidad de las ocupaciones es el resultado de la exclusión social de familias que han sufrido varios desahucios y que visibiliza las desigualdades y la precariedad cronificada de capas cada vez más amplias de la sociedad. Se trata, pues, del resultado de no impulsar políticas y leyes de vivienda valientes ni tampoco de dotar de presupuestos las partidas correspondientes para revertir la grave situación actual. La futura Ley de Vivienda estatal podría ser una oportunidad para revertir esta tendencia y garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias vulnerables. Exigimos a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que apliquen con contundencia las leyes antidesahucios y pongan multas a los grandes tenedores que dejan sus viviendas vacías. ¡No puede ser que haya gente sin casa y casas sin gente!

Mientras tanto, animamos a las familias de toda Catalunya a que se acerquen a nuestras asambleas para defender su derecho a una vivienda digna. ¡No estáis solas!