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PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona ocupamos el Ayuntamiento de Barcelona para exigir a Ada Colau, Quim Torra y Teresa Cunillera el cumplimiento de la Ley 24/2015

Exigimos la puesta a cero de la lista de espera de la Mesa de emergencia y la creación de un comité de crisis para gestionar la emergencia habitacional que sufre la ciudad de Barcelona

Hoy jueves 18 de julio la PAH de Barcelona hemos ocupado el Ayuntamiento de Barcelona para exigir realojos dignos para las familias que han sido desahuciadas y que ahora mismo se encuentran en pensiones indignas, muchas de ellas con una evidente falta de higiene o seguridad y sin tener en cuenta sus necesidades. Muchas de las familias realojadas en pensiones o albergues no disponen de cocina o nevera ni de espacio para poder estudiar los niños, como son los casos de Maketxu, Teresa, Pampa, Chaymae, Vega, Mónica, Karín o Anastasia, que han sido desahuciadas y se encuentran en esta situación, temporal, con la inseguridad que ello genera, para ellas y sus familias.

En Barcelona hay ahora mismo 600 personas procedentes, en su mayoría, de desahucios. Al drama, angustia e indefensión que genera un acto de tal agresividad como es un desahucio se le añade una vulneración flagrante, por parte de todas las administraciones, de los derechos humanos, acuerdos internacionales y la propia Ley 24/2015 al no garantizar un realojo digno a las personas desahuciadas

Actualmente se ofrecen realojos precarios y temporales (pensiones, albergues, residencia de estudiantes, hostales…) que muchos de ellos no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad y no se ajustan a las necesidades de las familias. Encima no se garantiza una permanencia en el mismo lugar, ya que las familias pueden llegar a ser cambiadas de pensión varias veces en un mismo mes. 

Soluciones temporales que estaban pensadas para unos días o pocas semanas se convierten en espacios donde tienes que vivir durante meses o incluso años. Y todo eso ha sido denunciado en innumerables ocasiones con acciones públicas y reuniones privadas desde hace muchos meses y la respuesta siempre ha sido la misma: «no hay pisos» «no tenemos otra solución».

El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España son los responsables directos de estas violaciones de los derechos humanos. Las personas desahuciadas son las que sufren las consecuencias de la incompetencia de unas administraciones incapaces, no solo de prever la situación, sino de encontrar ninguna medida para acabar con la emergencia. Es por ello que no desocuparemos el Ayuntamiento de Barcelona sin la creación y primera reunión de un Comité de Emergencia donde estén las tres administraciones y donde se cuente con colectivos de vivienda de la ciudad.

Actualmente estos realojos, hasta conseguir un piso de la Mesa de emergencia, son gestionados por la empresa Snow Travel, una empresa del sector turístico, que sin ningún tipo de conocimiento de las familias, las realoja sin tener en cuenta sus necesidades. Está claro que este convenio no funciona y se debe revisar para hacer frente a la realidad. Exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que cambie el convenio firmado con la empresa para hacer efectivo un realojo digno. Aquí podeis ver los requerimientos y convenio firmado con la Generalitat de Catalunya.

El largo tiempo de espera de casi dos años para acceder a un piso de la Mesa de emergencia es inadmisible, y hace que las familias que han sido desahuciadas estén de pensión en pensión hasta que este piso no es adjudicado. 

Esta situación de incertidumbre e inseguridad genera graves impactos en la salud a las familias y más aún en las mujeres, como hemos evidenciado en los últimos informes publicados. Actualmente hay 1.500 familias en Cataluña sufriendo esta situación y esperando un piso de la Mesa de emergencia, 550 de ellas en la ciudad de Barcelona. Exigimos colaboración y corresponsabilidad entre Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y Gobierno español para conseguir medidas de urgencia e innovadoras para poner esta lista de espera a cero. Las familias no pueden esperar más y no son responsables de las nulas políticas de vivienda realizadas durante estos años en las diferentes instituciones como el Gobierno del Estado o la Generalitat.

La Administración es la responsable de ofrecer un realojo digno a las familias. La Ley 24/20115, en el artículo 5.6, nunca suspendido, dice: «Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía de realojo lo debe acordar la Generalitat con la Administración local para los casos en que las Mesas de valoración que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales». Actualmente, tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat están incumpliendo sistemáticamente la Ley dejando de lado a las familias que han sufrido un desahucio.

En cualquier país de nuestro entorno todas las familias que están en estos momentos en pensiones o resistiendo los desahucios en sus hogares estarían en un piso público. Es inadmisible que nos llamemos una sociedad avanzada y tratemos a las familias vulnerables de esta manera. La falta de un parque público de alquiler social en nuestras ciudades deriva en una crisis habitacional que se ha visto agravada y cronificada en los últimos 10 años, y que el futuro no es nada esperanzador. Para aumentar el pico de 1,6% del parque en la ciudad de Barcelona y equipararnos a Europa que ronda el 15%, la respuesta debe venir de diferentes agentes. La sociedad civil organizada ya está poniendo todo su esfuerzo para erradicar la situación, pero es necesario que las administraciones, TODAS, se impliquen, al igual que el sector inmobiliario. Hace falta responsabilidad y un cambio de paradigma, tanto en medidas de urgencia como en las estructurales. Un dato: Barcelona ha perdido un 39% de su parque, si en vez de haber hecho vivienda pública de venta la hubiera hecho de alquiler e indefinido. Las administraciones tienen que aprender del pasado, ser ágiles y poder cambiar aquello que no ha funcionado. Es por ello, que hoy queremos tener delante a las 3 administraciones para hacer lo que parece imposible y que la PAH quiere hacer posible: tener un pacto para dar salida a las centenares de familias que se encuentran en inseguridad residencial vulnerándoseles su derecho a tener una vivienda digna. 

Durante el periodo electoral de las pasadas elecciones municipales nos reunimos con todos los partidos políticos para trasladar unas demandas concisas de cara a este nuevo mandato, y que casi todos ellos valoraron positivamente de trabajar en las necesidades. Ahora es el momento, sin embargo, de que el nuevo Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, esté del lado de la ciudadanía, promoviendo medidas valientes para hacer frente a esta situación.

Asimismo, una vez recuperada íntegramente la Ley 24/2015, a principios de año exigimos al President Quim Torra y al Gobierno de la Generalitat medidas valientes para acabar con la emergencia habitacional. Nuestras demandas son claras y concisas, solo hace falta voluntad política para hacer frente. Cuatro meses después, y con pocos de los compromisos asumidos, la semana pasada volvimos a encontrarnos para evidenciar que hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario. El Gobierno de la Generalitat no puede dar la espalda a las familias. 

Por su parte, el Gobierno español, antes de las elecciones, se comprometió a hacer los «viernes sociales». Exigimos que vuelvan estos viernes pero con la diferencia de escuchar a la ciudadanía y no hacer medidas maquillaje. Las más de 644.718 familias desahuciadas desde 2008 en todo el Estado no pueden esperar más. Tenemos un gobierno en funciones y debe actuar para dar respuesta a la ciudadanía, ahora mismo están haciendo dejación de sus funciones. Exigimos llevar las demandas de la PAH al Congreso y dar respuesta inmediata a la emergencia de los desahucios y a la corresponsabilidad del sector financiero.

En Barcelona, en Cataluña y en el resto del territorio español estamos en una situación crónica de emergencia habitacional. De 2008 a 2018 se han desahuciado 644.718 familias en el territorio español. En 2019 Cataluña continúa liderando el ranking de la vergüenza en desahucios, y en Barcelona continúan los 11 desahucios diarios. Los datos hablan por sí solos, es necesario que las administraciones afronten el problema con urgencia e implicación. Dando la espalda a la ciudadanía no harán que desaparezca la grave situación que padecen las familias. 

La PAH una vez más, como vamos haciendo desde hace 10 años, nos adelantamos a las instituciones y proponemos soluciones efectivas. Ahora, sin embargo, es necesario garantizar los realojos dignos a las familias, la vivienda es un derecho y seguiremos luchando para hacer cumplir la ley. Una vez más demostraremos que #SiSePuede.

PorPAH_Bcn

Exigimos al President Torra el cumplimiento de los compromisos logrados en materia de vivienda y pobreza energética ahora que la Ley 24/2015 es completamente vigente

Después de cuatro meses desde la primera reunión con el President, valoramos el trabajo conjunto pero los avances son pocos: hay que aplicar las actuaciones pendientes y cumplir el calendario

Barcelona, 11 de julio de 2019

Hoy, el Grupo Promotor de la ILP Vivienda – Ley 24/2015, formado por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, hemos mantenido una reunión de seguimiento de la aplicación de la norma con el President Quim Torra, en la que se ha puesto sobre la mesa que no se han conseguido los compromisos acordados al respecto.

En el encuentro, han participado también el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, la Consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón, el Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, la directora de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, Judith Gifreu, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, el Secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesias y el Secretario de Comunicación de la Generalitat, Antoni Molons.

El pasado mes de febrero, y después de casi 3 años, conseguimos recuperar íntegramente la Ley 24/2015 que el PP y la banca intentaron tumbar llevándola al Tribunal Constitucional, recuperando artículos imprescindibles. Un mes después, presentamos medidas efectivas para acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña  y exigimos al President de la Generalitat la necesidad de un gobierno valiente para hacerle frente. 

Durante cuatro meses, hemos mantenido ocho reuniones con los diferentes departamentos que abordan tanto la emergencia habitacional como la pobreza energética. La valoración y balance de las reuniones se puede consultar aquí.

Como aspecto positivo, cabe mencionar el trabajo conjunto que antes no existía y el reconocimiento de las entidades sociales como interlocutoras principales. También se han hecho algunos avances en cuatro de las trece demandas que planteamos.

No obstante, quedan avances claves pendientes de activar y hay que darles una prioridad real de cara a septiembre. No estaremos eternamente sentadas en una mesa, ahora hay que pasar a la acción y ver resultados reales.

Las demandas principales que hemos exigido que se activen en septiembre y la respuesta del Gobierno son las siguientes:

  1. Aplicación inmediata de un plan de choque para poner la Mesa de emergencia a cero antes de que termine el año 2019. El Gobierno lo vincula al nuevo decreto ley de vivienda, reconociendo que es necesario pero posponiéndolo.
  2. Activar una campaña comunicativa dirigida a la población para que conozca sus derechos y para la aplicación plena de la ley en el mes de septiembre de 2019. El President ha aceptado activarla en septiembre con urgencia.
  3.  Actualizar en el mes de septiembre el protocolo de comunicación de desahucios del TSJC y la Consejería de Justicia, ya que es de 2013, y obvia la Ley 24/2015. El Gobierno hará una reunión en septiembre con el TSJC a la que reclamamos asistir.
  4. Concretar en septiembre a través de un reglamento o instrumento legislativo propio un precio y procedimiento de la cesión obligatoria de viviendas vacías para aplicarla, sin transferir a los bancos dinero público. El Departamento lo vincula al decreto y hay que señalar que no podemos renunciar ni un día más a movilizar vivienda vacía de los grandes propietarios.
  5. Incorporar las propuestas de ampliación de la Ley 24/2015 a las iniciativas legislativas del Gobierno previstas para el curso 2019-2020 y contar con nuestro acuerdo en la forma de incluirlas. También lo vinculan al decreto y hemos dejado claro que habrá que contar con nuestro visto bueno.
  6. Firma de convenios para acabar con las deudas antes de terminar el año 2019. Hemos obtenido un compromiso de la Consejera de Empresa de hacerlo realidad en este plazo.
  7. Implementación del protocolo de detección de casos de pobreza energética de los Bomberos de la Generalitat en todos los parques una vez finalizada la prueba piloto en noviembre. El Consejero de Asuntos Sociales se ha comprometido.
  8. Reunión con el Departamento de Empresa para que el protocolo de instalación de contadores sociales de luz y de gas en viviendas en situación de ocupación pueda ver la luz a lo largo del mes de septiembre. Se ha obtenido el compromiso de una reunión para hacerlo desencallar en julio.
  9. Hacer públicos los datos de los cortes de suministro parados desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 antes del mes de agosto. A pesar de la falta de respuesta hasta el momento, hoy mismo se han aportado nuevos datos que serán complementados de forma urgente.

El Gobierno no puede renunciar a hacer uso del 100% del potencial de una ley pionera que nos permite acabar con la emergencia habitacional, además, habiéndola salvado del recurso del PP y la banca.

PorPAH_Bcn

Caixabank sigue demostrando su verdadera cara

A pesar de todo el esfuerzo invertido por Caixabank para vendernos la moto con su Obra Social, la realidad es que actúan como cualquier otra entidad, estafando primero a las familias para luego adueñarse de sus hogares y dejarlas en la calle sin alternativas

Llevamos varias semanas en campaña de denuncia contra Caixabank, ejerciendo presión con acciones continuadas y realizando negociaciones junto a las afectadas, como Kerly, Martha e Isabel, a quienes la entidad no está ofreciendo una solución en base a lo que marca la LAU. Esto deja claro cuál es la verdadera cara de Caixabank: vulnerar Derechos fundamentales y violar las leyes que los protegen.

Las leyes están para cumplirlas y Caixabank no está por encima de ellas. Kerly, Martha, Isabel y tantas otras necesitan que se les haga justicia tras años de estafas y mentiras. La justicia se resume muy rápido: Alquiler Social en base a sus ingresos con una duración de 7 años, no 3 como la entidad pretende, a unos importes que se sacan de la manga.

Por ello hoy, en colaboración con el Colectivo Enmedio volvemos a una oficina de Caixabank, para visibilizar de manera distinta y original, a la altura de nuestras anteriores colaboraciones para acabar con el mal, las políticas antisociales de este banco rescatado con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Ese rescate debe servir para dar una segunda oportunidad a las familias y no para usar sus hogares, una vez arrebatados, para engrosar sus beneficios vendiéndolos a fondos buitre, en este caso Coral Homes.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecerle a Kerly el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir las leyes, tanto autonómicas como estatales.

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos soluciones. 

Llevamos 10 años en lucha, demostrando la legitimidad de nuestras demandas, hemos cambiado leyes y creado otras nuevas, para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Seguiremos denunciando la situación y peleando hasta lograr una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible y estable para todas.

Las familias no están solas, la PAH tampoco, y volvemos a poner a Caixabank en medio del relato. No vamos a permitir ni un día más que las familias vivan sus vidas en cajas, con el miedo a ser desahuciadas en cualquier momento sin estar preparadas. Preparadas están y seguirán estando para hacer frente a la mafia bancaria que solo quiere especular con sus vidas

#enCAIXAdes

PorPAH_Bcn

Caixabank sigue demostrando su verdadera cara mientras las familias estafadas ven sus vidas en cajas a la espera de ser desahuciadas

A pesar de todo el esfuerzo invertido por Caixabank para vendernos la moto con su Obra Social, la realidad es que actúan como cualquier otra entidad, estafando primero a las familias para luego adueñarse de su hogar y dejarlas en la calle sin alternativas.26

Llevamos varias semanas en campaña de denuncia contra Caixabank, ejerciendo presión con acciones continuadas y realizando negociaciones junto a las afectadas, como Kerly, Martha e Isabel, a quienes la entidad no está ofreciendo una solución en base a lo que marca la LAU. Esto deja clara cuál es la verdadera cara de Caixabank: vulnerar Derechos fundamentales, violar las leyes que los protegen y extorsionar a las familias con tácticas puramente mafiosas muy alejadas del relato que nos quieren vender son su Obra Social La Caixa.

Las leyes están para cumplirlas y Caixabank no está por encima de ellas. Kerly, Martha, Isabel y tantas otras necesitan que se les haga justicia tras años de estafas y mentiras. La justicia se resume muy rápido: Alquiler Social en base a sus ingresos con una duración de 7 años, no 3 como la entidad pretende a unos importes que se sacan de la manga.

Por ello hoy, en colaboración con el Colectivo Enmedio volvemos a una oficina de Caixabank, para visibilizar de manera distinta y original, a la altura de nuestras anteriores colaboraciones para acabar con el mal, las políticas antisociales de este banco rescatado con 6.465 millones de euros, sin haber dado ningún tipo de contraprestación social a ese capital, que como bien sabemos, no se dignará ni a devolver. Un dinero pagado por todas, que solo servirá para que se siga patrocinando la especulación de las viviendas en manos de la banca.

Ese rescate debe servir para dar una segunda oportunidad a las familias y no para usar sus hogares, una vez arrebatados, para engrosar sus beneficios vendiéndolos a fondos buitre, en este caso Coral Homes.

Tras la recuperación, el pasado 22 de febrero, de los artículos suspendidos por el PP de la Ley 24/2015, surgida gracias a una ILP impulsada por la PAH, el Observatori DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, Caixabank está obligada a ofrecer el alquiler social, pero opta por hacer caso omiso e infringir las leyes, tanto autonómicas como estatales.

La vivienda es un derecho para todas, decimos basta ya y exigimos soluciones. 

Llevamos 10 años en lucha, demostrando la legitimidad de nuestras demandas, hemos cambiado leyes y creado otras nuevas, para defender a las familias contra la usura y la estafa bancaria. Seguiremos denunciando la situación y peleando hasta lograr una legislación que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible y estable para todas.

Las familias no están solas, la PAH tampoco y volvemos a poner a Caixabank enmedio del relato. No vamos a permitir un día más que las familias vivan con sus vidas en cajas, con el miedo de ser desahuciadas en cualquier momento sin estar preparadas. Preparadas están y seguirán estando para hacer frente a la mafia bancaria que solo quiere especular con sus vidas.

#enCAIXAdes

PorPAH_Bcn

Exigimos sanciones a bancos y fondos buitre que desahucian, ¡y la movilización inmediata de sus viviendas vacías!

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 exigimos una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015

Hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que ha puesto una sanción a un gran tenedor de vivienda del Raval por no haber hecho la obligatoria oferta de alquiler social a una familia vulnerable antes de ordenar el desalojo y, por otra parte, una expropiación forzosa del uso de un piso vacío del BBVA en el barrio del Besòs por 10 años. También se ha hecho público que existen 7 expedientes más de expropiación en pisos de Caixabank, Sareb, BBVA y Bankia, y que hay 300 casos más detectados donde se debe ofrecer alquiler social para evitar desahucios, y que si no se ofrece, también se actuará.

Es una buena noticia que se sancione a los grandes tenedores por incumplir sus obligaciones legales con los desahucios, y que se utilicen las herramientas existentes para aumentar el parque de vivienda social movilizando los miles de viviendas vacías existentes. Según nos consta, se trata de las dos primeras actuaciones de este tipo en Cataluña.

Hay que tener presente que la ley que rompió por primera vez en todo el Estado la impunidad de los bancos a la hora de desahuciar cuando tienen cientos de miles de viviendas vacías, es la Ley 24/2015, aprobada gracias a la lucha incansable de las entidades sociales que defienden el derecho a la vivienda digna. La Ley 4/2016 se aprobó después de que el gobierno de Rajoy suspendiera la 24/2015, nacida de la ILP Vivienda. Y no solo eso, sino que también la salvamos del intento del PP y la banca, de enterrarla a través de su impugnación en el Tribunal Constitucional.

Gracias a 3 años de lucha imparable y después de recuperar las leyes a principios de 2019, las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca y el Grupo Promotor hicimos una primera acción en todos los municipios de Cataluña exigiendo a los bancos, ayuntamientos y juzgados el cumplimiento íntegro de sus medidas. Además, el pasado mes de abril nos reunimos con el President Quim Torra para exigirle lo mismo, y posteriormente se han realizado numerosas reuniones con los Departamentos de Territorio, Asuntos Sociales, y Empresa, para asegurar la aplicación valiente y plena de la Ley 24/2015, tanto la parte de vivienda como la parte de pobreza energética.

Cada día hay 45 desahucios en Cataluña, y el alquiler social obligatorio se debe ofrecer en todos aquellos lanzamientos hipotecarios y por impago de alquiler de grandes tenedores que afecten a familias en exclusión residencial, es decir, que tengan ingresos inferiores al 2’5 del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). Por lo tanto, miles de familias han de firmar anualmente alquileres sociales ofrecidos por la banca, fondos buitre y grandes propietarios, que eviten su desahucio (13.941 perdieron su vivienda en Cataluña en 2018 y 3.557 en el primer trimestre de 2019).

Los desahucios de pequeños propietarios también están cubiertos por la Ley 24/2015, a través de la obligación de realojo obligatorio por parte de las administraciones (Generalitat y ayuntamientos) y de las herramientas de movilización de vivienda vacía de bancos y fondos buitre para alquiler social. Esta obligación está siendo incumplida de forma sistemática y a diario, y lo demuestran las más de 2.000 familias que esperan una vivienda en las Mesas de emergencia en todo Cataluña: ¡necesitamos movilizar las miles de viviendas vacías de bancos y fondos buitres que no cumplen su función social!

Para acabar, exigimos las siguientes medidas:

  • A todos los ayuntamientos de Cataluña: más allá de este primer expediente de sanción, es imprescindible y obligatorio que controlen todas las ofertas de alquiler social obligatorias que se deben hacer, sancionando de forma inmediata si se incumplen y dando señales inequívocas de que la ley no se puede obviar y vulnerar.
  • Al Ayuntamiento de Barcelona: que imponga la sanción máxima en este primer caso y en los que vengan. Las leyes dicen muy claramente que no puede resultar más beneficioso recibir una sanción que incumplir la ley (art. 28 Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público), y que si el beneficio de incumplir es superior al importe de la multa, este puede ser incrementado hasta la cuantía equivalente al beneficio obtenido (art. 118 de la Ley del derecho a la vivienda). Por lo tanto, la sanción máxima y su incremento vienen justificadas por la rentabilidad que los fondos buitre y las entidades bancarias extraen de los alquileres abusivos.
  • A la Generalitat: que ponga las herramientas con urgencia para poder aplicar otra medida importantísima para movilizar, la cesión obligatoria de las viviendas vacías de la banca a los precios de alquiler social que marca la Ley 24/2015. En este momento el Grupo promotor ya ha hecho una propuesta al Departamento de Territorio para que se pueda aplicar por parte de los ayuntamientos, que deberá ser aprobada lo antes posible.

Aprovechamos para anunciar, que el próximo 11 de julio tendremos una nueva reunión con el President Torra, para valorar si desde abril se han hecho los avances necesarios para garantizar la aplicación al 100% de la Ley 24/2015.

Exigimos sanciones a bancos y fondos buitre que desahucian, ¡y la movilización inmediata de sus viviendas vacías! ¡Hace falta una ofensiva de todas las administraciones catalanas para garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015 y la protección del derecho a la vivienda!

PorPAH_Bcn

La PAH de Barcelona ocupa el Instituto Municipal de Servicios Sociales para exigir realojos dignos a familias desahuciadas que se encuentran en pensiones

La Ley 24/2015 obliga a las administraciones a realojar a las familias desahuciadas, y ayuntamientos y Generalitat lo están incumpliendo

Hoy viernes 21 de junio de 2019 la PAH de Barcelona ha ocupado la sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona para reclamar un realojo digno para familias desahuciadas que hoy en día se encuentran en pensiones y/o albergues, sin un lugar donde poder hacer los deberes sus hijas, poder cocinar para comer caliente ni poder hacer una vida digna mientras están a la espera del piso de la Mesa de emergencia o de una solución definitiva. Este realojo temporal, que se hace por no tener pisos de la Mesa de emergencia, está gestionado por la empresa Snow Travel, que selecciona arbitrariamente pensiones para las familias desahuciadas sin ver las necesidades de la familia y las va moviendo de pensión en pensión, como es el caso de la familia de Chaymae o la de Teresa. Aquí podéis ver los requerimientos y convenio firmado con la Generalitat de Cataluña.

Recordemos que la Ley 24/2015 obliga en su articulado, nunca suspendido, en el artículo 5.6 que: «Las administraciones públicas deben garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio. El mecanismo de garantía de realojo lo tiene que acordar la Generalitat con la Administración local para los casos en que las mesas de valoración que regula la sección IV del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, tramiten como emergencias económicas y sociales». Hoy en día este artículo se está incumpliendo por parte de las administraciones locales como Barcelona y por parte de la Generalitat que está dejando a las familias desahuciadas sin este realojo y responsabilizando a los movimientos sociales como la PAH a buscar soluciones para las familias.

Desde la PAH, una vez más, vamos más allá y proponemos soluciones para hacerle frente. Concretamente exigimos la convocatoria del Consejo Social de la vivienda de Barcelona para reabrir y trabajar los protocolos de acceso a la Mesa de emergencia y los realojos en casos específicos, como son los procedimientos de desahucios abiertos y de pequeño tenedor. El pasado mes de mayo preguntamos a los partidos políticos que se presentaban a la alcaldía de Barcelona sobre estos temas y otros que creemos urgente abordar. La respuesta mayoritaria es de hacerles frente. Ahora, con un nuevo gobierno, exigimos que nos pongamos a trabajar desde hoy, pues las familias no pueden esperar.

Exigimos para las familias que se encuentran en riesgo de desahucio propuestas de mínimos:

  • Protocolo de acceso a la Mesa de emergencia. Revisión del protocolo para permitir el acceso de muchas familias en situación de vulnerabilidad que actualmente no lo pueden hacer, como son las que provienen de locales o las que han vivido un proceso de separación y la demanda judicial no iba a su nombre.
  • Realojo después de desahucio. Acordar el destino del realojo con antelación a la fecha del desahucio, evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Exigimos el cumplimiento de la Ley 24/2015.
  • Lista de espera de la Mesa de emergencia. Reducción urgente del plazo de espera que actualmente supera los dos años en muchos casos. Es necesario un plan de choque para ponerla a cero.

Sabemos que ante situaciones difíciles hay que poner imaginación y valentía, desde la PAH lo llevamos haciendo desde hace 10 años. Ante esto es necesario que todas las administraciones, entidades, partidos políticos, se responsabilicen y que digan abiertamente si continuarán poniendo trabas para salir de esta situación o realmente pondrán todos sus recursos para dejar atrás el ranking de la vergüenza de desahucios que lideramos en el territorio español.

Nosotras lo tenemos claro, mientras siga habiendo cualquier vulneración en el derecho a la vivienda, nos tendrán enfrente. Exigimos una #CiutatPerViure.

PorPAH_Bcn

Blackstone mata

Las PAHs de toda Catalunya exigimos soluciones para familias vulnerables

Hoy hace exactamente un año del asesinato de Jordi, el vecino de Cornellá que se quitó la vida por no poder pagar su alquiler a Blackstone. Las PAHs de Catalunya volvemos a las oficinas de este fondo buitre a exigir justicia, a decir alto y claro que no vamos a dejar que haya una muerte más por su usura, y que atiendan uno a uno todos los casos. Esperamos que no se tenga que perder otra vida para que se sienten a negociar con nosotras.

Blackstone en España opera con el nombre Anticipa Real Estate, gestora inmobiliaria con la que se adueñó de las hipotecas de Catalunya Caixa. Una operación habitual, comprar la deuda de economías en problemas, para posteriormente presionar y cobrar la totalidad del valor de esa deuda, negando a las familias reestructuraciones de deuda, quitas o alquileres sociales, a pesar de que estamos hablando de viviendas que provienen de cajas y bancos que recibieron ayudas del FROB, ese rescate bancario de más de 60.000 M € de dinero público y sin ningún tipo de contraprestación a la sociedad. 

Blackstoneaprovechándose de la situación, lleva invertidos en España desde el inicio de la crisis más de 20.000 M € (5.420 M € solo durante 2018). Blackstone ha comprado Hoteles (con 20.000 camas es el segundo mayor propietario de camas hoteleras de España), Viviendas (con 35.000 viviendas es el mayor propietario de España), Hipotecas (100.000 en Catalunya Caixa), Logística (55 activos logísticos y 162.000 m² de suelo para uso industrial) y Juego (compró Cirsa Codere). Como cualquier fondo buitre extractivista, su único objetivo es comprar barato y vender caro en el menor tiempo posible. No le importa los métodos ni cómo quede el país tras su paso. En España, por ejemplo, solo 5 años después, ya ha puesto a la venta parte de los 1.860 pisos de vivienda pública que compró al Ayuntamiento de Madrid, o de las 100.000 hipotecas que compró a Catalunya Caixa. 

La relatora de vivienda de la ONU, Leilani Farha, en un reciente informe sobre Blackstone expresó “serias preocupaciones de que sus acciones sean consistentes con el derecho internacional de los derechos humanos con respecto al derecho a la vivienda y su responsabilidad de respetar los derechos humanos bajo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.” 

Blackstone se esconde tras 6 SOCIMIS (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), creadas por el Partido Socialista y que gracias al Partido Popular no pagan impuesto de sociedades (Euripo, Torbel, Albirana, Testa, Corona y Fider); y detrás de numerosas empresas como Budmac o Alquilovers. Todo un entramado de sociedades para evadir impuestos en paraísos fiscales o Luxemburgo, cuyo principal objetivo de Blackstone es comprar activos con el menor precio posible y que en el momento de la venta, en un periodo a corto o medio plazo, se venda a otros inversores para conseguir altas rentabilidades. Algunos de sus  competidores en el  sector son: Kronos Homes y Värde Partners. Blackstone registró el año pasado dos nuevas socimis bajo el nombre de Pegarena y Tourmalet.

En pocos años se ha convertido en el mayor gestor inmobiliario de nuestro país, acumulando el suficiente poder sobre el mercado como para permitirse el lujo de influir en las políticas de vivienda, con amenazas al propio Gobierno. Haya Real Estate es la empresa  inmobiliaria de Blackstone. Administra la mayor cartera de REOs en toda España y comercializa más de 15.000 inmuebles al año. Además, explota grandes carteras de patrimonio inmobiliario y son expertos en alquiler de REOs (REO es el acrónimo del término inglés «Real Estate Owned» o propiedades embargadas tras un juicio hipotecario. REO es un término de la industria financiera que hace referencia a las propiedades que una institución ha ejecutado y que ahora le corresponden). Y también vivienda social. En Barcelona se adjudicó un edificio de vivienda de protección oficial en la Avenida Diagonal y ahora lo está poniendo a la venta por 30.000 millones de euros. Desde la PAH exigimos a la Generalitat de Catalunya que no lo permita. Con un 1.5% de parque público de alquiler social no podemos permitir que fondos buitres como Blackstone vengan a colonizar y a expulsarnos de nuestras ciudades. 

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca llevamos años denunciando y exigiendo a los Gobiernos de turno responsabilidad y protección a las familias. Durante estos años la respuesta de las instituciones ha sido la de seguir protegiendo a los especuladores y dejando en la cuneta a las miles de familias que son víctimas de este fondo buitre.

Frente a esto, las PAHs  de toda Catalunya dicen BASTA. No vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos humanos sin ninguna consecuencia.

Hoy empezamos una campaña de presión y escrache al fondo de inversión Blackstone y a todos aquellos que le favorezcan para operar en el Estado y ciudades. Como primer paso nos hemos concentrado en sus oficinas del Prat del Llobregat a exigir demandas concretas para decenas de familias que llevan años intentando buscar soluciones y que este fondo de inversión solo les ha dado una orden de desahucio como respuesta. 

Exigimos: 

  • Una oficina de atención al público en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida
  • Alquileres sociales según la Ley 24/2015 por impago de hipoteca y de alquiler, con los baremos de la ley y a 7 años, como marca la LAU
  • Renovaciones de los alquileres sociales. Hay 500 familias en Barcelona a las que les finaliza el contrato de alquiler social y no se lo quieren renovar
  • Quitas de deuda
  • Alquiler social para los casos de ocupación
  • Citas por escrito para cada uno de los casos que presentamos hoy, en sus respectivas PAHs en una semana

La batalla empezó hace años, ahora seguiremos denunciando sus nuevas prácticas abusivas y usureras. Ya no solo están quedándose con las viviendas de las familias vulnerables, sino que están adquiriendo hoteles, empresas de juegos, para seguir explotando nuestras vidas y exprimir hasta el último céntimo de las familias que hacen malabarismos para llegar a fin de mes.

Si estás afectada por este fondo de inversión escríbenos un correo a: lapahdebarcelona@gmail.com Estamos tejiendo una red internacional para hundir a este fondo buitre y a todos los que permitan que operen de manera fraudulenta incumpliendo tratados internacionales de DDHH.

Digamos bien alto y claro que Blackstone Anticipa: estafa, engaña, mata y echa a la gente de sus casas. ¿Lo vas a permitir? ¡Nosotras NO! La revolución empieza aquí. ¡No estás sola!

#BlackstoneMata

Hemos elaborado un amplio dossier sobre Blackstone y testimonios de afectadas que puedes leer y descargar aquí

 

PorPAH_Bcn

Peticiones de los movimientos sociales ante el nuevo gobierno de Barcelona

Estos días presenciamos cómo los resultados de las elecciones municipales se convierten en una lucha por el poder que obvia qué medidas se implementarán a lo largo del próximo mandato para garantizar a las personas una vida digna y la preservación de la biodiversidad que la hace posible. Desgraciadamente se ha continuado con la priorización del choque de bloques por encima de las necesidades de las personas.

Por todo ello, en un momento donde los grandes lobbies presionan en la dirección contraria, desde los movimientos sociales de la ciudad exigimos que se pongan en el centro las políticas sociales y las necesidades de las personas y el planeta.

Ante los abusos y ataques a la democracia de los poderes económicos, las persistentes desigualdades, el grave deterioro ambiental y la emergencia habitacional de la ciudad, se hace imprescindible abordar de forma inmediata las siguientes peticiones en la acción de gobierno en Barcelona:

Desigualdades y justicia social

  • Debe mantenerse el compromiso con el plan decenal de inclusión, revisar, reforzar y ampliar los planes de barrios, reforzar las políticas públicas en sanidad, servicios sociales y educación, luchando contra la segregación escolar, desarrollando políticas de ocupación claramente orientadas a hacer frente a la precariedad y los bajos salarios, incorporando medidas urbanísticas que hagan frente a la gentrificación y la apropiación privada del espacio público.
  • Exigimos garantizar el acceso universal a los suministros básicos, sea cual sea el nivel de renta de la familia o el régimen de tenencia de su vivienda. En este sentido, toda política municipal tendría que integrar la defensa y la aplicación en forma de sanciones de la Ley 24/2015, como norma que protege los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, debe consolidarse el enfoque de la pobreza energética desde una perspectiva de derechos, ampliando de este modo los recientemente creados Puntos de Asesoramiento Energético para que sean un servicio conocido y empleado por el conjunto de la ciudadanía y fomenten el empoderamiento colectivo. Igualmente, hay que avanzar de manera decidida hacia la soberanía energética, haciendo de Barcelona Energia un espacio de participación colectiva por un control democrático de la producción, distribución y consumo energético.

Emergencia climática y justicia ambiental

Es necesaria una visión global de la cuestión y abordar prioritariamente la emergencia climática donde las siguientes medidas son fundamentales:

  • Hace falta un cambio en el modelo de movilidad, con una apuesta decidida por el transporte público: tranvía, metro, red de transporte en superficie con perspectiva metropolitana, puesta en marcha de una extensa red de parkings disuasorios, fomento del uso de la bicicleta y planificación de un urbanismo favorable a los peatones y de una extensa red de espacios verdes con la renaturalización de los ríos Llobregat y Besòs.
  • Apostar por una política de transformación del modelo energético local. Con un operador municipal verde, que no participe de la incineración de residuos, con gobierno público-comunitario, que ejerza como verdadero agente de cambio, hacia una transición energética social y ambientalmente justa en la ciudad de Barcelona.
  • Luchar contra los grandes contaminantes limitando al máximo el tráfico de vehículos movidos por energías fósiles, la llegada de cruceros, la generación de energía mediante incineración o centrales de ciclo combinado de gas o carbón.
  • Una política de gestión de residuos orientada al residuo cero, implementación en toda la ciudad del sistema de recogida puerta a puerta con una fuerte limitación del uso de plásticos, fomento de envases retornables, reutilización, reciclaje y que elimine la incineración.
  • Implementar la remunicipalización del agua de Barcelona y el Área Metropolitana, así como poner en marcha un espacio de concertación entre actores sociales e institucionales para velar por la gestión del agua como un bien común, el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y la preservación de los ecosistemas que abastecen de agua a Barcelona y el Área Metropolitana. Tal como piden más de 250 entidades, algunas de 3er nivel, en el Compromiso por el Agua Pública y Democrática de la AMB*.

Emergencia habitacional, alquiler y turismo

  • Políticas decididas para una transición en forma de decrecimiento turístico acompañadas de alternativas económicas más justas. Sustitución del consorcio público-privado Turismo de Barcelona por una agencia pública encargada de controlar y contener el sector. Ampliación de la zona 1 del actual plan de alojamientos turístico (PEUAT) a toda la ciudad, parando la concesión de licencias de cualquier tipo de alojamiento turístico en la ciudad y poniendo en marcha un proceso análogo en el ámbito metropolitano.
  • Abordaje de las grandes infraestructuras de movilidad como factor fundamental de la turistificación; por ser puerto y aeropuerto competencias supra-municipales, hace falta un acuerdo de ciudad y un proceso de diálogo con el resto de administraciones para que sea la ciudad quien gestione estas infraestructuras. Cesión por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de la gestión del 100% de la recaudación de la tasa turística para destinarla por ley a finalidades, como por ejemplo, el parque público de alquiler, a reforzar el tejido vecinal o la financiación del proceso de decrecimiento turístico.
  • En política de vivienda es imprescindible el aumento del parque público de alquiler en cumplimiento de la medida del 30% y 15% de vivienda pública. Debe hacerse un cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, así como ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración. Hay que facilitar acuerdos de alquiler social ante problemáticas como la de las familias forzadas a ocupar, así como publicar datos del fenómeno.
  • Para hacer frente a la emergencia debe modificarse el protocolo de acceso a la Mesa de emergencia y una reducción drástica de la lista de espera que actualmente supera los dos años. Debe acordarse el destino del realojo después del desahucio con antelación a la fecha de éste y evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Deben unificarse las visitas a Servicios Sociales y Habitatge para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones.
  • Debe hacerse un seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento y agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.

Y por todo esto, es imprescindible que el próximo gobierno de la ciudad tenga como prioridad estas cuestiones, con transparencia y facilitando la participación de los movimientos sociales para seguir con la profundización de la democracia, y hacer frente a los lobbies y a los poderes que intenten apropiarse de la ciudad.

Barcelona, 11 de junio de 2019

Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, Assemblea de Barris per a un  Turisme Sostenible, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la PAH, Sindicat de Llogateres i la Xarxa per la Sobirania Energètica

* Compromís per l’Aigua Pública i Democràtica https://aiguabcn.org/compromis/compromis/

PorPAH_Bcn

Exigimos al Ayuntamiento de Hospitalet soluciones para Juan y su familia

El Ayuntamiento, liderado por Núria Marín y el PSC, incumple la Ley 24/2015 y deja a Juan y su familia en la calle tras sufrir un desahucio abierto

El pasado martes 28 de mayo Juan y su familia con dos menores y su mujer embarazada, fueron desalojados de su vivienda después de que el Juzgado de Primera Instancia de Hospitalet de Llobregat decretase un desahucio con fecha abierta, una práctica específicamente prohibida por el Real Decreto 7/2019.

El Ayuntamiento, a pesar de conocer a través de sus departamentos que este desahucio se podía producir a partir del día 20 del mes pasado, no ha hecho absolutamente nada para encontrar un realojo digno antes de suceder y evitar de esta manera el insoportable nivel de angustia que supone este tipo de prácticas inhumanas.

Una vez producido el desahucio y después de un día entero esperando la actuación de Servicios Sociales, se acaba derivando a la familia a una teórica pensión en el número 578 de la Avenida Diagonal de Barcelona. Al llegar, Juan y Aurora comprueban horrorizados cómo el lugar no cumple los mínimos estándares de higiene y dignidad: el piso huele mal, las sábanas de su habitación están sucias, el suelo y las paredes llevan tiempo sin limpiarse y los lavabos no tienen unas mínimas condiciones de salubridad. Además, encuentran que algunos de los huéspedes escupen en el suelo e incluso fuman dentro de la estancia. Ante esta situación y, recordemos, con dos menores a cargo, la familia toma la decisión de abandonar el espacio y consiguen dormir con unos colchones en el suelo del comedor de una vecina del bloque de donde acababan de ser desahuciados y con la que habían mantenido una buena relación durante su convivencia como vecinas.

Al día siguiente, el miércoles 29, solicitamos reuniones con cargos de la Administración y una campaña para denunciar la situación de Aurora y de Juan, sin ningún éxito, por lo cual tienen que pasar una segunda noche durmiendo indignamente en un comedor ajeno, porque el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat incumple el artículo 5.6 de la Ley 24/2015, que establece que «las administraciones públicas tienen que garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual, para poder hacer efectivo el desahucio». Es por este motivo que desde la PAH de Barcelona decidimos realizar una acción de denuncia al Ayuntamiento el jueves 30, y después de una reunión con el regidor José Castro y los responsables de Vivienda y Servicios Sociales, se decide realizar una nueva visita a la pensión de Diagonal para aclarar si realmente se encuentra en condiciones.

Junto con Aurora y Juan, acudimos al lugar aquel mismo mediodía y, al llegar, detectamos que el piso se acaba de limpiar deprisa y corriendo. A pesar de encontrarnos con las ventanas abiertas de par en par, constatamos que el olor todavía es fuerte y que, si se inspeccionan algunas zonas más escondidas, se ve claramente que el lugar está muy sucio, incluyendo la cocina y los lavabos. Además, encontramos en el interior un cenicero con cigarrillos apagados. Para tener constancia, tomamos fotografías y grabamos un video donde se ven claramente las malas condiciones de salubridad.

Es cuando nos disponemos a salir cuando aparece el teóricamente responsable de la hostal, quien, muy nervioso, nos amenaza y nos pregunta cómo hemos entrado al lugar. Su compañero, quien nos había abierto, se sitúa detrás grabando la discusión con su móvil. Intentamos explicarle la situación, pero esta persona se pone cada vez más nerviosa y traspasa la línea de la agresividad, llegando incluso a bloquear el paso hacia la salida, generando momentos de tensión en los cuales tememos por nuestra integridad física. Finalmente, conseguimos abandonar el piso, momento en el cual esta persona se encara con una vecina del piso de arriba que estaba bajando las escaleras.

Después de explicarle todo lo que había pasado al responsable de Vivienda, y después de que éste hiciese una llamada al encargado de Servicios Sociales, se nos deriva a los trabajadores sociales de referencia de la familia en la sede de Can Serra, donde aquella tarde mantenemos una reunión de más de una hora con su personal. La única alternativa que se ofrece entonces a la familia es una pensión en el barrio de Sants de Barcelona, con una habitación doble (cuando la familia está compuesta por 4 personas, incluyendo dos menores y una mujer embarazada) por aquella noche, con la particularidad de que esta pensión es del mismo propietario que nos acaba de amenazar unas horas antes. Después de la angustia vivida, lógicamente la familia decide no aceptar esta alternativa por miedo a encontrarse allí de nuevo con esta persona.

Las mismas trabajadoras sociales y su jefa nos confirman que el Ayuntamiento no está en disposición de ofrecer ninguna otra alternativa. A pesar de tratarse de la segunda ciudad más poblada de Cataluña, parece que solo hay un convenio para alojar a las familias desahuciadas en tres o cuatro pensiones y, cuando estas se encuentran llenas, no hay ninguna otra vía para garantizar este realojo.

A día de hoy, la familia sigue durmiendo en el suelo del comedor de la vecina y el Ayuntamiento no le ofrece ninguna alternativa, incumpliendo de forma clara la legislación vigente en materia de vivienda, la Ley 24/2015.

Estamos hoy en el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat para exigir una solución digna para Juan y su familia. ¡La vivienda es un derecho y desde la PAH lo vamos a demostrar!

PorPAH_Bcn

Exigimos a la Alcaldesa Núria Marín solución para Juan y su familia

Ayer desahuciaron a Juan y a su familia con menores y su mujer embarazada. Tenía un desahucio abierto desde el 20 de mayo. El Ayuntamiento de Hospitalet sabía del caso y no contactó con la familia para realojarla o saber dónde iba a ir. ¡Ojo! Desde la PAH de Barcelona pusimos una denuncia por el desahucio, ya que lo considerábamos ilegal (ya se legisló en marzo para que nunca más se produjeran), y además porque la propiedad que los desahucia es una immobiliaria, y según la 24/2015, Juan y su familia deben estar con un alquiler social.

En vez de hacer cumplir las leyes, el Ayuntamiento de la alcaldesa Núria Marín las desobedece y prefiere proteger los intereses financieros en vez de a sus ciudadanas.

La Plataforma de Afectados Por la Hipoteca de Barcelona estuvo con la familia durante todo este proceso, porque nosotras defendemos a las familias y los derechos humanos. REPETIMOS que el Ayuntamiento de Hospitalet sabía del desahucio y el caso de la familia de Juan y ni se personó a ayudarlos. Tuvo que ser la PAH Barcelona quien acompañara a la familia a Servicios Sociales a buscar una solución digna.

Ayer anunciamos que habíamos conseguido una solución temporal: un día alojados en un albergue, que ayer ya denunciamos las condiciones en las que estaba y que la familia con menores no pudo estar allí por la falta de higiene y el ruido; y otros días alojados en una pensión en el barrio de Sants. Hoy la sorpresa ha sido que los dejan en la calle, que no hay pensión y que se desentienden de la familia. Es decir, nos engañaron y no tienen ningún remordimiento de no estar cumpliendo con sus funciones, que es proteger a la gente, ayudarla y hacer cumplir las leyes, todo fueron promesas vacías.

La realidad a 29 de mayo a las 16:30 horas, es que Juan y su familia están en la calle. En 2018 hubo 549 desahucios. La responsabilidad de Núria Marín y su Gobierno, del PSOE de Pedro Sánchez, es que ninguna familia se quede en la calle, y se está incumpliendo. No es la primera vez que nos encontramos con una situación así del Ayuntamiento de Hospitalet, no vamos a dejar que se vulneren los derechos de las personas.

Frente a la inacción la PAH actua. ¡Exigimos solución digna para las familias! ¡Por nuestros derechos! ¡Vamos a demostrar que sí se puede!

#JuanSeQueda #vergüenzaPSOEHospitalet