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PorPAH_Bcn

[Nota de prensa] Entrada en vigor de la ley estatal de vivienda. ¿Cómo afecta en materia de desahucios?

Hoy entra en vigor la ley estatal de vivienda, la Ley Vivienda. Una ley que dista mucho de las exigencias de la PAH y de los movimientos sociales que trabajan para garantizar el derecho a la vivienda

Durante más de dos años hemos estado trabajando para incluir en la ley medidas como el alquiler social obligatorio para luchar contra los desahucios y otros mecanismos para corresponsabilizar a bancos y fondos buitre, que han sido responsables de más de 139.000 desahucios en Catalunya. Aun así, ha habido cambios en materia de desahucios que no se entenderían sin nuestra presión. Desde las PAH de Catalunya seguiremos al frente de la lucha por el derecho a la vivienda, presionando sin cesar para que se apliquen las pequeñas medidas útiles que recoge la ley. Asimismo, y mucho más importante, continuaremos organizando a la ciudadanía para proponer nuevos cambios para garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda de todas.

Los cambios en materia de desahucios que entran en vigor hoy son los siguientes:

  • Se prohíben los desahucios abiertos. Ante la constatación de que esta práctica se volvía a utilizar en algunos casos, ahora se blinda y se extiende a todo tipo de desahucios –de alquiler por impago y fin de contrato, ocupación e hipoteca−, modificando de nuevo varios artículos de la ley de enjuiciamiento civil.
  • Se aumenta de 1 a 2 y de 3 a 4 meses (según si la propiedad es persona física y jurídica, respectivamente) el plazo máximo de suspensión del procedimiento de desahucio que puede acordar el Juzgado para que se adopten las medidas de vivienda propuestas por las administraciones públicas como alternativa habitacional, después de que la Administración competente haya comunicado que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica. Además, este rol, que antes se atribuía a servicios sociales en genérico y ahora se otorga a las administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, incluye la presentación de propuestas de alternativa de vivienda digna de alquiler social a proporcionar o de medidas de atención inmediata a adoptar.
  • Se introduce una definición o los criterios para que el Juzgado valore la situación de vulnerabilidad económica para suspender o no el procedimiento, vinculándolo a topes de ingresos, ponderados y superiores en caso de que haya hijos a cargo, personas mayores de 65 años o en situación de dependencia, enfermedad, etc. En desahucios de alquiler se incluye el criterio directo de vulnerabilidad de que los pagos del mismo, más los suministros básicos, superen el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
  • Se introduce la intermediación previa como requisito para admitir las demandas de desahucio de alquiler, ocupación (que van por vía civil) e hipotecarios por parte de grandes tenedores en vivienda habitual de familias vulnerables. Es decir, no podrán iniciarse procedimientos judiciales si el gran propietario (persona física o jurídica con más de diez inmuebles urbanos) no ha acudido al procedimiento de conciliación o intermediación que establezcan las administraciones competentes (pendiente de regular en la mayoría de los territorios), es decir, las autonómicas, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda. La medida afectará también a los desahucios actualmente suspendidos gracias a la moratoria estatal contenida en el RDL 11/2020, en las mismas condiciones. Quien debe demostrar que la familia no es vulnerable es la misma propiedad y en caso de serlo, podrá interponerla si demuestra que han acudido a la Administración como máximo 5 meses antes sin haber sido atendido, 2 meses después de haberlo solicitado sin que se inicie la intermediación en 2 meses, o antes de 3 meses después de que acabe indicando su resultado.

 

En Catalunya tenemos la ley antidesahucios catalana, Ley 24/2015, que contempla el ofrecimiento de un alquiler social en los casos de familias vulnerables y grandes tenedores, para evitar desahucios. En este sentido, la intermediación que contempla la nueva ley estatal habilita el encaje de ambas normativas. Es decir, a partir de ahora no puede haber ninguna demanda sin que haya habido una intermediación entre las partes y esto conlleva dar mayor robustez a la Ley 24/2015, ya que los grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de poner la demanda y la Administración competente podrá hacer el seguimiento de la oferta y llevar a cabo su cumplimiento íntegro.

Ahora exigimos a la Generalitat que debe regular de forma urgente y garantista el procedimiento de conciliación o intermediación de acuerdo con el análisis de las circunstancias de ambas partes, de la Ley 24/2015 y recursos existentes en materia de vivienda. En este sentido, el pasado lunes nos reunimos con el conseller de Territorio, Juli Fernández, para hacer llegar esta demanda y explicitar que deben liderar, contando con la ciudadanía, esta nueva herramienta para conseguir firmar miles de alquileres sociales y evitar así desahucios a familias vulnerables.

Porimpahrable

Desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas que estén sufriendo una situación de desahucio: no estáis solas

Comunicado sobre el suicidio de una mujer antes de ser desahuciada en Barcelona

Queremos expresar nuestra profunda tristeza y enviar nuestro pésame a la familia y entorno de la víctima

De nuevo, la muerte de Melanie es fruto del fracaso de las Administraciones a la hora de proteger el derecho a la vivienda

Lunes, 15 de mayo de 2023

Hoy lunes empezamos la semana de la peor manera posible: lamentando la muerte de una mujer que se ha quitado la vida en Barcelona antes de ser desahuciada. Según los medios que han cubierto la noticia, se llamaba Melanie y llevaba unos 3 o 4 años viviendo en el piso, pagando religiosamente su alquiler y desde hace unos meses que no podía pagar porque se había quedado sin trabajo y estaba pasando por un mal momento personal. A partir de entonces, la fundación propietaria del piso interpuso una demanda para desalojarla y el día del desahucio los miembros de la comitiva entraron en el piso y encontraron su cuerpo sin vida. Melanie no era usuaria de los servicios sociales, aunque desde el Ayuntamiento se activó el SIPHO para acompañarla y ella rechazó su ayuda.

Desde la PAH, en primer lugar, queremos expresar nuestro dolor al conocer otro caso en el que una afectada por el problema de la vivienda acaba por no encontrar ninguna salida y pierde la vida. Nos imaginamos la vergüenza, la angustia, la tristeza y la soledad que Melanie debía haber sentido y que le impedía buscar –o incluso aceptar– ayuda. Lo sabemos muy bien porque en la PAH, en el día a día, debemos luchar no sólo con los desahucios en sí, sino en sus efectos sobre la vida de las personas, concretamente sobre la salud mental; de hecho, hemos publicado hasta dos informes −uno en 2020 y otro en 2022− junto con otras entidades y la Agencia de Salud Pública de Barcelona, alertando del problema. Asimismo, no podemos dejar de imaginarnos qué hubiese pasado si Melanie hubiera llegado a alguna de las asambleas de las diferentes organizaciones del movimiento por la vivienda: quizás hubiera visto que ella no estaba sola. De esta situación también es posible salir de la misma forma en que lo han hecho tantas otras personas, que han encontrado en el movimiento un espacio donde desterrar la vergüenza que acompaña al −supuesto− fracaso de perder el trabajo y el hogar, coger valor y confianza para explicarse y, sobre todo, sin sentirse juzgada, condenada y privada de ayuda por no poder seguir los protocolos que marcan las instituciones.   

Las entidades sociales que trabajamos por la defensa de los derechos humanos como la vivienda, hemos reiterado una y otra vez a las diferentes administraciones, que los diferentes protocolos que se aprueban fallan a la hora de dar respuesta a aquellas casuísticas más complejas y que es precisamente en estos casos más difíciles que la ayuda mutua y la solidaridad tienen un efecto multiplicador en el bienestar de las personas. Lo vemos cada lunes en nuestras asambleas desde hace más de 14 años. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta persona, por desconocimiento o por incapacidad no puede seguir los mecanismos que se imponen desde los servicios sociales? Pues la indefensión absoluta.

De nuevo, que Melanie haya decidido quitarse la vida, demuestra que los poderes públicos han fracasado a la hora de garantizar la vivienda, ya que ésta es el último refugio que tenemos las personas cuando todo lo demás va mal. ¿Por qué seguimos considerando este refugio como un bien de mercado? ¿Cómo es posible que exista tan sólo la noción de quitarle la vivienda a alguien y dejarla en la calle en esta situación? La Administración lleva años teniendo nuestras propuestas sobre la mesa: prohibir los desahucios sin alternativa, aumentar el parque público de vivienda, invertir recursos en los servicios sociales y en la atención proactiva, integral y personalizada de las afectadas, entre otros. Es cuestión de voluntad política. Se ha aprobado una ley de vivienda estatal sin hacer caso a la ONU ni a la PAH, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. Mientras no sea así, los movimientos sociales trataremos de llegar a aquellas personas que no tienen ni voz ni fuerza para seguir los protocolos y continuaremos luchando, en nombre de aquellas personas a las que no llegamos a ayudar a tiempo, como Melanie, Jordi y Alicia, entre otros. ¡No son suicidios, son asesinatos! 

Desde la PAH hacemos un llamamiento a todas las personas que están sufriendo y que corren el riesgo de perder el hogar: no estáis solas. No dudéis en venir a nuestras asambleas para buscar ayuda y acompañamiento; os encontrareis con muchas de nosotras, que también hemos pasado por aquí, y sabemos que existe una salida. ¡Lucharemos juntas para defender nuestras casas y cambiar las leyes injustas!

Porimpahrable

La PAH de Barcelona publicamos nuestras propuestas en materia de vivienda para las elecciones municipales

La semana pasada enviamos el dossier con las 8 propuestas a los principales partidos que optan a la alcaldía de la ciudad

El 18 de mayo diversas entidades organizamos un debate electoral sobre vivienda con la participación confirmada de candidatos y candidatas de BeC, ERC, Junts y la CUP

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Barcelona publicamos hoy nuestras propuestas en materia de vivienda para la próxima legislatura que se iniciará después de las elecciones del 28 de mayo. Desde la entidad queremos compartir con los medios el fruto de varias semanas de trabajo que se han condensado en un total de 8 propuestas de ámbito municipal que creemos que pueden mejorar sensiblemente la realidad de las personas que viven en situación de inseguredad residencial en la ciudad, algo que todavía está pendiente de solucionar por parte de las diversas administraciones. La semana pasada ya hicimos llegar este mismo dossier a las principales candidaturas a la alcaldía de la ciudad para que nos trasladaran sus comentarios al respecto. Asimismo, también esperamos conocer el punto de vista de los candidatos y candidatas durante el debate que organizamos diversas entidades sobre políticas de vivienda en Barcelona el próximo 18 de mayo a las 18:30h en el Centro Cívico Can Felipa (Pl. Josep Claveria, 1 – Barcelona) y el próximo 23 de mayo haremos públicas las respuestas de los partidos sobre estas medidas.

8 medidas para hacer buenas políticas de vivienda

A continuación os enumeramos, de forma resumida (en el dossier las encontrareis ampliadas), las 8 propuestas que creemos que son cruciales a la hora de poder hacer unas buenas políticas de vivienda pensadas para −y con− la gente que se encuentra en situaciones de inseguridad residencial:

  1. Plan de choque: poner la Mesa de Emergencia a CERO
  2. Servicios sociales más justos y de calidad
  3. Mantener y potenciar el SIPHO
  4. Creación de una unidad especializada en casos de ocupación
  5. Reuniones de análisis y evaluación en políticas de vivienda con los movimientos sociales
  6. Aumento del parque de vivienda pública
  7. Realojos dignos
  8. Pisos vacíos y sanciones de la Ley 24/2015.

Desde la PAH de Barcelona esperamos que los distintos partidos adopten estas medidas en su programa de gobierno para la próxima legislatura. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para paliar la crisis habitacional en la ciudad y velaremos por el cumplimiento de aquellas leyes que garantizan derechos y han sido impulsadas por la sociedad civil, que no puede esperar ni un minuto más para dar respuesta al derecho −fundamental− a tener una vivienda digna.

DESCÁRGATE EL DOSSIER AQUÍ

PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona nos colamos en el Hotel Palace para entregarle una carta a Raquel Sánchez sobre la nueva Ley de Vivienda

Una decena de activistas nos hemos colado en el lujoso hotel de la capital catalana de forma pacífica para hablar con la ministra

«Esta ley no parará desahucios ni mucho menos va a bajar los alquileres. Se han olvidado de los hipotecados»

Barcelona, 28 de abril

Foto: EUROPA PRESS

Esta mañana una decena de activistas de la PAH hemos entrado en el Hotel Palace de Barcelona aprovechando la visita de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la capital catalana un día después de haber aprobado en el Congreso la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda.

Tras unos minutos y después de aclarar que nuestra intención era totalmente pacífica, hemos procedido a leer una carta en voz alta dirigida a la ministra, al gobierno y al Partido Socialista en general:

«Carta a la Ministra Raquel Sánchez y al PSOE,

Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la primera ley que habla explícitamente del Derecho a la Vivienda en el Estado español. A pesar de que la Constitución y su artículo 47 -el que reconoce el derecho a la vivienda como tal- se aprobaron hace casi 45 años. En este vacío de más de cuatro décadas hemos visto las consecuencias de considerar la vivienda como un bien de mercado en lugar de como un derecho: casi un millón de desahucios producidos por sendas burbujas de hipoteca y alquiler que han empobrecido -y empobrecen- a la mayor parte de la ciudadanía. A raíz de esta insostenible situación, hace 14 años algunas de nosotras dijimos “basta” y así se fundó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca precisamente aquí, en la ciudad de Barcelona. 

Los movimientos sociales hemos luchado por una Ley de Vivienda con uñas y dientes y siempre nos hemos topado con la oposición de un partido -el Socialista- que no ha querido oír ni hablar de alquileres sociales, de ponerle topes a los alquileres, de incorporar las viviendas de la Sareb para aumentar el parque público ni mucho menos limitar los beneficios de la banca. Que nadie se equivoque: esta ley no va a evitar los desahucios ni va a bajar los alquileres. Todas las que estamos aquí -muchas de ellas pendientes de un desalojo- por desgracia lo sabemos muy bien.

La nueva ley deja aún muchos temas sin resolver. Por enumerar algunos: no prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional, ni garantiza realojos dignos; el “tope” del alquiler incluido en la ley no va a impedir que de facto se sigan incrementando las rentas; no pone coto a los alquileres turísticos y de temporada; y tampoco prevé ninguna medida de emergencia para aquellas familias que necesitan un hogar, renunciando expresamente a la posibilidad de implementar el llamado alquiler social, que evitaría que Cerberus o Blackstone pudieran desahuciar a familias vulnerables y que además les obligaría a movilizar los miles de pisos vacíos que tienen por todo el territorio. Y otra cosa más que la ley no aborda: el problema de la hipoteca. En la nueva ley no hay ni una sola medida dirigida a aquellas familias que han hipotecado varios años de su sueldo para pagar el techo bajo el que viven y que ahora ven dispararse su cuota en hasta 300 euros mensuales por culpa de la subida de los tipos de interés, todo ello a la vez que la banca anuncia beneficios millonarios.

A la ministra y al gobierno queremos decirle que ésta no es nuestra Ley. Que ustedes, al contrario de lo que llevan días afirmando, no han escuchado a la ciudadanía; en los más de dos años que ha durado la tramitación de esta ley el presidente Sánchez no se ha reunido con las entidades que tratamos el problema de la vivienda cada día -sin embargo, eso sí, sí que ha tenido tiempo para numerosos encuentros con los jefes de BlackRock y Blackstone, los fondos buitre más grandes del mundo. Otro ejemplo: precisamente usted, ministra,  hace un par de días dijo en televisión “Que nadie se preocupe por las rentabilidades del sector inmobiliario, que las tendrá”. ¿Cómo es posible que usted o el PSOE puedan pensar que es compatible tratar la vivienda como un derecho básico y a la vez sacarle rentabilidad? ¿Cómo es posible que los socialistas hablen de garantizar el derecho a la vivienda mientras tienen a Joan Clos presidiendo ASVAL? La vivienda no puede ser un bien de mercado: los alquileres disparados y las más de 700.000 familias desahuciadas desde 2008 lo demuestran. Ustedes lo saben, lo que pasa es que han preferido defender los intereses de los de siempre.

Por último: a pesar de los avances que el movimiento ha conseguido con esta ley, el problema de la vivienda ni de lejos se ha solucionado. Necesitamos vivienda ahora, no tenerla nos enferma, y no podemos esperar 20 años hasta alcanzar un parque público medianamente decente. Por todo ello seguiremos luchando: paralizaremos desahucios; aprovecharemos cualquier ventaja en la nueva ley, por pequeña que sea, para proponer nuevas medidas y, por supuesto, seguiremos reclamando aquellos pisos que permanecen vacíos esperando una nueva burbuja. Mientras se siga desahuciando, nosotras no descansaremos ni ustedes tampoco. Porque incluso un niño entiende que las casas son para vivir, no para especular«.

Posteriormente las activistas hemos salido del hotel recordando que «la vivienda es un derecho, y no un privilegio«. Asimismo hemos entregado la carta a pesar de que la ministra no ha querido atendernos. 

PorPAH_Bcn

Promontoria Coliseum (Cerberus) quiere echar de casa a una familia hipotecada en vez de ofrecerle el alquiler social que le corresponde por ley

El próximo viernes 21 de abril está previsto el 4º intento de desahucio de Nancy en manos de Promontoria Coliseum, una inmobiliaria controlada al 100% por el fondo buitre Cerberus. El pasado lunes la PAH de Barcelona logró parar el desahucio in extremis, a pesar de la insistencia de la comitiva y los Mossos d’Esquadra que «no quieren discutir leyes». Nancy tiene derecho a un alquiler social gracias a la normativa antidesahucios catalana (Leyes 24/2015 y 1/2022), que obliga a los grandes tenedores de vivienda −como bancos y fondos buitre− a ofrecer un alquiler social a las familias que demuestran situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas, tanto en casos de impago de alquiler como de hipoteca o finalización de contrato de arrendamiento.

 

Una familia hipotecada víctima de la crisis

 

Nancy lleva más de 15 años viviendo en este piso, situado en la calle Bac de Roda, 79, en el barrio de Sant Martí en Barcelona. De hecho, era de su propiedad: como tantas otras familias en este país, se hipotecó para tener un techo, con la CAM en el 2007, que posteriormente cedió el crédito al Banco Sabadell. En 2013, por culpa de la crisis económica, dejó de pagar, y el banco subastó la vivienda y a ella le quedó una deuda de 139.000€. Durante todo este tiempo Nancy, acompañada por la PAH de Barcelona, intentó negociar una dación en pago, pero la única respuesta del banco fue proponerle un realojo, aunque la entidad nunca llegó a enseñarle ninguno ni a hacerle una propuesta formal.

 

Con el tiempo, Banco Sabadell creó con Cerberus la sociedad Promontoria Coliseum, a la que le transmitió la propiedad de miles de pisos, entre ellos el de Nancy. Desde entonces, el fondo se ha negado a ofrecerle ninguna alternativa alguna más allá del desahucio. Asimismo, la afectada ha denunciado la situación ante el Ayuntamiento de Barcelona para que éste sancione a Promontoria de acuerdo con la Ley 24/2015; por su parte, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 9, Antonio Lechón Hernández, se niega a suspender el lanzamiento porque entiende que “[…]el derecho a la vivienda no tiene protección constitucional directa e inmediata del artículo 53.2 CE, es decir, no es directa o inmediatamente ejercitable como verdadero derecho subjetivo o no ofrece a los ciudadanos la posibilidad de reclamar a los Tribunales su efectiva satisfacción […]», obviando la normativa catalana y tildándola de «administrativa». 

 

Un exdirectivo del Banco Popular involucrado

Según las investigaciones realizadas por la PAH de Barcelona, la denunciante, Promontoria Coliseum Residential, es una Sociedad Limitada ubicada en Madrid −en una oficina fantasma−, creada en 2019 con la participación inicial del fondo de inversión Cerberus en un 80% y por el Banco Sabadell en un 20%. A finales del año pasado Banco Sabadell anunció que vendía su participación y ahora Cerberus posee el 100% de la empresa. Forma parte de un conglomerado de empresas creadas ad hoc para conducir las inversiones de Cerberus en toda España, todas ellas con el prefijo “Promontoria”- (Coliseum, Challenger, Marina, Manzana, Yosemite, Jaguar, Bahia, Poseidon, Macc, etc.) y regularmente auditadas por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC).

 

Si bien en los consejos administrativos de éstas constan varios nombres de directivos de Cerberus, hay dos que destacan por ser los más concurrentes: Gerardus Johannes Schipper y Francisco Juan Sancha Bermejo. Este último fue directivo del desaparecido Banco Popular, como director general del banco y responsable del Área de Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos (NITA). De hecho, fue de los directivos que, pese a tener la quiebra a la vuelta de la esquina, todavía estuvieron cobrando beneficios de la entidad mientras las más de 300.000 familias afectadas por el Popular se asomaban a la ruina económica

 

Este caso demuestra que la actual crisis habitacional protagonizada ahora por la burbuja de alquiler, ha sido provocada por los mismos que provocaron la anterior crisis hipotecaria, que siguen sin haber pagado por su nefasta gestión y que ahora pretenden seguir enriqueciéndose a costa de familias como la de Nancy. Por ello, ¡convocamos a todas las activistas de Barcelona y a los medios para denunciar estas prácticas especulativas, detener el desahucio y exigir que Cerberus cumpla con la ley!

 

Hasta ahora Promontoria no ha accedido a dar ninguna solución a las familias de la PAH, ni a Nancy. En la convocatoria habrá más familias afectadas por este fondo  buitre.