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Este martes hemos conocido la noticia del suicidio de un hombre en Barcelona, después de ser desahuciado de su piso cuya propiedad estaba en manos del Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de la Vivienda. Ante estos hechos, desde PAH Barcelona queremos expresar nuestra profunda tristeza y enojo, y enviar nuestro pésame a la familia y al entorno de la víctima.

Por otro lado, no podemos evitar preguntarnos cuáles han sido las causas que han obligado a una persona a tomar una decisión tan drástica: creemos que el sistema de protección social ha fallado. Si bien no tenemos todos los datos sobre el caso, la información que se ha ofrecido desde el propio Ayuntamiento y los medios de comunicación apunta a que esta persona, al menos desde los últimos 3 años, no disponía del acompañamiento adecuado a su situación, hecho por el cual en el momento en que ha perdido la vivienda, su único refugio, no ha visto otra alternativa que quitarse la vida.

Nuestra experiencia al atender a personas con problemas habitacionales nos demuestra que la atención social por parte de las diferentes administraciones es insuficiente. La infradotación de los servicios sociales, el modelo de vivienda como bien de mercado o la dificultad de acceso a la salud física y mental son ejemplos de un sistema que considera que la función de la protección social es la de tratamiento de los síntomas y de contención de los problemas, especialmente en aquellos momentos en los que una tragedia como la de ayer salta al debate público. Las entidades sociales que trabajamos por la defensa de los derechos humanos como la vivienda, la educación o la salud, hemos reiterado una y otra vez a las diferentes administraciones que los diferentes protocolos que se aprueban fallan a la hora de dar respuesta a aquellas casuísticas más complejas, y que es precisamente en estos casos más difíciles cuando una atención proactiva y personalizada es más necesaria. Además, creemos que todos estos protocolos tienen un defecto en común: poner la responsabilidad de ponerlo en marcha (¡y de hacer seguimiento!) sobre los hombros de la persona afectada. ¿Qué es lo que pasa cuando esta persona, por desconocimiento o por incapacidad, no puede seguir los mecanismos que se imponen desde los servicios sociales? Pues la indefensión absoluta.

Desgraciadamente, no es la primera vez que una persona pierde la vida en un desahucio. Apenas el año pasado un vecino del barrio de Sants decidió precipitarse desde su balcón cuando la comitiva venía a ejecutarlo, a pesar de la intervención de los servicios sociales y la acreditación de vulnerabilidad; o hace tan solo unos días dos ancianas, hermanas, se quitaron la vida en Santander ante la perspectiva de perder su vivienda. El caso de ayer y todos los que lo preceden nos obligan a cuestionarnos los mecanismos que tenemos para evitar llevar a una persona al límite: las leyes y protocolos actuales son insuficientes y desde los movimientos sociales creemos que para resolver esta cuestión hay que solucionar de raíz el problema estructural, es decir, garantizar el derecho a la vivienda.

Es por ello que, ante estos hechos, insistimos y exigimos a las Administraciones competentes (Ayuntamiento, Generalitat y Estado) que centren sus esfuerzos en promover políticas en este sentido: prohibir los desahucios sin alternativa, aumentar el parque público de vivienda, invertir recursos en los servicios sociales y en la atención proactiva, integral y personalizada de las afectadas, entre otros. La futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, impulsada por el gobierno español de PSOE y Podemos y que actualmente está en trámite parlamentario, es una oportunidad. Por eso exigimos una ley que garantice el derecho a la vivienda para todas y que construya una verdadera política social que deje la vivienda fuera del mercado especulativo y asegure que no tengamos que lamentar más muertes. Garantizar el derecho a la vivienda significa salvar vidas.

PAH BARCELONA – 31 de mayo de 2022