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El pasado martes 7 de septiembre de 2021 el Grupo promotor de la Ley 24/2015, formado por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, nos hemos reunido con la consejera de Derechos sociales Violant Cervera y la secretaria de asuntos sociales y Familia Anna Figueres. Catalunya necesita un Gobierno comprometido con la aplicación de la Ley 24/2015 para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética que padecemos.

Por lo que respecta a la exclusión residencial, hemos puesto sobre la mesa la necesidad del cumplimiento exhaustivo de la parte de vivienda de la Ley 24/2015, como son las actuaciones del nuevo gobierno, con el fin de hacer cumplir las ofertas de alquiler social antidesahucios a los grandes tenedores (control ofertas y sanciones), dar respuesta a realojo obligatorio por parte de las administraciones (mesa de emergencia, movilización de vivienda vacía, etc.), acompañar a los ayuntamientos para que la implementen con los recursos y apoyo y fuerza suficientes, y difundir entre la población y sectores implicados los derechos y obligaciones que confiere la ley. Los objetivos finales son acabar con los desahucios y poner la mesa de emergencia a cero. Para conseguirlo hay que marcar un punto de inflexión desde el Gobierno, priorizando el derecho a la vivienda, para actuar con firmeza y dotando de un presupuesto importante las políticas.

En el ámbito de la pobreza energética hemos tratado el tema de los convenios firmados con Endesa el pasado 29 de marzo que, recordemos, enjugarán la deuda acumulada de más de 35.000 familias vulnerabilizadas y que contempla mecanismos para hacer frente a la deuda que se pueda generar en un futuro. A día de hoy, este convenio no se ha hecho efectivo al 100% y el sufrimiento de las familias no deja de crecer por la acumulación de deuda. Además, hemos querido saber cuál es el estado de las negociaciones con el resto de las grandes compañías suministradoras que operan en Catalunya, como son Naturgy e Iberdrola.

Durante la reunión, tanto la consejera Violant Cervera como la secretaría de Asuntos Sociales y Familias, nos han trasladado que la emergencia habitacional y la pobreza energética son una prioridad del actual gobierno. En materia de pobreza energética se han comprometido a trabajar para sacar adelante los compromisos incluidos en el convenio firmado con Endesa el pasado 29 de marzo. En materia de vivienda, el próximo paso será una reunión específica con el secretario de Vivienda, Carles Sala, a fin de entrar a fondo en las líneas de actuación del nuevo gobierno teniendo en cuenta las propuestas de las entidades sociales, como por ejemplo, la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional que se está tramitando actualmente en el Parlamento para recuperar las medidas antidesahucios anuladas y que se prevé se apruebe en el mes de octubre.

Esta ha sido la primera reunión con la consellera Violant Cervera y la secretaria de Asuntos Sociales y Familias Anna Figueres. A partir de aquí, el Grupo promotor de la Ley 24/2015 seguiremos trabajando vigilantes para que el Gobierno de Catalunya se implique con todas las fuerzas y haga cumplir la Ley con contundencia, ya que es una de las claves para terminar de una vez por todas con los desahucios y la pobreza energética.

Excepcionalmente organizamos asamblea de urgencias el lunes 30 de agosto en nuestro local

Un año más, llegan las vacaciones de verano a la PAH de Barcelona. Este año también ha sido un año duro en el que hemos seguido al pie del cañón, defendiendo día a día nuestros derechos: parando desahucios en la calle y organizando acciones contra grandes propietarios exigiendo nuestros alquileres sociales. Pero también ha sido un gran año de logros en el que, tras mucha lucha, hemos podido conseguir grandes victorias.

Comenzamos 2021 con un nuevo ataque a nuestros derechos por parte del Tribunal Constitucional, con la complicidad del PP y la Banca. Esta vez, anulando la ampliación de nuestra Ley 24/2015 que habíamos conseguido con el Decreto Ley 17/2019. La respuesta de la PAH fue contundente. En febrero organizamos una gran manifestación en Barcelona, en la que participaron varias PAH de todo el territorio y a la que se sumaron diferentes colectivos que también luchan por el derecho a la vivienda. Una nueva demostración de fuerza de la ciudadanía organizada, dejando claro que no vamos a permitir estos abusos. ¡La vivienda es un derecho!

A partir de ahí, han sido meses llenos de actividad. Hemos conseguido, tras mucho trabajo, presentar una nueva Ley para restituir los artículos anulados y contamos con el apoyo de diferentes partidos políticos: ERC, Junts, En Comú Podem y CUP. Ahora, a la vuelta en septiembre, entraremos en una nueva fase del proceso, para que esté aprobada la ley lo antes posible. ¡Recordamos a todos los partidos políticos que hay vidas en juego!

Durante este primer semestre también hemos celebrado los 12 años de la PAH. Y aunque no hemos podido hacerlo como nos hubiese gustado, por culpa de la COVID-19, sí que hemos tenido un bonito recuerdo por todos estos años de lucha y de victorias conseguidas. ¡La PAH llevamos 12 años en pie por el derecho a la vivienda y no pararemos hasta que sea una realidad para todas y cada una de las familias!

También hemos relanzado la exitosa campaña que comenzamos el año pasado #LaPAHAcecha para poder vivir #LibresDeBuitres. La campaña va dirigida a todos aquellos grandes usurpadores de viviendas, a los grandes ladrones de vida, los Fondos Buitre, para exigir soluciones para las más de 20 familias de nuestras asambleas que estaban viendo vulnerado su derecho a la vivienda. La situación es insostenible, y aunque hemos conseguido grandes logros, en septiembre nos tocará seguir organizadas y en alerta. Los fondos buitre siguen entre nosotras y no podemos estar tranquilas mientras notamos sus garras al acecho.

En el mes de abril conseguimos una gran victoria. La moratoria estatal antidesahucios estaba a punto de finalizar, pero gracias a la fuerza de la PAH y de la ciudadanía organizada, conseguimos su aplicación durante 3 meses más. La moratoria, a pesar de ser insuficiente porque deja a muchas familias al descubierto, nos ha permitido parar miles de desahucios en todo el Estado. Ahora, a punto de finalizar estos tres meses de nueva moratoria aprobada hasta el 9 de agosto, seguimos exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que se amplíe. No podemos permitir que miles de familias queden en la calle en plena pandemia mundial. Hoy mismo el Gobierno del PSOE y PODEMOS ha anunciado su ampliación, pero estaremos alerta a lo acordado en el siguiente consejo de Ministros y, sobre todo, a lo publicado en el BOE. Si el Gobierno no amplía correctamente la moratoria, serán responsables del tsunami de desahucios que se avecina a partir de septiembre, que calculamos en 79.000 desahucios en todo el Estado. Lo nunca visto, pero la PAH no lo vamos a permitir, o la amplían o seguiremos en las calles parándolos pacíficamente con nuestros cuerpos. La PAH no permitiremos que nadie quede atrás.

Ahora nos vamos de vacaciones, pero volveremos con las pilas cargadas y con más fuerza que nunca para aprobar cuanto antes Leyes que garanticen nuestros derechos. En el ámbito catalán, conseguiremos aprobar lo más pronto posible la Ley que restituirá el Decreto Ley 17/2019; y en el ámbito estatal, presentaremos lo antes posible una Ley de Vivienda que no deje a nadie atrás.

Informamos de que la siguiente asamblea de bienvenida será el 6 de septiembre de manera online y presencial. (Excepcionalmente organizamos asamblea de urgencias el lunes 30 de agosto en nuestro local).

¡Recuerda que con la PAH #SíSePuede! ¡Te esperamos!

Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez la ampliación de la moratoria antidesahucios y de suministros básicos, hasta la entrada en vigor de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda

Es innegable que los niveles de protección antidesahucios a familias vulnerables que el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre, tras las múltiples denuncias y luchas impulsadas por la PAH, habrán cubierto temporalmente a una parte de las personas vulnerables. Tan innegable, sin embargo, como los 11.000 desahucios producidos en el primer trimestre de 2021, según datos del CGPJ. CaixaBankia, Sareb y fondos buitre siguen desahuciando.

¿Qué está fallando aquí? Solo hay dos posibles respuestas: O falla la legislación y es imprescindible mejorarla, o la judicatura se la salta y es necesario denunciarlo. Si con estas medidas se han ejecutado casi 11.000 desahucios en solo 3 meses, ambas respuestas son correctas. Por lo tanto:

• La legislación debe ampliarse más allá de los tres supuestos restrictivos
• Los jueces han de cumplir el espíritu protector de ley, unificar sus prácticas respecto a ella y, si tienen alguna duda, abstenerse de desahuciar y solicitar a las afectadas o a los servicios sociales, el documento que les pueda faltar.

¿Hasta dónde habría subido esa cifra sin esas medidas? Lo peor está aún por llegar: a pesar de los miles de desahucios ejecutados con la protección parcial de los decretos, otros miles sí se han logrado demorar gracias a la misma. Los juzgados acumulan miles de procedimientos ya concluidos, pendientes de que se levante esa protección para ejecutar sus desahucios, y los decretos caducan el próximo 9 de agosto, lo que, si no se remedia, provocará un tsunami de desahucios a partir del próximo septiembre. Igual caducidad sufre además el decreto contra los cortes de suministros.

Para evitar esas tragedias, que recientemente han provocado 2 suicidios, exigimos al Gobierno que apruebe una ampliación con carácter indefinido hasta la entrada en vigor de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, incluyendo en dicha prórroga el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos en relación con el Derecho a una Vivienda digna, prohibiendo todo desahucio de personas vulnerables que carezcan de alternativa habitacional adecuada y digna. No podemos permitir que familias vulnerables, sin recursos, sean expulsadas de sus casas por los mismos que originaron la burbuja inmobiliaria. Evitar los desahucios obligando a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales, no es imposible, es solo voluntad política.

El que la vivienda esté considerada exclusivamente como un mero bien de consumo, es la causa de que cientos de miles de familias no tengan acceso a ella, y de que cada año varias decenas de miles sean expulsadas de sus casas o se queden sin luz, mientras no existe una ley estatal que garantice y universalice este Derecho.

Si esto no se cumple cuando la pandemia aún no ha acabado, las tragedias serán miles y el único responsable será el Gobierno, ya que es solo cuestión de voluntad política el acabar con esta lacra que se ceba en los más vulnerables de nuestra sociedad. La PAH estará siempre en lucha para denunciar esta vulneración vergonzosa de los derechos humanos en nuestro país, exigiendo soluciones de sentido común que pongan el derecho a la vivienda digna en el centro.

¡Por una moratoria real de los desahucios a familias vulnerables!

#StopTsunamiDesahucios