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PorPAH_Bcn

[Comunicado] El Ayuntamiento de Hospitalet, del PSOE, vuelve a dejar a una familia vulnerable en la calle

Ingrid, junto a la PAH de Hospitalet, lleva acampada delante del Ayuntamiento desde el pasado miércoles exigiendo una solución habitacional
El pasado miércoles 31 de julio, Ingrid junto a su hijo de 5 años, fueron desahuciados de un piso de Kutxabank. La familia venía de un proceso de impago de alquiler desde el pasado año; debido a una subida del alquiler y la pérdida de recursos de la familia no pudieron hacer frente a las cuotas y padecieron un desahucio sin alternativa habitacional. Gracias a la solidaridad y ayuda de la PAH, la familia pudo recuperar un piso en manos de la banca, en este caso de Kutxabanc, que estaba incumpliendo su función social, ya que se encontraba vacío y la vivienda es para vivir, no para especular.
El pasado 31 de julio, la familia fue desahuciada sin realojo garantizado, ni por parte de la entidad financiera que no accedió a hacer un alquiler social, ni por parte de la Administración a realojarla en la Mesa de emergencia, tal y como prevé la Ley 24/2015.
Sin alternativa habitacional, Ingrid y su hijo, junto a las compañeras de PAH Hospitalet iniciaron el mismo miércoles 31 de julio una acampada indefinida delante del Ayuntamiento de Hospitalet. Durante este tiempo han ido a acompañarlas diferentes entidades sociales y las PAHs del territorio catalán. La respuesta de Servicios Sociales ha sido que se busquen un piso para vivir y que les ayudarán para la entrada. ¿Y luego qué? ¿Otro desahucio? Está claro que la alternativa del Ayuntamiento no es una solución para Ingrid. En primer lugar porque con sus ingresos y una deuda del primer piso del que fue desahuciada nadie le alquilará ninguna vivienda, y en el supuesto, casi imposible, de que lo consiguiera, el primer mes ya no lo podría pagar. Es inaudito que la solución sea responsabilizar más a la familia que ha sido desahuciada, criminalizándola y culpándola por su situación. Mientras la Administración durante estos años ha sido incapaz de buscar soluciones y medidas para ampliar el parque de vivivienda pública inexistente de la ciudad.
Exigimos una solución digna para Ingrid y su familia. No es el primer caso en que el Ayuntamiento de Hospitalet vulnera el derecho a una vivienda digna a sus vecinas, es por eso que queremos remarcar y denunciar las políticas de vivienda que llevan años perpetuándose en esta ciudad. El actual regidor de vivienda y el nuevo gobierno municipal ningunean y hacen caso omiso, tanto a una ley catalana, la Ley 24/2015, que dice claramente en su articulo 5.6.: «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio»,  como al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas que prohibe los desahucios sin alternativa habitacional. Para Núria Marín, alcaldesa de Hospitalet por el PSOE, el derecho a la vivienda de la ciudadanía no es más que papel para tirar a la basura.
Desde la PAH lo tenemos claro, no vamos de dejar a las familias en la cuneta, vamos a luchar con ellas hasta conseguir nuestros derechos, y es que tener un hogar no debería ser un lujo, sino un derecho para toda la ciudadanía.
¡La #acamPAHdaHospitalet sigue! Necesitamos tu ayuda. Acércate a la plaza y colabora con nosotras, montando un taller, una charla debate sobre derechos humanos, acércate y pregunta por las comPAHs de PAH Hospitalet.
¡Frente a la inacción de las administraciones, autoorganización ciudadana!
¡Sí se puede!
PorPAH_Bcn

¡Volvemos el 2 de septiembre!

La PAH de Barcelona acabamos la última asamblea de bienvenida de julio más unidas que nunca

El pasado lunes acabamos la última asamblea de bienvenida de julio celebrando todo un curso de lucha intensa por el derecho a la vivienda, por los derechos de todas.

Ha sido un curso intenso. Este 2019 hemos celebrado 10 años de la PAH, 10 años de autoorganización, empoderamiento ciudadano y lucha por el derecho a la vivienda. Y coincidiendo con la 25ª asamblea estatal nos juntamos más de 400 personas de todo el territorio en el Ateneu Popular de Nou Barris para trabajar y consensuar nuevos retos y la organización del movimiento.

Hemos conseguido recuperar la Ley 24/2015 y hemos exigido a la  Administración, a los bancos y a los juzgados su cumplimiento. Tenemos una ley que hemos impulsado desde la ciudadanía, y que hemos conseguido recuperar. Ya no hay excusas para no aplicarla correctamente y con contundencia.

Hemos hecho acciones contra Blackstone, la Sareb, Bankia, Caixabank y otros muchos banksters que pretenden echarnos de nuestras casas. Hemos ocupado sus oficinas y hemos hecho acciones en la calle. Nosotras somos fuertes y estamos organizadas. Y no vamos  a permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos.

Hemos organizado y participado en manifestaciones multitudinarias, como la #PunxemLaBombolla, contra la subida abusiva de los precios de los alquileres, o la #BarcelonaNoEstaEnVenda contra la precarización de la ciudad. Incluso hemos organizado junto al Sindicat de Llogaters la primera fiesta por el derecho a la vivienda, una jornada de lucha y visibilización, donde todos los grupos actuaron desinteresadamente. ¡Gracias a todas!

Durante las elecciones municipales hemos sentado en nuestra asamblea a representantes políticos de los diferentes partidos para que escucharan la realidad que estamos viviendo la ciudadanía. Incluso les exigimos 8 demandas muy claras para acabar con la emergencia habitacional que vivimos en la ciudad de Barcelona. Y ya les advertimos, estaremos vigilantes para que se garanticen nuestros derechos a todos los niveles.

Hemos parado desahucios y hemos seguido denunciando los desahucios abiertos, prácticas totalmente inhumanas para las familias, que genera sufrimiento y angustia. Exigimos que la justicia se ponga del lado de la ciudadanía y no del lado de los grandes poderes financieros. No vamos a parar hasta conseguir acabar con estas prácticas ilegales.

Y hemos conseguido sentar en una misma mesa al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Cataluña y a la Delegación del Gobierno, formando así un Gabinete de Crisis, para acabar con los realojos indignos en que son alojadas las familias que han sufrido un desahucio. Alojamientos que no tienen en cuenta la realidad de las familias, sin cocina, espacios pequeños, incluso algunos de ellos con una falta de salubridad evidente. A mediados de septiembre tendrá lugar la siguiente reunión. Esperamos que vengan con el trabajo hecho y colaboren entre ellas para encontrar soluciones efectivas a esta situación de emergencia. Las familias no pueden esperar más.

La PAH de Barcelona volveremos en septiembre llenas de energia, con toda la fuerza y la contundencia que nos caracteriza y que hemos ido demostrando estos 10 años del movimiento. Porque sabemos que son nuestros derechos y no vamos a permitir que se vulneren, porque sabemos que Sí Se Puede.

La próxima asamblea de bienvenida será el lunes 2 de septiembre en nuestro local de la calle Leiva 44, Barcelona, <M> Hostafrancs L1. ¡Os esperamos!

 

PorPAH_Bcn

Blackstone expulsa a las vecinas y precariza la ciudad

La PAH Barcelona, la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible y las Kelly’s denunciamos públicamente cómo las prácticas del fondo buitre Blackstone expulsan a las vecinas de sus casas y precarizan nuestros trabajos y ciudades

El pasado 14 de junio las PAHs catalanas fuimos a la sede de Blackstone a recordarles que sus prácticas abusivas matan. Ocupamos sus oficinas para exigir soluciones dignas y unas demandas muy claras:

  • Una oficina de atención al público en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida.
  • Alquileres sociales según la Ley 24/2015 para los casos de impago de hipoteca y alquiler, con los baremos y a 7 años, como marca la actual LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos).
  • Renovación de los alquileres sociales: actualmente hay, tan solo en Barcelona, 500 familias que finalizan su alquiler social y no quieren renovarles.
  • Quitas de deuda.
  • Alquiler social en los casos de ocupaciones de familias vulnerables.
  • Citas por escrito para cada uno de los casos que se presentaron.

Se consiguió forzar reuniones específicas por grupos locales para buscar soluciones para las familias. En el caso de Barcelona nos reunimos con el fondo buitre el pasado 4 de julio, con el compromiso de que el 23 de julio todas las familias tendrían una oferta para su caso. A día de hoy, la mayoría de familias están a la espera de esta solución. Pasa lo mismo con otras compañeras.

Desde que Blackstone aterrizó en el territorio español, hemos visto cómo absorbía las hipotecas de Caixa Catalunya y otros bancos rescatados, para desahuciar a las familias y quedarse la vivienda para hacer negocio. Ahora continúan colonizando las ciudades con la compra de otros inmuebles como hoteles o edificios.

Por otro lado, desde la ABTS (Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible) queremos llamar la atención sobre los movimientos que Blackstone y otros fondos buitre están haciendo dentro del sector hotelero. Es sabido que el sector de la construcción y el turístico son vasos comunicantes, y que el proceso de financiarización se está extendiendo a todos los sectores económicos. Así, numerosas compañías están separando la gestión de sus hoteles, que a menudo conservan, de su propiedad, que venden a fondos de inversión, propios o externos. Consiguen así sacar todavía más rendimiento a su actividad, y globalmente el negocio también es más rentable por las ventajas fiscales con que cuentan los fondos.

A la vez, la inversión que Blackstone está haciendo en hoteles (actualmente, el primer grupo en propiedades hoteleras) viene a reforzar el proceso de turistización que sufrimos en Barcelona y tantos otros lugares de nuestra geografía. Los flujos y la actividad turística continúan creciendo cada año en la ciudad, y así siguen agravándose los impactos en términos de expulsión de vecinas, pérdida de comercio de uso cotidiano, saturación de calles, plazas y transporte público, contaminación ambiental…, y especialización en sectores laborales especialmente precarizados.

Desde las Kelly’s nos sumamos a esta lucha contra la precariedad laboral que los hoteles imponen, cuando externalizan el servicio de limpieza de las camareras de piso, con salarios de miseria y jornadas maratonianas. Nuestras dolencias, que no son reconocidas como laborales, son producto de esto.

Desde la PAH de Barcelona, la ABTS y las Kelly’s queremos poner en alerta y denunciar que Blackstone se ha convertido en el más grande propietario inmobiliario y hotelero, y que no dejaremos que continúe desahuciando, precarizando y colonizando la ciudad.

 

PorPAH_Bcn

La PAH forzamos la creación de un Gabinete de Crisis para el realojo de familias desahuciadas

Gracias a la PAH Barcelona la reunión con representantes del Gobierno español, de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona acaba con la cooperación de las tres administraciones para dar respuesta a las 600 familias realojadas en pensiones

El Gabinete de Crisis tendrá un segundo encuentro el próximo lunes con el compromiso de seguir trabajando para hacer un plan de acción efectivo de realojo a principios de septiembre

El pasado jueves 18 de julio ocupamos la sede del Ayuntamiento de Barcelona para pedir una reunión de urgencia provocada por la insostenible situación de 600 personas en Mesa de emergencia. La presión de la PAH y la ciudadanía logró que por primera vez, nos reuniéramos esta mañana representantes de las tres instituciones con competencias en materia de vivienda en la ciudad de Barcelona, con representantes del Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Gobierno de España.

A la reunión han asistido Lucía Martín, concejala de Vivienda, Carlos Macías, asesor de Vivienda, Ricard Fernández, gerente de Derechos Sociales y Gerard Capó, Director Técnico de Programas de Actuación para el uso digno de la vivienda, por parte del Ayuntamiento de Barcelona; Judith Gifreu, directora y Jaume Fornt, director Adjunto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Agustín Sierra, secretario de hábitat Urbano y territorio y Francisco Iglesias, secretario de Asuntos Sociales y familia; Carlos Prieto, subdelegado del Gobierno en Barcelona y Estanislau Vidal-Folch, director del Área de Fomento.

Nos encontrábamos, así, ante una oportunidad única en cuanto a gestión de la situación, y es por ello que de esta reunión esperábamos, en primer lugar, una colaboración entre las tres instituciones para resolver urgentemente este problema, y en segundo lugar, un plan de trabajo inminente y efectivo.

Hemos hecho posible lo imposible, hemos conseguido que las tres administraciones reconozcan que la emergencia habitacional es responsabilidad de las tres administraciones y que solo con una colaboración entre ellas se podrá dar una respuesta efectiva.

Después de horas de negociaciones y diferentes intercambios entre las tres administraciones implicadas hemos conseguido la creación de un Gabinete de Crisis con un calendario de trabajo conjunto para hacer eficiente un realojo digno para las 600 familias.

A principios de la próxima semana tendrá lugar la primera reunión de trabajo donde hemos exigido que las administraciones competentes exploren las medidas concretas que aportarán para hacer efectivo un plan ejecutivo. Plan que debe estar redactado e iniciado a principios de septiembre.

Desde PAH Barcelona estaremos vigilantes para que todos los compromisos adquiridos en la reunión de hoy sean efectivos las siguientes semanas.

Una vez más la ciudadanía organizada hemos conseguido hacer posible lo imposible, forzar a las tres administraciones a que colaboren para garantizar el derecho a vivienda y poner por delante a las familias en lugar de luchas institucionales. Esperamos que estén a la altura de la situación de emergencia habitacional crónica que padecemos en Barcelona, Cataluña y el resto del Estado porque hay vidas en juego. 

PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona ocupamos el Ayuntamiento de Barcelona para exigir a Ada Colau, Quim Torra y Teresa Cunillera el cumplimiento de la Ley 24/2015

Exigimos la puesta a cero de la lista de espera de la Mesa de emergencia y la creación de un comité de crisis para gestionar la emergencia habitacional que sufre la ciudad de Barcelona

Hoy jueves 18 de julio la PAH de Barcelona hemos ocupado el Ayuntamiento de Barcelona para exigir realojos dignos para las familias que han sido desahuciadas y que ahora mismo se encuentran en pensiones indignas, muchas de ellas con una evidente falta de higiene o seguridad y sin tener en cuenta sus necesidades. Muchas de las familias realojadas en pensiones o albergues no disponen de cocina o nevera ni de espacio para poder estudiar los niños, como son los casos de Maketxu, Teresa, Pampa, Chaymae, Vega, Mónica, Karín o Anastasia, que han sido desahuciadas y se encuentran en esta situación, temporal, con la inseguridad que ello genera, para ellas y sus familias.

En Barcelona hay ahora mismo 600 personas procedentes, en su mayoría, de desahucios. Al drama, angustia e indefensión que genera un acto de tal agresividad como es un desahucio se le añade una vulneración flagrante, por parte de todas las administraciones, de los derechos humanos, acuerdos internacionales y la propia Ley 24/2015 al no garantizar un realojo digno a las personas desahuciadas

Actualmente se ofrecen realojos precarios y temporales (pensiones, albergues, residencia de estudiantes, hostales…) que muchos de ellos no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad y no se ajustan a las necesidades de las familias. Encima no se garantiza una permanencia en el mismo lugar, ya que las familias pueden llegar a ser cambiadas de pensión varias veces en un mismo mes. 

Soluciones temporales que estaban pensadas para unos días o pocas semanas se convierten en espacios donde tienes que vivir durante meses o incluso años. Y todo eso ha sido denunciado en innumerables ocasiones con acciones públicas y reuniones privadas desde hace muchos meses y la respuesta siempre ha sido la misma: «no hay pisos» «no tenemos otra solución».

El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España son los responsables directos de estas violaciones de los derechos humanos. Las personas desahuciadas son las que sufren las consecuencias de la incompetencia de unas administraciones incapaces, no solo de prever la situación, sino de encontrar ninguna medida para acabar con la emergencia. Es por ello que no desocuparemos el Ayuntamiento de Barcelona sin la creación y primera reunión de un Comité de Emergencia donde estén las tres administraciones y donde se cuente con colectivos de vivienda de la ciudad.

Actualmente estos realojos, hasta conseguir un piso de la Mesa de emergencia, son gestionados por la empresa Snow Travel, una empresa del sector turístico, que sin ningún tipo de conocimiento de las familias, las realoja sin tener en cuenta sus necesidades. Está claro que este convenio no funciona y se debe revisar para hacer frente a la realidad. Exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que cambie el convenio firmado con la empresa para hacer efectivo un realojo digno. Aquí podeis ver los requerimientos y convenio firmado con la Generalitat de Catalunya.

El largo tiempo de espera de casi dos años para acceder a un piso de la Mesa de emergencia es inadmisible, y hace que las familias que han sido desahuciadas estén de pensión en pensión hasta que este piso no es adjudicado. 

Esta situación de incertidumbre e inseguridad genera graves impactos en la salud a las familias y más aún en las mujeres, como hemos evidenciado en los últimos informes publicados. Actualmente hay 1.500 familias en Cataluña sufriendo esta situación y esperando un piso de la Mesa de emergencia, 550 de ellas en la ciudad de Barcelona. Exigimos colaboración y corresponsabilidad entre Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Gobierno español para conseguir medidas de urgencia e innovadoras para poner esta lista de espera a cero. Las familias no pueden esperar más y no son responsables de las nulas políticas de vivienda realizadas durante estos años en las diferentes instituciones como el Gobierno del Estado o la Generalitat.

La Administración es la responsable de ofrecer un realojo digno a las familias. La Ley 24/20115, en el artículo 5.6, nunca suspendido, dice: «Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía de realojo lo debe acordar la Generalitat con la Administración local para los casos en que las Mesas de valoración que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales». Actualmente, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat están incumpliendo sistemáticamente la Ley dejando de lado a las familias que han sufrido un desahucio.

En cualquier país de nuestro entorno todas las familias que están en estos momentos en pensiones o resistiendo los desahucios en sus hogares estarían en un piso público. Es inadmisible que nos llamemos una sociedad avanzada y tratemos a las familias vulnerables de esta manera. La falta de un parque público de alquiler social en nuestras ciudades deriva en una crisis habitacional que se ha visto agravada y cronificada en los últimos 10 años, y que el futuro no es nada esperanzador. Para aumentar el pico de 1,6% del parque en la ciudad de Barcelona y equipararnos a Europa que ronda el 15%, la respuesta debe venir de diferentes agentes. La sociedad civil organizada ya está poniendo todo su esfuerzo para erradicar la situación, pero es necesario que las administraciones, TODAS, se impliquen, al igual que el sector inmobiliario. Hace falta responsabilidad y un cambio de paradigma, tanto en medidas de urgencia como en las estructurales. Un dato: Barcelona ha perdido un 39% de su parque, si en vez de haber hecho vivienda pública de venta la hubiera hecho de alquiler e indefinido. Las administraciones tienen que aprender del pasado, ser ágiles y poder cambiar aquello que no ha funcionado. Es por ello, que hoy queremos tener delante a las 3 administraciones para hacer lo que parece imposible y que la PAH quiere hacer posible: tener un pacto para dar salida a las centenares de familias que se encuentran en inseguridad residencial vulnerándoseles su derecho a tener una vivienda digna. 

Durante el periodo electoral de las pasadas elecciones municipales nos reunimos con todos los partidos políticos para trasladar unas demandas concisas de cara a este nuevo mandato, y que casi todos ellos valoraron positivamente de trabajar en las necesidades. Ahora es el momento, sin embargo, de que el nuevo Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, esté del lado de la ciudadanía, promoviendo medidas valientes para hacer frente a esta situación.

Asimismo, una vez recuperada íntegramente la Ley 24/2015, a principios de año exigimos al President Quim Torra y al Gobierno de la Generalitat medidas valientes para acabar con la emergencia habitacional. Nuestras demandas son claras y concisas, solo hace falta voluntad política para hacer frente. Cuatro meses después, y con pocos de los compromisos asumidos, la semana pasada volvimos a encontrarnos para evidenciar que hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario. El Gobierno de la Generalitat no puede dar la espalda a las familias. 

Por su parte, el Gobierno español, antes de las elecciones, se comprometió a hacer los «viernes sociales». Exigimos que vuelvan estos viernes pero con la diferencia de escuchar a la ciudadanía y no hacer medidas maquillaje. Las más de 644.718 familias desahuciadas desde 2008 en todo el Estado no pueden esperar más. Tenemos un gobierno en funciones y debe actuar para dar respuesta a la ciudadanía, ahora mismo están haciendo dejación de sus funciones. Exigimos llevar las demandas de la PAH al Congreso y dar respuesta inmediata a la emergencia de los desahucios y a la corresponsabilidad del sector financiero.

En Barcelona, en Cataluña y en el resto del territorio español estamos en una situación crónica de emergencia habitacional. De 2008 a 2018 se han desahuciado 644.718 familias en el territorio español. En 2019 Cataluña continúa liderando el ranking de la vergüenza en desahucios, y en Barcelona continúan los 11 desahucios diarios. Los datos hablan por sí solos, es necesario que las administraciones afronten el problema con urgencia e implicación. Dando la espalda a la ciudadanía no harán que desaparezca la grave situación que padecen las familias. 

La PAH una vez más, como vamos haciendo desde hace 10 años, nos adelantamos a las instituciones y proponemos soluciones efectivas. Ahora, sin embargo, es necesario garantizar los realojos dignos a las familias, la vivienda es un derecho y seguiremos luchando para hacer cumplir la ley. Una vez más demostraremos que #SiSePuede.

PorPAH_Bcn

Exigimos al President Torra el cumplimiento de los compromisos logrados en materia de vivienda y pobreza energética ahora que la Ley 24/2015 es completamente vigente

Después de cuatro meses desde la primera reunión con el President, valoramos el trabajo conjunto pero los avances son pocos: hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario

Barcelona, 11 de julio de 2019

Hoy, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015, formado por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, hemos mantenido una reunión de seguimiento de la aplicación de la norma con el President Quim Torra, en la que se ha puesto sobre la mesa que no se han conseguido los compromisos acordados al respecto.

En el encuentro, han participado también el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, la Consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón, el Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, la directora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Judith Gifreu, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, el Secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesias y el Secretario de Comunicación de la Generalitat, Antoni Molons.

El pasado mes de febrero, y después de casi 3 años, conseguimos recuperar íntegramente la Ley 24/2015 que el PP y la banca intentaron tumbar llevándola al Tribunal Constitucional, recuperando artículos imprescindibles. Un mes después, presentamos medidas efectivas para acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña  y exigimos al President de la Generalitat la necesidad de un gobierno valiente para hacerle frente. 

Durante cuatro meses, hemos mantenido ocho reuniones con los diferentes departamentos que abordan tanto la emergencia habitacional como la pobreza energética. La valoración y balance de las reuniones se puede consultar aquí.

Como aspecto positivo, cabe mencionar el trabajo conjunto que antes no existía y el reconocimiento de las entidades sociales como interlocutoras principales. También se han hecho algunos avances en cuatro de las trece demandas que planteamos.

No obstante, quedan avances claves pendientes de activar y hay que darles una prioridad real de cara a septiembre. No estaremos eternamente sentadas en una mesa, ahora hay que pasar a la acción y ver resultados reales.

Las demandas principales que hemos exigido que se activen en septiembre y la respuesta del Gobierno son las siguientes:

  1. Aplicación inmediata de un plan de choque para poner la Mesa de emergencia a cero antes de que termine el año 2019. El Gobierno lo vincula al nuevo decreto ley de vivienda, reconociendo que es necesario pero posponiéndolo.
  2. Activar una campaña comunicativa dirigida a la población para que conozca sus derechos y para la aplicación plena de la ley en el mes de septiembre de 2019. El President ha aceptado activarla en septiembre con urgencia.
  3.  Actualizar en el mes de septiembre el protocolo de comunicación de desahucios del TSJC y la Consejería de Justicia, ya que es de 2013, y obvia la Ley 24/2015. El Gobierno hará una reunión en septiembre con el TSJC a la que reclamamos asistir.
  4. Concretar en septiembre a través de un reglamento o instrumento legislativo propio un precio y procedimiento de la cesión obligatoria de viviendas vacías para aplicarla, sin transferir a los bancos dinero público. El Departamento lo vincula al decreto y hay que señalar que no podemos renunciar ni un día más a movilizar vivienda vacía de los grandes propietarios.
  5. Incorporar las propuestas de ampliación de la Ley 24/2015 a las iniciativas legislativas del Gobierno previstas para el curso 2019-2020 y contar con nuestro acuerdo en la forma de incluirlas. También lo vinculan al decreto y hemos dejado claro que habrá que contar con nuestro visto bueno.
  6. Firma de convenios para acabar con las deudas antes de terminar el año 2019. Hemos obtenido un compromiso de la Consejera de Empresa de hacerlo realidad en este plazo.
  7. Implementación del protocolo de detección de casos de pobreza energética de los Bomberos de la Generalitat en todos los parques una vez finalizada la prueba piloto en noviembre. El Consejero de Asuntos Sociales se ha comprometido.
  8. Reunión con el Departamento de Empresa para que el protocolo de instalación de contadores sociales de luz y de gas en viviendas en situación de ocupación pueda ver la luz a lo largo del mes de septiembre. Se ha obtenido el compromiso de una reunión para hacerlo desencallar en julio.
  9. Hacer públicos los datos de los cortes de suministro parados desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 antes del mes de agosto. A pesar de la falta de respuesta hasta el momento, hoy mismo se han aportado nuevos datos que serán complementados de forma urgente.

El Gobierno no puede renunciar a hacer uso del 100% del potencial de una ley pionera que nos permite acabar con la emergencia habitacional, además, habiéndola salvado del recurso del PP y la banca.

PorPAH_Bcn

Caixabank sigue demostrando su verdadera cara

A pesar de todo el esfuerzo invertido por Caixabank para vendernos la moto con su Obra Social, la realidad es que actúan como cualquier otra entidad, estafando primero a las familias para luego adueñarse de sus hogares y dejarlas en la calle sin alternativas

Llevamos varias semanas en campaña de denuncia contra Caixabank, ejerciendo presión con acciones continuadas y realizando negociaciones junto a las afectadas, como Kerly, Martha e Isabel, a quienes la entidad no está ofreciendo una solución en base a lo que marca la LAU. Esto deja claro cuál es la verdadera cara de Caixabank: vulnerar Derechos fundamentales y violar las leyes que los protegen.

Las leyes están para cumplirlas y Caixabank no está por encima de ellas. Kerly, Martha, Isabel y tantas otras necesitan que se les haga justicia tras años de estafas y mentiras. La justicia se resume muy rápido: Alquiler Social en base a sus ingresos con una duración de 7 años, no 3 como la entidad pretende, a unos importes que se sacan de la manga.

Por ello hoy, en colaboración con el Colectivo Enmedio volvemos a una oficina de Caixabank, para visibilizar de manera distinta y original, a la altura de nuestras anteriores colaboraciones para acabar con el mal, las políticas antisociales de este banco rescatado con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Ese rescate debe servir para dar una segunda oportunidad a las familias y no para usar sus hogares, una vez arrebatados, para engrosar sus beneficios vendiéndolos a fondos buitre, en este caso Coral Homes.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecerle a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir las leyes, tanto autonómicas como estatales.

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos soluciones. 

Llevamos 10 años en lucha, demostrando la legitimidad de nuestras demandas, hemos cambiado leyes y creado otras nuevas, para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Seguiremos denunciando la situación y peleando hasta lograr una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible y estable para todas.

Las familias no están solas, la PAH tampoco, y volvemos a poner a Caixabank en medio del relato. No vamos a permitir ni un día más que las familias vivan sus vidas en cajas, con el miedo a ser desahuciadas en cualquier momento sin estar preparadas. Preparadas están y seguirán estando para hacer frente a la mafia bancaria que solo quiere especular con sus vidas

#enCAIXAdes

PorPAH_Bcn

Caixabank sigue demostrando su verdadera cara mientras las familias estafadas ven sus vidas en cajas a la espera de ser desahuciadas

A pesar de todo el esfuerzo invertido por Caixabank para vendernos la moto con su Obra Social, la realidad es que actúan como cualquier otra entidad, estafando primero a las familias para luego adueñarse de su hogar y dejarlas en la calle sin alternativas.26

Llevamos varias semanas en campaña de denuncia contra Caixabank, ejerciendo presión con acciones continuadas y realizando negociaciones junto a las afectadas, como Kerly, Martha e Isabel, a quienes la entidad no está ofreciendo una solución en base a lo que marca la LAU. Esto deja clara cuál es la verdadera cara de Caixabank: vulnerar Derechos fundamentales, violar las leyes que los protegen y extorsionar a las familias con tácticas puramente mafiosas muy alejadas del relato que nos quieren vender son su Obra Social La Caixa.

Las leyes están para cumplirlas y Caixabank no está por encima de ellas. Kerly, Martha, Isabel y tantas otras necesitan que se les haga justicia tras años de estafas y mentiras. La justicia se resume muy rápido: Alquiler Social en base a sus ingresos con una duración de 7 años, no 3 como la entidad pretende a unos importes que se sacan de la manga.

Por ello hoy, en colaboración con el Colectivo Enmedio volvemos a una oficina de Caixabank, para visibilizar de manera distinta y original, a la altura de nuestras anteriores colaboraciones para acabar con el mal, las políticas antisociales de este banco rescatado con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Ese rescate debe servir para dar una segunda oportunidad a las familias y no para usar sus hogares, una vez arrebatados, para engrosar sus beneficios vendiéndolos a fondos buitre, en este caso Coral Homes.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatori DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecer el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir las leyes, tanto autonómicas como estatales.

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos soluciones. 

Llevamos 10 años en lucha, demostrando la legitimidad de nuestras demandas, hemos cambiado leyes y creado otras nuevas, para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Seguiremos denunciando la situación y peleando hasta lograr una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible y estable para todas.

Las familias no están solas, la PAH tampoco y volvemos a poner a Caixabank enmedio del relato. No vamos a permitir un día más que las familias vivan con sus vidas en cajas, con el miedo de ser desahuciadas en cualquier momento sin estar preparadas. Preparadas están y seguirán estando para hacer frente a la mafia bancaria que solo quiere especular con sus vidas.

#enCAIXAdes

PorPAH_Bcn

Exigimos sanciones a bancos y fondos buitre que desahucian, ¡y la movilización inmediata de sus viviendas vacías!

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015

Hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que ha puesto una sanción a un gran tenedor de vivienda del Raval por no haber hecho la obligatoria oferta de alquiler social a una familia vulnerable antes de ordenar el desalojo y, por otra parte, una expropiación forzosa del uso de un piso vacío del BBVA en el barrio del Besòs por 10 años. También se ha hecho público que existen 7 expedientes más de expropiación en pisos de Caixabank, Sareb, BBVA y Bankia, y que hay 300 casos más detectados donde se debe ofrecer alquiler social para evitar desahucios, y que si no se ofrece, también se actuará.

Es una buena noticia que se sancione a los grandes tenedores por incumplir sus obligaciones legales con los desahucios, y que se utilicen las herramientas existentes para aumentar el parque de vivienda social movilizando los miles de viviendas vacías existentes. Según nos consta, se trata de las dos primeras actuaciones de este tipo en Cataluña.

Hay que tener presente que la ley que rompió por primera vez en todo el Estado la impunidad de los bancos a la hora de desahuciar cuando tienen cientos de miles de viviendas vacías, es la Ley 24/2015, aprobada gracias a la lucha incansable de las entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda digna. La Ley 4/2016 se aprobó después de que el gobierno de Rajoy suspendiera la 24/2015, nacida de la ILP Vivienda. Y no solo eso, sino que también la salvamos del intento del PP y la banca, de enterrarla a través de su impugnación en el Tribunal Constitucional.

Gracias a 3 años de lucha imparable y después de recuperar las leyes a principios de 2019, las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca y el Grupo Promotor hicimos una primera acción en todos los municipios de Cataluña exigiendo a los bancos, ayuntamientos y juzgados el cumplimiento íntegro de sus medidas. Además, el pasado mes de abril nos reunimos con el President Quim Torra para exigirle lo mismo, y posteriormente se han realizado numerosas reuniones con los Departamentos de Territorio, Asuntos Sociales, y Empresa, para asegurar la aplicación valiente y plena de la Ley 24/2015, tanto la parte de vivienda como la parte de pobreza energética.

Cada día hay 45 desahucios en Cataluña, y el alquiler social obligatorio se debe ofrecer en todos aquellos lanzamientos hipotecarios y por impago de alquiler de grandes tenedores que afecten a familias en exclusión residencial, es decir, que tengan ingresos inferiores al 2’5 del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). Por lo tanto, miles de familias han de firmar anualmente alquileres sociales ofrecidos por la banca, fondos buitre y grandes propietarios, que eviten su desahucio (13.941 perdieron su vivienda en Cataluña en 2018 y 3.557 en el primer trimestre de 2019).

Los desahucios de pequeños propietarios también están cubiertos por la Ley 24/2015, a través de la obligación de realojo obligatorio por parte de las administraciones (Generalitat y ayuntamientos) y de las herramientas de movilización de vivienda vacía de bancos y fondos buitre para alquiler social. Esta obligación está siendo incumplida de forma sistemática y a diario, y lo demuestran las más de 2.000 familias que esperan una vivienda en las Mesas de emergencia en todo Cataluña: ¡necesitamos movilizar las miles de viviendas vacías de bancos y fondos buitres que no cumplen su función social!

Para acabar, exigimos las siguientes medidas:

  • A todos los ayuntamientos de Cataluña: más allá de este primer expediente de sanción, es imprescindible y obligatorio que controlen todas las ofertas de alquiler social obligatorias que se deben hacer, sancionando de forma inmediata si se incumplen y dando señales inequívocas de que la ley no se puede obviar y vulnerar.
  • Al Ayuntamiento de Barcelona: que imponga la sanción máxima en este primer caso y en los que vengan. Las leyes dicen muy claramente que no puede resultar más beneficioso recibir una sanción que incumplir la ley (art. 28 Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público), y que si el beneficio de incumplir es superior al importe de la multa, este puede ser incrementado hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido (art. 118 de la Ley del derecho a la vivienda). Por lo tanto, la sanción máxima y su incremento vienen justificadas por la rentabilidad que los fondos buitre y las entidades bancarias extraen de los alquileres abusivos.
  • A la Generalitat: que ponga las herramientas con urgencia para poder aplicar otra medida importantísima para movilizar, la cesión obligatoria de las viviendas vacías de la banca a los precios de alquiler social que marca la Ley 24/2015. En este momento el Grupo promotor ya ha hecho una propuesta al Departamento de Territorio para que se pueda aplicar por parte de los ayuntamientos, que deberá ser aprobada lo antes posible.

Aprovechamos para anunciar, que el próximo 11 de julio tendremos una nueva reunión con el President Torra, para valorar si desde abril se han hecho los avances necesarios para garantizar la aplicación al 100% de la Ley 24/2015.

Exigimos sanciones a bancos y fondos buitre que desahucian, ¡y la movilización inmediata de sus viviendas vacías! ¡Hace falta una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015 y la protección del derecho a la vivienda!

PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona ocupa el Instituto Municipal de Servicios Sociales para exigir realojos dignos a familias desahuciadas que se encuentran en pensiones

La Ley 24/2015 obliga a las administraciones a realojar a las familias desahuciadas, y ayuntamientos y Generalitat lo están incumpliendo

Hoy viernes 21 de junio de 2019 la PAH de Barcelona ha ocupado la sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona para reclamar un realojo digno para familias desahuciadas que hoy en día se encuentran en pensiones y/o albergues, sin un lugar donde poder hacer los deberes sus hijas, poder cocinar para comer caliente ni poder hacer una vida digna mientras están a la espera del piso de la Mesa de emergencia o de una solución definitiva. Este realojo temporal, que se hace por no tener pisos de la Mesa de emergencia, está gestionado por la empresa Snow Travel, que selecciona arbitrariamente pensiones para las familias desahuciadas sin ver las necesidades de la familia y las va moviendo de pensión en pensión, como es el caso de la familia de Chaymae o la de Teresa. Aquí podéis ver los requerimientos y convenio firmado con la Generalitat de Cataluña.

Recordemos que la Ley 24/2015 obliga en su articulado, nunca suspendido, en el artículo 5.6 que: «Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía de realojo lo tiene que acordar la Generalitat con la Administración local para los casos en que las mesas de valoración que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales». Hoy en día este artículo se está incumpliendo por parte de las administraciones locales como Barcelona y por parte de la Generalitat que está dejando a las familias desahuciadas sin este realojo y responsabilizando a los movimientos sociales como la PAH a buscar soluciones para las familias.

Desde la PAH, una vez más, vamos más allá y proponemos soluciones para hacerle frente. Concretamente exigimos la convocatoria del Consejo Social de la vivienda de Barcelona para reabrir y trabajar los protocolos de acceso a la Mesa de emergencia y los realojos en casos específicos, como son los procedimientos de desahucios abiertos y de pequeño tenedor. El pasado mes de mayo preguntamos a los partidos políticos que se presentaban a la alcaldía de Barcelona sobre estos temas y otros que creemos urgente abordar. La respuesta mayoritaria es de hacerles frente. Ahora, con un nuevo gobierno, exigimos que nos pongamos a trabajar desde hoy, pues las familias no pueden esperar.

Exigimos para las familias que se encuentran en riesgo de desahucio propuestas de mínimos:

  • Protocolo de acceso a la Mesa de emergencia. Revisión del protocolo para permitir el acceso de muchas familias en situación de vulnerabilidad que actualmente no lo pueden hacer, como son las que provienen de locales o las que han vivido un proceso de separación y la demanda judicial no iba a su nombre.
  • Realojo después de desahucio. Acordar el destino del realojo con antelación a la fecha del desahucio, evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Exigimos el cumplimiento de la Ley 24/2015.
  • Lista de espera de la Mesa de emergencia. Reducción urgente del plazo de espera que actualmente supera los dos años en muchos casos. Es necesario un plan de choque para ponerla a cero.

Sabemos que ante situaciones difíciles hay que poner imaginación y valentía, desde la PAH lo llevamos haciendo desde hace 10 años. Ante esto es necesario que todas las administraciones, entidades, partidos políticos, se responsabilicen y que digan abiertamente si continuarán poniendo trabas para salir de esta situación o realmente pondrán todos sus recursos para dejar atrás el ranking de la vergüenza de desahucios que lideramos en el territorio español.

Nosotras lo tenemos claro, mientras siga habiendo cualquier vulneración en el derecho a la vivienda, nos tendrán enfrente. Exigimos una #CiutatPerViure.