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PorPAH_Bcn

Hacemos públicos los nuevos Documentos Útiles contra la emergencia habitacional

Los Documentos Útiles son una herramienta, a disposición de toda la ciudadanía de Cataluña, para exigir el cumplimiento de Decreto Ley 17/2019 para las familias.

Hoy miércoles 22 de enero de 2020 el Grupo promotor de la Ley 24/2015 hacemos públicos y a disposición de toda la ciudadanía los Documentos Útiles para exigir el cumplimiento del reciente Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda aprobado por el Gobierno de la Generalitat.

A finales del mes de diciembre de 2019, y gracias a la presión de las entidades sociales, conseguimos introducir en el mencionado Decreto Ley medidas muy significativas que amplían significativamente la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional, adaptándola de este modo a la realidad actual.

Los Documentos Útiles que hoy presentamos están a disposición de toda la ciudadanía para poder exigir tanto a los bancos y grandes tenedores, juzgados y ayuntamientos el cumplimiento de las mejoras conseguidas. Son los siguientes:

Documentos Útiles dirigidos en los bancos o a grandes tenedores:

  • Solicitud de alquiler social en caso de ejecución hipotecaria
  • Solicitud de alquiler social en caso de impago/finalización de alquiler
  • Solicitud de alquiler social en caso de ocupación
  • Solicitud de renovación de alquiler social

Documentos Útiles dirigidos a los juzgados:

  • Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de ejecución hipotecaria
  • Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de impago/finalización de alquiler
  • Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de ocupación
  • Recurso para suspensión de lanzamiento por carencia de oferta de alquiler social en caso de renovación de alquiler social

Documentos Útiles dirigidos a los ayuntamientos:

  • Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de ejecución hipotecaria
  • Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de impago/finalización de alquiler
  • Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de ocupación
  • Denuncia por carencia de oferta de alquiler social en caso de renovación de alquiler social

Desde los inicios de la entrada en vigor de la Ley 24/2015, fruto de una iniciativa legislativa popular, hemos creado diferentes Documentos Útiles que han servido a la ciudadanía a hacer cumplir la Ley. De este modo las familias tienen a su disposición a través de nuestra página web herramientas efectivas para garantizar sus derechos en materia de vivienda.

Después de haber recuperado de la impugnación del PP y la banca las medidas anti-desahucios de la Ley 24/2015, después de haber conseguido que el Gobierno de la Generalitat retirara un primer Decreto para mejorarlo con las aportaciones de las entidades sociales, y después de conseguir la ampliación de la Ley con las nuevas medidas incorporadas en el Decreto Ley 17/2019 recientemente aprobado, advertimos que no desaprovecharemos la oportunidad de aplicar las leyes contra la emergencia al máximo de su potencial, para conseguir de una vez por todas una Cataluña libre de desahucios.

Los encontraréis en nuestra página web

👉 Documentos Útiles de Hipoteca https://pahbarcelona.org/es/documentos-utiles-hipoteca/

👉 Documentos Útiles de Alquiler https://pahbarcelona.org/es/docs-utiles-alquiler/

👉 Documentos Útiles de Ocupación https://pahbarcelona.org/es/docs-utiles-ocupaciones/

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Ampliamos la protección de la Ley 24/2015, adaptándola a las nuevas caras de la emergencia habitacional

Gracias a la presión de las entidades sociales, hemos conseguido introducir en el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno mejoras muy significativas en la Ley 24/2015

Barcelona, 23 de diciembre de 2019

Hoy, lunes 23 de diciembre, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015 de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética estamos en la plaza Sant Jaume de Barcelona, a las puertas del Palau de la Generalitat, para celebrar que hemos conseguido nuevos avances en la Ley 24/2015. Gracias a la presión de las entidades sociales hemos conseguido introducir en el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno mejoras muy significativas en la Ley 24/2015, adaptándola a las nuevas caras de la emergencia habitacional.

Igual que ocurrió con la ILP Vivienda, cuando las afectadas perciben que las leyes responden a las necesidades sociales. Los avances son:

  • Renovación a 7 años de los miles de alquileres sociales firmados al amparo de la Ley 24/2015 por 3 años a partir del 2015, que caducan ahora o que finalicen en el futuro.
  • Protección ante desahucios por extinciones de contrato de familias en exclusión residencial en viviendas de grandes tenedores, ampliando a estos casos las ofertas obligatorias de alquiler social.
  • Alquiler social de 7 años para familias en exclusión residencial que se han quedado en la vivienda, sin título, después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca o alquiler de gran tenedor, o que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de grandes tenedores personas jurídicas, siempre que lleven al menos 6 meses en la vivienda (desde el 23 de junio de 2019) y tengan un informe social favorable.
  • Todos los nuevos alquileres sociales deberán respetar los plazos de la LAU, ampliando los 3 años mínimo de 2015. Por lo tanto, tendremos 10 años (3+7) de protección para los que ya existen, y 14 (7+7) para los que se firmen a partir de ahora. En el caso de viviendas que sean propiedad de personas físicas, el período de protección podrá llegar a los 10 años (5+5).
  • Se fija por ley el precio de la cesión obligatoria de viviendas vacías de banco y fondos buitre a un 40% del precio de la vivienda de protección oficial. Hasta ahora no se podía aplicar esta herramienta de movilización de vivienda vacía porque el Estado retiró el recurso que pesaba sobre el artículo 7 de la Ley 24/2015, poniendo como condición que se definiera objetivamente un precio. Ahora se podrá obligar a los bancos y fondos buitre a ceder los pisos vacíos para alquiler social a precios por debajo del mercado (piso de 65 m² en Barcelona de 150 a 200 €).
  • Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas físicas con más de 15 viviendas, y por tanto protegerá a más arrendatarias con amenaza de desahucio.
  • Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple.

Si no hubiera sido por la acción del Grupo Promotor de la Ley 24/2015, no habríamos conseguido ni de lejos todas estas mejoras. A pesar de todo el esfuerzo, hay medidas que no se han incluido o algunas en las que exigíamos ir más lejos, como son: proteger a las personas que al día siguiente de la entrada en vigor del decreto ley, y que, en el futuro, tengan que acceder a la vivienda de forma precaria ocupando porque no son realojadas por las administraciones, incumpliendo la propia ley; bajar la definición de gran tenedor a todo aquel que tenga en propiedad 10 viviendas; aumentar de 90.000 a 900.000 € las sanciones por incumplimiento de la obligación de hacer ofertas de alquiler social por parte de los grandes tenedores; la renovación de los alquileres sociales hasta que salgamos de la situación de emergencia, y que la obligación de hacer alquiler social en desahucios por extinción de contrato sea permanente y no temporal

La Generalitat no ha aceptado todas las medidas del Grupo Promotor, no obstante las seguiremos exigiendo, tanto en la tramitación del decreto ley como proyecto de ley ‒si esto sucede‒, como denunciando cada vez que, por omisión del Gobierno, queden personas desprotegidas y en la calle. De nuevo han sido las entidades sociales las que no han bajado la guardia, no solo para exigir la aplicación plena de la Ley 24/2015, sino para ampliarla y proteger cada vez a más personas.

En 2015 la fuerza de las entidades sociales conseguimos que el Parlament aprobara la primera ley contra los desahucios y los cortes indiscriminados de suministros de todo el Estado. Una ley pionera y valiente, inspirada en la solidaridad vecinal y ciudadana, para proteger los derechos, que el PP, bajo el dictado de la banca y las eléctricas, impugnó para enterrarla. La lucha de la gente, no solo salvó la parte de pobreza energética del recurso en 2016, sino que, contra todo pronóstico, a finales del 2018 conseguimos que el nuevo Gobierno del PSOE retirara el recurso sobre las medidas más importantes en materia de vivienda. Tras este hito, el Grupo Promotor ha exigido que se diera un nuevo impulso para el cumplimiento íntegro de la ley, tanto en la parte de vivienda como en la de pobreza energética.

En medio de todo este contexto, el Gobierno catalán realizó un primer intento de aprobar un decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en el mes de marzo de este mismo año, haciéndolo, sin embargo, de espaldas a la ciudadanía y con un contenido inaceptable (subida de precios de la VPO y medidas de emergencia mal planteadas y poco ambiciosas). Ante la reacción de denuncia de las entidades sociales y del mundo municipal, el Gobierno se vio forzado a retirar el texto para evitar que fuese tumbado en el Parlamento.

En marzo advertimos que no saldría adelante ningún decreto ley que no recogiera la voz, necesidades y soluciones de quienes sufrimos vulneraciones del derecho a la vivienda cada día y luchamos para revertir la situación. Antes y después del verano nos hemos reunido con el Gobierno para plantear 8 medidas de ampliación de la Ley 24/2015 a través del decreto ley. Hasta el mes de diciembre, el Gobierno ha sido reacio a incluir nuestras demandas. Durante este mes, también hemos trasladado nuestras demandas a los grupos parlamentarios que rechazaron el texto original, para conseguir mejoras en el nuevo intento de aprobarlo.

Estamos muy orgullosas y satisfechas de haber conseguido una nueva victoria importantísima en la protección del derecho a la vivienda. Empezaremos el 2020 con miles de catalanas más protegidas contra los desahucios. Desde hoy damos un aviso a los partidos que formen el nuevo Gobierno del Estado, o a los grupos que pueden impugnar las nuevas medidas: que al igual que hicimos con la 24/2015, ¡no lo vamos a permitir!

Pero también advertimos que no vamos a parar hasta acabar con la emergencia habitacional en Cataluña. Ya tenemos los convenios para que Endesa firme de una vez por todas para enjugar la deuda acumulada de las familias en situación de vulnerabilidad. Seguiremos exigiendo multas de 90.000 euros a todos los grandes tenedores que se salten la obligación de hacer contratos de alquiler social para frenar los desahucios, y seguiremos exigiendo a la Generalitat que cumpla los compromisos adoptados por el President Torra de lanzar una campaña de difusión masiva de los derechos que la ley brinda a la ciudadanía.

Y marcamos un objetivo a corto plazo: hay que poner la Mesa de emergencia a cero, realojando a las 2.500 familias sin derecho a vivienda que hay en Cataluña. Para ello es imprescindible lanzar un Plan de choque contra la emergencia asumido por la Generalitat y los ayuntamientos, junto con la fuerza de las entidades sociales, que ponga a cero la Mesa, que garantice el fin de los desahucios futuros, y que movilice miles de viviendas de la banca y los grandes fondos de inversión para vivienda social.

Desde el Grupo Promotor de la ILP Vivienda estaremos vigilantes para su correcto cumplimiento. Hemos dado un gran paso para garantizar nuestro derecho a la vivienda, y todo aquel que intente vulnerarlo nos encontrará de frente.

PorPAH_Bcn

La PAH salimos a la calle a denunciar las prácticas abusivas del fondo buitre Blackstone – Anticipa

Ocupamos sus oficinas y filiales en Cataluña, Madrid, Parla, Málaga, Sevilla y Elche para exigir soluciones dignas a las familias

Hoy 13 de diciembre la PAH salimos a la calle a denunciar las prácticas abusivas del fondo buitre Blackstone – Anticipa. En 2015, cuando el fondo había adquirido miles de hipotecas procedentes de Catalunya Caixa y quería desahuciar a miles de familias en Catalunya ya denunciamos las prácticas que está haciendo este fondo buitre. Frente a esta vulneración de derechos la PAH reaccionó y conseguimos legislar una Ley a nivel de Catalunya que obligó a hacer alquileres sociales a miles de familias y a condonar las deudas hipotecarias. Contestamos así: https://www.youtube.com/watch?v=gPGGJpOiseI. Además, organizamos diferentes acciones a nivel estatal e internacional.

Ahora Blackstone y sus filiales han adquirido los pisos del BBVA y ha mutado a diferentes fondos como Budman, Merlin, Clarus… y nos quieren complicar la existencia, pero no lo vamos a permitir. Desde las PAH catalanas cortamos las negociaciones con interlocutoras del fondo buitre porque no teníamos soluciones y nos hacían perder el tiempo. En 2018 con el asesinato de Jordi, un vecino de Cornellà que no pudo pagar el alquiler y acabó lanzándose por la ventana el día que Blackstone lo quiso desahuciar, la PAH sacamos fuerzas para continuar la campaña contra este fondo buitre y luchar por los casos de las familias de la PAH. El mismo día que Jordi, el vecino de Cornellà, se quitaba la vida, estábamos haciendo una acción contra Blackstone. Este año hemos salido a la calle reivindicando soluciones para las familias

En Barcelona tenemos decenas de familias que están en vías de negociación desde junio de este año y que no han avanzado nada, y es por eso que convocamos a una acción estatal. Para unir fuerzas y para luchar juntas por nuestro derecho a la vivienda.

En Madrid Blackstone – Anticipa se niega en rotundo a hacer alquileres sociales de 7 años a compañeras que vienen de daciones en pago del BBVA/Popular. Acosan a llamadas para que entregues las llaves. Las quitas son insuficientes y condicionadas a cláusulas y renuncias abusivas.

En cuanto a FIDERE, SOCIMI «para ganar dinero especulando con la vivienda», han puesto en marcha la expulsión en bloques de vivienda pública que les vendió ilegalmente el PP. Uno concretamente en Carabanchel, donde piden insistentemente la intervención de la UIP (Unidades de Intervención Policial) para desahuciar a inquilinas pero también ocupaciones por necesidad con menores y situaciones dramáticas. Además de las subidas abusivas de renta en bloques de vivienda protegida al acabar la vivienda de protección oficial.

Los ejemplos de Barcelona y Madrid son un reflejo del modus operandi de este fondo buitre, que ejerce en todo el territorio español para seguir especulando sobre el derecho a la vivienda y jugar con la vida de las familias.

Hoy salimos a ocupar sus oficinas para exigir soluciones. En un contexto de fiestas navideñas nos parecía una buena ocasión para llevarles delante la situación de las miles de familias que están destrozando, y decir alto y claro que exigimos:

  • Renovaciones de alquiler social a toda familia vulnerable.
  • Daciones en pago y alquileres sociales a las familias que no han podido pagar su hipoteca y que Blackstone se quedó con la vivienda de las Cajas de ahorros y Bancos rescatados.
  • Quitas para las familias que a día de hoy están pagando su hipoteca y tienen cuotas abusivas.
  • Alquileres sociales a familias que se han visto obligadas a ocupar una vivienda.

Desde la PAH no vamos a parar hasta conseguir que toda familia tenga garantizado su derecho a una vivienda digna, y seguiremos denunciando la situación y poniendo entre la espada y la pared a fondos buitre como Blackstone, que deberían desaparecer.

PorPAH_Bcn

[Comunicado] En Cataluña hay 49 desahucios al día contabilizados por el CGPJ

Hoy se han hecho públicos los datos del 3º Trimestre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son cifras escalofriantes: 10.177 familias en el Estado español, entre julio y septiembre de este 2019, han sido desahuciadas por no poder pagar su cuota de hipoteca, por no poder pagar su alquiler o bien por extinción del contrato de alquiler. El CGPJ notifica el descenso de los desahucios pero esconde una gran mentira: la realidad de miles de familias que se marchan de su casa antes de pasar por un desahucio, los desahucios invisibles; esto sin olvidar los desahucios no contabilizados, como los de ocupación en precario.

Cataluña continúa siendo líder en el ranking de la vergüenza. En este 2019 se acumulan ya 9.229 desahucios, de los cuales el 69% son provenientes de alquiler.

La emergencia habitacional se ha cronificado en nuestras ciudades porque las administraciones no han estado a la altura al abordar esta situación, y durante años han mirado hacia otro lado hasta que la PAH hizo visible aquello que bancos y lobbies inmobiliarios querían que quedara en silencio. ¡Que no era una crisis, que es una estafa! 10 años después y con un nuevo gobierno en el Estado exigimos leyes ambiciosas como la #LeyViviendaPAH, políticas valientes como el plan de choque de la PAH y destinar dinero en los presupuestos para que se lleve a cabo. Además, sabemos muy bien que desde las autonomías también se puede abordar la emergencia habitacional y hacer políticas valientes. Llevamos ocho meses con una herramienta que pone fin a desahucios de hipoteca y de impago de alquiler y que podría ampliar el parque de nuestras ciudades, y la Generalitat no la está aplicando. Muchos ayuntamientos tampoco. ¡Es inadmisible!

Además, igual que el CGPJ está obviando la petición de la PAH de hacer públicos los datos de los desahucios causados por ocupación en precario, el gobierno de Cataluña no está abordando la situación de miles de familias que se han visto obligadas a escoger entre dormir en la calle u ocupar una vivienda vacía de fondos buitre o de la banca, que estaba incumpliendo su función social. Creemos que es hora de afrontar el problema y exigir que los grandes tenedores que han dejado las viviendas vacías formalicen alquileres sociales con las familias vulnerables.

Queda mucho por hacer y desde la PAH de Barcelona estaremos vigilantes y al pie de la calle para garantizar y exigir el derecho a la vivienda. ¡Porque sí se puede!

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Antes fueron ellos, ahora nosotras, ¿hasta cuándo? ¡Exigimos realojos dignos YA!

Los movimientos sociales de Barcelona que luchamos por el derecho a la vivienda salimos a la calle y montamos nuestro propio belén para denunciar la inoperancia de las administraciones competentes en ofrecer realojos dignos a las familias que han sufrido un desahucio

Hoy 29 de noviembre, todos los colectivos que llevamos meses exigiendo realojos dignos para las familias hemos decidido montar nuestro propio belén de navidad paralelo en la Plaza Sant Jaume, para visibilizar que después de todo este tiempo no hemos tenido ninguna respuesta ni soluciones por parte de las Administraciones para garantizar el derecho a la vivienda digna.

Después de una ocupación del Ayuntamiento de Barcelona el pasado mes de julio, conseguimos una reunión con las tres administraciones competentes en materia de vivienda: Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Delegación de Gobierno, en la que obtuvimos el compromiso de un nuevo encuentro en el que concretar propuestas para solucionar el problema de los realojos indignos a donde son enviadas las familias que han sufrido un desahucio, en la inmensa mayoría a pensiones indignas, insalubres, sucias y con bichos, donde además, en muchos casos, se les da un plazo máximo de tres días de permanencia y luego se encuentran en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional.

A esta segunda reunión ya no asistió la Delegación de Gobierno, alegando que no había Gobierno formado, que estaba en funciones, mostrando así su nulo compromiso con la ciudadanía. Las distintas entidades que asistimos salimos muy decepcionadas de la reunión, les exigimos medidas claras y concisas, así como calendario de actuación para acabar con esta situación de emergencia habitacional que sufrimos, y que en caso contrario nos verían en las calles.

El pasado 31 de octubre y con motivo de la fiesta de la Castañada, señalizamos el edificio de Rda. Sant Pere 41, en Barcelona, propiedad de la Generalitat de Cataluña, y que en dos ocasiones esta ha intentado subastar, quedando desierta la subasta. En esta ocasión exigimos que este edificio, así como muchos otros que las distintas administraciones tienen vacíos en la ciudad, fuera rehabilitado y destinado a realojar a las familias que están a la espera de un piso de la Mesa de Emergencia. La única respuesta que recibimos fue la de que la Generalitat de Cataluña lo vuelve a poner en subasta por tercera vez este próximo mes de diciembre. Recordemos que actualmente, tan solo en Barcelona, hay 600 Familias realojadas en pensiones y 553 en lista de espera de la Mesa de Emergencia, con un vergonzoso tiempo aproximado de espera de 2 años.

Exigimos también que la empresa que gestiona estos realojos (Gestión de hostales, pensiones y pisos de estancia temporal), BCD TRAVEL, tenga un mayor control por parte del Ayuntamiento de Barcelona, y tengan en cuenta la realidad de las familias, su arraigo y sus necesidades especiales, pues parece que realojan a las familias en donde nadie querría. Además, las familias son tratadas con total desidia cada vez que han intentado poner algún tipo de queja o reclamación. Este no debería ser un servicio externalizado sin ningún tipo de control por parte de la Administración.

No vamos a parar hasta conseguir unos realojos dignos. Los movimientos sociales de Barcelona llevamos mucho tiempo poniendo el problema encima de la mesa y las administraciones no están a la altura de la emergencia habitacional que sufrimos. Si el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno de España no ofrecen soluciones nos encontrarán de frente. Ya hemos esperado demasiado y ya les advertimos de que en las calles nos veríamos. Las familias no pueden esperar más.

En la acción de denuncia y visibilización de hoy hemos participado diferentes colectivos: Resistim al Gòtic, 500×20, Grup d’Habitatge de Sants, Oficina d’Habitatge de Gràcia, PAH Barcelona, Xarxa de Suport Mutu Trinitat Vella y Asociación Vecinos Sagrada Familia.

PorPAH_Bcn

[Comunicado] La PAH de Barcelona ocupa la oficina de Servicios Sociales de Hospitalet para exigir una solución a la familia de Phikria

Hoy viernes 22 de noviembre estamos ocupando la oficina de Servicios Sociales de Hospitalet para exigir un realojo digno para Phikria y sus 3 hijas menores

Ayer Phikria fue desahuciada de su casa porque no pudo hacer frente al alquiler. La propiedad era un pequeño propietario. Desde la PAH de Barcelona se instó al Ayuntamiento de Hospitalet semanas antes del desahucio para buscar una solución a la familia: hacer una ayuda de emergencia puntual para que sufragara la deuda y ponerse al día en el alquiler de 580 €. La respuesta por parte del consistorio de Nuria Marín ha sido el silencio, y en consecuencia, el desahucio de 3 menores y de la mamá (Phikria), víctima de violencia de género.

Una vez ejecutado el desahucio fuimos a acompañarla a su oficina de servicios sociales de La Torrassa para exigir lo que marca la Ley 24/2015: un realojo a familias vulnerables. Después de 4 horas ocupando las oficinas conseguimos un realojo en una pensión.

Nadie querría pasar ni una sola noche en la pensión donde ha sido alojada la familia. Han tenido que dormir 4 personas en 3 camas, no hay calefacción, no tienen mantas ni sábanas (recordemos que estamos viviendo una ola de frío extremo en toda la península), y por si fuera poco, la higiene del lugar era nula. Lo más grave de la situación es que el Ayuntamiento de Hospitalet era conocedor del caso y ha infringido la Ley 24/2015 de proveer un realojo digno, y a la vez ha infringido el artículo 28 y la disposición adicional 15a de la Ley Orgánica 1/2014 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Phikria es víctima de violencia de género y su agresor tiene una orden de alejamiento.

Una vez más, la PAH está defendiendo a la ciudadanía y exigiendo el derecho a la vivienda. Hoy ocupamos los Servicios Sociales de Hospitalet para exigir responsabilidad política. No podemos permitir que Nuria Marín deje en la cuneta a mujeres con menores. Si estas son las políticas del PSOE, que den un paso atrás porque no están gobernando para la ciudadanía

¡Exigimos #soluciónParaPhikria porque Sí se puede!

 

PorPAH_Bcn

Abanca, entidad rescatada con dinero público, pretende desahuciar a Wendy y su familia, y a Pape

La entidad opta por la vía penal, a pesar de saber que se trata de familias vulnerables

Hoy 15 de noviembre de 2019 la PAH de Barcelona y la PAH de Terrassa, a través de una acción de denuncia pública en las oficinas de Abanca en Gran Vía, denunciamos el caso de Wendy y su familia, y el de Pape, amenazadas con la expulsión de sus casas la próxima semana, sin una alternativa habitacional. La entidad financiera, hasta hace poco propietaria de los inmuebles, ha optado por la vía penal, aunque sabe perfectamente que denuncia a familias en situación de vulnerabilidad.

Wendy, vecina de la Trinitat Nova y una víctima más de la crisis económica, se vio sin posibilidades de acceder a una vivienda, y junto con su hijo se vieron forzados a ocupar un inmueble, que en aquel momento era propiedad de Abanca. Desde que asisten a la PAH, han intentado regularizar su situación en la vivienda y reclamar a la entidad un alquiler social de acuerdo con sus ingresos. Wendy llegó a intercambiar correos con la entidad financiera, pero finalmente el proceso no fructificó y la posible negociación concluyó con la presentación por parte de Abanca de una denuncia a Juzgados.

Por su parte, Pape, después de vivir durante diez años en su piso, y viendo que no podía hacer frente a la cuota, intentó negociar en numerosas ocasiones un alquiler social con Abanca, siempre, pero sin ningún tipo de respuesta ni solución. Finalmente, después de sufrir cuatro intentos de desahucio, al quinto lo desahuciaron, y ni el Ayuntamiento de Terrassa, ni Servicios Sociales le ofrecieron ningún tipo de alternativa habitacional. Gracias a la Obra Social de la PAH pudo recuperar su piso y ha seguido intentando negociar un alquiler social, hasta ahora en que Abanca le ha demandado por la vía penal.

Hay que recordar que Abanca nace de la caída de varias cajas de ahorro gallegas y contó con una inyección de dinero público descomunal. El caso es especialmente escandaloso. El Estado inyecta a la entidad 9.052 millones de euros, momento en el que pasa a ser 100% pública, para posteriormente venderla por 1.002 millones a un grupo venezolano. En el primer ejercicio tras la compra, en 2014, los beneficios de la entidad son de 1.157 millones, una cantidad superior al precio de venta. Desde entonces, Abanca ha obtenido unos beneficios de 330 millones de euros en 2015; 333,6 millones en 2016; 367 en 2017; y 430 millones en 2018.

Pese acumular 2.600 millones de euros de beneficio neto desde su rescate y sobrevivir gracias a la inyección de dinero público, la entidad decide dar la espalda a casos como el de Wendy y denunciar a familias vulnerables. La vía penal, a diferencia de la demanda civil, conlleva más perjuicios para las personas afectadas y es especialmente onerosa para las familias vulnerables. En primer lugar, las denunciadas tienen que pagar una multa, bajo riesgo de pena de cárcel si no lo hacen, que en el caso de Wendy, alcanza los 270 €. Por otra parte, la sentencia firme comporta antecedentes penales por un plazo de seis meses, lo que puede dificultar, por ejemplo, el acceso a algunos lugares de trabajo y así genera una mayor exclusión a la familia.

El día de hoy, Wendy, con una sentencia condenatoria firme, ha recibido un aviso de Juzgados como que tiene que abandonar su casa la próxima semana, bajo amenaza de que si no lo hace, la policía, utilizando incluso unidades de antidisturbios, podría llegar en cualquier momento para echarla sin ni siquiera poder recoger sus pertenencias. El Ayuntamiento de Barcelona no ha ofrecido todavía a la familia una alternativa habitacional, incumpliendo así lo establecido en la Ley 24/2015 en relación con la obligación de la Administración de ofrecer un realojo adecuado en caso de desahucio.

Ante esta situación, la PAH de Barcelona exige a Abanca ‒una entidad que aún existe gracias al dinero de la ciudadanía‒, que dé marcha atrás y pida a Juzgados la suspensión del desalojo. Por otra parte, seguimos reclamando un alquiler social para Wendy y su hijo, que se corresponda con los ingresos de la familia. Es intolerable que, como también ocurre con la SAREB, un banco rescatado con los impuestos de todos se dedique a expulsar familias vulnerables de su casa, y encima lo haga por la vía penal. La PAH no cejaremos y seguiremos luchando hasta que no se encuentre una solución adecuada. ¡Wendy, no estás sola!

PorPAH_Bcn

Reventemos las burbujas para poder garantizar el derecho a la vivienda

Ante la nueva campaña electoral, gobierne quien gobierne, garantizar el derecho a la vivienda y aplicar las medidas necesarias para acabar con la emergencia habitacional y los desahucios debe ser una prioridad

Arranca una nueva campaña de elecciones generales, la cuarta en cuatro años, que no hace más que reafirmar lo que realmente preocupa a la clase dominante, mantener su estado de bienestar sin importarles el del resto de la ciudadanía, al tiempo que son incapaces de formar un Gobierno, y por el camino nos tenemos que seguir enfrentando a una vulneración sistemática de nuestros derechos y a reformas de maquillaje puramente electorales.

Desde la PAH llevamos una década defendiendo el derecho a la vivienda y su función social,  proponiendo cambios legislativos y estructurales que los garanticen. Hemos logrado avances a nivel municipal, ganar leyes autonómicas y registrar una Ley de vivienda integral en el Congreso, que no avanzó por el bloqueo crónico de PP y Ciudadanos. Las movilizaciones y presión social han sido lo suficientemente potentes y sostenidas en el tiempo como para lograr pequeños avances, como la reforma de la LAU y las que se incluyeron en  la ley hipotecaria; insuficientes debido a la falta de contundencia del PSOE, que dejó pasar una oportunidad histórica de frenar la emergencia habitacional y reventar las burbujas de alquiler y de hipotecas. Unas reformas que en ningún momento recogían medidas que atacaran el problema de raíz, para seguir siendo medidas de favor a la banca y a los fondos de inversión. En resumen, seguir tratando un derecho fundamental, la vivienda, como una mercancía con la que especular en beneficio de unos pocos.

Este verano, Pedro Sánchez tomó prestado un turno de lavado de cara reuniéndose con actores sociales para tratar distintas problemáticas y  recoger propuestas planteadas en esas reuniones. La PAH fue invitada a una de estas sesiones y presentamos nuestro plan de choque con propuestas para enfrentar urgentemente  la grave crisis de emergencia habitacional, así como el Derecho de acceso a la Vivienda en España.

No podemos permitir que se sigan produciendo 60.000 desahucios al año, que no se fomente la creación de vivienda pública y social, que la vivienda vacía en manos de la banca se siga vendiendo a fondos buitre o que no se regule el precio de los alquileres, mientras miles de familias están angustiadas por la falta de horizonte habitacional.

Por eso exigimos medidas como:

  • La suspensión temporal de los desahucios hasta que las Administraciones Públicas  puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada.
  • El cumplimiento de Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional que desahucia sin alternativa habitacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios, emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
  • La anulación total de los desahucios con fecha abierta. Es necesaria una revisión de la LEC que evite la reinterpretación de algunos jueces, aumentando la angustia y evitando la defensa de la vivienda.
  • La ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, y mejora de sus protocolos de acceso.
  • La renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue estando en situación de vulnerabilidad.
  • La regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los ingresos de la unidad familiar, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
  • El incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
  • Impedir la venta de vivienda pública por norma legal.
  • Medidas legales que otorguen a las Administraciones Públicas el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente acaban en manos de fondos buitre.
  • La cesión obligatoria de las viviendas vacías que posea la banca rescatada, con especial hincapié en Bankia y la SAREB. Hacerlo de forma inmediata en zonas tensionadas. 
  • Que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales, se les reclame su deuda en vivienda.
  • Que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades y se estudien medidas para modular/evitar los efectos especulativos de sus prácticas.
  • Penalizaciones a la vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
  • Que se determine de una vez por todas la ilegalidad de las cláusulas abusivas, como dictan las sentencias del Tribunal europeo.
  • La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas demostrables y ajenas a la voluntad del deudor. Por una ley de segunda oportunidad que suponga la integración social frente a la muerte civil que supone el sobreendeudamiento de por vida.
  • Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH y la Ley 24/2015 catalana, fruto de una ILP aprobada por unanimidad en el Parlament.

Basta de excusas. Basta de burbujas especulativas que nos ahogan y niegan nuestro derecho a vivir dignamente. Llegó el momento de cambiar las reglas del juego y, gobierne quien gobierne, lograr una legislación que nos ampare y garantice una vivienda digna, asequible y estable a la que todas podamos acceder y mantener. Hay que hacer justicia a las familias que han perdido su hogar desde 2008, que no se siga repitiendo la situación, facilitar que nuestros jóvenes puedan independizarse y crear sus proyectos de vida o que nuestros mayores no vean cómo pierden su hogar tras años de sacrificio.

#ReventemosLasBurbujas

PorPAH_Bcn

Exigimos a las tres administraciones públicas la rehabilitación de viviendas vacías para acabar con la emergencia habitacional

Los colectivos de vivienda salimos a la calle a señalar y denunciar que tres administraciones públicas mantienen edificios vacíos para su especulación ante una situación de falta de vivienda social

Hoy 31 de octubre de 2019 los colectivos que defendemos el derecho a la vivienda denunciamos a tres administraciones públicas con edificios en propiedad vacíos que podrían ser rehabilitados y destinados a vivienda social para dar respuesta a la emergencia habitacional crónica que padecemos. Exigimos la movilización de estos edificios y locales para rehabilitarlos y destinarlos al actual insuficiente parque de vivienda social que necesitan las familias.

Sólo en Cataluña hemos sufrido 3.557 desahucios durante el primer trimestre de 2019. Actualmente, solo en Barcelona, hay 600 familias que se encuentran realojadas indignamente en albergues o pensiones y 1.500 familias de Cataluña en lista de espera de la Mesa de emergencia, con una media de espera de casi dos años, cifras totalmente inadmisibles. Mientras tanto, las familias que han sufrido un desahucio son realojadas, muchas de ellas fuera de sus barrios, sin cocinas y con baños compartidos, sin tener en cuenta las necesidades familiares, espacios para el estudio de los niños o incluso muchas de ellas sin cumplir con unos mínimos de higiene.

Las soluciones aportadas para poner fin a esta situación por parte del Gabinete de Crisis, formado gracias a la presión de los colectivos de vivienda, han sido del todo insuficientes hasta el momento. El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Delegación del Gobierno del Estado han dado la espalda a las familias en las tres reuniones mantenidas hasta el momento, con unas propuestas totalmente insuficientes y sin concreción de presupuestos ni calendario de actuación, demostrando así un nulo compromiso con la sociedad.

Recordemos que la Ley 24/2015, fruto de una iniciativa legislativa popular y aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos en el Parlamento de Cataluña obliga a las administraciones a ofrecer un realojo digno a las familias. Así pues, exigimos unas administraciones valientes, que cumplan la Ley, que estén al lado de la ciudadanía y aporten soluciones reales y efectivas pensando en la grave situación de las familias. Es cuestión de voluntad política el poner freno a la emergencia habitacional.

La realidad que vivimos los colectivos de vivienda en nuestras asambleas es insostenible. Las familias no pueden esperar más. Nosotras seguiremos al lado de la ciudadanía, defendiendo nuestros derechos y vigilando para que se garanticen, a menudo materializándolos nosotras mismas ante la inacción de las administraciones, facilitando alternativas mucho más dignas que las suyas. No cederemos hasta hacer realidad estos derechos. Porque hay vidas en juego.

En la última reunión con el citado Gabinete de Crisis, nos fuimos anunciando que nos veríamos en las calles, motivo por el que estamos hoy aquí y continuaremos mientras no se dé un realojo digno a las familias que lo necesitan.

En la acción de denuncia de hoy hemos participado diferentes colectivos que trabajamos por el derecho a la vivienda: Resistim al Gòtic, 500×20, Grup d’Habitatge de Sants, Oficina d’Habitatge de Gràcia, PAH Barcelona, Xarxa de Suport Mutu Trinitat Vella y Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.

PorPAH_Bcn

[CONVOCATORIA] El 6 de noviembre súmate a la flahsmob reventemos las burbujas por el derecho a la vivienda

Porque las únicas burbujas que queremos son las de jabón

La vivienda nos afecta a todas y acceder a ella o mantenerla cada día es más misión imposible.

Por ello, el 6 de noviembre saldremos a la calle a reventar todas las burbujas ¡Porque tan solo deberían existir las de jabón!

Después de 4 elecciones en 4 años, la 5ª no puede ser sin derecho a la vivienda. Salgamos a las plazas a exigir responsabilidad política, a exigir que garanticen el derecho de todas a la vivienda.

Si los cuidados no se ponen en el centro, si no cambia el sistema y si dejamos que los lobbies financieros gobiernen por encima de los Derechos Humanos y fundamentales, ya hemos visto el mundo que nos queda por vivir.

Sabemos que juntas y organizadas somos capaces de hacer posible lo imposible. Para ello, que nos vean y nos escuchen.

Convocamos a una flashmob en las plazas de muchas ciudades, iremos actualizando aquí las convocatorias