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Las PAHs Catalanes hacemos llegar una carta a Junts X Cat ante el recorte que quiere hacer en la nueva ley antidesahucios, para pedir una reunión con ellas y exigir la retirada de estas enmiendas

Hoy damos un paso más y exigimos a los regidores municipales de los ayuntamientos de todo Catalunya que se posicionen del lado de las familias y retiren las enmiendas presentadas a la nueva Ley antidesahucios que se está tramitando en el Parlament.

El pasado jueves 14 de octubre las PAHs Catalanas y el movimiento por la vivienda nos manifestamos para denunciar y advertir a Junts per Catalunya que no permitiremos ningún recorte a esta Ley antidesahucios que restituirá los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional, unos artículos que ampliaban la cobertura de la Ley 24/2015. Una Ley que, recordemos, contaba con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria (ERC, Junts, En Comú Podem y CUP).

Inicialmente, Junts per Catalunya se comprometió a sacar adelante la Ley, sin embargo, durante la última fase parlamentaria y después de las diferentes ponencias, el partido ha presentado graves enmiendas como compensar económicamente a los desahuciadores o cambiar de nuevo la definición de gran tenedor a 15 viviendas en vez de 10, como está registrado, dando así un paso atrás, posicionándose del lado de quienes desahucian, en vez del de las familias vulnerables y pretendiendo dejar fuera algunos casos de familias vulnerables que tuvieron que ocupar.

Es por eso que hoy entregamos la siguiente carta a los regidores y regidoras de Junts per Catalunya:

Estimado/a Sr./Sra. ____________, Jefe de Lista de las últimas elecciones municipales y/o regidora local de Junts per Catalunya,

Nos dirigimos a ustedes para pedirles que, como regidores del Ayuntamiento de ______________ y como miembros del partido Junts per Catalunya, instéis a vuestro partido a retirar las autoenmiendas presentadas en la futura Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional. Como sabéis, el pasado mes de junio el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 presentamos y registramos la futura ley antidesahucios catalana. Lo hicimos con un apoyo mayoritario y suficiente para sacar adelante la ley con tramitación de urgencia y con el compromiso de los Grupos Parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, En Comú Podem y CUP de tenerla aprobada a finales de octubre, fecha que ya hemos superado.

La nueva ley antidesahucios, acordada con las entidades sociales, quiere recuperar urgentemente los alquileres sociales antidesahucios anulados por el Constitucional debido al nuevo recurso del PP contra el Decreto Ley 17/2019, que amplió la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes de suministros.

Como resultado de mucha negociación y de un esfuerzo de consenso importante, la futura “Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional” nació incorporando mejoras para proteger a más gente y para evitar que los grandes tenedores se la salten.
Pasado el verano, cuando cada vez está más cerca la votación final en el Parlament, prevista en noviembre, Junts se ha desdicho sorprendentemente y ha presentado 11 enmiendas, 7 de las cuales recortan la proposición de ley. Una parte de Junts cambia las prioridades y quiere proteger a los lobbies, algo que ya ocurrió con la ley catalana de regulación de los alquileres y gracias a la presión social, se evitó.

Las 7 “enmiendas recortadoras” de Junts, se pueden resumir en los siguientes puntos:

• • Compensación a grandes tenedores: quieren compensar a los grandes tenedores de más de 15 viviendas, sean personas físicas o grandes empresas, la diferencia entre el precio del alquiler social y el de mercado. Esta enmienda impugna el espíritu de la Ley 24/2015: alquiler social obligatorio para los grandes propietarios que pretenden desahuciar a familias y realojo público o ayudas para evitar los desahucios de pequeños tenedores.
  • Rebaja de la definición de gran tenedor: se niegan a homologarla a la definición estatal de 10 viviendas, subiéndola a 15 pisos, tanto para personas físicas como empresas, que tan solo contarán si están en Catalunya y no en el resto del Estado. También rechazan la mejora de la definición en las partes por las que se escapan, troceando, por ejemplo, el patrimonio.
  • Debilitación de la definición de vivienda vacía: quieren que la compra de una vivienda vacía ponga a cero el contador de los dos años para poder penalizarla o movilizarlas. Esto pondría más difícil multar a los pisos vacíos de bancos y buitres, obligar a cederlos o expropiarlos.
  • Menos familias que ocupan pisos de bancos, protegidas: excluyen del alquiler social a las familias que ocupan pisos de bancos desde octubre de 2020, cuando la ley registrada incluía hasta junio de 2021. Esta enmienda deja fuera a las familias sin alternativa que han entrado a vivir en pisos vacíos de bancos o buitres a raíz de las dificultades del último año, y en vez de dar seguridad habitacional, puede provocar miles de desahucios.
  • Recortan el alquiler social para inquilinas: la nueva ley aumentaba el tiempo durante el cual se aplican los alquileres sociales obligatorios cuando se acaban los contratos o no se renuevan para subir el precio y desahuciar, a 6 y 12 años, según si el gran propietario era persona física o jurídica. Junts quiere reducirlo a 5 o 7, según el tipo de gran tenedor.

Estas enmiendas recortan o impugnan directamente la Ley y podrían haber sido redactadas u obtener el apoyo por el PP y otros grupos prodesahucios. No podemos rebajar la protección a las familias que han sido o pueden ser desahuciadas. La lista de espera de la mesa de emergencia ha aumentado en 1.136 familias desde 2019 y hoy es de 2.422 unidades familiares que necesitan ya una vivienda.

Tampoco podemos transferir dinero público a los grandes propietarios que pretenden desahuciar: que son para realojar a familias, evitar desahucios de pequeños tenedores o construir vivienda protegida. Ya se hizo con los bancos y ahora no puede pasar de nuevo con el sector inmobiliario.
Sabemos que habitualmente, cuanto más lejos del territorio se decide algo, más alejado de la realidad y de las necesidades de la población es la decisión que se adopta. Como regidores/as locales y conocedoras de la realidad de las familias vulnerables del municipio que sufren desahucios, así como de la necesidad de recuperar una herramienta que soluciona un problema principal en los municipios, os pedimos que trasladéis esta petición a vuestro partido ‒en concreto al secretario general y a la Ejecutiva‒ y os emplazamos a una reunión con la PAH para explicaros de primera mano lo que supone no tener esta ley entera y para que nos compartáis cómo ha sido atendida nuestra petición dentro del partido de Junts per Catalunya.

Gracias por vuestra atención. Esperamos respuesta urgente.

Queremos la ley entera y la conseguiremos.

Plataformas de Afectadas por la Hipoteca de Catalunya
#JuntesContraElsDesnonaments

Te necesitamos para llevar a cabo el nuevo estudio sobre el estado de exclusión social en Catalunya para visibilizar la vulneración del derecho a la vivienda y a la energía y sus efectos en la salud

👉 ¿Tienes problemas para pagar tu vivienda?
👉 ¿Tienes orden de desahucio o has sufrido alguno?
👉 ¿Estás ocupando una vivienda porque no has podido acceder a un alquiler?
👉 ¿Has tenido algún corte de agua, luz o gas o tienes deudas con las suministradoras?
👉 ¿Toda esta situación te está afectando a tu salud?

Si es así, te pedimos que rellenes la siguiente #EncuestaViviendaYSalud: www.bit.ly/EncuestaViviendaYSalud

La PAH de Barcelona, la Alianza contra la Pobreza Energética, el Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres y la Agencia de Salud pública de Barcelona estamos elaborando un nuevo informe sobre el estado de exclusión social en Catalunya y el impacto que tiene sobre las personas vulnerables la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes. Si es conocida o no, y lo más importante: qué efectos tiene en las familias que están en riesgo de perder su vivienda.

Con los datos de la encuesta, tratados de manera anónima, evaluaremos y pondremos luz a aquello que los bancos, fondos de inversión y suministradoras quieren invisibilizar: la vulneración del derecho a la vivienda y a la energía y sus efectos en la salud.

🚀 Gracias de antemano por responder la encuesta, no te ocupará más de 10 minutos. Y si conoces a alguien que se encuentre en esta situación, compártela. ¡La información es poder, distribuyámosla!
www.bit.ly/EncuestaViviendaYSalud

A lo largo de los últimos años hemos realizado diferentes informes aportando datos propios cuantitativos y cualitativos para profundizar en la problemática de la pérdida de la vivienda, el acceso a los suministros y las consecuencias en la salud, con el objetivo de visibilizar los efectos de la grave situación habitacional existente y aportando toda una serie de recomendaciones para los diferentes niveles de la Administración pública, orientadas a abordar la problemática:

2020 – Emergencia habitacional, pobreza energética y salud: Inseguridad residencial en Barcelona 2017 – 2020
2018 – Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona
2018 – L’emergència habitacional i la pobresa energètica a Barcelona i els seus efectes en la salut des d’una perspectiva de gènere
2018 – Una mirada en profunditat a la salut de les persones afectades per l’accés a l’habitatge i la pobresa energètica
2016 – Exclusión residencial en el mundo local: crisis hipotecaria en Barcelona (2013-2016)
2015 – Emergencia habitacional y el derecho a la vivienda en Catalunya. Impacto en el derecho a la salud y en los derechos de la infancia en la crisis hipotecaria
2013 – Emergencia habitacional en el Estado español: La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de Derechos Humanos.

¡Gracias por tu implicación!

Exigimos al Gobierno que recapaciten y retrasen el paso del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el Derecho a la Vivienda

En relación con el reciente acuerdo hecho público por el Gobierno de España sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda, desde la Iniciativa Ley Vivienda, plataforma integrada por más de 120 organizaciones, y una vez conocido y evaluado el contenido de la Ley, solo podemos expresar nuestra profunda indignación por el muy corto alcance de la misma y su evidente falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos en el Estado español.

Lejos de elaborar una ley que, respetando las competencias autonómicas, establezca una protección común del Derecho a la Vivienda para el conjunto del Estado, las altamente insuficientes medidas que se recogen quedan mayoritariamente en manos de la voluntad política de las CCAA, renunciando a establecer ninguna garantía frente a la insumisión ya anunciada por algunas de ellas y aumentando el riesgo de discriminación en función del lugar de residencia.

La Ley elaborada por el Gobierno no impide que siga habiendo desahucios sin alternativa habitacional de personas y familias vulnerables si se superan los plazos, ni cumple con las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos, al ignorar las obligaciones derivadas de los sucesivos dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Justicia. Tampoco se incluye ninguna garantía para los suministros básicos, los cuales consideramos imprescindibles a la hora de hablar de vivienda digna y adecuada.

La influencia de la banca y de los fondos buitre se hace notar especialmente en el apartado de Parque público de Vivienda Protegida, al renunciar a movilizar las decenas de miles de casas vacías en manos de las entidades financieras rescatadas con dinero público, y ni tan siquiera aquellas bajo control de la empresa de capital público SAREB, de la que se ha sabido recientemente que se prevé que deje al Estado una deuda de 8.000 millones de euros. En definitiva, no se prevé ni se ataja la emergencia habitacional actual, siendo todo el mundo consciente de la enorme carencia de disponibilidad de viviendas en las Administraciones públicas.

Pero, además, ante las comunicaciones y amenazas de desahucios de fondos buitre de no renovar contratos de alquiler y de la banca de seguir expoliando vivienda de los impagos hipotecarios, tampoco contempla la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa real al desahucio, como ya regula la normativa en Catalunya. Es inconcebible: un gobierno progresista debe exigir corresponsabilidad para que los esfuerzos sean compartidos ‒no solo de la ciudadanía o del Estado‒ y no se convierta el sistema en un aliado de la especulación.

Nos parece vergonzoso e inaceptable que el Gobierno pretenda aprobar una Ley por el Derecho a la Vivienda que no garantice la protección de un techo para las personas sin hogar. La propuesta de Ley del Gobierno no establece y ni siquiera impulsa ninguna medida adicional ni distinta a las que ya se vienen aplicando, con los resultados conocidos de cronificación del sinhogarismo para las más de 32.000 personas que ahora se encuentran en esta situación.

Incluso la medida estrella del Gobierno para esta Ley nace estrellada. La regulación de alquileres que se propone es totalmente improductiva: deja fuera a la mayoría de inquilinos al dejar a voluntad de los gobernantes autonómicos su aplicación en lugar de fijar condiciones objetivas y, en los casos en que la Comunidad Autónoma pidiese al Estado aplicar la regulación, los municipios lo tendrían muy difícil para obtener el permiso, dada la dificultad para demostrar que se cumplen los requisitos que se establecen y debido a la inexistencia de datos a nivel municipal.

La Ley del Gobierno no contrarresta las brutales subidas del alquiler de los últimos años, y se centra en la posibilidad de acogerse a prórrogas anuales manteniendo el mismo precio y condiciones, condenando a los inquilinos a una situación incierta y asfixiante.

Para colmo, el Gobierno pretende regalar una espectacular reducción de impuestos a los especuladores de la vivienda, ampliando la deducción a los arrendadores del 60% al 90% si aplican una ridícula reducción del alquiler del 5%, contra el criterio de la autoridad fiscal (AIReF), que ya ha dicho que este tipo de medida beneficia a las rentas altas y perjudica a las bajas. Es más, Hacienda no está preparada para comprobar que quien declara haber bajado el precio para tener más beneficios fiscales lo haya hecho de verdad.

Por otra parte, si queremos aprender alguna cosa de las crisis sufridas y mirar esperanzadas al futuro, hace falta incorporar mecanismos que eviten el sobreendeudamiento de las familias, incorporando la responsabilidad limitada al bien y una regulación justa y gratuita de la segunda oportunidad.

La participación ciudadana en la elaboración de las políticas de vivienda y urbanismo, que ha estado ausente a lo largo del proceso de elaboración de la Ley, ignorando absolutamente las reivindicaciones y propuestas de los colectivos de afectadas, continúa ausente también en la Ley, cuando sería una herramienta eficaz para frenar la especulación y la cultura de la corrupción urbanística y el ladrillazo que tanto gusta a algunos dirigentes.

Es difícil de entender que la ministra Ione Belarra y la vicepresidenta Yolanda Díaz reconozcan que la ley es “poco ambiciosa y no les gusta”, pero hayan renunciado a tramitar nuestra Ley de garantía del Derecho a la vivienda digna y adecuada que registraron en el Congreso solo 5 días antes junto con otros 8 partidos políticos, para firmar de prisa y corriendo un acuerdo que ni garantiza el Derecho a la Vivienda ni puede vislumbrarse siquiera como solución del drama de vivienda que sufre nuestro país.

Desde la Iniciativa Ley Vivienda exigimos al Gobierno que recapaciten y retrasen el paso del Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros hasta haber incorporado garantías reales que aseguren el Derecho a la Vivienda, y pedimos a todos los partidos que avalaron con su firma el registro de nuestra ley, que sigan respaldándola, tanto impulsando y apoyando su pase al Pleno del Congreso, como confrontando con el Gobierno y enmendando el texto insuficiente del gobierno.

No vamos a detenernos hasta conquistar el derecho a la vivienda.

El partido se desdice de su compromiso del pasado mes de junio para sacar adelante la nueva Ley antidesahucios dando un paso atrás y posicionándose al lado de los lobbies inmobiliarios y la banca

El pasado mes de junio presentamos y registramos la futura ley antidesahucios catalana. Lo hicimos con un apoyo mayoritario y suficiente para sacar adelante la ley con tramitación de urgencia y con el compromiso de los Grupos Parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, En Comú Podem y CUP de tenerla aprobada a finales de octubre.

La nueva ley antidesahucios, acordada con las entidades sociales, quiere recuperar urgentemente los alquileres sociales antidesahucios anulados por el Constitucional debido al nuevo recurso del PP contra el Decreto Ley 17/2019, que amplió la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes de suministros.

Como resultado de mucha negociación y de un esfuerzo de consenso importante, la futura “Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional” nació incorporando mejoras para proteger a más gente y para evitar que los grandes tenedores se la salten.

Pasado el verano, justo cuando se acerca la votación final en el Parlament, prevista en noviembre, Junts se ha desdicho sorprendentemente y ha presentado 7 enmiendas que recortan la proposición de ley. Una parte de Junts cambia las prioridades y quiere proteger a los lobbies, algo que ya ocurrió con la ley catalana de regulación de los alquileres y gracias a la presión social, se evitó.

Las 7 “enmiendas recortadoras” de Junts, se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Compensación a grandes tenedores: quieren compensar a los grandes tenedores de más de 15 viviendas, sean personas físicas o grandes empresas, la diferencia entre el precio del alquiler social y el de mercado. Esta enmienda impugna el espíritu de la Ley 24/2015: alquiler social obligatorio para los grandes propietarios que pretenden desahuciar familias y realojamiento público o ayudas para evitar los desahucios de pequeños tenedores.
• Rebaja de la definición de gran tenedor: se niegan a homologarla a la definición estatal de 10 viviendas, subiéndola a 15 pisos, tanto para personas físicas como empresas, que tan solo contarán si están en Catalunya y no en el resto del Estado. También rechazan la mejora de la definición en las partes por las que se escapan, troceando, por ejemplo, el patrimonio.
• Debilitación de la definición de vivienda vacía: quieren que la compra de una vivienda vacía ponga a cero el contador de los dos años para poder penalizarlo o movilizarlos. Esto pondría más difícil multar los pisos vacíos de bancos y buitres, obligar a cederlos o expropiarlos.
• Menos familias que ocupan pisos de bancos, protegidas: excluyen del alquiler social a las familias que ocupan pisos de bancos desde octubre del 2020, cuando la ley registrada incluía hasta junio de 2021. Esta enmienda deja fuera a las familias sin alternativa que han entrado a vivir en pisos vacíos de bancos o buitres a raíz de las dificultades del último año, y en vez de dar seguridad habitacional, puede provocar miles de desahucios.
• Recortan el alquiler social para arrendatarias: la nueva ley aumentaba el tiempo durante el cual se aplican los alquileres sociales obligatorios cuando se acaban los contratos o no se renuevan para subir el precio y desahuciar, a 6 y 12 años, según si el gran propietario era persona física o jurídica. Junts quiere reducirlo a 5 o 7, según el tipo de gran tenedor.

Estas enmiendas recortan o impugnan directamente la Ley y podrían haber sido redactadas por el PP. ¿Las aprobará Junts con la complicidad de C’s, PP y VOX? Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y la ciudadanía organizada responderemos a la anulación del Tribunal Constitucional por el enésimo recurso del PP con una rebaja de la Ley. Sería un escándalo y por ello hoy salimos a la calle a denunciarlo.

Junts falta a su palabra, al texto que firmó y registró antes del verano, por eso no podemos confiar en ellos, si no retiran las enmiendas presentadas. Debido a los intentos que se han hecho para evitar que se registren estas enmiendas, nos consta que hay una parte del partido que duda al respecto: deben hacerse valer para volver al «SÍ» a la ley, al «SÍ» a poner fin a los desahucios.

¡No podemos rebajar la protección a las familias que han sido o pueden ser desahuciadas! La lista de espera de la mesa de emergencia ha aumentado en 1.000 familias desde el 2019 y hoy es de 2.242 unidades familiares que necesitan ya una vivienda.

Tampoco podemos transferir dinero público a los grandes propietarios que pretenden desahuciar: que son para realojar familias, evitar desahucios de pequeños tenedores o construir vivienda protegida. Ya se hizo con los bancos y ahora no puede volver a pasar con el sector inmobiliario.

¡No nos podemos permitir ningún paso atrás en la lucha contra los desahucios! ¡Queremos la ley entera!

#JuntesContraElsDesnonaments

El movimiento por la vivienda de Catalunya, decenas de colectivos y entidades y cientos de personas que defendemos el derecho a la vivienda en este país, nos plantamos y denunciamos la situación de represión a la que nos somete el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya

A través de la organización colectiva, el apoyo mutuo y la solidaridad, cada semana y cada día trabajamos para que todas las personas podamos acceder y mantener viviendas dignas y adecuadas donde construir y compartir nuestras vidas. Lo hacemos en las asambleas, lo hacemos utilizando todos los recursos a nuestro alcance, conociendo y haciendo valer nuestros derechos y, cuando es necesario, también poniendo el cuerpo cuando jueces y policías vienen a echarnos de nuestras casas. El desahucio es la expresión de la quiebra de todo un sistema que debería estar garantizando el derecho a la vivienda. Y somos nosotras quienes, ante la inoperancia de la Administración, nos plantamos ante la puerta de casa para defender nuestros hogares.

Su respuesta: multas y represión. Desde marzo de 2019, hemos contabilizado hasta 364 multas al movimiento por la vivienda, 351 de estas puestas en desahucios, que suman un total de 206.141,00 €, aunque sabemos que seguramente son muchas más. El Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya nos acusa de obstrucción, desobediencia y falta de respeto, amparándose en la ley mordaza. La misma ley que unos y otros han prometido derogar tantas veces es la que utilizan para acusarnos ahora e intentar atemorizarnos. Y lo hacen, además, enviando la Brimo y el ARRO, unidades de los Mossos d’Esquadra que también se comprometieron a retirar de los protocolos de ejecución de desahucios.

Ante esta situación, exigimos:

1. Que se retiren inmediatamente todas las multas interpuestas a las personas que participaban en acciones para parar desahucios.
2. Que no se impongan nuevas multas amparadas en la ley mordaza en los desahucios.
3. Que la Brimo y el ARRO no sean utilizados para ejecutar desahucios en Catalunya.

Y, con estas exigencias, lanzamos también un mensaje muy claro. Las multas y la represión, los jueces y los Mossos, no han logrado parar hasta ahora a este movimiento, ni lo harán. Seguiremos en cada asamblea y en cada intento de desahucio, poniendo el cuerpo, el coraje y la inteligencia para que toda persona pueda tener un hogar digno y adecuado.

¡Ni mordaza, ni desahucios!