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PorPAH_Bcn

Nuestros hogares están en juego

Mientras en el Congreso siguen con su juego de tronos, la ciudadanía sigue auto organizándose para conquistar sus derechos negados.

La PAH llevamos 10 años denunciando el expolio de vivienda por parte de la banca con el apoyo de los gobiernos PP, del PSOE y sus palmeros parlamentarios. 10 años con falta de vivienda sin involucración del Congreso y de las administraciones públicas autonómicas y municipales, más ocupadas en mantener su postura de poder y comodidad, que en garantizar los derechos de la ciudadanía.
Denunciamos, día tras día, los miles de desahucios que hay en España mientras ponemos nuestros cuerpos entre las autoridades y las familias para evitar todos los que podemos. Denunciamos las violaciones sistemáticas de tratados europeos e Internacionales, que defienden Derechos Humanos, mientras sentencias europeas y estudios realizados por Universidades y expertos nos dan la razón y demuestran como afectan los desahucios en la salud, sobre todo de los niños.

En España vivimos una grave situación crónica de emergencia habitacional, que se manifiesta en los 183 desahucios ejecutados cada día (más de 650.000 desde el 2008) en la hiperinflación de los precios de alquiler, en la reactivación de las subidas de los precios y los cortes de suministros básicos, unidos a la inexistencia de Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social. Ante esta situación patrocinada por la usura de los bancos, el imperio energético, la mafia de los fondos de inversión o en resumen un sistema financiero pensado solo para el beneficio de unas pocas, ningún gobierno ha adoptado medidas valientes y justas, para que el derecho de acceso a la vivienda pueda ser ejercido por todo el mundo.

Ante este estado de cosas, desde la PAH elaboramos un texto de ley, la Ley de vivienda de la PAH, que establecía la dación en pago retroactiva, limitaba la responsabilidad al bien hipotecado, ampliaba a 10 años la duración de los contratos de alquiler, movilizaba casas vacías de los grandes tenedores para ser utilizadas como Parque Público y garantizaba mínimos de subsistencia en materia de suministros básicos. Tras una montaña rusa de vicisitudes, logramos el pasado septiembre, que la ley fuera tomada en consideración por el Congreso. Sin embargo, desde entonces, cada semana, el PP y Cs han venido bloqueando su tramitación hasta que el pasado diciembre, el PP presentó una enmienda a la totalidad, enfocada a contrarrestar el fallido decreto de alquileres del Gobierno. Al PP y a Cs les importa muy poco el sufrimiento de la gente y el incumplimiento de la Constitución si con ello se benefician los fondos buitre, la banca, las socimis…
Un texto legal, surgido desde la experiencia de lo vivido en nuestras Asambleas, redactado por nuestra comisión jurídica formada por compañeras altruistas y voluntarias. Un texto legal que pone por escrito todo lo que hemos demostrado durante 10 años, con desobediencia pacífica, que si se puede lograr.

El gobierno que ahora cesa no ha tomado medidas para el cumplimiento del PIDESC, a pesar de que desde NNUU no cesan de reclamarlo. A pesar de conocer la corta duración de la legislatura, no ha trabajado con la velocidad y ambición suficientes como para aprobar las medidas necesarias. Además, en la tramitación de la Ley de Crédito Inmobiliario, ha adoptado los criterios de la derecha de seguir sobreprotegiendo a la banca, fondos buitre y socimis a costa de la gente, moderando cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado o permitiendo la cesión de créditos el IRPH…, e impidiendo además la dación en pago como fórmula de solucionar las situaciones sobrevenidas de incapacidad de hacer frente a los pagos, y permitiendo en consecuencia que la gente pueda seguir siendo desahuciada y manteniendo deudas impagables y de por vida, o sea, continuar tal y como estábamos.
Ahora, con la convocatoria de elecciones, la ley de Vivienda de la PAH decaerá, y seguiremos como siempre: El Derecho a la Vivienda seguirá siendo inexistente en España, y seguirá dependiendo del nivel de renta de cada persona o familia.

Pero, como siempre, la PAH no se rinde, y exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que, antes de las elecciones, legisle mediante decretos todo aquello que la legislación permita: duración de contratos, precios, aplicación al conjunto del Estado de las medidas contenidas en las leyes autonómicas recurridas al TC por el gobierno anterior y que han sido validadas por el Tribunal, como la cesión obligatoria de casas por parte de grandes tenedores… etc. Recordamos al gobierno actual, que en Catalunya, gracias a la PAH que impulsó una ILP, existe la ley 24/2015 que está funcionando con las mismas bases que planteamos en la Ley Vivienda PAH y que el propio PSOE, junto a PdeCat, PNV, En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto, se comprometió por escrito a ampliar los derechos que otorga dicha ley a todo el Estado, desarrollando un alegislación que incluya dichos derechos.

Estos derechos, pasan por dejarse de excusas para llegar al poder, y empezar ya a hacerlos efectivos de manera valiente, con una regulación de la LAU que verdaderamente pinche la actual burbuja, no solo ampliando los contratos, también con una regulación de precios que impida su especulación, medidas para movilizar los pisos vacíos de la banca, fondos buitre y socimis que promuevan la cesión obligatoria de estas viviendas a la Administración pública, así como los de la Sareb con un 45% de dinero público y una cartera creada a base de los hogares de familias desahuciadas. ¡Qué menos tras el rescate a la banca y los millones de dinero público que eso ha costado y ya damos por perdidos!

También exigimos al conjunto de partidos que van a concurrir a todos los procesos electorales que vienen, que en sus diferentes ámbitos de competencias implanten medidas que garanticen que el Derecho de Acceso a la Vivienda se pueda convertir en realidad. Si no es así nos tendrán enfrente como siempre hemos hecho, la situación actual necesita claridad y contundencia, no medias tintas ni falsas promesas.

Para lograr estos objetivos, lanzamos una campaña denominada “Por el Derecho a la Vivienda”,juntamente con los Sindicatos
de InquilinasI,a la ueque esperamos que se vayan incorporando colectivos y movimientos sociales, de todo tipo ya que recordamos la vivienda nos afecta a a todas, para seguir denunciando la situación, sumarse a las futuras movilizaciones, ya iremos informando, señalar en los procesos electorales que vienen a los partidos responsables del lamentable estado de este derecho y exigir a todos que incluyan en sus programas nuestras reivindicaciones y presionarles también después de las elecciones para que cumplan esos compromisos.

La campaña #PorDerechoAVivienda arranca, anunciamos próximas reuniones con los grupos parlamentarios el próximo miércoles 20 y en base al resultado de estas ya sabremos cómo y contra quien actuar.
Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo como siempre hemos hecho hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos.

PorPAH_Bcn

Kill Blackstone

Un buitre está sobrevolando los hogares donde construimos nuestras vidas.

A golpe de dólar, el fondo de inversión de riesgo Blackstone lleva años engordando su cartera de propiedades a través de la compra de inmuebles y viviendas provenientes de bancos y cajas. Desde su cuartel general en el 345 Park Avenue de Nueva York dirige una espesa red de sociedades interpuestas en paraísos fiscales y pone bajo su ala agencias inmobiliarias, bufetes de abogados, gestorías y otras empresas como ejecutoras de la carnicería.
 
Blackstone aterriza en Cataluña en el año 2012 con la compra de 6.400 millones de hipotecas de Caixa Cataluña (una de las tantas cajas salvadas con dinero público). Con la alfombra roja extendida por las instituciones y el gobierno, este buitre va creciendo, comprando activos a BBVA, Banco Popular, Sareb o Santander, acumulando en activos el valor del 10% del PIB del Estado español.
 
Mediante un entramado de empresas, Blackstone administra pisos, muchos de ellos comprados en medio de procesos de ejecución hipotecaria, negándose a ofrecer soluciones a los hogares en vulnerabilidad. A través de la extorsión y la amenaza, aparecen en la puerta de casa presionando a sus habitantes para que las abandonen. El chantaje es su moneda de cambio y nuestras vidas la carnaza que devora una entidad blindada que nos es lejana e impenetrable.
 
Blackstone se ha hecho el rey de un mercado intervenido y manipulado para que, exento de impuestos, pueda exprimir hasta el último euro de sus contratos. Un fondo que acumula tanto poder y que se siente tan cómodo en las altas esferas que ha amenazado al gobierno con abandonar el país si sale adelante la reforma de alquileres que tiene como finalidad proteger a los inquilinos. No necesitamos a Blackstone buitreando en nuestras vidas, les pedimos que cumplan la amenaza al pie de la letra y abandonen el país.
 
Sin embargo, sabemos que tiene demasiados intereses especulativos para cumplir sus coacciones. Como también sabemos que cualquier buitre necesita una banda con la que poder despedazar. No es suficiente con señalarlos a ellos sino que queremos perseguir a todo el conjunto empresarial que está sosteniendo sus actividades: agencias inmobiliarias, bufetes de abogados, bancos y gestorías. Estas son las formas que toma Blackstone para interactuar con nosotros y que consecuentemente deberán dar la cara por los fondos buitre.
 
Algunas de las caras visibles de Blackstone en Cataluña las hemos conocido a través de Anticipa, la filial encargada de gestionar y administrar sus activos. Encabezada por Eduardo Mendiluce e Isidro Carmona, es la que organiza los tentáculos, a quienes hoy dejamos claro que conocemos su complicidad y que los perseguiremos hasta que Blackstone sea una entidad sin aliados en nuestro territorio.
 
Y como ellos, muchos más: el bufete de abogados Vallés Arbós, representantes legales de Blackstone, son sus defensores en los procesos judiciales en Barcelona contra familias que viven en propiedades de los buitres. La inmobiliaria Finques Amat, agencia que se define como ética pero que pide subidas de alquiler desorbitadas en renovaciones de contrato para permitir a Blackstone seguir especulando con nuestras vidas. La gestoría Tessi Diagonal, que envía agentes a las casas para extorsionar familias con la oferta de unos billetes para abandonar el hogar. O bancos como el BBVA y el Santander, que han vendido miles de casas y familias a los buitres y que llevan años haciendo y deshaciendo en nuestras vidas con impunidad.
 
Venimos a desplumaros y hacer de vuestras plumas carroñeras la insignia de nuestra victoria. La venganza de #KillBlackstone viene a por vosotros.

 

Recordamos el informe que realizamos el año pasado sobre le prácticas de Blackstone en este enllace.
PorPAH_Bcn

El PP: Partido de la corrupción, los desahucios y la cárcel

La PAH lleva años planteando soluciones para realojar a las familias desahuciadas, el PP ha encontrado la más eficaz: una celda calienta durante 3 años y no nos quejemos que encima nos dan de comer y suministros garantizados.

El partido de la corrupción y los desahucios, el PP,  vuelve a la carga contra la gente, proponiendo una reforma de la ley de desahucio exprés del PDeCAT, para que también los estafadores de la banca, los especuladores de los fondos buitre y las socimis puedan utilizar este mecanismo, pero además, incluyendo penas de hasta 3 años de cárcel. Elimina la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, para que la policía  pueda de inmediato, desalojar, sin necesidad de orden judicial, a pesar de que ya la ley del PDeCAT está recurrida ante el TC, entre otros, por este motivo. El PP no solo rescató a la banca con 77.000M de nuestros impuestos sin exigirles ni una sola contrapartida sino que, 10 años después de estallar la crisis económica, continua legislando contra las familias vulnerables, cebándose en el más débil. En el resto de países como Holanda y Estados Unidos la banca ha devuelto, con beneficios, todo lo que se les presto. El PP en cambio quiere que España continúe premiandolos por sus abusos e ilegalidades. 

Como siempre, utilizan como excusa las supuestas mafias de la ocupación para justificar una propuesta, que únicamente va en beneficio de los fondos buitre, las socimis y la banca, que como sabemos, son socios preferentes del PP. El PP, que liberó a las socimis de pagar el impuesto de sociedades, que puso las bases de la actual burbuja del alquiler con su reforma de 2013, que ha vendido vivienda pública a fondos buitre, que vetó la Ley de Vivienda de la PAH cuando era gobierno, que la ha estado bloqueando desde septiembre, que le ha presentado ahora una enmienda a la totalidad para mantener la actual situación de los alquileres.

¿Dónde piensa el PP de Casado que irán las familias desahuciadas? ¿Desaparecerán? En cualquier país de nuestro entorno las familias vulnerables estarían en una vivienda pública. En España, con un vergonzoso 1,5% de vivienda pública, versus el 15% de media Europea, se ven obligadas a ocupar. ¿Es la cárcel lo que entiende el partido más corrupto de Europa como realojo garantizado para las familias más vulnerables? 

En un país en el que sólo durante los 3 primeros trimestres de 2018 se han ejecutado más de 184 desahucios, de media al día, según los datos del CGPJ, donde el parque público de vivienda apenas supera el 1% imposibilitando el realojo de familias desahuciadas, con unos precios de alquiler y de compra de vivienda desbocados y unos salarios devaluados, donde se permiten los desalojos forzosos a familias vulnerables sin alternativa habitacional, las 184 familias desahuciadas cada día sólo pueden quedarse en la calle, u ocupar alguna de las más de 3,4 millones de casas vacías que según el INE hay en España.

El PP considera que tiene que prevalecer el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda, es decir se olvida del artículo 33.2 de la CE, donde establece que el derecho a la propiedad debe delimitarse a la función social de la misma. Y, con toda la cara, propone encarcelar a la gente que, sin ninguna otra alternativa habitacional ocupe  o recupere las casas cerradas de sus socios.

Este ataque al derecho a la vivienda consigue remacharlo con la actual Ley de crédito Inmobiliario, cuyo texto original de De Guindos blanquea cláusulas abusivas y que ha sido asumido vergonzosamente con retoques por el PSOE -votado por PSOE, PP, C’s, PdCat y PNV- ahora pendiente de debate en el Senado.

Pero la Ley de Vivienda la PAH propone alargar la duración de los contratos de alquiler hasta 10 años, cuando el propietario sea una empresa. Obligar a los grandes tenedores de vivienda (banca, socimis, fondos buitre…) que hayan recibido dinero público por vía de subvenciones, desgravaciones fiscales o rescates a ceder a las Administraciones Públicas el uso de sus casas, injustificadamente desocupadas para que sean utilizadas como Parque Público de Vivienda, para abaratar los alquileres y disponer de vivienda social que hemos financiado.

Pedimos apoyo a las movilizaciones para exigir la tramitación y aprobación inmediata de la Ley de Vivienda de la PAH, para que la vivienda deje de ser un simple bien de consumo más, y se garantice el acceso de todo el mundo.

¡Sí se puede! Por qué ellos defienden los intereses del 1% pero nosotras somos el 99% restante que puede revertir la situación.

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Hagámos llegar el 30% de vivienda protegida a toda Cataluña

Hoy anunciamos un manual de uso y un taller para extender la medida a todas partes

Hoy 30 de enero, el Grupo promotor de la moción municipal para forzar la ampliación del parque de vivienda asequible en Barcelona presentamos un manual, el kit del 30%, para extender la medida del 30% en toda Cataluña y anunciamos un taller práctico para entidades sociales.

El pasado mes de diciembre, después de un año de lucha intensa, dimos un paso de gigante en Barcelona en materia de vivienda, consiguiendo que toda nueva construcción y gran rehabilitación tenga que destinar a vivienda protegida el 30% de su superficie, una medida revulsiva que no se había aplicado nunca en Cataluña.

Durante la farragosa tramitación del 30% en Barcelona, diversos colectivos y municipios de toda Cataluña se han interesado por extenderla en sus territorios. Desde el inicio, hemos tenido clara la importancia de compartir nuestra experiencia para facilitar al máximo la extensión de esta medida tan necesaria y facilitar el trabajo a los colectivos de vivienda de otros municipios que quieren aprobarla. Rubí, Sabadell, Mataró, Abrera, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Mar, Ripollet, Vilafranca del Penedès, Moncada i Reixach, Badalona, Cornellà del Llobregat y Santa Coloma de Gramenet, han hecho algunos de los primeros pasos para aprobar el 30%. Pero es probable que sean más.

Por estos motivos, hoy hacemos público que tenemos listo un “kit o manual de instrucciones” para apoyar a todas las entidades y movimientos sociales de Cataluña que quieran exigir a sus municipios la aprobación de la medida. Además, hemos programado un taller práctico que tendrá lugar el sábado 9 de febrero por la tarde en la Lleialtat Santsenca, para poder compartir directamente con todas ellas toda esta experiencia.

El objetivo del Kit es ayudar a estas iniciativas y fomentar otras explicando didácticamente el proceso de impulso, tramitación y aprobación del 30% para que no sea la excepción sino la norma en los municipios catalanes, tal y como prevé la Ley del derecho a la Vivienda de Cataluña. El kit recoge todo aquello que consideramos relevante, tanto desde el punto de vista jurídico, como de las perspectivas comunicativa, política, negociadora y de presión en la calle. También incluye, como anexos, los documentos técnicos básicos, así como materiales y artículos para defender la medida ante sus detractores, a sabiendas de que cada municipio tiene dinámicas y particularidades propias, y que por tanto cada proceso será diferente.

Además de defendernos cuando se vulnera el derecho a la vivienda cotidianamente en nuestros barrios y municipios, necesitamos dar pasos decididos para aumentar el parque de vivienda asequible. Los países con más vivienda asequible (30% en Holanda, 24% en Austria, 20% en Dinamarca, etc.) protegen el derecho a la vivienda de la mayoría de la población, al tiempo que bajan los precios de mercado.

En Cataluña tenemos 60 desahucios al día. Y en Barcelona estamos sufriendo una versión particularmente cruel como los desahucios con fecha abierta, contra los que hay actualmente una campaña unitaria en la que participamos todos los grupos de vivienda de la ciudad; el parque público es tan solo del 1,5%, 115.634 esperan una vivienda protegida, y más de 2.500 personas en la lista de espera de las mesas de emergencia. Además, hemos perdido vivienda protegida: si no se hubiera podido vender la vivienda protegida, Barcelona tendría por ejemplo un 40% y aún seguimos perdiendo. La Ley del derecho a la vivienda, aprobada en 2007 y de donde sale el 30%, obliga a tener un 15% de vivienda social en 2030, por lo tanto, nos faltan 235.000 viviendas en toda Cataluña para llegar.

No podemos dejar la creación del parque protegido en manos de los presupuestos públicos, porque no llegan a los niveles que necesitamos: hay que exigir al sector privado que se implique en resolver un problema que les incumbe, ya que hacen un negocio muy lucrativo con la vivienda, un derecho fundamental.

Extender el 30% a toda Cataluña tendrá un efecto muy positivo para el derecho a la vivienda, por eso animamos a las entidades y movimientos sociales a impulsarlo ¡y exigimos a las administraciones que lo hagan realidad!

  • En Barcelona: 400 viviendas al año. Si se hubiera aplicado desde 2007, hoy tendríamos 4.800 viviendas más.
  • En el Área Metropolitana de Barcelona (36 municipios) se aportarían 865 viviendas protegidas al año. Desde 2007 serían 22.380 viviendas más.
  • En los municipios de más de 20.000 habitantes y las capitales de comarca supondría 478 viviendas protegidas al año y 29.736 viviendas más si se hubiera aplicado desde 2007.

Por otra parte, y para detener la pérdida de vivienda protegida, recordamos la exigencia inmediata a la Generalitat de acabar con la posibilidad de descalificarla. Sabemos que el Gobierno catalán está trabajando en ello pero no conocemos cómo y sabemos que “el diablo está en los detalles”, por lo que estaremos muy encima de la concreción de la propuesta. Además, en un momento en que se está elaborando el nuevo Plan Territorial de Vivienda, es imprescindible incluir la recomendación de aplicar el 30% en todos los municipios.

¡¡Exigimos derecho a la vivienda!! #30x100aTotCatalunya

La PAH de Barcelona (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca), el Observatori DESC, la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), la ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible) y el Sindicat de Llogaters i Llogateres

Descárgate el kit haciendo clic aquí: Manual 30%

PorPAH_Bcn

El alquiler nos ahoga y PSOE pretende que lo siga haciendo

La reforma de la LAU propuesta por el PSOE, sigue dando la espalda a los derechos de las inquilinas y poniendo la alfombra roja a la especulación aun no recoger medidas para regulazación de los precios

Que en España se sufre desde hace años una situación de grave emergencia habitacional es algo reconocido por casi todo el mundo. Mañana martes, el Congreso votara la convalidación o no del contradictorio Real Decreto 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Leído el mismo, resulta que tras un preámbulo en el que se hace un diagnóstico acertado, ya que parte del reconocimiento del Derecho a la Vivienda como un derecho fundamental, de reconocer también la insignificancia del Parque Público de Vivienda Social, de admitir la obligación de cumplir el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)… finalmente, el Gobierno cede a la presión de los fondos buitre y la banca, y aprueba una serie de recetas incongruentes con el diagnóstico de la enfermedad que ha descrito, ya que

  • No propone ninguna medida tendente a forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de casas deshabitadas que señala el INE.
  • Aunque reconoce la existencia de una burbuja en relación con los precios de los alquileres, no adopta ninguna medida para abaratarlos.
  • No limita los incrementos de renta vinculándolos al IPC.
  • La comunicación entre juzgados y servicios sociales en caso de desahucio, al final es inútil, ya que como el propio preámbulo del real decreto describe, no existe parque de vivienda social público que pudiera permitir el realojo de las familias desahuciadas.
  • El PIDESC, se viola y se seguirá violando cada vez que se produzca un desalojo forzoso a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • A pesar de reconocer como fundamental el Derecho a la Vivienda adecuada, el acceso a la misma sigue vinculado exclusivamente al nivel de renta de cada persona o familia, sin que se garantice el derecho de acceso a las gentes sin renta o con rentas insuficientes.
  • No permite a los ayuntamientos intervenir en las denominadas zonas tensionadas al no incluir la elaboración de índices de referencia de los precios.

Frente a esta emergencia, el PP todavía más partidario de los fondos buitre, a quienes Ana Botella vendió un importante número de viviendas sociales de Madrid, reacciona, utilizando la Ley de Vivienda de la PAH, presentando una enmienda a la totalidad, con la que pretende anularla, y enmendar a la vez el real decreto del Gobierno, revirtiendo los escasos avances del mismo, en relación con la ampliación de la duración de los contratos.

¿Qué dice la PAH en materia de alquileres?

  • Cumplimiento del PIDESC: Ningún desahucio a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • Duración de los contratos: 5 años si el propietario es persona física con más de 5 viviendas en propiedad, o 10 años si es persona jurídica.
  • Los precios del alquiler estarán subordinados al índice de referencia de precios.
  • Los aumentos de renta no podrán subir por encima del IPC.
  • En caso de cambio de inquilina, el nuevo contrato no podrá superar al anterior en más del 1,5%.
  • Limita la fianza a una mensualidad de alquiler.
  • Modifica el régimen fiscal de las socimis, para que tributen al 40% en el impuesto de sociedades.
  • Promueve la cesión obligatoria de viviendas desocupadas de grandes tenedores que hayan recibido dinero público.
  • Establece la obligación de generar parque público de vivienda.
  • Aumenta el IBI a las casas injustificadamente vacías y
  • Prohíbe la venta de viviendas del parque público.

Por todo esto, desde la PAH lamentamos la oportunidad perdida por el Gobierno para hacer un decreto que atacase de manera real las causas que impiden el acceso a la vivienda: la especulación, el acaparamiento de viviendas por parte de especuladores, la carencia de parque público o el híper liberalismo del mercado y limitara y redujera los precios, o que garantizase el cumplimiento del PIDESC.

Sin embargo, ahora que la complicidad del PP con los especuladores ha posibilitado el desbloqueo que junto a Cs mantenían de la Ley de Vivienda de la PAH, su trámite urgente, y la aplicación de las medidas que contiene, pueden facilitar el que el acceso a la vivienda en España deje de ser un privilegio y pase a ser un Derecho, y por conseguirlo seguiremos luchando.

¡Sí se puede!

#RegulaciónAlquileresYa

Ayer nos movilizamos en Madrid, Valencia, Iruña, Manresa, Málaga y Barcelona para exigir que el decreto sobre alquileres…

Gepostet von PAH Barcelona am Dienstag, 22. Januar 2019

PorPAH_Bcn

La PAH junto a entidades sociales de Barcelona exigimos #stopdesahuciosAbiertos

Avui ens hem reunit davant de la ciutat de la justícia amb diferents entitats socials de Barcelona i moviments socials per denunciar els desnonaments oberts. És a dir desnonaments que s’ordenen des dels jutjats sense hora i data determinada.

Davant la vulneració de drets hem dit #ProuDesnonamentsOberts i acabar amb aquestes pràctiques despiadades inhumanes que provoca més engoixa i patiment a les famílies. Una estratègia per a què les famílies estiguin menys amparades i soles al moment de l’execució.

PorPAH_Bcn

Manifest contra els desnonaments oberts

Un desnonament amb persones malaltes, gent gran o menors, un desnonament sense alternativa habitacional, és una actuació judicial que vulnera els drets fonamentals de les persones. Només a la ciutat de Barcelona, patim dotzenes de desnonaments com aquests cada setmana. Per això, des de fa anys que els barris s’organitzen per evitar aquestes vulneracions dels drets humans. De fet, l’organització veïnal ha estat el major exemple de resistència pacífica davant d’una crisi econòmica, social i política que no ha tingut cap mena de sensibilitat cap als més vulnerables. Hem detectat els darrers mesos una crescuda de desnonaments que es dicten sense determinar una data i una hora fixa, tot acordant un període ampli de dies en els quals es pot produir l’expulsió de la família del seu habitatge, són els anomenats desnonaments oberts. Es tracta d’un abús sobre una situació injusta ja de base.

Si cal determinar la data no és per un caprici del legislador, sinó que respon a la necessitat d’evitar més sofriment a les persones afectades pels desnonaments. Les víctimes d’aquesta nova modalitat de desnonaments pateixen la inseguretat de no saber si quan tornin de la feina, de l’escola o del mercat continuaran tenint llar. Moltes decideixen, preses de la por i l’ansietat, tancar-se a casa i esperar que la comitiva judicial desvetlli el moment de fer efectiu el desnonament. No només és un problema de drets humans, també és un problema de salut social. Alhora facilita que el desnonament s’executi amb pràctica impossibilitat d’aturar-lo a la porta quan la persona no té una solució habitacional digna, no han participat serveis socials o no es tenen en compte els drets dels menors. Per tant faciliten els desnonaments que vulneren els drets fonamentals de les persones.

Aquests desnonaments oberts incompleixen la legalitat, donat que la possibilitat de fixar desnonaments en dates obertes no es troba recollida a cap norma. Tot el contrari, la Llei d’Enjudiciament Civil estableix la necessitat que es fixi data o data i hora determinada per realitzar el desnonament. Així es recull a tots els articles que regulen els llançaments (articles 21, 437, 440, 447, 549 i 704 de la LEC) i per això entenem que les resolucions que fixen els desnonaments oberts vulneren el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, així com el dret a la inviolabilitat del domicili.

Malgrat la claredat de la llei, som testimonis d’un increment en l’exercici d’aquesta pràctica arbitrària dels tribunals que neix per accelerar els desnonaments i boicotejar la desobediència civil. Per altra banda, hem estat testimonis de membres de diferents comitives judicials recomanant als procuradors de la propietat que sol·licitin expressament el proper llançament amb una data oberta, extralimitant-se d’aquesta forma de les seves funcions. Per això, des dels diferents col·lectius, moviments veïnals i organitzacions demanem als responsables de l’administració de justícia i als responsables polítics que no es produeixin més desnonaments en obert.

Per tot això, iniciem una campanya de denúncia pública d’aquests fets, demanant el suport explícit al manifest i amb la participació i mobilització ciutadana necessària per acabar amb aquesta pràctica inhumana. No descansarem fins que no es produeixi un sol desnonament més amb data oberta a la nostra ciutat. Des de la ciutadania, diem prou als desnonaments oberts!

Adhereix-te al manifest

PorPAH_Bcn

Presentamos un nuevo documento útil para denunciar al Síndic de Greuges el colapso de la mesa de emergencia

Desde la PAH de Barcelona, recordamos la realidad  citada por el  Síndic de Greuges de Catalunya en su infomre ‘’El Derecho a la vivienda: cuestiones urgentes’’, publicado en febrero de 2018, en el cual puso de manifiesto que:

El artículo 26 del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña determina que las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda digna, por lo que los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones que determinan las leyes.

A criterio de esta institución, las principales causas que condicionan actualmente el derecho de todas las personas a acceder a una vivienda digna y asequible son las siguientes:

  1. La falta de un parque de viviendas suficientes destinado a alquiler social.
  2. La escasa oferta de viviendas de alquiler privado a un precio asequible y el creciente incremento de las rentas de alquiler.
  3. La falta de una actuación pública suficiente en cuanto al gran número de viviendas de titularidad privada que están desocupadas de forma permanente e injustificada y que, por tanto, incumplen la función social del derecho de propiedad.- (p.8)

Formalizamos una queja principal:

Desde que se publicó el informe y basándonos en la cita de la página 19 del mismo informe, […es necesario reiterar que la valoración de una situación de emergencia residencial y el realojamiento de las personas afectadas no debería superar el plazo máximo de un mes…], nos consta que, actualmente, las llamadas listas de espera se han ido prolongando hasta alcanzar un tiempo de espera de entre 1 año hasta más de 2 años y que dichas listas (que según el propio Síndic de Greuges,  no deberían existir) se han duplicado a lo largo del 2018.

Solo en Barcelona hay más de 500 familias en la lista de espera (el doble que hace un año), familias que acabarán con problemas de salud totalmente prevenibles, siendo desahuciadas, sin posibilidades de poder acceder a una vivienda, de mantener una vida estable y en el peor de los casos quitándose la vida ante la presión de no ver solución a su emergencia habitacional.

El acceso a la lista de espera es otra queja relacionada, ya que nos consta que muchas familias no reciben el trato procesal debido, ni una correcta atención por parte de Servicios Sociales o las Oficinas de Vivienda, ante la gravedad del problema de perder su vivienda, de no poder acceder a otra o en el caso de haber conseguido un realojo y un alquiler social, se ven sometidas a unos contratos públicos con falta de transparencia y sin cump0lir los baremos estipulados por la Ley 24/2015.

La situación es dramática y requiere cambios drásticos, contundentes y urgentes.

Por eso pedimos con urgencia que desde el Síndic de Greuges se vuelva a investigar y a publicar la falta de respuesta continuada de las administraciones a solucionar la problemática que no para de afectar cada vez a más personas.

DESCARGA EL DOCUMENTO DE DENUNCIA AQUI

PorPAH_Bcn

Habla la PAH sobre el decreto ley para reformar la LAU

Sobre el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros en relación con los alquileres, la PAH manifiesta lo siguiente:

  1. Confirma la falta de ambición por parte del Gobierno de un grave problema que está impidiendo a miles de familias el acceso a la vivienda, al no atacar directamente los precios, ni intervenir directamente en el mercado.
  2. No tiene retroactividad, por lo que todos los contratos en vigor se regirán por la legislación actual, y sus posibles efectos positivos tardarán años en notarse, ya que partimos de unos precios especulativamente inflados.
  3. Carece de medidas para movilizar millones de casas desocupadas, que sus propietarios mantienen fuera del mercado con el fin de encarecer los precios de alquiler y de compra, especialmente fondos buitre, socimis y bancos.
  4. No permite a los ayuntamientos establecer índices de referencia de precios, para moderar y rebajar  los abusivos precios actuales.
  5. No modifica la legislación para que las inquilinas demandadas por sus caseros puedan defenderse en el proceso judicial, en contra del dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas.
  6. No incluye medida alguna para la generación del Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social, a pesar de que en España dicho parque, apenas sobrepasa el 1% del total, mientras que, en países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Austria y otros se sitúa en torno al 20%.

En consecuencia, la PAH considera que, para pinchar la actual burbuja de los precios de alquiler, son necesarias medidas como las que señalamos, ya que sin ellas los precios no van a bajar, y que para afrontar la actual situación de emergencia habitacional que sufre nuestro país, es imprescindible la aprobación urgente de las medidas contenidas en la Ley de Vivienda de la PAH, que está sufriendo el bloqueo fraudulento de PP y Cs, que semana tras semana andan pidiendo prórroga del plazo de presentación de enmiendas.

Desde la PAH señalamos como culpables de la emergencia habitacional al empobrecimiento general de la ciudadanía, la falta de vivienda pública de alquiler que impide modular el mercado especulativo, a los fenómenos  de turistificación, a una ausencia de compromiso con el derecho a la vivienda para favorecer los beneficios impresentables de la banca y capital especulativo y, recientemente para colmo, al imcomprensible empecinamiento del PSOE  por mantener los contenidos de la Ley de Crédito Inmobiliario, absolutamente continuístas con las leyes del PP, aprobada en la ponencia con la complicidad de PP, Cs, PDeCat y PNV, y al PP y Cs que cada semana impiden que se inicie el debate de la Ley de Vivienda de la PAH.

PorPAH_Bcn

En el 70º aniversario de la Declaración Universal de los #DerechosHumanos el CGPJ publica los datos de desahucios del 3er trimestre

2.531 desahucios en Cataluña en el 3er trimestre del 2018 y sumando

Hoy se publican los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 3er trimestre del 2018 el mismo día que se cumplen 70 años de la declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal como establece el artículo 25 de la declaración:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

O el artículo 47 de la constitución Española:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.  La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

En el 2018, en el Estado español, se sigue vulnerando el derecho a la vivienda y se sigue haciendo por la inoperancia de los partidos políticos que en lugar de velar por las ciudadanas lo hacen por los intereses económicos; falta voluntad política para cambiar leyes que rescaten a la ciudadanía. Así lo corroboran los 10.508 desahucios que se han producido desde enero del 2018 hasta el día de hoy en Cataluña. Los datos no lo esconden, desde 2013 hasta el 3r Trimestre se han producido más de 371.036 desahucios en todo el Estado, siendo Cataluña la comunidad que lidera el ránking de la vergüenza. Sólo en este 3r trimestre ya son 2.531 las familias que han sido desahuciadas de sus casas. El 64% de los desahucios producidos son debidos a impagos de alquiler. 

Es urgente tomar cartas en el asunto, hay vidas en juego, literalmente. Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que no siga legislando como los anteriores Gobiernos y que sea valiente para legislar en los términos de la #LeyViviendaPAH: protegiendo a los más débiles de los contratos hipotecarios, haciendo una moratoria de todos los desahucios a las familias vulnerables, reformando una LAU que garantice más estabilidad y acceso al alquiler, generando un parque de alquiler social con las viviendas vacías de los bancos y fondos buitres y garantizando a toda familia vulnerable el acceso a agua, luz y gas.

En las próximas semanas las PAHs en todo el Estado saldremos a las calles a exigir derecho a la vivienda y señalar a los responsables  que cada día haya desahucios en nuestras ciudades y poblaciones

¡Sí se puede!

#DiaDeLosDerechosHumanos