Comunicados - PAH Barcelona

La PAH de Barcelona nos colamos en el Hotel Palace para entregarle una carta a Raquel Sánchez sobre la nueva Ley de Vivienda

Una decena de activistas nos hemos colado en el lujoso hotel de la capital catalana de forma pacífica para hablar con la ministra

«Esta ley no parará desahucios ni mucho menos va a bajar los alquileres. Se han olvidado de las hipotecadas»

Barcelona, 28 de abril

Foto: EUROPA PRESS

Esta mañana una decena de activistas de la PAH hemos entrado en el Hotel Palace de Barcelona aprovechando la visita de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la capital catalana un día después de haber aprobado en el Congreso la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda.

Tras unos minutos y después de aclarar que nuestra intención era totalmente pacífica, hemos procedido a leer una carta en voz alta dirigida a la ministra, al gobierno y al Partido Socialista en general:

«Carta a la ministra Raquel Sánchez y al PSOE:

Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la primera ley que habla explícitamente del Derecho a la Vivienda en el Estado español. A pesar de que la Constitución y su artículo 47 -el que reconoce el derecho a la vivienda como tal- se aprobaron hace casi 45 años, en este vacío de más de cuatro décadas hemos visto las consecuencias de considerar la vivienda como un bien de mercado en lugar de como un derecho: casi un millón de desahucios producidos por sendas burbujas de hipoteca y alquiler que han empobrecido -y empobrecen- a la mayor parte de la ciudadanía. A raíz de esta insostenible situación, hace 14 años algunas de nosotras dijimos “basta” y así se fundó la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca precisamente aquí, en la ciudad de Barcelona.

Los movimientos sociales hemos luchado con uñas y dientes por una Ley de Vivienda y siempre nos hemos topado con la oposición de un partido -el Socialista- que no ha querido oír ni hablar de alquileres sociales, de ponerle topes a los alquileres, de incorporar las viviendas de la Sareb para aumentar el parque público, ni mucho menos limitar los beneficios de la banca. Que nadie se equivoque: esta ley no va a evitar los desahucios ni va a bajar los alquileres. Todas las que estamos aquí -muchas de ellas pendientes de un desalojo-, por desgracia lo sabemos muy bien.

La nueva ley deja aún muchos temas sin resolver. Por enumerar algunos: no prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional, ni garantiza realojos dignos; el “tope” del alquiler incluido en la ley no va a impedir que de facto se sigan incrementando las rentas; no pone coto a los alquileres turísticos y de temporada; y tampoco prevé ninguna medida de emergencia para aquellas familias que necesitan un hogar, renunciando expresamente a la posibilidad de implementar el llamado alquiler social, que evitaría que Cerberus o Blackstone pudieran desahuciar a familias vulnerables y que además les obligaría a movilizar los miles de pisos vacíos que tienen por todo el territorio. Y otra cosa más que la ley no aborda: el problema de la hipoteca. En la nueva ley no hay ni una sola medida dirigida a aquellas familias que han hipotecado varios años de su sueldo para pagar el techo bajo el que viven y que ahora ven dispararse su cuota en hasta 300 euros mensuales por culpa de la subida de los tipos de interés, todo ello a la vez que la banca anuncia beneficios millonarios.

A la ministra y al gobierno queremos decirle que ésta no es nuestra Ley. Que ustedes, al contrario de lo que llevan días afirmando, no han escuchado a la ciudadanía; en los más de dos años que ha durado la tramitación de esta ley, el presidente Sánchez no se ha reunido con las entidades que tratamos el problema de la vivienda cada día -sin embargo, eso sí, sí que ha tenido tiempo para numerosos encuentros con los jefes de BlackRock y Blackstone, los fondos buitre más grandes del mundo. Otro ejemplo: precisamente usted, ministra, hace un par de días dijo en televisión “Que nadie se preocupe por las rentabilidades del sector inmobiliario, que las tendrá”. ¿Cómo es posible que usted o el PSOE puedan pensar que es compatible tratar la vivienda como un derecho básico y a la vez sacarle rentabilidad? ¿Cómo es posible que los socialistas hablen de garantizar el derecho a la vivienda mientras tienen a Joan Clos presidiendo ASVAL? La vivienda no puede ser un bien de mercado: los alquileres disparados y las más de 700.000 familias desahuciadas desde 2008 lo demuestran. Ustedes lo saben, lo que pasa es que han preferido defender los intereses de los de siempre.

Por último: a pesar de los avances que el movimiento ha conseguido con esta ley, el problema de la vivienda ni de lejos se ha solucionado. Necesitamos vivienda ahora, no tenerla nos enferma, y no podemos esperar 20 años hasta alcanzar un parque público medianamente decente. Por todo, ello seguiremos luchando: paralizaremos desahucios; aprovecharemos cualquier ventaja en la nueva ley, por pequeña que sea, para proponer nuevas medidas y, por supuesto, seguiremos reclamando aquellos pisos que permanecen vacíos esperando una nueva burbuja. Mientras se siga desahuciando, nosotras no descansaremos ni ustedes tampoco. Porque incluso un infante entiende que las casas son para vivir, no para especular«.

Posteriormente, las activistas hemos salido del hotel recordando que «la vivienda es un derecho y no un privilegio«. Asimismo hemos entregado la carta, a pesar de que la ministra no ha querido atendernos.

Promontoria Coliseum (Cerberus) quiere echar de casa a una familia hipotecada en vez de ofrecerle el alquiler social que le corresponde por ley

El próximo viernes 21 de abril está previsto el 4º intento de desahucio de Nancy en manos de Promontoria Coliseum, una inmobiliaria controlada al 100% por el fondo buitre Cerberus. El pasado lunes la PAH de Barcelona logró parar el desahucio in extremis, a pesar de la insistencia de la comitiva y los Mossos d’Esquadra que «no quieren discutir leyes». Nancy tiene derecho a un alquiler social gracias a la normativa antidesahucios catalana (Leyes 24/2015 y 1/2022), que obliga a los grandes tenedores de vivienda −como bancos y fondos buitre− a ofrecer un alquiler social a las familias que demuestran situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas, tanto en casos de impago de alquiler como de hipoteca o finalización de contrato de arrendamiento.

Una familia hipotecada víctima de la crisis

Nancy lleva más de 15 años viviendo en este piso, situado en la calle Bac de Roda, 79, en el barrio de Sant Martí en Barcelona. De hecho, era de su propiedad: como tantas otras familias en este país, se hipotecó para tener un techo, con la CAM en el 2007, que posteriormente cedió el crédito al Banco Sabadell. En 2013, por culpa de la crisis económica, dejó de pagar, y el banco subastó la vivienda y a ella le quedó una deuda de 139.000€. Durante todo este tiempo Nancy, acompañada por la PAH de Barcelona, intentó negociar una dación en pago, pero la única respuesta del banco fue proponerle un realojo, aunque la entidad nunca llegó a enseñarle ninguno ni a hacerle una propuesta formal.

Con el tiempo, Banco Sabadell creó con Cerberus la sociedad Promontoria Coliseum, a la que le transmitió la propiedad de miles de pisos, entre ellos el de Nancy. Desde entonces, el fondo se ha negado a ofrecerle ninguna alternativa alguna más allá del desahucio. Asimismo, la afectada ha denunciado la situación ante el Ayuntamiento de Barcelona para que éste sancione a Promontoria de acuerdo con la Ley 24/2015; por su parte, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 9, Antonio Lechón Hernández, se niega a suspender el lanzamiento porque entiende que “[…]el derecho a la vivienda no tiene protección constitucional directa e inmediata del artículo 53.2 CE, es decir, no es directa o inmediatamente ejercitable como verdadero derecho subjetivo o no ofrece a los ciudadanos la posibilidad de reclamar a los Tribunales su efectiva satisfacción […]», obviando la normativa catalana y tildándola de «administrativa».

Un exdirectivo del Banco Popular involucrado

Según las investigaciones realizadas por la PAH de Barcelona, la denunciante, Promontoria Coliseum Residential, es una Sociedad Limitada ubicada en Madrid −en una oficina fantasma−, creada en 2019 con la participación inicial del fondo de inversión Cerberus en un 80% y por el Banco Sabadell en un 20%. A finales del año pasado Banco Sabadell anunció que vendía su participación y ahora Cerberus posee el 100% de la empresa. Forma parte de un conglomerado de empresas creadas ad hoc para conducir las inversiones de Cerberus en toda España, todas ellas con el prefijo “Promontoria”- (Coliseum, Challenger, Marina, Manzana, Yosemite, Jaguar, Bahia, Poseidon, Macc, etc.) y regularmente auditadas por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC).

Si bien en los consejos administrativos de éstas constan varios nombres de directivos de Cerberus, hay dos que destacan por ser los más concurrentes: Gerardus Johannes Schipper y Francisco Juan Sancha Bermejo. Este último fue directivo del desaparecido Banco Popular, como director general del banco y responsable del Área de Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos (NITA). De hecho, fue de los directivos que, pese a tener la quiebra a la vuelta de la esquina, todavía estuvieron cobrando beneficios de la entidad mientras las más de 300.000 familias afectadas por el Popular se asomaban a la ruina económica.

Este caso demuestra que la actual crisis habitacional protagonizada ahora por la burbuja de alquiler, ha sido provocada por los mismos que provocaron la anterior crisis hipotecaria, que siguen sin haber pagado por su nefasta gestión y que ahora pretenden seguir enriqueciéndose a costa de familias como la de Nancy. Por ello, ¡convocamos a todas las activistas de Barcelona y a los medios para denunciar estas prácticas especulativas, detener el desahucio y exigir que Cerberus cumpla con la ley!

Hasta ahora Promontoria no ha accedido a dar ninguna solución a las familias de la PAH, ni a Nancy. En la convocatoria habrá más familias afectadas por este fondo buitre.

La futura Ley de Vivienda todavía no acaba con los desahucios de personas vulnerables

La obligatoriedad de someterse a una mediación no implica que no se pueda seguir desahuciando a quienes no pueden pagar una vivienda
El acuerdo sigue sin incluir medidas para las personas hipotecadas mientras el euribor sigue subiendo
A falta de conocer los detalles, desde la PAH creemos que este acuerdo sigue sin solucionar los principales problemas a la hora de garantizar el Derecho a la Vivienda y que aún debe mejorar mucho

Hoy hemos conocido un nuevo acuerdo entre Esquerra Republicana, EH Bildu y el Gobierno de España sobre la futura Ley para el Derecho a la Vivienda. En una rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana, ambas formaciones han desgranado las modificaciones que han impulsado en el nuevo texto de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, según han aclarado los portavoces de ambos partidos, con la aprobación tanto del PSOE como de Unidas Podemos.

Nuestra valoración inicial −a falta de conocer con detalle el texto pactado− desde la PAH es la siguiente: el acuerdo anunciado hoy no cambia el hecho de que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. A pesar de las reclamaciones de los movimientos sociales para implementar medidas −como la obligatoriedad, para grandes propietarios, de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad−, el proyecto de ley, a pesar del acuerdo, únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años −lo cual se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas− y solo obliga a los propietarios a someterse a una mediación, cuya resolución no tienen por qué respetar. Es decir: que grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización. Asimismo, nos preocupa que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre, en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías. El gobierno y los partidos tienen que aceptar el hecho de que en este país no hay vivienda pública y, por tanto, la Administración no tiene alternativas para aquellas familias que, por una razón u otra, no puedan procurarse una vivienda.

Además, lamentamos que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de este acuerdo y de la futura ley en general. El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales, y a nuestras asambleas ya han llegado algunas familias que han dejado de pagar o prevén que lo harán próximamente. Hasta ahora el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del acuerdo de buenas prácticas bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales.

Otro hecho que nos preocupa es la falta de mecanismos para movilizar todas aquellas viviendas vacías y que siga sin abordarse el hecho de que tenemos una inmobiliaria pública, la Sareb, que el Gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido, en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las comunidades autónomas y aumentar así el parque público de vivienda.

Por otra parte, desde la PAH reivindicamos aquellos pequeños avances que se han hecho en el proyecto de ley gracias a la presión de los movimientos sociales agrupados en la Iniciativa Ley Vivienda, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta −una vulneración flagrante de derechos que suponía una auténtica tortura para las afectadas−, la rebaja de la definición “grandes propietarios” a quienes tienen 5 viviendas en vez de 10 y el blindaje de las competencias de las comunidades autónomas, que podrán seguir desarrollando leyes que ya han demostrado su eficacia a la hora de detener desahucios, y corresponsabilizar a bancos y fondos buitre gracias al alquiler social. Es el caso de la Ley Antidesahucios en Catalunya, que ha evitado entre 5.000 y 11.000 desahucios en el tiempo que ha estado en vigor y que actualmente ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio Gobierno; a falta de conocer los detalles, este anuncio abre la puerta a que medidas como la catalana tengan encaje en la legislación estatal y que por fin puedan demostrar su efectividad a medio y largo plazo.

En definitiva, si bien valoramos el hecho de que por fin se estén dando pasos para aprobar una ley que ya acumula unos retrasos insoportables debido a la cerrazón de partidos como el PSOE, entendemos que las medidas recogidas en el acuerdo anunciado por ERC y EH Bildu son manifiestamente insuficientes. Creemos que todavía queda mucho margen de mejora para que la futura Ley de Vivienda sea real y efectiva, y por ello exigimos a todos los partidos que en su día se comprometieron con los movimientos sociales, a que negocien más mejoras antes de otorgar su voto favorable a la Ley. Por nuestra parte, en los próximos días examinaremos detenidamente las medidas del nuevo acuerdo y daremos la información necesaria para evitar que se engañe a la población con discursos triunfalistas que no tienen efecto real en la vida de la ciudadanía.

El PSC pretende recortar el 30% de vivienda protegida en Barcelona plegándose a los intereses de las promotoras inmobiliarias

Los socialistas pretenden aprobar una moción en el Pleno de este viernes para modificar la medida, afirmando que ahora «no funciona», sin aportar datos, con prisas y sin siquiera hablar con las entidades impulsoras

Jaume Collboni, líder del Partido Socialista, ha anunciado esta semana que quiere derogar el 30% de vivienda protegida en Barcelona, una medida que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% de las nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones para hacer vivienda protegida −tanto de compra como de alquiler. Y el primer paso de los socialistas es llevar a votación este viernes en el Pleno del Ayuntamiento una moción que propone modificar la normativa del 30% y permitir a los promotores evitar reservar esta vivienda protegida.

Según los socialistas, esta medida «no funciona», si bien no han sido capaces de aportar ningún estudio o datos concretos que lo demuestren. Así, pretenden aprobar esta propuesta por la puerta trasera −sin consultarlo con ninguna de las entidades impulsoras− y con prisas, como movimiento claramente electoralista, y hurtándole este debate a la ciudadanía.

Denunciamos que el PSC pretende desvirtuar el contenido del 30%, permitiendo que las promotoras inmobiliarias puedan evitar realizar la reserva de vivienda de protección oficial a cambio de “compensar económicamente” al Ayuntamiento y que éste adquiera promociones por su cuenta; además, la modificación afectaría a las grandes rehabilitaciones de viviendas preexistentes, que quedarían excluidas de la medida. Para empezar, la eficacia de esta propuesta es cuestionable, ya que si esta compensación es a precio de VPO, resultaría en la adquisición de muchas menos viviendas en el mercado libre (lo que, además, beneficiaría precisamente a los promotores que piden derogar el 30%). Por otra parte, la propuesta del PSC supondría segregar aún más a la ciudadanía según su renta, ya que los pocos suelos o edificios disponibles se encuentran en los barrios más periféricos −y las rehabilitaciones que se podrían hacer en los barrios del centro quedarían excluidas. De hecho, esto equivale a eliminar una de las grandes transformaciones que aporta el 30%: distribuir la vivienda protegida en toda la ciudad.

No se puede evaluar y cambiar una política de vivienda innovadora y estructural sin perspectiva y basándose en tacticismos electorales, como guiño a los poderes económicos de la ciudad. Es falso que el 30% no funcione, ya que ha aportado vivienda protegida y lo seguirá haciendo, siendo una medida de calado y estructural, que hará crecer el parque asequible paulatinamente a través de aportaciones de los privados, que deben sumarse necesariamente a las públicas.

Resulta, además, indignante que el PSC cuestione el impacto de la medida cuando, en el 2018, condicionó su voto favorable a no suspender la concesión de licencias hasta que entró en vigor, por lo que muchas promociones han quedado exentas inicialmente. Esta excepción, que respondía a presiones de parte del sector inmobiliario, ha sido utilizada después como argumento para afirmar que «no funciona como se esperaba», a modo de “profecía autocumplida”, sumado a que los propios promotores han recibido multas por haberse saltado directamente la obligación del 30%. Para más falsedades, afirman que ha detenido el sector, obviando los efectos de parálisis durante la pandemia y cuando son los propios constructores quienes paralizan las promociones mientras intentan derribar la medida.

En definitiva, la propuesta de Collboni es inaceptable, ineficaz y clasista. Exigimos al Partido Socialista que sea riguroso y mantenga su compromiso con aquellas políticas que ellos mismos aprobaron y, en consecuencia, que retire la proposición del orden del día en el Pleno del Ayuntamiento de este viernes. Asimismo, exigimos a los partidos y a sus cabezas de lista que se comprometan a debatir lo que proponen sobre vivienda con las organizaciones sociales que promovimos el 30% en 2018 y con todos los colectivos y vecinas que defendemos ese derecho día a día en los barrios de la ciudad. Por último, exigimos al próximo gobierno municipal que mantenga el 30% de vivienda protegida, una medida clave y de largo recorrido: justo ahora se está empezando a implementar en otros municipios como Mataró, Montcada i Reixac y Ripollet. La medida del 30% tiene como objetivo principal que Catalunya aumente su parque de vivienda asequible hasta los niveles de los países más avanzados y deje de ser la comunidad autónoma con más desahucios de todo el Estado, 8.574 en 2022.

No permitiremos que Barcelona retroceda en políticas de vivienda recortando el 30% y vaciándolo de contenido, en un contexto en el que los alquileres se han incrementado tres veces más que los ingresos de las familias, las vecinas son expulsadas de sus barrios por la turistización y tras saber que en los próximos 7 años perderá un 50% del parque de vivienda protegida. ¡Ya tenemos el 30% y queremos vivir en una Barcelona con derecho a la vivienda!

Así están las cosas

La PAH arrancamos en Catalunya una campaña global de denuncia, señalización a la inacción política, la banca y los fondos buitre. Así están las cosas y queremos sensibilizar a la ciudadanía no consciente de que el problema de la vivienda nos afecta a todas.

Hoy las PAHs de Catalunya iniciamos nueva campaña para alertar sobre la emergencia habitacional debido a la falta de voluntad política para revertir la situación y ante la desfachatez de los grandes especuladores que trafican con nuestras viviendas negándose, con impunidad, a aplicar las leyes catalanas que les obligan a ofrecer alquileres sociales para garantizar el derecho a la vivienda y dar respuesta a las familias desahuciadas.

Desde el estallido de la crisis de 2008, lejos de solucionarse, la problemática con la vivienda ha mutado y se ha encrudecido. Donde antes nos enfrentábamos a procesos de perdida de vivienda derivados de la estafa hipotecaria, de un tiempo a esta parte el grueso de la problemática lo encontramos en los precios desorbitados del alquiler. Donde antes nos enfrentábamos a la banca, ahora toca lidiar con todo un entramado formado por fondos buitre, socimis, inmobiliarias, patronales, bancos… que han encontrado en la especulación inmobiliaria la gallina de los huevos de oro, sin importar el coste humano que esto conlleva.

Lo que no ha cambiado es la irresponsabilidad política, cuya defensa de los intereses capitalistas por encima de la defensa del bienestar de la ciudadanía, ya ha destrozado la vida de millones de personas. Bien arrebatando sus sueños de toda la vida vía ejecución hipotecaria, bien desahuciándolas por no poder asumir el abusivo precio del alquiler, bien obligándolas a ocupar una vivienda tras quedarse en la calle para volver a ser desahuciadas, bien pagando el precio más alto al arrebatarles vida debido a la desesperación. Un punto de no retorno.

Si a esto les sumamos que el empobrecimiento de las familias es cada vez mayor y el coste de la vida más alto, la situación se vuelve insostenible. Lamentablemente, los culpables y responsables de la situación son poderosos. Controlan el Congreso, el Parlament, demasiados Ayuntamientos, los Tribunales, los medios de comunicación mayoritario y con todo ello, la opinión pública. Tanto repiten sus discurso autoritario, lleno de mentiras, desprecio y odio (sobretodo hacía quien menos tiene), que al final cala y nos empujan a una guerra entre vecinas, de la cual solo se benefician ellos. El que más tiene, contra el que menos, el que menos contra el que nada. Y así están las cosas.

Desde la PAH, llevamos más de una década empujando para lograr los cambios legislativos necesarios para revertir la situación y hacer efectivo el derecho a la vivienda, tal como recogen los dictámenes de Naciones Unidas, la Constitución española y los Estatutos de Autonomía. Hemos vivido como el PP negaba la segunda oportunidad a las personas hipotecadas que perdían su casa, al tiempo que rescataba a la banca. Hemos vivido como se ponía la alfombra roja a los fondos buitre para que especularan a su antojo con el alquiler. Hemos vivido como la banca amasaba millones de vivienda vacía que después vendió a los fondos, mientras la vivienda pública se recalificaba y pasaba a manos del sector privado. Nos dejaron sin un parque público de vivienda social y asequible para dar respuesta a la emergencia habitacional, a las familias desahuciadas y a las familias que no pueden permitirse los precios de la corrupción.

Así están las cosas con los últimos datos del Poder Judicial cerrando el año 2022: 38.266 desahucios (177 al día), 27.533 desahucios derivados del alquiler, 8.509 derivados de hipoteca y 24,935 nuevas ejecuciones hipotecarias registradas.

A pesar de todo, el PSOE lleva todos sus años de gobierno bloqueando la Ley vivienda al no querer incluir las medidas sociales necesarias y promoviendo la represión a la reivindicación endureciendo la Ley Mordaza. Medidas tan de sentido común como las que tenemos en Catalunya, gracias al esfuerzo de la PAH y otros colectivos. La ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, así como el articulado para ampliarla, efectivo desde marzo del año pasado, está pensada, sobre todo, para acabar con los desahucios obligando a grandes especuladores a ofrecer un alquiler social. Cosa que no están haciendo.

No solo eso, también obliga a la renovación de dichos alquileres sociales, a ofrecerlos al finalizar un contrato si no se puede asumir la subida abusiva habitual y a ofrecerlos a esas personas vulnerables que están ocupando, un piso vacío de banco o fondo de inversión, para no acabar en la calle. Remarcar que esta última medida es solo para ocupaciones previas al 31 de junio 2021, no posteriores, un dato que el relato de los defensores de la especulación omite cuando arremeten contra esta ley afirmando, falsamente y con alevosía, que es una ley que fomenta la ocupación. La realidad es todo lo contrario, no hay mejor ley antiocupación que una ley que garantice el derecho a la vivienda a todos los bolsillos.

En esta nueva campaña que iniciamos hoy, con una concentración en la sede central de Serbihabitat en Cornellá, denunciamos que en Catalunya:

Los fondos buitre y su entramado de socimis e intermediarios están incumpliendo la ley negándose descaradamente a ejercer su obligación de ofrecer alquileres sociales a las familias que no pueden pagar los precios abusivos del mercado.

Los bancos, accionistas de las socimis, se lavan las manos alegando que ya no tienen la propiedad, al tiempo que venden los pisos a los fondos con inquilinas e inquilinas dentro a las que se les niega la renovación al finalizar él y contrato.

El Gobierno de la Generalitat está siendo participe de los desahucios al no actuar con mano dura contra los grandes especuladores interponiendo las sanciones millonarias que dicta la ley.

La ley está siendo vulnerada por las administraciones al no obligar a bancos, fondos buitre y a la Sareb a movilizar su vivienda vacía para fomentar el parque público de vivienda social o a reducir urgentemente la lista de espera para acceder a un piso de la mesa de emergencia.

Con 34.856 pisos vacíos en Catalunya, en manos de grandes tenedores y la Sareb, decimos:

¡Basta de vivir en un estado de gente sin casa y casas sin gente!

¡Basta de ser el territorio líder en desahucios!

Las leyes y los derechos están para cumplirlos. No podemos seguir viviendo en la angustia que compartimos semana tras semana en nuestras asambleas. No podemos ver como nuestros mayores pierden su hogar y a la juventud se les niega un futuro al no podérselo permitir, mientras al resto nos sobra mucho mes al final del sueldo que gastamos en pan y techo.

Exigimos se cumplan las leyes sociales que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

Seguiremos movilizandonos y denunciando hasta conseguir que los fondos buitre cumplan con nuestra ley, hasta romper con la persecución política a la pobreza. Así están las cosas y no bajaremos los brazos, ni en Catalunya en defensa de nuestras ley, ni en España hasta logra la ley vivienda que la ciudadanía se merece.

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