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CONVOCATORIA: Acabemos con los desahucios

La próxima semana salimos a las calles de todos los pueblos y ciudades a parar el Tsunami de desahucios

El 9 de agosto acaban las medidas excepcionales para paralizar desahucios de familias vulnerables. No lo podemos permitir.

Convocamos a concentraciones para exigir a Pedro Sánchez que amplíe la moratoria de desahucios mientras seguimos trabajando en una Ley estatal que garantice el derecho a la vivienda.

En Barcelona:

  • Martes 20 de julio
  • 19:00h
  • Plaza Catalunya

Paremos el Tsunami de desahucios.

#StopTsunamiDesahucios

Iremos actualizando en redes sociales i en www.afectadosporlahipoteca.com las diferentes convocatorias en otras localidades.

Concentraciones confirmadas

Lunes 19

  • Cornellà del Llobregat: 11.00hs Ayuntamiento
  • Gandia: 11.00hs Ayuntamiento
  • Hernani: 19:00 hs Ayuntamiento
  • Malaga: 19:00 hs Plaza de la Marina
  • Mollet del Vallés: 11:00 hs plaza Ayuntamiento
  • Murcia: 11:00 hs frente a la Delegación del Gobierno en Tte Flomesta
  • Palma de Mallorca: Plaza de España 18:00 hs
  • Rubi: 11.00hs Ayuntamiento
  • San Sebastian de los Reyes: 11:00 hs
  • Segovia: 19:30 hs Plaza de San Martin
  • Tarragona: Subdelegación del Gobierno de Tarragona 11:00 hs
  • Terrassa: Frente los Juzgados 11:00 hs
  • Valencia: 10:00 hs Plaza Mare de Déu

Martes 20

  • Barcelona: 19:00hs Plaza Catalunya

Miércoles 21

  • Madrid: 11:00 hs frente al Congreso
  • San Sebastian: 11.00hs Ayuntamiento

La ciudadanía cogemos nuevamente las riendas por una auténtica Ley del Derecho a la Vivienda

La Ley del Derecho a la Vivienda que se está preparando desde el Gobierno sigue siendo un flaco favor a la ciudadanía y un nuevo trato de privilegio a los especuladores. Ante ello, las organizaciones sociales de la Iniciativa Ley Vivienda estamos elaborando para registro la Ley del Derecho a la Vivienda que la gente necesita

Hoy 16 de junio, hacemos público que antes del verano, pretendemos registrar en el Congreso de los Diputados una auténtica Ley del Derecho a la Vivienda, con la intención de coger las riendas de nuestro futuro. Hay que garantizar, por fin, el derecho a la vivienda en nuestro país y poner coto a la especulación salvaje que tantas vidas ha destrozado.

Para el Gobierno, garantizar el Derecho a la Vivienda ha dejado de ser prioritario. Insensible a las lagunas de las medidas de protección que han permitido, incluso en pandemia, sigue habiendo desahucios. No podemos esperar más, por eso este giro que esperamos poder hacer realidad con el respaldo de los grupos parlamentarios que han dado su apoyo a la Iniciativa desde sus inicios.

El problema con la vivienda ya dura demasiado, desde el estallido de la estafa hipotecaria del 2008, sin una voluntad política clara para resolverlo. La pandemia está acentuando todavía más la emergencia habitacional, siendo cada vez mayor y con previsión aterradora en los próximos meses.

Solo hay que ver los últimos datos sobre los desahucios en el primer trimestre del 2021 para comprender la magnitud de la emergencia habitacional enquistada en España: 10.961 familias han sido expulsadas de sus casas entre enero y marzo de este año por no poder pagar su alquiler o hipoteca. Esta cifra crecerá exponencialmente cuando el 9 de agosto finalice la moratoria actual que está posponiendo muchos de los desahucios. Sin olvidar el aumento de las ejecuciones hipotecarias en el último año, empujando a las familias a acogerse a una moratoria, que solo es efectiva cuando ya han perdido su casa.

El resultado de décadas de políticas que niegan el Derecho a la vivienda en lugar de garantizarlo, se traduce también en una juventud sin posibilidad de emanciparse, y una clase trabajadora a la que le resulta imposible acceder a un hogar para poder seguir construyendo proyectos de vida. El sinhogarismo se cronifica, con un número creciente de pensionistas y personas mayores expulsadas del mercado laboral, arrojadas a la calle o a habitáculos en condiciones indignas.

No se puede presumir de ser un Gobierno progresista, a la vez que se cierra la puerta a las negociaciones y a hablar con las organizaciones civiles, que nos hemos vuelto expertas en el tema a base de sufrirlo. La falta de interlocución, no podemos más que interpretarla como una falta de intención absoluta a elaborar la ley que la gente necesita y no la que piden los bancos, los fondos buitre, las patronales o las inmobiliarias.

En este sentido, aún es más grave que después de varios meses de retraso en la aprobación de la ley vivienda y sin noticias de nuevos avances, el Gobierno de PSOE y Podemos amenace con impugnar la Ley 11/2020 de regulación de precios en Catalunya, y arrebatarle a la sociedad catalana uno de los pocos marcos legales que protegen su derecho a la vivienda.

Porque no podemos esperar más a tener una legislación que, como mínimo, contemple los siguientes apartados:

  1. La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.
  2. Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
  3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria.
  4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a inquilinos e inquilinas del conjunto del país.
  5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital, como parte de una vivienda digna.
  6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
  7. Ampliación presupuestaria para vivienda social, y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
  8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Tras 42 años de supuesta democracia, con nuestros derechos más fundamentales cada vez más en peligro, es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas, blinde las legislaciones autonómicas y dé cumplimiento a la Constitución, a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos.

¡Nuestras casas, nuestra ley!

¡No son suicidios, son asesinatos!

¿Este es el país que quiere nuestro Gobierno?

Ayer por la mañana, en el barrio de Sants de Barcelona, un hombre de 58 años se tiró por la ventana después de que la comitiva judicial llamase al timbre de su casa para desahuciarlo.

Fruto de la desesperación, la víctima, viendo el inminente desalojo, decidió acabar con su vida. Esto pone en evidencia, una vez más, las insuficiencias de las supuestas medidas de protección de este Gobierno. Tanto la moratoria de los desahucios, como el papel de las Administraciones y su falta de vivienda para dar respuesta a estas situaciones.

Una vez más, una muerte que podíamos haber evitado. Aprovechamos para denunciar el papel de muchos jueces, que optan por tomarse la ley por su mano, obviando los informes de vulnerabilidad redactados por profesionales acreditadas, para que los desahucios se hagan efectivos.

Desde la PAH exigimos una Ley de vivienda estatal que acabe con la lacra de los desahucios de familias vulnerables, dando respuesta y soluciones reales: un alquiler social a las familias vulnerables. La inacción del Gobierno es una irresponsabilidad muy grave que tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos y ciudadanas a las que dicen servir.

Convocamos a las 20h delante de las delegaciones de Gobierno de capitales de provincia y en las sedes de los partidos o ayuntamientos que forman el Gobierno en el resto de municipios, a exigir soluciones.

En Barcelona convocamos a la ciudadanía a las 20h en c/Mallorca 287 (Delante de la Delegación del Gobierno).

Para empezar:

  • Que se tramite y apruebe de manera urgente una Ley de Vivienda que contemple los 8 puntos de la Iniciativa Ley Vivienda.
  • Que se amplíe, de manera urgente, la moratoria actual, hasta la aprobación de la nueva ley, de manera que no queden personas vulnerables sin protección.
  • Que el Gobierno de Pedro Sánchez retire inmediatamente todos los recursos a las leyes de vivienda autonómicas pendientes en el TC.

No podemos consentir ni un desahucio más, ni ninguna muerte por culpa de no garantizar el derecho a la vivienda.

¡Basta ya de vulnerar el derecho a la vivienda! Hay vidas en juego y ha llegado la hora de poner soluciones.

Desde la PAH seguiremos trabajando para cambiar esta situación. Mientras esto no pase, seguiremos construyendo comunidades en lucha, comunidades que se cuidan, y que transforman el dolor individual en fuerza colectiva.

Sabemos que son momentos duros, y queremos abrir las puertas de nuestro colectivo a todas las personas que se ven solas frente a una orden de desahucio. Sabemos que juntas, y con amor y lucha, podemos salir.

Presentamos y registramos la nueva proposición de Ley dirigida a recuperar las medidas antidesahucios anuladas por el Tribunal Constitucional

Acabar con los desahucios debe ser una prioridad en esta legislatura: la futura «Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional» será clave para lograrlo

Las entidades sociales ya tenemos el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarla en otoño a través de una tramitación de urgencia

Hoy 8 de junio de 2021, gracias a la fuerza y presión del Grupo Promotor de la Ley 24/2015, hemos conseguido registrar la nueva proposición de Ley dirigida a recuperar las medidas antidesahucios del DL 17/2019 anuladas por el Tribunal Constitucional. Medidas de urgencia para acabar con la lacra de los desahucios, que cuentan con una mayoría en el Parlamento catalán, con el apoyo de ERC, Junts, En Comú Podem y CUP.

Después de haber exigido el pasado mes de febrero un compromiso firme a los cabezas de lista con una nueva Ley, durante los últimos días nos hemos reunido con los diferentes grupos parlamentarios de las diferentes formaciones, a fin de cerrar la proposición de Ley que el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 hemos trabajado y donde hemos incluido medidas significativas que mejoran el último DL 17/2019 y que obligarán a los grandes tenedores a su íntegro cumplimiento sin posibilidad de saltárselo. Medidas nuevas tan importantes como:

  • Renovaciones obligatorias una vez los alquileres sociales llegan a su fin.
  • Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en extinciones de contratos de alquiler.
  • Alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en algunos casos de ocupación.
  • Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas jurídicas de más de 10 viviendas, y por tanto, protegerá a más arrendatarias con amenaza de desahucio.
  • Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple y un límite de un mes por parte del gran tenedor a hacer la oferta.
  • Ampliación a 7 años la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y fondos buitre.
  • Elaboración de un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas.

La avalancha de desahucios previstos a partir del 9 de agosto, cuando finalice la moratoria de desahucios estatales, no hará más que agravar la crítica situación que estamos sufriendo. Más de 3000 familias se quedaron desamparadas cuando cayó la norma, según datos de la Agencia de Vivienda de Catalunya (AHC). La pandemia ha agudizado y agravará la situación de emergencia habitacional que comenzó en 2008 y que hace más de 12 años que dura. No nos podemos quedar de brazos cruzados. A raíz de la COVID-19 hemos visto cómo muchas familias han perdido los trabajos o han visto disminuir sus ingresos. Situaciones límite que supondrán en muchos casos una pérdida de la vivienda si no aplicamos políticas valientes para hacer frente y que se sumarán al ranking de la vergüenza que lidera Catalunya en el número de desahucios diarios; 38 familias desahuciadas diariamente en el 1er trimestre de 2021, según datos del CGPJ. Recordemos que además, las Mesas de emergencia están saturadas con más de 1.800 solicitudes pendientes (con más de 2 años de espera) y el parque público de vivienda no llega al 2%, mientras hay 3,5 millones de viviendas vacías en todo el Estado.

La nueva Ley para la vivienda es la primera Ley que promoverá el nuevo Parlament, habiendo pasado menos de dos semanas desde la investidura del nuevo presidente y Gobierno catalán. Una clara voluntad política y compromiso con la ciudadanía, en especial con las familias que se enfrentan a un desahucio, con la voluntad de que sea tramitada de urgencia y aprobada en el Parlament en otoño de este mismo año.

Ahora tenemos la oportunidad de que Catalunya sea ejemplo de respeto absoluto a los derechos sociales para todos y todas, como mandan los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados, la Constitución, el Estatuto y el marco legal propio, los Tribunales Europeos y la ONU. El Grupo Promotor y la ciudadanía organizada estaremos vigilantes de esta urgente aprobación. No podemos permitir ninguna otra vulneración del derecho a la vivienda.

Cuando se apruebe, recuperaremos los alquileres sociales obligatorios para grandes tenedores en casos de extinciones de contrato y acceso precario a la vivienda, así como la renovación de los miles de alquileres sociales que han vencido. La Proposición de Ley, no solo recupera las medidas anuladas, sino que las mejora, evitando que los grandes tenedores se la salten. Si no actuamos, a partir del otoño y durante el 2022 vendrá un tsunami de casi 26.000 desahucios, cifra nunca vista y superior al pico de desahucios de 2013, de 16.000 lanzamientos.

La XIII Legislatura del Gobierno de Catalunya, debe ser la del derecho a la vivienda digna y adecuada, no la de los desahucios. ¡Ahora la vivienda!

Los desahucios siguen subiendo

Una vez publicados los últimos datos del CGPJ, en el primer trimestre de 2021 aumentan los desahucios, tanto hipotecarios como por impago de alquiler, con un total de 10.961

Los datos nos vuelven a dar la razón: 10.961 desahucios en el primer trimestre de 2021, es una cifra aterradora. En un momento de nueva crisis económica, derivada de la COVID-19, el cacareado escudo social es insuficiente. En un contexto donde aumentan exponencialmente las colas del paro y las del hambre, el derecho a la vivienda sigue siendo uno de los más perjudicados.

A pesar de los casi cuatro meses de inactividad judicial por el estado de alarma y el decreto que abrió las puertas al Gobierno a atreverse a afirmar que «no hay desahucios en pandemia», el año 2020 se cerró con 29.406 desahucios (que incluían una alarmante subida de las ejecuciones hipotecarias) https://afectadosporlahipoteca.com/2021/03/04/29406-desahucios-en-plena-pandemia/

Como llevamos meses avisando, aún está por ver el impacto de la crisis sanitaria y sus efectos sobre las familias. Lo peor está por venir y las cifras de este primer trimestre ya lo van demostrando. Y por si esto fuera poco, el próximo 9 de agosto se desprotegerán todas las demás situaciones, y el número de desahucios aumentará en progresión geométrica.

Desahucios primer trimestre 2021:

  • 2.548 (el 23,2 %) por hipoteca, que aumentan un 6,5%
  • 7.862 (el 71,7 %) por alquileres, que aumentan un 14%
  • 551 por otras causas.

Una muestra de la ineficacia del decreto actual, es el aumento del 13,4 % respecto al primer trimestre de 2020. https://afectadosporlahipoteca.com/2020/07/04/casi-10-000-desahucios-en-2-meses/. Trimestre en el que recordamos no había absolutamente ninguna medida de protección para evitar esta sangría, cosa que a día de hoy se supone que sí y que los datos corroboran que es insuficiente.

Preocupante es el continuo aumento de las ejecuciones hipotecarias, tras años de supuesto descenso. Y hablamos de supuesto, ya que ‒como hemos denunciado muchas veces‒ la realidad es otra. Esto viene producido por la moratoria hipotecaria y la falta de resolución ante el Vencimiento anticipado, que mantiene en suspenso las ejecuciones a la espera de que la situación estalle hasta ser insostenible.

También tenemos, como muestra del fracaso político de todos los Gobiernos en temas de vivienda: el parque público de alquiler. Los 791 juicios verbales por denuncia por ocupación son el resultado de la falta de este parque. Hay que recordar que la ocupación de vivienda vacía, lejos de ser el problema social que nos pretenden vender algunos medios sensacionalistas de la mano de algunos sectores políticos al servicio del capital, es la peor de las consecuencias ante la falta de políticas reales de vivienda. Políticas que traten la vivienda como el derecho humano que es, y no como una mercancía al servicio de los especuladores. La mejor manera de acabar con la ocupación en precario de pisos de la banca y fondos buitre, es obligando a estos a ofrecer alquileres sociales a las familias en vez de desahuciarlas, y regular los precios del alquiler para que los desahucios disminuyan de forma exponencial.

En esta gráfico podemos ver la evolución de los desahucios desde 2013 y constatar que el problema está muy lejos de resolverse y nunca ha desaparecido. No debemos confundir intentar silenciar un problema con una solución. Por suerte, aunque no por ello lamentable, este drama social vuelve a ser foco de atención gracias a la labor de la sociedad civil organizada, que cada día denuncia la situación y evita que un gran número de familias pierdan su hogar, poniendo sus cuerpos en las puertas como muro de contención ante tanta violación de derechos básicos y proponiendo cambios legislativos que garanticen el acceso a la vivienda.

Desde la PAH, llevamos años poniendo sobre las mesas las medidas necesarias para revertir esta situación y seguiremos enfrente de quien haga falta hasta lograr hacerlas efectivas.

Porque hasta que no se logre:

  • La suspensión temporal de todos los desahucios hasta que las Administraciones públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada, y se obligue a la banca al alquiler social.
  • El cumplimiento de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y su prevalencia sobre la legislación nacional para que no haya ni un desahucio más sin alternativa habitacional.
  • Una ley del derecho a la vivienda que nos proteja a todas.
  • Ampliación presupuestaria para vivienda pública y social.
  • La renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue estando en situación de vulnerabilidad.
  • Regulación y limitación del precio del alquiler en todo el Estado, adecuado a los salarios.
  • Una resolución a las ejecuciones hipotecarias que garantice una segunda oportunidad sin que nadie tenga que perder su casa y quedarse con la deuda.

El drama de los desahucios seguirá y no lo podemos permitir. Por todo lo expuesto, desde la PAH exigimos al Gobierno que apruebe urgentemente un nuevo decreto que cubra las situaciones actualmente desprotegidas y que prorrogue con carácter indefinido esta protección, así como que remita de una vez al Congreso, el proyecto de ley reguladora del Derecho a la Vivienda, medida imprescindible para que este Derecho Fundamental pueda ser ejercido por cada persona.

La ciudadanía lo tenemos claro, y ahora más que nunca es el momento de forzar al Gobierno para que deje de mirar a otro lado y tenga la altura política necesaria para legislar en la primera Ley de Vivienda que está elaborando medidas que dejen los desahucios atrás y pongan en el centro a las familias vulnerables y estar a la altura de lo que necesitamos las familias, tras más de una década como víctimas de su sistema.