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Des de la PAH hem convocat a una cassolada davant les seus del PSC per exigir-li que voti a favor a la tramitació de la Llei de Garantia del dret a l’habitatge digne i adequat registrada el passat 30 de setembre al Congrès dels Diputats.

En el ple de demà14 de desembre es debatrà si s’accepta a tràmit una llei impulsada per la ciutadania, i recolzada per més de 150 organitzacions social i 9 grups parlamentaris del Congrès, que vol posar fi als desnonaments obligant als grans tenidors fer un lloguer social a families vulnerables, regulant els preus de lloguer, acabar amb el sensellarisme i ampliar el parc d’habitatge de les nostres ciutats, entre altres mesures per garantir el dret a l’habitatge.

El text serà presentat pels partits Bildu, ERC i CUP, que ja la van registrar el 30 de setembre passat, juntament amb els grups JuntsXCat, Podemos, Compromís, Más País, BNG i Nueva Canarias i van corroborar el seu compromís amb les organitzacions socials.

Per que s’acepti a tràmit la llei necessitem els vots favorables del partit socialista i a dia d’avui no han respòs cap de les peticions de reunions amb noslatres i no sabem què faran en aquets exercici de democracia, un fet que ens preocupa.

En cas que la Llei de Garantia al Dret a l’Habitatge passés a tràmit, aquesta passaria a procés de discussió juntament amb la Llei Habitatge validada pel Consell de Ministres el 26 d’octubre passat.

Les organitzacions socials que conformem la Iniciativa Llei Habitatge hem presentat aquest mateix mes al·legacions a l’avantprojecte de Llei Habitatge pactat pels socis de Govern, ja que té grans mancances i no garanteix aquest dret fonamental. Per això, instem al PSOE que voti a favor de la tramitació de la Llei pel Dret a un Habitatge Digne i Adequat que sí que garanteixi l’exercici d’aquest Dret Fonamental.

Per això avui apropem la realitat a les seves seus. Perquè el PSOE de Pedro Sánchez escolti directament, de la veu de les persones que han perdut o poden perdre el seu habitatge, els motius pels quals cal donar suport a aquest projecte de llei, que garantiria una solució per a milers de persones i famílies que s’arrisquen a patir un desnonament.

Avui també hem contactat amb Salvador Illa per demanar una urgent reunió per a traslladar els principals plantejaments de la nostra Llei i per què considerem que el Partit Socialista també l’ha de tenir en consideració i dur endavant.

Les últimes dades de desnonaments del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) posen de manifest que Espanya necessita urgentment mesures estructurals i de gran importància. Les 8.659 famílies que han estat desnonades entre els mesos de juliol i setembre del 2021 amb escut social, només són la punta de l’iceberg de l’emergència habitacional cronificada que vivim en aquest país (els desnonaments des de principis del 2021, i en plena pandèmia, han estat més de 30.000) i que hem de poder, d’una vegada per totes, deixar enrere.

El pròxim 14 el PSOE ha de triar si posar-se del costat de les persones i del dret a l’habitatge, o bé, seguir el llegat del Partit Popular i legislar per als desnonadors, els responsables de la bombolla immobiliària: bancs i fons d’inversió.

Hoy hemos vuelto a salir a la calle para trasladar un importante mensaje al sr. Carles Puigdemont: Junts no puede seguir adelante con las enmiendas que recortan la nueva Ley antidesahucios

Hoy viernes 10 de diciembre de 2021, las PAH Catalanas y el Grupo Promotor de La Ley 24/2015 damos un paso más y nos dirigimos al Sr. Carles Puigdemont para pedirle públicamente que intervenga para que JuntsXCat retire las enmiendas que ha presentado a la nueva Ley antidesahucios, que actualmente se está tramitando en el Parlament. Lejos de respetar los acuerdos y de reflexionar para rectificar, el grupo parlamentario de Junts está siendo muy beligerante con las demandas de las promotoras de la nueva Ley que pretende recuperar las medidas antidesahucios anuladas por el Tribunal Constitucional por un recurso del PP. En el Pleno del Parlament del pasado 2 de diciembre, el grupo parlamentario de Junts votó en contra de una moción que planteaba aprobarla tal y como fue registrada y acordada con las entidades sociales antes de que acabe el año o a desarrollar un plan de choque para poner las listas de emergencia a cero, votando inexplicablemente en el mismo sentido que VOX, PP y Cs.

No creemos que esta sea la Catalunya que quiere el Sr. Puigdemont, ya que, como Presidente, reaccionó convocando una cumbre de urgencia cuando, en 2016, Rajoy y la banca atacaron la Ley 24/2015 y el Constitucional la suspendió, al ser impugnada por el Gobierno del Estado. Pero, en cambio, ¿el grupo parlamentario de Junts no respeta el texto que acordó y registró antes del verano, precisamente para recuperar una ampliación de las medidas antidesahucios que han sido atacadas de nuevo por el PP?

La acción de hoy se enmarca dentro de una serie de acciones que empezamos el pasado 14 de octubre con una gran manifestación por las calles de Barcelona que acabó ante la sede de Junts, para denunciar públicamente las enmiendas a la nueva ley que ellos mismos se habían comprometido llevar adelante y aprobar el pasado mes de junio. Seguidamente, el 5 de noviembre, presentamos una carta a todos los regidores y regidoras locales de toda Catalunya, instándoles a posicionarse del lado de las familias y no de los desahuciadores y que exigieran a su partido la retirada de enmiendas. La última acción la llevamos a cabo a la semana siguiente, el pasado 12 de noviembre, con la ocupación de la Agencia de la Vivienda de Catalunya, para exigir a la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera y al secretario de Vivienda, Carles Sala, que JuntsXCat retirara las enmiendas presentadas.

Las insuficientes políticas públicas de vivienda nos han llevado a una lista de espera de la mesa de emergencia de 2.422 unidades familiares, 1.136 familias más que en 2019. Todas ellas con un tiempo de espera de alrededor de 2 años. Una situación grave e inadmisible que aboca a las familias a la más profunda desesperación. Se necesitan medidas valientes y estructurales para hacerle frente y aumentar el parque público de vivienda de manera urgente. Medidas como la que propone la nueva Ley antidesahucios que se está tramitando en el Parlament, que obligará a los grandes bancos y fondos de inversión a ofrecer alquileres sociales antes de desahuciar a las familias en situación de vulnerabilidad.

Por ello, hoy las PAH Catalanas hemos ido a la nueva Oficina Europarlamentaria del Sr. Carles Puigdemont, para interpelarlo directamente, hablar y trasladarle nuestras demandas que hemos recogido en la siguiente carta:

Descargad la carta al Sr. Carles Puigdemont aquí.

Tenemos claro que, aprobar o no la nueva Ley antidesahucios catalana entera, es cuestión de voluntad política. No podemos permitir compensar y transferir dinero público a los grandes propietarios que pretenden desahuciar, tal y como pretende una parte de Junts. Ya se hizo con los bancos y ahora no puede volver a suceder con el sector inmobiliario. Este dinero debe ir destinado a realojar familias, evitar desahucios de pequeños tenedores o construir vivienda protegida.

Sr. Puigdemont, si quiere una Catalunya libre de desahucios, interceda para que Junts vuelva al acuerdo y retire las enmiendas. Nadie entiende por qué Junts, al igual que con la Ley de regulación de precios de los alquileres, después de apoyar un texto valiente, retrocede y tiene tentaciones de recortarlo.

¡Queremos la Ley entera, sin ningún tipo de enmienda, y la conseguiremos! ¡Hay vidas en juego!

Esta mañana, los partidos que le dan apoyo se han reunido con las organizaciones sociales para reafirmar su compromiso

El próximo 14 de diciembre la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, elaborada por las organizaciones sociales de la plataforma Iniciativa Ley Vivienda, será «presentada» en el Congreso de los Diputados y los grupos parlamentarios tendrán que votar si pasa a trámite y por tanto, si se inicia el proceso de enmiendas y debate.

El texto será presentado por los partidos Bildu y CUP, quienes ya la registraron el pasado 30 de septiembre junto con los grupos ERC, JuntsXCat, Podemos, Compromís, Más País, BNG y Nueva Canarias y corroboraron su compromiso con las organizaciones sociales. Para que la tramitación del texto sea posible, serán necesarios también los votos de PSOE, quien todavía no se ha posicionado al respecto de esta ley.

En caso de que la Ley de Garantía al Derecho a la Vivienda pasara a trámite, esta pasaría a proceso de discusión junto a la Ley Vivienda validada por el Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre.

Las organizaciones sociales que conformamos la Iniciativa Ley Vivienda, hemos presentado este mismo mes alegaciones al anteproyecto de Ley Vivienda pactado por los socios de Gobierno, ya que tiene grandes carencias y no garantiza este derecho fundamental. Por ello, instamos al PSOE a que vote a favor de la tramitación de la Ley por el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada que sí garantice el ejercicio de este Derecho Fundamental.

Los últimos datos de desahucios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ponen de manifiesto que España necesita urgentemente medidas estructurales y de calado. Las 8.659 familias que han sido desahuciadas entre los meses de julio y septiembre de 2021 con escudo social, solo son la punta del iceberg de la emergencia habitacional cronificada que vivimos en este país y que debemos poder, de una vez por todas, dejar atrás.

El próximo 14 el PSOE tiene que elegir si ponerse del lado de las personas y del derecho a la vivienda, o bien, seguir el legado del Partido Popular y legislar para los desahuciadores, los responsables de la burbuja inmobiliaria: bancos y fondos de inversión.

Según datos del CGPJ hechos públicos ayer, en el tercer trimestre de este año, se han ejecutado otros 8.659 desahucios, repartidos en

• 2.203 derivados de ejecución hipotecaria (un 40.9% más respecto el mismo periodo del año anterior).
• 5.999 por impagos de alquiler (un 15,6% más respecto el mismo periodo del año anterior).
• 457 por otras causas (un 33,6% más respecto el mismo periodo del año anterior).

Estos dramas, se producen además en un trimestre de sólo 2 meses hábiles, ya que agosto es un mes inhábil a estos efectos.

Estos datos vuelven a confirmar machaconamente 3 aspectos:

1. Que la protección anti desahucios más ambiciosa que nunca se ha aplicado, es claramente insuficiente, y que hay jueces que la ignoran a la hora de decidir algunos desahucios.
2. Que España sigue vulnerando el Derecho Humano a la Vivienda por ejecutar desahucios a personas vulnerables sin darles alternativa habitacional, como reiteradamente viene dictaminando el Comité DESC de la ONU.
3. Que estas situaciones dramáticas, no acabarán hasta que no exista en España una Ley que priorice los Derechos Humanos sobre la especulación, y las Administraciones Públicas dispongan de un Parque Público de Vivienda suficiente.

En este sentido, desde la PAH denunciamos nuevamente que el anteproyecto de Ley de vivienda aprobado por el Gobierno, es claramente insuficiente a estos efectos, a diferencia de la proposición de ley que desde la Iniciativa Ley Vivienda registramos en el Congreso el pasado 30 de septiembre

Con el aval de 9 formaciones políticas con representación parlamentaria, será sometida al Pleno del Congreso para su toma en consideración el próximo jueves 14 de este mes.

Más de 120 organizaciones, entre ellas la PAH, exigimos al PSOE que vote a favor de esta toma en consideración como vía más ágil y garantista del Derecho a la Vivienda, para impedir que estas decenas de miles de tragedias, se sigan reproduciendo trimestre a trimestre, día a día en nuestro país.

¡Sí se Puede! Pero no quieren.

A raíz del incendio del local de la Plaza Tetuán, desde la PAH y la APE denunciamos las condiciones de pobreza habitacional y energética que suelen esconder este tipo de incendios

Barcelona, 30 de noviembre de 2021

Esta mañana nos hemos levantado con la tristísima noticia del incendio de un local ubicado en la plaza Tetuán de Barcelona, del que cuatro personas, entre ellas dos menores de 1 y 3 años, han resultado muertas y otras cuatro heridas. El local era una antigua oficina bancaria abandonada y en él vivía la familia precariamente junto a otras personas. Este incendio se suma a una serie de casos similares que hemos denunciado en los últimos años.

A la espera de que las investigaciones policiales en curso aclaren el origen del incendio, desde la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca queremos denunciar que, aunque casos como estos pueden tener causas diversas, en su mayoría están relacionados con la situación de vulnerabilidad social de los hogares, así como las debilidades institucionales y legales de las políticas de vivienda y de acceso a los servicios básicos.

El caso de hoy pone en evidencia que la emergencia habitacional, lejos de solucionarse, se agrava cada vez más, por los elevados precios de alquiler de las viviendas, los obstáculos que pone el mercado inmobiliario y la falta de políticas de vivienda para aumentar el parque público en nuestras ciudades. Además, cabe destacar que las personas migradas en situación irregular y familias monomarentales son las que más sufren para acceder a una vivienda en condiciones y con contrato.

La falta de un parque público de vivienda junto con el colapso de las mesas de emergencia hace que muchas familias se vean obligadas a encontrar alternativas habitacionales como la ocupación de viviendas vacías de grandes tenedores, o como es el caso, de locales comerciales. En la mayoría de los casos, estas viviendas carecen de condiciones mínimas de habitabilidad, entre ellas, la conexión a los servicios de agua y electricidad.

Desde la PAH llevamos 12 años denunciando la situación que viven miles de familias que no pueden continuar pagando su hipoteca, su alquiler y/o que acceden de forma precaria a una vivienda, y proponiendo soluciones al Parlament de Catalunya y al Estado. Hacen falta leyes ambiciosas y voluntad política que obliguen a los grandes tenedores a realizar alquileres sociales a familias vulnerables, que cedan las viviendas vacías y tapiadas con puertas de hierro que dejan en cada desahucio ejecutado. En un estado avanzado, no podemos permitirnos gente sin casa y casas sin gente, es responsabilidad de todas las instituciones (locales, autonómicas y estatales) velar por que familias e infantes tengan un hogar y dejar atrás el tsunami de más de 26.000 desahucios que están previstos a partir del 1 de marzo de 2022.

Asimismo, aun desconociendo las causas inmediatas del incendio de hoy, recordemos que el acceso a los servicios básicos está particularmente restringido a las personas que ocupan viviendas en precario. Desde la APE venimos luchando desde hace años para que instalen contadores sociales de agua y de luz en este tipo de vivienda y, aunque hemos conseguido algunos avances, todavía queda mucho por hacer. Los obstáculos legales para acceder al suministro eléctrico en los casos de ocupaciones en precario hacen que mucha gente no tenga más opción que pinchar el servicio o vivir con velas, con los riesgos que esto conlleva, sobre todo los riesgos de incendios.

Una vez más, y con independencia de las incertidumbres que rodean el incendio de hoy, recordemos que, en febrero de 2017, la APE y un colectivo de bomberos presentamos una propuesta de implementación de un protocolo, tanto para el cuerpo de bomberos de Barcelona como el de la Generalitat, para ayudar al diagnóstico de la pobreza energética a partir de los informes de los cuerpos en sus intervenciones. El objetivo del protocolo de Bomberos es doble. Por un lado, aprovechar «la observación privilegiada» que tienen los bomberos en todas sus intervenciones ‒no solo en los incendios‒, y detectar indicadores de riesgo que puedan ser trasladados a Servicios Sociales para que se planteen las actuaciones preventivas correspondientes. Asimismo, debe servir para cuantificar a las víctimas causadas por pobreza energética y así visibilizar esta problemática y su gravedad. Si bien el Ayuntamiento de Barcelona está implementando este protocolo, la Generalitat a día de hoy todavía no lo ha puesto en marcha. Seguimos instando a la Generalitat a que haga efectivo este protocolo.

Desde la APE y la PAH no nos detendremos hasta conseguir que el derecho a una vivienda y suministros dignos y seguros estén garantizados para todas las familias. Hay vidas en juego.

Alianza contra la Pobreza Energética
PAH Barcelona